Jurisprudencia del Tribunal
Supremo de P. R. del año 2004
2004 DTS 147 RIOS ALONZO V. DIAZ Y DEL VALLE 2004TSPR147
EN EL TRIBUNAL
SUPREMO DE PUERTO RICO
Mildred Ríos Alonso
Peticionaria
v.
Juan Díaz y
Roberto del Valle,
Superintendente
Institución Bayamón 501
Recurridos
Certiorari
2004 TSPR 147
162 DPR ____
Número del Caso: CC-2004-790
Fecha: 10 de septiembre de 2004
Tribunal de Circuito de
Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón
Juez Ponente:
Hon. Hiram A. Sánchez Martínez.
Abogados de
la Parte Peticionaria: Lcda. María De Lourdes Guzmán
Lcda.
Margarita Carrillo Iturrino
Abogado de la Parte Recurrida: Hon.
Procurador General
Materia:
Habeas Corpus, Sentencia por violencia doméstica
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Sala de Verano integrada por el Juez
Asociado señor Rebollo López, como su Presidente, y los Jueces Asociados señores
Corrada del Río y Rivera Pérez y las Juezas Asociadas señoras Fiol Matta y
Rodríguez Rodríguez
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre
de 2004.
Vista la Moción de Carácter Urgente para
la Resolución Expedita del Recurso y el recurso de certiorari que le acompaña,
no ha lugar a ambos.
Lo acordó el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió
voto disidente. La Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez no interviene.
Patricia
Otón Olivieri
Secretaria
del Tribunal Supremo
VOTO DISIDENTE EMITIDO POR EL
JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 10 de
septiembre de 2004
Como es del conocimiento de
todos, el 8 de julio de 2004 Osvaldo Ríos Alonso fue sentenciado --por una
violación al Artículo 3.1 de la Ley para la Prevención de la Violencia
Doméstica, 8 L.P.R.A. sec. 731-- a cumplir una pena total de dieciocho (18)
meses de cárcel, de los cuales debe extinguir en prisión, conforme estableciera
el tribunal sentenciador, el término de tres (3) “meses naturales” y el resto
bajo el régimen de una sentencia suspendida.
El 13 de julio de 2004, Ríos
Alonso, amparándose en las disposiciones de la Regla 185 de las de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 185, presentó ante el Tribunal
de Primera Instancia una moción urgente alegando, en esencia, la ilegalidad de
los términos y modo de extinguir la pena de cárcel impuesta. En síntesis,
planteó que la sentencia de tres meses “naturales” de reclusión era ilegal por
no tratarse de una pena expresamente establecida en el Artículo 3.1 de la Ley
para la Prevención de la Violencia Doméstica, ante.
A poco más de un mes de
presentada la mencionada moción, y considerando que el foro de instancia aún no
había resuelto la misma, el 25 de agosto de 2004, la señora Mildred Ríos Alonso
presentó ante el Tribunal de Apelaciones una solicitud de hábeas corpus
en jurisdicción original planteando la ilegalidad de la detención de su
hermano, el señor Osvaldo Ríos Alonso.
En síntesis, alegó que la
sentencia impuesta en este caso es errónea en Derecho --por vulnerar el
principio de legalidad contemplado en el Artículo 8 del Código Penal de Puerto
Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3031-- en tanto en cuanto la misma establece que la pena
de reclusión deberá ser cumplida en “meses naturales”. En consecuencia sostuvo
que actualmente el encarcelamiento de Ríos Alonso resulta ilegal puesto que, de
declararse inválido el requisito del cumplimiento de la pena en “meses
naturales” y aplicársele las bonificaciones establecidas en el Artículo 16 de
la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 1161, él ya habría
cumplido el término de encarcelamiento dispuesto.
El foro apelativo intermedio
se negó a expedir el auto solicitado por lo que el 2 de septiembre de 2004 la
señora Mildred Ríos Alonso acudió ante este Tribunal --vía certiorari--
imputándole, entre otras cosas, al tribunal apelativo intermedio haber errado
al negarse a resolver la controversia relativa a la ilegalidad de la sentencia
impuesta a su hermano por el foro de instancia.
Así las cosas, el 7 de
septiembre de 2004, y obligado por una orden de mandamus solicitada
por Osvaldo Ríos y emitida por el Tribunal de Apelaciones dentro del
caso criminal, el foro de instancia resolvió el planteamiento de ilegalidad
de sentencia en contra de Ríos Alonso.
En síntesis, erróneamente concluyó que tenía discreción para alterar y
agravar la pena o medida de seguridad previamente establecida por el
legislador al momento de establecer el delito.
En el día de hoy una mayoría
de los integrantes de este Tribunal, evadiendo su responsabilidad de resolver, de
una vez y por todas, la corrección del planteamiento --de estricto
Derecho-- presentado ante nos por la peticionaria, declara “sin lugar” el
recurso radicado ante este Tribunal. De este modo avala una actuación
obviamente ilegal incurrida por el foro de instancia, cerrando sus ojos ante la
posibilidad de que el ciudadano Osvaldo Ríos Alonso en estos momentos esté --y
continúe estando-- detenido ilegalmente.
I
Ciertamente no hace falta un
análisis muy profundo ni exhaustivo para advertir que al este Tribunal hacerse
de la “vista larga”, está permitiendo que el presente recurso continúe el
trámite procesal ordinario con la consecuencia de que al 6 de octubre de 2004
--fecha en que Ríos Alonso cumple los tres meses naturales erróneamente
impuestos por el foro de instancia-- su planteamiento seguramente no habrá sido
resuelto. Ello no sólo convertiría en un vano ejercicio de futilidad
todo trámite procesal realizado ante los foros inferiores sino que, además,
convertiría el reclamo de la peticionaria en uno académico. Con ello se estaría
permitiendo que un ciudadano, que recurrió oportunamente en auxilio de
nuestra jurisdicción, haya estado ilegalmente detenido sin que este Tribunal
haya movido “un solo dedo” para evitarlo.
Lo
anteriormente expuesto nos parece particularmente preocupante e injusto
cuando consideramos que a la peticionaria, y a Osvaldo Ríos, efectivamente
les asiste la razón en sus planteamientos. Veamos.
II
Al
establecer la sanción correspondiente a la infracción del Artículo 3.1 de la
Ley para la Prevención de la Violencia Doméstica, 8 L.P.R.A. sec. 731, el legislador
fue claro al disponer que la misma consistiría en una pena fija de doce meses
de cárcel y que dicha pena podría ser disminuida a nueve meses --de existir
circunstancias atenuantes-- o aumentada a 18 meses ante la existencia de
elementos agravantes.
En
ninguna de las disposiciones de la referida Ley se contempla la posibilidad del
cumplimiento de la pena en términos “naturales” ni se establece que los
infractores estarán excluidos de los beneficios de bonificación provistos en el
Artículo 16 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1994, 4 L.P.R.A. sec. 1161.
Es
más, luego de realizar un análisis minucioso de las disposiciones
contenidas en el Código Penal de Puerto Rico, y de las diferentes leyes penales
especiales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, hemos encontrado que la única
disposición penal donde se establecen sanciones en términos “naturales” es
en el Artículo 62 del Código Penal, donde se expresa que “[e]n caso de reincidencia
agravada el convicto será sancionado a pena fija de veinte (20) años
naturales o al doble de la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido
con circunstancias agravantes, la que resulte mayor.” (énfasis suplido). Dicho
proceder legislativo se entiende cuando consideramos que esta única
situación es de aplicación en casos de infractores reincidentes, en
relación con los cuales el legislador, obviamente, quiso ser más severo.
Lo
anterior nos parece más que suficiente para evidenciar el hecho de que en el
presente caso la actuación del foro de instancia, imponiendo una sentencia en
términos naturales que no fue contemplada por el legislador al momento
de establecer la pena relativa al delito en controversia, vulnera el
principio de legalidad dispuesto en el Artículo 8 de nuestro Código Penal. 33 L.P.R.A.
sec. 3031. Como es sabido, la referida disposición garantiza que
ninguna persona será penalmente castigada por hechos que no hayan sido
expresamente definidos por ley como delito, ni se impondrán penas o medidas
de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido.
Abona
a nuestra preocupación el hecho de que en el caso criminal seguido contra
Osvaldo Ríos Alonso el foro de instancia incurrió en una dilación sumamente
larga y preocupante ante el serio planteamiento levantado por Ríos Alonso
en torno a la ilegalidad de la sentencia impuesta. Ello considerando que, al
momento de resolver la moción presentada por Ríos Alonso, ya habían pasado más
de 55 días desde que dicha controversia le fuera planteada --y más de 34 desde
que se celebró la vista-- sin que el referido foro se hubiese pronunciado sobre
la misma. Ciertamente, nos parece que la controversia allí planteada no
ameritaba tal dilación. Por el contrario, ya hemos visto que se trata de un
asunto sumamente claro que debió ser resuelto de forma correcta y con
premura por estar planteada la ilegalidad de una detención.
En
vista de todo lo anteriormente expuesto, y considerando que el foro de
instancia actuó ultra vires al establecer en el presente caso una pena
de prisión en términos naturales, somos del criterio que este Tribunal debería
acoger el presente recurso de certiorari, dictar Sentencia modificatoria
y remitir el caso al foro administrativo, esto es, al Administrador de
Corrección, para que se evalúe, con la mayor brevedad, si Ríos Alonso cumple con
los criterios requeridos para ser acreedor de las bonificaciones contempladas
en el Artículo 16 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1994. De determinarse
que en efecto proceden las referidas bonificaciones, entonces procedería que el
foro judicial decrete la excarcelación inmediata de Ríos Alonso por haber
finalizado el término de reclusión impuesto por el tribunal de instancia.
A
nuestro juicio este curso de acción es el único que permite que este Foro
cumpla a cabalidad con su función ministerial de hacer cumplida justicia sin
reparar en el receptor de la misma. Después de todo estamos ante una
controversia estrictamente de Derecho que puede --y debe-- ser resuelta
por este Foro sin dilación alguna.
En
ese sentido, debemos tener muy presente lo expresado por este Tribunal en Sucn.
Bravo v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 672, 675 (1998), a los
efectos de que “[c]uando de hacer justicia se trata, no puede haber moldes
técnicos que aprisionen los remedios justos.” No debemos olvidar que "[s]omos
[un] Tribunal de Justicia y aunque la Justicia se pinta ciega, como símbolo de
su imparcialidad, los tribunales que la imparten deben tener los ojos abiertos
para impedir que allí se frustre.” Ibid.
Por
entender que el curso de acción que hoy toma la Mayoría tiene el penoso
efecto de frustrar la justicia en este caso, disentimos.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
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