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Pueblo v. Arzuaga
Rivera, 2003 T.S.P.R. 157
La controversia en este caso el Tribunal Supremo la
identifica de la siguiente forma: "¿Tiene derecho un
imputado de delito a que el ministerio público le provea
copia de la declaración jurada de un testigo de cargo,
antes de que dicho testigo haya declarado en alguna de las
etapas del procedimiento penal, sólo porque se trate de un
co-autor al que el ministerio fiscal ha concedido inmunidad?
¿Constituye una violación al debido proceso de ley la no
concesión en estas circunstancias --sin más-- de dicha
declaración jurada? Contestamos ambas interrogantes en la
negativa."
En la Opinión, emitida por el Juez Presidente Interino
Rebollo López, se discute el estado de derecho en el tema
de descubrimiento de prueba en lo criminal, especialmente en
cuanto a declaraciones juradas de testigos de cargo.
La discusión abarca, en lo pertinente, las Reglas de
Procedimiento Criminal y la Cláusula del Debido Proceso de
Ley de la Constitución federal y la nuestra. La
exigencia de la defensa en este caso, de que se le entregara
cierta declaración jurada*exigencia que no fue exitosa---
era en cuanto a la declaración jurada suscrita por un
alegado co-autor de los hechos imputados, el cual no había
testificado todavía en ninguna etapa del juicio y tenía
inmunidad del Estado.
Comentario: Planteamientos de esta índole (e.g.,
obtención de información del Ministerio Público para
impugnar testigo o informante del Estado), pero en el
momento de un acusado decidir si llega a un acuerdo con la
fiscalía (antes de que el caso se encamine a juicio) véase,
United States v.Ruiz, 536 U.S. 622 (2002)("[t]he
[federal] Constitution does not require the Government to
disclose material impeachment evidence prior to entering a
plea agreement with a criminal defendant."). En
general, véase a Strickler v. Greene, 527 U.S. 263 (1999).
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