Guzmán v. Gobernadora, 2005 TSPR 33

   Mediante Opinión per curiam, el Tribunal Supremo resuelve que el requisito legal de "justa causa" para destituir un miembro de la Junta de Directores de cierta corporación pública no infringe las facultades constitucionales del gobernante de destituir los funcionarios que nombra.

   La controversia se adjudicó luego de que el Tribunal Supremo expidiese una certificación interjurisdiccional a solicitud del tribunal federal en la Isla.  El más Alto Foro se expresó sobre los criterios para expedir ese tipo de recurso a la luz de la Ley de la Judicatura del 2003.

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