98 DTS 120 IN RE: MUNDO RODRIGUEZ 98 TSPR120

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Mediante Opinión Per Curiam emitida el 16 de octubre de 1992, este Tribunal separó indefinidamente de la profesión de abogado al Lcdo. Angel Mundo Rodríguez por el fundamento de incapacidad mental, según dispuesto en la Regla 13.1(a) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico1 vigente al momento de los hechos y siguiendo el procedimiento establecido en la Regla 13.1(c) del mismo2.

En aquella ocasión, el Comisionado Especial designado en el caso concluyó que, conforme a la prueba presentada, el Lcdo. Mundo sufría un trastorno depresivo moderado crónico causado por el abuso del alcohol, condición que le impedía ejercer adecuadamente la profesión. A base de ello, recomendó su suspensión indefinida. En dicha ocasión, estimamos probado el hecho de que el Lcdo. Mundo estaba impedido de ejercer adecuadamente la profesión. En consecuencia, lo separamos indefinidamente del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Claro está, aclaramos que, conforme la norma vigente en nuestro ordenamiento, este tipo de suspensión por incapacidad mental constituye una medida especial de protección social y no un desaforo3. Finalmente, expresamos que, si cesaba la incapacidad, el Lcdo. Mundo Rodríguez podía solicitar reinstalación de acuerdo a lo establecido en la Regla 13.1(h) de nuestro reglamento4. Ordenamos la incautación de su obra notarial y su entrega a la Oficina de Inspección de Notarías.

El 1 de octubre de 1996, el Sr. Mundo presentó moción de reinstalación alegando que había superado la situación de alcoholismo y, por tanto, que su incapacidad había cesado al presente. Alegó además, que había sido evaluado por el Departamento de Asuntos del Veterano de los Estados Unidos de América, concluyéndose que él no estaba mental o físicamente incapacitado5. A base de lo anterior, el Sr. Mundo solicitó que se continuara con el procedimiento de reinstalación de acuerdo a la Regla 15(h) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico6, sobre casos de incapacidad mental de abogados.

El 18 de octubre de 1996, luego de considerar la moción presentada por el Sr. Mundo, este Tribunal designó al Lcdo. Agustín Mangual Hernández7 como Comisionado Especial para que recibiera prueba sobre la condición mental del Sr. Mundo --incluyendo testimonio pericial de un panel seleccionado según la Regla 15(h) del Tribunal Supremo8-- y para que rindiera un informe dentro de los plazos especificados en la referida regla.

El 31 de enero de 1997, el Procurador General --mediante moción-- solicitó permiso a este Tribunal para contratar al sicólogo Jorge Montilla para que administrara al Sr. Mundo una prueba neurosicológica, la cual, según la Dra. Haydée Costas, era indispensable para determinar con mayor precisión las posibles limitaciones en el funcionamiento mental del peticionario causadas por la excesiva ingestión de alcohol durante un periodo tan prolongado de tiempo9.

El 12 de mayo de 1997, se radicó el informe del Dr. Domingo Cordero Alonso10 --perito nombrado por el Comisionado Especial-- con relación al Sr. Mundo. El facultativo recomendó la asistencia del peticionario a Alcohólicos Anónimos para que mantuviese su sobriedad. Además, sugirió intervención siquiátrica para que se continuara así un proceso evaluativo que, con mayor certeza clínica, definiera o identificara un posible diagnóstico siquiátrico. Añadió que si ese fuera el caso, podría beneficiarse de ayuda profesional de enfoque sicoterapéutico con el posible beneficio, a su vez, del uso de medicación.

El 14 de mayo de 1997, luego de solicitarse una prórroga, se radicó el informe de la Dra. Haydée Costas11. Esta, según ya mencionáramos, recomendó las pruebas neurosicológicas porque, a su entender, el Sr. Mundo presentaba signos que sugerían la posibilidad de la existencia de un daño cerebral orgánico secundario a sus largos años de consumo de alcohol. De acuerdo a la Dra. Costas, Mundo podría llevar a cabo funciones de abogado con las limitaciones específicas que sus pares considerasen pertinentes.

El 28 de agosto de 1997, se radicó el informe de la Dra. Zegarra12 quien no encontró presencia de condiciones psiquiátricas. Sin embargo, advirtió la posibilidad de que existiera una disfunción cognocitiva en un grado mínimo, no detectable con las pruebas que ella había realizado al paciente por lo que sugirió que se le sometiera a unas pruebas neurosicológicas que aclararan este punto aún más. Recomendó, además, la Dra. Zegarra, que, para que Mundo continuara la remisión de su dependencia al alcohol, debía mantenerse activo en la Iglesia, por haber sido éste su instrumento más eficaz. Finalmente, sugirió que el peticionario sostuviera contacto regular con un siquiatra, sicólogo o consejero en alcoholismo. Según el criterio de esta profesional de la salud mental, la evaluación no reveló impedimento para que se permitiera el regreso del Sr. Mundo al ejercicio de la profesión legal, sujeto a la supervisión usual que la ley y los pares imponen a todos los abogados.

El ejercicio de la abogacía es una tarea difícil y compleja. In re Cardona Alvarez, 116 D.P.R. 895, 902 (1986). A la misma vez, el Código de Etica que rige ésta profesión exige de sus miembros el cumplimiento de importantes deberes con el propósito de preservar el honor y la dignidad de la misma. Entre estos deberes se encuentran: el deber de desempeñar este alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e integridad13; el deber de defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso el más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable14; el deber de mantener al cliente siempre informado de todo asunto importante en el caso que se le ha encomendado15; el deber de ser puntual en la asistencia y conciso y exacto en el trámite y presentación de las causas16 y el deber de mantener una relación de respeto, cordialidad y cooperación entre compañeros17.

1. La citada Regla disponía lo siguiente:

"§ 13.1. Casos de incapacidad mental de abogados

(a) La incapacidad mental, definida como una condición mental o emocional tal que impida al abogado asumir competente y adecuadamente la representación legal de sus clientes o le impida mantener el patrón de conducta profesional que debe observar todo abogado, será causa de suspensión." 4 L.P.R.A. Ap. I-A, sec. 13.1(a).

2. La Regla 13.1(c) del Reglamento del Tribunal Supremo en aquel momento disponía:

"Cuando en el curso de cualquier procedimiento disciplinario bajo la Regla 13 de este Reglamento surjan dudas sobre la capacidad mental del abogado querellado, el Tribunal, motu proprio o a instancias del Procurador General o del querellante nombrará a un Comisionado Especial -si no lo hubiere aún- para que reciba prueba sobre la incapacidad mental del abogado de acuerdo a la definición en el inciso (a) de esta regla. En estos casos se nombrará un panel de tres (3) médicos siquiatras para que éstos examinen al abogado y ofrezcan su testimonio pericial ante el Comisionado Especial. El panel de siquiatras será designado así: uno nombrado por el Comisionado Especial, otro por el Procurador General de Puerto Rico y el tercero por el abogado querellado. Las designaciones deben hacerse dentro del término de diez (10) días desde la fecha de la notificación de la Resolución del Tribunal ordenando este procedimiento. Si dentro de ese término el Procurador General o el querellado no hacen la designación correspondiente, el Comisionado Especial lo hará por ellos. Una vez designado el panel de siquiatras, el Comisionado Especial señalará fecha para la celebración de una vista para no más tarde de treinta (30) días a partir de la designación de los siquiatras. Durante ese término los siquiatras examinarán al querellado y rendirán un informe al Comisionado Especial, quien notificará con copia de dicho informe al Procurador General y al querellado. Durante la vista ante el Comisionado Especial el Procurador General y el querellado, representado por su abogado, podrán presentar sus objeciones a los informes de los siquiatras y habrá oportunidad de interrogar y contrainterrogar a dichos médicos. Durante la vista ante el Comisionado Especial, el Procurador y el querellado podrán presentar otros testigos y habrá derecho a contrainterrogar; también se podrá presentar y examinar prueba documental. No se aplicarán las reglas de descubrimiento de prueba y el Comisionado Especial resolverá los planteamientos sobre admisibilidad conforme a derecho, mas no se reconocerá privilegio a la comunicación entre el querellado y los siquiatras del panel. El Comisionado deberá presentar su informe al Tribunal -con copia a las partes- dentro de los treinta (30) días de celebrada la vista y la presentación final de la prueba; junto al informe remitirá toda la evidencia documental y material que hubiese sido presentada, incluyendo los informes de los siquiatras. La evidencia presentada y no admitida deberá identificarse claramente como tal y el Comisionado indicará la razón por la que no fue admitida. 4 L.P.R.A. Ap. I-A, sec. 13.1(c).

3. In re: Miranda Cruz, 116 D.P.R. 709 (1985); In re: Calderón Molinary, 115 D.P.R. 796 (1984); In re: Lanauze Ortiz, 114 D.P.R. 682 (1983); In re: Suárez Burgos, 108 D.P.R. 1 (1978).

4. La Regla 13.1(h) del Reglamento del Tribunal Supremo, al momento en que se dictó la Resolución, establecía:

"Suspendido un abogado bajo las disposiciones de esta regla, el querellado podrá presentar una moción de reinstalación ante el Tribunal. La moción deberá ser formulada luego de transcurridos treinta (30) días de haber cesado la incapacidad. Presentada una moción de reinstalación el Tribunal nombrará un Comisionado Especial y se designará un panel de tres siquiatras conforme a lo dispuesto en el inciso (c) de esta regla. El querellado se someterá a exámenes médicos ante los siquiatras y estos someterán un informe al Comisionado Especial, quedando a discreción de éste la celebración de una vista con la intervención del Procurador General, salvo que el Tribunal, a moción del querellado o motu proprio ordenare la celebración de vista. El Comisionado Especial rendirá finalmente un informe al Tribunal y éste resolverá. Si solicitada la reinstalación por el querellado se celebra una vista ante el Comisionado Especial, la relación entre el querellado y los siquiatras que lo examinaren durante la vigencia de la suspensión no gozará del beneficio de comunicación privilegiada a los fines de los interrogatorios que puedan surgir durante la vista.

En casos bajo el inciso (b) de esta regla, una determinación judicial de que el abogado no está mentalmente incapacitado será suficiente para que el Tribunal levante la suspensión." 4 L.P.R.A. Ap. I-A sec. 13.1(h).

5. Tal conclusión surge de un documento que acompañó el querellado titulado Rating Decision y fechado 13 de mayo de 1996 mediante el cual el Departamento de Asuntos del Veterano denegó al Sr. Mundo el derecho a una pensión por incapacidad luego de determinar, tras una evaluación, que éste no estaba incapacitado. Para cualificar se exige 60% o más si es una sola incapacidad o 70% si son dos o más incapacidades combinadas y una de ellas es de 40% o más y el veterano es, a juicio de la agencia, incapaz de obtener o dedicarse una ocupación provechosa como resultado de dicha incapacidad. La Agencia encontró que el veterano sólo tiene una incapacidad de un 10%. Sin embargo, su examen mental reveló que a pesar de encontrarse alerta y orientado, estaba ansioso y deprimido. El resultado de dicho examen mental dispone específicamente:

"Mental exam noted he is alert and oriented in the 3 spheres. Mood is anxious and somewhat depressed. Affect is blunted. [A]ttention is fair. [C]oncentration is fair. Speech is clear, coherent and loud. Judgement is poor. He is consider[ed] competent to handle funds."

El querellado, además del documento antes mencionado, acompañó una declaración jurada suya --de la cual no surge la fecha-- y un certificado de Ordenanza al oficio de Elder en el Sacerdocio de Melquisedec en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fechado el 14 de julio de 1996.

6. Según aprobado el 13 de enero de 1995 y enmendado posteriormente, 4 L.P.R.A. Ap. XXI sec. 15(h). Esta Regla sustituyó la anterior Regla 13.1(h) del Reglamento del Tribunal Supremo.

7. Ex-Juez del Tribunal Superior.

8. 4 L.P.R.A. Ap. XXI, sec. 15(h). El texto de esta Regla coincide prácticamente en su totalidad con el texto de la Regla 13.1(h) anteriormente transcrito.

9. Opina la Dra. Costas, en la carta fechada 25 de enero de 1997 que acompañara el Procurador General a la moción que presentara, que en el caso del Sr. Mundo está presente un déficit orgánico cerebral secundario a daño estructural en las células cerebrales como consecuencia del abuso del alcohol.

10. Este informe tiene fecha del 5 de mayo de 1997.

11. Este informe tiene fecha del 9 de mayo de 1997.

12. Este informe tiene fecha del 11 de agosto de 1997.

13. Preámbulo del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

14. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18.

15. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 19.

16. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 12.

17. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 27, C. 29, C.30, C.31.

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