Certiorari

El recurrente contestó la demanda el 19 de abril de 1996, y luego de un período de descubrimiento de prueba, solicitó la desestimación el 18 de junio de 1996. Arguyó que por no tener la recurrida su domicilio en Puerto Rico, a ésta no le eran de aplicación las disposiciones del Código Civil; que el Artículo 109 del Código Civil aplica sólo a aquellos ex-cónyuges que obtuvieron el divorcio por las causales establecidas en el Artículo 96 de dicho Código,1 dentro de las cuales no se encuentra el divorcio por consentimiento mutuo; que los llamados a la obligación de alimentar a su ex –cónyuge son sus parientes legítimos; que la peticionaria cuenta con suficientes medios para vivir y que el Artículo 109, según enmendado por la Ley Núm. 25 de 16 de febrero de 1995, es inconstitucional en su aplicación retroactiva a los hechos que dieron base a la acción de alimentos en su contra. El 16 de julio de 1996 la recurrida presentó "Escrito en Oposición a Moción sobre Desestimación". Por su parte, el 7 de agosto de 1996, el recurrente presentó "Réplica a Escrito en Oposición a Moción de Desestimación".

El matrimonio, tal como aparece descrito en el Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico2 es una institución civil que surge en virtud de un contrato civil mediante el cual un hombre y una mujer se comprometen a ser esposos y a cumplir con las responsabilidades y deberes que les impone la ley. Según surge del Artículo 95 del Código Civil3, para que pueda quedar roto y disuelto el vínculo matrimonial tiene que concurrir cualquiera de las siguientes situaciones: sobrevenir la muerte de cualquiera de los cónyuges; declararse la nulidad del matrimonio o mediar una sentencia válida de divorcio.

A renglón seguido el Artículo 96 del mismo cuerpo de ley4 enumera diez (10) de las causales que al presente existen en nuestra jurisdicción para obtener legalmente el divorcio.5 Entre éstas no se encuentra el divorcio por consentimiento mutuo.

No obstante, aún reconociendo que se trataba de un asunto esencialmente íntimo, este Tribunal reconoció la necesidad de que el Estado preservara su obligación de velar porque el divorcio no fuera consecuencia de algún tipo de coacción o de la irreflexión. En aras de ese objetivo se estableció la necesidad de incluir las estipulaciones necesarias que dispusieran de asuntos tan delicados como la división de los bienes gananciales y el sustento de las partes. Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra, págs. 276-277. En consecuencia y como corolario de lo allí resuelto, se declaró inconstitucional el Artículo 97 del Código Civil6 –disposición legal que prohibía la aquiesencia entre los cónyuges a los fines de obtener el divorcio- y otras disposiciones opuestas a los principios consignados en la opinión.

Tal como fue originalmente redactado el Artículo 109, éste proveía que sólo la mujer, cuando se dieran los requisitos que allí se disponían, era acreedora de tal derecho, siendo en consecuencia en el ex-esposo sobre quien recaía la responsabilidad de alimentar.8 Sin embargo, en Milán Rodríguez v. Muñoz, supra, este Tribunal por voz del Juez Asociado señor Negrón García validó el interés legislativo de que no sólo durante la vigencia del matrimonio sino aún después de disuelto éste, se mantuviera -aunque en estado latente- la obligación recíproca entre los ex–cónyuges de prestarse alimentos. En consecuencia concluimos que tal disposición de ley debía entenderse extensiva –siempre que lo justificara la necesidad del alimentista- tanto al hombre como a la mujer.9

Mediante la Ley Núm. 25, supra, se extendió al hombre el derecho a recibir alimentos después de haberse decretado la disolución del matrimonio mediante sentencia de divorcio –situación que ya había sido contemplada por este Tribunal en Milán Rodríguez v. Muñoz, supra,; se eliminó el concepto de culpa de la letra de la disposición legal y se eliminó la cuantía máxima a ser concedida. La nueva ley tuvo el propósito adicional de incorporar al Artículo 109, ocho (8) circunstancias que el juzgador debe examinar al determinar el monto de la pensión.10

En aras de conocer la intención del legislador al enmendar el Artículo 109, supra, hemos examinado minuciosamente el historial legislativo del Proyecto del Senado 652, génesis de la Ley Núm. 25, supra. Se desprende del Informe de la Comisión de Gobierno al pleno del Senado de 20 de junio de 1994, que aunque originalmente la intención era enmendar el artículo a los únicos efectos de extender al hombre el derecho a recibir alimentos después del divorcio, el alcance del proyecto se amplió por las recomendaciones del Secretario de Justicia. Entre las recomendaciones que éste le hizo a la Asamblea Legislativa, y pertinente al caso de autos, se incluyó la de eliminar cualquier referencia al concepto de culpa, concepto que había estado vinculado al divorcio desde que el mismo se instituyó en Puerto Rico. La justificación para su recomendación la encontró el Secretario de Justicia en la tendencia de la propia Asamblea Legislativa de ir eliminando el concepto de culpa en algunas de nuestras instituciones jurídicas.11 En el caso particular de la pensión alimentaria entre ex-cónyuges, con la adopción de la recomendación, se alteró el lenguaje del artículo, para sustituir la frase: "si uno de los cónyuges que ha obtenido el divorcio..." por la de: "si decretado el divorcio por cualquiera de las causales que establece el Artículo 96 de este Código, cualquiera de los ex-cónyuges...". (Enfasis nuestro). Es decir, se extendió literalmente el derecho del hombre a solicitar alimentos cuando así lo necesitara y se eliminó el elemento culposo que hasta ese momento había permeado la interpretación del Artículo 109, supra. No surge del historial legislativo que el propósito de dicha enmienda fuese el de excluir el derecho a pedir alimentos de ex-cónyuges cuando la causal para el divorcio fuese el consentimiento mutuo.

El caso de autos trata de un matrimonio que obtuvo el divorcio por consentimiento mutuo. Como parte de la solicitud de divorcio los peticionarios, luego de confirmar que habían recibido la adecuada orientación y que no había mediado ningún tipo de coacción, dispusieron todo lo relacionado a los aspectos fundamentales de la relación con su hija menor. A esos efectos expusieron que "en forma inteligente han logrado conformar sus deseos y dejar para el futuro reglamentado [sic] lo concerniente a alimentos, custodia y patria potestad de la menor antes mencionada, relaciones paterno-filiales, residencia de la esposa y finalmente, lo referente a bienes gananciales."12 (Enfasis nuestro). Con dicha petición presentaron un "Acuerdo sobre División de Bienes Gananciales y otros Fines". De la lectura de dicho documento no se desprende acuerdo alguno sobre la pensión alimentaria post-divorcio.

El recurrente pretende que interpretemos que el lenguaje utilizado en la petición de divorcio por consentimiento mutuo tuvo la intención de regular lo relacionado con los alimentos post-divorcio, constituyéndose en un contrato de transacción con carácter de cosa juzgada. No nos persuade. Una lectura simple de la Petición de Divorcio es suficiente para descubrir que los peticionarios nunca tuvieron la intención de regular tal aspecto de sus relaciones. Más que regular lo relacionado con los alimentos entre los ex –cónyuges, lo que se pretendía era determinar la pensión alimentaria de la entonces todavía hija menor del matrimonio. Aún suponiendo que se hubiera pretendido pactar sobre alimentos futuros de ex-cónyuges, por estar la institución de alimentos revestida del mayor interés público, cualquier acuerdo que se hubiere efectuado, no tiene, ni puede tener carácter invariable, o constituir una renuncia a derechos futuros de alimentación.13

Así las cosas, y a base de lo previamente expuesto, entendemos que al sustituir la frase "uno de los cónyuges que ha obtenido el divorcio" por "decretado el divorcio por cualquiera de las causales que establece el Artículo 96" el legislador nunca tuvo la intención de excluir del alcance del Artículo 109, supra, el divorcio por consentimiento mutuo.14 Al contrario, lo que pretendió en todo momento fue eliminar el concepto de culpa y el discrimen por sexo. Por lo tanto, en vista de lo anterior, concluimos que una vez disuelto el matrimonio –por cualquiera de las causales, incluyendo el consentimiento mutuo- nace un derecho a pensión alimentaria post-divorcio cuando ello se justifique, a base de los criterios de necesidad y capacidad. Determinar lo contrario daría lugar a una interpretación inflexible del Artículo 109, supra, sin que se nos haya dado razón válida alguna para tan cruda diferenciación.15

Procedería, si concluyésemos que el propósito fue excluyente, extender los beneficios estatutarios al grupo excluido, es decir, a los ex-cónyuges que se han divorciado por la causal de consentimiento mutuo que demuestren la necesidad de alimentos y la capacidad del otro o la otra para proveerlos, aplicando los principios de hermenéutica constitucional que enunciamos en Milán Rodríguez v. Muñoz, supra.16 No obstante, ello resulta innecesario a la luz de la interpretación no excluyente que hemos hecho de la Ley Núm. 25, supra, enmendatoria del Art. 109.

1. 31 L.P.R.A. §321.

2. 31 L.P.R.A. §221.

3. 31 L.P.R.A. §301.

4. 31 L.P.R.A. §321.

5. Según se desprende del mismo, las causas de divorcio son:

"(1) Adulterio de cualquiera de los cónyuges.

(2) La condena de reclusión de uno de los cónyuges por delito grave, excepto cuando dicho cónyuge se acoja a los beneficios de sentencia suspendida.

(3) La embriaguez habitual o el uso continuo o excesivo de opio, morfina o cualquier otro narcótico.

(4) El trato cruel o las injurias graves.

(5) El abandono de la mujer por su marido o del marido por su mujer, por el término mayor de un (1) año.

(6) La impotencia absoluta, perpetua e incurable sobrevenida después del matri-monio.

(7) El conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas, y la connivencia en su corrupción o prostitución.

(8) La propuesta del marido para prostituir a su mujer.

(9) La separación de ambos cónyuges por un período de tiempo sin interrupción de más de dos (2) años. Probado satisfactoriamente la separación por el expresado tiempo de más de dos (2) años, al dictarse sentencia no se considerará a ninguno de los cónyuges inocente ni culpable.

(10) La locura incurable de cualquiera de los cónyuges sobrevenida después del matrimonio, por un período de tiempo de más de siete (7) años, cuando impida gravemente la convivencia espiritual de los cónyuges, comprobada satisfactoriamente en juicio por el dictamen de dos peritos médicos; Disponiéndose que en tales casos la corte nombrará un defensor judicial al cónyuge loco para que lo represente en el juicio. El cónyuge demandante vendrá obligado a proteger y satisfacer las necesidades del cónyuge loco en proporción a su condición y medios de fortuna, mientras sea necesaria para su subsistencia; Disponiéndose, además, que esta obligación en ningún momento ha de ser menos de dos quintas (2/5) partes del ingreso bruto por sueldos o salarios o entradas de cualquier otra clase que tuviere el cónyuge demandante."

6. 31 L.P.R.A. §331.

7. Conviene señalar que en su versión anterior a 1995, el Artículo 109 de nuestro Código Civil, -fuente estatutaria de donde dimana el derecho de alimentos entre ex-cónyuges- tuvo su génesis en el Artículo 177 de Código Civil de 1902, y este último proviene a su vez del Artículo 160 del Código Civil de Louisiana. González v. Suárez Milán, supra; Magee v. Alberro, 126 D.P.R. 228 (1990); Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610 (1981).

8. El anterior Artículo 109, antes de ser enmendado en 1995 por la Ley Núm. 25, supra, leía como sigue:

Si el divorcio se ha decretado por la causal de separación, la mujer podrá solicitar los alimentos a que se refiere el párrafo anterior, si no cuenta con medios suficientes para vivir.

La pensión alimenticia será revocada si llegase a hacerse innece-saria, o cuando la mujer divorciada contrajese segundo matrimonio o cuando viva en público concubinato u observare vida licenciosa."

Véanse, además, Milán Rodríguez v. Muñoz, supra; Suria v. Fernández Ne-grón, supra; Meléndez v. Tribunal Superior, 77 D.P.R. 535 (1954); Sacare-llo v. Rubio, 44 D.P.R. 883 (1933); Puigdollers v. Monroig, 26 D.P.R. 310 (1918); Morales v. Rivera, 8 D.P.R. 463 (1905).

9. El Tribunal luego de someter a un escrutinio estricto la clasificación por sexo hecha en el artículo 109, supra, reconoció el carácter discriminatorio de éste; sin embargo, reconoció también el deber de los Tribunales de salvar la constitucionalidad de las leyes haciendo interpretaciones dirigidas a la consecución de los principios en ellas contenido. En Milán, dijimos que:

"[e]n materia de hermenéutica constitucional y ante estatutos que adolecen de inconstitucionalidad por sub-inclusión, se reconoce la facultad de los tribunales de extender los beneficios estatutarios a aquellos grupos o clases excluidos." (citas omitidas) Milán Rodríguez v. Muñoz, supra, pág. 618.

10. Dichas circunstancias se importaron de España, a través de la citada Ley Núm. 25, supra. Allá el Artículo 97 del Código Civil - disposición legal del cual se tomaron- regula la pensión post-divorcio. La diferencia fundamental entre una y la otra es que la disposición del Código Civil español tiene un carácter de pensión compensatoria mientras que en la nuestra su carácter es eminentemente alimentario. Para una discusión más detallada véase Raúl Serrano Geyls, La nueva ley de pensiones alimentarias post-divorcio, 30 Rev. Jur. U.I.P.R., 97 (1996).

11. Véase a modo de ejemplo la Ley Núm. 101 de 2 de junio de 1976. Leyes de Puerto Rico, 1976, págs. 316-318. Esta eliminó la designación automática de la mujer como cónyuge inocente cuando se produce un divorcio por la causal de separación bajo el inciso (9) del Artículo 96 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 321. Además, constituyó esta causal como una no-culposa.

12. Petición de Divorcio de 29 de agosto de 1980, Apéndice, pág. 1.

13. Específicamente el Artículo 1713 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. §4825, prohibe el que las personas puedan transigir sobre su estado civil, cuestiones matrimoniales o alimentos futuros. Véase, además, Rubio Sacarello v. Roig, supra, pág. 350; Benítez v. Benítez, 64 D.P.R. 756, 759 (1945).

14. No olvidemos que "[l]as leyes deben interpretarse y aplicarse a tono con el propósito social que las inspira y no deben desvincularse del problema humano cuya solución persiguen." Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R. 733, 737 (1989).

15. Véase Milán Rodríguez v. Muñoz, supra, pág. 617.

16. Ver nota al calce 9, ante.

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