Tribunal de Primera Instancia: Sala de Bayamón

Juez de Instancia: Hon. Zulma Zayas Puig

Apelación procedente del Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional Bayamón

Panel Integrado por los Hons. Jueces Amadeo Murga, Gierbolini Rodríguez & Miranda de Hostos

Abogados de la parte peticionaria: Lic. José Martínez Oquendo

Abogados de la parte recurrida: Lic. Jorge Pérez Díaz & Enid Colón Jiménez

San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 1997.

Nos corresponde determinar si el contrato en virtud del cual un contratista independiente adquiere de una empresa el hormigón que usa en sus construcciones constituye un contrato de compraventa mercantil o si constituye un contrato de ejecución de obra. También debemos determinar cuál es el plazo que tiene a su disposición un contratista para reclamar indemnización por alegados defectos en la calidad del hormigón adquirido. Resolvemos que el contrato en cuestión constituye un contrato de compraventa mercantil y que la acción de reclamación por alegados defectos en el hormigón adquirido en el caso de autos constituye una acción por incumplimiento contractual por entrega de un bien de distinta calidad a la requerida para su destino, con un término prescriptivo de quince (15) años.

S.M.C. Construction, Inc. y Méndez Development Group, S.E., [en adelante S.M.C.], entidades domésticas vinculadas al negocio de construcción y desarrollo de proyectos de urbanizaciones, tuvieron a su cargo la construcción y posterior venta de ciento noventa y siete (197) unidades de vivienda ubicadas en lo que vino a conocerse como la Urbanización La Inmaculada en el Municipio de Vega Alta.[Na 1] Con este fin, S.M.C. Construction contrató a Master Concrete, Corp. [en adelante Master Concrete], para que le proveyera el hormigón pre-mezclado que utilizaría en la construcción. Master Concrete suplió el hormigón pre-mezclado durante los meses comprendidos entre octubre de 1988 y octubre de 1990. Como parte de esa gestión tuvo a su cargo la manufactura, procesamiento, transportación y entrega del hormigón en el área en donde estaba siendo construida la urbanización La Inmaculada. La última entrega de hormigón ocurrió el 30 de octubre de 1990. Luego de ello, se comenzaron a observar problemas de humedad y filtración en los techos de algunas de las unidades de vivienda.

Ante esta situación S.M.C. se comunicó en varias ocasiones con Master Concrete para expresarle el problema por el que estaba atravesando, así como su intención de no continuar usando el hormigón pre-mezclado que producía. La primera comunicación fue el 7 de diciembre de 1990, a través de una carta certificada que S.M.C. envió al señor Elías Maldonado, presidente de Master Concrete. Una segunda carta fue remitida a Master Concrete con fecha de 4 de enero de 1991. Mientras tanto, S.M.C. costeó las reparaciones de los techos de las viviendas afectadas.

Ante la negativa de Master Concrete de responsabilizarse por las filtraciones experimentadas en los techos de las viviendas, S.M.C. tomó muestras del concreto de los techos afectados y las envió a varios laboratorios en Estados Unidos para que fueran analizadas. Dos estudios independientes revelaron que el hormigón tenía una alta permeabilidad y que tenía una proporción de agua mayor a la recomendada.[Na 2]

Ante este cuadro, el 11 de febrero de 1992, S.M.C. instó una reclamación judicial en el entonces Tribunal Superior, Sala de Bayamón. En ella alegó que el hormigón pre-mezclado suplido por Master Concrete no cumplía con los estándares requeridos para el tipo de construcción en el que sería usado y que la mezcla no satisfizo lo pactado entre las partes. En vista de ello, solicitó indemnización por los gastos en los que había incurrido al reparar los techos de las viviendas afectadas.[Na 3] Luego de varios incidentes procesales, Master Concrete solicitó al tribunal que emitiera sentencia de forma sumaria.

En su moción, además, instó una reconvención contra S.M.C. en la que reclamó el pago de $20,280.60, que alegó ésta le adeudaba por concepto del hormigón premezclado que había provisto. El Tribunal de instancia acogió su solicitud, y procedió a desestimar sumariamente la demanda bajo el fundamento de que la acción de S.M.C. constituía una reclamación por vicios ocultos derivada de una compraventa mercantil. Estimó que S.M.C. debió denunciar el vicio oculto al vendedor dentro del término de caducidad de treinta (30) días, previo a la reclamación judicial correspondiente, que comienza a computarse a partir de la entrega del bien adquirido. Artículo 260 del Código de Comercio, 10 LPRA sec. 1718. Por tal razón, el foro de instancia concluyó que S.M.C. debió hacer la denuncia o notificación del vicio oculto no más tarde del 29 de noviembre de 1990, fecha en que se cumplían los treinta (30) días desde la última entrega del hormigón pre-mezclado, y que por haber instado la demanda en febrero de 1992, la mima debía ser desestimada.

En cuanto a la reconvención, el tribunal resolvió que a la luz de una previa admisión de S.M.C. de que las facturas que dieron base a la reconvención no habían sido satisfechas, procedía declararla con lugar.

Inconforme con esa decisión, S.M.C. acudió mediante recurso de apelación ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Después de un extenso análisis de las distintas figuras jurídicas aplicables, dicho foro confirmó la sentencia en todas sus partes. A su juicio, se encontraba ante una compraventa mercantil y ante una reclamación por vicios ocultos, en cuyo casso S.M.C. debió denunciar el vicio dentro de los treinta (30) días siguientes a la última entrega del hormigón.[Na 4] A pesar de su decisión, el foro recurrido consignó en su sentencia su insatisfacción con el resultado. Al respecto, expresa su sentencia:

Ciertamente los efectos de asumir esta posición en casos concretos como el presente pueden ser trascendentales. Al aplicar a este caso dicha doctrina, nos encontramos con el hecho de que el término para denunciar transcurrió aún cuando el afectado desconocía del vicio. No empece nuestro convencimiento de que este no es el resultado más justo, es nuestra obligación seguir la norma pautada por nuestro Tribunal Supremo. A ellos es a quienes corresponde entonces, variar la doctrina para ajustarla a las realidades como las acaecidas en este caso. Sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 30 de enero de 1996, a la pág. 17. Inconforme con la determinación del Tribunal de Circuito de Apelaciones, S.M.C. acudió ante esta Curia mediante recurso de certiorari en el que señala la comisión de cinco errores por parte del foro apelativo. Por el resultado al cual llegamos sólo es necesario considerar los primeros dos errores señalados por S.M.C..

Estos son: (1) si erró el foro recurrido al determinar que Master Concrete era un suplidor de productos y que por tanto, no le aplicaba el plazo decenal prescrito por el Código Civil para que un contratista independiente responda por las ruinas y vicios ocultos de la obra a él encomendada; y (2) si erró al determinar que era aplicable el plazo de caducidad de treinta (30) días establecido por el Código de Comercio para instar una acción de vicios ocultos derivada de una compraventa mercantil.[Na 5] Por estar estrechamente vinculados, consideraremos ambos errores de forma conjunta.

La correcta solución de la controversia de autos requiere examinnar inicialmente la naturaleza de la relación jurídica existente entre S.M.C. y Master Concrete para determinar si estamos ante una compraventa mercantil, como sostuvo el Tribunal de Circuito de Apelaciones, o si nos encontramos ante un contrato de ejecución de obra según afirma S.M.C.. Examinemos los elementos de cada una de estas figuras.

Como es sabido, el Código de Comercio no define el contrato de compraventa mercantil, tan sólo enumera unos supuestos bajo los cuales una compraventa debe reputarse mercantil. Es el Código Civil el cuerpo legal que define la compraventa como aquel contrato mediante el cual "uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente". Art. 1334 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3741. Dicho contrato de compraventa será mercantil cuando se efectúe para revender los bienes adquiridos, "bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa". Art. 243 del Código de Comercio, 10 LPRA sec. 1701. De este modo, en la compraventa mercantil el comprador es guiado "por el doble propósito de revender ulteriormente las cosas y de obtener un lucro". Reece Corp. v. Ariela Inc., 122 D.P.R. 270, 276-77 (1988). Véanse Ramallo Brothers Printing Inc. v. Ramis, Opinión y Sentencia de 25 de mayo de 1993, ___ D.P.R. ___ (1993); Julsrud v. Peche de P.R. Inc., 115 D.P.R. 18, 21 (1983); Buena Vista Dairy v. Aponte, 108 D.P.R. 657 (1979). Véase además, Carlos Díaz Olivo, La compraventa mercantil: una especie en peligro de extinción, 64 Rev. Jur. U.P.R. 51, 60 (1995).

Un contrato de ejecución de obra, por su parte, llamado también como arrendamiento de obras,[Na 6] es aquel mediante el cual, una parte, generalmente denominada contratista se compromete a realizar y entregar una obra o construcción según la misma fue contratada mientras que la otra parte, el dueño, se obliga a pagar el precio convenido en la forma y tiempo así pactado. Constructora Bauzá Inc. v. García López, Opinión y Sentencia de 17 de diciembre de 1991, ___ D.P.R. ___ (1991).

Puig Brutau lo define como "el contrato por el que una de las partes, llamada contratista, empresario o artífice, se obliga frente a la otra, llamada principal o comitente, a la producción de un determinado resultado con su actividad independiente, a cambio de un precio cierto". II José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil vol. 2, 438 (1982); Véanse además, II Manuel Albaladejo vol. 2, 309 (4ta ed. 1977); Juan Cadarso Palau, La responsabilidad decenal de arquitectos y constructores (1976); Juan Herrera Catena, Responsabilidades en la construcción (1983). La doctrina reconoce variados elementos que hacen del contrato de ejecución de obra un contrato cualitativamente distinto de un negocio de compraventa. Albaladejo, señala que en el contrato de eejecución de obra "se promete un resultado [...] con independencia del trabajo [...] necesario para realizarlo". Albaladejo, supra, a la pág. 309. Puig Brutau, por su parte, enumera varias circunstancias que deben considerarse para que este contrato pueda ser calificado como tal: (1) que el contratista realiza el trabajo de manera independiente en el ejercicio de una profesión autónoma; (2) que es remunerado mediante un precio alzado en consideración al resultado que ha de alcanzar; (3) que posee habilidad y conocimientos técnicos especializados que no posee el comitente y lo capacitan para la realización de la obra; (4) que trabaja generalmente con herramientas y equipo propio; y (5) no es necesario que realice directamente la obra, siendo suficiente que la dirija. II José Puig Brutau, supra, a las págs. 439-40.

Mientras que a través del contrato de compraventa se adquiere la propiedad sobre un bien a cambio de un precio cierto, mediante un contrato de ejecución de obra "el deudor se compromete a efectuar una actividad dirigida al logro del resultado específico, en contraprestación a un precio determinado". IX Eduardo Vázquez Bote, Tratado teórico práctico y crítico de derecho privado puertorriqueño 362 (1992). Sin embargo, las diferencias entre uno u otro negocio jurídico no siempre están claramente delineadas. La doctrina reconoce instancias en que la determinación correcta del negocio jurídico realizado resulta particularmente difícil. Esta es la situación que ocurre cuando la obra encomendada es realizada con materiales suministrados por el comitente según lo permite el Código Civil.[Na 7] Véase, Puig Brutau, supra, a la pág. 441. Vicent Chuliá, destaca esta dificultad y recomienda que para resolverla es preciso analizar "la importancia que ambas partes le hayan dado al trabajo, al "hacer" de quien ha de entregar o "dar" la cosa [...]". II Francisco Vicent Chuliá, Compendio crítico de derecho mercantil 306 (2da ed. 1986).

Diez-Picaso y Gullón, por su parte, advierten igual problema y recomiendan que la justa solución de la controversia requiere indagar la voluntad última de los contratantes. Al respecto afirman:

Si han dado especial importancia al proceso productivo de la cosa, al trabajo a realizar, sobre la materia objeto de aquel proceso, no hay duda de que será la de contrato de obra la calificación más adecuada. Cuando se busca la capacidad o habilidad de un artífice sería absurdo pretender que el comitente se ha dirigido a él con el fin de adquirir unos materiales simplemente.

II Luis Diez- Picaso y Antonio Gullón, Sistema de Derecho civil 434 (6ta ed. 1989).

En virtud de lo anterior, añaden:

en el contrato celebrado para la elaboración o construcción de una cosa fungible pierde el proceso productivo importancia frente a la obligación de entrega, a la prestación de dar, como sucede cuando se trata de cosas fungibles prodducidas de forma periódica y profesionalmente por quien las construye o elabora [...]. En cambio, si se encarga la elaboración o construcción de una cosa especifica no fungible [...], la prestación de hacer para conseguir un resultado es más relevante que la prestación de dar, especifica de la compraventa".Id. A la luz de lo anterior, la resolución de la controversia de autos requiere dirigir nuestra atención hacia el objeto adquirido y hacia el énfasis dado por las partes, o bien a la prestación de hacer el bien en cuestión, o bien a la obligación de entregarlo o a la prestación de dar.

S.M.C. argumenta que realizó un contrato con Master Concrete para que esta "manufacturara, procesara, transportara, vaciara y entregara, un hormigón pre-mezclado de acuerdo a un diseño pactado entre las partes [...]". Petición de Certiorari, a la pág. 9. Añade que, Una hormigonera no ocupa el mismo lugar que un ferretero.

Vende un producto esencial a la obra, manufacturando ella una porción fundamental de ésta. Sus propios técnicos desarrollan y establecen el diseño de la mezcla y poseen todo el control sobre su calidad, dosificación, manejo y entrega. Petición de Certiorari, a la pág. 10.

Por lo anterior, concluye que el contrato mediante el cual un contratista adquiere el hormigón que usa en sus construcciones constituye un contrato de ejecución de obra. No nos persuade.

Un análisis de los términos del contrato suscrito entre las partes revela que en éste Master Concrete, denominada El Vendedor ("The Seller"), se obligó a proveerle ("to provide") a S.M.C., denominada El Comprador ("The Buyer"), el hormigón que usaría en su proyecto de construcción. Apéndice a la pág. 163. A lo largo del contrato, se detallan los costos y se incluyen varias disposiciones relacionadas a la responsabilidad de las partes en caso de incidentes contingentes que pudieran afectar el proceso de suplido ddel hormigón. De igual forma, Master Concrete se comprometió a "suplir" ("All concrete to be supplied by THE SELLER") un hormigón que cumpliera con los requerimientos y especificaciones de la "American Society of Testing Materials"; y se comprometió a llevar el hormigón al lugar indicado por El Comprador.

El contrato no incluye ningún tipo de condición especial para el proyecto, ni ningún tipo de proporción específica para los materiales que serían usados en la elaboración del hormigón que requiriera que Master Concrete se desviara de la práctica que normalmente sigue para preparar el hormigón que vende al público. Más aún, el contrato específicamente expresa: "EL VENDEDOR no se convierte por este acto en un subcontratista dentro del significado de cualesquiera leyes, reglamentos, acuerdos o convenios sindicales, sino que continúa siendo un vendedor de materiales".[Na 8] Apéndice a la pág. 200.

De las alegaciones de las partes tampoco surge que al dar cumplimiento a lo pactado las partes se desviaran objetivamente de lo convenido en el contrato. Master Concrete elaboró un hormigón que posteriormente transportó hasta el proyecto La Inmaculada. Allí lo puso a disposición de S.M.C. quien lo utilizó para la construcción de los techos de las viviendas. Este proceso no reúne las características que convertirían el negocio jurídico realizado entre las partes en un contrato de ejecución de obra.

No estamos ante un contrato por el cual una parte se ha obligado con otra a la creación o producción de un determinado resultado en virtud de que realiza una actividad independiente. Por el contrario, los autos revelan que Master Concrete suplió el hormigón pre-mezclado de acuerdo a la especificaciones que de ordinario sigue en el ejercicio de su actividad comercial. Se trata de un producto genérico que de ordinario produce en masa para la venta al público. A la luz de lo anterior, estimamos que en el contrato de autos, el énfasis de las prestaciones estaba en el "dar" y no en el "hacer". Por ello, no podemos sino concluir que el negocio jurídico existente entre las partes era el de una compraventa y que Master Concrete era una suplidora de materiales y no un subcontratista independiente.

Por otro lado, surge claramente de las alegaciones y de los documentos que obran en los autos que la compra del hormigón fue efectuada con el objetivo de usarlo en los techos de las unidades de vivienda que eventualmente fueron vendidas al público y que en ese proceso la intención de S.M.C. era lucrarse en la reventa. De este modo, concurren plenamente los elementos característicos de la compraventa mercantil. Art. 243 del Código de Comercio, supra; Reece Corp. v. Ariela, supra.

Por ende, coincidimos con el Tribunal de Circuito de Apelaciones en su conclusión de que el negocio jurídico formalizado entre S.M.C. y Master Concrete constituyó un contrato de compraventa mercantil, por lo quee son aplicables, en primer término, las disposiciones del Código de Comercio relativas a esta figura jurídica. Establecido que nos encontramos ante una compraventa de naturaleza mercantil, procede determinar la naturaleza de la acción instada por S.M.C. y el plazo que tenía para hacerlo.

El Código de Comercio establece varias acciones que permiten al comprador obtener indemnización por los acontecimientos o riesgos que menoscaban el disfrute del bien adquirido. Estas acciones de ordinario poseen un término prescriptivo dentro del cual deben ser instadas. Sin embargo, el Código de Comercio no tiene una reglamentación sistemática y completa de todos los términos prescriptivos. Ramallo Brothers Printing, Inc. v. Ramis, supra. Sólo regula algunos casos y aquellas acciones que carecen de término específico quedan reguladas por el Código Civil.

En el caso de autos, el Tribunal de Circuito de Apelaciones estimó que la acción instada por S.M.C. constituía una acción por vicios ocultos derivada de una compraventa mercantil. Por ello, en virtud del artículo 260 del Código de Comercio, 10 LPRA sec. 1718, estimó que la acción había [caducado, ya que no medió reclamación alguna por parte de S.M.C. dentro del término de treinta (30) días luego de la última entrega el hormigón.[Na 9]

Aplicado este artículo a los hechos concretos del caso de autos, no hay duda de que la acción de reclamación por vicios ocultos efectivamente ha caducado. La última entrega del hormigón ocurrió el 30 de octubre de 1990. Véase Apéndice de la Petición de Certiorari, a la pág. 126. Vista la reclamación como una acción por vicios ocultos, S.M.C. tenía hasta el 29 de noviembre para hacer la denuncia a Master Concrete. En cambio, la primera denuncia de la recurrente ocurrió el 7 de diciembre de 1990, transcurridos más de treinta (30) días desde la entrega. Aún asumiendo que S.M.C. hubiera efectuado la denuncia en tiempo, su reclamación judicial fue instada transcurrido más de un año desde la entrega, y no dentro del término de seis (6) meses que prescribe nuestro ordenamiento jurídico. Julsrud v. Peche, supra. Como es sabido, al amparo de este tipo de reclamaciones, "[t]ranscurrido ese plazo perderá el comprador toda acción y derecho a repetir contra el vendedor". Rodrigo Uría, Derecho Mercantil 404 (1960). La aplicación de las normas relativas a vicios ocultos en el caso de compraventas mercantiles, como en el caso de autos, puede llevar a resultados absurdos, cuando, por la naturaleza del bien comprado, sus vicios internos de ordinario no pueden ser percibidos sino hasta mucho tiempo después de la entrega. Esta situación tiene el efecto práctico de privar al comprador de una acción que nuestro ordenamiento civilista le reconoce a la luz de los intereses involucrados en el tráfico jurídico.

Sin embargo, ¿está S.M.C. desprovista de todo remedio judicial para resarcirsee por los daños y perjuicios que el alegado hormigón defectuoso le ha ocasionado? ¿Tiene a su disposición algún remedio legal mediante el cual pueda recobrar lo invertido por ella en la reparación de los techos de las viviendas afectadas, si en efecto la causa de las filtraciones es atribuible a Master Concrete? Evaluemos estas interrogantes.

La doctrina civilista reconoce que la evaluación de la naturaleza de los vicios por los cuales se reclama puede dar lugar a múltiples disputas, ya que los vicios pueden deberse a vicios de calidad constitutivos de prestación diversa o aliud pro alio; o a vicios de calidad constitutivos de una prestación defectuosa. Emilio Langle y Rubio, El contrato de compraventa mercantil 73 et seq (1958). Bajo el primer supuesto la doctrina reconoce que no se está ante una reclamación por vicios ocultos en el bien adquirido, ya que no ha habido propiamente una entrega por parte del vendedor. En tales casos se afirma que el vendedor "ha realizado una prestación diversa, no ha cumplido lo pactado [...]", id. a la pág. 74, por lo que la doctrina señala que las normas aplicables son las normas generales de incumplimiento de las obligaciones reguladas por el Código Civil, artículos 1054 y 1077 del Código Civil de P.R.; 31 LPRA secs. 3018 y 3052,[Na 10] en ausencia de disposiciones específicas en el Código de Comercio. Véase Art. 2 del Código de Comercio, 10 LPRA sec. 1002; y el Art. 12 del Código Civil, 31 LPRA sec. 12.

Al recurrir a las normas generales sobre incumplimiento de las obligaciones, el acreedor puede optar entre exigir el cumplimiento de la obligación, o su resolución, y en ambos casos, si tal incumplimiento ha tenido repercusiones en su patrimonio de forma desfavorable, puede reclamar el resarcimiento por los daños con el correspondiente abono de los intereses. Art. 1077 del Código Civil, supra. Véase José Puig Brutau, Fundamentos de Derecho civil vol. 2, 439-47 (4ta ed. 1988). Asimismo, por no tener término prescriptivo específico, estas acciones pueden ser ejercitadas dentro del amplio término prescriptivo de quince (15) años que establece el artículo 1864 del Código Civil. Art. 1864 del Código Civil de P.R.; 31 LPRA sec. 5294;[Na 11] Véanse, Rosario Quiñones v. Municipio de Ponce, 92 D.P.R. 586 (1965); Lugo Falcón v. E.M. Amy & Sons Inc., supra; Saavedra v. Central Coloso Inc., 85 D.P.R. 421 (1962). En todo caso, el presupuesto legitimador de la reclamación por aliud pro alio lo constituye el descubrimiento por parte del comprador de que el bien adquirido no satisface las exigencias requeridas para el uso al que va destinado, y que lo llevó a perfeccionar el contrato de compraventa.

En el segundo supuesto—vicio de calidad constitutivo de prestación defectuosa—si ha habido entrega por parte del deudor, por lo que, aunque mal, ha cumplido. Por ello, el deudor sólo está obligado a reparar la situación de conformidad con las normas quue regulan los supuestos de saneamiento y evicción, ya sea en materia civil o mercantil.

Garrigues reconoce que ambos supuestos—vicio de calidad constitutivo de prestación diversa y vicio de calidad constitutivo de prestación defectuosa—forman parte de la doctrina mercantilista, pero advierte que, aunque en ocasiones la distinción es fácil, en algunos casos resulta "prácticamente imposible distinguir entre prestación diversa y prestación defectuosa". IV Joaquín Garrigues, Curso de Derecho mercantil 80 (1987). En igual sentido se expresa Vicent Chuliá. Véase, Francisco Vicent Chuliá, supra, a la pág. 110.

El Tribunal Supremo español ha considerado esta controversia en varias ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia de 5 de noviembre de 1993 (A. 8615), dicho Foro estimó que la reclamación de una empresa mercantil por "abonos practicados a clientes, más las cantidades indemnizatorias [...] por daños y perjuicios [...]" causados por defectos de un trenzado adquirido para la elaboración de zapatos, constituía una reclamación bajo el supuesto aliud pro alio ya que el material suministrado no reunía "las condiciones necesarias para ser utilizado como material de corte para calzado". Id.

De igual forma, en la sentencia de 28 de enero de 1992, (A. 273), el Tribunal Supremo español, estimó que la entrega de un suministro de madera que resultó tener carcoma, constituía una entrega de cosa distinta a la pactada, por ser el material inservible para su uso. De este modo, reconoció que la acción allí instada estaba regulada por las disposiciones generales sobre incumplimiento contractual bajo el supuesto de aliud pro alio y no por los artículos del Código de Comercio que regulan las acciones por vicios ocultos.

La sentencia de 1 de marzo de 1991 (A. 1708), presenta unos hechos particularmente similares a los de autos. En el recurso de casación involucrado, el Tribunal Supremo español consideró si una empresa dedicada a la preparación de hormigón que había sido demandada en cobro de dinero por una suplidora de cemento, podía instar una reconvención contra ésta por incumplimiento por aliud pro alio. Al resolver esta controversia, el Tribunal Supremo español expresó que, [la] inadecuación, inidoneidad e inhabilidad [del cemento] para la construcción [impide] el que pueda calificarse como simple vicio o defecto de calidad o cantidad, que es lo contemplado por los arts. 336 y 342 del propio texto legal, [equivalentes a los artículos 254 y 260 de nuestro Código de Comercio] excluyentes, normalmente, de la aplicación de los arts. 1101 y 1124 del Código Civil, [equivalentes a los artículos 1054 y 1077 de nuestro Código Civil] pero no en los supuestos de inutilidad del objeto a los fines contratados. Id.

El Tribunal Supremo español ha sido enfático al destacar la inaplicabilidad de los artículos del Código de Comercio que regulan los supuesto de vicios oculltos en casos como los anteriores. Al respecto son ilustrativas las siguientes palabras:

En los casos de falta de calidad de la cosa vendida, inapreciable a simple vista y desde luego desconocida por el comprador, que la hace totalmente inadecuada para el uso para el que fue adquirida, la inhabilidad total del objeto no es encuadrable dentro de los vicios ocultos, sino en la hipótesis de entrega de la cosa distinta "aliud pro alio", y como consecuencia al comprador insatisfecho ha de brindársele la protección de los artículos 1.101 y 1.124 del Código Civil, sin que sea obstáculo el daño para la seguridad del tráfico mercantil, cuya consideración no puede servir de amparo a la conducta incorrecta del vendedor refugiado en el carácter oculto de una falta de calidad esencial del objeto genérico vendido, cuya idoneidad para el fin a que estaba conocidamente destinado sólo era revelable largo tiempo después de que la entrega tuvo lugar, y desde luego, después del transcurso de los plazos para el ejercicio de las acciones edilicias que el ordenamiento mercantil señala. Sentencia de 20 de octubre de 1984 (A. 4,906) (énfasis suplido).[Na 12]

A la luz de esta doctrina reconocida por el Tribunal Supremo español, los comentaristas han señalado que el incumplimiento de la obligación por entregar cosa diversa a la pactada o aliud pro alio se producirá bajo las siguientes circunstancias: (1) cuando la cosa entregada sea objetivamente distinta de la pactada; o (2) cuando el objeto entregado sea inadecuado para el uso al que va destinado; y además, (3) cuando ocurra una insatisfacción objetiva por parte del comprador. Véase, Lorenzo Prats Albentosa, La entrega de cosa diversa a la pactada (aliud pro alio) como incumplimiento resolutorio en la jurisprudencia del Tribunal Supremo comentarios a las sentencias del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1991 de 20 de noviembre de 1991 y 28 de enero de 1992) 573 Rev. Gen. Der. 5081 (1992).

Bajo la primera acepción, el objeto entregado contiene "elementos diametralmente diferentes a los que debía reunir el bien objeto del negocio celebrado". Id. a las págs. 5084-85. El segundo supuesto, por su parte, se refiere a que la cosa adquirida no sirve al destino pretendido por el comprador. Se ha advertido, sin embargo, que estamos ante este supuesto aun cuando tal inutilidad sea provocada "por lo que usualmente se califique como vicio o defecto, ya que lo determinante es, no la deficiencia cualitativa o cuantitativa, sino la inutilidad, la frustración de la parte al recibir una cosa no constitutiva de la previsión causalizada del contrato". Sentencia de 29 de diciembre de 1984 (A. 6302). En ambas situaciones estamos ante determinaciones fácticas que deben ser resueltas por el juzgador.

El tercer elemento es más bien resultado natural del incumplimiento de lo pactado. Consiste en la insatisfacción que deriva el comprador ante la inutilidad del objeto para el fin por él perseguido, yya sea por haber sido entregada una cosa objetivamente distinta a la que en principio generó el contrato, o porque, a pesar de haber recibido un bien del mismo género que el deseado, el mismo resulta inhábil para el uso al que va destinado.

No se trata de un elemento que pueda dejarse al arbitrio del comprador, "sino que tal calificación debe estar referida a la propia naturaleza de la cosa y al uso normal de ésta, debiendo ser imposible de todo punto el aprovechamiento por el adquirente de la cosa entregada [...]". Lorenzo Prats Albentosa, supra, a la pág. 5093. Estos desarrollos doctrinales tienen como objetivo brindarle una mayor protección al comprador de géneros fabricados en masa, frente al fabricante-vendedor de los mismos, como forma de atemperar las exigencias del tráfico mercantil contemporáneo con razones de justicia social. Id., a la pág. 5095. Tales principios son perfectamente armonizables con nuestro ordenamiento jurídico-económico y le reconocen al comprador unos instrumentos adicionales para evitar y rectificar los abusos del comercio.

Además, como hemos afirmado en el pasado:

No es lógica ciega a los objetivos y necesidades de nuestro ordenamiento jurídico y comunal la que debe gobernar la interpretación de nuestros códigos y leyes. Es la opuesta. De ésta es que depende en última instancia la sensibilidad al cambio social de nuestros estatutos y la facultad de promover, dentro de las pautas trazadas por el legislador, su remozamiento. Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405, 408-09 (1974).

Hemos examinado detenidamente las alegaciones de S.M.C.. Un análisis de su demanda revela que las mismas parecen más próximas a una reclamación por los daños y perjuicios por entrega de cosa diversa de la pactada que a una reclamación por vicios ocultos. En tal caso, y a la luz de lo previamente expuesto, nos encontramos ante una reclamación por incumplimiento por haber sido entregada cosa distinta a la pactada o con defectos de tal naturaleza que hacen el objeto de la compraventa impropio para el fin perseguido.

Bajo esta causa de acción, el término prescriptivo aplicable es el de quince (15) años, por lo que al momento de presentar su acción, en febrero de 1992, S.M.C. actuó en tiempo. Su acción, en este sentido, no estaba prescrita.

En virtud de lo anterior, y una vez la acción de S.M.C. fue desestimada mediante el mecanismo de sentencia sumaria, procede devolver el caso al foro de instancia para que evalúe la prueba que al respecto la aquí peticionaria posee y determine si en efecto se satisfacen los requisitos necesarios para que prospere la reclamación por aliud pro alio. En tal caso, deberá recibir prueba sobre la magnitud del defecto, si existiese, y sobre la magnitud de las reparaciones efectuadas por S.M.C. de forma tal que le permita estimar el grado de ineficacia inicial del hormigón. En este extremmo, es el foro de instancia el que debe aquilatar la prueba para hacer esta determinación.[Na 13]

Se emitirá la correspondiente sentencia revocatoria.

Federico Hernández Denton

Juez Asociado

Por los fundamentos antes expuestos los cuales se hacen formar parte de la presente, se expide el auto de certiorari y se revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional de Bayamón, en el caso de epígrafe. Se devuelve el caso al foro de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

Francisco R. Agrait Lladó

Secretario General

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