Ley
Núm. 179 del año 2002
(P.
del S. 1626), 2002, ley 179
(Conferencia)
Ley para Reglamentar la Asignación de
Recursos para la Realización de Obras Permanentes (Barril) y la Adquisición de
Equipo, Compra de Materiales y Otras Actividades de Interés Social (Barrilito)
LEY NUM. 179 DE 16 DE AGOSTO DE
2002
Para adoptar la
reglamentación sobre la asignación de fondos públicos de origen legislativo
producto de la Emisión de Bonos y del Fondo General para la realización de
obras permanentes (barril de tocino) y no permanentes como: la adquisición de
equipo, compra de materiales y otras actividades de interés social (barrilito);
establecer los requisitos, normas y procedimientos para la otorgación de estos
donativos; establecer la información que deberá incluir toda resolución conjunta
de asignación de los referidos fondos públicos; establecer los requisitos para
la solicitud de fondos; establecer las obligaciones de los solicitantes de
estos fondos, de los legisladores y de los cuerpos legislativos en relación con
estos fondos; y establecer los procedimientos que garanticen la supervisión y
fiscalización por parte de la Asamblea Legislativa de lo aquí dispuesto.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Asamblea Legislativa asigna,
anualmente, en la medida en que los recursos fiscales lo permiten, fondos
estatales para realizar diversas obras permanentes y no permanentes como: adquisición de equipo, compra de materiales
y otras actividades de interés social.
Estos fondos son conocidos como “barril de tocino y barrilito”.
En los orígenes del “barril de
tocino”, se asignaban fondos para proyectos de construcción que eran
auspiciados por los miembros de la Cámara de Representantes. En años más recientes, según lo ha permitido
la situación fiscal, se aprueba durante el mismo año un “barril de tocino” para
proyectos auspiciados por los miembros de la Cámara de Representantes y otro
para proyectos auspiciados por los miembros del Senado.
Hasta el 1981, las resoluciones
conjuntas de esta naturaleza especificaban detalladamente las obras que se
realizarían en cada municipio, con cargo a los fondos asignados, se describía
la obra a realizarse, se asignaban los fondos al municipio o a la agencia
estatal que sería responsable de la construcción y se fijaba la cantidad asignada
para los mismos.
Ese mismo año, mediante la
aprobación de la Resolución Conjunta Número 23 de 2 de julio de 1981, se
enmendó sustancialmente el texto de estas resoluciones para que en lugar de
contener la descripción de la obra, la cantidad asignada y el municipio o
agencia a quien se destinaban los fondos, se asignara $3,670,000 a la
Administración de Servicios Municipales, correspondiendo $183,500 a cada uno de
los veinte (20) distritos representativos incluidos en dicha Resolución
Conjunta.
La referida Resolución Conjunta
Número 23, autorizó a los representantes de distrito a someter a la
Administración de Servicios Municipales una descripción de la forma en que
interesaba fueran distribuidos los fondos en los distintos precintos de su
distrito representativo.
En 1989, mediante opinión
del Secretario de
Justicia, Opinión Sec.
Just. Núm. 25-1989 del 16 de
agosto de 1989, se determinó que el mecanismo establecido en estas resoluciones
conjuntas para asignar fondos estatales a obras y proyectos de construcción en
los municipios era inconstitucional.
Ese mismo año, en el caso de David
Noriega vs. Rafael Hernández
Colón, 135 DPR 406, se cuestionó la constitucionalidad de estas
asignaciones de fondos por ser violatorias a la separación de poderes entre las
ramas de gobierno. El 24 de octubre de
1989, el Tribunal Superior dictó sentencia declarando inconstitucional la
práctica legislativa de asignar fondos al “barril de tocino”, según el
mecanismo establecido.
El 18 de marzo de 1994, el Tribunal
Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico confirmó la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia que declaraba inconstitucional la asignación de
fondos del “barril de tocino” de la manera en que se estaba llevando a cabo. No
obstante, el Alto Foro reconoce la autoridad del poder legislativo para
determinar la forma y manera en que deben ser redactadas las resoluciones
conjuntas referentes al “barril de tocino”.
Mediante
esta legislación se reglamenta la asignación de fondos públicos de origen legislativo
para la realización de obras permanentes (barril de tocino), la adquisición de
equipo, compra de materiales y otras actividades de interés social
(barrilito); se establecen los
requisitos, normas y procedimientos para
otorgar los mismos; se establece
la información que deberá incluir toda resolución conjunta de asignación de los
referidos fondos públicos; los requisitos para la solicitud de fondos y las
obligaciones de los solicitantes, de los legisladores y de los cuerpos
legislativos relacionado con estos fondos y establece los procedimientos para
garantizar la supervisión y fiscalización por parte de la Asamblea Legislativa.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.- Esta Ley se
conocerá como “Ley para Reglamentar la Asignación de Recursos para la
Realización de Obras Permanentes (Barril) y la Adquisición de Equipo, Compra de
Materiales y Otras Actividades de Interés Social (Barrilito)”.
Artículo 2.- A los fines de esta Ley, los
siguientes términos o frases tendrán el significado que a continuación se
expresa:
a)
“Entidades”
significa toda persona natural o institución pública, semipública o privada,
sin fines pecuniarios.
b)
“Obra
permanente” significa cualquier tipo de trabajo de construcción,
reconstrucción, alteración, ampliación o mejora que permanece en su lugar
después de que dicho trabajo se ha realizado.
c)
“Agencia”
significa cualquier departamento, programa, negociado, oficina, junta,
comisión, compañía, corporación pública y subsidiaria de ésta e
instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo la Rama
Judicial y los municipios.
d)
“Agencia
designada” significa toda agencia que ejecute, implante o esté directamente
relacionada con la política pública a la que esté vinculada la actividad o
función pública que realiza la entidad receptora de un donativo legislativo y
bajo cuya responsabilidad administrativa se asigna el mismo.
e)
“Beneficiario”
significa una persona natural o jurídica que recibe donativos legislativos de
los fondos conocidos como barril o barrilito.
Artículo 3.- Toda resolución conjunta que
asigne fondos públicos para la realización de obras permanentes, adquisición de
equipo, compra de materiales y otras actividades de interés social, contendrá
información específica y detallada que permita la evaluación, supervisión y
seguimiento de los desembolsos autorizados, asegurándose de este modo, que se
cumpla con la intención legislativa.
Artículo 4.- Toda resolución conjunta
asignando fondos públicos para obras permanentes (barril) contendrá la
siguiente información:
a)
Descripción
de la obra o mejora a realizarse;
b)
Cantidad
total asignada y un estimado de la obra
o mejora a realizarse;
c)
Lugar
específico en el que se realizará la obra o mejora, indicando:
1. el Distrito Senatorial o
Distrito Representativo;
2. el municipio correspondiente; y
3. el barrio, sector
o urbanización;
d)
La
entidad gubernamental o municipio que tendrá directamente a su cargo la
realización o supervisión de la obra o mejora;
e)
La
entidad gubernamental o municipio que tendrá directamente a su cargo la
custodia y desembolso de los fondos asignados; y
f)
Cualquier
otra información que el legislador entienda necesaria.
Artículo 5.- Las entidades gubernamentales o
municipios que tengan directamente a su cargo la custodia y desembolso de los
fondos asignados para obras permanentes establecerán:
a)
Un
sistema de pagos escalonados a base de desembolsos según se vaya certificando
el estado de progreso de la obra o mejora;
b)
Un
sistema de cotejo para verificar que se han realizado las subastas o
cotizaciones necesarias de conformidad con la ley;
c)
Un
sistema de recibo y registro de documentos, facturas y comprobantes para cada
asignación de fondos; y
d)
Un
archivo de fácil acceso donde pueda verificarse toda la documentación
relacionada con la realización de obras o mejoras.
Artículo 6.- Toda resolución conjunta en la
que se asignen fondos públicos para la adquisición de equipo, compra de
materiales y otras actividades de interés social (barrilito) contendrá la
siguiente información:
a)
Descripción
del equipo, materiales a adquirirse o de las actividades de interés social a
sufragarse;
b)
Nombre
de la institución, organización o persona beneficiada con los fondos asignados;
c)
Próposito
o motivo de la asignación; y
d)
Cantidad
total asignada.
Por
su parte, el peticionario será responsable de suplir la información necesaria a
fin de cumplir con lo establecido en este Artículo y el estimado que presente,
deberá indicar la aportación que hará cada componente participante, si alguno,
al momento de solicitar los fondos, tales como: aportación gubernamental,
individual, de entidades privadas y de cualquier otra índole.
Artículo 7.- Toda solicitud de fondos
públicos para la adquisición de equipo, compra de materiales y otras
actividades de interés social (barrilito) a cualquier entidad estará acompañada
de un formulario certificado que a tales fines proveerá cada Cuerpo
Legislativo. En caso que la asignación sobrepase la cantidad de #1,500 el
peticionario someterá una declaración jurada ante notario público o ante un
juez de primera instancia para poder recibir los fondos solicitados. En dicha solicitud
evidenciará su situación económica, la necesidad de la aportación legislativa y
consignará si tiene parentesco o no
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con el
legislador a quien le solicita la asignación de fondos públicos o con alguno de
sus empleados y de tenerlo, especificar el grado de parentesco. En caso de
existir el referido grado de parentesco la Comisión del Cuerpo Legislativo correspondiente que tiene ante sí la consideración
de la respectiva resolución conjunta, podrá recomendar la aprobación de la
misma mediante el aval de dos terceras (2/3) partes de los miembros que la
componen. En caso de personas
jurídicas, los miembros de la Junta Directiva de la entidad solicitante deberán
cumplir con los requisitos aquí
enumerados.
El beneficiario presentará un
informe detallando la utilización de los fondos, el cual incluirá los recibos
por materiales, equipos, servicios recibidos, certificaciones de obras o
mejoras realizadas, según sea el caso, a la agencia designada, no más tarde de
noventa (90) días a partir de la fecha del último pago al beneficiario. A esos
efectos, la agencia designada le entregará una hoja al beneficiario indicándole
las obligaciones que debe cumplir de acuerdo a lo dispuesto en este Artículo y
el beneficiario queda advertido que deberá cumplir con las leyes del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
Los Secretarios de cada Cámara
prepararán y pondrán a disposición de los legisladores y de las personas que
así lo soliciten un formulario de solicitud de aportaciones legislativas de
conformidad con los requisitos dispuestos en este Artículo.
Artículo 8.- Las agencias
gubernamentales, los municipios, así como las entidades recipientes de asignaciones de fondos
públicos los utilizarán para los fines establecidos en la resolución conjunta
correspondiente y de ninguna manera, dispondrán de los mismos para otros
propósitos o fines que no estén señalados de manera categórica y específica en
la resolución conjunta aprobada.
Cualquier cambio o modificación
de los propósitos o fines establecidos en la resolución conjunta original,
conllevará el inicio o repetición por la Asamblea Legislativa de todos los
procedimientos.
El cumplimiento con estas
resoluciones conjuntas, asignando fondos públicos, se hará siguiendo las normas
y procedimientos aplicables a los municipios y a las instrumentalidades
gubernamentales. Con excepción de las
personas naturales, todos los contratos suscritos y cualquiera otro documento legal
estarán sujetos a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y serán
interpretados de acuerdo a las mismas.
Artículo 9.- Las personas
naturales que reciban asignaciones de fondos públicos y que por cualquier razón
desistan de construir la obra, adquirir el equipo o desarrollar la actividad,
deberán informar al legislador proponente
y a las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras para que reasigne la
utilización de los mismos.
Artículo 10.- Las entidades
gubernamentales, así como las no gubernamentales recipientes de estos fondos
públicos, vendrán obligadas a rendir en la Secretaría de la Cámara
correspondiente un informe semestral detallado de los fondos utilizados, no más
tarde del 31 de julio y del 31 de enero del año fiscal correspondiente. Bajo
ningún concepto se autoriza la otorgación de fondos adicionales a los
beneficiarios hasta que rinda el informe correspondiente. En el caso de los municipios deberán cumplir
con el Artículo 19.002 (u) de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según
enmendada, conocida como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico de 1991”. En este
informe se hará constar la forma y manera en que han cumplido con los propósitos
y fines establecidos en la resolución conjunta. Las entidades privadas, por su
parte, rendirán el informe juramentado.
Artículo 11.- Ningún
legislador ni sus ayudantes o empleados podrán recibir o tener posesión de los
cheques emitidos por la agencia designada.
Cualquier violación a esta disposición será sancionada de conformidad
con los Códigos de Etica de cada Cuerpo Legislativo.
Artículo 12.- El legislador
mantendrá un expediente de todas y cada una de las asignaciones por él
realizadas con fondos de barril y barrilito.
Este expediente contendrá toda la documentación estipulada en los
Artículos 4 y 6 de esta Ley, la cual originó dicha petición y recomendación. El
legislador conservará el expediente durante cuatro años o hasta que se efectúe
una auditoría por la Oficina del Contralor lo que ocurra primero. De transcurrir los cuatro años y no haber
ocurrido la auditoría por la Oficina del Contralor, o el legislador cesara en
su cargo, el expediente será transferido a la Secretaría de la Cámara
correspondiente hasta que se realice la auditoría del Contralor.
Artículo 13.- Esta Ley
comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación y aplicará a las
resoluciones conjuntas que se radiquen a partir de la vigencia de ésta.
Nota Importante: Esta
ley es copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas
posteriores a esta.
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ADVERTENCIA
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constituye un documento de las leyes del Estado Libre Asociado de P.R. que está
sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación
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