[1] declinamos ejercer nuestra jurisdicción
disciplinaria, frente a una situación sustancialmente similar al caso que hoy
nos ocupa. En aquel caso el licenciado Rodríguez Zayas fue encontrado culpable por un jurado y pronunciado
convicto por el Tribunal de Primera Instancia, por infracción a los delitos
tipificados por el Artículo 205 del Código Penal de Puerto Rico[2]
(retención y destrucción de documentos públicos) y el Artículo 209 de dicho cuerpo[3]
(soborno - ocho (8) infracciones), ambos delitos graves, cometidos mientras se
desempeñaba como Juez de Distrito. En la misma fecha en que fuera sentenciado
por el Tribunal de Primera Instancia por tales delitos, el entonces Gobernador
de Puerto Rico, honorable Pedro Rosselló González, procedió a indultarlo de
todos los delitos por los cuales resultó convicto. Ese mismo día el licenciado
Rodríguez Zayas renunció a su cargo de Juez de Distrito.[4]
Por razón del indulto otorgado, las sentencias condenatorias dictadas quedaron
sin efecto. Nunca se convirtieron en firmes, al no tener dicho abogado la oportunidad
de apelar de las mismas. Por tal razón, el abogado no fue objeto de proceso de
rehabilitación alguno por motivo de su conducta delictiva, factor fundamental
para desempeñarse como abogado.[5]
El 14 de marzo de 1996 la Comisión de
Disciplina y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del
Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Circuito de Apelaciones, de
aquí en adelante la Comisión, sometió a la consideración de este Tribunal un
escrito titulado "Moción Informativa en Cumplimiento de Orden", en la
cual nos informó que había sido notificada el 27 de diciembre de 1995, durante
su vigésima séptima reunión general, que el Procurador General de Puerto Rico
había presentado una querella contra el licenciado Gilberto Rodríguez Zayas, en
calidad de abogado, por la comisión de delitos graves, mientras se desempeñaba
como Juez de Distrito, a tenor con lo dispuesto en la sección 9 de la Ley de 11
de marzo de 1909.[6] El
Procurador General le había informado a la Comisión que la querella había sido
presentada el 11 de diciembre de 1995, y que había sido unida al expediente del
abogado para ser sometida al Pleno de este Tribunal en una fecha futura. La
Comisión le informó a este Tribunal que habían acordado paralizar los
procedimientos ante sí, con relación a la referida querella, hasta que esta
Curia emitiera una resolución sobre el procedimiento a seguirse con relación a
la misma, en vista de que los delitos graves por los cuales el querellado
resultó convicto conllevaban depravación moral y, además, porque el referido
querellado había sido indultado. Sobre el particular, allí señalamos lo
siguiente:
Debe
de quedar claro que el indulto concedido por el señor Gobernador en este caso
no priva a este Tribunal de su jurisdicción disciplinaria sobre el licenciado
Rodríguez Zayas. Tampoco su renuncia al cargo de Juez de Distrito nos privó de
dicha facultad. No obstante, a pesar de estar conscientes de las graves faltas
imputadas a dicho abogado en los dos procedimientos disciplinarios iniciados en
su contra, actuaciones en las cuales incurrió en sus funciones como Juez de
Distrito a cuyo cargo ha renunciado; y considerando además, la circunstancia
específica de que las sentencias dictadas en su contra nunca se convirtieron en
firmes por resultar académico apelar de las mismas en virtud del indulto de que
fuera objeto el querellado por parte del señor Gobernador; y por entender
que se cumplen mejor los objetivos rehabilitadores perseguidos por el
referido indulto, otorgando de este modo nuestra deferencia a la
autoridad constitucional del Gobernador de Puerto Rico, quien concediera
dicho perdón después de considerar todos los factores presentes en el caso de
marras, se declina el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria en
este asunto. (Énfasis y subrayado nuestro.)
II
Los hechos que provocan la querella ante
nos, se remontan al 1990, cuando el querellado ocupaba el cargo de miembro del
Senado de Puerto Rico. Como resultado de una auditoría realizada por la
Oficina del Contralor de Puerto Rico, sobre las operaciones fiscales del Senado
de Puerto Rico, se designó un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que
investigara las actuaciones del querellado. Esta auditoría cubrió todas las
operaciones fiscales sobre reclutamiento y administración del personal asignado
a la oficina del entonces senador Silva Iglecia y otras transacciones
relacionadas. Cubrió el período de aproximadamente diez años desde el 1 de
agosto de 1982 al 30 de junio de 1992. De ésta se desprendió que el licenciado
Silva, en su función de senador utilizó para su beneficio personal los trabajos
y servicios pagados por el Gobierno de Puerto Rico para realizar trabajos y
servicios relacionados a su práctica privada de la abogacía y su negocio de
bienes raíces.
El FEI presentó cuatro cargos de carácter
grave en contra del licenciado Silva por violación al Art. 201 del Código Penal
de Puerto Rico.[7]
Como resultado de estos procedimientos criminales, el licenciado Silva accedió
a una alegación preacordada el 31 de enero de 1996. Mediante dicha alegación
las partes llegaron a los siguientes acuerdos:
El Fiscal Especial Independiente
reclasificará los casos por infracción al Art. 201 del Código Penal de Puerto
Rico a infracciones al Art. 214 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4365[8]
y el licenciado Silva se declararía culpable de los cuatro cargos por
infracción al Art. 214, supra.
El licenciado Silva habría de restituir
al erario público la suma de cuarenta mil ($40,000) dólares en concepto de
sueldos pagados a Brunilda Maldonado Rodríguez y/o gastos incurridos por la
oficina del FEI en la tramitación de los casos criminales.
El acusado cumpliría tres (3) meses de
reclusión por cada uno de los cuatro cargos a cumplirse de forma consecutiva,
un año en total, en la libre comunidad bajo el régimen de sentencia suspendida.
Así las cosas, el 29 de marzo de 1996 el
querellado se declaró culpable de cuatro cargos por violación al Art. 214 del
Código Penal, supra, y fue sentenciado ese mismo día a cumplir cuatro
penas de tres meses, consecutivamente, bajo el régimen de sentencia suspendida,
a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946.[9]
Tres años después de que le fuera
impuesta la sentencia, el 29 de diciembre de 1999, el entonces Gobernador de
Puerto Rico, honorable Pedro Rosselló González, le concedió al aquí querellado
un indulto total y absoluto.
El Procurador General presentó querella
contra el licenciado Rolando Silva Iglecia el 11 de julio de 1997. Formuló el
cargo siguiente:
Como resultado de los hallazgos de una
auditoria [sic] efectuada por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico
cubriendo el período del 1 de agosto de 1982 al 30 de junio de 1992 se
presentaron cargos en contra del Lic. Rolando Silva Iglecia por haber utilizado
para su beneficio personal, los trabajos o servicios pagados por el Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Específicamente se desprendió que el
querellado había utilizado los servicios de su entonces secretaria para
realizar entre otros trabajos y/o servicios relacionados con su práctica
privada de la abogacía.
Como resultado de los procedimientos
criminales incoados en su contra, dicho letrado efectuó una alegación
preacordada por cuatro cargos menos graves por infracción al Artículo 214 del
Código Penal de Puerto Rico.
La Sección 9 de la Ley de 11 de marzo de
1907 [sic], dispone lo siguiente:
El abogado que fuere culpable de
engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos
grave (misdemeanor) en conexión con el ejercicio de su profesión o que
fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser
suspendido o destituído [sic] de su profesión por la corte [sic]
Suprema de Puerto Rico. (Énfasis en el original.) La persona que
siendo abogado fuere convicto de un delito grave cometido en conexión con la
práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que
fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. A
la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada a la corte
[sic] Suprema, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden de la
corte, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o
mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de
Puerto Rico, la Corte Suprema estará facultada para dejar sin efecto o
modificar la orden de suspensión. (Énfasis nuestro.)
POR TODO LO CUAL, y a la luz de lo
expuesto, solicitamos respetuosamente de este Ilustre Foro que imponga al
abogado Rolando A. Silva Iglecia las sanciones que correspondan.
Mediante Resolución de 29 de septiembre
de 2000, designamos a la licenciada Ygrí Rivera de Martínez para que, en
presencia de las partes y en calidad de Comisionada Especial, recibiera la
prueba y nos rindiera un informe con sus determinaciones de hechos y las
recomendaciones que estimara pertinentes.
Durante la celebración de la vista
evidenciaria ante la Comisionada Especial, el 6 de noviembre de 2000, el
querellado solicitó la desestimación y/o el archivo de la querella presentada
en su contra. Arguyó que los objetivos rehabilitadores reconocidos por el
indulto se dieron en su totalidad en su persona. Alegó haber recibido, en
adición a la sentencia, la sanción resultante de la grave exposición pública
con anterioridad, durante y con posterioridad al procedimiento judicial. Sostuvo
ante la Comisionada, que habiendo cumplido con las condiciones que se le
impusieron en su sentencia, ante el perdón ejecutivo y conforme a lo actuado
por este Tribunal en In re Rodríguez Zayas, supra, debía
desestimarse y decretarse el archivo de la querella presentada en su contra.
El Procurador General sostuvo que el caso
del aquí querellado es distinguible del caso del licenciado Rodríguez Zayas.
Expresa que a diferencia de la conducta desplegada por dicho letrado, el aquí
querellado hizo alegación de culpabilidad preacordada por cuatro (4) cargos
menos graves, cumplió su sentencia con todas las condiciones impuestas y
restituyó al erario cuarenta mil dólares ($40,000). Tres (3) años más tarde
fue indultado por el Gobernador de Puerto Rico, lo cual considera constituye una
experiencia aleccionadora que razonablemente permite inferir que contribuyó y
continúa contribuyendo a la rehabilitación del querellado. Coincidió con el
querellado que lo actuado por este Tribunal en el caso del Ex Juez de Distrito,
licenciado Gilberto Rodríguez Zayas, es pertinente al asunto que nos ocupa.
Luego de ponderadas las posiciones de
ambas partes, y evaluado el expediente, la Comisionada Especial nos sometió
informe relacionado con tal asunto y nos recomendó lo siguiente:
Ante las circunstancias particulares que
surgen de la querella presentada contra el Lcdo. Silva Iglecia y a tenor de la
doctrina establecida en el citado caso de Rodríguez Zayas, recomendamos con
gran respeto a ese Honorable Tribunal que se pondere decretar la desestimación
y archivo de dicha querella.
III
Este Tribunal tiene la facultad de
suspender del ejercicio de su profesión a un abogado que fuere encontrado
culpable de algún delito grave o delito menos grave, en conexión con el
ejercicio de su profesión, o de un delito que implique depravación moral. En
los casos en que el Gobernador de Puerto Rico le conceda un indulto a algún
miembro de la clase togada podemos ejercer nuestra facultad de dejar sin efecto
o modificar la orden de su suspensión como abogado.[10]
El indulto es "un acto de clemencia
ejecutiva, una gracia".[11]
Emana el ejercicio de ese poder de la ley fundamental del Estado, la
Constitución de Puerto Rico.[12]
Si bien es cierto que un indulto borra la convicción del acusado, la concesión
de éste no tiene la facultad de borrar los actos cometidos por el querellado, a
los fines de determinar su suspensión o desaforo, cuando éste es un miembro de
la clase togada. Sobre el particular en In re Casablanca,[13]
citando a Peo. v. Weeber, 26 Colo. 229, 231 57 P. 1079, expresamos lo
siguiente:
El indulto, o el pago de una multa, o el
cumplimiento de una sentencia puede devolver a uno sus derechos civiles -puede
borrar el delito cometido- pero no puede borrar el acto de que él fue declarado
culpable, y es el acto lo que la corte considera en estos procedimientos de disbarment.
A pesar de lo que expresamos en el caso antes
citado, en In re Rodríguez Zayas, supra, este Tribunal declinó
discrecionalmente ejercer su jurisdicción disciplinaria, por entender que se
cumplieron satisfactoriamente los objetivos rehabilitadores perseguidos por el
indulto, otorgando de este modo esta Curia deferencia a la autoridad
constitucional del Gobernador de Puerto Rico, quien concediera dicho perdón
después de considerar
todos los factores presentes en ese caso.
En In re Peña Peña,[14] dispusimos la suspensión
indefinida e inmediata del ejercicio de la abogacía del licenciado Joaquín Peña
Peña. Este último fue acusado por el delito de apropiación ilegal de fondos
públicos, Artículo 166(a) del Código Penal de Puerto Rico.[15] Hizo alegación de
culpabilidad, preacordada con el Ministerio Público, en varios casos por el
delito menos grave de omisión en el cumplimiento del deber impuesto por ley o
reglamento, Artículo 214 del Código Penal de Puerto Rico.[16] Se le impuso una pena de
cien dólares ($100) de multa en cada caso.
En cumplimiento de la
Resolución emitida por este Tribunal, el Procurador General presentó querella
contra el licenciado Peña Peña el 4 de noviembre de 1994, imputándole los
cargos siguientes:
CARGO I
El licenciado Joaquín Peña Peña violó
el Canon 38 de Ética Profesional, el cual obliga a todo abogado a preservar
el honor y la dignidad de la profesión de la abogacía y de desempeñarse en
forma digna y honorable, tanto en su vida profesional como en su vida privada.
(Énfasis nuestro.)
CARGO II
El licenciado Joaquín Peña Peña incurrió
en conducta constitutiva de depravación moral, lo cual lo incapacita y lo
hace indigno de ostentar el título de abogado según lo dispuso este Ilustre
Foro en Colegio de Abogados v. Barney, 109 D.P.R. 845 (1980). (Énfasis
nuestro.)
La evidencia presentada
durante la vista evidenciaria celebrada ante un Comisionado Especial designado
por este Tribunal demostró que el licenciado Peña Peña incurrió en la práctica
de "empleados fantasmas" deshonrando su posición como Senador y
malversando los fondos públicos que habían sido asignados a su oficina.
En In re Peña Peña, supra,
resolvimos que no es procedente la suspensión de un abogado, a tenor con lo
dispuesto en la sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra,
cuando éste no ha sido convicto por el delito grave que originalmente se le
imputara, por haber hecho alegación de culpabilidad, preacordada con el
Ministerio Público, por un delito menos grave, cuando las circunstancias
fácticas de la comisión de ese delito menos grave no tienen relación con sus
funciones como abogado y tal delito no constituye depravación moral. No
obstante, hemos resuelto que si se demuestra que la conducta del abogado no le
hace digno de ser miembro de este foro, podemos ejercer nuestra facultad
disciplinaria, aunque las actuaciones del abogado hayan surgido por causas no
relacionadas con el ejercicio de su profesión, pues basta que tales actuaciones
afecten las condiciones del querellado.[17]
Concluimos en In re Peña Peña,
supra, que la conducta del querellado no ocurrió en el desempeño de la
profesión de abogado. Al momento de los hechos el querellado ejercía funciones
de Senador. No obstante, puntualizamos que las funciones legislativas,
cuando son ejercidas por un abogado, no están desvinculadas del todo del
"quehacer legal" por lo que cuando éste se desempeña en la función
legislativa debe observar, en el ejercicio de tales funciones, una conducta que
se ajuste a lo dispuesto en los Cánones de Ética Profesional. Esta Curia
sostuvo tal conclusión sobre la aplicación a esos hechos del Canon 38 de los de
Ética Profesional. Expresamos, que la prueba desfilada ante el Comisionado
Especial demostró que el querellado faltó a su compromiso con la comunidad, que
lo eligió para servirle como Senador, y a la clase togada, que confió en que
éste mantendría su buen nombre.
Veamos los hechos y
circunstancias que acontecieron en In re Rodríguez Zayas, supra,
en In re Peña Peña, supra, y en el presente caso.
El licenciado Rodríguez Zayas
fue encontrado culpable de los delitos de infracción al Artículo 205 del Código
Penal (retención y destrucción de documentos públicos) y de ocho (8)
infracciones al Artículo 209 de dicho Código (soborno), ambos delitos graves.
El delito de soborno conlleva depravación moral. El mismo día en que se dictó
sentencia fue indultado, por lo que no tuvo que cumplir su sentencia. Es
decir, nunca pagó a la sociedad por los delitos que cometió. No estuvo sujeto
a proceso de rehabilitación alguno. Tampoco fue sujeto de un proceso
disciplinario formal por este Tribunal.
El licenciado Joaquín Peña Peña
fue acusado por el delito de apropiación ilegal, Artículo 166(a) del Código
Penal de Puerto Rico, supra. Hizo alegación de culpabilidad,
preacordada con el Ministerio Público, por varios cargos de violación al
Artículo 214 del Código Penal, supra, delito menos grave, imponiéndole
el Tribunal de Primera Instancia como pena una multa de cien dólares ($100) en
cada uno de ellos. Cumplió con su sentencia, según dictada por el Tribunal.
Surge de la Opinión Per Curiam que emitiera este Tribunal en ese caso,
que el licenciado Peña Peña devolvió los fondos públicos utilizados ilegalmente
por éste. No fue indultado. La querella presentada en su contra por el Procurador
General configura los cargos antes mencionados. El proceso disciplinario al que
estuvo sometido fue gobernado, en cuanto al desfile de la prueba, por los
cargos formulados y los hechos imputados originalmente al querellado, mientras
se desempeñaba como legislador.
El querellado en el presente
caso fue acusado (cuatro cargos) por el delito de aprovechamiento por
funcionario de trabajos o servicios públicos, Artículo 201 del Código Penal de
Puerto Rico, supra. Hizo alegación de culpabilidad por cuatro (4)
cargos de violación al Artículo 214 del Código Penal, supra, delito
menos grave. Cumplió con su obligación ante la sociedad; extinguió su
sentencia, según dictada por el Tribunal de Primera Instancia; y satisfizo las
condiciones que le fueron impuestas. Restituyó al Gobierno de Puerto Rico la
suma de cuarenta mil dólares ($40,000) por concepto del salario de su
secretaria, señora Brunilda Maldonado Rodríguez, y por los gastos en que
incurrió la Oficina del Fiscal Especial Independiente. La querella presentada
en su contra fue al amparo de la sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra.
La consistencia en nuestros
pronunciamientos imparte una apariencia de justicia e imparcialidad a nuestras
decisiones. Sobre el particular, en In re Belk, Serapión,[18] el Juez Asociado señor
Rebollo López señaló en Opinión Concurrente lo siguiente:
[A]un cuando es correcto que
la consistencia en nuestras decisiones no es una garantía absoluta de la
corrección de las mismas, no hay duda que la misma resulta ser de gran
importancia. En primer lugar, ser consistentes imprime estabilidad,
confiabilidad y credibilidad a nuestro sistema de justicia. En segundo
término, y desde el ámbito individual, la consistencia nos brinda tranquilidad
de conciencia. Por otro lado, y desde un punto de vista institucional,
la misma evita que el Tribunal emita decisiones injustas; ello así ya, que si
juzgamos a todo el mundo en forma consistente, resulta casi imposible que
caigamos en la injusticia. (Énfasis en el original.)
En casos de conducta
profesional resulta ser singularmente importante el emitir decisiones
consistentes con nuestras determinaciones anteriores. Ello es así, porque al
decidir este Tribunal de determinada manera, en cierta situación fáctica, crea
en los abogados la impresión de que nuestra postura será la misma en
situaciones sustancialmente similares. Sobre el particular, señalamos en In
re Marchand Quintero,[19] lo siguiente:
No obstante, reconocemos que
en la medida en que este Tribunal declinó ejercer su jurisdicción disciplinaria
ante hechos similares en In re: Rivera Cruz, 126 D.P.R. 768 (1990), nuestro
curso de acción allí pudo haber creado en algunos abogados la impresión de que
dicha conducta resultaba permisible. Igualmente, ha influido
favorablemente en nuestro ánimo tanto el que el letrado haya aceptado la
apariencia impropia de sus actos, como el que éste se haya disculpado
formalmente con el magistrado Rivera González. No hemos podido ignorar el
hecho que en veintiséis (26) años de práctica privada activa de la abogacía,
éste sea el primer asunto disciplinario que se presenta contra el licenciado Marchand
Quintero. (Énfasis nuestro.)
Por los fundamentos antes
expuestos, pautamos la norma aquí consignada para que se aplique de forma
prospectiva. En consecuencia, intimamos a la clase togada de Puerto Rico a no
incurrir en este tipo de conducta. Se apercibe que el incumplimiento con lo
aquí pautado podría dar lugar al ejercicio de nuestra jurisdicción
disciplinaria y a la imposición de serias sanciones. (Énfasis nuestro.)
Se dictará sentencia de
conformidad.
El caso ante nos presenta
situaciones similares a las presentadas en el caso de In re Peña Peña, supra.
En ambos casos los querellados fueron acusados por delitos graves, y como
consecuencia de un acuerdo con el Ministerio Público hicieron alegación de
culpabilidad por un delito menos grave, Artículo 214 del Código Penal de Puerto
Rico, supra. También presenta diferencias. Veamos. En el caso ante
nos el querellado recibió un indulto total y completo del Primer Ejecutivo,
después de extinguir mediante el beneficio de una sentencia suspendida una pena
de cárcel, a ser cumplida en forma consecutiva, de tres (3) meses de cárcel en
cada caso, que sumaron doce (12) meses. Recibió tal indulto el 29 de
septiembre de 1999, tres (3) años después de impuesta la referida sentencia
condenatoria, habiendo cumplido satisfactoriamente con todas las condiciones
allí dispuestas. En el caso del licenciado Peña Peña se le impuso una multa de
cien dólares ($100) en cada caso penal por el que registró alegación de
culpabilidad por el delito menos grave contemplado en el Artículo 214 del
Código Penal de Puerto Rico, supra, y no fue indultado. En el caso del
licenciado Peña Peña se formularon cargos por conducta constitutiva de
depravación moral y, además, por violación al Canon 38 de Ética Profesional.
No se le formuló cargo alguno a tenor con la sección 9 de la Ley de 11 de marzo
de 1909, supra. Al licenciado Silva Iglecia se le formuló cargo a tenor
con la sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, como hemos
podido apreciar.
El caso ante nos presenta
situaciones similares a las presentadas en el caso de In re Rodríguez Zayas,
supra. En ambos casos los querellados fueron indultados por los delitos
por los cuales resultaron culpables y convictos ante el Tribunal de Primera
Instancia. En ambos casos se inició querella contra los dos abogados, a tenor
con la sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra. También
presenta diferencias. El licenciado Rodríguez Zayas, actuando como Juez de
Distrito, fue encontrado culpable y convicto de los delitos de retención y
destrucción de documentos públicos y de soborno, según los hechos imputados
originalmente por el Ministerio Público; ambos delitos graves. El delito de
soborno conlleva depravación moral. El licenciado Silva Iglecia fue encontrado
culpable y convicto de un delito menos grave, que por sí solo no conlleva
depravación moral, como consecuencia de una alegación preacordada con el
Ministerio Público. Por tal razón, no fue procesado penalmente por el delito
grave imputado originalmente de violación al Artículo 201 del Código Penal de
Puerto Rico, supra, (aprovechamiento por funcionario de trabajos o
servicios públicos).
Ante esas similitudes y
diferencias de los casos de In re Rodríguez Zayas, supra, y de In
re Peña Peña, supra, con el presente asunto, este Tribunal se
encuentra ante las interrogantes siguientes: ¿Debe ser sujeto de un
procedimiento disciplinario formal el aquí querellado por los hechos imputados
originalmente por el Ministerio Público, constitutivos de aprovechamiento por
funcionario público de trabajos o servicios públicos, tomando en consideración
la querella presentada en su contra, a tenor con la sección 9 de la Ley de 11
de marzo de 1909, supra, y el indulto total y completo recibido del
Primer Ejecutivo por los delitos por los cuales resulto culpable y convicto?
¿Debe este Tribunal actuar en forma consistente con lo actuado en In re
Rodríguez Zayas, supra, y/o lo pautado en In re Marchand Quintero,
supra, por imperativo del derecho del aquí querellado a un debido
proceso de ley, garantizado por la Constitución de Puerto Rico y la de Estados
Unidos? No nos presenta duda alguna, que ante lo actuado por este Tribunal en
el caso de In re Rodríguez Zayas, supra, al presente asunto le es
aplicable lo establecido por esta Curia en In re Marchand Quintero, supra.
Allí dispusimos que cuando lo actuado por este Tribunal al declinar el
ejercicio de nuestra facultad disciplinaria crea en los abogados la impresión
de que determinada conducta resulta permisible, y posteriormente decidimos
formular norma a los efectos que tal conducta por el contrario es impermisible,
su aplicación tiene que ser prospectiva.
El licenciado Silva Iglecia
fue acusado por el delito grave de aprovechamiento por funcionario de trabajos
o servicios públicos (cuatro (4) cargos). Como consecuencia de un acuerdo con
el Ministerio Público hizo alegación de culpabilidad por el delito menos grave
(cuatro (4) cargos) de omisión en el cumplimiento de un deber impuesto por ley
o reglamento, que por sí solo no conlleva depravación moral. La querella
presentada por el Procurador General contra el aquí querellado está centrada y
puntualizada sobre la comisión de un delito menos grave (misdemeanor), en
conexión con el ejercicio de su profesión, a tenor con lo dispuesto en la
sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra.[20]
Concluimos que era razonable
que a base de lo actuado por este Tribunal en In re Rodríguez Zayas, supra,
el aquí querellado recibiera la impresión que el indulto por él recibido le
hiciera acreedor a igual trato que el recibido por el licenciado Rodríguez Zayas,
tomando en consideración la querella presentada en su contra en el caso ante
nos. También era razonable que el aquí querellado tuviera la impresión que al
concedérsele tal indulto había alcanzado los mismos objetivos rehabilitadores
que alcanzó el licenciado Rodríguez Zayas al otorgársele el suyo, en vista de
que él, a diferencia de éste último, cumplió la totalidad de su pena y
satisfizo en forma cumplida todas y cada una de las condiciones impuestas por
el Tribunal de Primera Instancia, que le hizo merecedor de la gracia del Primer
Ejecutivo.
Entendemos, que son relevantes
y materiales las anteriores consideraciones en el descargo de la función
normativa, que es esencial y primordial de este Tribunal como parte del
ejercicio jurisprudencial que aquí descargamos. El presente asunto exige de
esta Curia la formulación de norma con carácter prospectivo, atendido lo
pautado en In re Marchand Quintero, supra.
Desde hoy le hacemos claro a
la clase togada que el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria rebasa y
es irrespectivo del indulto o perdón del poder ejecutivo a un abogado convicto
de un delito. Basta que la conducta del abogado en su condición de juez,
legislador o en cualquier otra actividad, irrespectivo del delito que resulte
convicto, sea incompatible con los Cánones de Ética Profesional que rigen la
conducta de los miembros de la clase togada, para que este Tribunal ejerza su
jurisdicción disciplinaria.
IV
Por los fundamentos antes
expuestos, pautamos la norma aquí consignada para que aplique de forma
prospectiva. En consecuencia, intimamos a la clase togada de Puerto Rico a
ajustarse en su conducta a los Cánones de Ética Profesional y a proteger
siempre el buen nombre de la noble profesión de abogado. Un indulto o perdón
ejecutivo a un abogado por la comisión de un delito no lo exime de su
responsabilidad y obligación ante este Tribunal de honrar la toga en la forma y
medida que exigen tales normas éticas.
Se dictará
Sentencia de conformidad.
SENTENCIA
San Juan,
Puerto Rico, a7 de junio de 2004.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que
antecede y con relación a la acción disciplinaria contra el licenciado Rolando
A. Silva Iglecia, se dicta sentencia decretando el archivo del caso.
La norma antes consignada se aplicará de forma prospectiva. Intimamos a
la clase togada de Puerto Rico a no incurrir en este tipo de conducta. Se
apercibe que el incumplimiento con lo aquí pautado podría dar lugar al
ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y a la imposición de serias
sanciones.
Así
lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal
Supremo. El Juez Asociado Hernández Denton inhibido. La Jueza Presidenta
señora Naveira Merly, el Juez Asociado señor Fuster Berlingeri, y la Jueza
Asociada señora Fiol Matta no intervinieron.
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