Certiorari

98TSPR113

Número del Caso: CC-97-187

Abogado Parte Peticionaria: Lcdo. Benjamín García González

Abogado Parte Recurrida: Lcda. Norma I. Piñero Cintrón

Abogado del Procurador General: Lcda. Roxana Badillo Rodríguez

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Caguas

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Ramón A. Buitrago Iglesias

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI

Juez Ponente: Hon. Pesante Martínez

Fecha: 7/24/1998

San Juan, Puerto Rico, a 24 de julio de 1998

Los tribunales de Primera Instancia y Circuito de Apelaciones que intervinieron en este caso emitieron sus dictámenes bajo la vigencia de la Ley Uniforme de Reciprocidad para la Ejecución de Obligaciones sobre Alimentos, Ley Núm. 71 de 20 de junio de 1956, según enmendada, 32 L.P.R.A. §§ 3311-3313bb (1990 y Supl. 1997). Esta ley, sin embargo, fue derogada por la Ley Núm. 180 de 20 de diciembre de 1997 y sustituida por la Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes, mientras el caso se encontraba pendiente ante esta Corte.

La cronología de los hechos pertinentes exige determinar, en primer lugar, cuál es la legislación aplicable a la controversia presentada. En segundo lugar, y conforme con la legislación aplicable, corresponde resolver si un tribunal de Puerto Rico tiene jurisdicción para modificar una orden de pensión alimentaria emitida por un tribunal estatal de Estados Unidos.

I

El 2 de octubre de 1989, Luz C. Aponte y Eliseo Barbosa Dieppa otorgaron una estipulación en la que Barbosa Dieppa se obligó a pagarles a los dos hijos menores de edad procreados con Aponte una pensión alimentaria de cien dólares semanales. En esa misma fecha, un tribunal del estado de Massachussetts dictó una sentencia mediante la cual aprobó la estipulación y ordenó el cumplimiento de sus términos.

El 8 de abril de 1996, Barbosa Dieppa presentó formalmente una moción solicitando la rebaja de la pensión alimentaria. Alegó que su situación económica había empeorado y que tenía una hija más a la cual proveerle alimentos.

El 11 de abril de 1996, el tribunal de instancia dictó una resolución y orden mediante la cual se negó a aprobar el informe presentado por la Examinadora. Concluyó que el estado de Massachussetts no había solicitado que se registrara la sentencia dictada el 2 de octubre de 1989, sino que se ejecutara. El tribunal añadió:

Consecuentemente, el tribunal de instancia le devolvió el caso a la Examinadora para que, en una nueva vista, llegara a una determinación sobre la solicitud del estado de Massachussetts.

Inconforme con este dictamen, Barbosa Dieppa acudió ante esta Corte mediante recurso de certiorari, el cual expedimos el 13 de junio de 1997.

II

El 20 de diciembre de 1997, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 180 para adoptar en Puerto Rico la "Uniform Interstate Family Support Act" (UIFSA), bajo el nombre de "Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes" (LIUAP); enmendar la Ley Orgánica de la Administración de Sustento de Menores y derogar la Ley Uniforme de Reciprocidad para la Ejecución de Obligaciones sobre Alimentos.

Al adoptar de la UIFSA, pues, Puerto Rico entró en una relación de reciprocidad con los demás estados y territorios adoptantes.

III

A

La LIUAP entró en vigor inmediatamente después de su aprobación el 20 de diciembre de 1997. Véase, Ley Núm. 180 de 20 de diciembre de 1997, art. 2. La sección 904 del artículo 9 de la LIUAP establece:

De acuerdo con esta disposición, la LIUAP constituye el derecho aplicable en todos los casos pendientes, anteriores y posteriores al 1ro de julio de 1995.

El artículo 3 del Código Civil de Puerto Rico preceptúa que "[l]as leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario" y, "[e]n ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior". Véase, 31 L.P.R.A. § 3 (1993). Hemos resuelto reiteradamente que esta disposición "sólo tiene el alcance de una regla general de interpretación de estatutos. No es un principio rígido de aplicación absoluta". Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 385 (1973) (citando a Rodríguez v. Miller, 23 D.P.R. 594, 601 (1916)); véase además, Vélez Soto v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 542 (1984). La sección 904 de la LIUAP dispone claramente su aplicación retroactiva, por lo que la controversia se reduce a determinar si, en este caso, su efecto retroactivo perjudica algún derecho adquirido al amparo de la legislación anterior.

B

C

Una orden de pensión alimentaria emitida por un tribunal conforme con las disposiciones de la LIUAP se puede ejecutar de tres formas, dos de manera directa y una mediante registro.

La parte o la agencia de sustento de menores que solicita la modificación o la ejecución y la modificación de una orden de pensión alimentaria emitida por el tribunal de otro estado, tiene primero que registrarla en Puerto Rico, si ésta no ha sido registrada ya, siguiendo el procedimiento establecido en las secciones 601 a la 603 de la ley. Véase, LIUAP, § 609. Una vez registrada la orden, los tribunales de Puerto Rico tienen autoridad para ejecutarla como si se tratara de una orden emitida por un tribunal de Puerto Rico, pero no para modificarla, salvo que se cumplan los requisitos que establece la sección 611. Véase id., § 610.

La sección 611 del artículo 6 de la LIUAP establece los siguientes requisitos para que el foro local pueda modificar una orden de pensión alimentaria dictada por un tribunal de otro estado:

La sección 613, por su parte, establece lo siguiente en cuanto a la jurisdicción para modificar la orden de pensión alimentaria de un menor emitida por un tribunal de otro estado:

D

Para resolver si procede la solicitud de rebaja presentada por Barbosa Dieppa, debemos determinar primero si aplica la sección 613. El inciso (a) de esta sección establece claramente que un tribunal de Puerto Rico tiene jurisdicción para modificar la orden de pensión alimentaria de otro estado, sólo "[c]uando todas las partes residen en Puerto Rico y el menor no reside en el estado que emitió la orden". La actuación del tribunal de Puerto Rico tiene que ocurrir, además, dentro del procedimiento para registrar la orden emitida por el otro estado. Véase id.

Esta solución pudiera parecer errónea e injusta. Se podría plantear que la LIUAP dispone los medios para atender la solicitud de Barbosa Dieppa. Se podría argumentar, en primer lugar, que el peticionario tiene una defensa válida frente a la ejecución de la orden dictada por el tribunal de Massachussetts y, en segundo lugar, que es posible remitir el asunto al tribunal de Massachussetts para que éste considere la solicitud de rebaja de la pensión impuesta.

Respecto al primer planteamiento la sección 607 del artículo 6 de la LIUAP establece:

Esta disposición, sin embargo, no aplica en este caso, ya que Barbosa Dieppa acepta expresamente la validez de la sentencia y la orden dictadas por el tribunal de Massachussetts. Reconoce, además, que durante los procedimientos ante ese foro se le garantizó su derecho a un debido procedimiento de ley. Véase, Solicitud de certiorari, en la pág. 5.

En cuanto a la posibilidad de remitir el asunto al tribunal de Massachussetts, la sección 206 del artículo 2 de la LIUAP establece:

E

En el historial del proyecto del Senado Núm. 922, el cual se convirtió en la FFCCSOA, se discuten algunos de los problemas relacionados con la falta de cumplimiento con las órdenes de pensión alimentaria de los distintos estados en Estados Unidos. Se consigna que uno de los problemas principales surge cuando el alimentante que no tiene la custodia de los hijos alimentistas se muda a otro estado y solicita allí que se reduzca la cantidad establecida en la orden de pensión alimentaria original. Según se discute en el informe:

La FFCCSOA le exige a cada estado poner en vigor, de acuerdo con sus términos, una orden pensión alimentaria para un menor dictada en otro estado. Véase, 28 U.S.C.A. § 1738B(a)(1) (Supl. 1998). La ley le prohibe asimismo a los tribunales de un estado modificar una orden de pensión alimentaria para un menor dictada por el tribunal de otro estado, véase id., § (a)(2), salvo de conformidad con las subsecciones (e), (f) e (i). Estas disposiciones establecen:

Se podría cuestionar también la corrección de nuestra solución bajo la FFCCSOA. Se podría plantear, en primer lugar, que la FFCCSOA no continúa vigente en jurisdicciones que, como Puerto Rico, han adoptado la UIFSA en cumplimiento del mandato federal preceptuado en la sección 321 de la PRWORA, 42 U.S.C.A. § 666(f) (Supl. 1998). En segundo lugar, se podría argumentar que aun presumiendo la vigencia de la FFCCSOA, ésta contiene disposiciones que permiten atender la solicitud de Barbosa Dieppa.

En cuanto a las posibles inconsistencias entre la FFCCSOA y la UIFSA hay que reconocer efectivamente que ambos estatutos contienen disposiciones que pudieran estar en conflicto. Véase, e.g., Patricia Wick Hatamyar, Critical Applications and Proposals for Improvement of the Uniform Interstate Family Support Act and the Full Faith and Credit for Child Support Orders Act, 71 St. John's L. Rev. 1 (1997). No obstante, no nos corresponde resolver esas posibles contradicciones, particularmente cuando, respecto al asunto que nos ocupa, no existe conflicto entre ambos estatutos. Véase id., en las págs. 37-38.

En cuanto a la posibilidad de atender la solicitud de rebaja presentada por Barbosa Dieppa conforme con las disposiciones de la FFCCSOA, cabe señalar que el inciso (h) de ese estatuto ordena la aplicación de la ley del foro a los procedimientos para modificar una orden de pensión alimentaria para un menor. Véase, 28 U.S.C.A. § 1738B(h) (Supl. 1998). No obstante, la ley del foro en este caso es la UIFSA, según adoptada en Puerto Rico - es decir, la LIUAP - y, según hemos explicado, bajo este estatuto, la solicitud de Barbosa Dieppa es improcedente.

Se dictará la sentencia que corresponda de conformidad con los fundamentos expuestos anteriormente.

José A. Andréu García

Juez Presidente

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 24 de julio de 1998

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se confirma la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 13 de marzo de 1997.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuester Berlingeri emitió una Opinión Disidente.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

San Juan, Puerto Rico, a 24 de julio de 1998.

El caso de autos presenta una situación realmente singular. Tanto el foro de instancia como el foro apelativo denegaron el remedio solicitado por el peticionario, pero admitieron a la vez que el dictamen que emitían era claramente injusto. Se lamentaron ambos tribunales que la legislación aplicable les impidiese resolver a favor del peticionario, por lo que expresaron igualmente que sus respectivos dictámenes les dejaba "un amargo sabor en la boca de tener que tomar una determinación...que choca con nuestro sentido de justicia sustancial."

En vista de lo anterior, este Foro expidió el recurso del peticionario y todos los Jueces que intervinimos estuvimos de acuerdo que era menester examinar si en efecto la legislación en cuestión aparejaba la injusticia aludida. En particular,

resolvimos indagar si cabía alguna interpretación de dicha legislación que permitiese atenuar la supuesta rigidez de ésta y así modificar los anómalos dictámenes de los tribunales de instancia y apelativo.

Como demostraré más adelante, existe claramente un modo razonable de cumplir el propósito que nos motivó a expedir este recurso. Sin embargo, una mayoría de este Tribunal ahora opta por un curso de acción distinto al acordado originalmente, que perpetúa innecesariamente la injusticia que queríamos conjurar. La mayoría hace caso omiso de unas disposiciones de ley que preceptúan un resultado muy distinto al que ésta decreta. Sigue una ruta decisoria patentemente estrecha, que considero desacertada en Derecho y singularmente injusta. Por todo ello, disiento. Veamos.

I

En esencia, los hechos pertinentes del caso de autos son los que se narran a continuación.

Mientras trabajaba en Estados Unidos, un obrero asalariado acordó pagarle a los dos (2) hijos que tenía entonces, una pensión alimentaria de $429.00 mensuales. En virtud de ello, el 2 de octubre de 1989, un tribunal de Massachusetts dictó una sentencia por estipulación para fijar así la pensión aludida.

Seis años más tarde, a instancias del estado de Massachusetts, el Procurador de Relaciones de Familia de Puerto Rico presentó una querella judicial contra el peticionario, quien ahora residía en Puerto Rico, por sus atrasos en los pagos de la pensión en cuestión. Este respondió a la querella indicando que su situación económica y familiar había cambiado sustancialmente, debido a que actualmente tenía una tercera hija a quien tenía que alimentar también, y debido además a que los ingresos totales con que contaba ahora se habían reducido y sumaban sólo $656.00 mensuales. Solicitó, por lo tanto, que conforme a sus circunstancias actuales, se autorizara una rebaja en la pensión para sus dos hijos en Massachusetts.

La solicitud de rebaja fue referida a la Oficial Examinadora de Pensiones Alimenticias, quien examinó el asunto detenidamente, y conforme las normas pertinentes, determinó que el peticionario sólo tenía medios para pagarle $172.00 mensuales a los hijos que residían en Massachusetts. A pesar de esta determinación, el foro de instancia entendió que la legislación vigente entonces, la Ley Uniforme de Reciprocidad para la Ejecución de Obligaciones sobre Alimentos, en adelante Ley Uniforme de Reciprocidad, le impedía modificar la pensión fijada por el tribunal de Massachusetts. Concluyó que para ello, el empobrecido peticionario tenía que trasladarse a Massachusetts y presentar su solicitud en el foro que fijó la pensión originalmente. Consecuentemente, el foro de instancia mantuvo en vigor la pensión estipulada en Massachusetts; le impuso al peticionario el pago adicional de $22.00 mensuales para la liquidación de los atrasos acumulados; y le ordenó la correspondiente retención en el origen de los ingresos del peticionario para el pago de la pensión; todo ello a la vez que reconoció expresamente que el peticionario no tenía los medios para su propio sostén y el de la tercera hija y para satisfacer también la pensión alimentaria referida.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó esencialmente el dictamen de instancia. Sostuvo que la Ley Uniforme de Reciprocidad requería el dictamen en cuestión.

Fue en este contexto que decidimos expedir el recurso de certiorari solicitado ante nos por el peticionario. Como se ha indicado ya, nos pareció que la carga impuesta al peticionario era obviamente injusta e irrazonable.

II

La Ley Uniforme de Reciprocidad, 32 L.P.R.A. secs. 3311 et seq., que estaba en vigor cuando los foros de instancia y apelativo emitieron sus respectivos dictámenes en el caso de autos, fue aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el 20 de junio de 1956, con el propósito de fortalecer el pago de obligaciones alimentarias en aquellos casos en que el alimentante residía en Puerto Rico y el alimentista residía en alguno de los estados de la Unión norteamericana, y viceversa. Se trataba de una legislación de reciprocidad, que perseguía hacer uniforme la ejecución de las obligaciones alimentarias entre las jurisdicciones estatales de los Estados Unidos y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Robles v. Otero de Ramos, 127 D.P.R. 911 (1991). Dicha legislación no era otra cosa que la versión local de un proyecto de ley modelo, propuesto por la National Conference of Commissioners On Uniform State Laws en 1952, que fue adoptado en cuarenta y siete (47) jurisdicciones estatales norteamericanas. Véase, 9 Uniform Laws Annotated 333 (1988).

Cuando este Tribunal expidió el recurso del peticionario el 13 de junio de 1997, la referida Ley Uniforme de Reciprocidad estaba vigente. Sin embargo, seis meses después de expedido el recurso, el 20 de diciembre de 1997, la Asamblea Legislativa derogó la Ley Uniforme de Reciprocidad y la sustituyó por una nueva Ley Interestatal Uniforme de Alimentos entre Parientes, en adelante L.I.U.A.P., que es la que está vigente al momento en que resolvemos el caso de autos, y, por tanto, la que rige la controversia ante nos, por propio mandato de dicha ley, como bien señala la mayoría en su opinión.

Mediante la L.I.U.A.P. se adoptó en Puerto Rico la Uniform Interstate Family Support Act (U.I.F.S.A.), otro proyecto de ley modelo propuesto en 1996 por el National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, a los fines de mejorar la legislación uniforme interestatal referente al sustento de menores. La U.I.F.S.A. se formuló con el propósito específico de sustituir estatutos como la Ley Uniforme de Reciprocidad, y así fortalecer los mecanismos para la ejecución interestatal de las obligaciones alimentarias. La U.I.F.S.A. ya ha sido adoptado por 48 estados y por el Distrito de Columbia. Véase, Historial de la U.I.F.S.A., 9 U.L.A. 274 (Supl. 1997), y Murphy v. Murphy, 1998 W.L. 262805 (1998). Por ser la L.I.U.A.P. esencialmente una traducción del U.I.F.S.A., sus secciones adoptan y reproducen íntegramente el texto de las disposiciones equivalentes en la U.I.F.S.A.

Uno de los rasgos principales de la U.I.F.S.A., y por tanto de la L.I.U.A.P., es que establece la vigencia en la jurisdicción a la que se recurre, de las órdenes judiciales de la jurisdicción que las emitió, aunque no exista reciprocidad entre una jurisdicción y la otra. Esta innovación es parte del esquema de la nueva legislación para fortalecer la ejecución de las órdenes alimentarias emitidas por el foro que fijó la pensión originalmente.

Otro rasgo central del nuevo esquema aludido es que se expande significativamente el ámbito de la jurisdicción del tribunal que emitió inicialmente la pensión alimentaria. En efecto, la jurisdicción de dicho foro sobre la pensión alimentaria es continua y exclusiva, excepto en los casos expresamente dispuestos en la nueva legislación. Si bien la U.I.F.S.A., como su versión local, la L.I.U.A.P., persiguen reducir a un mínimo las facultades de otros tribunales para modificar las pensiones fijadas por el foro que las ordenó originalmente, tal facultad continúa existiendo en determinadas circunstancias. En el informe explicativo que acompaña la ley modelo (U.I.F.S.A.) se indica lo anterior, con entera claridad:

Una de las circunstancias aludidas, cuando por excepción se puede modificar la orden judicial de alimentos original, es la que se establece en la sección 607 del Artículo 6 de la L.I.U.A.P., que dispone así en lo pertinente:

Como puede observarse, el artículo citado de la L.I.U.A.P. autoriza de modo claro y expreso a los tribunales de Puerto Rico a acceder a una solicitud como la del peticionario en el caso de autos, si tal solicitud procede al amparo del ordenamiento jurídico de Puerto Rico. Es decir, el peticionario puede objetar la ejecución de la orden judicial que originalmente fijó la pensión alimentaria, si existe en nuestra jurisdicción alguna defensa que pueda oponerse a la ejecución de dicha orden que procura la jurisdicción que la emitió.

Es menester señalar que el propio Tribunal Supremo del estado de Massachusetts ha reconocido que bajo la sección 6-607 del U.I.F.S.A., a la que corresponde la disposición antes citada de nuestra L.I.U.A.P., una parte como el peticionario de autos puede tener defensas válidas que oponer a la solicitud de ejecución instada por la jurisdicción que emitió la pensión alimentaria. Child Support Enforcement Division of Alaska v. Brenckle, 424 Mass. 214, 675 N.E. 2d 390, 221 y 394 (1997).

La cuestión precisa ante nos bajo la L.I.U.A.P., pues, es si existe en nuestro derecho alguna defensa que ampare al peticionario. Pasemos a examinar este asunto, que es la cuestión verdaderamente medular en el caso de autos.

III

Como se sabe, la cuestión de los alimentos entre parientes en Puerto Rico está fundamentalmente regulada por nuestro Código Civil. Respecto a lo que aquí nos concierne, el Artículo 146 de ese Código, 31 L.P.R.A. sec. 565, dispone lo siguiente:

Conforme a lo dispuesto en el artículo referido, es principio general de nuestro ordenamiento jurídico que la cuantía de los alimentos debe ser proporcional al estado de necesidad del alimentista y a la condición económica del alimentante obligado. Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4, 14 (1983). En nuestro ordenamiento jurídico, es claro, además, que luego de aprobado un convenio o estipulación sobre pensión alimentaria, éste puede modificarse si ocurre "un cambio sustancial en las circunstancias que dieron lugar u originaron el mismo". Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, 120 D.P.R. 61 (1987). "La jurisprudencia consistentemente ha reconocido la facultad judicial para modificar los decretos judiciales previos sobre pensiones alimenticias según lo requieran los cambios de circunstancias que así lo ameriten". Torres Peralta, La Nueva Ley Especial de Sustento de Menores, 49 Rev. Col. Abogados 115 (1988). Véanse, además, Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909 (1986); Guadalupe Viera v. Morell, supra. Reiteradamente, hemos resuelto que una resolución o sentencia imponiendo el pago de alimentos siempre está sujeta a ser modificada o reajustada al demostrarse que las condiciones han variado. García v. Acevedo, 78 D.P.R. 611, 617 (1955). Ello es así aún cuando los alimentos hayan sido estipulados. Brea v. Pardo, 113 D.P.R. 217 (1982).

Con arreglo a la sección 607(a)(5) y (b) del Artículo 6 de la nueva L.I.U.A.P., supra, estos principios normativos firmemente arraigados en nuestro Código Civil y en nuestra jurisprudencia no quedan sin efecto en el caso de sentencias foráneas sobre alimentos. Dicha ley se estableció esencialmente para frenar la evasión del cumplimiento de la obligación de proveer alimentos, que ocurre cuando el obligado abandona deliberadamente la jurisdicción que le impuso el pago de alimentos, para evadir dicho pago. Su objetivo es asegurar que se pongan en vigor en el nuevo lugar de residencia del obligado las órdenes sobre alimentos emitidas en otros estados de la Unión americana. Tal objetivo, sin embargo, no es incompatible con la posibilidad de alterar judicialmente algún dictamen foráneo fijando alimentos, cuando está ausente el propósito de evadir el pago de la pensión impuesta y se acredita, a satisfacción del tribunal de Puerto Rico, que ha ocurrido cambios sustanciales en las circunstancias del alimentante que le impiden descargar su obligación de alimentar del modo en que había sido impuesta tal obligación inicialmente.

Existe, pues, una defensa válida en nuestro ordenamiento jurídico que ampara al peticionario, que la mayoría no considera de modo alguno en su obturado dictamen.

Es menester resaltar que la L.I.U.A.P. también provee otro medio para atender la solicitud de rebaja de pensión del peticionario, que la mayoría tampoco considera de modo alguno, y que serviría para atenuar la severidad del gravoso e injusto dictamen que pesa sobre el peticionario. Dicha ley hace posible que el tribunal de Puerto Rico remita al de Massachusetts el asunto que nos concierne, y que solicite de éste el ajuste que proceda en la pensión que debe pagar el peticionario, conforme a sus circunstancias económicas actuales y al hecho de que tiene otro hijo más que debe alimentar también. Esta alternativa surge claramente de las siguientes disposiciones de la L.I.U.A.P., que la mayoría omite mencionar en su constrictiva opinión:

Esta alternativa le evitaría al peticionario, que es evidentemente una persona de ingresos limitados, tener que gastar dinero para trasladarse a Massachusetts para presentar allí su solicitud de ajuste en la pensión alimentaria.

En resumen, pues, la L.I.U.A.P. contiene varias disposiciones que ofrecen alternativas para atender la razonable solicitud del peticionario de que se le ajuste su pensión alimentaria. Tiene contenido suficiente para que pueda hacerse cierta aquí la visión que expresáramos en Negrón Rivera y Bonilla, Exparte, supra, a la pág. 73, de que "cuando de hacer justicia se trata, especialmente en áreas de gran interés público, no hay moldes técnicos que limiten o aprisionen los remedios justos."

IV

Debe señalarse que tampoco es correcto el pronunciamiento de la mayoría de que la ley federal conocida como F.F.C.C.S.O.A., la Full Faith and Credit for Child Support Orders Act, 28 U.S.C.A. 1738B, también requiere que los tribunales de Puerto Rico denieguen la solicitud del peticionario de que se ajuste su obligación alimentaria a sus circunstancias actuales. Esta postura de la mayoría no es cónsona con el historial ni con el texto de la aludida legislación federal. Aquí, de nuevo, la mayoría hace caso omiso a las razonables aberturas que existen en Derecho para conjurar una patente injusticia como la del caso de autos.

En primer lugar, es muy cuestionable que la F.F.C.C.S.O.A. continúe teniendo vigencia en jurisdicciones como Puerto Rico, que han adoptado ya la U.I.F.S.A. Nótese que la F.F.C.C.S.O.A. fue aprobada por el Congreso en 1994, con el mismo propósito que persigue la U.I.F.S.A.: impedir que mediante el cambio de residencia se deje de pagar una obligación alimentaria; asegurar que una jurisdicción ponga en vigor una orden de pensión para un menor dictada en otro estado. Véase, U.S. Code Congressional And Administrative News, vol. 5, 1994, págs. 3259-3265. Pero resulta que posteriormente, en 1996, el Congreso aprobó otra legislación sobre este mismo asunto, que requería que la U.I.F.S.A. fuese adoptada en las jurisdicciones estatales de Estados Unidos a más tardar para el 1 de enero de 1998. 42 U.S.C.A. sec. 666(f). Tratándose de la legislación más reciente sobre un mismo asunto, es evidente que prevalece la legislación del 1996, que es la que requiere la adopción de la U.I.F.S.A. como medio más eficaz de lograr el propósito congresional. En efecto, fue precisamente en virtud del mandato de la referida legislación federal de 1996, que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico adoptó la U.I.F.S.A. en diciembre de 1997. Véase, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 80 de 20 de diciembre de 1997.

Nótese, además, que suponer que la F.F.C.C.S.O.A. continua vigente junto con la U.I.F.S.A. daría lugar a un conflicto de mandatos federales. Ello es así porque aun cuando ambas piezas legislativas tienen el mismo propósito, y ambas responden a un mandato congresional, las leyes no son idénticas en su contenido. La U.I.F.S.A. regula el asunto en cuestión de manera más detallada y abarcadora que la F.F.C.C.S.O.A. Por ello, si se pretende que ambas apliquen a la vez, se crearía la insostenible situación de que el foro judicial tenga la obligación de conceder un remedio concreto bajo una ley, y la obligación de conceder otro remedio concreto distinto bajo la otra ley. El conflicto aludido sólo puede evitarse reconociendo que prevalece la U.I.F.S.A., que es la que incorpora el mandato congresional más reciente y la que más eficazmente atiende el propósito congresional.

Por otro lado, debe destacarse también que aun en el supuesto de que la F.F.C.C.S.O.A. continúe vigente, dicha ley por sus propios términos contiene disposiciones que permiten atender situaciones como la del caso de autos. El inciso (h) de este estatuto federal expresamente dispone lo siguiente:

1. In general.-In a procceeding to establish, modify, or enforce a child support order, the forum State’s law shall apply except as provided in paragraphs (2) and (3).
2. Law of State of issuance of order.-In interpreting a child support order including the duration of current payment and other obligations of support, a court shall apply the law of the State of the court that issued the order.
3. Period of limitation.-In an action to enforce arrears under a child support order, a court shall apply the statute of limitation of the forum State or the State of the court that issued the order, whichever statute provides the longer period of limitation. (Enfasis suplido).

Debe señalarse que el inciso (h) de la F.F.C.C.S.O.A. aludido ha sido interpretado según lo hacemos aquí, no sólo por juristas que son especialistas en estos asuntos, sino además por otros foros judiciales. Véase, Hatamyar, Critical Applications...of U.I.F.S.A. and F.F.C.C.S.O.A., 71 St. John’s L. Rev. 1, 29 (1997); y la jurisprudencia allí citada.

V

La mayoría, pues, rehusa entender que el caso de autos presenta una ocasión propicia para aplicar aquí la profunda concepción de lo que es un ordenamiento jurídico, que expresáramos en Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618, 632 (1985):

Con su dictamen, la mayoría da un lamentable ejemplo de lo que tanto se ha criticado respecto al estrecho positivismo que a veces ha sido característica deplorable de la labor judicial. La mayoría se niega aquí a elevar sus miras más allá de lo pedestre; se niega a utilizar la inventiva jurídica para encontrar una solución justa a un problema de excepción. Ni siquiera explica la mayoría a qué fines o propósitos de interés público responde el duro dictamen que decreta en este caso particular. No es ésta ciertamente una ocasión en la cual el proceso judicial ha ostentado sus mejores galas.

En el caso de autos, el peticionario no buscaba evadir el pago de la pensión alimentaria que le fue impuesta en Massachusetts. Por el contrario, trataba de pagarla de conformidad con su capacidad económica actual. Era evidente la inhabilidad del alimentante de satisfacer con sus ingresos presentes la obligación alimentaria que le fue impuesta originalmente. Conforme a la interpretación propuesta del derecho aplicable, nuestros tribunales pueden considerar la moción de rebaja de pensión presentada por el peticionario. Resolver lo contrario constituye declarar el fracaso de nuestro sistema de administración de la justicia; y darle validez a la mordaz crítica de algunos de que "the Law is an

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO