98TSPR152

Número del Caso: CP-96-1

Abogados de la Parte Querellante: HON. CARLOS LUGO FIOL

PROCURADOR GENERAL

LIC. CYNTHIA IGLESIAS QUIÑONES

PROCURADORA GENERAL AUXILIAR

Abogados de la Parte Querellada: LIC. PRISCILA MOREIRA AVILLAN

LIC. LUIS BLANCO MATOS

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia:

Juez del Tribunal de Primera Instancia:

Tribunal de circuito de Apelaciones:

Juez Ponente:

Fecha: 11/13/1998

I

De las determinaciones de hechos realizadas por el Comisionado Mangual Hernández se desprende que el Lcdo. Moreira Avillán fue contratado por el Lcdo. Ralph J. Rexach, del Bufete Rexach & Picó, para que autorizara unas escrituras relacionadas con el cierre de las ventas de unas casas en una urbanización desarrollada en Gurabo por la L & S Gurabo Corporation.

De conformidad con lo anterior, el Lcdo. Moreira Avillán compareció el 5 de marzo de 1987 a las oficinas de R & G Mortgage Corp. para autorizar las escrituras número 73, 74 y 75, en las cuales aparecía como compradora las Sra. Pacheco Martínez.

Con posterioridad a que se otorgara la escritura número 73, el Lcdo. Moreira Avillán se trasladó a la urbanización Parque Las Américas, donde reside la Sra. Pacheco Martínez, con el propósito de entregarles copia de escrituras similares de segregación y compraventa a otras personas que habían adquirido propiedades en dicha urbanización. A la Sra. Pacheco Martínez no le entregó copia de su escritura.

Por otra parte, el Comisionado determinó que, para la fecha del otorgamiento de la escritura de compraventa en controversia, el Lcdo. Moreira Avillán tenía conocimiento de que en el Registro de la Propiedad aparecía un gravamen consistente en una hipoteca por la cantidad de $1,381,173.00 a favor de Puerto Rico Housing Corporation, el cual no había sido cancelado. En la escritura, el Lcdo. Moreira Avillán hizo constar que la propiedad estaba libre de gravámenes, excepto por ciertas condiciones restrictivas de uso y edificación y por las servidumbres de utilidades públicas que pudiesen surgir del Registro de la Propiedad.

Así las cosas, en 1991 la Sra. Pacheco Martínez solicitó del Lcdo. Moreira Avillán copia de la escritura pública número 73 y éste le entregó una que contenía solamente su rúbrica y signo en el primer folio. Posteriormente, a través de la Oficina de Inspección de Notarías, la Sra. Pacheco Martínez consiguió una segunda copia que contenía en la primera página las iniciales S.P.M., las cuales Pacheco Martínez niega haber escrito. Además, la quejosa se percató de que el título de la escritura se había cambiado porque se había omitido la palabra "liberación".

Resulta importante señalar que el Sr. Maldonado Rivera, perito examinador de documentos dudosos del Instituto de Ciencias Forenses, rindió dos informes en el presente caso. Para preparar el primer Informe, fechado 6 de abril de 1994, el Sr. Maldonado Rivera examinó la escritura número 73 directamente del protocolo del Lcdo. Moreira Avillán correspondiente al año de su otorgamiento. Además, su examen pericial incluyó la toma de muestras de escritura tanto de la quejosa como del querellado.

El resultado de su examen es que no se puede llegar a ninguna conclusión definitiva. De acuerdo con la opinión pericial de Maldonado Rivera, es probable que el escritor de las iniciales S.P.M. que aparecen en las muestras de escritura producidas por la querellante no sea el escritor de las iniciales S.P.M. que se encuentran en la primera página de la escritura número 73. El perito expresó, además, que es probable que el autor de las iniciales S.P.M., que aparecen en las muestras de escritura provistas por el querellado, no sea el escritor de las iniciales S.P.M. que aparecen en la primera página de la escritura número 73.

El 20 de octubre de 1994, el Sr. Maldonado Rivera rindió una Informe Suplementario al antes aludido, esta vez para examinar las iniciales de la escrituras número 74 y 75 que, como mencionáramos, también se otorgaron el 5 de marzo de 1987. El resultado de este informe es que tampoco se puede llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, el perito concluyó que existe una alta probabilidad de que el escritor de las iniciales S.P.M. que se encuentran en las escrituras número 74 y 75 no sea el autor de las iniciales S.P.M. que aparecen en la primera página de la escritura número 73. Añade el perito que razones técnicas no permiten eliminar a este escritor, entiéndase, a la querellante.

II

De entrada, enfatizamos que este Tribunal, no está obligado a acoger el informe rendido por un Comisionado Especial; "esto es, podemos adoptar el mismo, modificarlo e, inclusive, rechazarlo". In re López de Victoria Báez, Opinión y Sentencia de 6 de abril de 1994; In re Soto López, Opinión y Sentencia de 5 de abril de 1994; Vélez Ruiz v. E.L.A., 111 D.P.R. 752, 757-758 (1981).

Ello no obstante, hemos sostenido que en ausencia de una demostración de parcialidad, prejuicio o error manifiesto de parte del Comisionado Especial al apreciar la prueba, no alteraremos las determinaciones de hecho que éste realice. In re Soto López, ante; In re Rivera Arvelo, Opinión Per Curiam y Sentencia de 4 de marzo de 1993; In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1, 111 (1991).

Con esto en mente, procedemos a evaluar propiamente los cargos contra el Lcdo. Moreira Avillán.

En la querella presentada por el Procurador General se le imputa al Lcdo. Moreira Avillán no haber recogido las iniciales de los otorgantes de la primera página de la escritura número 73 en el mismo día natural de su otorgamiento. Así también se acusa al querellado de haber participado en la falsificación de las iniciales de la Sra. Pacheco Martínez ubicadas a el primer folio del mencionado instrumento público. En su defensa, el notario querellado arguye que las partes escribieron sus iniciales el mismo día del otorgamiento. Según alega, del Bufete Rexach y Picó le enviaron varias copias extras de la primera página de la escritura por mensajero ese mismo día y fue así como las partes pudieron firmar la mencionada página.

En el caso de autos, el Comisionado no hizo ninguna determinación concreta con relación a la ausencia de iniciales en la escritura número 73. Solamente se limitó a señalar que la Sra. Pacheco Martínez testificó que el notario querellado nunca le avisó para que compareciera ante él a escribir sus iniciales en la primera página. Por su parte, el querellado se sostuvo firme en su posición de que los comparecientes, incluyendo a la quejosa, estamparon sus iniciales en todos los folios del instrumento público dentro del día de su otorgamiento. En ese sentido, únicamente contamos con las versiones encontradas de cada una de las partes.

En cuanto a la alegación de falsificación, el Comisionado Especial tampoco hizo una determinación específica referente a si, a base del testimonio del perito examinador de documentos dudosos, las iniciales en el primer folio de la escritura número 73 fueron falsificadas. En efecto, nunca concluye si este hecho quedó establecido. Más bien, el Comisionado parcamente resumió el informe del perito.

Dada las circunstancias particulares de este caso, resolvemos concederle mayor peso y credibilidad a la versión que de los hechos proveyera el notario querellado. Esto así puesto que el informe del perito lejos de probar que las iniciales fueron falsificadas, exculpa al notario querellado. Resulta ser un dato indiscutible que el perito no pudo concluir, a ciencia cierta y definitivamente, si las iniciales de la querellante eran o no las que aparecían en la primera página de la escritura número 73. El perito, a pesar de haber afirmado que existía una alta probabilidad de que las referidas iniciales no fueran las de la Sra. Pacheco Martínez, nunca descartó que la propia querellante fuera la que estampó sus iniciales. Imputar a una persona haber falsificado una firma en un documento es una acusación seria que debe ser establecida con prueba robusta y contundente. Avalados por una ausencia patente de prueba a tales efectos, y teniendo en mente el más profundo sentido de justicia, no nos queda otra opción que resolver que el Procurador General no logró probar estos cargos.

Por otro lado, y como parte del segundo cargo, el Procurador General alegó que el Lcdo. Moreira Avillán cambió el título de la escritura número 73 para omitir la palabra "liberación" sin informárselo a los comparecientes. Ante nos, el notario querellado argumenta que eliminó del cuerpo de la escritura toda referencia al negocio jurídico de liberación de una hipoteca que gravaba la propiedad comprada por considerar que lo procedente era la cancelación de tal gravamen. Por tal razón, suprimió del título la palabra liberación. Además, alegó que informó de este hecho a los comparecientes.

Considerando que este Tribunal ha sostenido que el título de un instrumento público no es lo material, sino su contenido. Atocha Thom McAn v. Registrador, 123 D.P.R. 571, 583 (1989), y que, una vez más, no existe evidencia, más allá de las versiones contrarias de cada una de las partes, para establecer que el Lcdo. Moreira Avillán omitió informarles este hecho a los comparecientes, concluimos que el cargo no fue cometido.

Lo expuesto dispone de los primeros dos cargos imputados por el Procurador. Réstanos examinar los últimos dos cargos imputados.

III

Arguye, además, el Procurador General que el Lcdo. Moreira Avillán no hizo constar en la escritura número 73 la existencia de todas las cargas que gravaban la propiedad objeto del negocio jurídico. Así también alega que el Lcdo. Moreira Avillán tardó cuatro años en conseguir que las escrituras públicas número 73, 74 y 75 lograran acceso al Registro de la Propiedad, habiéndose comprometido a inscribirlas. Tiene razón.

En Goenaga v. O´Neill de Milán. 85 D.P.R. 170, 194 (1962), expresamos que el notario que autoriza una escritura no puede ignorar el estado registral de la propiedad sobre la cual las partes otorgan la escritura a la fecha del otorgamiento. En Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 443-444 (1984), reconocimos que:

Por tal razón, hemos resuelto que un abogado-notario que autoriza una escritura de compraventa y hace constar en dicha escritura que la propiedad estaba libre de cargas y gravámenes, hecho contrario a la realidad registral, viola la fe pública notarial y el Canon 35 de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. In re Ramos Méndez y Cabiya Ortiz, 120 D.P.R. 796, 797 (1988).

Ahora bien, en In re Ramos Méndez y Cabiya Ortiz, ante, ante, expresamos que procedía sancionar al abogado-notario que incurriera en tal conducta mediante una amonestación si se suscitaban las siguientes circunstancias atenuantes: (1) que los hechos demuestren que no hubo mala fe ni intención de engañar de parte del querellado; (2) que una vez se percató del error y de las consecuencias adversas para el querellante, el notario desplegó gran diligencia en lograr corregir y subsanar el mismo, y (3) que el querellante exprese que no tiene interés en ulteriores procedimientos en relación con el notario querellado.

En el presente caso, el Lcdo. Moreira Avillán manifestó que, de forma verbal, le había indicado a los comparecientes que L & S Gurabo Corp. había saldado el préstamo de construcción con el acreedor hipotecario, que en aquel momento era el Banco de la Vivienda. Debe señalarse, que el referido Banco procedió a endosar el pagaré hipotecario representativo del préstamo de construcción a favor de L & S Gurabo Corp. para la cancelación y que, en lugar de proceder a la cancelación, L & S Gurabo Corp. negoció dicho pagaré hipotecario y lo entregó en prenda al Banco Nacional.

De todos estos acontecimientos, alega el notario querellado, se enteró al intentar efectuar la liberación de una de las unidades vendidas y de inmediato comenzó las gestiones para proceder a liberar las casas vendidas. Al parecer, L & S Gurabo Corp. había negociado el pagaré al Banco Nacional con el compromiso de que éste liberaría gratuitamente las restantes unidades de viviendas del pagaré, ya que el acuerdo era que su garantía hipotecaria estaría limitada al remanente de la finca donde se había desarrollado la urbanización y no recibiría suma alguna del producto de la venta de las unidades de vivienda.

Esas gestiones con el Banco Nacional culminaron con el otorgamiento de la escritura número 2 el 26 de agosto de 1988 ante el Lcdo. Rexach sobre liberación de hipoteca. Sin embargo, tal escritura no pudo ser inscrita porque se omitió expresar que la liberación era gratuita. Luego de varias divergencias con los directores del Banco Nacional, ajenas y fuera del control del Lcdo. Moreira Avillán, el Lcdo. Rexach autorizó, el 20 de febrero de 1991, la escritura número 3 sobre aclaración. Fue entonces cuando la escritura de la querellante logró acceso al Registro de la Propiedad.

Ello no obstante, al otorgar la escritura número 73, el Lcdo. Moreira Avillán lo hizo dando fe de que no había más cargas que las que se hacían constar en los incisos 2, 3, y 4 de la propia escritura, sobre restricciones de uso y edificación y servidumbres de utilidades públicas. A tenor con todo lo antes expuesto, no cabe duda que al no hacer constar el gravamen hipotecario, el Lcdo. Moreira Avillán no actuó con el debido cuidado al ejercer su función notarial. Mas, los hechos también demuestran que no hubo mala fe ni intención de engañar de parte del notario querellado y que cuando éste se percató de que el pagaré hipotecario había sido negociado nuevamente, desplegó gran diligencia en lograr liberar las propiedades del gravamen. Así también milita a favor del querellado el hecho de que la Sra. Pacheco Martínez compareció ante nos expresando que no tenía interés en proseguir los procedimientos en relación con el querellado. Al tomar en consideración todas estas circunstancias atenuantes y su buen historial previo, resolvemos únicamente amonestar al abogado-notario Moreira Avillán, apercibiéndolo de que en el futuro deberá observar, con mayor rigor, los preceptos notariales.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LOPEZ

Juez Asociado

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 13 de noviembre de 1998

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente, este Tribunal decide únicamente amonestar al abogado-notario Moreira Avillán, apercibiéndolo de que en el futuro deberá observar, con mayor rigor, los preceptos notariales.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados señor Negrón García y señor Fuster Berlingeri no intervinieron.