97 DTS 9 SOCIEDAD V. GARCIA ROBLES

Apelación procedente del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI de Guayama

Panel Integrado por los Hons. Jueces Amadeo Murga, Pesante Martínez & Rivera Pérez

Abogados de la parte recurrente: Lic. Víctor Pagán

Abogados de la parte recurrida: Lic. Rafael Rivera Rosa

San Juan, Puerto Rico a 23 de enero de 1997

Debemos determinar si abusó de su discreción el Tribunal de Circuito de Apelaciones al desestimar un recurso de apelación por no haber el apelante presentado una exposición narrativa de la prueba oral desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia. Varias consideraciones sostienen nuestra decisión. Primeramente, debemos tener presente los propósitos que quiso alcanzar el legislador al crear el Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante la aprobación de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994.

Segundo, debemos también considerar la filosofía que ha permeado la reglamentación sobre los mecanismos diseñados para presentar al tribunal apelativo la prueba desfilada ante el tribunal de instancia y el efecto que sobre la misma tendría la decisión del Tribunal de S Circuito de Apelaciones. Tercero, hay que reconocer los efectos que han tenido sobre la profesión legal los frecuentes y profundos cambios introducidos a nuestro sistema de justicia apelativa durante los últimos cuatro años. Cuarto, debemos sostener el principio cardinal que ha animado en el pasado nuestras decisiones sobre la resolución judicial de las controversias, en cuanto hemos reiterado el interés de que las mismas sean atendidas en sus méritos. Además, debemos estimular que las partes que comparezcan ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones cumplan adecuadamente con los requisitos que impone su Reglamento, de forma que se le irrogue certeza a sus gestiones y celeridad a sus procedimientos. El análisis de la controversia que se nos presenta, a la luz de las consideraciones esbozadas, nos ; lleva, en esencia, a realizar un balance de intereses: por un lado debemos analizar el interés de los litigantes, avalado por legislación, de que las decisiones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, en casos originados allí, puedan ser revisadas en apelación por un tribunal colegiado; y, por el otro lado, considerar el interés de promover el adecuado funcionamiento del Tribunal de Circuito de Apelaciones. El producto de este balance debe asegurar la atención justa, rápida y económica de las controversias que se presentan ante dicho foro. Estos elementos siempre han caracterizado nuestro sistema de adjudicación. Nuestras decisiones deben armonizar estos elementos, no contraponerlos.

El 22 de septiembre de 1995, el Tribunal dde Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de daños y perjuicios por difamación instada por la parte demandante, Sra. Montañez Torres, su esposo e hija menor de edad, contra el demandado Sr. Efraín García Robles. Condenó a este último a pagar la suma de veintiocho mil dólares ($28,000) por concepto de daños sufridos por los demandantes, más dos mil dólares ($2,000) de honorarios de abogado. El archivo en autos de copia de la notificación de dicha sentencia se efectuó el 2 de octubre de 1995.

Oportunamente, el 11 de octubre de 1995, el demandado presentó "Moción Solicitando Determinaciones Adicionales de Hecho y Conclusiones de Derecho", la cual fue denegada por el tribunal de instancia mediante resolución emitida el 20 de octubre de 1995 y notificada el 9 de noviembre de 1995. Posteriormente, el 22 de noviembre, el demandado presentó moción de reconsideración, esta fue rechazada de plano por el tribunal de instancia mediante resolución emitida el 30 de noviembre de 1995 y notificada el 1 de diciembre de 1995.

Inconforme con el dictamen de instancia el demandado acudió mediante recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones el 11 de diciembre de 1995. En síntesis, a través del mismo el demandado impugnó la apreciación que de la prueba testifical realizara el tribunal de instancia, así como la valorización de los daños que formulara dicho foro.

Por su parte, los demandantes-apelados presentaron ante el foro apelativo una "Solicitud de Desestimación al Amparo de la Regla 31(B)(4) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones."[Na 1] Mediante resolución de 16 de enero de 1996, el foro apelativo declaró sin lugar la moción de desestimación y dispuso que las partes cumplieran con el trámite apelativo conforme a su Reglamento. De conformidad con lo anterior, el demandado-apelante presentó un apéndice conjunto. Posteriormente, la parte demandante-apelada presentó su alegato.

Así las cosas, el 20 de febrero de 1996 el Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó sentencia desestimando el recurso presentado bajo el fundamento de que el demandado apelante no elevó la prueba testifical ofrecida de conformidad con la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 13 de enero de 1995, entonces vigente. Al así resolver, señaló el foro apelativo que tal omisión del apelante le impedía evaluar sus señalamientos de error, ya que éstos iban dirigidos a impugnar la apreciación de la prueba testifical ofrecida en instancia. El archivo en autos de copia de la notificación de dicha sentencia se efectuó el 21 de marzo de 1996.

El 2 de abril de 1996 el demandado-apelante presentó moción de reconsideración, la cual fue rechazada de plano por el foro apelativo mediante resolución emitida el 17 de abril de 1996 y notificada el siguiente 23 de abril. De la determinación del Tribunal de CCircuito de Apelaciones desestimando el recurso de apelación, recurre ante nos el demandado-peticionario haciendo el siguiente señalamiento de error:

"Erró el Honorable Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional VI, Región Judicial de Guayama, al desestimar el Recurso de Apelación presentado por la parte demandada-recurrente apoyándose en y haciendo uso mecánico de las Reglas del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, privando a la parte demandada recurrente de sus derechos civiles, derechos constitucionales del debido procedimiento de ley igual protección de las leyes y reglamentos."

En síntesis, a través de la discusión de su único señalamiento de error, aduce el demandado-peticionario que abusó de su discreción el foro apelativo al desestimar su recurso de apelación por no haber elevado la prueba testifical ofrecida ante el tribunal de instancia de conformidad con la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Sostiene en apoyo de su contención, que "honestamente y de buena fe no elevó la prueba testifical", dado que por el lenguaje de la referida disposición reglamentaria entendió que la misma le reconoce discreción a la parte que presenta un recurso apelativo para determinar si resulta necesario elevar la exposición narrativa de la prueba testifical. Sostiene, además, que del foro apelativo no estar de acuerdo y entender que la exposición narrativa de la prueba resultaba necesaria para evaluar el recurso, debió haber ordenado la preparación de la misma al amparo de la Regla 42(a) de su Reglamento. En la alternativa, afirma que el Tribunal de Circuito de Apelaciones debió entrar a considerar su recurso a base del expediente, pues señala que las determinaciones de hecho consignadas en la sentencia de instancia no sostienen las conclusiones de derecho del tribunal sentenciador ni las cuantías concedidas por dicho foro.[Na 2] Por último, solicita se le conceda un término razonable para poder elevar la exposición narrativa de la prueba, de forma tal que pueda considerarse el caso en sus méritos.

El 8 de mayo de 1996, la parte demandante-recurrida presentó un escrito oponiéndose al recurso de certiorari y solicitando la desestimación. El 17 de mayo emitimos Resolución ordenando a la parte demandante-recurrida mostrar causa por la cual no deberíamos expedir el auto solicitado, revocar la sentencia recurrida y devolver el caso al Tribunal de Circuito de Apelaciones para que éste ordene la preparación de una exposición narrativa de la prueba y continúe con los procedimientos. La parte recurrida ha comparecido y con el beneficio de su comparecencia procedemos a resolver según lo intimado, sin ulteriores procedimientos.

Nuestra decisión se fundamenta en la interpretación de varias disposiciones reglamentarias y en las consideraciones esbozadas en la parte introductoria de la presentee opinión, las cuales a continuación discutiremos en detalle.

Comenzaremos nuestro análisis haciendo un examen cuidadoso de las Reglas 40, 41, 42 y 43 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, de 13 de enero de 1995, vigente al momento en que se resolvió el presente caso.

La Regla 40 de dicho Reglamento relativa a la exposición de la prueba oral, disponía lo siguiente:

"Cuando alguna parte estime que para la resolución de una apelación o de un recurso sea necesario que el Tribunal de Circuito de Apelaciones considere alguna porción de la prueba oral presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, deberá incluir una de las siguientes en el legajo o el apéndice conjunto, o una combinación de ellas, según el caso:

Se preferirá a la exposición narrativa, una exposición estipulada, y la exposición narrativa a una transcripción de evidencia."[Na 3]

Por sus propios términos, la regla en cuestión reconocía discreción a la parte que presentara un recurso apelativo para determinar si era necesario elevar la prueba testifical ofrecida ante el tribunal de instancia. Una equivocación en el ejercicio de esta discreción no puede sostener el castigo máximo de la desestimación y la consecuente pérdida del derecho de que un tribunal colegiado revise las actuaciones del Tribunal de Primera Instancia. La Regla 40, además, establecía las formas o mecanismos disponibles para elevar la prueba testifical ante la consideración del foro apelativo; a saber, exposición estipulada, exposición narrativa y transcripción.

Las Reglas 41, 42 y 43 del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, que regulaban lo concerniente a cada uno de los medios para elevar la prueba testifical, reconocían amplia discreción al foro apelativo para la autorización de sus respectivos trámites. Dicho tribunal podría, incluso, ordenar motu proprio la preparación de una exposición narrativa de la prueba de así entenderlo necesario para la evaluación de un caso. Regla 42(a) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones.

A la luz del lenguaje de las referidas disposiciones, la parte apelante ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, entendió que la exposición narrativa de la prueba era innecesaria, ya que de los documentos sometidos ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones y de las determinaciones de hecho consignadas en la sentencia surgía la improcedencia si de las determinaciones de derecho. El Tribunal de Circuito de Apelaciones, por el contrario, entendió que la exposición era necesaria. Ante estos hechos el Tribunal debió haber ordenado la preparación de la Exposición Narrativa de la Prueba antes de imponer la drástica sanción de la desestimación.

Debemos resaltar que estamos ante una parte que actuó diligentemente en la tramitación de su caso, no sólo ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, sino también ante el Tribunal de Primera Instancia. Una vez el tribunal de instancia dictó sentencia, solicitó determinaciones adicionales de hechos y luego presentó una reconsideración. Dado que estos trámites fueron infructuosos, presentó oportunamente su escrito de apelación ante el Tribunal de Circuito. Después de que dicho Tribunal denegara la moción de desestimación presentada por la parte apelada, promovió las gestiones necesarias para la preparación del apéndice conjunto que requería la Regla 37 del Reglamento del Tribunal de Circuito, el cual presentó también oportunamente.[Na 4] Ante los hechos del caso de autos, resulta insostenible la actuación del Tribunal de Circuito de Apelaciones de castigar una equivocación en el ejercicio de la discreción de un litigante, mediante la máxima sanción de la desestimación del recurso de apelación. Pasemos ahora a analizar sucintamente las consideraciones esbozadas en la parte introductoria de la presente opinión.

Primeramente, al interpretar las disposiciones reglamentarias, debemos tener presente la intención legislativa al crear el Tribunal de Circuito de Apelaciones y resaltar la clara distinción entre la apelación y los recursos discrecionales. La intención detrás de la creación del Tribunal de Circuito de Apelaciones surge con claridad de la Exposición de Motivos de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. (En lo sucesivo, "Ley de la Judicatura de 1994".) En lo pertinente, dispuso allí el legislador que:

"... la reforma que hoy se presenta tiene como objetivo consumar en el proceso de transición las siguientes metas:

...........................

3. Conceder el derecho de apelación a los ciudadanos en casos civiles y criminales, extendiéndose a todo puertorriqueño afectado adversamente por una decisión de un tribunal el derecho a que un panel apelativo de un mínnimo de tres jueces revise esa decisión..."

De aquí se refleja, sin lugar a dudas, que uno de los propósitos cardinales de la Ley de la Judicatura de 1994 fue proveer la oportunidad de que toda decisión tomada por un sólo juez en casos originados en el Tribunal de Primera Instancia pudiera ser revisada por un tribunal colegiado como cuestión de derecho.

El recurso de apelación permite a cabalidad la consecución de este fin. A diferencia de los recursos de naturaleza discrecional, como el certiorari o la revisión, una vez cumplidos los requisitos que confieren jurisdicción al tribunal y los demás que permiten su adecuada dilucidación, la apelación impone al tribunal apelativo la obligación de atender y resolver en los méritos, de forma fundamentada, el recurso presentado. Recientemente reconocimos su importancia. Dijimos que: "[e]l derecho de apelación tiene unas funciones claras y virtudes evidentes que rebasan los diferentes enfoques y criterios en cuanto a su impacto sobre el sistema de administración de justicia." Rivera v. E.L.A., Op. de 7 de marzo de 1996; 96 J.T.S. 27, pág. 741. Allí también expresamos que:

"En el fondo, la justicia apelativa explica cómo todo expediente judicial vive pleno de humanidad, inquietudes, ansiedades, esperanzas laten sin cesar en cada una de sus hojas. Es el trámite cierto hacia una decisión. Una persona, una familia, un grupo pueden estar pendientes del desarrollo, que conduce a un resultado." Rivera v. E.L.A., supra.

Debe tenerse presente esta justificada expectativa del litigante al resolver controversias como la del presente caso. Como segunda consideración debemos analizar la filosofía que desde algún tiempo ha sostenido la utilización de los mecanismos para presentar al tribunal apelativo la prueba testifical que tuvo ante sí el tribunal sentenciador al tomar la determinación cuya revisión se solicita. Como regla general, han existido tres (3) mecanismos, o alguna variante de éstos, con el fin reseñado: exposición narrativa de la prueba aprobada por el tribunal sentenciador; transcripción de evidencia; y exposición estipulada.

En el 1976 sostuvimos la constitucionalidad de las disposiciones que en determinadas situaciones sustituian la utilización del mecanismo de la transcripción de evidencia por el de la exposición narrativa de la prueba, aun en casos criminales.[Na 5] Cabe señalar que las sentencias finales en los casos criminales se revisaban como cuestión de derecho mediante el recurso de apelación. Después de resaltar los graves problemas que sobre la administración de la justicia imponía la práctica de solicitar transcripciones de evidencia automáticamente en todos los casos, en aquella ocasión dijimos lo siguiente:

"El mecanismo intermedio que sirve el propósito de cumplir con nuestra misión constitucional de adjudicar con razonable rapidez los casos criminales que se apellan -sin menoscabar los derechos sustantivos de las partes y sin que se haga necesario el abrir a discusión en nuestro sistema de administrar justicia la deseabilidad o no de convertir el derecho absoluto de apelación en uno de carácter discrecional- radica en que ejercitemos nuestra facultad supervisora regulando la concesión indiscriminada de las transcripciones de prueba oral limitándolas a aquellos casos en que verdaderamente se justifique su procedencia. La adopción de la "regla de necesidad", a través de la Regla 15(d) de nuestro Reglamento, a los fines de una apelación criminal, sigue una regla promulgada desde el 14 de agosto de 1974, reconocida implícitamente en las Reglas de Procedimiento Criminal, y en perfecta congruencia con la norma de hermenéutica en el sentido de que las mismas se ... interpretarán de modo que aseguren la tramitación justa de todo procedimiento y eviten dilaciones y gastos injustificados." Pueblo v. Casiano Vélez, 105 D.P.R. 33, 45 (1976); (Citas omitidas.)

Desde entonces hemos ejercido un marcado control tanto en la aplicación de los diversos mecanismos procesales, como en la determinación de la necesidad de utilizar cualquiera de ellos, dependiendo de los hechos del caso. En Pueblo v. Casiano Vélez, supra, resaltamos los intereses que justificaban tal grado de control. Se quiere evitar la innecesaria sobre-utilización de los escasos recursos judiciales y la congestión y demora que esto genera en el perfeccionamiento del proceso apelativo, además de evitar un aumento injustificado en los costos de litigación. No cabe duda que el tribunal que habrá de adjudicar el recurso es el que está en mejor posición para determinar si es necesario analizar la prueba presentada en instancia y en caso afirmativo, a la luz de los hechos, también determinar cuál de los mecanismos disponibles puede mejor suplir tal necesidad.

Cabe resaltar que la filosofía reseñada surge también con claridad de diversas disposiciones vigentes en la actualidad. Al igual que en el Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 13 de enero de 1995, bajo el Reglamento de 25 de abril de 1996 están disponibles los antes indicados mecanismos para elevar al tribunal apelativo la prueba oral desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia. Igualmente se mantiene el principio reseñado en cuanto a la injerencia del tribunal apelativo para determinar su procedencia, dependiendo de las necesidades que presente el caso cuya revisión se solicita. La Regla 54.2 de Procedimiento Civil, según enmendada por la Ley Núm. 249 de 25 de diciembre de 1995, promueve principalmente el uso del mecanismo de la exposición estipulada de la prueba oral, el cual se ha diseñado con el propósito de adelantar los mismos intereses que han sostenido la filosofía reseñada. 32 LPRA Ap. III. La referida Regla dispone, además, que "el Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá ordenar, como excepción, por iniciativa propia y en el ejercicio de su discrreción, que se prepare una exposición narrativa o una transcripción de la prueba oral o de una porción de ésta." Regla 54.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III. Igual disposición contiene la Regla 20 del actual Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, preceptiva de que: "[e]l Tribunal de Circuito de Apelaciones motu proprio o a solicitud de parte podrá ordenar la preparación de una exposición narrativa de la prueba."

En la Regla 19 del Reglamento se resalta la facultad del Tribunal de Circuito de Apelaciones para intervenir en estos procedimientos, aun en casos en que se utilice la exposición estipulada. En lo pertinente, dispone dicha Regla que "la parte apelante preparará y someterá al Tribunal de Circuito de Apelaciones un proyecto de exposición narrativa de la prueba oral pertinente al recurso, con una moción en la que justificara la necesidad de que el Tribunal considere la prueba oral para la adecuada disposición del recurso." (Subrayado nuestro.) Surge de esta redacción que aun cuando el mecanismo involucrado sea la exposición estipulada, se requiere la intervención del Tribunal para determinar la necesidad de evaluar la misma, de manera que se pueda evitar razonablemente la congestión y demora en el perfeccionamiento del proceso apelativo. [Na 6]

Si sostuviéramos la actuación del Tribunal de Circuito de Apelaciones que hoy revisamos, estaríamos dando al traste con la filosofía reseñada referente a la limitación en el uso de los mecanismos de exposición de la prueba oral. Si permitiéramos que el Tribunal de Circuito de Apelaciones desestimara sumariamente apelaciones por entender necesaria la exposición narrativa de la prueba, sin antes haberle brindado al apelante la oportunidad de subsanar su error de juicio, se estaría promoviendo que los apelantes, en un gran número de casos, procuraran la innecesaria preparación y presentación de alguno de los medios de exposición. Para la protección del derecho apelativo de sus clientes, ante la más remota duda de si ésta es necesaria o no, procederían a su preparación para evitar así una posible desestimación. En los casos en que fuera innecesario, aún cuando solo estuviera involucrado el mecanismo de exposición narrativa estipulada, se estaría promoviendo un injustificado aumento en los costos de litigación y extendiéndose el período para el perfeccionamiento del recurso. Nuestra labor debe ir encaminada a eliminar trámites innecesarios, no propiciarlos. Hacer lo contrario sería subvertir la filosofía que siempre ha permeado los referidos mecanismos, a la luz de la cual se creó la "regla de la necesidad." Pueblo v. Casiano Vélez, supra, pág. 42. Entendemos que este efecto sería en extremo detrimental y nocivo al sistema apelativo, por lo que debemos desalentarlo, no promoverlo.

Como tercera consideración, no podemos obviar el hecho que los frecuentes y profundos cambios procesales y estructurales incorporaados a nuestro sistema de justicia apelativa inevitablemente han tenido un efecto desestabilizador sobre la profesión legal. Reconociendo este hecho y con relación a la implantación del nuevo Reglamento del Tribunal Supremo, recientemente, en López Rivera v. Rivera Díaz, P.C. de 28 de junio de 1996, 96 J.T.S. 102, págs. 1377-78, expresamos:

"Finalmente, debe tenerse en cuenta que estamos todavía en el proceso de implantar el nuevo régimen apelativo establecido en el país por la creación del Tribunal de Circuito de Apelaciones. En menos de dos años, se ha legislado extensamente en tres ocasiones para establecer dicho foro. Hemos formulado dos reglamentos distintos para ese tribunal, y se han emitido en varios momentos numerosas reglas y órdenes administrativas de carácter provisional. Todo ello pone de relieve la larga y difícil transición que ha acompañado la creación de este nuevo régimen apelativo. Por razones obvias, hemos insistido que en las fases iniciales de este proceso, es menester mantener una actitud de flexibilidad en la interpretación y aplicación de las nuevas normas procesales y reglamentarias. Por ello, en varias ocasiones le hemos señalado al Tribunal de Circuito de Apelaciones que no debe de actuar precipitadamente, ni ordenar tan rígidamente la desestimación de los recursos de apelación. Bco. Popular v. Pellicier, Op. Per Curiam del 14 de febrero de 1996, 96 J.T.S. 17; Santos y otros v. Mun. de Comerío, Op. Per Curiam del 9 de febrero de 1996, 96 J.T.S. 13. Hoy debemos hacerlo de nuevo, por tratarse de un caso en el cual el foro apelativo debió actuar con mayor flexibilidad. Como señaló la Hon. Juez Asociada señora Naveira de Rodón, en su conferencia a los jueces de instancia y apelativos del país, sobre los cambios recientes en la Ley de la Judicatura,

‘Por lo prolífica que ha sido la legislación en cuanto a la creación de recursos y por su énfasis en los detalles, la litigación se ha ido convirtiendo cada vez más compleja. Se ha creado lo que podríamos llamar un campo minado procesal para los abogados....

... [Por ello], ‘los tribunales podemos y habremos de ser flexibles en la interpretación e implantación de estas leyes,...’." (Enfasis suplido.)

Para determinar la flexibilidad que debe demostrar el Tribunal de Circuito de Apelaciones al aplicar su Reglamento, éste podría considerar cuál fue la práctica apelativa respecto a dicho procedimiento con anterioridad a la Ley de la Judicatura de 1994.[Na 7]

Ciertamente, los mecanismos procesales incorporados en los Reglamentos del Tribunal de Circuito de Apelaciones propenden a la más eficiente tramitación de los recursos que se le presentan. La observancia de sus disposiciones producirá indiscutiblemente un mayor grado de eficiencia y productividad. Sin embargo, la interpretación de estas normas procesales debe ser liberal y flexible, de manerra tal que se logre el propósito de proveerjusticia apelativa en todos los casos. Debemos tener presente que las reglas procesales no tienen vida propia, su razón de ser es propiciar la solución justa, rápida y económica de las controversias a las cuales se les aplicará el derecho sustantivo.

Además, cabe señalar que hasta que no transcurra algún tiempo desde la adopción de las nuevas leyes y reglamentos, después del cual pueda razonablemente inferirse que sus disposiciones han calado en la profesión legal, su estricta aplicación produciría un efecto en extremo perjudicial sobre el litigante.

El análisis e interpretación de las reglas para elevar al foro apelativo la evidencia testifical, también debe requerir que tomemos en consideración la necesidad de que el Tribunal de Circuito de Apelaciones funcione adecuadamente y pueda cumplir con su deber de proveer una revisión efectiva en los méritos de las sentencias finales emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en casos originados en dicho Tribunal. La presente decisión en modo alguno significa que no le estemos reconociendo a dicho tribunal las amplias facultades que posee para desestimar apelaciones incompletas, mal perfeccionadas o presentadas fuera de término. Sin embargo, en el ejercicio de estas facultades el Tribunal de Circuito de Apelaciones debe considerar, sopesar y balancear todos los intereses involucrados. También debe tener presente que la desestimación, por sus drásticas consecuencias, es un mecanismo procesal que, como regla general, debe utilizarse sólo como último recurso, después de haber tratado de procurar mediante órdenes el cumplimiento con los requisitos no jurisdiccionales que impone su Reglamento. El ejercicio inflexible de esta facultad, exigiendo de forma estricta y automática el cumplimiento con alguna de las disposiciones de su Reglamento, podría, en la práctica, convertir los recursos de apelación en recursos discrecionales. Esto no lo podemos permitir, puesto que desvirtuaría uno de los propósitos cardinales de la reforma judicial.

Finalmente, la decisión a la que hoy llegamos no incide negativamente sobre la capacidad del Tribunal de Circuito de Apelaciones para atender eficientemente los recursos que se le presentan a la vez que cumple adecuadamente con los deberes que se le han encomendado y las metas que la Legislatura ha trazado. El Tribunal cuenta con la facultad para emitir órdenes que propendan al más rápido y cabal perfeccionamiento de los recursos.

Ahora bien, no cabe duda que si avaláramos la actuación del Tribunal de Circuito de Apelaciones, sin antes exigirle que procure el cumplimiento con su Reglamento mediante órdenes al respecto, ciertamente dicho Tribunal aumentaría su índice de resolución y disposición de recursos. Bajo las presentes circunstancias, este resultado no lo podemos avalar. Como expresáramos anteriormente, la rapidez en la tramitación de las controversias que see presentan para dilucidación ante nuestros tribunales, aunque laudable, representa solo uno de los elementos que el sistema judicial viene obligado a salvaguardar. Los tribunales también tenemos el deber de procurar que los remedios que incidan sobre la tramitación de los casos tiendan a promover la solución en los muritos de las controversias y la consecución de la justicia. La justicia apelativa para todos, que persiguió la aprobación de la Ley de la Judicatura de 1994, al crear un tribunal apelativo intermedio con treinta y tres (33) jueces y otorgarle a las partes el derecho a apelar en todo caso civil o criminal originado en el Tribunal de Primera Instancia, se vería frustrada si mediante una interpretación reglamentaria restrictiva priváramos a una parte del derecho a que su caso lo revise el foro colegiado creado por dicha ley. El alza en el índice de resolución de casos por el Tribunal de Circuito de Apelaciones no puede ser justificación para la perdida innecesaria de este derecho.

Tomando en consideración lo antes expuesto y basándonos precisamente en la discreción que tiene todo tribunal al aplicar normas procesales y en la norma judicial de que los casos se deben ventilar en sus méritos, entendemos que en el caso de autos el Tribunal de Circuito de Apelaciones, antes de aplicar la severa y máxima sanción de la desestimación, debió haber apercibido al demandado-peticionario de su omisión para que éste tomara acción correctiva o debió haber ordenado motu proprio la presentación de una exposición narrativa de la prueba conforme le permitía la Regla 42(a) de su Reglamento. En conclusión, entendemos que abusó de su discreción el Tribunal de Circuito de Apelaciones al desestimar el recurso de apelación del demandado- peticionario, por éste no haber elevado ante su consideración la prueba testifical ofrecida ante el tribunal de instancia.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia revocando la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y devolviendo el caso al foro apelativo para que se continúe el trámite del mismo conforme a lo aquí dispuesto.

Por los fundamentos antes expuestos, se dicta sentencia revocando la emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones y se devuelve el caso al foro apelativo para que se continúe el trámite del mismo conforme a lo dispuesto en la anterior opinión.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado señor Negrón García disiente con opinión escrita. El Juez Asociado señor Rebollo López no intervino.

Francisco R. Agrait Lladó

Secretario General

......................

......................

Tres principios elementales de la filosofía decisoria apelativa nos obligan a disentir: los hechos determinan el derecho, para juzgar, hay que conocer y, el derecho de apelación no es automático, conlleva diligenciamiento y un perfeccionamiento.

Este certiorari versa sobre una apelación civil presentada ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Todos los errores allí imputados al foro de instancia[Na 1] estaban predicados y estrechamente relacionados con la apreciación de la prueba.[Na 2]

Aún así, el apelante, Sr. Efraín García Robles, no efectuó las gestiones reglamentarias para lograr que se elevara una Exposición Narrativa de la prueba testifical ofrecida. Difícilmente puede caracterizarse como error de juicios sus omisiones; menos, atribuirle un potencial uso indiscriminado por los abogados de los medios de exposición de la prueba, como razón de decidir mayoritario. Por ello, su apelación fue correctamente desestimada por el Tribunal de Circuito.

La nueva estructura judicial, resultante de la Ley de la Judicatura de 1994[Na 3], implica reconocerle al máximo al Tribunal de Circuito de Apelaciones todas sus prerrogativas judiciales que, a modo de herramientas apropiadas, le permitan impartir justicia satisfactoriamente, sin demoras innecesarias y sin congestionar su voluminoso calendario con recursos incompletos, indebidamente perfeccionados o frívolos. López Rivera v. Rivera Díaz, res. el 28 de junio de 1996, Opinión disidente, Juez Asociado Sr. Negrón García.

El re-establecimiento del sistema de apelación civil, como parte de la competencia del Tribunal de Circuito, trae consigo varias consecuencias que es menester reconocer. Primero, el gran defecto de obligarlo a entender en innumerables recursos frívolos, incompletos o mal perfeccionados. "Nadie aquí ni en otras jurisdicciones cuestiona este constante fenómeno litigioso negativo. T.Y. Davies, Gresham’s Law Revisited: Expedited Processing Techniques and the Allocation of Appellate Resources, 6 Just. Sys. J. 372, 374 (1981). Nuestra jurisprudencia reconoce que ‘[n]o todos los casos tienen méritos suficientes para ser llevados en alzada.’ Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 240 (1984)." In re Informe Com. Asesora Presidente, 119 D.P.R. 165, 214 (1987), Voto Explicativo, Juez Asociado, Sr. Negrón García.

Segundo, un aumento sustancial en las apelaciones y una demora en la solución final de casos. "No es mera intuición. Así lo indica la mayoría de los estudios autenticados de otras jurisdicciones. W.E. Flango y N.F. Blair, Creating an Intermediate Appellate Court: Does it Reduce the Caseload of a State’s Highest Court?, 64 Judicature 74 (1980).

A corto plazo bajan las presentaciones del Tribunal Supremo, pero a largo plazo se evidencia un desplazamiento y congestión hacia el Tribunal Intermedio, luego al Tribunal Supremo, atrasándose más la solución final de los casos. Comienza entonces el temible círculo vicioso de congestión y atrasos, que se reproduce y eventualmente se eleva en espiral a proporciones alarmantes. P.A. Talmage, Toward a Reduction of Washington Appellate Court Case Loads and More Effective Use of Appellate Court Resources, 21 Gonz. L. Rev. 21 (1985); Rosellini, Crisis in the Supreme Court, 3 Gonz. L. Rev. 8 (1968)." In re Informe Com. Asesora Presidente, supra, 216-218. Voto Explicativo, Juez Asociado Sr. Negrón García. (Enfasis suplido y Escolio omitido).

Romper ese círculo vicioso y reconocerle sin cortapisas, al Tribunal de Circuito, las facultades de las que fue dotado para desestimar apelaciones incompletas o mal perfeccionadas, es la solución que debe animar todas nuestras decisiones. La experiencia nos enseña, que a mayor oportunidad de apelar, muchos litigantes y partes perdidosas tratan legítimamente de lograr la revocación o modificación de la sentencia. Lamentablemente habrá otros que, como estrategia forense, retrasen su cumplimiento y ejecución, al ejercitar primero el derecho de apelación en el Tribunal de Circuito y luego, ante este Tribunal Supremo, mediante certiorari.

Tomamos conocimiento judicial de la enorme tarea que recae sobre la judicatura del país y demás funcionarios de la Rama Judicial. No obstante haberse aumentado su presupuesto, subsisten limitaciones que a veces le impiden brindar un servicio de excelencia. Sabido es también, que el Tribunal de Primera Instancia, como componente judicial más cercano al pueblo, es el más sobrecargado, necesitado de recursos y posiblemente, el receptor menor ser cápita. A nadie debe extrañar, que en esa misma escala, pero en forma inversa, la discreción judicial haya producido abundantemente métodos e ideas originales y prácticas efectivas, en gran medida responsables de que históricamente el sistema funcione, en términos generales, de forma aceptable y satisfactoria.

El hilo conductor del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones[Na 4] recoge las sabias lecciones de la ardua litigación en Instancia. Representa unos pragmáticos compromisos entre lo ideal y lo posible, salva lo esencial y descarta lo que verdaderamente la experiencia ha demostrado no es imprescindible en el quehacer apelativo, según el diseño y competencia de la Ley de la Judicatura para el Tribunal de Circuito de Apelaciones.

Nos preocupa pues, trasladar al Tribunal de Circuito el agobio apelativo que por muchos años sufrió este Tribunal, y en consecuencia, la clase togada y litigantes. Para dicho foro poder descargar su labor con máxima holgura y eficiencia -e indirectamente coadyuvar a nuestra delicada función revisora suprema- a la par que propiciar la buena marcha del Tribunal de Primera Instancia (héroes en gran parte anónimos, sobre cuyas espaldas descansa la inmensa mayoría del quehacer judicial), debemos fortalecer los mecanismos de apelación y revisión intermedio del Tribunal de Circuito. Hemos de evitarle el agobio funcional que antes nos tocó vivir, sin olvidar, que río abajo nos encontraremos, quizas pescando algunos de los problemas señalados.

El Tribunal de Circuito tiene que funcionar en forma ágil, para beneficio de todos. Tiene que ser selectivo en la implantación de sus recursos, que no son inagotables; contar con una amplia discreción judicial para cernir la paja del grano. La labor acometida por dicho foro es dramática. Desde que comenzó sus funciones, el 24 de enero de 1995 hasta el 30 de septiembre de 1996, se presentaron 4,429 casos, que se desglosan en 2,376 apelaciones, 2,026 certioraris y 27 habeas corpus. Indicativo de su alta productividad judicial, dicho foro resolvió 3,793 casos, a saber, el 54% de las apelaciones, 74% de los certiorari y el 100% de los habeas corpus. Aún así, al 30 de septiembre tenía pendientes 1,098 apelaciones y 53 certioraris. Se recurrió a este Tribunal en 457 casos. De esos, 350 (76.6%) recursos de certiorari fueron denegados, 61 (13.3%) desestimados y, mediante sentencia u opinión, 12 (2.6%) confirmados, 3 modificados (0.7%) y 26 (5.7%) revocados.

Sin atribuciones de infalibilidad, impresiona el elevado número de corrección y juridicidad de sus dictámenes y sentencias. Nos referimos a aquellos recursos confirmados por este Tribunal por Opinión o Sentencia e implícitamente, mediante "no ha lugar", a saber 362, que representa (79.2%). Reafirmamos, que la negativa discrecional de un recurso, a través de un "no ha lugar", es producto destilado "de equivalencia funcional, en lo esencial, a una apelación de disposición sumaria, en la que una mayoría de los jueces del Tribunal Supremo estiman que el resultado de la sentencia o dictamen del Tribunal de [Circuito] ‘en sus méritos’ es jurídicamente correcto y justo, y que aún habiéndose incurrido en errores, los mismos no son perjudiciales ni variarían sustancialmente el resultado." In re Informe Com. Asesora Presidente, supra, 212.[Na 5] Notamos también, el alto número de recursos que hemos desestimmado, por varias razones, entre las que se destaca, incumplimiento craso con nuestro Reglamento.[Na 6] Esta facultad de desestimar recursos mal perfeccionados por no cumplir con nuestro Reglamento, es lo que la mayoría le niega hoy al Tribunal de Circuito.

"No se apela por apelar". Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 108 (1974). (Enfasis suplido). Tenemos que asumir que el apelante García Robles y su abogado, al momento de presentar su apelación, tenían el convencimiento pleno de que el tribunal de instancia cometió determinados errores al aquilatar la prueba oral. El proceso mental que ello genera no opera en el vacío, sino con referencia a un marco particular de hechos, circunstancias, procedimientos y trasfondo judicial. Pueblo v. Casiano Vélez, 105 D.P.R. 33, 46 (1976). A fin de cuentas, compete a todo apelante demostrar que se incurrió en los errores señalados, Pueblo v. Prieto Maysonet, supra, pues se presume la corrección de los procedimientos en el foro de instancia.

Por ello "el derecho de apelación no es automático. Presupone un diligenciamiento y su perfeccionamiento." López Rivera v. Rivera Díaz, supra, Opinión disidente. Cuando se imputan errores relacionados con la apreciación de la prueba, el apelante tiene que elevar la prueba testifical ofrecida, para que el foro apelativo pueda considerarla al resolver. De lo contrario, procede desestimar, pues se trata de un recurso mal perfeccionado.

Recientemente, en Giménez v. Manzano, res. en 25 de junio de 1996, reiteramos la norma de que una parte abandona un señalamiento de error si no lo discute adecuadamente en el alegato. ¿Acaso no ocurre lo mismo cuando el señalamiento en apelación necesita de una de las formas de reproducción de la evidencia oral y la parte no lo hace?

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Circuito, que otorga discreción a las partes para elevar la exposición de la prueba oral, no varía este curso decisorio. Esa discreción está directamente atada a los señalamientos de error planteados en la apelación. Por esta razón la propia regla manda, que "cuando alguna parte estime que para la resolución de una apelación o de un recurso sea necesario que el Tribunal de Circuito de Apelaciones considere alguna porción de la prueba oral presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, deberá incluir[la]... en el legajo o el apéndice conjunto". (Enfasis suplido). En conclusión, si los planteamientos en apelación custionan la apreciación de la prueba del foro de instancia, por imperativo procesal y por lógica, el apelante debe efectuar las diligencias que el Reglamento del Tribunal de Circuito requieren para preparar e incluir la exposición de la prueba oral en el legajo o apéndice conjunto.

Recapitularemos; García Robles no desplegó la diligencia requerida. Era imposible evaluar su apelación siin una exposición estipulada, exposición narrativa o transcripción de evidencia, pues todos sus señalamientos de error se basaron en la prueba testifical desfilada. El Tribunal de Circuito no podía intervenir con las determinaciones de hecho del juez de instancia, pues "los demandantes recurrentes no elevaron una Exposición Narrativa de la Prueba". Véase Benítez Guzmán v. García Merced, 126 D.P.R. 302, 308 (1990).

Finalmente, no cabe configurar que la desestimación le privó de su día en corte. Primero, no estamos ante un derecho absoluto de rango constitucional, sino cualificado. Segundo, una apelación presupone, de ordinario, que ha habido u un proceso previo y un juicio en su fondo. Tercero, es al apelante a quien compete perfeccionarla, no al Tribunal.

Preocupa sobremanera la decisión mayoritaria que revoca al Tribunal de Circuito. Debilita así, su facultad de desestimar una apelación no perfeccionada de acuerdo con la ley, su reglamento, o no presentada o proseguida con diligencia o buena fe. Regla 83, Reglamento del Tribunal de Circuito.

Un tribunal intermedio, congestionado de apelaciones frívolas perfeccionadas, difícilmente puede descargar eficazmente sus funciones.

ANTONIO S. NEGRON GARCIA

1. Son:

3. Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 (94 LPR 1).

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