98TSPR123

Número del Caso: CC-97-570

Abogado Parte Peticionaria: Lcdo. Raymond L. Sánchez Maceira

Abogado Parte Recurrida: Lcdo. Wilfredo R. Picorelli Osorio

Tribunal de Instancia: Superior de San Juan

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. César N. Cordero Rabell

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional I San Juan

Panel Integrado por los Hons.: Rossy García

Fecha: 9/16/1998

San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 1998

I

Los hechos que originan la controversia que hoy nos ocupa se remontan al año 1960, cuando la Sra. Carmen Lydia Viera Reyes, hija de la aquí demandada peticionaria, Sra. María Reyes Ramírez, compró una residencia en la Urb. Vistamar en Carolina. Posteriormente, Carmen Lydia Viera Reyes se casó con el Sr. Raúl Díaz Díaz y construyó un segundo nivel a la propiedad. El primer nivel sirvió de residencia para su señora madre, la demandada peticionaria María Reyes Ramírez. En el segundo nivel se acomodó Carmen Lydia Viera Reyes junto a su esposo e hijo.

El 2 de septiembre de 1970, Carmen Lydia Viera Reyes falleció sin haber dejado testamento. Mediante Resolución de 7 de diciembre de 1976, el entonces Tribunal Superior, Sala de San Juan, declaró únicos y universales herederos a su hijo Raúl Díaz Viera y a su viudo Raúl Díaz Díaz en la cuota viudal usufructuaria que en su día le correspondiera.

El 20 de marzo de 1996 el demandante recurrido Jiménez Lugo instó un pleito de desahucio en precario contra la demandada peticionaria María Reyes Ramírez. Pese a la oposición de ésta, el tribunal de instancia declaró con lugar el desahucio por la vía sumaria. Fundó su decisión en que no había un aparente conflicto de título que derrotara el carácter sumario del procedimiento. No obstante, le reconoció el derecho de retención que pudiera asistirle a ésta como edificadora de buena fe, a cuyos efectos le concedió un plazo de veinte (20) días para que presentara un desglose de las mejoras que alega le deben ser pagadas como edificante de buena fe y le hacen acreedora a retener la posesión del inmueble en controversia.

Inconforme, la demandada peticionaria María Reyes Ramírez acudió al Tribunal de Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de Circuito). Sostuvo que ostenta la posesión del inmueble con el consentimiento del dueño, su nieto el señor Díaz Viera desde el año 1960. Adujo que durante ese tiempo realizó mejoras a la propiedad, incluyendo el pago de la hipoteca que gravaba la misma. Expresó, además, que existe un conflicto de título el cual debe ser dilucidado en un juicio plenario. Finalmente, señaló que conforme a las disposiciones del Art. 382 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1468, le deben ser pagados todos los gastos útiles en los que incurrió.

A los fines de garantizar el ejercicio de su función revisora, el Tribunal de Circuito ordenó la paralización del desahucio. Luego de evaluar las posiciones de las partes, dicho tribunal resolvió: que la demandada peticionaria María Reyes Ramírez no era poseedora de buena fe del inmueble en controversia y que no existía conflicto de títulos que ameritara la tramitación del desahucio mediante un procedimiento ordinario.

La demandada peticionaria sostuvo que el Tribunal de Circuito incidió al concluir, sin el beneficio de la celebración de una vista evidenciaria en el Tribunal de Primera Instancia, que era poseedora de mala fe. Le asiste la razón.

II

El concepto de posesión, en su acepción de derecho real, se define como la posesión que tiene la apariencia de dominio; es la posesión de una persona, como si fuera el titular de la cosa o derecho. Puig Peña, Federico, Compendio de Derecho Civil Español, Derecho Reales II, Vol. 2, 3ra. ed., Madrid, 1976, pág. 349.

Nuestro Código Civil, en su Art. 360, reconoce dos clases de posesión: la posesión natural, la cual define como "la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona" y la posesión civil, la cual incluye la misma tenencia o disfrute de la cosa, pero "unidos a la intención de haber la cosa o derecho como suyos". 31 L.P.R.A. sec. 1421.

Según dispone el Art. 362, supra, 31 L.P.R.A. sec. 1423, "la posesión en los bienes y derechos puede tenerse en uno de dos aspectos: o en el de dueño, o en el de tenedor de las cosas o derechos para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona".

Con estos principios en mente, procedemos a resolver el asunto ante nos.

III

Como ya expresáramos, la demandada peticionaria María Reyes Ramírez sostiene que incidió el Tribunal de Circuito al concluir, ausente de prueba, que ella no era poseedora de buena fe.

Por su parte, el Tribunal de Circuito resolvió que ésta

perdió la condición de buena fe a partir de la sentencia que se dictara por estipulación en la acción de reinvindicación en la cual reconoció que el señor Díaz Viera, su nieto, era el único titular del inmueble en controversia. Incidió al así resolver.

Será poseedor de buena fe el que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide. Art. 363, supra, 31 L.P.R.A. sec. 1424. La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor le corresponde destruirla con prueba suficiente. Véase, Art. 364, supra, 31 L.P.R.A. sec. 1425. Además, según Castán Tobeñas, la mala fe requiere que el tribunal declare su existencia. Castán Tobeñas, J., Derecho Civil Español Común y Foral, Vol. I, 12ma. Ed., Madrid, 1981, pág. 604.

Finalmente, el Art. 382, supra, 31 L.P.R.A. sec. 1468, dispone que los gastos necesarios se abonan a todo poseedor; pero sólo el de buena fe podrá retener la cosa hasta que se los satisfagan.

Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe con el mismo derecho de retención, pudiendo optar el que le hubiese vencido en su posesión por satisfacer el importe de los gastos o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa. Véase, además, Marín v. Montijo, 109 D.P.R. 269 (1979).

A tenor con los argumentos esbozados, es ineludible concluir que la buena fe siempre se presume, a menos que quien afirme lo contrario destruya la presunción con prueba suficiente; y por ser una cuestión de hecho es al tribunal a quien corresponde en última instancia declarar si en realidad existe la mala fe.

En el presente caso la buena fe de la demandada peticionaria María Reyes Ramírez nunca ha sido cuestionada, y nunca fue discutida en el pleito de reivindicación, ni siquiera fue planteada en dicho procedimiento la posesión inmediata; tanto fue así que incluso ésta permaneció viviendo la propiedad sin objeción alguna de su nieto.

En vista de lo anterior y en armonía con los argumentos esbozados, procedía entonces que el Tribunal de Circuito devolviese el caso al foro de instancia para que celebrara una vista plenaria y dilucidara, conforme a la prueba ofrecida, si la demandada peticionaria era o no poseedora de buena fe. Como corolario de lo anterior, debe determinarse si tiene entonces el derecho a retener la posesión del inmueble hasta tanto se le compense por las mejoras que alega haber efectuado al mismo. A tenor con las circunstancias muy particulares de este caso, resolver de otra manera atentaría contra los conceptos más básicos de hacer justicia en los tribunales.

"El Derecho no puede llevar a un resultado absurdo ni a un resultado injusto y debemos convencernos de que cuando nos lleva a este resultado es porque hemos seguido un camino equivocado, porque hemos errado en nuestros razonamientos." (Énfasis nuestro.) J. Vallet de Goytisolo, Panorama de Derecho Civil, ed. Bosch, 1963, pág. 85.

IV

Por los fundamentos antes expuestos procede que se dicte sentencia revocando la resolución emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones que declaró que la demandada peticionaria María Reyes Ramírez era poseedora de mala fe. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, para que continúe con los procedimientos de forma consistente con lo aquí resuelto.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 1998

Por los fundamentos antes expuestos se dicta sentencia mediante la cual se revoca la resolución emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones que declaró que la demandada peticionaria María Reyes Ramírez era poseedora de mala fe. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, para que continúe con los procedimientos de forma consistente con lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Negrón García concurre con el resultado. Además, entiende que la presente ponencia no amerita ser publicada como opinión Per Curiam. El Juez Asociado señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo