98TSPR164

Número del Caso: CC-98-263

Abogados de la Parte Peticionaria: Lic. Rafael Rivera Rosa

Abogados de la Parte Recurrida: Lic. Alberto G. Estrella

William Estrella Law Offices, PSC

Abogados de la Parte Interventora:

Tribunal de Instancia: Superior, Sala de Guayama

Juez del Tribunal de Primera Instancia: Hon. Dante Amadis Rodríguez Sosa

Tribunal de circuito de Apelaciones: Circuito Regional VI de Caguas, Humacao , Guayama, Panel 1

Juez Ponente: Hon. Brau Ramírez

Fecha: 12/9/1998

Revisamos una sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante la cual dicho foro apelativo intermedio confirmó la decisión del tribunal de instancia de desestimar la acción de daños radicada por la parte demandante, aquí peticionaria, por entender que la misma había prescrito.

El referido foro apelativo intermedio resolvió que la carta enviada por la demandante a la parte demandada no interrumpió el término prescriptivo aplicable por no cumplir con todos los requisitos de una reclamación extrajudicial. Expuso, además, el Tribunal de Circuito de Apelaciones que, aun cuando dicha misiva hubiera interrumpido el término, la demanda se radicó más de un año después de finalizado el nuevo término de prescripción aplicable, por lo que en cualquier caso la causa de acción se hallaba prescrita. Confirmamos.

I

En nuestra jurisdicción, de carácter civilista, la prescripción es una institución de derecho sustantivo, no procesal, que se rige por las disposiciones del Código Civil y que constituye una de las formas de extinción de las obligaciones. El fundamento detrás de dicha institución es evitar la incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en el ejercicio de los derechos ya que el transcurso del período de tiempo establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, da lugar a una presunción legal de abandono. Galib Frangie v. El Vocero, Opinión y Sentencia de 6 de junio de 1995; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 140 (1992); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991).

Ahora bien, la ley dispone y la jurisprudencia ha interpretado que los términos prescriptivos pueden ser interrumpidos. A esos efectos, el Artículo 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303, establece que:

"La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor." (Enfasis suplido.)

Como podemos notar, la transcrita disposición legal establece tres medios de interrupción de la prescripción. El efecto de estos mecanismos de interrupción es que el plazo de prescripción debe volver a computarse por entero desde el momento en que se produce el acto que interrumpe. Díaz de Diana v. A.J.A.S., 110 D.P.R. 471 (1980). Analicémoslos uno a uno.

El primer acto interruptivo de la prescripción es, sin lugar a dudas, el ejercicio de la acción ante los Tribunales, es decir, la radicación de la demanda antes de la finalización del término establecido por ley para el ejercicio de la acción.

En segundo lugar, el Código Civil dispone que se interrumpirá el término prescriptivo a través de lo que se ha denominado una reclamación extrajudicial. Nuestra jurisprudencia interpretativa de dicho modo de interrupción es extensa y lo ha definido como la manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo. Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655 (1966); De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238 (1985); Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582 (1990); Zambrana v. E.L.A., supra.; García Aponte v. E.L.A., Opinión y Sentencia de 8 de febrero de 1994; Galib Frangie v. El Vocero, supra; Martínez Arcelay v. Peñagarícano Soler, Opinión y Sentencia de 18 de marzo de 1998.

"[L]a prescripción extintiva está basada en una presunción ‘iuris tantum’ de abandono, que admite prueba en contra; la existencia de una voluntad manifestada y probada, contraria a la prescripción, destruye aquella presunción, quedando impedida su consumación."

Aunque hemos reiterado que la reclamación extrajudicial no debe tener una forma determinada, véase Acosta Quiñones v. Milton Matos Rodríguez, Opinión y Sentencia de 5 de abril 1994, en Galib Frangie v. El Vocero, supra, página 922, hemos enumerado los requisitos que debe cumplir una reclamación extrajudicial para que la misma constituya una interrupción de la prescripción. Dichos requisitos son los siguientes:

1. La reclamación debe ser oportuna, lo cual requiere que se realice antes de la consumación del plazo;
2. Es necesaria la legitimación del reclamante. Ello requiere que la reclamación se haga por el titular del derecho o acción cuya prescripción quiere interrumpirse. Ahora bien, este requisito no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse que el representante voluntario o legal del titular también puede formular la reclamación e interrumpir así la prescripción. Srio. del Trabajo v. F.H. Co. Inc., 116 D.P.R. 823, 827 (1986); Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra.
3. Se requiere también la idoneidad del medio utilizado para realizar la reclamación.
4. Por último, debe existir identidad entre el derecho reclamado y aquél afectado por la prescripción. Según dijimos en Galib Frangie v. El Vocero, supra, "[e]l elemento de identidad ha sido definido como una ‘auténtica exigencia de la efectividad de la deuda’...".

Por último, hemos establecido que recae sobre el titular del derecho, que alega que interrumpió la prescripción, la carga de la prueba de que existió una reclamación extrajudicial que cumplió con todos los requisitos exigidos. Acosta Quiñones v. Milton Matos Rodríguez, supra.

Analizamos, por último, el tercer mecanismo de interrupción de la prescripción: el reconocimiento de deuda por el deudor. Hemos interpretado que el reconocimiento de deuda tiene que ser realizado por el deudor, de forma espontánea y con la específica intención de reconocer la existencia de un derecho en su contra. Agosto Ortiz v. Municipio de Río Grande, Opinión y Sentencia de 20 de mayo de 1997. Como podemos observar, serán necesarios los mismos requisitos que en las reclamaciones extrajudiciales. Es decir, se requiere también (a) la oportunidad del reconocimiento, (b) que lo haga la persona legitimada para ello, es decir, el propio deudor, (c) que se reconozca exactamente el derecho afectado por la prescripción y (d) que el medio utilizado para tal reconocimiento de deuda sea uno idóneo, mediante el cual se exprese claramente la intención de admitir la vigencia de la deuda.

En ese sentido, hemos reiterado en innumerables ocasiones que no puede considerarse como un reconocimiento de deuda aquellas conversaciones y gestiones mantenidas entre las partes en el seno de una posible transacción. Así, en Acosta Quiñones v. Milton Matos Rodríguez, supra, en la página 11759, nos expresamos como sigue:

"La regla sobre el alcance de conversaciones y ofertas de transacción es que ‘...el hecho de que un litigante haga ofertas de transacción o de arreglo antes del pleito o durante su tramitación, nunca puede estimarse por sí solo como un reconocimiento, y a lo sumo lo que significa es que desea evitar el pleito o su continuación, por lo que tal clase de prueba nunca debe ser permitida por los tribunales’. Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., supra."

Una vez analizado el marco legal y jurisprudencial que rige la doctrina de la prescripción extintiva y sus modos de interrupción, pasamos a aplicarlo a los hechos del caso.

II

Conforme los hechos del presente caso, el 15 de mayo de 1995 se produjo el accidente del que surgió la posible responsabilidad de Wal-Mart. Desde ese momento, comenzó a "correr" el término prescriptivo de un (1) año que establece el Código Civil, ya que desde dicha fecha la lesionada sabía o debió saber que había surgido a su favor una causa de acción, puesto que conocía el daño y su elemento causante. Así pues, de no existir ninguna interrupción de dicho término, la causa de acción de la Sra. González en contra de Wal-Mart por las lesiones sufridas habrían prescrito el 15 de mayo de 1996, es decir, justo un año después de la producción del accidente.

Aun cuando consideráramos -–a los fines de la argumentación-- que dicha misiva efectivamente constituyó una reclamación extrajudicial, el término de un (1) año hubiera empezado a contar de nuevo en tal día, por lo que la acción hubiese prescrito el 3 de julio de 1996. Teniendo en cuenta que la demandante no volvió a interrumpir el término prescriptivo, ya que la segunda carta enviada a la aseguradora estaba fechada el 22 de septiembre de 1996, es decir, con posterioridad a la finalización de este nuevo término, la causa de acción se hallaba, de todas formas, prescrita al momento de la radicación de la demanda. Ésta se instó el 21 de octubre de 1996, casi cuatro meses más tarde de la fecha de prescripción --3 de julio de 1996--, por lo que actuó correctamente el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la acción por hallarse prescrita.

Tal como hemos señalado en la exposición de derecho, este Tribunal ha resuelto que aquellas manifestaciones, gestiones, o incluso ofertas que el deudor haga al acreedor en el seno de la negociación de una posible transacción, no pueden considerarse como un reconocimiento de deuda. Dicho reconocimiento de deuda debe contener una intención específica y clara de admitir la vigencia del derecho en su contra. Una lectura de las cartas enviadas por Claims Manegement a la Sra. González Rodríguez hace patente que la única intención de la aseguradora era recabar información que le permitiera investigar la realidad de los hechos; ello no constituye un reconocimiento de deuda.

Se señala, por último por la peticionaria, que en la segunda misiva recibida por ella, Claims Manegement reconoció que el último contacto que tuvieron fue el 20 de marzo de 1996. Como hemos expuesto anteriormente, corresponde al titular del derecho probar que se ha producido un acto interruptivo de la prescripción. El mero hecho de que Claims Manegement señalara el 20 de marzo como el último contacto, no constituye prueba de que en dicho contacto se produjo una reclamación extrajudicial o un reconocimiento de deuda.

Por todo lo anterior, debemos concluir que, aún en el caso de entender que la carta del 3 de julio de 1995 interrumpió la prescripción, la demanda fue radicada casi tres (3) meses más tarde de la fecha máxima para ejercitar la acción, por lo que se hallaba prescrita.

Aunque estamos conscientes de las lesiones sufridas por la Sra. González Rodríguez, no podemos eludir la importancia que en nuestro ordenamiento jurídico tiene la figura de la prescripción extintiva. Los demandantes y sus representantes legales tienen el deber de ser diligentes en el ejercicio de los derechos. Cuando se incumple dicho deber, los tribunales deben ser rigurosos en la aplicación de la doctrina de la prescripción extintiva.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Hernández Denton concurre en el resultado sin opinión escrita. Los Jueces Asociados señores Negrón García y Fuster Berlingeri emitieron opiniones disidentes. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón disiente sin opinión escrita.

Isabel Llompart Zeno

Secretaria del Tribunal Supremo

San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 1998

I

La carta enviada por la representación legal de la Sra. Luz M. González Rodríguez el 3 de julio de 1995 a la compañía Claims Management, Inc. constituyó una verdadera reclamación extrajudicial que interrumpió el término prescriptivo.

De su faz, esta reclamación reúne todos los requisitos de un acto interruptor de la prescripción. Fue oportuna, el 3 de julio de 1995, a los dos y medio meses de ocurrido el accidente. Realizada por el titular de la acción, su abogado. El medio utilizado fue idóneo: comunicación escrita. Identificó la auténtica exigencia de la efectividad de la deuda. Fue dirigida a Claims Management, compañía ajustadora que procesa las reclamaciones de los clientes de las tiendas Wal-Mart. Expuso las acciones y omisiones que crearon una situación peligrosa para los clientes del establecimiento, la caída de la reclamante, sus daños y situación física en ese momento: sometida a tratamiento médico. Esta información le fue brindada a la compañía ajustadora a modo de reclamo. ¿Qué otra voluntad, sino la de hacer un reclamo se deriva de sus términos: a través de su representación legal, informa a la compañía los daños que padece debido a la negligencia de Wal-Mart (compañía a la que ellos representan). No cuantificó daños específicos por una razón: para el 22 de septiembre de 1996, continuaba recibiendo tratamiento médico por las lesiones sufridas y no existía aun siquiera un informe médico preliminar.

Estamos, pues, ante una reclamación: la auténtica exigencia de un derecho, en este caso, la indemnización por los daños sufridos. No debemos requerir formas donde la ley no lo exige: lo importante es aceptar como reclamación extrajudicial "siempre que la conciencia social estime que se trata de una conducta en la que, con más o menos suavidad, o de forma más o menos tajante o apremiante, se muestre la decisión de obtener el pago." M. Albaladejo, Comentario al Artículo 1973 del Código Civil, Revista de Derecho Privado, págs. 989 y ss. (1977).

La propia razón doctrinal de la institución de la prescripción nos obliga a concluir que la reclamación y gestiones de la representación legal de la Sra. González Rodríguez y la Claims Management, Inc., interrumpieron y su acción ante el tribunal de instancia no está prescrita. Nos explicamos.

II

La prescripción es una institución de derecho sustantivo consagrada en el Código Civil, fundada en la seguridad jurídica, -Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 588 (1990); Galib Frangie v. El Vocero, res. en 6 de junio de 1995- que se configura cuando los sujetos de una relación jurídica permanecen inactivos, esto es, en silencio en la relación jurídica. De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238, 245 (1985). Las presunciones atribuibles a ese silencio (abandono, renuncia, etc.) realmente no son el fundamento de la prescripción; éste se encuentra en la exigencia impuesta por la seguridad jurídica de que las relaciones jurídicas se extingan cuando permanecen durante un plazo de tiempo inactivas. G. Orozco Pardo, La Interrupción de la Prescripción Extintiva en el Derecho Civil, Universidad de Granada, 1986, pág. 22.

Los requisitos necesarios para que normalmente pueda invocarse con éxito la prescripción son: 1) existencia de un derecho que pueda verse afectado por la prescripción y que se encuentre en situación de poder ser ejercitado; 2) ausencia de una voluntad manifiesta contraria a la prescripción, es decir que en la relación jurídica no se produzca una ruptura del silencio; que la inactividad sea continua; 3) y, por último, el transcurso del plazo señalado por ley para cada caso concreto. G. Orozco Pardo, op. cit., págs. 39-42.

Ahora bien, merece destacarse que aunque la inactividad y el tiempo son los requisitos de la prescripción, es la voluntad humana a la cual el ordenamiento jurídico le asigna efectos. Así, a modo de polos opuestos, si la prescripción nace de una conducta inactiva, la interrupción se origina a partir de un comportamiento activo por parte de alguno de los sujetos, que manifiesta su voluntad de actuar. La interrupción se basa en un hecho que supone la contradicción de la esencia misma de la prescripción: la actividad del derecho, el dialogo en la relación jurídica. Zambrana Maldonado v. E.L.A., -------------. Al decir de Díez Picazo, "[s]i algún acontecimiento llega a romper de alguna manera este silencio, es claro que la prescripción no debe producirse. Si algo anuncia que el derecho sigue vivo, que va a ser ejercitado o simplemente que puede serlo, la pretensión del titular del derecho no será nunca intempestiva ni, por ello, inadmisible." L. Díez-Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 94.

Por su parte, Orozco Pardo define la interrupción como "toda actividad oportunamente realizada por un sujeto legitimado para ello, que manifiesta, expresa o tácitamente, la inequívoca voluntad de ejercitar, conservar o reconocer el derecho, impidiendo su prescripción e inutilizando el tiempo transcurrido para el cómputo del plazo de la misma" G. Orozco Pardo, op. cit., pág. 63. Esta definición recoge los requisitos jurisprudenciales para que el acto interrumpa el término prescriptivo, a saber, reclamación oportuna antes de la consumación del plazo; por el titular del derecho o representante autorizado; a través de un medio idóneo; e identidad entre el derecho reclamado y aquel afectado por la prescripción. Díaz de Diana v. A.J.A.S., 110 D.P.R. 471, 477 (1980); De Jesús v. Chardón, supra; Cintrón v. E.L.A., supra; Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra; Galib Frangie v. El Vocero, supra.

Como la prescripción de un derecho es lo excepcional -siendo su ejercicio o conservación lo normal-, el Artículo 1873 de nuestro Código Civil recoge tres medios de interrupción: ejercicio ante los tribunales, reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de deuda por el deudor. 31 L.P.R.A. sec. 5303.

Confrontados con el significado de reclamación extrajudicial, en Díaz de Diana Diana v. A.J.A.S.., Ins. Co., supra, citando a Díez-Picazo expresamos:

Vemos pues, que en su esencia la reclamación es el acto que rompe con el silencio en virtud del cual la prescripción actúa, manifestando, la reclamación, la vitalidad del derecho. Donde había silencio, inercia, hay ahora dialogo, actividad con lo que la prescripción queda sin razón de operar, quedando su consumación impedida. G. Orozco Pardo, op. cit., pág. 57. En el caso de autos, la Sra. González Rodríguez, rompió el silencio en virtud del cual la prescripción pudo haber actuado.

III

Esa reclamación extrajudicial dio lugar a que la compañía ajustadora procediera a evaluarla y le pidiera el 26 de enero de 1996, la entrega de varios documentos, entre ellos la descripción del incidente según relatado por la víctima, lista de testigos, copias de récords médicos relacionados al accidente, así también como copias de las facturas médicas.

IV

En resumen, unidad en tiempo y continuidad de las comunicaciones entre la representación legal de la peticionaria y la Claims Management, Inc., afirmó la vigencia de la reclamación. Su participación en este proceso extrajudicial necesariamente implicó una clara voluntad de hacer valer su derecho a una indemnización. Estas gestiones distan mucho y no pueden en modo alguno estimarse como un abandono o inercia en el ejercicio de sus derechos: son prueba clara de su intención de ejercitarlos y tuvieron fuerza interruptora.

La peticionaria, Sra. González Rodríguez, inició un proceso de reclamación extrajudicial y así lo entendió la compañía aseguradora. Claims Management, Inc., debe su existencia a procesar reclamaciones. No se dedica a la venta de pasajes o de bienes muebles. No puede por varios meses mantener comunicaciones con un reclamante, pedirle información de versiones, testigos, récords y gastos (equivalente a un descubrimiento de prueba fuera de un tribunal), para luego decir que no tenía ante si una reclamación extrajudicial viva. El principio de buena fe, omnipresente en toda actividad humana, aplica a las aseguradoras.

ANTONIO S. NEGRÓN GARCÍA

Juez Asociado

San Juan, Puerto Rico, a 9 de diciembre de 1998.

Una vez más, la mayoría de este Tribunal confunde su rol y su misión. Veamos.

El 15 de mayo de 1995, como a las 7:15 de la noche, la peticionaria Luz M. González Rodríguez, junto con su hija y su nieta, visitó una sucursal de Wal-Mart en Plaza Guayama Shopping Center para realizar algunas compras. González Rodríguez resbaló mientras salía de uno de los departamentos de dicha sucursal, alegadamente porque el piso de la tienda estaba mojado. Por dicha caída, González Rodríguez sufrió golpes en su pierna y hombro derechos. Fue auxiliada por su hija y por otros clientes.

González Rodríguez notificó lo sucedido a Nick Febles, del Departamento de Servicios al Cliente de la tienda. Este anotó la información sobre el accidente, con el propósito de presentar una reclamación ante la Claims Management, Inc., que es la compañía responsable de atender las reclamaciones por accidentes presentadas por clientes de Wal-Mart. Además, Febles instruyó a González Rodríguez que debía acudir a un médico para que la examinara; y que debía comunicarse con él al día siguiente para verificar si la reclamación aludida ya había sido sometida.

Ese mismo día, González Rodríguez acudió a la Sala de Emergencia de la Clínica Santa Rosa. Se le tomaron radiografías del hombro y la pierna derecha y la espalda. También se le administró una inyección para aliviarle el dolor. Luego de esto, alegadamente, González Rodríguez intentó comunicarse con Claims Management sin éxito.

El 3 de julio de 1995, la representación legal de González Rodríguez envió la siguiente carta a Claims Management:

El 23 de enero de 1996, la oficial de reclamaciones de Claims Management contestó la carta anterior al representante legal de González Rodríguez, en los siguientes términos:

Meses después, el 24 de abril de 1996, la misma oficial de Claims Management le envió la siguiente comunicación al representante legal de González Rodríguez:

El 22 de septiembre de 1996, el representante legal de González Rodríguez envió otra misiva a Claims Management, mediante la cual le notificó que su cliente continuaba recibiendo tratamiento médico por las lesiones sufridas por la caída, y que le había solicitado a sus médicos un informe preliminar sobre su condición, para remitírselo a Claims Management tan pronto fuera posible. Le acompañó, además, un relato detallado del accidente, preparado por la hija de González Rodríguez, quien acompañaba a ésta cuando ocurrió la caída.

Claims Management no contestó esta última misiva de la peticionaria. En vista de ello, González Rodríguez presentó demanda de daños y perjuicios contra Wal-Mart, Inc., el 21 de octubre de 1996, por las lesiones sufridas en el accidente en cuestión.

El 16 de abril de 1997, la parte demandada presentó una moción de desestimación, alegando que la causa de acción había prescrito. Reconoció la parte demandada que sus ajustadores se habían comunicado con el representante legal de la demandante, pero adujo que dichas misivas no habían tenido el efecto de interrumpir la prescripción.

El 5 de diciembre de 1997, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, determinó que la acción de la peticionaria estaba prescrita, por lo que la desestimó.

El 27 de febrero de 1998, el Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó el dictamen de instancia. Inconforme, la peticionaria acudió ante nos oportunamente, mediante solicitud de certiorari. La parte recurrida, además, presentó su oposición a que expidiésemos el recurso solicitado.

II

Como puede observarse, la cuestión ante nos se reduce a determinar si en el caso de autos se interrumpió el período prescriptivo, mediante reclamación extrajudicial, según aduce la parte peticionaria.

Debemos comenzar nuestro análisis tomando como punto de referencia la acertada cita que hicimos del eminente comentarista Diez Picazo, en Zambrana Maldonado v. E.L.A., op. del 30 de enero de 1992, 129 D.P.R. ___, 92 JTS 12.

Conforme a la doctrina civilista, en Puerto Rico ya hemos resuelto claramente que la prescripción extintiva es una institución que "se basa en el imperativo de castigar la inercia en el ejercicio de los derechos", y así "evitar litigios difíciles de adjudicación por la antigüedad de las reclamaciones". Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra; De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238 (1985). Su propósito claro es darle efectividad al tráfico jurídico, evitando que el deudor o sujeto pasivo de una relación jurídica sea indebidamente afectado por las demoras o abandono del titular activo. Ibid. La clara presencia de los aludidos elementos de inercia o abandono son esenciales para que sea justificable moral y jurídicamente una determinación de que en un pleito medió prescripción. Ello debido a que tal determinación, al conculcar la acción para reclamar un derecho, tiene el grave y oneroso efecto de negar la vindicación del mismo. Es por ello que Diez Picazo entiende que una reclamación extrajudicial posee valor interruptivo no importa la forma en que sea hecha, y que Albaladejo juzga similarmente que deben considerarse muchas formas posibles de hacer la reclamación extrajudicial, ..."siempre que la conciencia social estime que se trata de una conducta en la que, con más o menos suavidad, o de forma más o menos tajante o apremiante, se muestre la decisión de obtener el pago." Albaladejo, Comentario al Artículo 1973 del Código Civil, Revista de Derecho Privado, a las págs. 989 y ss. (1977). El fundamental valor jurídico de permitirle a las partes vindicar sus derechos judicialmente requiere esta ilustrada concepción de la reclamación extrajudicial.

Es menester enfatizar la naturaleza excepcional de la prescripción extintiva. Se trata de una figura que pone fin a un derecho: el titular de ese derecho lo pierde; se extingue. Evidentemente, no es de carácter creativo; no persigue fines de apertura a la validación o defensa afirmativa de importantes intereses humanos o sociales. No se ajusta a principios de estricta justicia, sino que, como mal menor, existe para evitar la inestabilidad indefinida en las relaciones jurídicas que ocurre cuando el titular de un derecho lo abandona por mucho tiempo. Por ello, sólo se justifica cuando es patente la inactividad del titular del derecho; es decir, cuando la inacción de dicho titular es tal que equivale a una renuncia de su derecho. Así se concibe propiamente la prescripción extintiva en la teoría del Derecho: como una forma de renuncia. Véase, Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 D.P.R. 562, 589, (1966), citando a A. Colin y H. Capitant, a tales efectos. En vista de lo anterior, es realmente peregrina la noción de la mayoría, expresada en la sentencia de autos, de que los tribunales deben privar rigurosamente de su derecho al titular que no ha formulado su reclamación siguiendo los inflexibles formalismos doctrinales. Más bien, en recta juridicidad y en justicia, en lo que los tribunales deben ser rigurosos es en verificar si el titular en cuestión en efecto abandonó su derecho, por lo que merece que se le prive del mismo. El foro judicial no debe estar tan solícito y dispuesto a extinguir derechos de las personas como debe estar para reconocerlos y protegerlos, sobre todo en situaciones en las cuales la persona común se enfrenta desigualmente a una poderosa entidad.

En el caso de autos, la parte peticionaria de ningún modo abandonó su causa de acción, ni incurrió en dilaciones que dificultasen la adjudicación de su reclamación. Por el contrario, González Rodríguez notificó de inmediato lo de su accidente al oficial de Wal-Mart; y poco después, su abogado le hizo la reclamación correspondiente precisamente a la compañía responsable de atender las reclamaciones por accidentes sufridos por los clientes de la tienda. La propia compañía Claims Management entendía que tenía ante sí una reclamación extrajudicial, ya que el 23 de enero de 1996 le pidió al abogado de la peticionaria que le enviara determinada información

y el 24 de abril de 1996 le volvió a escribir a dicho abogado requiriéndole que le informara sobre

Es evidente, pues, que estaba en trámites una reclamación ("claim") por los daños sufridos por la peticionaria. Esta no había precisado aún una reclamación más específica porque para el 22 de septiembre de 1996, todavía continuaba recibiendo tratamiento médico por las lesiones sufridas por la caída y no existía aun siquiera un informe médico preliminar sobre su condición.

Debe concluirse, por tanto, que para el 21 de octubre de 1996, cuando se presentó la demanda, ésta no estaba prescrita. La peticionaria había iniciado ya el proceso de reclamación, y así lo entendía la propia compañía aseguradora. Sólo unos meses antes, dicha compañía había solicitado información sobre el status de la reclamación, denominándola así expresamente ("claim"). No puede interpretarse razonablemente que aquí no era clara la intención de reclamar de la perjudicada. Las comunicaciones del abogado de González a la compañía a cargo de las reclamaciones por accidentes de Wal-Mart no tenían, ni podían tener ningún otro propósito o intención que no fuera el de reclamar una compensación por los daños sufridos por González. Más aun, la continuidad de las cartas del representante legal de la peticionaria a dicha compañía demuestra que no hubo inercia por la perjudicada, y evidencia la voluntad inequívoca de González de obtener indemnización. No hubo, pues, de modo alguno un abandono de la causa. Si algo, lo que debe resaltarse es la demora de la compañía aludida en atender expeditamente las comunicaciones de la peticionaria. No puede concluirse de modo razonable alguno que la reclamación de González no estaba viva cuando se presentó la acción judicial. No están presentes, pues, en este caso ninguno de los intereses públicos que dan razón de ser a la figura de la prescripción extintiva.

En conclusión, en el caso de autos la acción no estaba prescrita. Decidir lo contrario, como hace la mayoría, significa cerrar las puertas a que los perjudicados por accidentes como el de este caso hagan reclamaciones informales extrajudiciales a los responsables de los daños sufridos por ellos o a sus compañías de seguro, mientras el perjudicado en el accidente espera el tiempo indispensable para poder precisar sus daños. Significa negar efecto jurídico al proceso de negociación que las partes lleven a cabo para evitar las contiendas judiciales. Significa que en todo caso debe reclamarse judicialmente de inmediato, aunque no se conozca aún la magnitud de los daños sufridos, e independientemente de la disposición de transigir que puedan tener las partes en el pleito. Significa que en casos como el de autos, donde la compañía a cargo de atender la reclamación entretuvo al perjudicado pidiendo información, el que sufrió daños perdió su fundamental derecho a ser indemnizado, sólo porque en la reclamación extrajudicial no utilizó unas palabras sacramentales. Finalmente, significa que al titular de derechos más frágil en estas situaciones, se le requieren unas diligencias formalistas rigurosas pero inconsecuentes, mientras que al más fuerte, que tiene unos claros deberes jurídicos, se le permite escaparse impunemente a pesar de haber hecho uso de tácticas dilatorias. Se invierte así el propósito y razón de ser de la prescripción. Se abdica nuestra ingente función justiciera. Se revierte a concepciones del Derecho y la justicia que ya habían sido superadas. Como no puedo avalar lances y significados tan apocados y anacrónicos, y de tan poco sentido jurídico, que sólo dan lugar a que se perpetúan graves injusticias en casos como los de autos, disiento una vez más.

JAIME B. FUSTER BERLINGERI

JUEZ ASOCIADO