98TSPR144

Número del Caso: CC-98-0496

Abogado del Peticionario: Lcdo. Luis Jiménez Burgos

Abogado de la Recurrida: Lcdo. Guillermo Vicenty Cortés

Tribunal de Instancia: Superior de Guayama

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Dante Amadis Rodríguez Sosa

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional V

Panel Integrado por los Hons.: Rivera de Martínez

Fecha: 10/30/1998

El término para notificar inter partes una apelación presentada ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones es jurisdiccional y realizarse dentro del término de treinta (30) días a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia.

Luis Colón Morales y Felícita Rivera Morales vivieron en público concubinato por veintiocho (28) años. Procrearon ocho hijos, incluyendo al menor Luis A. Colón Rivera. El 27 de enero de 1997, Colón Morales presentó demanda de desahucio contra la Sra. Rivera Morales y su hijo Luis A. Colón Rivera (Civil GPE97-0026). La Sra. Rivera Morales contestó y formuló reconvención.

El 21 de enero de 1998, archivada en autos copia de su notificación el 23 de enero, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama (Hon. Dante Amadis Rodríguez Sosa) dictó sentencia. Declaró improcedente el desahucio, con lugar la reconvención y decretó la división de la comunidad. Entre los remedios, ordenó al demandante Colón Morales pagar a la Sra. Rivera Morales $35,000.00 y, además, otorgar la correspondiente escritura para traspasar e inscribir a nombre de ella una residencia en el Barrio Aguirre. De no comparecer al otorgamiento, el Alguacil General lo sustituiría y otorgaría la escritura, una vez la sentencia fuera final, firme y ejecutable.

El 23 de febrero, Colón Morales radicó escrito de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. No notificó el recurso a la Sra. Rivera Morales hasta el 26 de febrero. El 26 de marzo, ella pidió su desestimación. Argumentó que de acuerdo a la Regla 13 del Tribunal de Circuito de Apelaciones, carecía de jurisdicción.

El 13 de abril, dicho foro (Hons. Rivera de Martínez, Rivera Pérez y Soler Aquino), solicitó al apelante Colón Morales que mostrara causa por la cual no debía desestimar. Éste, aunque admitió que notificó después de los treinta (30) días, adujo que el término era de cumplimiento estricto. Justificó la tardanza alegando que la persona que presentó el recurso en la secretaría del Tribunal de Circuito a las 2:09 de la tarde, se enfermó y retuvo las copias selladas consigo hasta el 26 de febrero cuando se notificaron por correo certificado con acuse de recibo. A esos efectos, presentó certificado médico suscrito por el Dr. Antonio Berríos de Orocovis, fechado el 23 de febrero de 1998, y una declaración jurada de la persona contratada para personalmente entregar el recurso.

II

Nuestro ordenamiento procesal es claro. El Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura, según enmendada, establece el derecho de apelación de toda sentencia final dictada en casos originados en el Tribunal de Primera Instancia. Por su parte la Regla 53 (b) de Procedimiento Civil dispone, en lo pertinente, que la apelación "se formalizará presentando el escrito de apelación en la secretaría de la sede del Tribunal de Primera Instancia que dictó la sentencia apelada, o en la secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones."

Su inciso (c) inequívocamente exige "ser presentado en la forma antes dispuesta, dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado." (Énfasis nuestro). Sobre la notificación, la Regla 53.2(d) ordena que sea "a todas las partes o a sus abogados de récord dentro del término para apelar y en la forma prescrita en la Regla 67." (Énfasis nuestro).

No obstante la claridad de estas disposiciones, se invoca la Regla 13 del Reglamento del Circuito de Apelaciones. Una cita fragmentada de su texto sirvió de fundamento para sostener que el término de notificación no era jurisdiccional, sino de cumplimiento estricto. Es un error. Reza en su totalidad:

Regla 13. Término para presentar la apelación

1. Presentación de la Apelación

Las apelaciones contra sentencias dictadas en casos civiles por el Tribunal de Primera Instancia, incluyendo el Tribunal de Distrito durante el proceso de su abolición, se presentarán dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia. En aquellos casos en que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios(as) o una de sus instrumentalidades que no fuere una corporación pública, o en que los Municipios de Puerto Rico sean parte en un pleito, el recurso de apelación se formalizará, por cualquier parte en el pleito que haya sido perjudicada por la sentencia, presentando un escrito de apelación dentro del término jurisdiccional de sesenta (60) días, contados desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el tribunal apelado.

2. Notificación a las Partes

Vemos pues, que la Regla 13(b) configura dos obligaciones procesales: la notificación en sí a las partes, y la certificación de la forma y circunstancias del diligenciamiento cuando esa notificación se hace por entrega personal.

Colón Morales enfatiza la oración final de la Regla que conceptualiza el término aquí dispuesto de cumplimiento estricto. No tiene razón. Es claro que el término de referencia ("aquí dispuesto") es el de cuarenta y ocho (48) horas en el cual debe certificarse la forma y las circunstancias del diligenciamiento personal.

Las reglas de hermenéutica, especialmente la de interpretación gramatical y la del último antecedente confirman nuestra conclusión que la expresión el "término aquí dispuesto" es el inmediatamente antes, no el más remoto. R. Elfren Bernier y José A. Cuevas Segarra, Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, 2^da ed., Old San Juan, Publicaciones J.T.S., 1987, págs. 343 y 357. Esta interpretación supera el aparente conflicto de la regla, al exigir primero una notificación dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días y, luego, describir el término para certificar una notificación personal de cumplimiento estricto.

Una vez concluido que el término para notificar a las partes la presentación de una apelación es jurisdiccional, procede mandatoriamente desestimar la presentada por Colón Morales ante el Circuito. El carácter improrrogable de los términos jurisdiccionales, torna irrelevante discutir si existió o no causa justificada para disculpar la demora. Sólo los requisitos de cumplimiento estricto, no los jurisdiccionales, pueden eximirse por causa justificada oportunamente invocada.

Se dictará sentencia revocando la Resolución del Tribunal de Circuito de Apelaciones y ordenando la desestimación de la apelación por falta de jurisdicción.

ANTONIO S. NEGRON GARCIA

Juez Asociado

San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 1998

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la presente, se revoca la Resolución del Tribunal de Circuito de Apelaciones y se ordena la desestimación de la apelación por falta de jurisdicción.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.