Ley Núm.
156 del año 2002
(P. de la C. 1156), 2002, ley 156
Para añadir artículo 17A a la Ley Uniforme de Confiscaciones: 1988, ley 93
LEY NUM. 156 DE 10 DE AGOSTO DE 2002
Para añadir un Artículo 17A a la Ley Uniforme de Confiscaciones, Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, y crear un descuento para los porteadores públicos en la compra de vehículos de motor confiscados, que se disponga de ellos de conformidad con el Artículo 15 (f) de dicha Ley, y enmendar dicho Artículo 15(f) a los fines de añadir a los porteadores públicos entre los destinatarios de la propiedad confiscada cuando sean vehículos de motor para establecer el procedimiento de venta y para derogar cualquier disposición de ley o reglamento que se oponga a lo dispuesto en esta Ley.
EXPOSICION DE
MOTIVOS
La Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988 es conocida como la Ley Uniforme de Confiscaciones. Por virtud de la Ley Uniforme de Confiscaciones “toda propiedad que sea utilizada en relación a la comisión de delitos graves y de aquellos menos graves en que por Ley se autorice la confiscación . . . será confiscada en favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” (Ley 93 de 13 de julio de 1988, Art. 2). Según ésta, entre los bienes a ser confiscados se encuentran los vehículos de motor. (Id)
Los vehículos de motor, así como
cualquier otra propiedad confiscada cuya confiscación no sea impugnada de
conformidad con el Artículo 8 de dicha Ley pasarán a manos de la Junta de Confiscaciones del Departamento
de Justicia. Id.
Una vez se transfiere la
custodia del bien confiscado a la Junta de Confiscaciones, y después de
transcurridos los términos que se disponen en el Artículo 12 (sec. 1723k),
dicha Junta podrá disponer de la propiedad a tenor con la Ley y los reglamentos
de la Junta. (Id. Art. 13; 34
LPRA sec. 1723k-1). Entre los medios de disposición de esos
bienes está la venta, transferencia, permuta o cualquier otro medio legal (Id.
Art. 15 (f). Este último inciso dispone
además hacia dónde se distribuirá el dinero o frutos productos de esas
transacciones dejando como primer beneficiario a las agencias de orden público,
agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, y por último, al
Fondo Especial creado bajo las disposiciones del Artículo 16 de la misma Ley.
Es la intención de la presente
legislación, que se incluya a los porteadores públicos entre las alternativas
de disposición de los vehículos de motor confiscados bajo las disposiciones de
la Ley Uniforme de Confiscaciones. Los
porteadores se han visto seriamente afectados por el reciente y marcado aumento
de los precios de los automóviles de piezas y servicios, combustible y el alza
de los costos de la vida, que ha carcomido los ingresos que con tanto
sacrificio éstos obtienen. En este
momento, los porteadores públicos necesitan que esta Asamblea Legislativa asuma
un papel de liderato en la solución de los problemas de los porteadores.
Debemos tener en mente la
cantidad y la calidad del servicio público que nos brindan estos porteadores a
precio irrisorios en comparación con otros servicios de transporte. Definitivamente, éstos economizan al
gobierno y a los consumidores enormes sumas de dinero.
Los porteadores no sólo brindan
un servicio económico y de calidad, sino que también son parte indispensable de
la maquinaria económica al transportar a los consumidores de bienes y servicios
a los distintos centros comerciales de la Isla, así como a muchos obreros a sus
trabajos y pacientes a hospitales, por mencionar sólo algunos ejemplos de la
labor de estos servidores.
Resulta
necesario proveerle incentivos que le permitan a los porteadores continuar
operando de forma económica para que de esa manera, el pueblo en ningún momento
sienta la falta de este servicio.
Esta legislación le da la alternativa a los porteadores que así lo deseen de obtener vehículos confiscados a un veinticinco (25) por ciento del precio de tasación del vehículo establecido al momento de la confiscación. Esperamos que mediante la presente medida los porteadores públicos encuentren un alivio en los gastos e inversiones que tienen que por obligación realizar para continuar llevando a cabo sus operaciones.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: