Jurisprudencia del Tribunal
Supremo de P. R. del año 2005
2005 DTS 200 IN RE: ORTIZ MORALES 2005TSPR200
EN
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In
re: Carlos Ortiz Morales
Ernesto
Maldonado Pérez
2005 TSPR 200
166 DPR ____
Número del
Caso: CP-2000-9
Fecha: 8 de
noviembre de 2005
Oficina del
Procurador General: Lcda. Cynthia Iglesias Quiñones
Procuradora
General Auxiliar
Abogado de los Querellados: Lcdo. Ernesto Maldonado
Pérez
Por
Derecho Propio
Lcdo. Carlos Ortiz Morales
Lcdo. Fernando E. Agrait
Materia: Conducta Profesional, Suspendidos de la
abogacía
Lcdo.
Carlos Ortiz Morales
(La suspensión
del abogado advino final y firme el día 2 de diciembre de 2005)
Lcdo.
Ernesto Maldonado Pérez
(La suspensión
del abogado advino final y firme el día 14 de diciembre de 2005)
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación
y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
Se enmienda nunc pro tunc
nuestra Opinión Per Curiam del 8 de noviembre de 2005, en el caso de epígrafe,
para que lea en su último párrafo como sigue:
En virtud de lo anterior
procede que impongamos al licenciado Carlos Ortiz Morales, como sanción
disciplinaria, una suspensión de la abogacía por seis (6) meses y al licenciado
Ernesto Maldonado Pérez como sanción disciplinaria, una suspensión de la abogacía
por tres (3) meses.
EN
EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re: Carlos
Ortiz Morales
Ernesto Maldonado Pérez
CP-2000-9
Se enmienda nunc pro tunc
nuestra Sentencia del 8 de noviembre de 2005, en el caso de epígrafe, para que
lea como sigue:
Por los fundamentos expuestos
en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de
la presente, procede que impongamos al licenciado Carlos Ortiz Morales, como
sanción disciplinaria, una suspensión de la abogacía por seis (6) meses y al
licenciado Ernesto Maldonado Pérez como sanción disciplinaria, una suspensión
de la abogacía por tres (3) meses.
Se les impone el deber de
notificar a todos sus clientes de su inhabilidad de seguir representándolos e
informar oportunamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos de Puerto Rico. Deberán, además, certificarnos dentro del
término de treinta (30) días a partir de su notificación, el cumplimiento de
estos deberes, notificando también al Procurador General.
Secretaria del Tribunal Supremo
Interina
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