La Jueza Presidenta
señora Naveira Merly y los Jueces Asociados señores Hernández Denton y Fuster Berlingeri
emitieron voto para proveer no ha lugar al auto de certiorari solicitado por
haberse tornado académico el asunto ante nos. Los Jueces Asociados
señores Rebollo López, Corrada del Río y Rivera Pérez emitieron voto para
expedir. La Jueza Asociada señora Fiol Matta inhibida. Muy
respetuosamente DISIENTO del resultado por entender que el mismo es CONTRARIO e
INCONSISTENTE con lo actuado y los pronunciamientos realizados por este
Tribunal en Emp. Pur. Des., Inc. v. H.I.E.TEL., 150
D.P.R. 924 (2000),[2]
P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995)[3]
y P.P.D. v. Gobernador II, 139 D.P.R. 984 (1996).[4]
Veamos.
I
El 20 de
marzo de 2003 la parte aquí peticionaria Partido Nuevo Progresista (en adelante
P.N.P.) presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San
Juan una demanda sobre sentencia declaratoria e injunction. El P.N.P.
solicitó al Tribunal de Primera Instancia que emitiera una sentencia declarando
como inconstitucional el uso de fondos públicos en la producción y difusión de
ciertos anuncios publicados por la administración de la honorable Sila M.
Calderón Serra, Gobernadora de Puerto Rico (en adelante Gobernadora). La
utilización de fondos públicos impugnada incluía la difusión por parte de la
Gobernadora de un mensaje televisado cuyo propósito era el de defenderse de
unas imputaciones relacionadas a sus ejecutorias como candidata a la
gobernación por el Partido Popular Democrático (en adelante P.P.D.) y sobre
unos alegados manejos ilegales de lideres del P.P.D. durante la campaña
electoral del año 2000. La acción presentada por el P.N.P. perseguía
que el Tribunal de Primera Instancia ordenara a la Gobernadora el “cese y
desista” de la producción y publicación de los anuncios impugnados, y
ordenara, además, al Departamento de Justicia que llevara a cabo gestiones para
recobrar el dinero gastado en el diseño, producción y publicación de los
anuncios, y del mensaje difundido el 19 de marzo de 2002. La demanda fue
acompañada de una petición de injunction preliminar en contra de la
Gobernadora.
Los recursos presentados por el P.N.P. pretendían que el Tribunal de Primera
Instancia emitiera una orden de “cese y desista” que evitara la
utilización de fondos públicos por parte del Gobierno de Puerto Rico en el
diseño, producción y publicación del folleto “Informe al Pueblo de Puerto
Rico: A Dos Años de Administración 2001-2002”; prohibiera el uso de
todo anuncio que incluyera el lema “Puerto Rico hacia el futuro por buen
camino, Sila María Calderón, Gobernadora”; e impidiera el uso de los colores
rojo y amarillo en los anuncios gubernamentales donde apareciera el nombre
de la Gobernadora.
El 1 de abril de 2003 las partes sometieron al Tribunal de Primera Instancia
escrito titulado “Moción Sometiendo Acuerdo de Estipulaciones de Hechos” que
consistía de cincuenta y una (51) piezas de evidencia y dos estipulaciones de
hechos.[5]
Estas estipulaciones incluyeron, entre otros, 19 anuncios distintos
publicados en los periódicos “El Todo”, “El Nuevo Día”, “Primera Hora” y “The
San Juan Star”, algunos de los cuales se publicaran en más de una ocasión.
En la estipulación suscrita entre las partes se acordó que las partes podrían
presentar evidencia adicional sujeto al requisito de que la misma viniera
acompañada o suscrita con una declaración jurada o bajo juramento. La
estipulación fue aprobada por el Tribunal de Primera Instancia. A tenor
con la referida estipulación se presentó como evidencia por la parte demandante
ante el foro primario, además, dos declaraciones juradas prestadas por el señor
William Rosales Pérez, Secretario General del P.N.P. y por el señor Peter Kenneth
Quiñones Feliciano, Secretario de Prensa de ese partido político. El
señor Rosales Pérez declaró que durante la campaña de la entonces candidata a
la alcaldía de San Juan, desde el 1995, y durante su campaña a la gobernación,
la honorable Sila M. Calderón Serra utilizó como colores distintivos de su
campaña el rojo y amarillo en diferentes tonalidades. Utilizó, además,
los colores distintivos del P.P.D., el rojo y blanco. Expresó, que
escuchó en programas de radio auspiciados por el P.P.D. en la estación radial
la Super Cadena a lideres del P.P.D. como la señora Carmen Yulín el 26 de
marzo de 2003, y al honorable Héctor Ferrer, Representante a la
Cámara el 2 de abril de 2003, utilizar la frase parcial o completa a “Puerto
Rico hacia el futuro por buen camino” así como “vamos por buen camino”.
El señor Quiñones Feliciano declaró que el 26 de marzo de 2003 obtuvo a través
del internet el archivo digital del periódico El Nuevo Día que contenía unos
artículos en los cuales se cita a la Gobernadora utilizando la frase “El
Partido Popular esta sólido y es el único instrumento que tiene Puerto Rico
hacia el siglo 21, hacia el futuro”. Expresó, que las fechas de esos
artículos periodísticos eran el 11 de febrero de 1996, el 5 de enero de 1999,
el 28 de mayo de 1999 y el 5 de julio de 1999.
El 4 de abril de 2003 la Gobernadora y el Gobierno de Puerto Rico presentaron
“Moción de Desestimación y de Sentencia Sumaria”. El P.N.P. presentó otro
escrito reafirmándose en su petición original. A solicitud de la
Gobernadora el Tribunal de Primera Instancia consolidó las peticiones de injunction
preliminar y permanente. El 9 de abril de 2003 el honorable Carlos S.
Dávila Vélez, Juez Superior dictó una sentencia, archivándose en autos copia de
su notificación a las partes ese mismo día, mediante la cual emitió auto de injunction
permanente prohibiendo al Gobierno de Puerto Rico la publicación del folleto “Informe
al Pueblo” con fondos públicos. Ordenó, además, la destrucción del mismo.[6] No obstante,
declaró no ha lugar la petición para que se le prohibiera al Gobierno de Puerto
Rico el uso del lema “Puerto Rico hacia el futuro por buen camino”
y el uso de los colores rojo y amarillo en los anuncios y publicaciones que
incluyeron el nombre de la Gobernadora debido a que estos “no
desvirtúan el fin público de los mismos”. Finalmente desestimó la
demanda contra la honorable Sila M. Calderón Serra en su capacidad oficial como
Gobernadora y en calidad personal. El Tribunal de Primera Instancia
concluyó, sobre el uso de los colores rojo, blanco y amarillo utilizados en
los anuncios y mensajes impugnados lo siguiente:
Surge del Exhibit 49 que el P.P.D. usó en sus anuncios de campaña para
las elecciones del año 2000 de manera predominante la combinación de colores
rojo y blanco, aunque en los mismos se pueden observar personas en actividades
político-partidistas con el símbolo del P.P.D. sobre un fondo amarillo y
jóvenes con camisas amarillas y rojas. Pero el uso de la combinación rojo
y amarillo no es generalizado. Por no haber la parte demandante probado un uso
generalizado de la combinación de colores rojo y amarillo y por no ser esta
combinación de colores la reconocida por la Comisión Estatal de Elecciones como
los colores del P.P.D., resolvemos que la misma no es una político-partidista.
Aunque el tribunal resolviera que la combinación de colores rojo y amarillo es
una político-partidista, el uso de la misma es un anuncio del gobierno estatal
de manera no predominante no afectaría la validez de la expresión gubernamental.
A diferencia de los lemas, símbolos o emblemas político partidistas, los
colores no son de uso exclusivo de ningún candidato o partido político.
Por la naturaleza no apropiable de los colores, para que una expresión
gubernamental sea constitucionalmente invalidada por su uso, el promovente debe
demostrar que la utilización del color político-partidista claramente
constituye un subterfugio para conferir una ventaja a un candidato o partido
político.
Si los tribunales constitucionalmente invalidan los anuncios por el sólo hecho
de la utilización de un color en particular, la norma produciría resultados
absurdos: los bomberos no podrían bajo una administración perteneciente al P.P.D.
publicar una expresión gubernamental utilizando el color rojo; la Gobernadora
no podría enviar tarjetas de Navidad con un San Nicolás vestido de rojo o con
pascuas rojas.
La parte demandante no presentó evidencia alguna para establecer que el uso de
los colores rojo y amarillo en los anuncios claramente constituye un
subterfugio para conferir una ventaja a la Gobernadora o su partido político,
por lo que no emitimos orden prohibiendo la publicación de los anuncios por
razón de los colores utilizados en los mismos. (Énfasis suplido).
Sobre el lema utilizado por la Gobernadora y el Gobierno de Puerto Rico
en los anuncios y mensajes publicados el Tribunal de Primera Instancia concluyó
lo siguiente:
Se alega que el lema “Puerto Rico hacia el futuro por buen camino”
pretende realzar a la Gobernadora y a su administración perteneciente al P.P.D.
En P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 690, el Tribunal Supremo
expresó que cuando el Gobierno, en el ejercicio de su facultad o deber de
informar a la ciudadanía, utiliza lemas de naturaleza
político-partidista, los tribunales están impedidos por la Constitución de
reconocerle fin público alguno a dicha expresión gubernamental.
El lema “Puerto Rico hacia el futuro por buen camino” no es uno
político-partidista. La parte demandante aceptó en corte abierta no
tener evidencia para probar que el P.P.D. utilizó el lema en alguna
campaña. Tampoco surge de la evidencia estipulada que este lema
haya sido utilizado o que está siendo utilizado por el P.P.D.
Por no ser el lema “Puerto Rico hacia el futuro por buen camino” uno
político-partidista, el demandante debe demostrar que la expresión
gubernamental como un todo, difundida mediante el uso de fondos públicos,
claramente constituye un subterfugio para conferir una ventaja a un candidato o
a un partido político, o para adelantar sus intereses
político-partidistas. No habiendo la parte demandante satisfecho el peso
de la prueba, concluimos que su argumento es improcedente. Cualquier
beneficio incidental por la que pueda surgir por la publicación del anuncio, a
favor de la Gobernadora o su administración no desvirtúa el fin público de la
misma. (Énfasis suplido).
Sobre el
mensaje televisivo de la Gobernadora impugnado, el Tribunal de Primera
Instancia concluyó lo siguiente:
El 19 de marzo de 2002 se transmitió un mensaje televisado de la Gobernadora el
cual fue pagado por la Oficina Central de Comunicaciones de la Fortaleza.
El mensaje fue el siguiente:
Muy buenas noches. Te agradezco mucho que me recibas en tu hogar junto
a tus seres queridos para escuchar mi mensaje
Esta noche quiero hablarte de un tema muy importante para ti, para mí y para
todo Puerto Rico. Se trata de la integridad pública, de la honestidad en
el manejo de los asuntos de gobierno.
Durante las elecciones, el compromiso de gobierno limpio fue central en mi
mensaje. El cambio que te prometí tenía que ver en gran medida con
terminar para siempre el robo de fondos públicos que permitió la pasada
administración, y tenía que ver con mi determinación de eliminar la corrupción,
viniera de donde viniera y fuera del partido político que fuera.
En los últimos días se han hecho y se han publicado expresiones, alegaciones
y acusaciones contra mi campaña a la gobernación. Esto quizás ha creado
desorientación en ti y en el pueblo puertorriqueño. De hecho, pienso que
el propósito ha sido generar confusión y dudas sobre mi credibilidad, para en
alguna forma descarrilar los esfuerzos que llevo para eliminar la
corrupción de Puerto Rico.
Todo esto es muy serio. Por eso, esta noche me estoy dirigiendo a
ti. Para darte una explicación de lo más clara posible, sobre estos
temas; para asumir la responsabilidad que me corresponde; y para hablarte de
frente. Para hablarte con la verdad, como yo la entiendo, y como siempre
te he dicho que voy hablar.
Los señalamientos que se han hecho son de dos naturalezas. El primero
tiene que ver con anuncios que auspiciaron otros candidatos para apoyar el
mensaje integrado de cambio. El segundo tiene que ver con conjeturas y
especulaciones, de fuentes anónimas y políticas, que han inferido que se usaron
fondos municipales en mi campaña.
Yo te puedo asegurar que ambos señalamientos son total y absolutamente falsos.
Sobre la segunda imputación te quiero hablar primero, porque trata sobre un
tema que es sagrado para mí: el uso de fondos gubernamentales y el respeto que
le tengo al servicio público. Nunca, se usó ningún fondo municipal,
mientas yo fue [sic] Alcaldesa de San Juan, para cubrir ningún gasto
político. Y dudo muchísimo que nadie que trabajara para mí, conociendo lo
estricta que yo soy, se atreviera utilizar fondos públicos de esta forma. De
hecho, los informes y las gráficas de fuentes anónimas y políticas que salieron
publicados en el día de ayer, son incorrectos. El equipararme a mí o a
mi gobierno con actos de personas como Víctor Fajardo, y tantos otros que están
siendo señalados, constituyen una difamación y una bajeza.
Me siento segura de lo que estoy diciendo, aún así le he pedido al
Departamento de Justicia, al Contralor de Puerto Rico y al Blue Ribbon Committee,
que constaten que no hubo uso alguno de fondos públicos en mi campaña.
En términos del primer tema, lo que se ha estado discutiendo es si otros candidatos
podían hacer anuncios integrados al mensaje de cambio en mi candidatura.
Nuestra posición es que los mensajes auspiciados por los diferentes candidatos
dentro de la estrategia general, cumplieron con la Ley Electoral y que
no se excedió el límite de gastos por esa ley.
Sin embargo, para que sobre este tema tampoco quede duda alguna, le he
solicitado una auditoria completa a la Comisión Estatal de Elecciones. Le
he hecho una asignación especial de fondos para este propósito y les he pedido
que se atienda este asunto con la mayor rapidez.
En esta forma soy la primera Gobernadora en abrir voluntariamente los libros de
su partido al escrutinio de la Comisión. Al igual que creo que soy la
primera Gobernadora en pedirle a Justicia, al Contralor y a otros organismos
que entren a examinar sus propias gestiones.
Querido puertorriqueño y puertorriqueña que me estás escuchando, tú me has
visto desde que asumí el cargo de Gobernadora. Me has visto atacar y
perseguir la corrupción en las acciones de la pasada administración y
también dentro de mi propio partido político. Lo he hecho sin paños
tibios y sin titubeos. Y así lo voy a seguir haciendo. Voy a
seguir dando esa guerra. La voy a dar hasta el final. Nada me va a
desmoralizar, ni me va a amedrentar, ni mucho menos, me va a detener en este
propósito. La corrupción no se puede atacar con miedo. Y yo no
tengo miedo porque conozco la verdad.
Esta noche siento mucha satisfacción de poder hablar contigo de frente y
correctamente. Quiero que sientas la tranquilidad al yo reafirmarte tres
cosas que para mí son básicas y vitales. Primero, nunca, nunca he
utilizado, ni habré de utilizar, fondos públicos para fines políticos o fines
privados. Segundo, nunca he aceptado o he permitido que se acepte un
donativo a cambio de un contrato. Tercero, jamás me voy a detener
en mi ataque frontal a la corrupción mientras yo sea Gobernadora del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
Yo vine a darle gobierno limpio a Puerto Rico y me siento firme en la misión
que tiene mi administración. Tú me diste tu confianza y puedes estar
seguro de que nunca habré de violar esa confianza.
Yo te pido tu respaldo moral y tu apoyo en este trabajo que tengo que hacer
por Puerto Rico. Pero más que nada, te pido tus oraciones para que Dios
me ilumine, Dios me fortalezca y me mantenga recta en el camino que he escogido
para servir a mi patria.
Muchas gracias y muy buenas noches. (Énfasis suplido).
Sostiene la parte demandante que se utilizaron indebidamente fondos públicos
para la transmisión del mensaje televisado de 19 de marzo de 2002 debido a
que la Gobernadora pretendió defenderse de acusaciones por hechos ocurridos
durante la pasada campaña electoral. No le asiste la
razón. El mensaje televisado tuvo un “fin público” ya que promovió el
interés del Gobierno, en consonancia con sus deberes y funciones de velar por
el cumplimiento de las leyes y hacer cumplir las mismas. El
mensaje no pretendió realzar a un candidato o partido político. Si bien
es correcto la Gobernadora se defendió de acusaciones en su contra que minaban
su credibilidad y honestidad, hubo una respuesta oficial a éstas al anunciarse
unas medidas gubernamentales para atender la situación. Sólo la
Gobernadora y no la presidenta de un partido político, podía informar a la
ciudadanía que estaba refiriendo los señalamientos hechos por la oposición ante
la consideración de la Comisión Estatal de Elecciones, del Departamento de
Justicia y de la Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar las
Transacciones Gubernamentales. (Énfasis suplido).
Inconforme con la determinación del Tribunal de Primera Instancia el 9 de mayo
de 2003 el P.N.P. acudió ante el entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones
mediante recurso de apelación. Señaló como errores cometidos por el foro
primario los siguientes:
SEÑALAMIENTOS DE ERRORES
1. ERRO
[SIC] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN DETERMINAR QUE EL MENSAJE
TELEVISADO TUVO UN FIN PUBLICO
2. ERRO
[SIC] EL HON. TRIBUNAL EN DETERMNAR QUE NO EXISTE EVIDENCIA ALGUNA CONTRA LA
HON. SILA M. CALDERON CON LOS HECHOS OBJETO DE ESTE PLEITO, RAZON (SIC) POR LA
CUAL NO RESPONDE EN SU CARÁCTER PERSONAL COMO OFICIAL.
3. ERRO
[SIC] EL HONORABLE TRIBUNAL AL DECLARAR SIN LUGAR LA PETICIÓN PARA QUE SE
PROHIBA AL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EL USO “PUERTO RICO HACIA EL
FUTURO POR BUEN CAMINIO, SILA M. CALDERON GOBERNADORA” Y DE TODO USO DE
COMBINACIÓN DE COLORES ROJO Y AMARILLO EN LOS AUNCIOS O PUBLICACIONES Y QUE LA
COMBINACIÓN DE LOS MISMOS TIENEN UN FIN LEGITIMO PUBLICO.
El 18 de junio de 2003 la Gobernadora de Puerto Rico presentó su alegato como
parte apelada ante el foro intermedio apelativo. El 19 de junio de 2003
el Gobierno de Puerto Rico también presentó el suyo. Hasta esa fecha el
panel del entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones, al que fue asignado el
caso, estaba compuesto por la honorable Liana Fiol Matta, Presidenta, y los
Jueces de Apelaciones honorables Roberto González Rivera y honorable Carlos
Rivera Martínez. El 23 de julio de 2003 compareció la parte apelante, P.N.P.
con un escrito titulado “Moción en Oposición a los Alegatos de los
Demandados”. El 30 de julio de 2003 la Gobernadora presentó escrito
titulado “Replica a Moción en Oposición a Alegato de los Demandados”. En
esa fecha quedó sometido el recurso para su disposición final.
El 12
de agosto de 2003 el honorable Roberto González Rivera, Juez de Apelaciones,
emitió Resolución inhibiéndose de participar en el caso. Dicha Resolución
reza de la forma siguiente:
RESOLUCIÓN
En San Juan,
Puerto Rico a 12 de agosto de 2003.
Me he percatado en esta etapa de los procedimientos que en el presente caso
tengo ideas preconcebidas y conocimiento extrajudicial de estos hechos.
En beneficio de las partes y para evitar cualquier apariencia de prejuicio o
parcialidad personal, he decido [sic] inhibirme de participar en el mismo.
Notifíquese a las partes inmediatamente.
Roberto González Rivera
Juez de Apelaciones
Dicha
Resolución fue notificada a las partes el 14 de agosto de 2003. El 11 de
agosto de 2003 la honorable Dolores Rodríguez de Oronoz, Jueza Administradora
del entonces Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó la orden administrativa,
núm. TCA-2003-117 sustituyendo al honorable Roberto González Rivera con la
honorable Zadette Bajandas Vélez en el referido panel.[7]
El 3 de
diciembre de 2003 la honorable Liana Fiol Matta, Presidenta del panel que tenía
asignado el caso de autos emitió Resolución inhibiéndose de participar en el
caso. Dicha Resolución reza de la forma siguiente:
RESOLUCION
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de diciembre de 2003.
A tenor con la Regla 63.1b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. III, esta magistrada
se inhibe “motu proprio” de entender en el presente caso, en aras de
mantener la pureza de los procedimientos, ya que después de asignado
el recurso, ha llegado a la atención de la suscribiente que
un familiar cercano podría tener conocimiento de hechos
relacionados a la controversia aquí planteada.
Se ordena que el presente recurso sea llevado ante la consideración de la
Jueza Administradora para que ésta proceda a efectuar la designación
correspondiente.(Énfasis suplido).
Notifíquese.
Liana Fiol Matta
Jueza de Apelaciones
El 5 de diciembre de 2003 la honorable Dolores Rodríguez de Oronoz, Jueza
Administradora del Tribunal de Apelaciones dictó la orden administrativa
núm. TA-2003-006 sustituyendo a la honorable Liana Fiol Matta con la
honorable Dora T. Peñagaricano Soler en el referido panel. La Resolución
emitida por la honorable Liana Fiol Matta y la referida Orden
Administrativa fue notificada a las partes el 14 de enero de 2004.
El 19
de diciembre de 2003 el panel del Tribunal de Apelaciones compuesto por su
presidente honorable Carlos Rivera Martínez, Juez Ponente, y las Juezas de
Apelaciones honorable Zadette Bajandas y honorable Dora Peñagaricano Soler
dictó sentencia confirmando la sentencia apelada, archivándose en autos copia
de su notificación a las partes el 23 de diciembre de 2003[8].
La parte
demandante de autos, apelante ante el Tribunal de Apelaciones acudió
oportunamente ante nos. Señaló como errores cometidos por ese tribunal los
siguientes:
ERRÓ EL HONORABLE
TRIBUNAL DE APELACIONES AL CONFIRMAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA
INSTANCIA DE NO PROHIBIR EL LEMA” PUERTO RICO HACIA EL FUTURO POR BUEN CAMINO”
Y LA COMBINACIÓN DE COLORES ROJO Y AMARILLO EN LOS ANUNCIOS PUBLICADOS POR EL
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO.
ERRÓ EL TRIBUNAL
DE APELACIONES AL CONFIRMAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA
INSTANCIA, CON RESPECTO AL [sic] DETERMINAR QUE EL MENSAJE TELEVISADO DE LA
GOBERNADORA DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2002 TENÍA UN FIN PÚBLICO Y NO SE TRANSMITIÓ
EN VIOLACIÓN A LAS DISPOSICIONES DE LEY Y LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.
ERRÓ EL TRIBUNAL
DE APELACIONES AL COMFIRMAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE QUE LA HON. SILA M. CALDERON NO RESPONDE TANTO EN SU CARÁCTER PERSONAL Y
OFICIAL COMO GOBERNADORA, POR LOS HECHOS OBJETO DE LA DEMANDA.
II
Doctrina de
Academicidad
En Emp.
Pur. Des., Inc. v. H.I.E.TEL, supra, expresamos lo siguiente:
En pronunciamientos
previos hemos indicado que un caso se torna académico cuando su condición de
controversia viva y presente sucumbe ante el paso del tiempo. P.P.D. v.
Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995); Asoc. de Periodistas v. González,
127 D.P.R. 704 (1991); Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); El Vocero
v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988).
Los tribunales
pierden su jurisdicción sobre un caso por academicidad cuando ocurren cambios
durante el trámite judicial de una controversia particular que hacen que ésta
pierda su actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha
de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia. Con
esta limitación sobre el poder de los tribunales, se persigue evitar el uso innecesario
de los recursos judiciales y obviar pronunciamientos autoritativos de los
tribunales que resulten superfluos. C.E.E. v. Depto. de Estado,
134 D.P.R. 927,935-936 (1993); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R.
715, 724-725 (1980).
Ahora
bien, existen situaciones especiales en las cuales los tribunales pueden
atender un caso que se ha tornado académico. Es decir, hemos reconocido
antes que existen varias excepciones a la doctrina de academicidad.
Una de ellas es cuando en un caso se plantea una cuestión recurrente; es
decir, susceptible de volver a ocurrir pero que, por la naturaleza efímera de
los hechos que provocan la cuestión, es difícil que logre ser dilucidada por
los tribunales. Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406
(1994); C.E.E. v. Depto. de Estado, supra; El Vocero v. Junta de
Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988); Asoc. de Periodistas v. González,
supra; Com. de la Mujer v. Srio de Justicia, supra.
En el
caso de autos, las manifestaciones específicas que dieron lugar al recurso ante
nos han cesado ya, por lo que podría estimarse que la controversia concreta que
nos concierne aquí sobre el injunction preliminar se ha tornado
académica. No obstante, es evidente que la cuestión novel e importante
que este pleito presenta, de si agrupaciones como las peticionarias puedan
llevar a cabo manifestaciones como las del caso de autos en un centro comercial
privado, cuando sus dueños se oponen a tales actos, es una que con razonable
probabilidad ha de surgir de nuevo. El acto de expresión pública
impugnado puede volver a concluir antes de que la cuestión referida haya sido
dilucidada judicialmente en los méritos. Tal como ha sucedido en el
caso de autos, la controversia aludida entre los manifestantes y el centro comercial
puede presentarse otra vez y la situación concreta que la ocasiona puede volver
a desaparecer mientras el caso es examinado por los tribunales. En tales
circunstancias, si no pasamos juicio sobre la controversia referida aunque haya
terminado la manifestación, quedaría conculcada así nuestra función revisora.
En
efecto, el importante asunto que tenemos planteado en el caso de autos, ha
estado ya antes ante los tribunales del país sin que se haya podido resolver en
sus méritos. En el caso anterior referido se intentó impedir otras
manifestaciones realizadas precisamente en los predios del centro comercial
Mayagüez Mall. Al igual que como ocurrió en el caso ante nos ahora,
Empresas había alquilado un local a la Autoridad de Energía Eléctrica (en
adelante la A.E.E.) para la operación de una oficina comercial de servicio al
público. El 30 de marzo de 1995, a raíz de una disputa obrero-patronal,
empleados de la A.E.E. pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la
Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (en adelante la U.T.I.E.R.)
realizaron manifestaciones de protesta contra la A.E.E. dentro del Mayagüez
Mall. Como consecuencia de ello, el día siguiente, Empresas presentó una
acción ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, y
solicitó que se emitiese un entredicho provisional, así como un interdicto
preliminar y uno permanente. Luego de la concesión del entredicho
provisional y de varios trámites apelativos, el foro de instancia resolvió que
la acción de Empresas se había tornado académica en vista de que las
manifestaciones de la U.T.I.E.R. había terminado para el tiempo en que el
tribunal se disponía a dilucidar el caso. Por ende, desestimó la acción
de Empresas, sin resolver la importante controversia constitucional que se le
había planteado. El Tribunal de Circuito de Apelaciones confirmó dicho
dictamen. No cabe dudas, pues, que tenemos ante nos una clara situación
de una controversia recurrente, que es una de las excepciones bien
conocidas a la doctrina de la cuestión académica. Resolvemos, pues, que
tenemos jurisdicción para dilucidar el importante asunto ante nos.
Debe
quedar claro que ésta no es la primera vez que consideramos la validez de los
actos de protesta después que dichos actos han cesado
definitivamente. En E.L.A. v. Rivera Rivera, 105 D.P.R. 640
(1977), un grupo de personas montaron un piquete de protesta en las
inmediaciones de la Fortaleza, la residencia oficial del Gobernador de Puerto
Rico. El Tribunal Superior, a instancias del Estado, expidió un injunction
que si bien salvaguardaba el derecho a la libre expresión de los manifestantes
aludidos, limitaba a la vez las horas del día en las que se podían celebrar los
actos de protesta y fijaba otras restricciones afines. Los manifestantes
apelaron de inmediato ante nos, cuestionando las limitaciones impuestas
mediante el injunction referido. Inicialmente rehusamos suspender
el injunction pendiente la apelación. Posteriormente, año y
medio después de haber terminado los actos de protesta en cuestión, ejercimos
nuestra jurisdicción y adjudicamos la validez del “injunction” referido.
Igual hicimos con respecto a un injunction preliminar y permanente que había
sido procurado en relación con un piquete, luego de éste haber concluido en E.L.A.
v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975). Procede, pues, que
en el caso de autos actuemos del mismo modo. (Énfasis suplido)
El Juez
Asociado señor Corrada del Río disintió por entender que esa controversia se
había tornado académica. No obstante, concurrió con el resultado por
fundamentos que no coincidían completamente con los esbozados en la opinión
mayoritaria. Expresó, que la aplicación de la excepción a la doctrina de
academicidad se da en la situación en que hay una “expectativa razonable” o una
“probabilidad demostrable” de que la misma controversia recurrirá involucrando
a la misma parte promovente. Concluyó, que en ese caso no existía ninguna
controversia entre las partes para resolver, y de que este Tribunal no se encontraba
ante una de las excepciones a la aplicación de la doctrina de
academicidad. Expresó, que el asunto a revisar por este Tribunal, o sea
el injunction preliminar emitido por el entonces Tribunal de Circuito de
Apelaciones, se tornó académico toda vez que los hechos que dieron lugar a
dicha solicitud cesaron. La protesta realizada en los predios del
Mayagüez Mall tenía el propósito de evitar la venta de acciones de la Puerto
Rico Telephone Company (PRTC) a la empresa privada, la cual ya había sido llevada
a cabo. La intención de la empresa que opera el Mayagüez Mall era evitar
que los manifestantes realizaran su protesta dentro de los predios de su
propiedad. Tal propósito ya no estaba presente, pues la referida venta de
acciones era una realidad indiscutible y tal empresa había obtenido el remedio
que perseguía con el injunction preliminar a los efectos que los manifestantes
salieran de los predios de su propiedad inmueble. Concluyó, además, que
la empresa no demostró la “probabilidad o expectativa razonable” de que el
asunto o la situación que dio lugar a esa controversia se repitiera nuevamente
y, que de recurrir, evadiera la revisión judicial.[9]
En P.P.D. v.
Gobernador I,[10] expresamos, sobre el tema de academicidad, lo
siguiente:
En diversas
ocasiones hemos considerado la doctrina de academicidad. Un
caso académico es “ uno en que se trata de obtener un fallo sobre
una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una
determinación de un derecho antes de que este haya sido reclamado, o
una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por alguna razón no
podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente...”. E.L.A.
v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 584 (1958). Véase C.E.E. v. Depto. de
Estado, 134 D.P.R. 927 (1993).
Una controversia
puede convertirse en académica cuando los cambios fácticos o judiciales
acaecidos durante el trámite judicial tornan en ficticia su solución,
para convertirse así en una opinión consultiva sobre asuntos abstractos de
derecho. Pueblo en interés menor M.A.G.O., 138 D.P.R.
20 (1995); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988); Noriega
v. Hernández Colón, supra; entre otros.
En Asoc. de
Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704, 717-718 (1991), explicamos que
“[a]l considerar el concepto de ̀academicidad́ hay que concentrarse
en la relación existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito
y la adversidad presente. Este análisis es vital para determinar la
existencia de los requisitos constitucionales (̀caso o controversiá)
o jurisprudenciales de justiciabilidad. Un caso se convierte en académico
cuando con el paso del tiempo su condición de controversia viva y presente se
pierde”. (Escolio omitido).
Se han elaborado,
sin embargo, una serie de excepciones a la doctrina de academicidad que
permiten la consideración de un caso que de otro modo resultaría académico en
cuanto a su resultado o efecto inmediato. Por ejemplo, “cuando el caso
ante el tribunal presenta una cuestión recurrente o
susceptible de volver a ocurrir (capable of repetition), Roe v. Wade,
410 U.S. 113 (1973); Moore v. Ogilvie, 394 U.S. 814, 816 (1969); So. Pac.
Terminal Col v. Int. Comm.
Comm., 219 U.S. 498, 515 (1911); o cuando
aspectos de la controversia se tornan académicos pero persisten consecuencias colaterales
de ésta que tienen vigencia y actualidad. Véanse: R. Serrano Geyls,
Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo.
P.R., 1986, Vol. 1, 1986, págs. 122-126; L.H.Tribe, American Constitutional Law,
2da. Ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988; El Vocero v. Junta de
Planificación, supra, págs. 124-126”. C.E.E. v. Depto. de Estado,
supra, pág. 936.
En C.E.E. v. Depto. de Estado, supra, pág. 936, resolvimos
que, “es evidente que la conflictiva cuestión de derecho que dio lugar a la
disputa entre las partes de este caso es susceptible de volver a
ocurrir”. (Énfasis suplido). Señalamos que “con marcada
frecuencia las agencias y los departamentos gubernamentales se ven en la
necesidad de anunciar al país los eventos públicos que habrán de celebrar
aun en años electorales y la postura de la Comisión, si no se
dilucida de manera determinante, es potencialmente una fuente de
continuos conflictos”. (Énfasis suplido). Id., págs. 936-937.
Allí también consideramos que por tratarse de anuncios, al igual que en
los presentes casos, “si la controversia ante nos ahora no se resuelve
finalmente [por este Tribunal], la parte que promueve la limitación a los
anuncios en cuestión... tendrá que volver a los tribunales en el futuro
con su planteamiento, litigándolo siempre a última hora, debido a que es un
asunto que por su naturaleza tiende a surgir imprevistamente, haciendo muy
difícil que sea revisado judicialmente de manera definitiva”. Id., pág.
937.
Aplicando los principios de la doctrina de academicidad,
debemos concluir que por la naturaleza de la controversia de estos casos, o
sea, el uso de fondos públicos para sufragar anuncios de índole
político-partidista, ésta es susceptible de repetirse, aun cuando en el caso P.P.D.
v. Rosselló, Caso Civil Núm. AP-95-7, el anuncio ya no se publica.
Así lo reconoce el señor Procurador General en su alegato. Igual
razonamiento es aplicable al caso P.P.D. v. P.N.P., Caso Civil Núm.
CT-95-10.
De otra parte, dado que en el caso Pérez Preston v. Aponte,
Caso Civil Núm. AP-95-9, la acción fue desestimada en forma sumaria por el
tribunal, a este momento se continua la publicación del logo impugnado,
por lo que la controversia que dio origen continua viva en toda su extensión.
Por las razones antes indicadas, concluimos que ninguno de los
tres (3) casos se ha tornado académico. (Énfasis
suplido).
El Juez
Asociado señor Hernández Denton en su opinión de conformidad[11]
expresó “...nunca antes habíamos tenido ante nuestra consideración una
controversia análoga. Aunque en cuatrienios anteriores otros incumbentes
también habían utilizado los medios de comunicación comerciales para anunciar
sus logros, esta es la primera vez que unos partidos de oposición, tanto a
nivel municipal como en el central, cuestionan este tipo de campaña
gubernamental multimillonaria durante el periodo preelectoral”.
Añadió,[12] que “... la opinión del Tribunal evita que el
partido de turno que está en el poder, tanto en el gobierno central como en los
municipales, comience el año de elecciones con una ventaja indebida frente a
los otros partidos principales mediante la utilización de fondos públicos en
una campaña publicitaria que tiene un propósito político partidista. La Sec.
9 del Artículo VI de nuestra Constitución, supra no permite el uso de
fondos públicos con esos propósitos”.
El Juez
Asociado señor Fuster Berlingeri en su opinión conformidad[13]
realizó expresiones que resultan pertinentes a este tema. Expresó lo
siguiente:
...en vista de
que los casos ante nos presentan en común un importantísimo problema de la
colectividad que amerita resolverse urgentemente, para colegiar, he
emitido un voto de conformidad. Me pareció necesario, sin embargo,
expresar unos criterios adicionales, formulados en esta opinión particular,
para hacer hincapié en lo rigurosas que son las limitaciones sobre anuncios
oficiales que surgen del principio de igualdad inmerso en nuestra
Constitución. He formulado estos criterios adicionales confiado en
que, con ellos, en alguna oportunidad futura, de mayor serenidad, podamos
fortalecer aún más la democracia puertorriqueña. (Énfasis suplido).
El Juez Asociado señor Corrada
del Río en su opinión concurrente y disidente,[14] sobre el tema de academicidad, expresó lo
siguiente:
La cuestión de academicidad no requiere ser discutida extensamente, ya que
surge de la naturaleza de las alegaciones, de las determinaciones de hecho del
tribunal de instancia y de los alegatos de las partes que dicha doctrina no es
aplicable a los casos de autos, como concluye la opinión mayoritaria.
Basta con señalar que a la luz de los criterios que establecimos en Com.
de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980), así como en El
Vocero v. Junta de Planificación , 121 D.P.R. 115 (1988); Noriega v.
Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988), y Noriega v. Hernández Colón, supra,
estos casos no son académicos. (Énfasis suplido).
En P.P.D.
v. Gobernador II,[15]
el entonces Juez Asociado de este Tribunal señor Negrón García expresó en su
opinión concurrente relacionado con el referido tema, lo siguiente:
Reafirmamos que “[l]os fondos del erario son sagrados lo manda la
Constitución y legislación. Así lo entendieron muchos buenos
servidores, que décadas atrás nos precedieron en la administración de la cosa
pública. Lamentablemente, en los últimos cuatrienios, la recta y sana
administración pública ha sido totalmente confundida con el manejo de lo
sectario partidista. Como correctamente concluyó el ilustrado
tribunal de instancia (Hon. Arnaldo López Rodríguez, Juez), este mal proceder
ha trascendido en las distintas administraciones, ha hecho crisis en los
últimos cuatrienios, controlados por El P.N.P. y P.P.D.; incluso dentro de la
administración municipal. Ya para el 1990, en Noriega v. Hernández Colón,
[resuelto el 6 de abril de 1992], habíamos cuestionado esta práctica
perjudicial. Dijimos: “...¿quién le pondrá freno a esa disputa y
saturación de anuncios `públicos´?, ¿quién controlará la sangría
presupuestaria? Esta aterradora visión del futuro, ¿no es más bien típica
de una campaña electoral entre partidos de oposición en año
eleccionario? ¿Por qué trasladarla al escenario gubernamental y gravar
los fondos públicos al amparo de la cuestionable práctica de `informar´ al
pueblo? Recapitulando, este tipo de campaña, impulsada para ganarse
la opinión pública, abre camino a una contienda político-ideológica de mayor
envergadura”.
Añadió,[16] lo siguiente:
Nuestra decisión simplemente rescató y aplicó unos preceptos
constitucionales vigentes desde 1952. Éstos sostienen la ilegalidad de
los desembolsos de fondos públicos para financiar unas campañas publicitarias
político-partidistas, en interacción con el principio igualitario en materia de
financiamiento electoral expuesto prístinamente en Marrero v. Mun. de
Morovis, 115 D.P.R. 643, 646 (1984),; P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R.
631, 640 (1984), y P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916
(1994).
No estamos, pues, ante una decisión o una nueva regla jurisprudencial que
permita invocar y justificar sólo su prospectividad. Sería un contransentido,
por no decir una burla, que con estos claros precedentes judiciales le
negáramos los efectos retroactivos. Significaría admitir que el Poder
Judicial ha incurrido en un ejercicio académico y vacuo al proclamar la
vigencia de una Constitución abstracta e inoperante.(Énfasis suplido)
Hemos
expresado en forma reiterada que al evaluar la procedencia de un injunction
preliminar examinaremos los criterios siguientes: (1) la naturaleza de
los daños que puedan ocasionarse a las partes de concederse o denegarse
el injunction, (2)la irreparabilidad del daño o la existencia de un remedio
adecuado en ley, (3) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca
eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la
probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse el injunction
y, sobre todo, (5) el posible impacto sobre el interés público del remedio
que se solicita.[17]
El Gobierno de turno no puede utilizar los
fondos públicos para beneficio del partido político en el poder. En la
medida en que los fondos públicos se utilicen para propaganda político
partidista para beneficio del partido político de gobierno se está afectando detrimentalmente
el derecho de los electores de los demás partidos políticos. No se
permite el uso político partidista de los fondos públicos. Tampoco
es permitido al partido político de gobierno o candidato a puesto electivo de
esa colectividad a que obtenga una ventaja económica a expensas del
erario público. La verdadera esencia de un gobierno libre consiste
en considerar los puestos públicos como un fideicomiso, encomendado para el
bien del país y no para el beneficio de determinado partido político o
grupo de individuos o electores.[36]
En P.P.D. V Gobernador I[37]
expresamos sobre este asunto, lo siguiente:
Los
criterios que se derivan de nuestra jurisprudencia para determinar si existe o
no un fin público –cuando mediante una ley o una actuación gubernamental se
realiza una erogación de fondos públicos- son aplicables a la controversia que
nos ocupa. Por un lado, cuando el Gobierno, en el ejercicio de su
facultad o deber de informar a la ciudadanía, utiliza o incorpora símbolos,
emblemas, colores, fotografías o lemas de naturaleza político-partidista,
estamos impedidos constitucionalmente de reconocerle fin público alguno a dicha
expresión gubernamental. Tampoco podemos reconocer validez constitucional
a cualquier expresión gubernamental difundida mediante el uso de fondos
públicos cuando ésta claramente constituye un subterfugio para conferir una ventaja
a un candidato o a un partido político, o para adelantar sus interés
políticos-partidistas. Cf. Marrero v. Mun. de Morovis, supra.
De
otra parte, ausente en la expresión gubernamental cualquier símbolo, emblema,
color, fotografía, lema de naturaleza político-partidista, o el propósito de
conferir una indebida ventaja a un candidato o partido político, la
determinación de si la utilización de fondos públicos responde a un fin público
requiere determinar su propósito y evaluar su contenido para adjudicar si
cumple con alguno de los criterios siguientes:
1. Redunda
en beneficio de la salud, la seguridad, la moral y el bienestar general de
todos los ciudadanos.
2. Está
destinado a una actividad de carácter público o semipúblico.
3. Promueve
los intereses y objetivos de la entidad gubernamental, en consonancia con sus
deberes y funciones o la política pública establecida.
4. Promueve
programas, servicios, oportunidades y derechos, o adelanta causas sociales,
cívicas, culturales, económicas o deportivas.
5. Promueve
el establecimiento, modificación o cambio de una política gubernamental.
Reconocemos que la publicación de expresiones gubernamental mediante el
uso de fondos públicos para la consecución de cualquiera de los objetivos
enunciados anteriormente, en algunas ocasiones, puede tener el efecto
incidental de producir cierto grado de ventaja al partido político en el poder
o a un candidato de dicho partido. Pero cuando la evidencia demuestra,
por el contrario, que dicha expresión es utilizada como un vehículo para
adelantar cualquier fin individual de dicho partido o candidato, anulando de
tal forma la consecución de un objetivo legítimo, tal expresión no puede
prevalecer por constituir una ventaja económica a dicho partido o candidato por
sobre los partidos políticos o candidatos de oposición.
Por el hecho de que la Legislatura no haya extendido expresamente la
prohibición contenida en el Art. 8.001, supra, a los años en que no se
celebran elecciones generales, no podemos validar el uso de fondos públicos
para anuncios político-partidistas durante tales años. La restricción a
este tipo de actuación se encuentra en la Sec. 9 del Art. VI de nuestra
Constitución, supra, la cual no requiere de una ley específica
para su aplicación y en el axioma constitucional de igualdad electoral.
. . .
En este
caso el P.P.D. impugnó una serie de anuncios publicados por algunas
dependencias del Gobierno y Corporaciones públicas, alegando que constituían una campaña concertada y desarrollada por el
Gobierno en coordinación con el P.N.P.
Mediante estipulación de las partes, se presentaron en evidencia los anuncios
impugnados, al igual que prueba pericial en las áreas de comunicaciones
y publicidad.
En cumplimiento con nuestra Orden de 1ro. de diciembre de 1995 el
Tribunal de Primera Instancia nos remitió las determinaciones de hecho
resultantes de la referida evidencia. Evaluadas éstas, a la luz de
toda la prueba obrante en autos, incluso la transcripción de los
testimonios periciales, concluimos que tales determinaciones están
plenamente sostenidas por la prueba, en vista de lo cual las adoptamos y
concluimos lo siguiente:
1. Los
anuncios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, del Departamento de
Educación, del Departamento de Transportación y Obras Públicas, de la Autoridad
de Carreteras y del Departamento de Corrección y Rehabilitación destacan la
labor realizada por dichas dependencias gubernamentales e incluyen el
lema “compromiso cumplido” o la frase “el Departamento ha cumplido con el
compromiso del Gobernador Pedro Rosselló”. De este modo se
resaltan los supuestos logros de dichas dependencias
públicas y utilizan el lema propagandístico del partido en el poder con
el propósito de conferir una ventaja al candidato a la gobernación de dicho
partido.
2. Los
anuncios de la Administración de Seguros de Salud, del
Departamento de la Familia, del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, y
de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles proveen
información de alguna utilidad o beneficio a la comunidad, promoviendo
programas y servicios, pero los mismos incluyen el lema de “compromiso
cumplido”, lo que demuestra el claro propósito de adelantar y
promover los fines políticos del partido en el poder y de su
candidato a la gobernación.
3. A
pesar de que los anuncios del Departamento de Educación incluyen información
sobre los servicios ofrecidos por dicho departamento, incluyen, además un
recuadro en el que se expresa que se ha cumplido con el compromiso
del Dr. Pedro Rosselló, utilizando el lema propagandístico de dicho
candidato y con el obvio propósito de conferir a éste
una indebida ventaja sobre los candidatos opositores.
4. Los
anuncios del Departamento de Hacienda informan cambios o reformas que
afectan a la ciudadanía, pero incluyen la frase “compromiso cumplido”, en
obvia referencia al candidato a la gobernación del partido en el poder y
con iguales fines político-partidistas que los
mencionados anteriormente.
5. Solamente
cuatro (4) anuncios de los evaluados carecen de mensajes
político-partidistas. Estos anuncios corresponden a las siguientes
agencias:(a) Departamento de la Familia (en éste se promueven las oportunidades
de empleo para ciudadanos de cincuenta y cinco (55) años o
más); (b) Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (en este anuncio se
promueve el empleo de residentes en viviendas públicas); (c) Departamento de Salud
(promueve y provee información sobre la lactancia materna); (d) Departamento de
Transportación y Obras Públicas (en este anuncio se avisa o alerta al público
sobre un programa de mejoras a la transportación en el área metropolitana de
San Juan).
Con excepción de los cuatro (4) anuncios
antes indicados, la campaña publicitaria del Gobierno se caracteriza por el
lema “compromiso cumplido”, acompañado de una marca de cotejo. A pesar de
que resulta evidente que la utilización de este lema responde a fines
político-partidistas, la prueba pericial despejó todo tipo de duda al demostrar
fehacientemente que el lema en cuestión corresponde a la campaña que
simultáneamente conduce el P.N.P. en consideración a las elecciones
generales de 1996. Observamos,
además, que mientras la
campaña publicitaria del Gobierno se distingue por el lema “compromiso
cumplido”, en la campaña del P.N.P. se enfatiza las supuestas promesas “sin
cumplir” de Héctor Luis Acevedo, candidato a la gobernación por el P.P.D.
A su vez, estos estribillos se complementan con el lema
“prometimos y cumplimos” que se destaca en el comité central de campaña del P.N.P.
Concluimos
que en este caso nos encontramos ante una campaña publicitaria concertada,
de manifiesto corte político-partidista, subvencionada con una gran
cantidad de fondos públicos , so pretexto de cumplir con un fin publico
determinado. La utilización de símbolos o insignias de
naturaleza político-partidista, tales como la palma y la estrella, ciertamente
identificables con el P.N.P., es contraria al fin público que exige nuestro
ordenamiento constitucional en la administración del erario y al axioma de
paridad económica entre las fuerzas electorales que le sirve de norte. Como
acertadamente destaca el Prof. Steven Shiffrin, “permitirle al gobierno, armado
con el mayor tesoro de campaña-el erario público-intentar dominar un proceso
electoral, atenta contra la integridad básica del proceso
democrático”. (Traducción nuestra). S. Shiffrin, Government
Speech, 27 UCLA L. Rev. 565, 612 (1980). A fin de
cuentas, “no es función del Gobierno, reelegirse a sí mismo”. (Traducción nuestra.) E. Ziegler, Government Speech and the Constituition:
The Limits of Official Partisanship, 21 B.C. L. Rev. 578, 604 (1980), citando
a T. Emerson, The System of Freedom of Expression 698-699(Vintage Ed.
1971).
...De
la evidencia que tuvo ante sí el Tribunal de Primera Instancia surge
palpablemente el propósito de los demandados de influenciar la opinión pública
a favor del partido de gobierno y de su candidato a la gobernación, el actual
incumbente Dr. Pedro Rosselló González, mediante
una
masiva campaña de medios en forma coordinada entre las agencias y
dependencias del Gobierno y el P.N.P. mediante el uso repetido de
lemas y estribillos de campaña, logros y símbolos del partido en el
poder, la fotografía del mencionado incumbente, colores que identifican a dicho
partido y el empleo de técnicas visuales que no tienen otro propósito que
el de obtener el favor de los votantes en la campaña electoral que se avecina. Todo ello al amparo de un supuesto
-y muy lejano-propósito de informar a la ciudadanía del funcionamiento de su
gobierno. Si algún objetivo público se logra en estos casos, éste
palidece ante la deslumbrante campaña publicitaria que lleva a cabo el
Gobierno con el fin obvio de realzar la imagen del P.N.P. y de su
candidato a la gobernación en las próximas elecciones generales.
. . .
No nos corresponde pasar juicio sobre la
sabiduría de los gastos incurridos en publicidad, siempre que estos
respondan a fines públicos. Sin embargo, es nuestra
responsabilidad, como máximos interpretes de la Constitución, velar por que
estos fondos respondan directamente a las necesidades de la ciudadanía
y no a los fines de partido o candidato político alguno. Tomando
conocimiento judicial de ello, nos preocupa la proliferación de
varias publicaciones hechas y distribuidas en los últimos días,
aparentemente con fondos públicos, por otras administraciones municipales
y ramas de gobierno que adolecen de los mismos defectos
constitucionales que hoy señalamos.
Indiscutiblemente,
el Gobierno se extralimitó en su facultad o deber de mantener al Pueblo
informado, violando de esta forma la disposición constitucional que confina la
utilización de fondos públicos a fines públicos y el axioma constitucional de
igualdad económica de los partidos y candidatos a puestos electivos. Por
tal motivo, procede que dictemos el “injunction” preliminar,
solicitado en este caso, para prohibir a los funcionarios demandados y al
Estado Libre Asociado de Puerto Rico la publicación, costeada con fondos
públicos, de anuncios de la naturaleza de los mencionados anteriormente,
y para extender tal prohibición a sus agentes, funcionarios, mandatarios
y empleados, ya sea que éstos actúen solos o de común acuerdo con otras
personas. Se prohibirá, además, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
a los demás demandados y a sus agentes, funcionarios, empleados y mandatarios,
el desembolso de fondos públicos para el pago de las publicaciones hechas de
tales anuncios o que, en lo sucesivo, se hagan en violación a la referida orden
de “injunction”, hasta tanto otra cosa se disponga finalmente en este
caso.
Se
ordenará ,además, la devolución de este caso al Tribunal de Primera Instancia
para la continuación de los procedimientos todavía pendientes en forma
compatible con lo aquí resuelto. Reconocemos que el foro de
instancia tiene facultad, a base de la evidencia que se le presente, para
extender permanentemente el “injunction” preliminar que hemos dictado,
incluso la facultad de prohibir permanentemente cualquier actuación, conducta,
campaña o actividad de parte de los demandados que haya sido llevada a cabo
o se lleve en el futuro, en violación de las normas expuestas en
esta opinión. Igualmente se reconoce la facultad de dicho tribunal para
ordenar cualquier otro remedio que en derecho proceda, incluso la
compensación de los daños sufridos por la parte demandante, todo ello
después de dar oportunidad a la parte demandada de ser oída y presentar
sus defensas. (Énfasis suplido).
El entonces Juez Asociado
señor Negrón García expresó en su opinión concurrente,[38]
sobre este asunto, lo siguiente:
“No es función
del gobierno, por sí, lograr su reelección.”
Bajo
el postulado multidimensional de igualdad inmerso en nuestra
Constitución, en interacción con otros derechos fundamentales, principalmente
ante el Art. VI, Sec. 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A.,
Tomo 1, no es válido ni permisible el uso de fondos públicos para anuncios y
campañas publicitarias propagandistas de carácter político-partidista, sea
clara, indirecta, sutil, disimulada, sofisticada o esté entremezclada con
actividades informativas legítimas.
“A
fin de cuentas, se llaman ΄fondos públicos̉ porque provienen de todos
los contribuyentes del país y del más amplio spectrum político. NO SON
PRIVATIVOS DE QUIENES POLÍTICAMENTE OSTENTAN LAS RIENDAS DEL PAIS DURANTE
DETERMINADO CUATRIENIO.” Noriega v. Hernández Colón, 126 D.P.R. 42,
72 (1990), voto disidente. “Y tras el telón, los fondos públicos van a
parar a las `agencias de publicidad [que] cuentan con expertos conocedores de
la conducta humana. Ideas, imágenes, detalles visuales y gráficos aparentemente
insignificantes pueden esconder solapadamente un mensaje político. Por
lo tanto, no podemos abstraernos de los adelantos de la industria de las
comunicaciones y del desarrollo de complejas técnicas para encubrir mensajes.
(Cita omitida).
. . .
Los funcionarios del gobierno central o municipal en el poder no tienen derecho
a usar el dinero público para su reelección; en el sentido, el Estado y la
administración de turno no son sinónimos. Este criterio y rigor jurídicos
de juzgar no son nuevos. Desde el voto
disidente en P.P.D. v. Junta Revisora Electoral, 109 D.P.R. 464, 465
(1980), consignamos “nuestro deber judicial darle virtualidad y convertir en
realidad el ideal legislativo de igualdad en el debate político”.
(Énfasis en el original). Hace mucho tiempo descubrimos que “[l]a
igualdad es ingrediente medular del ideal de justicia que constantemente late
en la Constitución. Por su naturaleza dinámica es susceptible de
manifestarse en diversas dimensiones”. (citas omitidas). Allí declaramos
que el “principio de igualdad electoral es continuo... [e] intenta
disuadir que en determinada época un partido, que controla mayoritariamente los
poderes ejecutivo o legislativo, o lo comparta con otro –mediante anuencia o
consenso- ... agrave la situación de los partidos de oposición existentes, o
introduzca cambios de cual[quier] forma en las leyes y reglas que rigen la
contienda electoral en beneficio y ventaja...”.(Citas omitidas).
. . .
Irónicamente,
el monopolio que tiene el Gobierno sobre el uso de la fuerza
como factor coercitivo, junto a sus inmensos recursos económicos, lo hacen
propenso a la arbitrariedad y lo dotan de unos poderes de persuasión y coacción
que podrían convertirle en la peor amenaza a la legitimidad de nuestra
democracia. Para que funcione la democracia no es suficiente limitar el
control que puedan tener los intereses económicos sobre las
elecciones. Es imperativo impedir que un grupo de ciudadanos utilice
los recursos del Estado para propaganda, máxime cuando son los
mismos incumbentes que mediante ese abuso intentan permanecer en el
poder. “Lo contrario atentaría contra el principio supremo que
insufla vida a la misma Constitución, esto es, recoger la voluntad del
Soberano, que no es otro que el Pueblo”. (Citas omitidas).
Las
comunicaciones y propaganda gubernamental, especialmente aquellas que
gozan de un carácter fundamentalmente político-partidísta, adolecen de varios
defectos constitucionales. Primero, al publicar anuncios partidistas, el
Gobierno viola la jerarquía de poder político establecido en nuestra
Constitución. Preámbulo,
supra; Art. I, Sec. 2 y Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., supra.
Nos encontramos ante un intento gubernamental de subvertir esta
jerarquía, esto es, tomarla al revés; el pueblo, aunque soberano,
tiene ante sí al Gobierno tratando de controlar y manipularlo. Segundo, se
apunta el efecto nocivo que puede tener la propaganda del Gobierno sobre la
libertad de expresión de los ciudadanos; el “libre mercado de ideas”, y
la libertad de asociación.
Advertimos,
pues, que mediante el uso de propaganda, el Gobierno puede manipular
sutilmente la opinión pública “para prescribir lo que será ortodoxo”; quizás
más efectivamente que la censura directa. Este peligro alcanza su
mayor magnitud cuando los funcionarios gubernamentales utilizan los
poderes de comunicación y fondos del Gobierno para adelantar una agenda
político-partidista. En campañas publicitarias masivas, como la de estos
casos, estamos ante una burda distorsión de lo que se supone sea la
comunicación Gobierno-ciudadano. La información gubernamental acapara
y satura el mercado de ideas; es decir los anuncios y comunicaciones
gubernamentales son tan extensos e intensos que tienden a ahogar las
expresiones de otros partidos políticos, entidades ciudadanas e
individuos.
La
participación del Gobierno y sus funcionarios incumbentes en el debate
político, en cuanto persiguen mantenerse y crear una nueva “opinión
pública”, ataca directamente aquella autonomía de conciencia y
pensamiento los ciudadanos en la cual descansa la justificación de los
derechos de libertad de expresión y de sufragio. ¿Qué otro objetivo
tiene la propaganda sino la manipulación de la opinión? El
extender al pueblo las consignas y los lemas partidistas del
gobernante de turno en la propaganda gubernamental, ¿no es
instrumento para moldear, formar, canalizar y dirigir la opinión ciudadana
hacia un eventual triunfo electoral?
. .
.
Esta
distinción fundamental nos lleva al tercer defecto constitucional del
desembolso de fondos públicos para la publicación de anuncios
político-partidistas: una lesión al postulado de igualdad
económica entre los partidos políticos. (Citas omitidas).
...estos casos
versan sobre un gasto ilícito del tesoro público para mejorar la
imagen de los incumbentes del partido de turno (central y
municipal). Además de reflejar una mala administración de esos dineros, per
se constituye una práctica ilegal e inconstitucional, que
independientemente pueda generar unos resultados electorales negativos,
es justiciable y puede remediarse judicialmente.
El
argumento, sin embargo, nos permite adentrarnos en el cuarto y principal
defecto constitucional: los anuncios partidistas violan la prohibición de
usar fondos públicos para fines no públicos. El efecto claro
de estas infracciones es el derroche del tesoro público, en
detrimento de los partidos de oposición y todo ciudadano; y de
que se beneficien políticamente al partido que gobierna, los
funcionarios incumbentes y, por añadidura, el lucro de las agencias
de publicidad y demás medios de difusión.
La
interrogante principal consiste en determinar cuales fines son públicos y
legítimos. El concepto “fin público se define mediante referencia a
otras disposiciones que a continuación veremos en la misma
Constitución. En particular, cuando un desembolso gubernamental
lesiona los valores encarnados en la libertad de expresión y en el
derecho al voto, el desembolso no responde aun fin público por ende,
es ilegal. (Énfasis suplido.)
El Juez Asociado señor Hernández Denton expresó en su opinión de
conformidad,[39]
sobre este asunto, lo siguiente:
Resulta
claro que la protección constitucional no se limita a la veda de la Ley
Electoral de Puerto Rico. La veda dispuesta en el Art. 8.001, supra,
es una medida, entre otras posibles, para garantizar la paridad. La
medida legislativa no determina, por sí sola, el alcance del axioma de la
igualdad y paridad económica.
Debe
recalcarse que el propio legislador ha reconocido implícitamente que el
principio de la igualdad y paridad económica entre los partidos no se limita al
año electoral ni a fechas cercanas a eventos electorales. A esos efectos,
la Ley Electoral de Puerto Rico provee para la subvención equitativa de fondos
públicos para los partidos políticos, tanto en años electorales como en los
años no electorales del resto cuatrienio. Art. 3.023 de la Ley Electoral
de Puerto Rico, Ley Núm 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendado, 16 L.P.R.A.
sec. 3116. Como resultado de la Ley Electoral de Puerto Rico, los
partidos tienen un derecho a recibir esa subvención, si cumplen con los
requisitos dispuestos en el estatuto, y una expectativa legítima de que el
Estado tomará las medidas correspondientes para asegurar que se distribuirán en
partes iguales.
En
síntesis, nuestro orden constitucional y la ley Electoral de Puerto Rico les
reconocen a los partidos políticos un interés legal de paridad económica
frente a los demás partidos que compiten en la contienda electoral. Por
lo tanto, éstos tienen un interés legítimo en asegurar ese trato igual en la
subvención directa o indirecta de fondos, tanto en años electorales, como en el
resto del cuatrienio. Bajo el palio de este ordenamiento, el uso de
fondos públicos para fines político-partidistas en cualquier período del
cuatrienio por parte del partido gobernante resulta en un claro menoscabo
del derecho a la paridad de los partidos opositores y del interés legal
protegido por el axioma de igualdad inmerso en nuestra Constitución.
. . .
En
el caso particular de las campañas publicitarias del Gobierno, su validez
depende de que cumplan con los parámetros constitucionales de la Sec. 9 del
Art. VI, Const. E.L.A., supra. Como correctamente concluye la
opinión del Tribunal, esta decisión requiere “determinar su propósito y
evaluar su contenido” para adjudicar si cumple con los preceptos
constitucionales. La determinación del propósito de las campañas es
decisiva, dado que la prohibición constitucional del Art. VI, Sec. 9,
supra, está concebida a base de fines o propósito: “Sólo se dispondrá de
las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el
sostenimiento y funcionamientos de las instituciones del Estado ....” Art. VI, Sec. 9, Const. E.L.A., supra,
pág. 369.
Cuando en los anuncios gubernamentales prevalece un propósito
partidista, se lesiona el principio de igualdad electoral, lo cual constituye
una violación del imperativo constitucional de la Sec. 9 del Art. VI de nuestra
Constitución, supra. P.P.D. v. Gobernador II, supra. Conscientes
de este principio rector en nuestro ordenamiento, coincidimos con la opinión
mayoritaria en que el axioma constitucional de igualdad no tolera una campaña
de anuncio es que, vistos en su totalidad, muestren un propósito manifiesto o
subyacente de naturaleza político-partidista.
Para poder determinar su propósito es indispensable examinar el
contenido de la campaña y evaluar si ésta tiene un propósito político
partidista. A tales efectos, debemos examinar, entre otros, los criterios
siguientes:
1. Si la expresión contiene ataques
directos a los partidos o candidatos de oposición.
2. Si vista la campaña en su totalidad, el valor
informativo y el beneficio para el ciudadano es mínimo y está subordinado a la
exaltación de la figura u obra del incumbente.
3. Si la expresión contiene mensajes, frases,
insignias, logos, colores o figuras identificadas con el partido político en el
poder.
4. Si existe un vinculo entre el plan,
diseño y desarrollo de una campaña gubernamental con la campaña del partido político
en el poder. Cualquier designio o plan común entre las campañas del
Gobierno y las de cualquier partido resulta inadmisible en nuestro orden
constitucional.
Aunque la cantidad de fondos utilizados en la campaña del Gobierno
no es un elemento decisivo, sin duda es un factor a considerarse en la
determinación de fin público. Dicho gasto debe ser visto en el contexto
de un país como el nuestro, con fondos limitados y con muchas necesidades
primordiales carentes de ayuda gubernamental.
A la luz de estos criterios, sin pretender ser exhaustivos, estimamos
permisibles los anuncios informativos con avisos y notificaciones relacionados
a actividades gubernamentales. En muchos de esos casos se trata de una
publicación o difusión exigida por el propio ordenamiento legal.
... nuestros pronunciamientos no impiden que los funcionarios
electos celebren conferencias de prensa, pronuncien discursos o mensajes al
país, escriban columnas o artículos, o concedan entrevistas a los medios de
comunicación para exponer sus posiciones particulares sobre asuntos de interés
público.
Lo que sí significa es que si estos funcionarios quieren llevar a cabo
campañas publicitarias para enaltecer su imagen o atacar a sus oponentes, deben
sufragarlas de su propio peculio o con fondos de sus respectivos partidos
políticos.
. . .
No se trata de que un anuncio en particular no pueda demostrar una palma o
que de ahora en adelante no se pueda utilizar el color azul en anuncios
gubernamentales. Lo que sí repudiamos es el despliegue repetido y
continuo de dichos símbolos en una campaña dirigida a resaltar la imagen del
incumbente y del partido que representa.
De los datos ofrecidos por Publish Records Service se desprende
que en esta campaña se gastaron millones de dólares en pocos meses. De
esta manera se compró suficiente espacio en los medios pagados para saturar
todo el mercado desde la radio y televisión hasta los comerciales en los
cines. Esta intensidad en la difusión de los anuncios, de ordinario,
rebasa los límites de una campaña informativa.
La prueba también reveló que la
campaña se originó en La Fortaleza y que tenía unos elementos unitarios que
indicaban que había una dirección central.
Este no es el tipo de campaña
publicitaria que se despliega en función de la legítima facultad gubernamental
de informar a la ciudadanía. Todo lo contrario. Esta es una campaña
coherente y unificada que consiste de diferentes anuncios que destacan que el
doctor Rosselló González ha cumplido con las promesas políticas. Vista en
su totalidad, en la campaña predomina un propósito político-partidista que
choca abiertamente con nuestro orden constitucional. Los fondos públicos
no pueden ser utilizados para sufragar una campaña concertada y diseñada para
adelantar la causa electoral de partido político alguno.
Por tales razones, el criterio de
la mayoría es acertado al reconocer la legitimación activa del P.P.D., endosar
las conclusiones del ilustrado Tribunal de Primera Instancia, dictar el injunction
preliminar y devolver el caso al foro de instancia para la continuación de los
procedimientos.
Por todo lo anterior, estamos conformes con la opinión emitida por este
Tribunal. (Énfasis suplido)
El Juez Asociado
señor Fuster Berlingeri expresó en su opinión de conformidad,[40] sobre este asunto, lo siguiente:
El
Principio de igualdad política
Existen otras normas constitucionales que también inciden sobre el asunto de
los desembolsos públicos. Se trata de normas especiales, relativas a
fundamentales valores constitucionales, que acarrean severas limitaciones en
cuanto a determinados usos del dinero del pueblo.
Una de estas normas, de singular pertinencia al asunto que nos concierne en
los casos de autos, es la que consagra la esencial igualdad económica de los
partidos políticos en cuanto a la divulgación de sus ideas y posturas en el
país se refiere. (Citas omitidas).
El referido principio de igualdad política constituye una fuente de derecho
más accesible y más precisa, respecto del asunto que nos concierne aquí, que la
del mandato que requiere que los fondos públicos se destinen sólo a fines
públicos. Conforme dicho principio, el partido que ostenta el poder de
gobernar al pueblo en un momento dado no puede utilizar fondos públicos para
promover sus posturas políticas. El Estado y sus instrumentalidades están
compelidos a mantenerse neutrales en el debate público político-partidista, por
lo que no es permisible la ventaja indebida, que supondría para el partido que
está en el Gobierno usar fondos públicos para divulgar sus ideas y
mensajes. No puede haber, en una palabra, propaganda política
gubernamental.
Por la naturaleza misma del
principio constitucional en cuestión, están vedados todos los dispendios
públicos que tiendan o estén destinados a mantener al partido de gobierno
ostentando el poder o a ayudarlo a prevalecer en el debate público.
Cualquier ventaja que tenga el partido de gobierno, mediante la utilización de
los fondos de la colectividad, constituye una desigualdad, por lo que
está proscrita. No hay espacio aquí para distinciones de grado. Si
el desembolso de fondos que pertenecen a todo el pueblo adelanta, de cualquier
manera, los intereses del sector político en el poder, ello constituye una
ventaja sobre los otros sectores políticos, sea ésta grande o pequeña. Lo
ilícito de tal ventaja no depende de su dimensión, sino de su ínsita
inequidad. Todas están prohibidas, porque todas, inherentemente, aparejan
la desigualdad.
Tampoco
importa la época en que ocurre la ventaja. Es de conocimiento general que
la contienda política acontece incesantemente en Puerto Rico. No existe
partido alguno en el país que limite su proselitismo sólo al año de elecciones;
ni aspirante o incumbente que no aproveche cualquier ocasión para promover su
eventual candidatura. Como en nuestra realidad, la campaña eleccionaria
se desarrolla todo el tiempo; el principio de igualdad económica aplica también
en todo momento.
Por razón de lo anterior, pues,
cualquier desembolso de fondos públicos que tienda a aventajar al partido en el
poder, debe considerarse constitucionalmente sospechoso y sujeto al más estricto
escrutinio judicial. Deben aplicarse aquí las normas relativas a acciones
gubernamentales que, por trato desigual, menoscaban algún derecho fundamental.
Límites
a los anuncios gubernamentales
Para darle plena vigencia al
principio constitucional de igualdad política, reseñado antes, es necesario
restringir rigurosamente los anuncios gubernamentales. No basta con
prohibir sólo los que son de corte patentemente político. Es
necesario formular criterios más asépticos. Ello no sólo porque cualquier
anuncio gubernamental que represente alguna ventaja política para el partido en
el poder socava el principio de igualdad inmerso en nuestra Constitución, sino
porque, además para promover la requerida neutralidad gubernamental en el
proceso decisional puertorriqueño, es menester evitar la seductora
tentación que tienen los gobernantes de turno, ordinariamente, de manipular
anuncios legítimos para obtener una ventaja política. El problema que se
plantea en los casos de autos es precisamente el de anuncios políticos que se
disfrazan como auténtica comunicación gubernamental. Se trata de un
problema que no se puede resolver adecuadamente si no es extirpa de raíz la
posibilidad misma de aprovechar políticamente el anuncio oficial. A
ningún funcionario público más o menos avezado se le ocurriría usar los fondos
gubernamentales para pagar anuncios crudamente políticos. Ello sería
evidentemente ilegal e incluso delictivo. Lo que se hace, más bien, es
aprovechar la zona gris de los anuncios de cariz gubernamental para
insertar solapados contenidos políticos. Para conjurar esa taimada
práctica –ante nos ahora- cuyo uso se ha acrecentado en los últimos años, es
menester reducir tajantemente el espacio que da margen a la manipulación en los
anuncios gubernamentales. Es menester limitar la facultad del Gobierno de
comprar anuncios sólo a un reducido número de instancias.
A tales fines, sólo deben permitirse los anuncios gubernamentales cuyos
contenidos y diseño estén estrictamente limitados a dar información, del tipo
que las personas de la comunidad necesitan para atender concretamente los
asuntos públicos. Los permisibles serían anuncios tales como lo que:
(1) proveen información sobre deberes particulares que
tienen los miembros de la comunidad y el modo de cumplirlos;
(2) proveen información sobre derechos y opciones
específicos que tienen los miembros de la comunidad y los medios para
ejercerlos;
(3) proveen información sobre oportunidades y programas
de servicios gubernamentales que pueden beneficiar a las personas de la
comunidad y las maneras de aprovecharse de éstos, y/o
(4) proveen información sobre actividades públicas que
las personas de la comunidad pueden disfrutar y los datos sobre dónde y cuándo
se celebran.
Los anuncios en cuestión deben ser de naturaleza impersonal y no pueden
tener contenidos o diseños que no sean los estrictamente necesarios para
divulgar la información concreta y específica que va a comunicarse. Quedarían
excluidos, por ejemplo, los retratos de los jefes de las agencias o
instrumentalidades que publican el anuncio. Quedarían excluidos, claro
está, anuncios como lo que están en cuestión en todos los casos de autos.
En particular, quedarían
excluidos también los anuncios sobre los logros y las promesas electorales
cumplidas. Tales anuncios “oficiales” son insidiosamente políticos y,
además, son realmente innecesarios. Nadie puede decir cándidamente
que en Puerto Rico los incumbentes en cargos gubernamentales no tienen amplios
y numerosos medios y ocasiones para divulgar sus logros si no es mediante el
uso de anuncios oficiales. Los incumbentes tienen incontables
oportunidades para dar a conocer sus logros particulares. Lo hacen en
actos oficiales; lo hacen en las innumerables actividades sociales, cívicas y
profesionales a que se les invita; lo hacen rutinariamente a través de
comunicados de prensa y en entrevistas radiales y de televisión. Los
incumbentes, precisamente porque lo son, tienen ventajas naturales en la
comunicación social masiva y gratuita, que sus adversarios y
contrincantes no tienen. Incluso, tienen ventajas a la hora de levantar
fondos para sus campañas políticas, las cuales pueden desarrollar,
efectivamente, para comunicar sus logros mediante anuncios
políticos pagados. En la vida pública puertorriqueña no existe problema
alguno de limitaciones a los incumbentes en la divulgación de sus logros.
Por el contrario, el problema es más bien la saturación y el continuo bombardeo
que experimenta la comunidad de propaganda sobre los incumbentes. A esos
excesos, tolerables en una democracia, no se necesario añadir los abusos de la
propaganda oficial que la desmerecen. (Énfasis suplido).
El Juez Asociado señor
Rebollo López expresó en su opinión concurrente y disidente,[41]
sobre este asunto, lo siguiente:
Dados
los hechos, particulares y específicos, de los casos ante nuestra
consideración –y salvada, a nuestro juicio, la cuestión de la “legitimación
activa” (standing) de los demandantes para radicar los distintos
pleitos- estamos contestes en que las campañas publicitarias impugnadas por los
distintos demandantes resultan violatorias de las disposiciones de la Sec. 9
del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, por
lo que procede la expedición de un injunction prelimiar prohibiendo las
referidas campañas publicitarias.
Dicha determinación, realmente, no debería de sorprender a persona
alguna. En primer lugar, la controversia planteada en los
casos -no obstante el “cacareo” de las partes- es una sencilla y
específica, a saber: si las campañas publicitarias de parte del gobierno
central y de un municipio de nuestro País, impugnadas por los distintos
demandantes en los diferentes pleitos, contienen o no propaganda de carácter
político-partidista. En segundo lugar, y dado el mensaje, o
propaganda, de tipo político-partidista obviamente inmerso en los
anuncios impugnados en los tres (3) casos, la conclusión no puede ser otra
en vista de las disposiciones de la Sec. 9 del Art. VI de la Constitución del
Estado Libre Asociado, ante. Ello, como veremos más adelante, independientemente
del deber que tiene el Gobierno de informar a la ciudadanía en cumplimiento del
derecho de ésta a estar bien informada, e independientemente de que dichos
anuncios hayan sido publicados en un año no eleccionario.
La mayoría de los integrantes del Tribunal –erróneamente, a nuestro
juicio- ha querido ir, y ha ido, mucho más lejos. Esto es, no
se ha conformado con limitarse a resolver la “cuestión específica”
planteada en los casos. Haciendo uso del “mollero judicial” que
recientemente ha descubierto que posee, y al que ya nos tiene acostumbrado, la
Mayoría extiende –por fíat judicial- la “veda” contenida en el Art.
8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3351, a años no eleccionarios;
estableciendo una norma que constituye una innecesaria e impermisible
censura o mordaza que limita o afecta seriamente el deber del
Gobierno de mantener informada a la ciudadanía en cumplimiento del derecho
de ésta a estar bien informada, expidiendo el Tribunal un injunction que
prohíbe, prácticamente, toda campaña publicitaria de parte del Gobierno
y los municipios.
Por otro lado, la errónea norma hoy implantada por la Mayoría carece
totalmente de guías objetivas adecuadas que el gobierno central y
los municipios, puedan entender y aplicar en el futuro con el propósito de
poder acatar y cumplir con ella. Esta situación desembocará, en los años
venideros, en la radicación de múltiples pleitos, por los partidos de
oposición, contra el partido político de turno –cualesquiera que éstos sean- en
donde los primeros, posiblemente, impugnarán todos y cada uno de los
anuncios que las agencias gubernamentales y los municipios publiquen,
inundándose así al foro judicial, único posible árbitro en esta controversia,
con pleitos tanto meritorios como frívolos. Ello, desafortunadamente, causará
un caos político y judicial en nuestro País.
Ahí las razones, en síntesis, por las cuales nos vemos impedidos de poder
endosar la Opinión mayoritaria. Esta situación, por otro lado, nos
obliga a expresarnos por separado.
. . .
Los
casos de epígrafe presentan una problemática en común, cual es, la alegación de
las distintas partes demandantes de que, tanto el Estado como el Municipio de
Carolina, han utilizado fondos públicos en violación de las disposiciones
de la antes transcrita Sec. 9 del Art. VI de la Constitución del E.L.A.,
ante, mediante la publicación de anuncio que constituyen clara propaganda
político-partidísta.
La
mayoría de los integrantes del Tribunal- en una forma y manera
posiblemente nunca antes vista- concluyen que todos los anuncios impugnados
adolecen del mismo efecto; esto es, contienen propaganda política,
consistente la misma en logos, insignias, colores, frases o ataques a
contrincantes político, lo cual hace ilegal dichos anuncios. No
tenemos problema alguno con esa determinación. Es por
ello que concurrimos con el resultado; esto es, con la expedición
del injunction preliminar.
Nuestra
vehemente objeción va dirigida, o se refiere, a otro aspecto de la
opinión mayoritaria. Somos del criterio que una lectura, juiciosa,
objetiva y desapasionada de la misma-y, en específico, de algunos de los
“votos de conformidad” y concurrencia- demuestra que una mayoría de
los integrantes del Tribunal entiende y sostiene que, aun en
años no eleccionarios y aun cuando los anuncios publicados por el Gobierno o
los municipios no contengan slogans símbolos, emblemas, etc., de
índole político-partidista, el anuncio no puede ser publicado y/o no
resulta procedente el mismo a menos que éste cumpla con unos criterios que la
Mayoría “se ha sacado de la manga” y los cuales son claramente subjetivos;
razón por la cual resultará sumamente difícil, por no decir imposible,
que el gobierno central y los municipios puedan saber, de antemano, si
sus anuncios cumplen, o no, con los referidos criterios. Ello tendrá la
consecuencia, como expresáramos al principio de la ponencia, de inundar al foro
judicial-único posible árbitro de esta controversia -con pleitos en los
cuales se cuestionará la procedencia, o no, de cada uno de dichos anuncios.
Estamos
conformes, repetimos, con que, durante año de elecciones y por disposición
expresa de la Ley Electoral de Puerto Rico, el Gobierno o los municipios no
pueden publicar anuncios “con el propósito de exponer sus programas,
proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes”. En adición,
endosamos totalmente la posición de que la Constitución expresamente
prohíbe-mediante las disposiciones de la citada Sec. 9 del Art. VI-
que el Gobierno o los municipios, durante cualquier año, publiquen
anuncios que contengan logos, emblemas, insignias, frases, etc., de corte
político-partidista, utilizando para ello fondos públicos.
Con
lo que no podemos estar de acuerdo, nunca, es con la
posición de que el Gobierno o los municipios están impedidos de publicar
anuncios, en años no eleccionarios, con el propósito de informar
a la ciudadanía sobre sus planes, proyecciones o logros aun cuando los
mismos carezcan totalmente de la propaganda político-partidista antes
mencionada.
...no alcanzamos
a comprender cómo alguien, “con cara seria”, puede sostener que la
presente administración de gobierno no tiene el deber de informarle a la
ciudadanía sobre la implantación de un sistema de salud,
mediante el uso de una tarjeta, a la cual ,inclusive, el ciudadano tiene que
solicitar y suscribirse. En relación con esta situación en
particular, somos del criterio que los anuncios pueden ser publicados, inclusive,
en el año de veda electoral. Tampoco podemos entender cómo
se puede argumentar que la presente administración de gobierno no puede
informarle a la ciudadanía de la implantación del plan de “escuelas de la
comunidad”, el cual representa un cambio sustancial en el sistema
de instrucción pública del País.
Decimos,
con tristeza, lo anterior por cuanto resulta innegable e indiscutible que
ambos programas constituyen claramente política pública de la actual
administración gobierno. ¿Cómo es posible, entonces, que este
Tribunal pueda resolver que la actual administración no puede hacer promoción
respecto a la implantación de los programas referentes al concepto de la
“escuela de la comunidad” y al de la “tarjeta de salud”? Esto es, ¿acaso
no tiene el pueblo el derecho a saber qué está haciendo el Gobierno y hacia
dónde éste pretende llevarlo en el futuro? Prohibirlo resulta un absurdo
jurídico y un claro e impermisible acto de cesura o mordaza judicial a la Rama
Ejecutiva de nuestro Gobierno.
Ahora
bien, y no obstante lo antes expresado, a lo que no tiene derecho la
actual administración de gobierno ni el Municipio de Carolina-
como tampoco ninguna otra administración ni ningún otro
municipio-es a hacer propaganda político-partidista, a través de dichos
anuncios y con fondos públicos, mediante el uso de frases, slogans, símbolos,
emblemas, etc., de corte político-partidista.
En
los casos hoy ante nuestra consideración, tanto el gobierno central como
el Municipio de Carolina efectivamente incurrieron, a través de los
anuncios publicados, en actos de propaganda de índole político-partidista
al utilizar insignias, frases, etc., lo cual resulta ilegal a la
luz de las disposiciones de la antes citada Sec. 9 del Art. VI de
la Constitución del Estado Libre Asociado. Entendemos procedente, en
consecuencia, la expedición a esos efectos de un injunction
preliminar tanto contra el Estado como contra el Municipio de
Carolina.
Es
por ello, y únicamente por ello, que coincidimos con la determinación de
la Mayoría de que procede decretar la paralización- a nuestro juicio, de manera
preliminar y, exclusivamente, por razón de contener las mismas logos,
insignias, frases, etc., de corte político-partidista- de las campañas
publicitarias impugnadas en los tres casos ante nuestra consideración; disentimos
de todo lo demás.(Énfasis suplido).
La
resolución que hoy emite la mayoría del Tribunal, así como los distintos votos,
concurrentes y de conformidad, que suscriben varios de los integrantes de esa
mayoría, son más que suficientes para poder uno percatarse del hecho que
efectivamente nos asistía la razón al disentir “ de todo lo demás”.
La mayoría, en el día de hoy, dice que no dijo lo que entonces
dijo; que, por favor, no entendamos lo que todos entendimos que dijeron;
y esto, a su vez, para que el foro de instancia proceda a hacer lo
que supuestamente la Mayoría dice hoy que entonces no dijeron ni
ordenaron. Veamos.
Una lectura de la Opinión que el Tribunal emitió el pasado 22 de
diciembre de 1995 (P.P.D. V. Gobernador I., 139 D.P.R. 643 (1995) es todo
lo que se necesita para uno darse cuenta de que en dicha ponencia la
mayoría determinó, de manera prematura y errónea, que el demandante
Partido Popular Democrático había sufrido un “daño especial”, recobrarle en
forma monetaria, en relación con el cual no sólo dicha parte
demandante no presentó prueba alguna, sino que ni tan siquiera lo alegó ni
reclamó en la demanda que dicha parte radicara en el Caso Núm. CT-95-10.
Esta acción del Tribunal, naturalmente,
contraviene el principio rector en nuestro ordenamiento jurídico a
los efectos de que nuestro sistema de derecho es uno “rogado”,donde aquel
que reclama un daño debe alegarlo y probarlo. Véanse: Regla 10 (B)
de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio
de Bayamón, III D.P.R. 527, 531 (1981). Ello, con más razón,
en el presente caso donde el “daño” reconocido por la mayoría es uno
“especial”. A esos efectos, la Regla 7.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.
Ap. III, establece que cuando se reclaman “daños especiales”, se tendrá
que detallar el concepto de las distintas partidas. Véase, en adición, Díaz
v. Marchak Auto Dist., Inc., 95 D.P.R. 690 (1968).
La mayoría, con el aparente propósito de asegurarse de que el foro de
instancia ”entendiera” bien este asunto de la concesión de los daños
especiales al demandante Partido Popular Democrático-daños que, repetimos, no
fueron reclamados por dicha parte fue aun más lejos el pasado 22 de
diciembre de 1995. En la parte dispositiva de la opinión que entonces
emitiera expresó, en lo pertinente, que le reconocía, además, al
foro de instancia la facultad para ordenar cualquier otro remedio que en
derecho proceda, incluso la compensación de los daños sufridos por la parte
demandante, todo ello después de dar oportunidad a la parte demandada
de ser oída y presentar sus defensas. (Énfasis en el original
suprimido y énfasis suplido.) P.P.D. v. Gobernador I, ante pág.
704.
Hoy, aparentemente conscientes del grave error cometido, expresa dicha mayoría
que:
Este Tribunal no ha expresado juicio definitivo alguno respecto a la
procedencia de una compensación por daños a la parte demandada ni a los
posibles remedios que, en su día, el Tribunal de Primera Instancia pueda
ordenar, luego de que las partes hayan cumplido con todos los trámites
dispuestos por nuestro ordenamiento procesal vigente. Resolución, pág.
985.
¿En que quedamos? Qué propósito tuvieron las expresiones que a esos
efectos se hicieron el 22 de diciembre d 1995? La historia nos lo
dirá.(Énfasis suplido).
Durante la celebración del juicio celebrado ante el
Tribunal de Primera Instancia fue presentada abundante prueba documental, por
estipulación de las partes, que sostenía la ilegalidad de la campaña
gubernamental impugnada. El folleto titulado “Informe al Pueblo
de Puerto Rico a Dos Años de Administración 2001-2002, Sila M. Calderón,
Gobernadora del Estado Libre Asociado” fue insertado en la publicación del
diario de circulación general “El Nuevo Día” al cumplirse dos años de la
administración de la Gobernadora, honorable Sila M. Calderón en el mes de enero
de 2003. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que tal folleto
claramente constituía un subterfugio para conferir una ventaja a la Gobernadora
con el uso de fondos públicos. Cada uno de los encasillados que reflejan
las acciones del gobierno está precedido de un pequeño cuadrado con una marca
de cotejo (√) que refleja su cumplimiento con su compromiso con el
pueblo, en esa área, tema o materia. Es una manera no muy sutil y sí
clara y directa de comunicarle al pueblo que cumplió en forma específica con
sus promesas de campaña sobre los temas generales de gobierno limpio,
desarrollo económico y creación de empleos y el ofrecimiento a la familia
puertorriqueña de programas y proyectos que contribuyan a mejorar su bienestar
y calidad de vida.[43]
Al final de la última página de ese folleto se intercaló en
letras grandes la frase “Puerto Rico Hacia el Futuro por Buen Camino, Sila
M. Calderón, Gobernadora Estado Libre Asociado”. No obstante,
el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el lema “Puerto Rico
hacia el Futuro” no era uno político partidista y que su utilización en los
demás anuncios del Gobierno que comenzaron inmediatamente después de la
publicación del folleto no era ilegal. Determinó, además, que el uso de
los colores rojo y amarillo no fueron utilizados predominantemente por
el Gobierno en sus anuncios, y no fueron utilizados por el P.P.D. en forma
generalizada en la campaña del 2000. Concluyó que fueron utilizados
predominantemente en esa campaña por el P.P.D. en sus anuncios los colores
rojo y blanco, aunque reconoce que en los mismos se pueden observar
personas en actividades político partidistas con el símbolo del P.P.D. sobre
un fondo amarillo y jóvenes con camisas rojas y amarillas.
Podemos tomar conocimiento judicial que la honorable Sila M. Calderón Serra
cuando aspiró a la Alcaldía del Municipio de San Juan en el 1996 y a la
Gobernación en el 2000 utilizó los colores rojo y amarillo como
distintivos de su campaña política, además, del rojo y blanco, colores
tradicionales de su partido político. El Tribunal de Primera Instancia
concluyó que por no ser el lema “Puerto Rico hacia el Futuro por Buen
Camino” uno político partidista per se la parte demandante de autos no
satisfizo el peso de la prueba para demostrar que la expresión gubernamental
como un TODO claramente constituyó un subterfugio para conferir una ventaja al P.P.D.
o para adelantar sus intereses político partidistas. Sostuvo que tal
frase contenida en los anuncios del Gobierno constituyó un beneficio incidental
a favor de la Gobernadora y de su administración por no desvirtuar el “fin
público” de los mismos. En cuanto al mensaje televisivo
concluyó que tuvo un “fin público” pues constituyó una actuación de la
Gobernadora en consonancia con sus deberes y funciones de procurar el
cumplimiento de las leyes.
En P.P.D. v. Gobernador I, supra prohibimos
y declaramos como ilegal la realización de una campaña de medios en forma
coordinada entre la Oficina del Gobernador(a), las agencias y dependencias del
gobierno y lideres del partido político en el poder mediante el uso repetido
de lemas y estribillos de campaña, logos y símbolos del partido en el poder, la
fotografía del gobernante, colores que identificaron o identifican al
gobernante en el proceso político o a su partido político y el empleo de
técnicas visuales que no tienen otro propósito que el de obtener el favor de
los votantes en la campaña electoral que se avecina.
La evaluación de la conducta gubernamental impugnada tiene
que realizarse en su TOTALIDAD. El análisis que gobierna este asunto es
aquel dirigido a detectar la presencia de algún vinculo entre el plan, diseño y
desarrollo de una campaña del Gobierno para verificar si tiene o no el
propósito de brindarle una ventaja indebida al partido político en el
poder (P.P.D.). Cualquier designio o plan común entre la Oficina de la
Gobernadora, las agencias y dependencias del Gobierno y lideres del partido
político en el poder con tal propósito es inadmisible en nuestro ordenamiento
constitucional. Nuestro Ministerio nos obliga a examinar si existe una
coherencia, coordinación y unificación de la campaña gubernamental de la
Oficina de la Gobernadora y de las agencias y dependencias del Gobierno
con fondos públicos dirigida a atacar y proyectar negativamente la obra
de gobierno de la anterior administración, de un partido político adversario al
suyo, y destacar su presente obra de gobierno con el lema Por Buen
Camino con el propósito de proyectar positivamente Hacia el Futuro, al
partido político en el poder (P.P.D.) frente a las próximas elecciones
generales. Nuestra función es examinar esa campaña en su TOTALIDAD, no
por fragmentos, para poder determinar si co-existe con el “fin público” un
propósito político partidista que choca abiertamente con nuestro ordenamiento
constitucional. Concluimos que en el descargo de su ministerio sobre ese
asunto el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia ERRARON.
Veamos.
En la primera página del folleto “Informe al Pueblo”,
ya mencionado, aparece una fotografía de la Gobernadora con un
grupo de niños, expresando que hace dos años “nuestro pueblo” le
encomendó “una gestión gubernamental abarcadora para encarrilar su futuro”.
Afirma que esa gestión estaba centrada en “tres tareas impostergables: brindarles
al país el gobierno limpio que necesita y merecen los puertorriqueños,
hacer del desarrollo económico y la creación de empleos la primera prioridad
del servicio público y ofrecerle a la familia puertorriqueña programas y
proyectos que contribuyan a mejorar su bienestar y su calidad de vida”.
La segunda página del referido folleto reza de la forma
siguiente:
Gobierno
Limpio:
Ataque
Frontal a la Corrupción
Durante los pasados dos años, la
Administración ha llevado a cabo acciones contundentes para devolverle a
Puerto Rico el orgullo y confianza en sus instituciones públicas que había sido
lacerada por los actos de corrupción gubernamental de los cuales todos hemos
sido testigos. Queremos lograr que los servidores públicos se sientan
orgullosos de la profesión que han escogido. Seguiremos adecentando nuestro
gobierno, para lograr que sea uno justo, sensible, transparente y
abierto a las necesidades y aspiraciones de nuestro Pueblo.
Continuaremos acometiendo esta encomienda con firmeza y determinación total
para seguir dándole a Puerto Rico el Gobierno Limpio y de proyectos
limpios que se merece.
Iniciativas
para combatir la corrupción encaminadas por la Administración
Informe de Resultados
√ El Departamento de Justicia ha retornado
su rol fundamental de ser el abogado del Pueblo de Puerto
Rico y ha encauzado acciones contundentes para brindar a Puerto Rico un Gobierno
Limpio. El nombramiento de Secretaria de Justicia recayó en una
persona de incuestionables principios, cuyo desempeño le ha devuelto a ese
Departamento el respeto y la independencia de criterio que siempre lo había caracterizado
y sobre todo, el logro de la confianza de los ciudadanos en esta importante
institución de ley y orden.
√ Regulamos los procesos de transición del Gobierno,
para evitar que interrupciones al flujo de información, contrataciones y
nombramientos indebidos motivados por intereses político-partidistas (Ley
Núm. 197 de 18 de agosto de 2002).
√ Implantamos un proyecto permanente de Auditorías
Externas Especiales a las Agencias y Corporaciones Públicas, como una pieza
importante de auto fiscalización del gobierno, que incuye (sic) a esta
Administración.
√ Creamos el cargo de Fiscal General y Fiscales
Especiales Generales por el término de 12 años y asignándole autonomía
funcional y económica. (Ley Núm. 83 de 18 de junio de 2002).
√ Aumentamos en $3 millones el presupuesto de la
Oficina del Contralor, de forma que esta oficina pueda continuar su labor
de investigación y encauzamiento de los casos de corrupción.
√ Creamos la Comisión Independiente de Ciudadanos para
Evaluar Transacciones Gubernamentales (“Blue Ribbon Committee”), para
evaluar las transacciones de las agencias gubernamentales. La
Comisión refirió siete informes al Departamento de Justicia, la Oficina del
Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental.
√ Creamos el “Código de Ética para Contratistas y
Suplidores”.
√ Reglamentamos la
contratación de parientes en el Gobierno.
√ Aumentamos a 20 años el término
de la prohibición para contratar con el gobierno a personas convictas en
casos de delitos graves y
a 8 en delitos menos graves (Ley Núm. 84 de 29 de julio de 2001).
√ Aprobamos legislación para
que el Gobierno pueda radicar acciones civiles para lograr recobrar
indemnización por el triple del daño causado al erario por actos de corrupción
y malversación de fondos públicos
(Ley Núm. 36 de 13 de junio de 2001).
√ Nombramos como fiscales a personas integras siendo
estrictos criterios de competencia profesional y no por político-partidistas.
√ Aprobamos legislación para proteger de represalias a
toda persona que denuncie o informe actos de corrupción contra el Gobierno (Ley
Núm. 14 de 11 de abril de 2001).
√ Promovimos un registro público de demandas
contra las agencias gubernamentales que será ubicado en el Departamento de
Justicia.
√ Radicamos el proyecto de Ley de Dinero Limpio para
reformar el sistema de financiamiento de las campañas políticas.
√ Introducimos el curso de ética
y valores en las escuelas públicas,
como parte de una educación integral para preparar a nuestros estudiantes a
alcanzar un crecimiento intelectual, moral y social.
√ Creamos el Centro para el
Desarrollo del Pensamiento Ético
en la Oficina de Ética Gubernamental y le asignamos $2 millones (Ley Núm. 13 de
11 de abril 2001). Todo funcionario público tiene que tomar cada 2 años
un mínimo de 10 horas de cursos para mantener un proceso de Educación Continua.
√ Diseñamos el programa Ética TV, en los cuales 6 y 3, para orientar a la
ciudadanía en la identificación de conflictos de intereses y violaciones a la
Ley que le permita denunciar y participar en la lucha contra la corrupción.
√ Establecimos la Línea Antifraude (1-800-998-0000) que permite al ciudadano
reportar confidencialmente transacciones fraudulentas con la Tarjeta de la
Familia.(Énfasis suplido)
En la tercera página del referido folleto aparece una fotografía
de la Gobernadora y otras personas, reflejando y proyectando el inicio
de una obra pública. Dicha página demarca el comienzo de su “Informe
al Pueblo” sobre su alegada primera prioridad “Creación de Empleos y
Desarrollo Económico”. En la cuarta página aparece otra fotografía
de la Gobernadora con un grupo de empleados de una empresa privada en la
que continua el desarrollo del referido tema. En la sexta página del
folleto se hace referencia a una “visión de desarrollo económico y social a
largo plazo estableciendo objetivos concretos y medibles de donde queremos
estar de aquí a 20 años y como lograrlo”. Se le denominó a esta
“misión de futuro” “Puerto Rico 2025”. (Énfasis suplido).
En la séptima página del folleto aparecen dos (2) fotografías
de la Gobernadora junto con gente. Allí se comienza a elaborar el
tema de las Comunidades Especiales.
En la página nueve (9) se comienza a elaborar y desarrollar
el tema de la educación pública. Se comienza tal esfuerzo enmarcando
la presente obra de gobierno en la realización de un cambio radical al
Departamento de Educación de Puerto Rico. Puntualiza el cambio sobre la
diferencia entre la presente administración de gobierno y la pasada. Hace
alusión y enfatiza que la anterior administración de gobierno convirtió esa
agencia en una “herramienta político partidista, y donde se llevaron a cabo los
actos de corrupción más grandes en nuestra historia”. Contrasta tal
escenario con la transformación que la actual administración le ha impartido a
dicha agencia que al presente es una “comprometida con la enseñanza y los
valores que nos distinguen como pueblo”.
En la página diez (10) del folleto se discute el tema “cambios
Saludables para la Salud de Puerto Rico”. Informa sobre la creación
de la “tarjeta inteligente”. Hace alusión a que la anterior
administración de gobierno no implantó la “tarjeta de salud” en una “forma
coherente, provocando un debacle en el aspecto financiero y afectando al
paciente al descuidar la calidad de los servicios”. Contrasta tal
situación con los esfuerzos de la presente administración en “la disponibilidad
de medicamentos, las salas de emergencia 24 horas y una tarjeta de avanzada con
más beneficios para los pacientes”. Puntualiza que la actual
administración estabilizó las finanzas de la Reforma de Salud “por primera vez
en 7 años” y detuvo “la venta indiscriminada de facilidades de salud”, haciendo
referencia directa a la política pública formulada por la anterior
administración de gobierno.
En la página doce (12) elabora y desarrolla el tema de la
familia puertorriqueña. Aparece una fotografía de la
Gobernadora con varios niños. Expresa que el compromiso de la actual
administración de gobierno es hacerle justicia y atender las necesidades y
aspiraciones de la familia puertorriqueña. Puntualiza que en ese
proceso la presente administración “encarrila a Puerto Rico por un buen camino,
por la ruta del futuro”, en reconciliación y el respeto.
En la página catorce (14) aparece una fotografía de
la Gobernadora junto a varios lideres del área del deporte y la
recreación en Puerto Rico.
La última página del folleto, la número quince (15), reza de
la forma siguiente:
Informe al
Pueblo de Puerto Rico
a Dos Años
de Administración
Nuestra Agenda de Trabajo está claramente
definida:
√ Gobierno Limpio para Puerto Rico con un ataque frontal
a la corrupción.
√ El desarrollo económico y la creación de empleos como
primera prioridad de la gestión pública.
√ Ofrecerle a la familia puertorriqueña programas y proyectos
que en realidad contribuyen a mejorar su bienestar y calidad de vida.
¿Qué encontramos al iniciar nuestra
administración dos años atrás?
·
Un gobierno prácticamente en bancarrota donde se identificó una deuda extraconstitucional
de $1.6 billones que estaban en los libros del Banco Gubernamental de Fomento y
para los cuales no se dejaron fuentes de repago.
·
Un déficit estructural de mas de $600 millones que había estado escondido.
·
Más de $100 millones de fondos federales congelados por los problemas de
malos manejos en el Departamento de Educación, Tren Urbano y el Departamento de
la Vivienda.
·
Un nivel de corrupción rampante en diversas agencias y sobretodo un
pesimismo colectivo por la pérdida de credibilidad y confianza en el servicio
público y las instituciones de gobierno.
·
Una politización extrema que borró totalmente la línea que debe y tiene que
separar el gobierno del partido político y lo público de lo privado.
·
Un clima de confrontación entre el gobierno y los grupos laborales,
religiosos, ambientalistas, grupos cívicos y profesionales, entre otros.
·
Una situación económica de incertidumbre por la pérdida de la Sección 936 y la
falta de una agenda coherente para el desarrollo económico del país.
Nuestro Primer Año 2001: Pusimos la Casa
en Orden
√ Estabilizamos las finanzas del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
√ Encaminamos una agenda de trabajo con objetivos
específicos.
√ Estimulamos e iniciamos los esfuerzos
para mejorar las condiciones de trabajo de los servidores públicos.
√ Pusimos en marcha un plan de
trabajo para encaminar el desarrollo económico.
√ Establecimos una forma de gobernar en diálogo y
participación ciudadana.
√ Encaminamos una agenda de Gobierno Limpio para
devolver la confianza del pueblo en sus instituciones.
Nuestro Segundo Año 2002: Encaminamos la
Obra Pública, Establecimos una Agenda Social para un un Nuevo Puerto Rico y
Comenzamos a Ver los Logros
√ Encaminamos la inversión en obra pública más grande
que se haya hecho, con una inyección de más de $3,000 millones.
√ Recuperación de nuestra economía con importantes
expansiones, aumento sin precedentes en las cooperativas, recuperación del
turismo y continuación en la baja del desempleo.
√ Implantación de iniciativas específicas para la familia puertorriqueña.
Año 2003: El Año de la Cosecha y los
Grandes Resultados
√ El repunte económico continuará de manera vigorosa.
√ Experimentaremos los resultados de la inversión en obra
pública.
√ El asunto de Vieques quedará resuelto.
√ Se encaminarán de forma final los proyectos estratégicos.
√ Se completarán los proyectos inconclusos y mal manejados
por la pasada Administración.
√ Se verán los resultados de los Programas de Valores,
Escuela Abierta y Horario Extendido.
√ Comenzaremos la construcción de los Mil Millones en las
Comunidades Especiales.
Puerto
Rico hacia el Futuro
por
Buen Camino
SILA
M. CALDERON
G O B E
R N A D O R A
ESTADO
LIBRE ASOCIADO
Estamos enfocados en el futuro de Puerto
Rico con optimismo y determinación. Vemos
un país con un desarrollo económico sólido, con una obra pública en marcada
aceleración, con una educación pública para nuestros niños centrada en nuestros
valores. Sobre todo, vemos un Gobierno que imparte justicia a miles de
nuestros conciudadanos más necesitados a través del Proyecto Mil
Millones. Un Puerto Rico donde se sanen las heridas de la
desconfianza, de la corrupción y de la confrontación. Un pueblo feliz
y solidario, de respeto y de unidad puertorriqueña. Con ese Puerto Rico
estamos totalmente comprometidos.(Énfasis suplido)
El 6 de febrero de 2003 se publicó un anuncio en el periódico El Nuevo Día
sobre los “Códigos de Orden Público Seguridad y Calidad de Vida para tu
familia”. Dicho anuncio ilustró mediante símbolos la conducta o
actuaciones que los Códigos de Orden Público tipifican como violaciones a dicho
cuerpo. Contiene al final en letras grandes el lema “Puerto Rico Hacia
el Futuro por Buen Camino Sila M. Calderón Gobernadora Estado Libre Asociado”. El
mismo anuncio se publicó en el Semanario Todo el 13 de marzo de 2003, en
el periódico El Vocero el 13 de marzo de 2003, en un periódico no identificado
el 20 de marzo de 2003, en el periódico El Vocero el 27 de marzo de 2003.
El 10 de febrero de 2003 el licenciado Thomas Rivera Schatz, Comisionado
Electoral del P.N.P. le envió una carta al honorable Manuel Díaz Saldaña, Contralor
de Puerto Rico solicitando investigación sobre la utilización de el lema “Puerto
Rico hacia el Futuro por Buena Camino, Sila M. Calderón, Gobernadora Estado
Libre Asociado”, utilizando predominantemente los colores rojo y amarillo en el
referido anuncio pautado en el periódico El Nuevo Día, edición del 6 de febrero
de 2003. Solicitó se determinara sobre la legalidad o no del uso de
fondos públicos en la pauta de dicho anuncio.
El 10 de febrero de 2003 el honorable Manuel Díaz Saldaña le cursó comunicación
escrita al licenciado Thomas Rivera Schatz, Comisionado Electoral del P.N.P.
informándole del Informe de Auditoría DA-03-10 sobre la Oficina Central
de Comunicaciones adscrita a la Oficina de la Gobernadora emitido por la
Oficina del Contralor de Puerto Rico el 7 de febrero de 2003. El referido
informe concluyó sobre la presencia de desviaciones de ley en las operaciones
relacionadas con el uso de fondos públicos para divulgar el mensaje de la
Gobernadora al país por varios canales de televisión el 19 de marzo de 2002,
antes transcrito. El Contralor de Puerto Rico consideró que el propósito
principal del referido mensaje televisivo de la Gobernadora era aclarar al país
expresiones, alegaciones y acusaciones contra su campaña a la gobernación.
Concluyó que la Gobernadora, así como cualquier otro funcionario público puede
tener perfecta autoridad y derecho a defender, con fondos públicos, dentro de
un marco de razonabilidad, su reputación, actos y decisiones como funcionario
público. No obstante, no tiene autoridad o derecho en ley para
defender con fondos públicos su reputación, decisiones y actos ocurridos cuando
era candidato a un puesto electivo y participaba en el proceso político.
Le recomendó a la Gobernadora tomar las medidas necesarias para que no se
repitiera la situación antes indicada. Recomendó, además, a la Secretaria
de Justicia y al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental a
considerar la situación comentada en su informe y tomar las medidas correspondientes.
El 1 de marzo de 2003 el periódico El Nuevo Día publicó en su página treinta y
cuatro (34) una noticia en la cual aparece una fotografía mostrando
un efusivo abrazo entre la Gobernadora y el Alcalde del Municipio de Carolina.
Dicha fotografía, y las expresiones de la Gobernadora recogidas por la
periodista señora Sandra Morales Blanes fue en ocasión de la celebración de la
asamblea de la Asociación de Alcaldes del P.P.D. Durante su mensaje como
oradora principal la periodista consideró que la Gobernadora arremetió “una
vez más” contra la pasada administración. Refiriéndose a esa
administración de gobierno la Gobernadora expresó “Lo que dañaron ellos en ocho
años, nosotros lo hemos enderezado en dos”. La Gobernadora expresó a
los Alcaldes de su partido político “que como parte de un plan establecido
para mejorar los servicios de salud municipales se aumentó de 46 a 66 el número
de municipios con el servicio de sala de emergencia 24 horas”. Anticipó,
que para diciembre (2003) “todos y cada uno los municipios” contarán con su
propia Sala de Emergencia”. Señaló: “La privatización y la venta de los CDT´S
(sic) en contra de la voluntad del pueblo... esa política fue el resultado de
un gobierno que cerraba sus oídos a los reclamos justos de la familia
puertorriqueña. La venta de los CDT´S [sic] estuvo manchada por la
corrupción y causó sufrimiento”.
El 13 de marzo de 2003 AAFET publicó un anuncio en el periódico El Nuevo Día
ofreciendo ayuda a las personas que desearan establecer su propio
negocio. Se ofrecieron una serie de servicios para ello. El anuncio
fue publicado a colores. Predomina el rojo y amarillo en distintas
tonalidades. Al final del anuncio tiene en letras grandes el lema “Puerto
Rico hacia el Futuro por Buen Camino Sila M. Calderón Gobernadora Estado Libre
Asociado”. El mismo anuncio se publicó en Primera Hora el 14 de marzo
de 2003, en el El Nuevo Día el 16 de marzo de 2003, en The San Juan Star el 16
de marzo de 2003, en Primera Hora el 17 de marzo de 2003, en El Vocero el 19 de
marzo de 2003, en un periódico no identificado el 20 de marzo de 2003, en The
San Juan Star el 20 de marzo de 2003, en El Nuevo Día el 21 de marzo de
2003, en Primera Hora el 23 de marzo de 2003, en El Nuevo Día el 23 de marzo de
2003, en The San Juan Star el 24 de marzo de 2003.
El 13 de marzo de 2003 se publicó un anuncio en el periódico El
Vocero informando al público que el Gobierno de Puerto Rico trabaja en horario
extendido. Ofreció información sobre las agencias que trabajan de esa
forma. El anuncio fue publicado a colores. Predomina el amarillo
en distintas tonalidades. Al final tiene en letras grandes el lema “Puerto
Rico Hacia el Futuro por Buen Camino Sila M. Calderón Gobernadora
Estado Libre Asociado” El mismo anuncio se publicó en El Vocero el 19
de marzo de 2003 y en El Nuevo Día el 26 de marzo de 2003.
El 17 de marzo de 2003 se publicó un anuncio en el periódico El Nuevo
Día de la Oficina de Asuntos de la Juventud ofreciendo oportunidades de
empleo en el sector público y privado a jóvenes mayores de 18 años de edad para
la adquisición por esos jóvenes de la experiencia necesaria. Al
final tiene en letras grandes el lema “Puerto Rico Hacia el Futuro por Buen
Camino Sila M. Calderón Gobernadora Estado Libre Asociado”.
El 19 de marzo de 2003 se publicó un anuncio en el periódico Primera Hora
de la Oficina Estatal de Conservación Histórica invitando a todo licitador
registrado a participar en una subasta pública para el arrendamiento de locales
comerciales en el primer piso del Cuartel de Ballajá. El anuncio fue
publicado con un fondo blanco con diferentes tonalidades de amarillo
y rojo. Al final tiene en letras grandes el lema “Puerto Rico Hacia el
Futuro por Buen Camino Sila M. Calderón Gobernadora Estado Libre
Asociado” El mismo anuncio se publicó en El Vocero el 20 de
marzo de 2003 y en Primera Hora el 21 de marzo de 2003.
El 20 de marzo de 2003 el Departamento del Trabajo de Puerto Rico
publicó un anuncio en el periódico El Vocero ofreciendo servicios al
trabajador desempleado o desplazado. El anuncio fue publicado
en un fondo blanco. Predomina el rojo y amarillo en
diferentes tonalidades. Al final tiene el lema “Puerto
Rico Hacia el Futuro por Buen Camino Sila M. Calderón Gobernadora Estado
Libre Asociado”. El mismo anuncio fue publicado en Primera Hora el 20
de marzo de 2003, en El Nuevo Día el 20 de marzo de 2003, en el Nuevo Día
el 23 de marzo de 2003, en El Vocero el 27 de marzo de 2003 y en El Nuevo Día
el 27 de marzo de 2003.
El 21 de marzo de 2003 Promo Export publicó un anuncio en el periódico El Nuevo
Día invitando a las pequeñas y medianas empresas a un seminario
denominado “Hong Kong: Plataforma hacia el Mercado de China” a celebrarse en el
Hotel Wyndham Old San Juan. El anuncio fue publicado a
colores. Predomina el rojo y amarillo en distintas
tonalidades. Al final tiene en letras grandes el lema “Puerto Rico
Hacia el Futuro por Buen Camino Sila M. Calderón Gobernadora Estado Libre
Asociado”. El mismo anuncio se publicó en El Nuevo Día el 24 de marzo
de 2004.
El 25 de marzo de 2003 la Junta Examinadora de Quiroprácticos adscrita al
Departamento de Salud convocó a un examen de reválida el 22 de
mayo de 2003 mediante un anuncio publicado en El Nuevo Día. Al final
tiene en letras grandes el lema “Puerto Rico Hacia el Futuro por Buen Camino
Sila M. Calderón Gobernadora Estado Libre Asociado”.
El 25 de marzo de 2003 el Departamento de Agricultura publicó un anuncio
en el periódico Primera Hora, dirigido a los caficultores, de naturaleza
informativa y ofreciendo ciertos beneficios e incentivos para aquellos
agricultores que recolectaran el café ya maduro. El anuncio tiene un
fondo blanco con diferentes tonalidades de amarillo y rojo.
Al final tiene en letras grandes el lema “Puerto Rico Hacia el Futuro por
Buen Camino Sila M. Calderón Gobernadora Estado Libre Asociado”.
El 1 de abril de 2003 el Departamento de Salud publicó un anuncio que
contenía un aviso de subasta para realizar mejoras al sistema de
distribución eléctrica del Hospital Regional de Bayamón. Al final tiene
en letras grandes el lema “Puerto Rico Hacia el Futuro por Buen Camino Sila
M. Calderón Gobernadora Estado Libre Asociado”.
El 12 de junio de 2003 se publicó un anuncio en el periódico El Nuevo Día
de la Oficina de Asuntos de la Juventud ofreciendo un programa de viajes
estudiantiles y culturales a ciertos países de Latinoamérica. Al
final tiene en letras grandes el lema “Puerto Rico Hacia el Futuro por Buen
Camino Sila M. Calderón Gobernadora Estado Libre Asociado”.
En el folleto “Informe al Pueblo” aparecen varias fotografías de
la Gobernadora junto a grupos de personas de diferentes sectores de
la comunidad puertorriqueña ilustrando las mismas junto al mensaje escrito que
cumplió en los dos primeros años del cuatrienio la encomienda que “nuestro
pueblo” le encomendó en las elecciones generales noviembre de 2000 de
llevar a cabo “una gestión gubernamental abarcadora para encarrilar su
futuro” en tres áreas básicas “brindarle al país el gobierno limpio que
necesita y merecen los puertorriqueños, hacer del desarrollo económico y la
creación de empleos la primera prioridad del servicio público y ofrecerle a la
familia puertorriqueña programas y proyectos que contribuyan a mejorar su
bienestar y calidad de vida”.
Proyectó su obra de gobierno, en los primeros dos (2) años del cuatrienio con
el lema “Por Buen Camino”. Informa que han estado combatiendo la
corrupción de la anterior administración de gobierno, atacando directamente al
principal partido político de oposición, destacando y contrastando la
gestión del partido político en el poder (P.P.D.) del anterior (P.N.P.)
como una que está ofreciendo un gobierno limpio. En su campaña
política frente a las elecciones generales del año 2000 el mensaje de la
Gobernadora para proyectar en el campo político a su partido político (P.P.D.)
y su candidatura como alternativa contenía el compromiso de “gobierno
limpio y transparente” por constituir el gobierno de turno, en aquel
momento, del partido político adversario al suyo, uno que alegadamente era
corrupto y que no había ofrecido el “gobierno limpio que necesita y merecen
los puertorriqueños”.[44]
Durante el desarrollo de los temas de desarrollo económico, educación y
programas para la familia puertorriqueña se llevó a cabo un ataque a la
pasada administración, destacando su obra de gobierno y a la misma vez
contrastándola con lo considerado como negativo de la anterior administración
de gobierno. Termina el referido folleto con el lema “Puerto Rico
Hacia el Futuro por Buen Camino”, Sila M. Calderón Gobernadora
Estado Libre Asociado”. El folleto informativo tenia el propósito
claro y deliberado de proyectar positivamente al partido político en el poder (P.P.D.)
“Hacia el Futuro”, o sea las elecciones generales del 2004 y
negativamente al partido político de oposición (P.N.P.). Por eso el
Tribunal de Primera Instancia concluyó que ese documento informativo claramente
le confería una ventaja a la Gobernadora y a su partido político (P.P.D.).
No obstante, no consideró los demás anuncios como parte de un designio y plan
común y que respondieran a una campaña coherente y coordinada entre la Oficina
de la Gobernadora y de las agencias y dependencias del gobierno que han
publicado dichos anuncios a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico en televisión,
radio, prensa escrita y con letreros con idéntico lema en TODOS, en
algunos con la fotografía de la Gobernadora, y en
casi todos con los colores rojo y amarillo y sobre las mismas áreas de
gobierno, temas y materias que cubre el referido folleto informativo. Durante
las campañas políticas del 1996 y el 2000 lideres del partido político de la
Gobernadora (P.P.D.) utilizaron el referido lema en forma igual o
parecida, en su totalidad o en parte, con el mismo propósito y objetivo de
naturaleza político partidista. Durante los trabajos de la asamblea de la
Asociación de Alcaldes que agrupa los alcaldes del partido político en el
poder (P.P.D.) celebrada en el mes de febrero de 2003, o sea cuando se
estaba llevando a cabo la campaña gubernamental impugnada, la Gobernadora en
carácter y función de oradora principal expresó que su gobierno había
enderezado en dos (2) años lo que en el anterior gobierno había dañado en ocho
(8) años. Hizo referencia en su mensaje a áreas, temas y materias,
algunos cubiertos por el folleto informativo y los anuncios antes descritos,
entre otros. No obstante, lo que le imprimió claramente coherencia al
plan y designio político-partidista fue el lema común contenido en TODOS
los anuncios y letreros que al definir el tiempo presente Por Buen Camino tenía
la intención clara de proyectar Hacia el Futuro al partido
político en el poder (P.P.D.).
Los anuncios de prensa escrita y colocados en letreros a lo largo y lo ancho de
Puerto Rico contienen en una forma u otra un mensaje que podría perseguir
un “fin público”. No obstante, el referido mensaje no puede co-existir
y estar enmarcado como parte de un mensaje político partidista, con fotografías
del gobernante, con los colores que usó de distintivo en sus campañas
políticas, con un lema claramente de corte político partidista que le
imparte coherencia a un plan y designio común de favorecer y brindarle una
ventaja al partido político en el poder (P.P.D.) en las próximas elecciones,
pues coinciden con las posiciones de sus líderes en el debate político.
La utilización de fotografías del gobernante, los colores que
lo identificaron en sus campañas político-partidistas y de lemas
claramente de esa naturaleza no constituyen el beneficio incidental que podría
obtener el partido político en el poder cuando divulga anuncios con un “fin
público”. Los anuncios legítimos y válidos que tienen el propósito de
informar sobre la política pública formulada por el Gobierno rinden un “fin
público”. Si resultara que benefician incidentalmente al partido en
el poder por identificarse la ciudadanía con la política pública formulada no
existe ilegalidad alguna por producirse tal resultado. No obstante, está
prohibido manipular anuncios legítimos para obtener una ventaja política.
Lo que esta vedado es incluir en tales anuncios mensajes políticos, fotografías
del gobernante, junto a lemas y colores que son distintivos de un
partido político para forzar ese resultado. La evidencia
presentada en el caso de autos demostró que en cada uno de los mensajes,
anuncios y letreros que fueron parte de la campaña gubernamental impugnada la
expresión común en cada uno de ellos fue utilizada como un
vehículo para ofrecerle una ventaja indebida e ilegal al partido político
en el poder (P.P.D.) frente a las elecciones generales de 2004. Tal
expresión común constituyó una ventaja económica al P.P.D. sobre los partidos
políticos de oposición. Cualquier ventaja que tenga el partido político
de gobierno mediante la utilización de los fondos públicos constituye una
desigualdad, por lo que esta proscrita. No hay espacio es este asunto
para distinciones de grado. Si el desembolso de esos fondos que
pertenecen a todo el pueblo adelanta, de cualquier manera, los intereses del
sector político en el poder, ello constituye una ventaja sobre los otros
sectores políticos, sea esta grande o pequeña. Lo ilícito de tal ventaja
no depende de su dimensión, sino de su ínsita inequidad. Todas
están prohibidas porque inherentemente aparejan la desigualdad.
En cuanto al mensaje televisivo impugnado concluimos que padece del mismo mal
de la ilegitimidad por el uso de fondos públicos para su divulgación. Su
contenido sustancialmente refleja una contestación de la Gobernadora a un
ataque e imputaciones que le dirigieran sus adversarios políticos por alegadas
actuaciones suyas y de lideres de su partido político durante la campaña
política del 2000. También contiene un ataque a alegadas
actuaciones de la anterior administración de gobierno. El contenido
del referido mensaje relativo al referimiento de dicho asunto a las agencias
con autoridad para investigar o evaluar las imputaciones tienen un “fin
público”. No obstante, tal objetivo constituyó uno mínimo en términos
del propósito informativo del mensaje tomando en cuenta la extensa contestación
y defensa que realizó la Gobernadora sobre las imputaciones que le dirigieron
como candidata a dicho cargo durante el proceso político del 2000, y el ataque
a sus adversarios políticos. Dicha parte del mensaje contiene su
posición sobre los méritos del asunto que refirió a las agencias de
gobierno. Dicho mensaje tuvo el propósito de darle una ventaja indebida e
ilegal a la Gobernadora y a los líderes de su partido político, también
imputados, no sólo en la arena y el debate político sino también sobre la
evaluación de los méritos que en su día habrían de realizar las agencias de
gobierno que les refirió el asunto.
Concluimos que en este caso nos encontramos ante una campaña publicitaria
concertada y coordinada entre la Oficina de la Gobernadora, las agencias y
dependencias del gobierno y líderes del P.P.D. de manifiesto y claro corte
político-partidista, subvencionada con una extensa y masiva cantidad de fondos
públicos, so pretexto de cumplir con un “fin público” determinado.
La utilización de mensajes políticos, fotografías del gobernante, sus
colores distintivos en la arena política y lemas de naturaleza política
partidista en la referida campaña gubernamental es contraria al “fin
público” que exige nuestro ordenamiento constitucional en la administración
del erario y al axioma de paridad económica sobre las fuerzas electorales que
le sirve de norte.
De la evidencia que tuvo ante sí el Tribunal de Primera Instancia surge en
forma palmaria el propósito de los demandados de influenciar la opinión pública
a favor del partido de gobierno (P.P.D.) mediante una masiva campaña de medios
en forma concertada y originada en la Oficina de la Gobernadora, y
coordinada con las agencias y dependencias de gobierno y líderes del P.P.D. que
indican la presencia de unos elementos unitarios y de que había una
dirección. Si algún objetivo público se logró con la campaña
gubernamental impugnada y los anuncios publicados en su carácter individual
palidece ante la deslumbrante campaña publicitaria que llevó a cabo el Gobierno
con el fin obvio de proyectar positivamente al P.P.D. y negativamente al P.N.P.
frente a las próximas elecciones generales. A tenor con el Art. VI, Sec.
9 de la Constitución de Puerto Rico, supra, no es válido ni
permisible el uso de fondos públicos para campañas publicitarias o
de propaganda realizadas por el Gobierno de carácter político-partidista ya sea
clara, directa, indirecta, sutil, disimulada, sofisticada o esté entremezclada
con actividades informativas y legitimas.
No nos corresponde pasar juicio sobre la sabiduría de los gastos incurridos en
publicidad, siempre que éstos tengan un “fin público”. Tomando
conocimiento judicial de ello nos preocupa la masiva proliferación a lo largo y
ancho de la Isla de letreros con anuncios de agencias o dependencias de
gobierno similares o idénticos a los aquí evaluados, aparentemente con fondos
públicos.
Concluimos que no es válido ni permisible el uso de fondos públicos para anuncios
y campañas de gobierno publicitarias o propagandistas de carácter político
partidista. El análisis de la TOTALIDAD de la
campaña impugnada refleja claramente una intención político-partidista con un
disfraz muy tenue. No es disimulada, ni sutil o indirecta. Su valor
informativo y el beneficio para el ciudadano es mínimo y está subordinado a la
exaltación de la figura u obra del partido de gobierno (P.P.D.). No
tenemos duda alguna que la referida campaña constituyó un instrumento para
moldear, formar, canalizar y dirigir la opinión pública hacia un eventual
triunfo electoral del P.P.D. en las elecciones del 2004. Los funcionarios del
Gobierno de Puerto Rico no tienen derecho a usar el dinero público para la
reelección del partido político en el poder. El Estado y la
administración de gobierno de turno no son sinónimos. El monopolio
que tiene el Gobierno sobre el uso de la fuerza como factor coercitivo junto a
sus inmensos recursos económicos lo hacen propenso a la arbitrariedad.
Tales recursos se convirtieron en el presente caso en poderes de persuasión y
coacción que constituyeron una amenaza a la legitimidad de nuestra
democracia por lesionar derechos constitucionales de electores de un sector
político en Puerto Rico.
Indiscutiblemente el Gobierno de Puerto Rico se extralimitó en su facultad o
deber de mantener al Pueblo informado, violando de esta forma la disposición
constitucional que limita la utilización de fondos públicos a un “fin
publico” y al principio constitucional de igualdad económica de los
partidos y candidatos a puestos electivos y de sus electores. Por tal
motivo respetuosamente DISENTIMOS del curso de acción del Tribunal.
Expediríamos el recurso para revocar al Tribunal de Apelaciones y al
Tribunal de Primera Instancia y emitir el injunction solicitado, para prohibir
a los funcionarios demandados y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la
publicación costeada con fondos públicos de mensajes anuncios radiales,
televisivos, de prensa escrita y letreros de los mencionados
anteriormente, y para extender tal prohibición a sus agentes, funcionarios,
mandatarios y empleados, ya sea que éstos actúen solos o de común acuerdo con
otras personas. Prohibiría, además, al Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, a los demás demandados y a sus agentes, funcionarios, empleados y
mandatarios, el desembolso de fondos públicos para el pago de las
publicaciones hechas de tales anuncios y letreros.
Ordenaría, además, la devolución de este caso al Tribunal de Primera Instancia
para evaluar la reclamación de la parte demandante relacionada con daños
económicos, atendido lo resuelto por este Tribunal en P.P.D. v Gobernador I,
supra, a esos efectos, aún cuando la parte demandante en ese
caso no había formulado reclamación similar a la presentada en el caso
de autos.
IV
La justicia debe ser inmaculada no sólo en su realidad interior sino
también en su apariencia externa.[45] Sobre este particular es de vital importancia la consistencia.
Ser consistentes nos brinda tranquilidad de conciencia. La inconsistencia
puede resultar en la injusticia.
Debemos siempre tratar de utilizar la misma vara de medir.[46] De otra forma, existe el peligro, en un caso
como el presente, de colocar o tratar a electores pertenecientes a sectores
políticos distintos frente a actuaciones iguales o similares del Gobierno de
Puerto Rico de forma injusta y, además, violatoria a sus derechos a la igual
protección de las leyes y a un debido proceso de ley protegidos por la
Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos.
Es correcto que la consistencia en nuestras decisiones no es una
garantía absoluta de la corrección de las mismas. No obstante, no hay
duda que esta es de gran importancia. Ser consistentes le
imprime estabilidad, confiabilidad y credibilidad a nuestro sistema de justicia
y mas importante aún, en casos como el presente, le imprime vivencia a nuestra
democracia constitucional.
V
Por los fundamentos antes expuestos respetuosamente DISENTIMOS del curso de
acción de este Tribunal. Expediríamos el recurso y revocaríamos las
sentencias dictadas por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de
Primera Instancia y devolveríamos el caso a este último para que
continúen los procedimientos a tenor con lo aquí pautado.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez Asociado
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ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y
publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica
se hace como un servicio público a la comunidad.
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