Ante la continua recurrencia de catarros que presentaba la niña, el doctor Hidalgo la refirió al doctor Ferdinand Menéndez, otorrinolaringólogo6, quien la examinó en el mes de enero de 1981 y determinó que Alicia no necesitaba tratamiento o medicamento alguno, pero advirtió a la madre de la necesidad de practicarle una operación para extirpar las amígdalas y adenoides si la tonsilitis recurría. A su vez, el doctor Menéndez determinó que Alicia no era alérgica a ningún medicamento. En junio del mismo año, el doctor Hidalgo refirió nuevamente a Alicia al doctor Menéndez, quien, luego de examinarla, programó una operación en el Hospital Nuestra Señora de la Guadalupe (en lo sucesivo, el Hospital) para el mes de octubre con el propósito de removerle a la niña sus amígdalas y adenoides. La operación fue suspendida en dos ocasiones por órdenes del doctor Hidalgo; ello en vista de que la niña presentaba problemas de salud.7 La operación se programó, finalmente, para el 16 de noviembre de 1981; no fue hasta el mismo día de la operación que el doctor Menéndez volvió a examinar a Alicia.

Varios días antes de la operación, la Sra. Blás Toledo visitó al doctor Hidalgo, quien le entregó un documento denominado "medical clearance" para ser firmado por ella antes de la operación. El tribunal de instancia concluyó que el doctor Hidalgo "falsificó" la fecha del documento debido a que, conforme se indica en la sentencia, el referido documento sólo podía ser otorgado un día --24 horas-- antes de la operación.8 El tribunal sentenciador determinó, adicionalmente, que el doctor Hidalgo llenó una hoja de consulta con información que correspondía al doctor Menéndez, y firmó por éste.9 Además, el antiguo Tribunal Superior concluyó, a base de la prueba pericial, que al momento de otorgarse el "medical clearance" el doctor Hidalgo conocía que Alicia no reunía los requisitos mínimos indispensables para ser operada de las amígdalas y de las adenoides.10 Determinó también que hasta ese momento no había mediado comunicación alguna entre los doctores Hidalgo y Menéndez con respecto al caso de Alicia y, particularmente, con relación a la operación.

El domingo 15 de noviembre de 1981, Alicia fue ingresada en el Hospital, donde la Sra. Blás Toledo firmó los documentos necesarios para prestar su consentimiento a la operación. Ese mismo día se le realizó a Alicia un examen médico completo por el "doctor" Roberto Bengoa, asistente médico ("medical clerk"), quien formuló un diagnóstico de tonsilitis y adenoiditis.11 No obstante, y sin que hubiera realizado examen alguno a Alicia, la hoja del historial correspondiente al examen hecho ese día está firmada por el doctor Menéndez, como "attending physician."12 Según señala el foro de instancia, en la sentencia que emitiera, no medió explicación razonable para esta incongruencia.13

Aproximadamente a las 8:00 a.m. del día siguiente, 16 de noviembre, Alicia Marie --mientras lloraba y llamaba a su mamá-- fue conducida a la sala de operaciones mientras su señora madre permanecía en la sala de espera. Fue recibida frente al quirófano B por la enfermera anestesista, María Leguillow, quien la llevó ante la anestesióloga doctora Gloria M. Santaella. En el quirófano B se encontraban en ese momento: la enfermera anestesista Gloria Ayala de Ferrer, la doctora Santaella, una enfermera "instrumental" y una enfermera "circulante." Según determinó el tribunal de instancia, las enfermeras circulante e instrumental eran empleadas del Hospital, mientras que el resto del personal de sala de operaciones, es decir, las enfermeras anestesistas Ayala y Leguillow y la anestesióloga, doctora Santaella, componían el equipo de anestesia y eran empleadas del doctor Frederick J. González.14

La Sra. Leguillow colocó a la niña en la mesa de operaciones y recibió instrucciones de la doctora Santaella para comenzar con la preparación e inducción de la niña. Dicho procedimiento consistió en colocarle unos electrodos para el rastreo electrocardiográfico (E.K.G.), a fin de poder observar y determinar a través de un monitor el ritmo del corazón. Además, se le colocó a la paciente un estetoscopio "pericordial" para la auscultación constante del corazón y los pulmones. Concluida la preparación de la paciente, la doctora Santaella dio instrucciones a la Sra. Leguillow para comenzar con el procedimiento de anestesia, utilizando una mezcla de halotano15 al uno por ciento (1%) con noventa y nueve por ciento (99%) de oxígeno.

Conforme la prueba presentada, cuando la Sra. Leguillow comenzó a preparar la mezcla, la niña todavía estaba agitada y llorando. Según el testimonio de la anestesióloga, doctora Santaella, ella estimó que "dándole unos cuantos bombazos de anestesia podía tranquilizarla" para hacer una entubación normal. La Sra. Leguillow siguió operando la maquina de anestesia y puso la mascarilla a la niña, para que ésta inhalara la mezcla. La doctora Santaella, que estaba observando, estimó que la niña había llegado ya a un plano de anestesia que le permitiría comenzar la entubación. Ordenó a la otra enfermera anestesista, Sra. Ayala, que le "cogiera una vena" a la niña para inyectarle "anectine" para poder entubar a la paciente.16 Alegadamente, la doctora Santaella entregó un angio a la Sra. Ayala, ésta le inyectó a la niña el referido medicamento y de ahí en adelante el funcionamiento fisiológico de la niña quedó totalmente bajo el control del personal de anestesia del doctor Frederick González y a merced del equipo o maquinaria disponible en el Hospital.

En ese momento, el doctor Ferdinand Menéndez, quien había entrado al quirófano mientras la doctora Santaella estaba cambiando el tubo endotraqueal, comenzó a dar masajes cardíacos a la niña. En pleno desarrollo de la crisis, entró al quirófano B la doctora Antonia Jorge Frías, anestesióloga del grupo del doctor Frederick González. La doctora Jorge declaró que el día de la operación, a eso de las 8:10 a.m., mientras rondaba las salas de operaciones del Hospital, miró por el cristal de la puerta del quirófano B y pudo observar a la doctora Santaella y al doctor Menéndez trabajando activamente con un paciente. La doctora Santaella se percató de su presencia y le hizo una seña para que entrara. Al entrar al quirófano, la doctora Jorge notó que la paciente estaba cianótica y que el doctor Menéndez le estaba dando masaje cardíaco mientras la doctora Santaella la ventilaba manualmente con cien por ciento (100%) de oxígeno, pero aún así persistía la cianosis por lo que entendió que la niña no estaba recibiendo oxígeno. Fue en ese momento que la doctora Jorge intervino activamente en el proceso de resucitación de la niña y solicitó al doctor Menéndez que detuviera el masaje cardíaco. El monitor siguió reflejando movimientos indicativos de una fibrilación17 extrema. Luego de determinar que en efecto estaban ante una situación de arresto cardíaco, y no un problema de mal funcionamiento del monitor, la doctora Jorge administró a la niña los medicamentos necesarios para sacarla del arresto cardíaco, volviendo a una supuesta normalidad en cuanto a pulso y respiración.18

Luego de escuchar al doctor Menéndez, Ivelisse --quien se encontraba sola en el Hospital-- irrumpió en llanto y fue hasta un teléfono para llamar a su señora madre, Doña Elba Toledo. Ivelisse intentó llamar a su esposo pero su estado emocional no se lo permitió, por lo que permaneció sola esperando por su madre, en la habitación de la niña. Media hora más tarde llegó Doña Elba Toledo quien, al recibir la noticia, también se desesperó y comenzó a llorar. Doña Elba permaneció en la habitación mientras Ivelisse regresó al área cercana a la sala de operaciones con el propósito de obtener más información sobre la condición de su hija. Estando allí llegó su esposo, Luis Nieves Piñeiro, y momentos después el padre de la niña, Luis Santos Colón19, quien había sido llamado por las enfermeras del propio hospital.

En horas de la tarde, la niña fue trasladada del área de recuperación a la unidad de cuidado intensivo, donde los padres y demás familiares de Alicia Marie pudieron verla, por primera vez, desde que ocurrió el incidente y se percataron de que la niña estaba conectada a "sueros, tubos y mangas por la nariz".20 Mientras éstos esperaban en la antesala de la unidad de cuidado intensivo, la doctora Santaella se les acercó, se identificó y les informó que la niña se había puesto "malita", pero que sólo era cuestión de esperar de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho (48) horas hasta que la niña saliera de la anestesia. En ese momento, Ivelisse volvió a solicitar la presencia del doctor Hidalgo, a lo que ésta le informó que ya había ordenado a las enfermeras que se comunicaran con él.

Horas más tarde del mismo día, la doctora Santaella volvió a informar a los familiares de la niña que era cuestión de esperar y añadió que se había solicitado una consulta con un neurólogo pediátrico. Además, les aseguró que había solicitado al Hospital que consiguiera el equipo necesario para tratar a la niña, pero que este equipo aún no había sido recibido. Informó, también, que ella personalmente había llamado al doctor Hidalgo, quien, hasta ese momento, no se había personado al Hospital, ni se había comunicado con los padres de la menor, los médicos, o el personal del Hospital. Ese mismo día, en horas de la noche, el doctor Stella Arrillaga, neurólogo no pediátrico, informó a Ivelisse Blás Toledo que había examinado a su hija y que ésta no tenía daño cerebral, por lo que era cuestión de esperar unas cuarenta y ocho (48) horas.21

No fue hasta temprano en la mañana del día siguiente, 17 de noviembre, que el doctor Hidalgo acudió al Hospital.22 Estando el doctor Hidalgo en el Hospital, Ivelisse Blás le pidió que examinara a la niña en la unidad de cuidado intensivo. Ante su requerimiento, el doctor Hidalgo manifestó que esa era la segunda vez que le pasaba un problema anestésico a un paciente suyo en el Hospital de la Guadalupe. Ivelisse insistió en que, al menos, se comunicara con la pediatra, doctora Edna Zayas, a lo que el doctor Hidalgo contestó que no quería mezclarse más en el asunto y se marchó del Hospital.23 El doctor Hidalgo jamás volvió a ver a Alicia Marie y sólo supo de ella a través de una conversación personal que sostuvo con el doctor Menéndez tres (3) o cuatro (4) meses antes de que se le tomara una deposición en el año 1984.24

Mientras Alicia Marie estuvo hospitalizada en el Hospital Pediátrico, su padrastro, Luis Nieves, fue adiestrado en la atención, aseo, alimentación y cuidado general de la niña.25 La alimentación de Alicia Marie se hacía a través de un tubo nasogástrico que le era introducido por la nariz hasta el estómago y cuya adecuada colocación debía ser luego verificada con el uso de un estetoscopio. Ese tubo tenía que ser cambiado tres (3) o cuatro (4) veces al día. Una vez colocado el tubo y verificada su correcta posición, se administraban los alimentos a través del mismo en forma líquida. También se adiestró a Luis Nieves para succionar a la niña --lo cual había que hacer en forma continua--, a darle terapia física tres (3) veces al día y terapia respiratoria. Una vez Ivelisse dio a luz, su esposo la adiestró en estos procedimientos y comenzaron conjuntamente a dar atención diaria a la niña.26

En vista de que la condición de Alicia Marie no mostraba mejoría, en octubre de 1982 ésta fue examinada por el doctor Eduardo Mirabal Font, pediatra y neurólogo. El examen físico y neurológico reveló que la niña sufría de una encefalopatía27 anóxica28 con cuadriplegia29 y con demencia30. En la vista ante el foro de instancia, el doctor Mirabal Font declaró que un paciente saludable y normal que se lleva al quirófano y sale en las condiciones en que salió Alicia Marie tenía que haber sufrido un "insulto anóxico", relacionado con una oxigenación deficiente en respiración y circulación asociada con un paro cardíaco. (TE 15-16/12/1987 a la pág. 234). Luego de haberla evaluado, el doctor Mirabal Font determinó que la condición de Alicia Marie le permitiría utilizar los circuitos en el tallo cerebral necesarios para respirar espontáneamente, para mantener presión y temperatura y para tener sus riñones, hígado e intestinos funcionando. Sin embargo, aclaró que no había evidencia de que la niña estuviese en contacto con su medio ambiente en el sentido de ver y oír. La niña no podía virarse, ni aguantar la cabeza, ni entender lo que se le dijera, ni tampoco podía moverse por sí misma. (TE 15-16/12/1987 a las págs. 235-236). A pesar de estas condiciones, Alicia Marie sentía estímulos dolorosos de una manera no específica. El doctor Mirabal Font explicó esto con un ejemplo: si se le hincaba con un alfiler, la niña lloraba pero no retiraba la mano o el miembro que era pinchado, pues no podía apreciar qué era lo que le hincaba ni dónde en su cuerpo. (TE 15-16/12/1987 a la pág. 238).

Por su parte, el doctor Mirabal Font volvió a examinar a la niña cuando ésta cumplió cuatro (4) años, y luego a los cinco (5) años. La examinó nuevamente dos días antes de su comparecencia a corte como testigo de la parte demandante. En el juicio, testificó que su diagnóstico más reciente era esencialmente el mismo que había formulado cuando examinó a la menor en el año 1982. En su opinión, la niña no tenía ningún futuro y no tenía posibilidades de mejoría neurológica. (TE 15-16/12/1987 a la pág. 253). Manifestó que la expectativa de vida en niños con encefalopatía severa, como la que sufre Alicia Marie, es de un promedio de veinticinco (25) años. Consideró que Alicia Marie cae dentro de esa expectativa de vida promedio, debido al grado de excelencia del cuido que está recibiendo de sus padres y familiares. (TE 15-16/12/1987 a las págs. 255-257). A la fecha de la vista, esa expectativa de vida promedio se había reducido --por el transcurso del tiempo-- a diecinueve (19) años.31

El 13 de octubre de 1982, se radicó ante la Sala de San Juan del antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico la acción civil de daños y perjuicios donde figuran como demandantes Ivelisse Blás Toledo de Nieves, Luis Edgardo Nieves Piñeiro y la Sociedad de Gananciales compuesta por éstos, por sí y en representación de la menor Alicia Marie Santos Blás; Luis A. Santos, por sí y en representación de su hija menor Alicia Marie Santos Blás; Efraín Santos Rivera; Elba Toledo y Carmen Iris Piñeiro. En ella alegaron haber sufrido daños como consecuencia de la impericia médica del Hospital Nuestra Señora de la Guadalupe, Inc., del doctor Frederick González, del doctor Miguel A. Vega, del doctor José Hidalgo, del doctor Ferdinand Menéndez, de la doctora Santaella, del doctor Roberto Bengoa, de la doctora Antonia Jorge, de la Sra. Gloria Ayala de Ferrer, de la Sra. María Leguillow, sus respectivos cónyuges y todas las sociedades legales de gananciales compuestas por ellos. También se incluyó como demandados al Grupo de Anestesiología "XYZ", a Respiratory Care of Puerto Rico, Inc, y a Ayerst Laboratories (PR), Inc.32

Luego de un prolongado pleito en el que se radicaron varias demandas contra co-parte, el foro de instancia dictó sentencia, el 28 de noviembre de 1988,33 mediante la cual impuso responsabilidad a los codemandados Hospital Nuestra Señora de la Guadalupe, doctor Frederick González, Respiratory Care of Puerto Rico, Inc., doctora Gloria Santaella, Sra. María Leguillow, Sra. Gloria Ayala de Ferrer --estas tres últimas como empleadas del doctor Frederick González y Anesthesia Service III-- doctor José R. Hidalgo y doctor Ferdinand Menéndez.34 El tribunal de instancia los condenó a pagar solidariamente a los demandantes la suma de dos millones doscientos veinticuatro mil setecientos cuarenta y tres dólares con veintisiete centavos ($2,224,743.27).35 De dicha sentencia han recurrido el Hospital, los doctores Hidalgo, Menéndez, González, la doctora Santaella, sus respectivas compañías aseguradoras y la Administración del Fondo de Compensación al Paciente.36 Decidimos revisar. Ordenamos la extensa transcripción de los procedimientos acaecidos a nivel de instancia. Estando en condiciones de resolver los recursos radicados, procedemos a así hacerlo.37

Como primer error, señala que el tribunal no debió imponerle un veinte por ciento (20%) de responsabilidad por referir su paciente al doctor Menéndez. Alega que su participación se limitó a referir a la niña para evaluación y que no recomendó la operación, ni intervino en la decisión de operar, ni sugirió dónde llevar a cabo la operación.40 También señala que no podía anticipar lo que le ocurriría a la niña al ser anestesiada, ni que los anestesiólogos habrían de incurrir en un acto de negligencia tan craso como el de aplicar anestesia por segunda vez, sin antes determinar qué había causado la primera reacción adversa.41 Además, alega que indicó a la madre de la niña que, a su mejor entender, la operación no estaba indicada según los criterios esbozados por los textos de pediatría.

Por otra parte, el doctor Frank Rodríguez Martínez, pediatra neumólogo, presentado como perito por el co-demandando, doctor Hidalgo, aceptó que el concepto de "child advocate" está sólidamente reconocido por la Academia Americana de Pediatría.42 (TE 22, 28 y 29/12/1987 a la pág. 569). Además, indicó que cuando un pediatra refiere un niño a otro médico para que sea evaluado, debe mantener una comunicación directa con éste, pues ésta es la fuente ideal para adquirir conocimiento sobre la consulta solicitada. Finalmente, informó al tribunal que no constituye buena práctica de la medicina dar un "medical clearance" con una fecha errónea y firmar una hoja de consulta en la forma y manera en que lo hizo el doctor Hidalgo. (TE 22, 28 y 29/12/1987 a la pág. 578).

Indudablemente, bajo las circunstancias del caso, al no oponerse o, cuando menos, explicar a la madre de la niña que la operación no era recomendable, y al no informar al cirujano que los criterios pediátricos contraindicaban la operación, el doctor Hidalgo, como pediatra de Alicia Marie, se apartó del criterio de atención médica exigible en la práctica de la pediatría, y por lo tanto, incurrió en negligencia. Medina Santiago v. Vélez, 120 D.P.R. 380 (1988); Oliveros v. Abreu, 101 D.P.R. 209 (1973).43 Es cierto que aun cuando él hubiera cumplido con su deber de informar al cirujano y a los padres de la niña que la operación estaba contraindicada, éstos pudieron haber hecho caso omiso de su opinión y seguir adelante con la operación. Tal vez, no. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el doctor Hidalgo claramente incumplió con su deber y obligación de informarlo; permitiendo, de esa manera, que una operación que estaba contraindicada se llevara a cabo.44 Es norma reiterada que en Puerto Rico, debido al deber de previsión, una persona es responsable por las consecuencias probables de sus actos. Pacheco v. A.F.F., 112 D.P.R. 296 (1982); Rivera v. Pueblo, 76 D.P.R. 404 (1954).

Abona a la responsabilidad por impericia médica de la medicina el hecho de que el doctor Hidalgo, a pesar de haber sido llamado en varias ocasiones para que examinara a Alicia Marie luego del incidente acontecido durante la administración de la anestesia, no acudió a verla hasta el día siguiente. Somos del criterio que su actitud de desinterés y dejadez ante una situación de emergencia como la sucedida no está de acuerdo con la mejor práctica de la medicina. Núñez v. Cintrón, 115 D.P.R. 598, 615-616 (1984). En vista de lo anteriormente expuesto, no se cometieron los errores antes señalados.45

En cuanto al segundo planteamiento, es de notar que las autorizaciones sobre derechos y bienes de menores se rigen por las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2721 et seq. En ese articulado se dispone que, a solicitud de los padres o tutor del menor, el tribunal celebrará vista sobre autorización. Dicha solicitud es una ex-parte en la que figuran como interesados los padres, o tutor, que solicitan la autorización y el ministerio público representado por la Hon. Procuradora de Menores, a quien corresponde defender los intereses del menor. Por lo tanto, no era necesaria la notificación, ni la presencia en la referida vista de autorización judicial de quienes no eran partes interesadas en cuanto a la petición de autorización. Véase 32 L.P.R.A., Ap. III, R.67.1. Además, como parte de lo estipulado en la transacción, los restantes demandados retuvieron su derecho de nivelación frente a los que transaron con los demandantes, por lo que el error señalado no se cometió.46

El antiguo Tribunal Superior determinó que el doctor Frederick González era responsable por las actuaciones negligentes de sus empleadas, entre las cuales se encuentra la doctora Santaella.47 Además entendió que los codemandados doctora Gloria Santaella y doctor Frederick González, así como el Hospital, incurrieron en actos negligentes al no ordenar el traslado inmediato de la niña a una institución médico hospitalaria que contara con el equipo y el personal necesario para atender la condición en la cual se había colocado a la niña.

La doctora Gloria Santaella, su aseguradora, Universal Insurance Company, y la Administración del Fondo de Compensación al Paciente (en adelante AFCP) recurrieron ante este Tribunal señalando varios errores que, en su opinión, justifican la revocación o modificación de la sentencia recurrida.48

La prueba que desfiló ante el foro de instancia fue consistente en el sentido de que, luego de la primera reacción de la niña a la anestesia, la doctora Santaella procedió, de inmediato, a anestesiarla nuevamente sin haber determinado las razones por las cuales la niña reaccionó adversamente la primera vez que se le administró la anestesia; induciendo, de esta forma, la ocurrencia del "insulto anóxico" que sufriera la niña. La doctora Santella pudo y debió prever el segundo episodio de complicación y, por lo tanto, es responsable de los daños causados por su falta de previsión. Ella era la facultativa médica a cargo de la niña cuando ésta sufrió el incidente. La propia doctora Santaella manifestó al tribunal de instancia que durante el proceso de anestesia la pequeña estaba bajo su control (TE 15-16/12/1987 a la pág. 101). Fue la doctora Santaella quien tomó la decisión de anestesiar nuevamente a la paciente.49 La doctora Santaella fue negligente, además, porque tenía conocimiento de que el equipo de anestesia y de emergencias pediátricas en el Hospital de la Guadalupe --quirófano B-- era obsoleto y peligroso para la paciente y, aún así, se sirvió del mismo. Así lo admitió.50 Ante esta situación, concluimos que no se cometieron los dos errores señalados.

El antiguo Tribunal Superior impuso responsabilidad tanto al doctor González como al Hospital de la Guadalupe por no tener el personal debidamente adiestrado y por intervenir con la paciente con equipo inapropiado.51 Además, impuso responsabilidad al doctor González por las actuaciones negligentes de sus empleadas, a saber, la doctora Santaella y las enfermeras anestesistas Sra. María Leguillow y Sra. Gloria Ayala de Ferrer. El doctor González recurre de dicha sentencia señalando varios errores por parte del tribunal de instancia.52

Remitiéndonos al caso en cuestión, las enfermeras anestesistas Sra. Ayala y Sra. Leguillow --empleadas del doctor González-- fueron asignadas al quirófano B donde se le administró la anestesia a la pequeña Alicia. En ese momento, éstas estaban allí presentes bajo el mando y supervisión de la doctora Santaella, anestesióloga a cargo. Según surge de la prueba presentada, las enfermeras aludidas se limitaron a seguir las órdenes que le impartía la doctora Santaella (TE 9/12/1987, a la pág. 315) y en forma alguna participaron, de propia iniciativa, en el proceso; limitándose su intervención a estar presentes en el quirófano y a asistir a la doctora Santaella siguiendo sus órdenes. Las enfermeras allí presentes en ningún momento tomaron decisión alguna con relación al procedimiento a seguir. Tampoco desfiló prueba de que las referidas enfermeras de alguna forma incumplieran con sus deberes no llevando a cabo una orden médica. Véase Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88, 101 (1985).53 Ante esta situación, somos del criterio que no se probó por la parte demandante54 el nexo causal necesario bajo el Artículo 1802 entre las actuaciones de las enfermeras y la ocurrencia del paro cardíaco de la niña y, consecuentemente, el daño cerebral irreversible. Por lo tanto, no procede imponer responsabilidad a las señoras Ayala y Leguillow por sus actuaciones. Erró el tribunal de instancia al así hacerlo.

En el tercer señalamiento de error, el doctor González cuestiona la corrección de la determinación del foro de instancia de que la co-demandada recurrida doctora Gloria Santaella era su empleada al momento del accidente. No le asiste la razón. La determinación del tribunal a quo55, de que la doctora Santaella efectivamente era empleada del doctor Frederick González, es una correcta y sostenida por la prueba. No intervendremos a nivel apelativo con esta determinación de hecho efectuada por el juzgador de los hechos ya que, como veremos, éste no incurrió en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad respecto a ello. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985); Pérez Cruz v. Hospital de la Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984). Veamos.

De entrada, cabe establecer que para el año 1981 y aún desde antes de esa fecha, entre el Hospital y el doctor Frederick González existía un contrato de exclusividad, mediante el cual este último era el responsable de proveer todos los médicos anestesiólogos y las enfermeras anestesistas para los servicios de anestesia del Hospital de la Guadalupe.56 El propio doctor Frederick González testificó sobre la existencia del contrato de exclusividad con el Hospital.57 Explicó que, salvo en casos excepcionales, solamente a él y a los médicos anestesiólogos contratados por él se les permitía dar anestesia en ese Hospital. A su vez, el doctor González admitió que era miembro de la Junta del referido Hospital. (TE 15-16/12/1987 a la pág. 352).

Ese hecho, de por sí, es suficiente para sostener la corrección de la determinación del tribunal de instancia respecto a la relación de patrono-empleado del doctor González con la doctora Santaella. Resulta obvio que para poder un médico prestar sus servicios como anestesiólogo en el Hospital, éste tenía que ser contratado por el propio doctor González conforme al referido contrato de exclusividad. Por otro lado, surge de la prueba presentada que la doctora Santaella efectivamente había sido contratada personalmente por el doctor González y que su compensación era a base de una cantidad mensual estipulada. Así lo declaró la propia doctora Santaella.58 Dicho contrato, según testificó la doctora Santaella, fue uno verbal que nunca se plasmó por escrito. (TE 15-16/12/1987 a la pág. 9).59

Cabe señalar que el control y dominio del doctor González llegaba a tal extremo que le hacía creer a sus pacientes que él personalmente le administraría la anestesia, sabiendo que luego él escogería el médico que él quisiera para atender a un paciente en específico para proveerle la anestesia. En vista de ésto, podemos concluir que los pacientes atendidos por la doctora Santaella no eran sus propios pacientes sino los de Anesthesia Service III, entidad controlada por el doctor González.60 A su vez, la doctora Santaella no tenía discreción en cuanto a los honorarios a cobrar a los pacientes. Además, el equipo de anestesia que ésta utilizaba no era suyo sino de Anesthesia Service III o del doctor González. Por su parte, a la doctora Santaella no se le compensaban sus servicios cada vez que los realizaba, sino que el doctor González le pagaba un sueldo fijo mensual por un horario de trabajo preestablecido.

El Sr. Queipo estimó la primera alternativa en $789,986.40, cifra que representa la suma de dinero que la niña necesitaría para que genere $60,000 por los próximos diecinueve (19) años.61 Esta alternativa fue descartada por la propia madre de la niña ya que significaría que su hija estaría separada de ella, cosa que ella considera inaceptable.

El costo de la segunda alternativa se calculó en $584,295.82, cifra que representa la suma de dinero necesaria hoy para que genere $44,376.70 anuales por los próximos diecinueve (19) años.62 La tercera alternativa se calculó en $391,043.27, cifra que representa la suma de dinero necesaria hoy para que genere $29,703.70 anuales por los próximos diecinueve (19) años.63

En relación con la madre de Alicia Marie, en la Demanda Enmendada se alegó que "la codemandante Ivelisse Blás Toledo de Nieves, madre de la menor afectada, Alicia Marie Santos Blás, ha sufrido, continúa sufriendo en el presente y sufrirá en el futuro, graves y profundas angustias mentales y morales y además se ha visto obligada a abandonar su trabajo como secretaria, por cuyos servicios devengaba un salario, al momento de los hechos, de $750.00 mensuales." (Enfasis suplido). Además, se alegó que "[d]ebido a la condición en que vive su menor hija afectada, la codemandante Ivelisse Blás Toledo de Nieves, se ha convertido en una enfermera práctica durante las veinticuatro horas del día, con la ayuda de su suegra, Carmen Iris Piñeiro y de su señora madre, Elba Toledo, abuela de la niña, todo cuyos daños estiman en una suma no menor de CUATROCIENTOS MIL DOLARES ($400,000.00), incluyéndose el lucro cesante y los sufrimientos." (Enfasis suplido).64 En cuanto a la Sociedad de Gananciales en cuestión, se alegó en la referida demanda que ésta "...ha sufrido pérdidas consistentes en las sumas que aportaba la codemandante Ivelisse Blás Toledo de Nieves a dicha sociedad de gananciales y además, ha incurrido y se mantendrá incurriendo en gastos continuos, cuya suma se estima en una cantidad no menor de DOSCIENTOS MIL DOLARES ($200,00.00)." (Enfasis suplido).65