Jurisprudencia del Tribunal
Supremo de P. R. del año 2004
2004 DTS 017 IN RE: GODINEZ MORALES 2004 TSPR 017
EN
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: Enrique Godinez
Morales
2004 TSPR 17
160 DPR ____
Número del Caso: TS-2414
Fecha: 3 de febrero de 2004
Oficina de
Inspección de Notarías: Lcda. Carmen H. Carlos
Directora
Abogado de la Parte Querellada: Lcdo. Ángel R. Marrero
Materia: Notaría, Procedimiento
de inspección y examen de protocolos, Alcance de las facultades que poseen los
inspectores de protocolos
ADVERTENCIA
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OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA
POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto
Rico, a 3 de febrero de 2004
El
recurso que hoy ocupa nuestra atención nos brinda la oportunidad de expresarnos
en torno a un aspecto sumamente importante de la práctica notarial, a saber: el
procedimiento de inspección y examen de protocolos. Asimismo, nos permite
examinar el alcance de las facultades que poseen los inspectores de protocolos
en dicho proceso y apuntalar ciertas faltas incurridas por los notarios en la
preparación de instrumentos públicos.
I
El
25 de enero de 1999 la Inspectora de Protocolos, Lcda. Norma Acosta de
Santiago citó al licenciado Enrique Godinez Morales con el fin de inspeccionar
su obra notarial. La referida inspección se efectuó los días 2 y 3 de marzo de
1999, enfocándose la misma en el protocolo correspondiente al año 1994. La
Inspectora le entregó al notario las correspondientes hojas de “Señalamiento
Preliminar de Faltas”, en las que incluyó varias deficiencias encontradas en
los instrumentos públicos autorizados por éste.
Así
las cosas, el 17 de agosto de 1999, la Inspectora volvió a reunirse con el
notario para reinspeccionar el protocolo de 1994 encontrándose con que, a esa
fecha, éste no había corregido algunas de las deficiencias que le habían sido
señaladas. Como consecuencia, le notificó otro “Señalamiento de Faltas” que
incluyó los siguientes defectos aún no subsanados: (i) en las escrituras núm.
70 y 80 de constitución de hipoteca sobre bienes inmuebles otorgadas por
personas casadas no surgían los elementos necesarios para determinar si en las
mismas se requería la comparecencia de los cónyuges de los otorgantes; y (ii)
en la escritura núm. 442 se omitió consignar la fe del conocimiento y capacidad
de los otorgantes supliéndose dicha falta mediante añadidura puesta al final de
la escritura, la cual fue firmada únicamente por el notario.
A
raíz de estos señalamientos, el licenciado Godinez le entregó a la Inspectora
un “Memorando Legal sobre Divergencia de Criterio” donde expresó sus objeciones
a las faltas señaladas en la reinspección y solicitó, además, la aprobación del
protocolo de 1994. Por su parte, el 10 de septiembre de 1999, la Inspectora
sometió un informe ante la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías
sobre las referidas deficiencias no corregidas. Ésta le concedió al licenciado Godinez
un término de quince (15) días para que se expresara en torno al mismo. Éste
contestó reiterándose en las objeciones que ya antes había expuesto.
Con
el fin de discutir las objeciones del licenciado Godinez Morales al informe
rendido por la Inspectora, la Directora lo citó a una reunión que fue celebrada
el 6 de diciembre. En la misma la Directora le informó, entre otras cosas,
que la Oficina de Inspección de Notarías (O.D.I.N.) había asumido una política
de inspección que requería a los inspectores de protocolos fiscalizar la
comparecencia de ambos cónyuges en los instrumentos correspondientes siempre
que ello fuera necesario a tenor con las enmiendas al Código Civil efectuadas
en 1976, relativas a la co-administración de la sociedad legal de bienes
gananciales.[1]
A raíz de esta reunión, la Directora determinó que procedía
continuar con la inspección de los otros protocolos pendientes del licenciado Godinez
correspondientes a los años 1995 al 1998[2]; ello por
entender que era prudente contar con el resultado de la inspección de toda la
obra notarial de éste para así poder identificar la repetición de cualquier
deficiencia previamente señalada. De este modo, del 13 al 25 de enero de 2001
la Inspectora prosiguió con la referida inspección. En el curso de la misma se le
entregó al notario hojas de “Señalamientos Preliminares de Faltas” donde,
además de señalársele faltas de variado carácter, también se encontraron deficiencias
similares a las incurridas en las escrituras núm. 70 y 80 del protocolo de
1994. En febrero de 2000 el notario Godinez volvió a comunicarse por escrito
con la Directora reiterando sus objeciones y reafirmando su decisión de no
corregir las deficiencias aún pendientes del protocolo de 1994. Además,
solicitó nuevamente la aprobación del referido protocolo.
Durante los meses siguientes la O.D.I.N. no recibió
noticias del licenciado Godinez y los intentos de la Inspectora para tratar de
comunicarse con éste y coordinar una cita de reinspección fueron infructuosos.
No fue sino hasta el 30 de junio de 2000 que se pudo realizar la referida
reinspección. En el curso de la misma la Inspectora encontró que, a pesar del
mucho tiempo transcurrido, el notario aún no había corregido las deficiencias señaladas
en el protocolo de 1994 y otras correspondientes a los protocolos de 1995 a
1998. En vista de ello, la Inspectora sometió otro informe a la Directora
indicando que, a pesar de haber concluido la inspección de la obra notarial del
licenciado Godinez, resultaba imposible aprobar los protocolos de 1994 a 1998
por motivo de que los mismos contenían múltiples deficiencias pendientes de
subsanar.[3]
El 18 de agosto de 2000 la Directora notificó al
notario sobre el informe de la Inspectora, informándole: que la inspección de
los protocolos para los años 1994 a 1998 había concluido; que la O.D.I.N.
estaba consciente de su posición con respecto al protocolo de 1994; y que dicha
Oficina había determinado acumular las divergencias de criterio sobre la misma
clase de deficiencias que habían surgido en la inspección del resto de su obra
notarial. Por otra parte, le recomendó que subsanara las deficiencias
pendientes ya que, de lo contrario, tendría que someter la controversia ante la
consideración del Tribunal Supremo. El 15 de septiembre el licenciado Godinez
respondió a dicho informe expresando haber corregido aquellas deficiencias
respecto a las cuales no tenía objeción y reiterando su posición en cuanto a
los demás señalamientos en controversia.
El 20 de septiembre la Inspectora visitó nuevamente al
notario para reinspeccionar los protocolos y corroborar las correcciones
supuestamente realizadas en éstos. Si bien aprobó los protocolos de los años
1995 y 1996, le entregó al licenciado una hoja de “Señalamiento Preliminar de
Falta – Inspección Final” que contenía todas las deficiencias encontradas en
los protocolos de 1994, 1997 y 1998 que eran objeto de controversia. El 25
de septiembre de 2000 la Inspectora presentó ante la Directora su informe
final relacionado a los protocolos de 1994 al 1998. En éste indicó que
procedía la aprobación de los protocolos de 1995 y 1996, mas no la de los
protocolos correspondientes a los años 1994, 1997 y 1998. Ello en vista de que
en los mismos quedaron pendientes de subsanación las deficiencias señaladas en
las escrituras número 70, 80 y 442 del protocolo de 1994; 179 del protocolo de
1997; y 114 y 205 del protocolo de 1998.
El 29 de septiembre el licenciado Godinez respondió al
informe de la Inspectora reiterando su oposición a las deficiencias
señaladas. Así las cosas, el 13 de noviembre de 2000 la Directora de la
Oficina de Inspección de Notarías compareció ante este Tribunal, al amparo de
la Regla 79 (E) del Reglamento Notarial de Puerto Rico, solicitando que
ordenáramos al licenciado Godinez la subsanación de las faltas señaladas.
El
licenciado Godinez compareció ante el Tribunal en solicitud de que le ordenemos
a la O.D.I.N. la aprobación de sus protocolos correspondientes a los años 1994,
1997 y 1998. En síntesis, sostiene: (i) que en vista de que no se cumplieron
con los términos establecidos en las Reglas 79 y 80 del Reglamento Notarial,
debía presumirse que la Inspectora aceptó el criterio del notario sobre las
deficiencias señaladas en el protocolo de 1994 y que por haber transcurrido los
referidos términos ya la Directora no tenía disponible el remedio provisto en
la Regla 79(E) de presentar un informe ante el Tribunal Supremo; (ii) que la
Inspectora se excedió en sus facultades al señalar la deficiencia relacionada a
no consignar la procedencia del inmueble hipotecado en escrituras otorgadas por
personas casadas donde sólo comparecía uno de los cónyuges; y (iii) que no se
cometió la deficiencia señalada en la escritura núm. 442 porque la Ley Notarial
autoriza al notario a expresar su fe notarial en cualquier parte de la
escritura, requiriendo solamente que el notario cierre el instrumento con su
firma, después de la de los otorgantes; y que éste tiene discreción para
utilizar, o no, el mecanismo del acta de subsanación cuando se trate de
defectos u omisiones que no afectan el acto jurídico.
Estando en posición de resolver la controversia, hoy
ante nuestra consideración, procedemos a así hacerlo.
II
A
Sabido es que el poder para reglamentar la profesión de
la abogacía en Puerto Rico recae exclusivamente en el Tribunal Supremo como
parte de sus facultades inherentes. López Santiago, Ex parte, 147 D.P.R.
909 (1999); In re Gómez Morales, 146 D.P.R. 837 (1998).
Del mismo modo, le corresponde a este Tribunal regular todo lo concerniente al
puntilloso ministerio del notariado. In re Gómez Rijos 129
D.P.R. 811, 815 (1992), In re Concepción Velázquez, 126 D.P.R.
474, 475 (1990); véase, además: S. Torres Peralta, El Derecho Notarial
Puertorriqueño, Ed. Publicaciones STP, Inc., San Juan, 1995, pág. 18.1. En
virtud de esta facultad el Tribunal Supremo ha delegado en la Oficina de
Inspección de Notarías (O.D.I.N.) la importante tarea de supervisar la
profesión notarial. Artículos 62 y 67 de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley
Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada; 4 L.P.R.A. secs. 2102 y 2107.
Particularmente, la referida Oficina tiene a su cargo la inspección
de notarías y el examen de los protocolos, así como cualquier otra función
relacionada con la supervisión de los notarios y el ejercicio del notariado que
este Tribunal y su Juez Presidente estimen convenientes. Véase: 4 L.P.R.A. sec.
2102; In re Gómez Rijos, ante, a las págs. 815-16. Esta
labor de inspección será realizada, específicamente, por el Director de la O.D.I.N.
y los inspectores de dicha Oficina, quienes deberán ser notarios de
experiencia. Véase, 4.L.P.R.A. sec. 2102; P. Malavet Vega, Manual de Derecho
Notarial Puertorriqueño, 2da. ed., Ponce, Ed. Estudios de Derecho
Puertorriqueño, 1994, pág. 125.
En vista de la delicada función del notariado y de las
implicaciones legales que conlleva un ejercicio defectuoso y descuidado del
mismo, la Ley Notarial y su Reglamento delimitan un procedimiento específico
para realizar las referidas inspecciones y para dilucidar cualquier
controversia que pueda suscitarse en dicho proceso. Por ejemplo, en la Regla 77
del Reglamento Notarial se establece, entre otras cosas, el proceso de
comunicación y coordinación de visitas que deberá desarrollarse entre el
abogado y el inspector a los fines de efectuar la inspección notarial. 4 L.P.R.A.
Ap. XXIV R. 77 (A)-(D). Asimismo, se dispone que la inspección se llevará a
cabo en la oficina del notario y que “[u]na vez comenzada, será continuada en
lo posible, de día a día, hasta tanto sea completada.” 4 L.P.R.A. Ap. XXIV R. 77(E).
El inspector le dejará diariamente al notario una hoja de trabajo, en la que
hará un señalamiento preliminar de aquellas faltas encontradas durante
ese día. 4 L.P.R.A. Ap. XXIV R. 77 (F)-(G). De este modo, se le brinda una
oportunidad al notario para que vaya corrigiendo las faltas señaladas durante
el curso del procedimiento de inspección, aligerando, así, dicho proceso.
Si luego de finalizado el examen, el inspector no
aprueba el protocolo o el registro de testimonios pautará una reunión final para
determinar si las faltas preliminares señaladas fueron subsanadas y para
discutir con el notario cualquier divergencia de criterio que haya surgido con
respecto a la inspección. 4 L.P.R.A. Ap. XXIV R. 77 (H)-(I). En caso de
determinar que hubo una total subsanación de las faltas, y en ausencia de
divergencia de criterio entre el notario y el inspector, este último procederá
a aprobar la obra notarial y remitirá un informe final al Director de la O.D.I.N.
4 L.P.R.A. Ap. XXIV R.77(J). Por el contrario, si luego de celebrada la
reunión final subsiste falta o divergencia de criterio, el inspector remitirá
su informe al Director de la O.D.I.N. dentro de un término de sesenta (60)
días, notificando copia del mismo al notario.[4] 4 L.P.R.A. Ap.
XXIV R. 77(K).
Una vez el inspector somete su informe final ante la
consideración del Director de la O.D.I.N. comienza una segunda fase en
el proceso de inspección notarial. Al recibir el referido informe, la O.D.I.N.
se lo notificará al notario quien tendrá quince (15) días a partir de ese
momento para notificar a dicha Oficina sus objeciones al informe del inspector,
si las tuviese. Posterior a esto, y en un término de cuarenta y cinco (45)
días desde la fecha del informe final, el Director de la O.D.I.N. podrá escoger
cualquiera de los siguientes cinco cursos de acción: (i) puede concederle
al notario un término adicional para que subsane las faltas; (ii) puede iniciar
o instruir al inspector para que inicie un procedimiento de divergencia de
criterio establecido en el Artículo 63 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2103
y en la Regla 80 del Reglamento Notarial; (iii) puede determinar que el notario
no ha incurrido en las faltas imputadas y en tal caso instruirá al inspector
para que apruebe la obra notarial; (iv) puede decretar el sobreseimiento, por
no justificarse acción posterior alguna; o (v) puede someter un informe al
Tribunal Supremo junto con cualesquiera escritos que haya recibido del notario
para que sea dicho foro el que disponga lo que procede. Regla 79 del
Reglamento Notarial, ante.
De entrada, debe quedar claro que siendo la comparecencia un
requisito de forma y contenido de los instrumentos públicos, la función de
velar por el cumplimiento de dicha solemnidad resulta ser de la incumbencia de
los inspectores de la O.D.I.N. Como vimos, el
precitado Artículo 15(d) dispone las circunstancias que deben ser consignadas
en un documento público con relación a los otorgantes. Además, establece que siempre
que no sea necesaria la comparecencia del cónyuge del otorgante, el notario
cumple a cabalidad con el requisito de comparecencia con la sola consignación
del nombre del cónyuge, ello sin necesidad de incluir sus circunstancias
personales.
A todas luces se advierte que para que un inspector pueda evaluar el
cumplimiento con las formalidades dispuestas en el referido Artículo, éste
vendrá obligado a realizar un breve análisis sobre la necesidad de que el
cónyuge del otorgante comparezca en el documento. Esto es, para determinar si
con la sola consignación del nombre del cónyuge del otorgante, el notario
cumplió con el requisito de comparecencia, el inspector tendrá que examinar si
de la faz del documento surge que la comparecencia del cónyuge no era
necesaria. Naturalmente, ello exige que los notarios consignen en los
documentos públicos aquella información que le permita a los inspectores
efectuar esta evaluación.
En situaciones como la contemplada en el presente caso, donde se
trata de escrituras sobre hipoteca de bienes inmuebles otorgadas por personas
casadas, dicha evaluación consistirá en verificar si del referido documento se
desprende el carácter privativo del bien que se intenta gravar. Ello en vista
de que la única instancia en que resulta innecesaria la comparecencia del
cónyuge del otorgante es cuando el bien inmueble objeto de transmisión o
gravamen pertenece privativamente a la parte otorgante.
Como es sabido, cuando se trata de la enajenación o gravamen de un
bien mueble o inmueble perteneciente a la sociedad legal de gananciales, la
comparecencia de ambos cónyuges es indispensable ya que, en términos generales,
una transacción de esa clase requiere el consentimiento escrito de ambos.
Véase: Artículo 1313 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3672; Aguilú v. Sociedad
de Gananciales, 106 D.P.R. 652 (1977); Soc. de Gananciales v. Soc.
de Gananciales, 104 D.P.R. 50 (1975); Torres Peralta, El Derecho
Notarial Puertorriqueño, ante, a las págs. 8.12-8.14; Urrutia y Negrón
Portillo, Curso de Derecho Notarial Puertorriqueño, ante, a las págs. 316-17.
Lo anteriormente expresado implica que el inspector
deberá examinar los antecedentes que motivaron el negocio jurídico,
según consignados en la escritura, de los cuales deberá surgir el carácter
privativo o ganancial del inmueble en cuestión. Resulta importante señalar que
el examen de estos elementos está dentro del ámbito de inspección de los
inspectores de la OD.I.N. ya que la propia Ley Notarial exige, como parte de
las formalidades que toda escritura pública debe contener, la consignación de
los antecedentes. A esos efectos el precitado Artículo 15 dispone que los
notarios deberán incluir en las escrituras “en adición al negocio jurídico que
motiva el otorgamiento ... sus antecedentes. ...” 4 L.P.R.A. sec. 2033
(énfasis nuestro). Además, se ha señalado que en toda escritura pública deberá
consignarse:
[T]oda la información necesaria relativa
a la inscripción registral, su titularidad, sus antecedentes y el hecho de
estar gravad[a], expresión que debe[rá] hacer[se] incluyendo una relación de
las cargas y gravámenes a que está afect[a]. También incluirá cualquier otra
información que, a juicio prudente del Notario, forme parte de los antecedentes
pertinentes al negocio jurídico que motiva el otorgamiento.[14]
Ciertamente, cuando el cónyuge de la persona otorgante
no figura como parte compareciente en una escritura, la información sobre el
carácter privativo del bien o derecho que se grava o transmite se convierte, necesariamente,
en un antecedente pertinente e importantísimo del negocio jurídico que debe
ser consignado para que de la faz de la escritura pueda constatarse que han
comparecido al otorgamiento todas las personas que de conformidad con la ley
tienen que comparecer. Artículo 34 de la Ley Notarial; 4 L.P.R.A. sec. 2052. Es
mediante la consignación de estos datos que los inspectores podrán verificar si
la comparecencia del cónyuge del otorgante era o no necesaria y, así,
finalmente determinar si el notario cumplió adecuadamente con el requisito
formal de la comparecencia a tenor con el Artículo 15(d).
B
En
el presente caso, el notario no consignó los elementos necesarios para
que la Inspectora pudiese determinar si en varias de las escrituras autorizadas
por éste, se requería la comparecencia de los cónyuges de los otorgantes. Si
bien de las mismas surgía que la parte otorgante era casada, su cónyuge no
comparecía como otorgante, sino que sólo se mencionaba por su nombre. De la faz
de los instrumentos públicos no se desprendía la procedencia privativa del
inmueble que se hipotecaba, esto es, no se consignó si se había adquirido antes
del matrimonio, por herencia, con dinero privativo, o si había mediado
capitulaciones matrimoniales con separación de bienes. No habiéndose consignado
los antecedentes del bien inmueble objeto del negocio jurídico --ello en
contravención con los requisitos de forma y contenido de las escrituras
públicas-- la Inspectora se vio impedida de evaluar si se requería la
comparecencia del cónyuge del otorgante y, en consecuencia, de corroborar si el
notario cumplió cabalmente con los requisitos de forma establecidos en el
precitado Artículo 15(d), relativos a la comparecencia en los instrumentos
públicos.
Al
realizar los referidos señalamientos de faltas, la Inspectora no se involucró
en el aspecto sustantivo y medular del negocio jurídico contenido en la
escritura. Tampoco intentó cuestionar la validez de la transacción jurídica
efectuada entre las partes. Por el contrario, sus señalamientos se limitaron a
corroborar si la comparencia en las referidas escrituras se hizo conforme a los
requisitos de forma estatuidos en la Ley Notarial y su Reglamento; función que,
como hemos mencionado, se encuentra dentro de las facultades de supervisión que
le han sido conferidas a los inspectores.[15]
Ciertamente, el requisito de
comparecencia dispuesto en el Artículo 15(d) está fundamentado en normas de
derecho sustantivo y su incumplimiento podría tener repercusiones en la validez
del negocio jurídico. Ese hecho, sin embargo, por sí sólo no puede tener el
efecto de excluirlo absolutamente del ámbito de la inspección notarial.
Independientemente de los efectos sustantivos que el incumplimiento del mismo
pudiera acarrear, no es posible soslayar el hecho de que el referido requisito
de comparecencia constituye, además, un requerimiento de forma y contenido
exigido en toda escritura pública que debe estar bajo el escrutinio de los
inspectores de la O.D.I.N.
En
virtud de lo antes expuesto, resolvemos que el licenciado Godinez falló
al no hacer constar la procedencia o carácter privativo de los inmuebles que
serían gravados; datos que resultaban indispensables para que la Inspectora de
la O.D.I.N. pudiera ejercer su facultad de inspeccionar requerimientos de forma
tales como la suficiencia de la comparecencia en los instrumentos públicos. Por
lo tanto, la Inspectora no se excedió en sus funciones al actuar como lo hizo.
IV
Por
último, nos corresponde examinar el defecto señalado en la escritura núm. 442
del protocolo de 1994 del licenciado Godinez donde se suplió la omisión de no
haber consignado la fe del conocimiento y capacidad de los otorgantes mediante
una nota añadida luego de la firma de los otorgantes, la cual sólo fue firmada
por el notario.
A
Es
por todos conocido que el notario ejerce una función de inestimable importancia
al ser custodio de la fe pública. In re Rivera Vázquez,
res. el 10 de octubre de 2001, 2001 TSPR 138; In re Feliciano
Ruiz, 117 D.P.R 269, 275 (1986). La importancia que tiene la fe pública
notarial dentro del tráfico de bienes, exige que el notario sea en extremo
cuidadoso y que desempeñe su ministerio con esmero, diligencia y estricto celo
profesional. In re Rivera Vázquez, ante. Ese celo y
cuidado debe desplegarse no sólo al momento de autorizar un instrumento
público, sino también, posterior a ese momento si el notario advierte que dicho
documento adolece de defectos u omisiones que ameritan ser corregidas. En tales
casos, y con el fin de preservar la verdad y la fe pública, el notario deberá
observar los mecanismos que la Ley y el Reglamento Notarial proveen para ello. Ibid.
El notario tiene a su disposición dos
mecanismos principales a través de los cuales puede corregir defectos u
omisiones en los instrumentos públicos, a saber: las actas de subsanación y las
escrituras de rectificación. En cuanto al uso del acta de subsanación la Ley
Notarial dispone, en su Artículo 29, que:
Si se dejase de hacer constar por el
notario algún dato o circunstancia dispuesto por este capítulo, o si se tratase
de error en el relato de hechos presenciados por el notario que corresponda a
éste consignar; podrán estas faltas ser subsanadas por el notario autorizante a
sus expensas, por propia iniciativa o a instancia de cualquiera de las partes,
por medio de acta notarial en que se haga constar el defecto o error, su causa
y la declaración que lo subsana. 4 L.P.R.A. sec. 2047.
Por su parte, la Regla 39 del Reglamento
Notarial regula, específicamente, el otorgamiento de las actas de subsanación.
La misma dispone, en lo aquí pertinente, que:
Es acta de subsanación el instrumento que
redacta el notario, sin intervención de las partes otorgantes y sin perjuicio
de tercero, para corregir los defectos u omisiones de que adolezca un
instrumento público previo. El notario hará constar en el acta que la
subsanación obedece a datos o hechos que presenció o que de otro modo le
constan personalmente y que no afectan el negocio jurídico.
Excepto en los testamentos, pueden ser
objeto de acta de subsanación, a manera de ejemplo, asuntos tales como:
. . . .
(E) La falta de expresión notarial
sobre la identidad o la capacidad de los otorgantes.[16]
. . . .
Como
vemos, cuando el defecto u omisión no afecta sustantivamente el contrato o
negocio jurídico objeto de la escritura pública, el notario podrá corregirlo,
por sí solo, sin necesidad de requerir la presencia de los comparecientes.
Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, ante, págs. 8.61;
Urrutia y Negrón Portillo, Curso de Derecho Notarial Puertorriqueño,
ante, pág. 443. Ahora bien, dicha corrección deberá hacerla a través de un acta
notarial de subsanación. Si examinamos el inciso (E) de la precitada Regla 39,
podemos advertir que la omisión de consignar expresamente la fe de conocimiento
o identidad de los otorgantes, así como la fe de la capacidad de éstos,
constituyen defectos que la referida Regla específicamente provee para que sean
subsanados mediante acta notarial.
Por
otro lado, cuando el error u omisión esté relacionado al negocio jurídico entre
las partes contratantes el notario estará impedido de subsanarlo por sí solo.
En tales circunstancias se requerirá nuevamente la comparecencia de los
otorgantes para corregir o rectificar el defecto. Sin embargo, ya no podrá
utilizarse el acta notarial, sino que deberá otorgarse una escritura de
rectificación o corrección. Véase: Artículo 29 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec.
2047;[17]
Urrutia y Negrón Portillo, Curso de Derecho Notarial Puertorriqueño,
ante, págs. 443-44; Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño,
ante, págs. 8.62.
Aparte
de estos dos mecanismos, la Ley Notarial provee otro método que permite al
notario suplir algún dato indispensable que haya omitido o corregir algún
defecto advertido luego de autorizado el documento público. El mismo está
contemplado en el Artículo 32 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2050 y
consiste en incluir adiciones o añadiduras en el instrumento público, las
cuales deberán ser salvadas no sólo con la firma del notario, sino, además, con
la de los comparecientes.
Ahora bien, si el notario intenta
subsanar el defecto, por sí solo, incorporando las referidas adiciones sin
requerir la firma de los otorgantes, éstas se tendrán por no puestas. Así lo
dispone el referido Artículo 32, ante, al preceptuar que “[s]e tendrán por no
puestas las adiciones ... en los instrumentos públicos a menos que se salven a
continuación del último renglón con la aprobación expresa y la firma de los que
deben suscribir el documento.” 4 L.P.R.A. sec. 2050; véase, además: In re
Rivera Vázquez, ante. Asimismo, se ha señalado que:
[S]e pueden adicionar frases, párrafos y
disposiciones luego de las firmas. En tal caso se repetirá la fe pública y se
salvará expresamente lo así adicionado por los otorgantes, repitiendo el
otorgamiento mediante las firmas de los otorgantes y testigos, así como la
firma, signo, sello y rúbrica del Notario autorizante. ... De incumplirse el
procedimiento indicado ... se tendrán por no puestas. Se trata de un caso de
nulidad parcial absoluta.[18]
B
En
el presente caso el licenciado Godinez no consignó la fe de conocimiento y
capacidad de los otorgantes en una de las escrituras que autorizó. Para
corregir dicha omisión el notario tenía a su haber dos opciones. Como vimos,
una de ellas consistía en añadir una nota al final de la referida escritura
dando fe del conocimiento y capacidad de los otorgantes, la cual debía ser
suscrita por el notario y los comparecientes mediante sus firmas, ello según lo
dispuesto en el Artículo 32 de la Ley Notarial.[19]
Por otro lado, si el notario prefería corregir la omisión, por sí solo, podía
recurrir al otorgamiento de un acta de subsanación, mecanismo que, como
señalamos, estaba disponible para subsanar la falta de expresión notarial sobre
el conocimiento y la capacidad de los otorgantes.
Ello
no obstante, vemos que, en el caso de autos, el licenciado Godinez no
utilizó ninguno de estos dos mecanismos de subsanación. En su lugar, optó por
suplir la información omitida añadiendo una nota al final del documento, la
cual sólo fue firmada y salvada por él. De este modo, alteró el documento
público en ausencia de los otorgantes; ello en violación de la fe
pública notarial y de las disposiciones claramente establecidas en la Ley y el
Reglamento Notarial.
No habiéndose cumplido con los requisitos
dispuestos en el Artículo 32 de la Ley Notarial, en cuanto a la manera de
salvar las adiciones en los instrumentos públicos, resulta forzosa la
conclusión de que la nota unilateralmente añadida por el notario debe tenerse
por no puesta. En vista de que la referida escritura no fue subsanada
adecuadamente, ésta continúa adoleciendo del defecto de no haberse expresado la
fe de conocimiento y capacidad de los otorgantes, circunstancia que, a su vez,
puede ocasionar la anulabilidad de la misma. Véase: Artículo 35 de la Ley
Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2053.[20]
No cabe la menor duda de que el
licenciado Godinez, al no acatar las disposiciones de la Ley Notarial en cuanto
a la manera correcta de subsanar los instrumentos públicas, afectó la
institución de la fe pública notarial y puso en peligro la estabilidad del
tráfico jurídico. En tal virtud, resolvemos que la Inspectora de la O.D.I.N.
actuó correctamente al señalar esta falta en la obra notarial del referido
abogado notario.
V
En mérito de lo antes expuesto, le
ordenamos al licenciado Godinez que proceda de inmediato a subsanar las
deficiencias señaladas en los protocolos correspondientes a los años 1994, 1997
y 1998, apercibiéndole que de no hacerlo, o de demorarse irrazonablemente en
dicha gestión, quedará sujeto a la imposición de sanciones disciplinarias por
este Tribunal.
Se
dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
SENTENCIA
San Juan, Puerto
Rico, a 3 de febrero de 2004
Por los fundamentos
expuestos en la Opinión que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de
la presente, se dicta Sentencia ordenando al licenciado Godinez Morales que
proceda de inmediato a subsanar las deficiencias señaladas en los protocolos
correspondientes a los años 1994, 1997 y 1998, apercibiéndole que de no
hacerlo, o de demorarse irrazonablemente en dicha gestión, quedará sujeto a la
imposición de sanciones disciplinarias por este Tribunal.
Así lo pronunció, manda el
Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. Los Jueces Asociados
señor Hernández Denton y señor Fuster Berlingeri no intervinieron.
Patricia
Otón Olivieri
Secretaria del Tribunal
Supremo
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Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y
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Notas al calce
[1] La referida directriz
impartida el 11 de febrero de 1993 por el entonces Director de la O.D.I.N.,
Lcdo. Govén D. Martínez Surís, disponía lo siguiente:
A partir del 21 de mayo de 1976
–fecha de vigencia de la Ley Núm. 51 aprobada por la Asamblea Legislativa- son
actos de disposición tanto de la venta de bienes inmuebles de la sociedad de
gananciales como la compra de dichos bienes para dicha sociedad, requiriéndose
para ambos actos el consentimiento por escrito de ambos cónyuges. Aguilú
v. Sociedad de Gananciales, 1977, 106 D.P.R. 652.
Este requisito de la
comparecencia de ambos cónyuges y nuestra fiscalización cubre desde mayo 21 de
1976 que se enmendó el Código Civil hasta el presente y no desde que se aprobó
la Ley Notarial en el año 1987. Véase: Memorando a los Inspectores, Apéndice
del Informe de la Directora de la Oficina de Inspección de Notarías, Exhibit
XXIII, pág. 280.
[2] Por otra parte, es
menester señalar que luego de la reunión celebrada, la Directora le envió una
carta al notario donde, entre otras cosas, hizo alusión a dos Resoluciones no
publicadas emitidas por este Tribunal –-In re Carmen Ibarra
Ortega, Resolución de 15 de febrero de 1991 e In re George
López Keelan, Resolución de 11 de febrero de 1988-- en las que se ordenaba
a los notarios subsanar la misma clase de deficiencias que le fueron señaladas
al licenciado Godinez en cuanto a hacer constar el carácter privativo del
inmueble cuando el cónyuge de la persona otorgante no comparecía en la
escritura y sólo se menciona por nombre.
[3] Además de la
deficiencia relativa a dejar de consignar el carácter privativo del inmueble en
casos donde sólo comparecía uno de los cónyuges, se identificaron otras
omisiones como la falta de dación de fe del conocimiento de otorgantes, falta
de firmas o iniciales de algún compareciente o representante de éste, falta de
firma y rúbrica del notario en la nota de cierre del protocolo y deficiencias
en los sellos de rentas internas cancelados en las escrituras.
[4] Con relación a esta primera fase del
proceso de inspección correctamente se ha comentado que la misma “provee a los
Notarios las más amplias oportunidades de subsanación de faltas cometidas en la
práctica notarial. No tiene explicación racional alguna que ocurran casos en
que por desatención a su deber de diligencia se dejen de corregir las faltas
determinadas, que generalmente son de fácil subsanación.” Torres Peralta, El
Derecho Notarial Puertorriqueño, ante, a la pág. 17.7.
[5] Adviértase que las
disposiciones de la Ley Notarial y su Reglamento otorgan a la O.D.I.N. y a su
Directora amplia discreción para supervisar el ejercicio del notariado y para
canalizar los trabajos de inspección según lo estimen conveniente. Véase:
Artículo 62 de la Ley Notarial, ante, 4 L.P.R.A. sec. 2102; Reglas 77 y 79 del
Reglamento; Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, ante, a
las págs. 17.9-17.10. Ello explica porque en el presente caso se realizaron
otros trámites y se proveyeron oportunidades adicionales para que el notario
corrigiera las faltas señaladas en su obra notarial previo a iniciar, ante este
Tribunal, el procedimiento dispuesto en la Regla 79 (E) del Reglamento.
[6] Ello responde al
principio de hermenéutica que dispone que al interpretar una ley los tribunales
no deben añadir palabras o conceptos distintos a los incluidos por el
legislador. Cuando los términos de un estatuto son claros e inequívocos se
deben interpretar al pie de la letra. Artículo 14 del Código Civil de Puerto
Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14; véase, además: First Bank v. Mun. de
Aguadilla, res. el 17 de enero de 2001, 2001 T.S.P.R. 6; Irizarry v.
Johnson & Johnson Consumer Products, Co., Inc., res. el 27 de enero
de 2000, 2000 T.S.P.R. 15.
[7] Igual interpretación le
hemos otorgado a los términos que la Ley Hipotecaria y su Reglamento disponen
para que el Registrador de la Propiedad actúe. Por ejemplo, hemos pautado que
el término que tiene dicho funcionario para actuar con relación a una solicitud
de recalificación es directivo. Senior Las Marías Corp. v. Registrador,
113 D.P.R. 675, 683-84 n.5 (1982). La misma normativa se impone con respecto a
la O.D.I.N. y a sus funcionarios en el proceso de inspección notarial.
[8] Ciertamente, en el
presente caso, se impone una interpretación flexible y realista de los términos
dispuestos en la Ley y Reglamento Notarial con relación al proceso de
inspección; más aun si tomamos en consideración los factores que inciden en el
referido proceso. Algunos de estos factores son: (i) el alto número de notarios
activos y el reducido número de inspectores, actualmente hay alrededor de siete
mil quinientos (7,500) notarios y sólo dieciocho (18) inspectores; (ii) el área
geográfica que cubre cada inspector; (iii) el volumen de la obra notarial
pendiente de inspección; (iv) la carga de trabajo de los inspectores; (v)
dificultades en la coordinación de visitas; (vi) distancias que el inspector
tiene que recorrer; entre otros. Información obtenida de la Oficina de
Inspección de Notarías a noviembre de 2003; véase, además: Mojica Sandoz
v. Bayamón Federal Savings and Loan Association of P.R., 117 D.P.R. 110,
116 n.3 (1986); Torres Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño,
ante, pág. 17.5, n. 6.
[9] Advertimos, sin
embargo, que lo anteriormente expresado no releva a la Directora de la O.D.I.N.,
ni a sus funcionarios, de la obligación de hacer un esfuerzo máximo por cumplir
con los términos dispuestos dentro del proceso de inspección notarial.
[10] Soto de Bernier
v. Rivera Cestero, 106 D.P.R. 35, 39 (1977), citando a Argentino I. Neri,
Tratado Teórico y Práctico de Derecho Notarial, Vol. 4, Ed. 1971, págs.
114-15.
[11] Véase, además: Torres
Peralta, El Derecho Notarial Puertorriqueño, ante, págs. 18.2-18.3;
Cándida R. Urrutia y Luis M. Negrón Portillo, Curso de Derecho Notarial
Puertorriqueño, 2da. ed., San Juan, 1997, págs. 581-82; Malavet Vega, Manual de Derecho
Notarial Puertorriqueño, ante, a la pág. 126.
[12] Véase, además: Cándida
R. Urrutia, Las Advertencias Legales en Instrumentos Públicos, 33 Rev.
Jur. U.I.P.R. 491, 497 (1999).
[13] Véase, además, la Regla
27 del Reglamento Notarial la cual complementa al referido Artículo 15 al
disponer que “[e]l notario dejará consignado en el instrumento público la
calidad en que intervienen los comparecientes, bien fuere como otorgante, como testigo, en capacidad
representativa o en cualquier otro concepto.” 4 L.P.R.A. Ap. XXIV R. 27.
[14] Torres Peralta, El
Derecho Notarial Puertorriqueño, ante, a las pág. 8.4.
[15] Además, al actuar de
ese modo la Inspectora estaba cumpliendo con una directriz impartida por el
entonces Director de la O.D.I.N que le impuso a los inspectores la
fiscalización del requisito de
comparecencia de ambos cónyuges en escrituras públicas donde se efectuaran
actos de disposición de bienes inmuebles pertenecientes a la sociedad de
gananciales. Véase: Nota al calce número 1.
[16] 4 L.P.R.A. Ap. XXIV
R.39 (énfasis nuestro).
[17] A esos efectos el
referido Artículo dispone, en lo pertinente, que “[l]os defectos de que
adolezcan los documentos notariales ínter vivos podrán ser subsanados, sin
perjuicio de terceros, por las partes que hubiesen comparecido en el documento
o por sus herederos o causahabientes por medio de una escritura pública en que
se haga constar el defecto, su causa y la declaración que lo subsana”. Ibid.
[18] Torres Peralta, El
Derecho Notarial Puertorriqueño, ante, págs. 8.62 (nota al calce omitida).
[19] Claro está, este
mecanismo requiere que --en ausencia de testigos instrumentales-- se cumpla con
el Artículo 28 de la Ley Notarial en cuanto dispone que el notario recibirá
personalmente las firmas de los comparecientes, en cualquier tiempo, pero
siempre que ello ocurra dentro del mismo día natural del otorgamiento. Véase: 4
L.P.R.A. sec. 2046; In re Vargas Cintrón, res. el 5 de
marzo de 2001, 2001 TSPR 45; In re Igartúa Muñoz, res. el
2 de febrero de 2001, 2001 TSPR 13; In re Torres Olmeda,
145 D.P.R. 384 (1998).
[20] El referido Artículo
dispone, en lo pertinente, que “[s]erán anulables los instrumentos públicos en
que el notario no dé fe del conocimiento de los
otorgantes. ...” Ibid.