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Martínez v. DACO,
2004 TSPR 210
Mediante opinión emitida por el Juez
Presidente Federico Hernández Denton, el Tribunal Supremo
resuelve que DACO actuó correctamente al imponer una multa
de $1,000 por no renovar su inscripción en un Registro de
Contratistas que exige cierta ley bajo la administración de
dicha agencia.
En la Opinión se discuten los criterios y
la metodología jurídica, para
decidir si un proceso administrativo encaminado a imponer
una multa, aunque es un remedio "civil", deba ser
tratado como de naturaleza criminal; esto es, ofreciendo
todas las garantías constitucionales aplicables a
procedimientos criminales. Al aplicar esa normativa a
este caso, el Tribunal Supremo concluye que la multa aquí
impuesta constituía una sanción civil, por lo que no era
necesario garantizar los derechos constitucionales
particulares a un procedimiento criminal.
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Este resumen fue preparado por Enrique Silva
Avilés y su contenido no
constituye una publicación oficial de la Rama Judicial, ni
forma parte de la Opinión objeto del resumen, ni
necesariamente refleja en su totalidad todos los temas
abordados en la Opinión, que es la fuente normativa de
Derecho.
El autor prepara este resumen como un
servicio voluntario a la comunidad.
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