Mediante Opinión per curiam, el Tribunal Supremo suspende a una abogada de la práctica de la abogacía y notaría por el término de dos (2) meses.  El Tribunal Supremo concluyó que se probó, con prueba clara y concluyente, que la abogada violó los Cánones 23 y 24 de Ética Profesional.  Esto en relación a sus servicios profesionales a favor de un menor y su madre, en relación a una herencia. 

En cuanto al Canon 24, el Tribunal Supremo indicó, en primer lugar, que la licenciada debió reducir a escrito el acuerdo sobre honorarios, para así evitar confusión y discrepancias con su cliente y, en segundo lugar, que ésta cobró sus honorarios sin explicarle a su cliente cuáles fueron las gestiones que se hicieron.  Indicó, además, el Tribunal Supremo que los honorarios cobrados por la licenciada Rodríguez Mercado fueron excesivos, y que la querellada no sometió documento alguno que sostuviese la razonabilidad de dichos honorarios; teme además, el Tribunal Supremo que ésta no completó su trabajo ya que nunca hizo las gestiones para traspasar los bienes inmuebles objeto de sus servicios profesionales a nombre del menor.

En cuanto al Canon 23, el Tribunal Supremo expresó que le preocupaba el proceder de la licenciada Rodríguez Mercado en el momento en que ella cobró lo que ella entendía que eran sus honorarios, esto es, al ella retener la cantidad de $64,000.00 del dinero del menor.  Ante tal circunstancia, nuestro más Alto Foro resolvió que al así actuar la abogada, mancilló la imagen de la clase togada y violentó el deber fiduciario que debe existir en toda relación abogado-cliente, lo que constituye una infracción al Canon 23.

Este resumen fue preparado por Enrique Silva Avilés y su contenido no
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