[1]
Antes
de contestar la demanda, los demandados le cursaron un primer interrogatorio al
E.L.A. en el que le solicitaron, entre otras cosas, se les indicara si se
estaba llevando a cabo una investigación criminal relacionada a los hechos del
caso en contra de alguno de ellos y de la anterior pregunta ser contestada en
la afirmativa, se les indicara, además, cuál de los demandados era objeto de
una investigación criminal.
Así
las cosas, el E.L.A. presentó una moción mediante la cual objetó el
interrogatorio y en la que, además, solicitó una orden protectora a tenor con
la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, por entender que la
información solicitada constituía materia privilegiada por ser información
oficial, conforme a la Regla 31 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Por su
parte, los demandados se opusieron a la solicitud de orden de protección y
plantearon que el privilegio de información oficial invocado por el E.L.A. no
aplicaba y en el caso de que aplicara, no gozaba de mayor jerarquía que el
derecho constitucional de éstos de no incriminarse mediante su propio
testimonio. Con relación a esta controversia, el 10 de septiembre de 2001 el
tribunal de instancia señaló una conferencia sobre el estado de los
procedimientos para el 17 de mayo de 2002.
Posteriormente, el E.L.A. también le
cursó a los demandados un pliego de interrogatorios y una solicitud de
producción de documentos. En respuesta, los demandados solicitaron al tribunal
que emitiera una orden protectora para que se les eximiera de cumplir con el
requerimiento de información que se les había cursado. Plantearon que no
estaban en posición de responder el interrogatorio antes mencionado puesto que
aún no se había resuelto si el E.L.A. tenía que informarles si estaba
realizando una investigación criminal sobre alguno de ellos, para así ellos
determinar si la contestación a las preguntas del E.L.A. podía incriminarlos.
El 25 de octubre de 2001 el tribunal de instancia les concedió un término de
treinta (30) días a los demandados para contestar el interrogatorio. Los
demandados solicitaron la reconsideración de dicha resolución, reiterando que para estar en condiciones
de ejercer su derecho constitucional a no incriminarse mediante su propio
testimonio al contestar el interrogatorio, era necesario que el E.L.A. les
informara si se estaba realizando alguna investigación criminal en su contra. El
tribunal de instancia resolvió la solicitud de reconsideración concediendo a
los demandados un término de treinta (30) días para contestar a partir de la
fecha en que el E.L.A. contestara el primer interrogatorio. Así las cosas, el E.L.A.
presentó una moción mediante la cual solicitó que se dejase sin efecto dicho
dictamen, a lo cual se opusieron los demandados.
Posteriormente,
el E.L.A. presentó un recurso de certiorari ante el antiguo Tribunal de
Circuito de Apelaciones (en adelante Tribunal de Apelaciones) en el que también
solicitó la revocación de tal determinación. Mientras tanto, el tribunal de
instancia resolvió que en el señalamiento de 17 de mayo de 2002 se discutirían
los planteamientos en cuanto al descubrimiento de prueba y al privilegio a no
incriminarse, por lo que el foro apelativo intermedio desestimó el recurso por
prematuro. Inconforme, el E.L.A. presentó una petición de certiorari ante este
Tribunal. Mediante resolución de 31 de mayo de 2002 denegamos el recurso
solicitado en esa etapa de los procedimientos.
Celebrada
la vista sobre el estado de los procedimientos, el 27 de junio de 2002 el
tribunal de instancia dictó una resolución mediante la cual resolvió, en lo
aquí pertinente, que la información solicitada al E.L.A. en el primer
interrogatorio no era privilegiada y que por lo tanto debía contestarse el
interrogatorio, para que a la luz de la información suministrada, los demandados
pudieran optar entre invocar su derecho a no incriminarse mediante su propio
testimonio o contestar el interrogatorio. Dicho foro concluyó que la
información solicitada por los demandados no cualificaba como información
oficial ya que en ningún momento se solicitó información sobre el contenido de
la investigación, sino que éstos sencillamente solicitaron se les indicara si
se estaba llevando a cabo una investigación criminal en su contra. Resolvió,
además, que el E.L.A. no demostró que al divulgar esta información se pusieran
en riesgo derechos de terceros, los intereses del gobierno o la seguridad
pública.
Denegada
la reconsideración presentada por el E.L.A., éste acudió ante el Tribunal de
Apelaciones mediante recurso de certiorari. El foro apelativo intermedio,
mediante una sentencia de 31 de enero de 2003, modificó el dictamen del
Tribunal de Primera Instancia y así modificado, lo confirmó. En lo pertinente,
concluyó que la información solicitada por los demandados, es decir, si eran o
no objeto de una investigación criminal, era pertinente a los fines de que
éstos pudieran establecer las estrategias a seguir en el desarrollo del
proceso, así como los potenciales remedios que podrían requerir del tribunal de
instancia. En consecuencia, determinó que el E.L.A. tenía que divulgarle a los
demandados la información solicitada.
Inconforme,
el E.L.A. acudió ante nos mediante recurso de certiorari, señalando que el
Tribunal de Apelaciones erró:
...al determinar que, con el fin de
delinear su estrategia en el caso, la recurrida puede condicionar su
participación en el descubrimiento de prueba hasta que el E.L.A. responda a
requerimientos de ésta sobre la existencia de posibles investigaciones criminales
en contra de las personas naturales que la componen, aún cuando la información
solicitada no es pertinente ni a los méritos del caso ni al asunto de si dichas
personas están expuestas a un riesgo real de responsabilidad criminal.
Acordamos
revisar y expedimos el recurso solicitado. Ambas partes han comparecido y con
el beneficio de sus argumentos, resolvemos.
II
Tanto
la Constitución de Puerto Rico como la Constitución de los Estados Unidos
garantizan el derecho de todo ciudadano contra la autoincriminación. Pueblo
v. Medina Hernández, res. el 5 de febrero de 2003, _____ D.P.R. _____
(2003), 2003 J.T.S. 11, 2003 T.S.P.R. 8.
La Quinta Enmienda de la Constitución
federal dispone que: “[n]o person shall be compelled in any criminal case to be
a witness against himself”. Por
su parte, el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución dispone que “[n]adie será
obligado a incriminarse mediante su propio testimonio”. L.P.R.A., Tomo I.
El
derecho constitucional aludido es uno personal que prohíbe la producción
compulsoria de las comunicaciones o de los testimonios del individuo. Meléndez,
F.E.I., 135 D.P.R. 610 (1994); Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316
(1980). Debemos enfatizar en este punto que el privilegio a la no autoincriminación, sin lugar a dudas,
es uno de los derechos más importantes y fundamentales de nuestro procedimiento
criminal.[2]
Sabido
es que cuando una investigación criminal que está siendo realizada por agentes
del orden público se centra sobre una persona en particular, y dicho sospechoso
se encuentra bajo custodia, si los agentes pretenden interrogar al sospechoso,
éstos están obligados a advertirle de una serie de derechos constitucionales
que nuestro ordenamiento jurídico le garantiza. Entre otros derechos, el
sospechoso de la comisión de delito debe ser advertido de su derecho contra la
autoincriminación, es decir, que cualquier manifestación que él haga podrá
luego ser utilizada en su contra durante el juicio que se le celebre. Pueblo
v. López Guzmán, 131 D.P.R. 867 (1996); Pueblo v. Falú Martínez, 116
D.P.R. 828 (1986), Rivera Escuté v. Jefe de Penitenciaría, 92 D.P.R. 765
(1965).
Ahora
bien, para resolver la controversia que está ante nos hay que precisar, en
esencia, si resulta necesario que un individuo conozca si es objeto de una
investigación criminal, para así estar en posición de invocar el privilegio
contra la autoincriminación cuando es interrogado por el Estado en un
procedimiento civil. En otras palabras, debemos resolver si un ciudadano puede
invocar dicho privilegio, en ese tipo de procedimiento, aun desconociendo si es
investigado criminalmente por los mismos hechos que dieron lugar al pleito
civil. Para ello es necesario examinar, a su vez, en qué tipo de procedimiento
puede invocarse el privilegio contra la autoincriminación.[3]
Respecto
al alcance del privilegio contra la autoincriminación, los profesores Wright, Miller
y Marcus, en su conocida obra Federal Practice and Procedure, Civil 2d, West,
1994, § 2018, págs. 270-271,
comentan que:
The famous words of the Fifth
Amendment, “no person … shall be compelled in any criminal case to be a witness
against himself,” have no obvious application to pretrial discovery in a civil
action, but history has given the words a broader reading than is literally
required.
Así,
en el caso de McCarthy v. Arndstein, 266 U.S. 34 (1924), el Tribunal
Supremo federal reconoció la aplicabilidad del mencionado precepto
constitucional en los procedimientos civiles. Señaló entonces que:
The Government insists,
broadly, that the constitutional privilege against self-incrimination does not
apply in any civil proceeding. The contrary must be accepted as settled. The privilege is not
ordinarily dependent upon the nature of the proceeding in which the testimony
is sought or is to be used. It applies alike to civil and criminal
proceedings, wherever the answer might tend to subject to criminal
responsibility him who gives it. The privilege protects a mere witness as
fully as it does one who is also a party defendant. (Énfasis suplido.)
Luego,
en Lefkowitz v. Turley, 414 U.S. 70 (1973), el Tribunal Supremo de
Estados Unidos reiteró la normativa que acabamos de reseñar. Allí indicó que:
The [Fifth] Amendment not only
protects the individual against being involuntary called as a witness against
himself in a criminal prosecution but also privileges him not to answer official questions put
to him in any other proceeding, civil or criminal, formal or informal, where
the answers might incriminate him in future criminal proceedings. (Énfasis suplido.)
Sobre
este punto expresa el profesor Ernesto Chiesa, Derecho procesal penal de
Puerto Rico y Estados Unidos, supra, sec. 3.2, pág. 119:
El privilegio contra la
autoincriminación puede ser invocado en todo tipo de procedimiento
gubernamental, sea civil, criminal, administrativo o legislativo. No se trata
de que sólo un “acusado” puede invocar el privilegio. [...] Se trata de un derecho de cualquier
ciudadano, cuando se le interroga por autoridad gubernamental en cualquier tipo
de procedimiento, no importa el tipo de investigación que se realice. (Énfasis
suplido.)
Pasemos
ahora a aplicar las normas de derecho previamente reseñadas a los hechos
específicos del presente caso.
III
Según
señaláramos anteriormente, la contención de los demandados es que para ellos
estar en condiciones de ejercer su derecho constitucional contra la
autoincriminación en este procedimiento, es necesario que el Estado les informe
si se encuentra realizando una investigación criminal en su contra. Tanto el
Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Apelaciones concluyeron que
procedía dicho descubrimiento. No les asiste la razón. Veamos.
De
todo lo antes expuesto se puede colegir con meridiana claridad, que para que un ciudadano pueda invocar
el privilegio contra la autoincriminación no es necesario que éste conozca si
el Estado está llevando a cabo una investigación criminal en su contra. Es
decir, un individuo puede invocar su derecho contra la autoincriminación independientemente
de que exista o no una investigación criminal en curso en su contra. Como
vimos, todos los ciudadanos, no sólo el sospechoso de un delito bajo
investigación, están protegidos por la garantía constitucional contra la
autoincriminación. Lo verdaderamente relevante para que pueda invocarse dicho
privilegio, no es si el individuo es objeto de una investigación criminal, sino
el que exista la posibilidad de que la persona que es interrogada por las
autoridades gubernamentales, con su respuesta o testimonio, se exponga a un
procedimiento criminal en su contra en el futuro.
En
resumen, para que se active el privilegio contra la autoincriminación deben de
concurrir dos (2) elementos: (1) que un ciudadano sea interrogado por el Estado
en cualquier tipo de procedimiento, sea éste legislativo, administrativo o
judicial, civil o penal; y (2) que exista la posibilidad de que si contesta las
preguntas de las autoridades, se exponga a peligro real de responsabilidad
criminal. Ausente cualquiera de estos requisitos, no procede invocar esta
garantía constitucional.
La
opinión mayoritaria, para llegar a su conclusión de que el Estado debe informar
a los demandados si son objeto de una investigación criminal, recurre innecesariamente
a la doctrina de la litigación paralela, esbozada en la jurisprudencia
federal. La litigación paralela ocurre cuando existe la posibilidad de que se
lleven a cabo procedimientos civiles o criminales que surjan de los mismos
hechos o transacciones, ya sean éstos simultáneos o sucesivos. S.E.C. v. Dresser Industries,
Inc., 628
F.2d 1368, 1374 (C.A.D.C., 1980); Milton Pollack, Parallel Civil and
Criminal Proceedings, 129 F.R.D. 201, 202 (1990). La jurisprudencia federal ha señalado que
los tribunales pueden regular, o incluso paralizar, el descubrimiento de prueba
en aras de evitar que el ciudadano se vea en la disyuntiva de perder el litigio
civil con tal de evitar autoincriminarse. S.E.C. v. Dresser Industries, Inc., supra, págs. 1375-1376; U.S. v. Kordel, 397 U.S. 1 (1970).
Ahora bien, un examen de la
jurisprudencia federal reciente donde se abordan controversias
relacionadas con procedimientos paralelos refleja una tendencia a limitar la intervención de
los tribunales para imponer restricciones u ordenar la paralización del pleito
civil. Más aún, el factor constante en todas las decisiones donde se invoca el
privilegio a la no autoincriminación y donde se solicitan medidas protectoras
en el litigio civil por llevarse a cabo procedimientos paralelos ha sido que
los tribunales federales, independientemente de la procedencia de tales medidas
protectoras o de una orden paralizando el procedimiento civil, ha reconocido el
derecho de los ciudadanos a invocar el privilegio garantizado en la Quinta
Enmienda de la Constitución federal. En síntesis, independientemente de la
existencia de un procedimiento o una investigación paralela o de la
procedencia de una orden protectora en un descubrimiento de prueba, los
ciudadanos pueden invocar su derecho a la no autoincriminación de entender que
sus respuestas pueden ponerlos en riesgo de incurrir en responsabilidad
criminal.
Así, en U.S. v. International Broth. of Treamsters, 247 F.3d 370, 388 (C.A.2., N.Y., 2001),
se resolvió que un ciudadano no tenía derecho a que se paralizara una vista
administrativa mientras se culminaba una investigación criminal fundamentada en
los mismos hechos que dieron lugar al procedimiento administrativo. De otra
parte, en F.T.C. v. J.K. Publications, Inc., 99 F.Supp.2d 1176, 1198 (C.D.
Cal., 2000), al denegarse la paralización de una demanda mientras finalizaba el
juicio criminal, el tribunal indicó:
[n]ot only is it permissible
to conduct a civil proceeding at the same time as a related criminal
proceeding, even if that necessitates invocation of the Fifth Amendment
privilege, but it is even permissible for the trier of fact to draw adverse
inferences from the invocation of the Fifth Amendment in a civil proceeding.
Finalmente, en U.S. v. Certain Real
Property, 986 F.2d 990, 997 (C.A.6, Mich., 1993), el tribunal, al denegar
la paralización de una acción civil mientras se dilucidaba una acusación, señaló:
“[t]he very fact of a parallel criminal proceeding, however, [does] not alone
undercut [claimant’s] privilege against self-incrimination, even though the pendency
of the criminal action ‘forced him to choose between preserving his privilege
against self-incrimination and losing the civil suit’”. (Llaves y citas en el
original.) Véanse además Walsh Securities, Inc. v. Cristo Property Management,
Ltd., 7 F.Supp.2d 523 (D.N.J., 1998); U.S. v. One 1990 Porsche, 807 F.Supp. 371 (D.Md.,
1992).
De
lo anterior surge con meridiana claridad que un ciudadano puede invocar el
privilegio contra la autoincriminación indistintamente del desarrollo de algún
procedimiento o investigación paralela. Más aún, el ejercicio y eficacia de este derecho
constitucional no depende de las medidas protectoras que el tribunal pueda
tomar, discrecionalmente, con relación al descubrimiento de prueba en un
litigio civil.
En
el caso de marras nos encontramos ante un pleito civil en el que los demandados
entienden que contestar algunas preguntas del interrogatorio cursado por el
Estado podría ponerlos en riesgo de incurrir en responsabilidad criminal. Esta circunstancia, por sí sola,
les permite a los demandados invocar el privilegio a la no autoincriminación,
independientemente de si el Estado se encuentra llevando a cabo una
investigación criminal contra alguno de ellos. Dicha solución reconoce la
factura más ancha de la que gozan los derechos fundamentales garantizados en la
Constitución del Estado Libre Asociado y, a su vez, protege el interés público
en las investigaciones criminales. Emp. Pur. Des., Inc. V. H.I.E.T.E.L.,
supra.[4]
Así
pues, concluimos, que una vez el Estado les notificó a los demandados el
interrogatorio objeto de la presente controversia, éstos debieron contestar el
mismo, objetando aquellas preguntas que entendían los colocaban en riesgo de
responsabilidad criminal. Era innecesario, entonces, conocer si como cuestión
de hecho, el Estado ya estaba realizando una investigación criminal en su
contra por los mismos hechos que dieron lugar a este procedimiento civil. En
consecuencia, no podemos suscribir la opinión mayoritaria por entender que su
efecto práctico –al fundamentar su conclusión en la doctrina de la litigación
paralela- es minimizar la eficacia que a la luz de nuestra Constitución
tiene el derecho contra la autoincriminación. La mayoría ha incidido ya que en nuestra jurisdicción el ejercicio y la
protección que ofrece el derecho a no autoincriminarse no depende de la
existencia o la posibilidad de un procedimiento paralelo ni de que el Estado
revele si existe una investigación en curso contra el ciudadano que invoca tal
derecho.
A la luz lo anterior, sostenemos que erraron
los foros inferiores al condicionar la participación de los demandados en el
descubrimiento de prueba, a que el E.L.A. revelara en primera instancia si
existía o no una investigación en curso en contra de los aquí demandados.
Por
los fundamentos antes expuestos, revocaríamos tanto el dictamen del tribunal de
instancia como el del Tribunal de Apelaciones y devolveríamos el caso para la
continuación de los procedimientos.
MIRIAM
NAVEIRA MERLY
Jueza Presidenta
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