Certiorari

98TSPR147

Número del Caso: CC-96-0425

Abogado de la Parte Peticionaria:Lcdo. Sixto Pabón García

Abogados de la Parte Recurrida: Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz

Tribunal de Instancia: Superior de Guayama

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Ramón Orta Berríos

Tribunal de Circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI

Juez Ponente: Hon. Pesante Martínez

Fecha: 11/4/1998

San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 1998.

Nos corresponde resolver si la Compañía de Fomento Recreativo es una agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico que opera como un negocio o empresa privada, según establecido en la definición de patrono del artículo 5 de la Ley 100 de 30 de junio de 1959, la cual prohíbe el discrimen en el empleo por razón de edad, raza, color, sexo, matrimonio, origen social o nacional, condición social, ideas políticas o religiosas. 29 L.P.R.A. secs. 146 y 151.

Por entender que la Compañía de Fomento Recreativo es una agencia o instrumentalidad del Gobierno que opera como un negocio o empresa privada, revocamos la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Confirmamos la conclusión del Tribunal de Primera Instancia de que el traslado del Sr. Huertas Alicea fue discriminatorio y ordenamos su reposición como Administrador del Balneario Punta Guilarte.

I.

Eduardo Huertas Alicea comenzó a trabajar en la Compañía de Fomento Recreativo, en adelante "la Compañía", el 18 de febrero de 1992 como empleado transitorio. En agosto de ese mismo año fue nombrado Funcionario Ejecutivo III en una posición de carrera con clasificación regular, en la que fungía como administrador del Balneario Punta Guilarte en Arroyo. El 1 de marzo de 1993, la entonces Presidenta y Gerente General de la Compañía, señora Marimer Olazagasti, le remitió una carta informándole que sería trasladado a la Oficina Regional del Departamento de Recreación y Deportes, en adelante "el Departamento", en Guayama. Dicho traslado no conllevaba cambio de sueldo ni de clasificación.

Inconforme con el traslado, el Sr. Huertas Alicea, presentó un recurso ante el Comité de Apelaciones de la Compañía. Al no ser acogida la apelación, instó demanda contra la Compañía y la Sra. Marimer Olazagasti en su carácter personal y como Administradora de la Compañía, ante el Tribunal de Primera Instancia. Alegó que el traslado obedecía a razones políticas ya que él era afiliado del Partido Popular Democrático, incluso había sido candidato a alcalde en las primarias del Partido Popular en Arroyo. La Compañía negó que en el traslado mediaran consideraciones discriminatorias y alegó que el traslado obedecía a necesidades de servicio y reorganización.

Estando pendientes los procedimientos en dicho tribunal, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Rosselló González, mediante la Orden Ejecutiva DE-1995-10 del 26 de enero de 1995, ordenó la reubicación de los empleados de la Compañía y el Departamento a las dependencias de sus respectivas agencias, eliminando la práctica hasta entonces vigente de entremezclar empleados de ambas agencias en las distintas dependencias. El 15 de febrero de 1995, se le informó al Sr. Huertas Alicea que de acuerdo con lo pautado en la referida orden ejecutiva, estaba siendo trasladado nuevamente al Balneario de Punta Guilarte.

El Sr. Huertas Alicea impugnó este nuevo traslado por considerar que no lo colocaba en las mismas condiciones de empleo que antes tenía, ya que siendo él un Funcionario Ejecutivo III, quedaba bajo la supervisión del Sr. Conde Navarro, Funcionario Ejecutivo II. A petición del Sr. Huertas Alicea, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución y Orden paralizando el nuevo traslado al balneario en Arroyo.

Dicho tribunal consideró que la Compañía no controvirtió la presunción de discrimen de la Ley Núm. 382, y estimó que la prueba presentada demostraba que el Sr. Huertas Alicea ocupaba una posición prominente en el Partido Popular. Concluyó que el traslado obedeció a la afiliación política del Sr. Huertas Alicea y que el mismo había sido discriminatorio, arbitrario e innecesario. Estimó los daños en $10,000.00, cantidad a la cual se aplicaría la penalidad de la doble compensación que procedía, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 382, 29 L.P.R.A. sec. 136 y el artículo 1 de la Ley 100, 29 L.P.R.A. sec. 146. Ordenó también la reposición del Sr. Huertas Alicea a la posición de Administrador del Balneario Punta Guilarte, con todas las funciones y prerrogativas correspondientes al cargo que ocupaba antes del traslado.

Inconforme con este dictamen la Compañía acudió al Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI de Caguas, Humacao y Guayama, el cual revocó la sentencia emitida por el tribunal de instancia. Determinó que para la fecha en que se le remitió al Sr. Huertas Alicea la carta del traslado, la Compañía no era una instrumentalidad pública que operaba como negocio o empresa privada por lo cual no le aplicaban las disposiciones y remedios de la Ley 382 y de la Ley 100. Determinó que la Compañía estaba sujeta en ese momento al control administrativo del Administrador de Parques y Recreos Públicos, y que carecía de autonomía fiscal y presupuestaria.

II.

A los fines de lograr una interpretación armoniosa de ambos estatutos y de evitar un conflicto en cuanto a quién constituye patrono bajo estas dos leyes, determinamos en Cardona Zayas, supra, que la definición de patrono incluida en la Ley Núm. 100, ley posterior, debe prevalecer sobre la de la Ley Núm. 382, ley anterior. Ambos estatutos aplicarán en aquellos casos en que el patrono gubernamental querellado sea una agencia o instrumentalidad del gobierno que opere como negocio o empresa privada.

La Ley 100 no define los términos "negocio" o "empresa privada". Para determinar que significa "aquellas agencias o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico que operen como negocios o empresas privadas" al amparo de la Ley 100 y de la Ley 382, debemos acudir al historial legislativo de la Ley 100 y a su jurisprudencia interpretativa.

A la luz del historial legislativo de la Ley 100 queda claro que la intención de la Asamblea Legislativa fue que bajo el término patrono se incluyeran a todas las corporaciones públicas de nuestro esquema gubernamental. Nos corresponde pues, analizar si la Compañía de Fomento Recreativo cumple con los requisitos de una corporación pública.

Hoy en día las corporaciones públicas ocupan un lugar intermedio entre una autoridad pública pura y una Compañía privada. Reciben mediante su estatuto habilitador cierto grado de independencia económica y administrativa. El estado escoge la figura de la corporación pública, como herramienta para implantar una política pública en particular, cuando determina que por ese medio es el que con más alta probabilidad de eficiencia puede llevar a cabo un programa o servicio.

Así lo hemos reconocido en nuestras decisiones anteriores. En Canchani v. C.R.U.V., 105 D.P.R. 352 (1976), determinamos que la entonces Administración de Parques y Recreos Públicos de Puerto Rico, era una agencia o instrumentalidad gubernamental que ejercía sus funciones en representación del Gobierno de Puerto Rico y no una corporación pública. Para llegar a esta determinación analizamos la ley habilitadora de dicha agencia y establecimos unos criterios a examinarse en el proceso de determinar si una entidad gubernamental es o no una corporación pública. Dichos criterios incluyen: poseer ingresos propios; tener autonomía fiscal para realizar préstamos, emisión de bonos y cuentas bancarias; poseer propiedades; contar con una Junta de Directores; poder aceptar donaciones; y tener capacidad para concertar acuerdos o contratos.

Posteriormente ampliamos estos criterios e incluimos otros factores a considerarse. En A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437 (1976) dictaminamos que un tribunal debe examinar en cada caso la conjunción de los siguientes factores: si los empleados de la agencia están cubiertos por la Ley de Personal del Estado Libre Asociado; si los servicios prestados por la agencia, por su naturaleza intrínseca, nunca han sido prestados por la empresa privada; si la agencia está capacitada para funcionar como una empresa o negocio privado; si la agencia de hecho funciona como una empresa o negocio privado; el grado de autonomía fiscal de que disfruta la agencia; el grado de autonomía administrativa de que goce; si se cobra o no un precio o tarifas por el servicio rendido (precio que debe ser básicamente equivalente al valor del servicio); si los poderes y facultades concedidos en la ley orgánica de la agencia la asemejan fundamentalmente a una empresa privada; si la agencia tiene o no la capacidad para dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o a actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario.

Determinamos que además de estos criterios pueden considerarse otros: la estructura en sí de la entidad; la facultad de la agencia para demandar y ser demandada ilimitadamente; el poder obtener fondos propios en el mercado de valores a base de su récord económico y sin empañar el crédito del Estado Libre Asociado; la facultad de adquirir y administrar propiedades sin la intervención del Estado; el punto hasta donde el reconocimiento a los trabajadores de los derechos a que se refiere el primer párrafo de la Sec. 18 [de la Constitución de P.R.]concuerda o no con el esquema constitucional. Resolvimos también que ningún criterio es por sí solo determinante y que hay que examinar la conjunción de los diversos factores existentes. A.A.A. v. Unión de Empleados A.A.A., supra a las págs. 455-56.

Aunque los criterios elaborados en A.A.A. v. Unión de Empleados de A.A.A., supra, fueron establecidos con el propósito de definir el término "agencia o instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico que opera como negocio o empresa privada" en el contexto constitucional de las secciones 17 y 18 del Artículo II de nuestra Constitución, hemos ido extendiéndolos a la interpretación de las leyes que tienen términos similares.

Hoy nos corresponde determinar si la Compañía es una corporación publica a los fines de estar incluida en la definición de patrono de la Ley 100 y la Ley 382. El análisis a seguirse es acudir en primer lugar a su estatuto orgánico, es decir a su fundamento legislativo, para determinar cuáles han sido los poderes otorgados a dicha entidad y la estructura fiscal y administrativa conferidas por dicho estatuto. En segundo lugar, nos corresponde analizar si los poderes otorgados a dicha Compañía satisfacen los criterios jurisprudenciales anteriormente esbozados. Pagán v. E.L.A., supra a las págs. 10006-10008.

IV.

Posteriormente mediante las Leyes Núm. 127 de 13 de junio de 1980 y Núm. 9 de 23 de julio de 1985 se enmendó el artículo 3 y se aclaró la gran amplitud del ámbito de acción de la Compañía:

1. Desarrollar facilidades físicas para ofrecer a los habitantes de Puerto Rico medios para su recreo y expansión.
2. Planificar, diseñar, construir, arrendar, operar, mantener y conservar instalaciones y facilidades recreativas y deportivas.
3. Vender, facturar y cobrar, por los servicios que se presten, a otras agencias, municipios y organismos gubernamentales cuasipúblicos y privados; incluyendo servicios prestados a comités, federaciones y asociaciones deportivas y recreativas.
4. Dedicar sus recursos al desarrollo de cualquier actividad o empresa que promueva, directa o indirectamente, los medios para el recreo y la expansión del pueblo. 15 L.P.R.A. sec. 503.

De este historial es evidente que la intención legislativa fue conceder amplias y abarcadoras facultades a la Compañía con el fin de que pueda llevar a cabo adecuadamente las funciones encomendadas. También queda claro que la Asamblea Legislativa rechazó la posibilidad de que se diese una interpretación limitada y estrecha a dichas facultades.

Entre las facultades concedidas por la Ley Orgánica de la Compañía hay algunas que nuestra jurisprudencia ha determinado que son de particular importancia al momento de determinar si una entidad gubernamental opera como un negocio o empresa privada. Entre éstas se destacan aquéllas que proveen para un funcionamiento independiente en el área administrativa y en el área fiscal.

Del análisis anterior es evidente que la Ley Orgánica de Fomento Recreativo al momento de los hechos otorgaba a la Compañía una serie de poderes y facultades que satisfacen los criterios establecidos por nuestra jurisprudencia para determinar si una entidad gubernamental es una corporación pública. Canchani v. C.R.U.V., supra. Los mismos también satisfacen los criterios jurisprudenciales utilizados para determinar si una agencia o instrumentalidad gubernamental opera como negocio o empresa privada. A.A.A. v. Unión de Empleados A.A.A., supra.

El Tribunal de Circuito de Apelaciones consideró determinante al concluir que la Compañía no era patrono para propósitos de la Ley 100 que al momento de ocurrir el traslado impugnado, el estatuto orgánico de la Compañía disponía que la misma estaba "bajo el control administrativo del Administrador de Parques y Recreos Públicos", y que no fue hasta que entró en vigor la Ley Núm. 90 de 17 de noviembre de 1993 que se cambió el lenguaje de la ley habilitadora de la Compañía, para consignar que dicha Compañía estaba adscrita al Departamento de Recreación y Deportes. Sin embargo, un análisis de la posición que ocupa la Compañía dentro el organigrama gubernamental confirma que la misma operaba como una corporación pública independiente al momento de los hechos. Veamos.

El Art. 4(a) de la Ley Orgánica de Fomento Recreativo expresamente dispone que se crea una corporación pública como instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado, bajo el nombre de Compañía de Fomento Recreativo. 15 L.P.R.A. sec. 504(a). El art. 4(b) de dicha ley disponía, en su versión original, que la Compañía estaría sujeta al control administrativo del Administrador de Parques Y Recreos Públicos. 15 L.P.R.A. sec. 504(b).

Sin embargo, en 1980, con motivo de la creación del Departamento de Recreación y Deportes mediante la Ley 126 de 13 de junio de 1980, se le adscribió la Compañía a dicho Departamento. Se enfatizó acto seguido, en la propia ley, que la Compañía continuaría funcionando como corporación pública con las funciones y disposiciones señaladas por disposición de ley. Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980, artículo 9; 3 L.P.R.A. sec.42h. Sorprendentemente, no es hasta las enmiendas de la Ley Núm. 90 de 17 de noviembre de 1993, que se enmienda el artículo 2 de la Ley Orgánica de Fomento Recreativo para reflejar este cambio, vigente desde 1980, en virtud de la Ley Orgánica del Departamento.

El tribunal apelativo en su análisis, pasó por alto que en virtud de la Ley Orgánica que creó el Departamento de Recreación y Deportes, la Compañía había cesado de estar "bajo el control administrativo del Administrador de Parques y Recreos Públicos" y había quedado adscrita al Departamento desde la creación del mismo en 1980. Este era el estado de derecho vigente el 1 de marzo de 1993, cuando ocurre el traslado impugnado.

En el caso de autos, un análisis del artículo 9 de la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, 3 L.P.R.A. sec.42h, claramente refleja que la intención legislativa al adscribir la Compañía al Departamento de Recreación y Deportes no fue suprimir la naturaleza corporativa de la Compañía, ni alterar su condición previa. Dispone el mismo que: "Dicho organismo continuará funcionando como corporación pública con las funciones y programas que se le han señalado por disposición de ley".

V.

Una vez concluido que la Compañía es una corporación pública y a su vez una agencia o instrumentalidad que opera como negocio o empresa privada y por lo tanto un patrono para los fines de la Ley 100 y la Ley 382, procede examinar si hubo discrimen por razones políticas al amparo de estas leyes.

En Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486,506 (1990), determinamos específicamente que la conclusión de hechos del tribunal sentenciador, con base en la prueba, de que un demandante fue discriminado por razones políticas merece gran deferencia en apelación o revisión en ausencia de circunstancias extraordinarias de error manifiesto, pasión, perjuicio o parcialidad. Acosta & Rodas Inc. v. PRAICO, 112 D.P.R. 583, 608 (1982).

De los hechos alegados por las partes, y creídos por el Tribunal de Primera Instancia, se desprende que el Sr. Huertas Alicea alegó y probó que era una persona reconocida dentro del Partido Popular Democrático y que fue asignado a un nuevo puesto donde sus labores eran prácticamente inexistentes. También demostró que fue sustituido por una persona miembro del Partido Nuevo Progresista, el cual pertenecía a una escala inferior dentro de la escala de personal de la Compañía. Además quedó probado que el traslado del demandante se llevó a cabo en marzo de 1993, dentro de los seis meses después de las elecciones generales en noviembre de 1992. Estos hechos, creídos por el Tribunal sentenciador, son suficientes para activar la presunción de discrimen que proveen los Artículos 1 y 2 de la Ley 382:

La Compañía por su parte alegó que el Sr. Huertas Alicea seguía teniendo el mismo sueldo y que su traslado obedeció a necesidades de servicio. No presentó prueba que explicara cuáles eran estas necesidades de servicio, ni cómo, con el traslado, se lograba una mejor utilización de los recursos de la Compañía.

Hemos establecido que simples alegaciones no sirven para rebatir la presunción de discrimen activada por las alegaciones y la prueba del demandante. Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982); Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972); Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc. , 114 D.P.R. 42 (1983). La prueba presentada por el Sr. Huertas Alicea y creída por el Tribunal de Primera Instancia estableció una presunción de discrimen político que no fue rebatida por la Compañía.

Por los fundamentos antes expuestos resolvemos que la Compañía de Fomento Recreativo es una agencia o instrumentalidad que opera como negocio o empresa privada para fines de la Ley 382 y la Ley 100. Resolvemos también que se activó la presunción de discrimen de la Ley 382 la cual no fue rebatida por la Compañía. Procede revocar la decisión del Tribunal de Circuito de Apelaciones, y confirmar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en su totalidad.

Se dictará la sentencia correspondiente.

FEDERICO HERNANDEZ DENTON

Juez Asociado

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 1998.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte de la presente, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y se confirma en su totalidad la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Negrón García concurre sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri aunque está de acuerdo en que en el caso de autos hubo discrimen por razones políticas, por lo cual el traslado del empleado fue ilegal e inválido, disiente respecto a la aplicación aquí de la Ley 100 del 30 de junio de 1959. El Juez Asociado señor Corrada del Río disintió sin opinión escrita.