Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de P. R. del año 2001
2001
DTS 083 PUEBLO V. SANTIAGO TORRES 2001TSPR083
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO
RICO
Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
Dionisio Santiago Torres
Apelado-Recurrido
Certiorari
2001 TSPR 83
Número
del Caso: CC-2000-551
Fecha:
8/junio/2001
Tribunal
de Circuito de Apelaciones:Circuito Regional V
Juez
Ponente: Hon.
Liana Fiol Matta
Oficina
del Procurador General: Lcdo.
Ricardo E. Alegría Pons
Procurador General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida: Lcdo. José E. Ayoroa Santaliz
Materia: Penal, Sodomía y Actos Lascivos e Impúdicos, Procesabilidad
ADVERTENCIA
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Opinión del Tribunal emitida
por el Juez Asociado señor Corrada del Río
San Juan, Puerto Rico
a 8 de junio de 2001.
En el caso de autos,
el Procurador General, en representación del Pueblo de Puerto Rico, comparece
ante nos solicitando la revocación de la sentencia del Tribunal de Circuito de
Apelaciones (en adelante TCA) confirmando una resolución del Tribunal de
Primera Instancia (en lo sucesivo TPI), mediante la cual decretó que el aquí
recurrido no era procesable.
I
Dionisio Santiago
Torres (en adelante Santiago Torres o el imputado) tiene un grado de
retardación mental leve –un coeficiente intelectual de sesenta y cuatro (64)- y
posee una edad mental de siete (7) años, pese a contar con más de cuarenta
(40). Alcanzó estudios académicos hasta el séptimo grado; sin embargo, no sabe
leer ni escribir.
El 23 de diciembre de
1997, tras la celebración de la vista preliminar correspondiente, el Ministerio
Público sometió contra Santiago Torres cinco (5) cargos por infringir el Art.
103 del Código Penal –sodomía-, 33 L.P.R.A. sec. 4065 (Supl. 2000), y un (1)
cargo por violación del Art. 105 del Código Penal –actos lascivos o impúdicos-,
íd., sec. 4067 (Supl. 2000).[1]
Posteriormente,
durante la lectura de acusación, celebrada el 23 de enero de 1998, la
representación legal de Santiago Torres invocó como defensa la incapacidad
mental de éste al momento de los hechos.[2]
A tales fines, previa renuncia a los términos de juicio rápido, el abogado de
Santiago Torres solicitó un señalamiento para traer al Dr. Capestany. Ante
ello, el TPI, en virtud de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra,
paralizó los procedimientos, ordenó la evaluación de Santiago Torres por el Dr.
Rafael Cabrera Aguilar (en adelante Dr. Cabrera), psiquiatra del Estado, y fijó
la vista “para evaluación sobre Procesabilidad
e Inimputabilidad” para el 27 de febrero de 1998. (Énfasis en el original.)[3]
Llegado el día, el TPI
celebró la primera vista de procesabilidad, en la cual declararon tanto el Dr.
Cabrera como el Dr. Capestany. Posteriormente, mediante resolución de 3 de
junio de 1998, el TPI, luego de reseñar brevemente lo ocurrido en dicha vista,
declaró no procesable a Santiago Torres. A tales efectos, expresó lo siguiente:
[e]l doctor
Cabrera contestó escuetamente que evaluó al imputado y [que] a su juicio éste
se encuentra procesable.
Por su parte,
el doctor Capestani [sic] atestó que ha examinado y evaluado en múltiples
ocasiones al imputado. De hecho preparó un detallado Informe de Evaluación
Psiquiátrica que consta de once (11) páginas [,] además de abundante prueba
documental. Concluyó el doctor Capestani [sic] que el imputado tiene síntomas
muy serios de enfermedad mental tales como intelecto deficiente, funciones
cognoscitivas afectadas, alucinaciones, delirios y pobre juicio, como
consecuencia de lo cual tiene serios impedimentos para funcionar en el ámbito
social, escolar y ocupacional.
A juicio del
doctor Capestani [sic] y por los fundamentos contenidos en su Informe y
testimonio, el imputado no se encuentra procesable.
Examinados
cuidadosamente ambos testimonios periciales, a la luz de los examenes [sic] y
evaluaciones practicadas al imputado, el Tribunal declara al imputado, Dionisio
Santiago Torres: NO
PROCESABLE.
Se dispone que
el imputado continuará recibiendo tratamiento ambulatorio, como hasta el
presente, bajo la tutela de su señor padre.(Énfasis y mayúsculas en el
original.)[4]
Por último, el TPI señaló una vista de
seguimiento para el 30 de octubre de 1998.
Tras múltiples
suspensiones, finalmente, el 23 de septiembre de 1999 el TPI llevó a cabo una
segunda vista de procesabilidad donde testificaron el Dr. López –quien expresó
que el imputado cumplía con los requisitos de procesabilidad-[5]
y el Dr. Capestany –que se reafirmó en que Santiago Torres no era procesable.
Luego de escuchar los dichos testimonios periciales, el TPI reiteró que
Santiago Torres no era procesable, ordenó la continuación del tratamiento y
pautó otra vista de procesabilidad para el 17 de diciembre de 1999.
Así las cosas, llegado
el día del señalamiento, las partes expusieron varios argumentos. La defensa,
por su parte, solicitó que el TPI decretase la no procesabilidad permanente de
Santiago Torres ya que éste padece de una condición insuperable. Por otra
parte, el Ministerio Público planteó que “no [era] pertinente solicitar la
inimputabilidad del imputado.”[6]
Sobre el particular, surge del acta de dicha vista lo siguiente:
[e]l Tribunal expone
que no se está solicitando una inimputabilidad. Es que dentro del curso de este
tipo de procedimiento en determinado momento se va a determinar si la persona
es o no procesable. Se está repetidamente incurriendo en gastos por parte del
estado [sic], aguardando el momento en que vía tratamiento o en alguna otra
forma pueda ser procesable, cuando el caso es que nunca llegará el momento,
porque la condición está congénitamente defectuosa.
A la luz de lo
que el facultativo recomienda [,] el Tribunal concluye que es fútil el seguir
evaluando a esta persona, porque las probabilidades de que un día resulte
procesable es [sic] casi nula [sic], ya que las condiciones congénitas no son
superables, por lo que no va a responder a ningún tratamiento. No es justo ni
apropiado para el estado [sic] estar incurriendo en gastos. Por lo antes
expuesto se exime de futuras vista [sic] de procesabilidad al imputado.[7]
En vista de ello, mediante resolución de
17 de diciembre de 1999, notificada el 4 de enero de 2000, el TPI declaró al
imputado no procesable y, en virtud de la Regla 247(b) de Procedimiento
Criminal, supra, ordenó el archivo y sobreseimiento de los cargos.
Inconforme,
el 3 de febrero de 2000, el Procurador General acudió, vía certiorari,
ante el TCA.[8] El 12 de
mayo de 2000 el TCA dictó sentencia, notificada el 24 de mayo de 2000,
confirmando la resolución del TPI. Oportunamente, el Procurador General
recurrió ante nos imputando la comisión de los siguientes errores:
1.
Incurrió en manifiesto error el Tribunal al convalidar el
acto contrario a derecho del Tribunal de Primera Instancia al paralizar
el proceso y aplicar la Regla 240 de Procedimiento Criminal, sin base razonable
ante el mero aviso verbal de la defensa de que invocaría la Regla 74 de
Procedimiento Criminal.
2.
Incurrió en manifiesto error el Tribunal al no entender el
planteamiento de que un imputado con retardación mental moderada es procesable.
(Subrayado en el original.)
Luego de expedir el
recurso y a bien de contar con las comparecencias de las partes, resolvemos.
II
La cuestión a
determinar, en primer lugar, es si el TPI actuó correctamente al paralizar los
procedimientos, bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, por
razón del planteamiento de la incapacidad mental de Santiago Torres al momento
de los hechos imputados. El Procurador General sostiene que ello no constituía
base suficiente para la suspensión.
De entrada, es
conveniente precisar que, en el ámbito penal, la incapacidad mental de un
imputado es importante en dos (2) etapas, a saber: (1) al momento de la
comisión de los hechos alegados, y (2) al momento y durante el proceso penal. Pueblo
v. Castillo Torres, 107 D.P.R. 551, 554 (1978).
La primera es causa de
inimputabilidad. A tales efectos, el Art. 30 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec.
3152, en lo pertinente, dispone que “[n]o es imputable el que en el momento del
hecho, a causa de enfermedad o defecto mental, careciere de capacidad
suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de
acuerdo con el mandato de ley.” Es decir, la incapacidad mental es eximente de
responsabilidad criminal. Por lo que, frente a la ausencia de tal capacidad, no
cabe hablar de la responsabilidad penal del imputado. Pueblo v. Ríos Maldonado,
132 D.P.R. 146, 164-165 (1992); E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal
de Puerto Rico y Estados Unidos, 1ra reimp., Colombia, Ed. Forum,
1995, Vol. III, Sec. 29.1, pág. 251; O. E. Resumil, Derecho Procesal Penal,
New Hampshire, Equity Publishing Company, 1990, T. I, Sec. 5.18, pág. 101.[9] A los fines de levantar y luego establecer la defensa de
incapacidad mental, cónsono con la Regla 74 de Procedimiento Criminal, supra,
el acusado tiene que presentar un aviso ante el tribunal y notificar el mismo
al Ministerio Fiscal.[10]
Ahora bien, distinta
es la situación tratándose de la capacidad o incapacidad mental de la persona
al momento de encarar el proceso judicial en su contra. En este supuesto,
entonces, nos referimos a la procesabilidad del imputado. Pueblo v. Castillo
Torres, supra, pág. 555. La Regla 239 de Procedimiento Criminal, supra,
establece que “[n]inguna persona será juzgada, convicta o sentenciada por un
delito mientras esté mentalmente incapacitada.” Ello tiene como propósito
“impedir que se someta a juicio a un reo que es incapaz de comprender la
naturaleza y propósito de los procedimientos que contra él se siguen, y como
consecuencia, de defenderse adecuadamente.” Pueblo v. Cruz Román, 84
D.P.R. 451, 457-458 (1962) (resuelto bajo los Arts. 439 y siguientes del Código
de Enjuiciamiento Criminal, precursores de las reglas vigentes). El Profesor
Chiesa, en lo referente, expresa que “se trata de una exigencia de que el
acusado pueda entender la naturaleza de los procedimientos, de forma que pueda
ayudar –a su abogado y a sí mismo- a su mejor defensa.” Chiesa Aponte, op.
cit., pág. 252.
En virtud de dicho
mandato, la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, en lo atinente,
dispone que:
“[e]n cualquier momento después de presentada
la acusación o denuncia y antes de dictarse la sentencia, si el tribunal
tuviere base razonable para creer que el acusado está mentalmente incapacitado,
inmediatamente suspenderá los procedimientos y señalará una vista para determinar
el estado mental del acusado. Deberá el tribunal designar uno o varios
peritos para que examinen al acusado y declaren sobre su estado mental. Se
practicará en la vista cualquier otra prueba pertinente que ofrezcan las
partes.” (Bastardillas nuestras.)
Sobre el particular, en Pueblo v. Rodríguez
Galarza, 117 D.P.R. 455, 457 (1986), citando con aprobación al Procurador
General, expresamos que “la Regla le concede inicialmente al tribunal total
discreción en la determinación de si existe base razonable o no para creer que
el acusado está mentalmente incapacitado.”[11]
Véase, Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552, 562
(1973); Córcoles Droz v. Jefe Penitenciaría, 89 D.P.R. 1, 10 (1963); Pueblo
v. Cruz Román, supra; T. Grisso, Evaluating Competencies, 2nd
print., New York, Plenum Press, 1988, pág. 65.
No obstante,
una vez estima que hay base razonable, el tribunal tiene que paralizar ipso
facto todos los procedimientos, señalar una vista para determinar la condición
mental del imputado, y nombrar uno o varios peritos para que evalúen al
imputado y atestigüen sobre su condición mental. Pueblo v. Rodríguez Galarza,
supra; Pate v. Robinson, 383 U.S. 375, 385 (1966); Chiesa Aponte, op.
cit. Ello es mandatorio, máxime cuando el encausar a una persona no
procesable viola el debido proceso de ley. Cooper v.
Oklahoma, 517 U.S. 348, 354 (1996); Medina v. California,
505 U.S. 437, 453 (1992) (“the criminal trial of an incompetent defendant
violates due process.”); Drope v. Missouri, 420 U.S. 162, 172 (1975); Pate
v. Robinson, supra, pág. 378; Bishop v. United States, 350 U.S. 961
(1956). Véase, Stephen J. Kane, Competency to Stand Trial, 87 Geo. L. J. 1463, 1467 (1999).
En la situación de
autos, durante la lectura de acusación, la representación legal de Santiago
Torres levantó como defensa la incapacidad mental de éste al momento de la
comisión de los hechos y expresó que, a tales efectos, traería al Dr. Capestany
para probar dicha defensa. Ante ello, el TPI, a su discreción, estimó prudente,
al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, supra, suspender
los procedimientos, referir a Santiago Torres al Dr. Cabrera para una
evaluación, y señalar una vista sobre inimputabilidad y procesabilidad. El
simple planteamiento de la inimputabilidad de Santiago Torres per se no
constituía base razonable para creer que éste se encontraba mentalmente
incapacitado y activar los procedimientos al amparo de la Regla 240 de
Procedimiento Criminal, supra, ya que los criterios para determinar la
inimputabilidad y la procesabilidad de una persona son diferentes e
independientes.[12] Véase,
Kane, op. cit., pág. 1463, n. 1405.
No obstante, en el
expediente ante nos, obra una moción que sometió la representación legal de
Santiago Torres ante el TPI avisando que presentaría la defensa de incapacidad
mental en la vista preliminar.[13]
Junto a dicha moción, el abogado del imputado acompañó copia de los documentos
en los cuales se basó el Dr. Capestany para emitir su opinión, la cual también
incluyó. Entre éstos se encontraban: (1) tarjeta de citas; (2) evaluación
psiquiátrica realizada por el Dr. Ubaldo Bocanegra; (3) certificado de
hospitalizaciones en el Hospital de Psiquiatría de Ponce; y (4) parte verbal
del WAIS test, BG test y dibujos de personas.[14]
A nuestro entender, de dichos documentos surgía base razonable para creer que
Santiago Torres se hallaba mentalmente incapacitado al momento de la lectura de
acusación. Además, conforme al expediente, el Ministerio Fiscal, no objetó tal
determinación durante la lectura de acusación ni en las posteriores vistas de
procesabilidad. A la luz de todas las circunstancias, el TCA concluyó
correctamente al resolver que el TPI no abusó de su discreción al paralizar los
procedimientos conducentes al juicio de Santiago Torres.
III
Por otra parte, en su
segundo señalamiento de error, el Procurador General señala que la prueba
pericial no es suficiente para sostener la no procesabilidad de Santiago Torres
ya que éste no posee un grado de retardación mental que justifique tal
determinación.
A
La retardación mental
es una condición diagnosticada antes de los dieciocho (18) años de edad que se
caracteriza por funciones intelectuales significativamente pobres -por debajo
del nivel promedio- y limitaciones considerables a la capacidad de adaptación. American
Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 4th ed. (DSM-IV), Washington, DC, APA, 1994, pág. 39.
Véase, D. Courselle et al., Suspects, Defendants and Offenders with
Mental Retardation in Wyoming, 1 Wyo.
L. Rev. 1 (2001); D. W. Keyes et al., Mitigating Mental
Retardation in Capital Cases: Finding the “Invisible” Defendant, 22 Mental & Physical Disability L. Rep.
529, 530 (1998).[15]
A tales fines, el
nivel de las funciones intelectuales se mide mediante la administración de
pruebas sicométricas,[16]
a través de las cuales se determina el coeficiente de inteligencia o
coeficiente intelectual (conocido por sus siglas en inglés como I.Q.) del
individuo.[17] Un coeficiente
intelectual de setenta (70) o menos, con un margen de error de cinco (5)
puntos, refleja una disminución significativa de tales funciones,[18]
elemento esencial para un diagnóstico de retardación mental. DSM-IV,
op. cit.[19] Empero, dicha puntuación por sí sola no es indicativa de
retardación mental ya que el coeficiente de inteligencia sólo considera las
facultades intelectuales, y no a las facultades de adaptación.[20]
I. Mickenberg, Competency to Stand Trial and the
Mentally Retarded: The Need for a Multi-Disciplinary Solution to a
Multi-Discplinary Problem, 17 Cal. W.
L. Rev. 365, 390-391 (1981). A esos efectos, Keyes
expresa:
[s]cores
on tests of adaptive ability and an analysis of coping skills must be
significantly below average, as well. Often, too much is made of the IQ score
alone as though it were the sole indicator of mental retardation. A low IQ
score without deficits in adaptive functioning is not defined as mental
retardation. Conversely, poor adaptive skills in the presence of average
intelligence is not mental retardation, either. D. W. Keyes et al.,
op. cit., pág. 531.[21]
Respecto a
dichas facultades, una persona con retardación mental tiene limitaciones
significativas en al menos dos (2) de las siguientes áreas: comunicación, aseo personal, convivencia
familiar, destrezas sociales e interpersonales, uso de los recursos
comunitarios, autocontrol, destrezas académicas, trabajo, entretenimiento,
salud y seguridad. DSM-IV, op. cit, pág. 39.
Finalmente, cabe
mencionar que, el nivel de severidad de la retardación mental de un individuo
se cataloga en función del coeficiente intelectual obtenido, a saber: leve o
media (50 a 70), moderada (35 a 49), severa (20 a 34) y profunda (menos de 20).
M. S. Gisbert y otros, op. cit., pág. 178. Véase, DSM-IV, op. cit.,
pág. 40.
B
No obstante las
limitaciones que conlleva la retardación mental, un tribunal podría encontrar
procesable a un imputado con dicha condición.[22]
Es decir, un diagnóstico de retardación mental no equivale necesariamente a un
dictamen de no procesabilidad.[23]
Un tribunal, al
momento de determinar la procesabilidad del imputado, evalúa si éste puede
consultar con su abogado con un grado razonable de entendimiento y si
comprende, de forma racional y fáctica, la naturaleza y propósito del proceso. Drope
v. Missouri, supra; Dusky v. United States, 362 U.S. 402
(1960). Véase, Pueblo v. Cruz Román, supra, págs. 457-458. Es decir, un
individuo es procesable si posee la capacidad necesaria para: (1) entender la
naturaleza y objeto de los procedimientos en su contra; (2) asesorarse con su
abogado; y (3) colaborar en su defensa. Drope v. Missouri,
supra, pág. 171 (“a person whose mental condition is such that he lacks the
capacity to understand the nature and object of the proceedings against him, to
consult with counsel, and to assist in preparing his defense may not be
subjected to a trial.”) Véase, Chiesa Aponte, op. cit., Sec. 29.1, págs.
252-253; Sec. 29.2, pág. 258.[24]
La
comprensión de la naturaleza y propósito de los procedimientos por parte del
imputado va más allá de un mero conocimiento del proceso criminal en su contra.
People v. Swallow, 301 N.Y.S. 2d 798, 802-803
(1969). El tribunal debe considerar varios factores, a modo de mención, si el
individuo entiende racionalmente: (1) los cargos imputados; (2) el rol del juez
o jurado, del fiscal y la defensa; (3) los derechos que le cobijan; (4) las
diferentes alegaciones –Regla 68 de Procedimiento Criminal, supra- y sus
consecuencias; (5) los posibles veredictos –Regla 146 de Procedimiento
Criminal, supra- y sus efectos, ello incluye que de ser hallado culpable
procede la imposición de una sentencia. Silten & Tullis, Mental
Competency in Criminal Proceedings, 28 Hastings
L. J. 1053, 1061 (1977).
Por otra
parte, al indagar sobre la capacidad del acusado para consultar con su abogado
y colaborar en su defensa, debe considerarse, inter alia, la capacidad
del primero de: (1) comunicarse efectivamente con su abogado; (2) cooperar
eficazmente con su abogado; (3) recordar y relatar hechos relacionados con sus
acciones; (4) seguir instrucciones; (5) identificar testigos, ayudar a
localizarlos y a interrogarlos; (6) tomar decisiones, luego de una completa
explicación de las alternativas; (7) testificar eficientemente y, a su vez, ser
contrainterrogado. Véase, Silten & Tullis, op. cit., págs.
1062-1064.
Ahora bien, de tener
ante sí una persona con retardación mental, un tribunal no puede limitarse a
considerar el coeficiente intelectual para determinar la procesabilidad.
También debe enfocarse en el efecto adverso de tal condición sobre los factores
relevantes a la procesabilidad. I. Mickenberg, op. cit.,
pág. 391.[25] Esto es, juzgar cómo afecta la disminución en las
facultades intelectuales y adaptativas la habilidad del imputado de entender el
proceso criminal, comunicarse con su abogado y ayudar en su defensa. El
tribunal debe prestar particular atención a la capacidad de memoria, de
comunicación, de formar un juicio, de razonamiento, de lidiar con el estrés y
la ansiedad, y, sobre todo, de percepción del proceso criminal. Véase,
I. Mickenberg, op. cit., págs. 392-400. Ante ello, para tener un cuadro
más completo, resulta de gran ayuda que la evaluación del perito exponga tales
efectos.[26]
No obstante lo
anterior, del individuo sufrir un grado de retardación severo o profundo, al
tener limitaciones considerables tanto en su capacidad de razonamiento como de
comunicación evidentes, que no pocas veces hieren la retina, el tribunal
decretará la no procesabilidad de éste.[27]
Empero, cuando el individuo presenta un nivel de retardación mental leve o
moderado, el tribunal pondrá atención a los efectos de dicha condición sobre
las capacidades necesarias para ser hallado procesable.[28]
En el caso de
autos, el TPI –en tres (3) ocasiones distintas, a través de dos (2) jueces
diferentes- declaró a Santiago Torres no procesable. Éste presenta un
coeficiente intelectual de sesenta y cuatro (64) -lo que significa un nivel de
retraso mental leve- y posee una edad mental aproximada de siete (7) años. En
su última determinación, el TPI declaró al imputado no procesable y procedió
con el archivo y sobreseimiento de los cargos. Ante lo cual, el Procurador
General impugnó tal dictamen del TPI fundando su contención en que el grado de
retardación mental de Santiago Torres no era suficiente para declararlo no
procesable.
En vista de lo
señalado previamente, teniendo en cuenta el grado de retardación mental del
imputado y a los fines de determinar la corrección del dictamen del TPI, resulta
necesario juzgar la prueba pericial para evaluar cuán afectadas se hallaban las
capacidades necesarias para cumplir con el criterio de procesabilidad. Pese a
que el Procurador General no presentó una exposición estipulada o una
transcripción de los testimonios vertidos por los peritos ante el TPI
–incluyendo el del Dr. López-,[29]
entendemos que el TPI actuó correctamente. Veamos.
En los autos
obra tanto la evaluación psiquiátrica realizada por el Dr. Cabrera como la
confeccionada por el Dr. Capestany. El Dr. Cabrera, quien posteriormente se
inhibió en el caso, examinó al acusado a los fines de una determinación de
inimputabilidad,[30] por lo que
su evaluación principalmente se dirigió a tales efectos. Expresó que el
imputado tenía una actividad motora adecuada –“no defectos en la marcha [,]
tics o manerismos”-,[31]
un flujo de pensamiento también adecuado pero un juicio menoscabado. Respecto a
la memoria, expuso que estaba “[c]onservada con lagunas en la remota.”[32]
El Dr. Cabrera, además, señaló que Santiago Torres posee un grado de
“escolaridad muy pobre [,] completando apenas el septimo [sic] grado sin saber
leer o escribir....”[33]
Añadió que “[d]esde la edad de siete años ha presentado historial siquiatrico
[sic] con multiples [sic] hospitalizaciones en el [C]entro de [S]alud [M]ental
de Ponce, se le diagnostico [sic] Ezquisofrenia [sic] Crónica Paranoide y se
decribe [sic] conducta bizarra, alucinaciones y episodios sicoticos [sic].”[34]
Indicó,
además, que Santiago Torres tiene un funcionamiento social adecuado y que éste
goza del aprecio de las personas debido a su cooperación. De igual forma,
mencionó que, tras interrogarlo sobre los hechos alegados, Santiago Torres negó
haberlos cometido. Por último, luego de expresar que a su entender el imputado
posee la capacidad para conocer la criminalidad de los delitos imputados, el
Dr. Cabrera concluyó que, descartando los episodios sicóticos, Santiago Torres
no era inimputable.
El Dr.
Capestany, quien gozó de entera credibilidad por parte del TPI, en la parte
pertinente de los hallazgos clínicos, expresó lo siguiente:
[e]s poco
comunicativo, parco al hablar, pero coherente y relevante en lo poco que dice;
a veces hay que repetirle las preguntas y darle tiempo extra para contestar.
Está bien orientado en persona y lugar; parcialmente desorientado en tiempo.
Su nivel
intelectual está muy por debajo de lo normal en todas las áreas: pobre
capacidad para el pensamiento abstracto, muy mal informado con escasos
conocimientos e información general, juicio social deficiente, conocimientos
nulos en aritmética, memoria inmediata, reciente y remotas muy defectuosas,
vocabulario sumamente limitado y pobre sentido de introspección. Obtuvo un IQ
de 64 en la parte verbal del WAIS Test (retardación leve).
Contenido de
su pensamiento está saturado de pensamientos obsesivos negativos, alucinaciones
y delirios [.] Oye voces desconocidas de hombres que le dicen que se mate, que
se pegue un tiro o se tire delante de un camión; otras veces les [sic] dicen
“debes matarte, estás sufriendo, no echas pa’lante”. Ve cadáveres, cerebros,
calaveras, muertos. Sueña mucho con la muerte. Expresa que tiene deseos de
morir, siente que nadie en el mundo lo quiere y que ha sufrido demasiado desde
la muerte de su mamá. Unas veces siente deseos de matarse porque no le gusta la
vida y otras para obedecer las voces que lo mandan a matarse.
Su afecto es
moderadamente deprimido y sus estados de ánimo lábiles con ansiedad y pérdida
de control en ocasiones.
Es cooperador
durante la evaluación, trata de hacer lo mejor que puede pero hay que repetirle
las preguntas y darle tiempo extra a veces. Pierde concentración y se nota
marcada deficiencia en el uso de las manos, distorsión en su capacidad
perceptiva y falta de coordinación visual motora en la prueba Visual Motora de
Bender-Gestalt (equivalente a una edad mental aproximada de 7 años de edad.)[35]
Finalmente,
tras diagnosticarle retardación mental leve y esquizofenia paranoide, el Dr.
Capestany concluyó que el imputado tenía “síntomas muy serios de enfermedad
mental como: intelecto deficiente, funciones cognoscitivas afectadas,
alucinaciones y delirios, pobre juicio. Como consecuencia de lo cual tiene
serios impedimentos para funcionar en el ámbito social, escolar y ocupacional.”[36]
El
informe del Dr. Capestany es sumamente revelador. Establece claramente, en
primer lugar, el efecto del retraso mental de Santiago Torres sobre sus
capacidades funcionales, lo cual, entre otras cosas, le impidió tener un
aprendizaje escolar adecuado y concluir sus estudios académicos.[37]
Manifiesta, en segundo lugar, que el imputado padece de esquizofrenia paranoide
y de alucinaciones, lo cual agrava su condición mental.
A
tenor de lo anterior y debido a que el Dr. Capestany evaluó al imputado en
múltiples ocasiones durante el tiempo en que se celebraron las vistas, resulta
forzoso concluir que el TPI no erró al determinar que el imputado no se
encontraba procesable. Por otra parte, no podemos obviar que, aun cuando al
considerar prueba pericial nos encontramos en igual posición que el TPI, fue
éste quien tuvo la oportunidad de observar, escuchar los testimonios de los
peritos, incluyendo el del Dr. López, y, a su vez, dirimir su credibilidad.[38]
Ello, máxime cuando el Procurador General no presentó una exposición narrativa
de la prueba. Rafael Hernández Barreras y otros v. San Lorenzo Construction
Corp., res. el 20 de febrero de 2001, 2001 TSPR 18, 153 D.P.R. ___ (2001),
2001 JTS 22, págs. 877-878.
IV
Si bien
concurrimos con la declaración de no procesabilidad del imputado en las vistas
de seguimiento, el TPI debió señalar una vista con el propósito de determinar
la no procesabilidad permanente del imputado, con la debida notificación a las
partes, previo al archivo y sobreseimiento de los cargos imputados. La
determinación de no procesabilidad permanente de un imputado requiere la
celebración de una vista más formal y, por así decirlo, más rigurosa que una
mera vista de seguimiento. Ello, debido a las consecuencias de decretar la no
procesabilidad permanente de una persona.
Frente a una
determinación de no procesabilidad permanente de un individuo, el Estado tiene
dos (2) opciones, a saber: dejarlo en la libre comunidad o iniciar los
procedimientos de internación civil. Jackson v. Indiana,
406 U.S. 715, 738 (1972). A tales fines, al plantearse, de un lado, la posibilidad de
la liberación, y, de otro lado, la restricción a la libertad, hay varios
intereses en juego. El Estado tiene, bajo el poder de parens patriae, un
interés legítimo en cobijar y proveerle al individuo aquél cuidado que por
razón de su condición no puede brindárselo él mismo, incluyendo un tratamiento
que mejore su condición, Heller v. Doe, 509 U.S. 312, 332 (1993); Addington v. Texas, 441 U.S. 418, 426
(1979); bajo su poder regulador (“police power”), un interés de proteger a la
ciudadanía en general ante el posible peligro que representa el individuo, Seling
v. Young, 121 S. Ct. 727, 734 (2001); Kansas v. Hendricks, 521 U.S.
346, 363 (1997); Heller v. Doe, supra; Addington v. Texas, supra;
y, por último, bajo ambos poderes, un interés de prevenir que el individuo se
haga daño a sí mismo. D. H. J. Hermann, Barriers to
Providing Effective Treatment: A Critique of Revisions in Procedural,
Substantive, and Dispositional Criteria in Involuntary Civil Commitment, 39
Vand. L. Rev. 83, 95 (1986). El imputado,
de otra parte, posee un interés fundamental de que no se restrinja su libertad
sin el debido proceso de ley. Véase, Addington v. Texas, supra, pág.
425; Jackson v. Indiana, supra, pág. 731.
A tales
efectos, el tribunal notificará a las partes –y, éstas, a su vez, a los
peritos- la celebración de una vista a los fines de determinar si el imputado
es o no procesable permanentemente, de modo que todos los comparecientes acudan
preparados. En dicha vista, el tribunal recibirá prueba pericial relativa a la
probabilidad del imputado de advenir procesable en un futuro próximo. De
estimar que no existe probabilidad sustancial de que el imputado llegue a ser
procesable en un futuro razonable o de que no es procesable permanentemente, el
tribunal lo declarará no procesable permanentemente.
De igual
forma, durante la vista, las partes también presentarán prueba a los efectos de
determinar si debido a su condición mental, el imputado constituye un riesgo
para sí y para la sociedad. De concluir el tribunal que, por razón de su estado
mental, el individuo es un riesgo para sí mismo o para otras personas,
dispondrá que en un término razonable[39]
se inicien los procedimientos para que éste reciba tratamiento de conformidad
con la Ley Núm. 40 de 2 de octubre de 2000, conocida como la Ley de Salud
Mental de Puerto Rico (en adelante Ley de Salud Mental).
Es decir, en
el supuesto de no procesabilidad permanente, el tribunal, tras considerar el
grado de peligrosidad del individuo –tanto para sí como para la sociedad- como
consecuencia de su condición mental, archivará los cargos en su contra y,
lo pondrá en libertad o dispondrá que se inicien los procedimientos conforme a
la Ley de Salud Mental.[40]
Resolvemos,
por tanto, que de transcurrir un tiempo razonable sin hallar procesable a un
imputado, deberá señalarse una vista para determinar si éste es no procesable
permanentemente. El tribunal notificará y celebrará una vista exclusivamente a
tales fines, en donde de determinar la no procesabilidad permanente, archivará
los cargos, y dispondrá si lo libera o si ordena que se proceda con los
trámites de internación civil, conforme con la Ley de Salud Mental, supra.
V
Por los
fundamentos que anteceden, modificamos la sentencia del Tribunal de Circuito de
Apelaciones a los fines de ordenar la celebración de una vista de no
procesabilidad permanente. Así modificada, se confirma y devolvemos el caso de
autos al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, para la
continuación de los procedimientos de manera consistente con lo aquí resuelto.
BALTASAR
CORRADA DEL RIO
JUEZ ASOCIADO
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2001.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión precedente,
la cual se hace formar parte de esta sentencia, modificamos la sentencia del
Tribunal de Circuito de Apelaciones a los fines de ordenar la celebración de
una vista de no procesabilidad permanente. Así modificada, se confirma y
devolvemos el caso de autos al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Ponce, para la continuación de los procedimientos de manera consistente con lo
aquí resuelto.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri concurre sin
opinión escrita.
Isabel Llompart Zeno
Secretaria del Tribunal Supremo
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ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento
oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
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