|
Martínez v. DACO,
2004 TSPR 210
Mediante opinión emitida por el Juez
Presidente Federico Hernández Denton, el Tribunal Supremo
resuelve que DACO actuó correctamente al imponer una multa
de $1,000 por no renovar su inscripción en un Registro de
Contratistas que exige cierta ley bajo la administración de
dicha agencia.
En la Opinión se discuten los criterios y
la metodología jurídica, para
decidir si un proceso administrativo encaminado a imponer
una multa, aunque es un remedio "civil", deba ser
tratado como de naturaleza criminal; esto es, ofreciendo
todas las garantías constitucionales aplicables a
procedimientos criminales. Al aplicar esa normativa a
este caso, el Tribunal Supremo concluye que la multa aquí
impuesta constituía una sanción civil, por lo que no era
necesario garantizar los derechos constitucionales
particulares a un procedimiento criminal.
|
