Este reglamento se promulga en virtud del poder inherente del Tribunal Supremo de Puerto Rico de reglamentar la profesión jurídica en Puerto Rico. Su propósito es establecer un programa de educación jurídica continua obligatoria, que aliente y contribuya al mejoramiento profesional.

Estas reglas aplicarán a todas las abogadas y los abogados activos admitidos a la práctica de la profesión en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La judicatura cumplirá con los requisitos mínimos de educación jurídica continua, conforme lo determinen las autoridades administrativas de sus respectivos sistemas.

(a) Abogada y Abogado Activo - quien ha sido admitida(o) por el Tribunal Supremo al ejercicio de la profesión y es miembro del Colegio de Abogados.

(b) Abogada y Abogado Inactivo - quien ha sido eximida(o) por el Colegio de Abogados, del pago anual de la cuota, por razón de incapacidad para practicar la profesión conforme al Art. 10 del Reglamento del Colegio de Abogados o quien fundamente ante la Junta de Educación Continua que por justa causa se encuentra impedida(o) de cumplir con el Reglamento de Educación Jurídica Continua.

(c) Junta de Educación Continua es el organismo que bajo este reglamento se crea para administrar el cumplimiento del requisito de educación jurídica continua, incluyendo el desarrollo y recomendación de programas específicos sujetos a la aprobación del Tribunal Supremo.

(d) Proveedor - es la institución reconocida para ofrecer cursos de educación jurídica continua en Puerto Rico.

(e) Horas crédito - son aquellas horas dedicadas a la asistencia a un curso o seminario ofrecido por un proveedor reconocido. Una (1) hora crédito se computará a base de sesenta (60) minutos.

Los proveedores reconocidos para ofrecer educación jurídica continua en Puerto Rico serán aquellas instituciones o entidades aprobadas por el Tribunal Supremo.

Se concederán créditos por cursos ofrecidos por aquellas instituciones o entidades fuera de Puerto Rico que sean reconocidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(a) Toda abogada o todo abogado activo deberá tomar por lo menos veinticuatro (24) horas crédito de educación jurídica continua en un período de dos (2) años. De esas veinticuatro (24) horas crédito, al menos cuatro (4) serán dedicadas a cursos de ética profesional. Dentro de las veinticuatro (24) horas crédito requeridas, aquéllos que ejercen la notaría deberán tomar seis (6) horas crédito en cursos vinculados con el derecho notarial y así designados por los proveedores. Las horas crédito en exceso del mínimo requerido podrán ser acreditadas al plazo siguiente siempre que no excedan de veinticuatro (24).

(b) Se desarrollarán medidas para estimular y comprobar el aprovechamiento efectivo de todos los cursos.

Se reconocen como mecanismos alternos de cumplimiento de la obligación establecida en este reglamento a los siguientes:

(a) La publicación de libros de contenido jurídico y artículos de revistas jurídica, siempre y cuando estos últimos aparezcan en los índices de revistas jurídicas reconocidas.

(b) La enseñanza de cursos de derecho en las escuelas de derecho de universidades reconocidas y la enseñanza de cursos de educación jurídica continua.

(c) La aprobación de estudios postgraduados en Derecho en universidades reconocidas por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.

(a) El Tribunal Supremo nombrará una Junta de Educación Continua para velar el cumplimiento de los requisitos contenidos en este reglamento. Esta Junta contará con siete miembros que rendirán servicios ad honorem.

(b) El Presidente o la Presidenta de la Junta de Educación Continua será nombrado por el término de cinco (5) años. Los demás miembros de la Junta deberán ser nombrados de forma escalonada por términos de tres (3), cuatro (4) y cinco (5) años.

(c) Los miembros de la Junta permanecerán en sus puestos hasta tanto sus sucesores o sucesoras sean nombrados. De surgir alguna vacante, quien suceda ejercerá su puesto por el término restante.

(d) Las funciones de la Junta serán las siguientes:

1. Certificar el cumplimiento del requisito de educación jurídica continua.

2. Considerar casos de incumplimiento y someter al Tribunal Supremo el correspondiente informe con sus determinaciones y recomendaciones para la acción que corresponda, luego de haberle dado a la persona afectada la oportunidad de ser oída.

3. En aquellos casos en que hubo justa causa, la Junta de Educación Continua tendrá discreción para eximir o permitir un diferimiento del cumplimiento del requisito de educación jurídica continua.

4. Considerar las solici-tudes de exención por razón de la aplicabilidad del Art. 10 del Reglamento del Colegio de Abogados.

5. En aquellas solicitudes referidas por el Tribunal Supremo, evaluar y recomendar la aprobación de proveedores.

6. Preparar informes periódicos al Tribunal Supremo que contengan recomendaciones de cómo mejorar el funcionamiento de los programas de educación jurídica continua.

7. Adoptar las reglas necesarias para la administración eficiente de este reglamento.

(a) Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que debió acreditarse el cumplimiento con el requisito de educación continua, la Junta de Educación Continua enviará un Aviso de Incumplimiento a los abogados y a las abogadas que no hayan acreditado las horas requeridas.

(b) Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del Aviso de Incumplimiento, las personas así notificadas deberán informar a la Junta las razones del incumplimiento.

(c) De no comparecer el abogado o la abogada ante la Junta, el asunto se remitirá al Tribunal Supremo con copia al abogado o a la abogada. En los casos en que éste o ésta comparezca, la Junta de Educación Continua determinará lo que corresponda a tenor con la Regla 8(d)2.

(a) La abogada o el abogado que sea suspendida o suspendido por el incumplimiento de los requisitos contenidos en este reglamento debe, en el término de un (1) año, subsanar el incumplimiento por el cual fue suspendido o suspendida, además de tomar los cursos correspondientes al término de suspensión.

(b) El abogado o la abogada con interés en que se le reinstale al ejercicio de la profesión, debe solicitarlo por escrito al Tribunal Supremo. En su solicitud hará constar, de manera precisa, la forma en que cumplió con el requisito de educación jurídica.

Todo documento relacionado con el requisito de educación jurídica continua se considerará confidencial y no deberá ser divulgado, excepto cuando ello sea solicitado por el propio abogado o abogada a quien se refiere el documento o cuando sea necesario que se utilice como evidencia en cualquier procedimiento judicial.

Queda reservada la facultad del Tribunal Supremo para tomar las medidas que sean necesarias para atender situaciones no previstas por este reglamento, en la forma que sirva a los mejores intereses de la justicia.

Estas reglas tendrán vigencia inmediata, excepto lo dispuesto en la Regla 6, la cual entrará en vigor en la fecha que determine el Tribunal Supremo, previa recomendación de la Junta de Educación Continua al efecto.