CAPíTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1.-Título abreviado.
Este
Plan de Reorganización se conocerá como el “Plan de Reorganización del
Departamento de Agricultura de 2010”.
Artículo 2.-Declaración de Política Pública.
Esta
Ley provee para la reorganización del Departamento de Agricultura y sus
componentes programáticos y operacionales y se presenta al amparo de las
disposiciones de la Ley Núm. 182 de 17 de diciembre de 2009, conocida como “Ley
de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva 2009”. El propósito de
la Ley de Reorganización y Modernización de la Rama Ejecutiva 2009 y de los
planes de reorganización generados al amparo de la misma, es promover una
estructura gubernamental que responda a las necesidades reales y contribuya a
una mejor calidad de vida para los puertorriqueños. Esta reorganización
persigue la optimización del nivel de efectividad y eficiencia de la gestión
gubernamental; la agilización de los procesos de prestación de servicios; la
reducción del gasto público; la asignación estratégica de los recursos; una
mayor accesibilidad de los servicios públicos a los ciudadanos; la
simplificación de los reglamentos que regulan la actividad privada, sin
menoscabo del interés público; y la reducción de la carga contributiva de los
puertorriqueños.
Es
la política pública del Gobierno de Puerto Rico reconocer al agricultor como
eje principal de desarrollo en el sector agropecuario y estar comprometido en
desarrollar una agricultura intensiva y de precisión, que sea responsable con
el ambiente y de provecho para el entorno rural, económicamente viable y de
alta demanda.
A
tales fines, resulta fundamental capacitar al agricultor puertorriqueño para
que participe plenamente de una industria competitiva, convirtiendo el sector
agrícola en uno eficiente y productivo y restablecer la confianza del
agricultor puertorriqueño en las iniciativas de gobierno propulsadas para este
importante sector.
Conforme
a este compromiso, el Departamento de Agricultura está encaminado a ser un ente
facilitador que promueva la productividad, estimule la inversión, premie el
éxito, y a su vez, inicie el proceso de revitalización, modernización y
diversificación de la agricultura. Mediante esta Ley se le otorga al
Departamento de Agricultura y sus componentes la flexibilidad legal y administrativa
necesaria para implantar y cumplir a cabalidad con sus responsabilidades y
obligaciones. De igual forma, se le habilita para que pueda brindar los
servicios de excelencia que nuestros agricultores merecen. Esta Ley elimina la
estructuración excesiva actualmente existente en Puerto Rico tras casi un siglo
de la aprobación de leyes especiales para reglamentar las distintas vertientes
de la agricultura. En su lugar, esta Ley le permite al Secretario de
Agricultura desarrollar aquellas estructuras que entienda necesarias,
apropiadas y convenientes para suplir las necesidades agropecuarias del Puerto
Rico moderno, a la vez que elimina aquellas estructuras que ya sea por desuso o
por obsolescencia, ya no producen los debidos resultados.
Mediante
este plan, se eliminan la Corporación de Desarrollo Rural y la Administración
de Servicios y Desarrollo Agropecuario. Las funciones actuales de estas dos
entidades se transfieren en su mayoría a una oficina de nueva creación, la
Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias. Además, se
transfiere el programa de fincas familiares a la Autoridad de Tierras, así como
la titularidad de los terrenos de la Corporación de Desarrollo Rural. Mediante
este Plan se persigue que el Departamento de Agricultura pueda convertirse
principalmente en una entidad dirigida a fiscalizar el cumplimiento con las
leyes y reglamentos agropecuarios de Puerto Rico, mientras que la
Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias tendrá a su cargo
implantar de manera integral todos los programas de servicios a los
agricultores con el fin de facilitar el trámite de éstos al solicitar servicios
del Gobierno de Puerto Rico.
Alcanzar
un Puerto Rico moderno y preparado para enfrentar los retos del futuro requiere
de iniciativas que favorezcan el flujo de capital y los recursos económicos
públicos y privados para ser invertidos en nuestra agricultura, las cuales a su
vez, deben estar enfocadas en el rendimiento de capital agrícola en términos de
productividad, innovación y conservación. El Departamento debe guiar nuestra
agricultura hacia una mejor inserción en los canales y nichos de mercado en la
industria de alimentos, en la industria de servicios agrícolas y en la
producción de energía mediante fuentes renovables.
Será
política pública del Gobierno de Puerto Rico asegurar el abasto de alimentos
sanos y saludables que propicie una nutrición balanceada para nuestra
ciudadanía, opciones de energía renovable a nuestros consumidores y ofertas de
servicios al constituyente en los cuales nuestros agricultores sean los
productores por excelencia para atender esas necesidades.
La
política pública en el área agropecuaria debe estar orientada a la protección
de los terrenos de alto valor agrícola mediante la zonificación adecuada, donde
se establezcan reservas agrícolas, servidumbres agrícolas y/o transferencias de
derechos de desarrollo para que se pueda practicar el cultivo intensivo.
La nueva estructura del Departamento de Agricultura, que se crea
mediante este Plan, tendrá el efecto de acelerar los procesos y servicios, no
sólo en beneficio de los(as) agricultores(as) sino también del Pueblo de Puerto
Rico en la medida que la economía agropecuaria crezca.
Artículo 3.-Definiciones.
Para los propósitos de este Plan, los siguientes
términos tendrán el significado que se dispone a continuación, salvo que del
propio texto de este Plan se desprenda lo contrario:
a)
Acuicultura: conjunto de
actividades, técnicas y conocimientos de cultivo de especies acuáticas
vegetales y animales.
b)
Administración: Administración
para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, creada en virtud de este Plan.
c)
Administrador: Administrador de la
Administración para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias.
d)
Agricultor: Todo aquel que se dedique a la
agricultura, según lo definido en las leyes y reglamentos aplicables.
e)
Agricultura: Labranza y cultivo de la tierra y el
ejercicio de las industrias pecuarias en todas sus ramas, incluyendo, pero sin limitarse,
a la acuicultura, la apicultura y la avicultura.
f)
Agricultura orgánica: Sistema de manejo de suelo
que descansa en construir niveles de humus a través de rotación de cultivos,
reciclaje de desperdicios orgánicos, y la aplicación de enmiendas al terreno y
que usa, cuando sea necesario, controles biológicos o mecánicos con un efecto
adverso mínimo a la salud y al medio ambiente.
g)
Agricultura sustentable: Sistema de prácticas
agropecuarias, incluyendo el uso de tecnología basado en ciencia e investigaciones
que permite obtener alimentos seguros y saludables, así como fibras y biocombustibles
abundantes para atender la demanda, actual y futura, de forma económicamente
viable, en armonía con el medio ambiente, sin impactar adversamente el recurso
suelo, agua y aire, al tiempo que mejora el hábitat (flora y fauna), el
bienestar del ser humano y el entorno rural.
h)
Agropecuarios: Que tiene relación con la
agricultura y la crianza de animales.
i)
Animales
pecuarios: Incluye todas las
clases de ganado vacuno, lechero y de carne; ganado porcino; ganado caballar,
asnal y mular; ganado cabrío; ganado ovejuno; conejos, y aves dedicadas a la
producción comercial de carne y huevos.
j)
Autoridad: Autoridad de Tierras de Puerto Rico,
creada en virtud de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada,
conocida como la “Ley de Tierras de Puerto Rico”.
k)
Componentes: La Autoridad de Tierras y sus
subsidiarias; la Corporación de Seguros Agrícolas; y la Administración para el
Desarrollo de Empresas Agropecuarias.
l)
Departamento: Departamento de Agricultura, según
reorganizado mediante este Plan.
m)
Inspector: Funcionario del Departamento con poderes
y facultades para investigar, fiscalizar y hacer cumplir las leyes y la
política pública inherentes a la agricultura en Puerto Rico, así como los
reglamentos promulgados por el Secretario de Agricultura.
n)
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme: Ley
Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico”.
o) Marbete: Todo material escrito, impreso o grabado que aparezca en el recipiente
o envase en que se distribuya un alimento comercial, o que en cualquier forma
lo acompañe.
p)
Mercado agrícola: Sitio o facilidades usadas para vender,
almacenar, reunir, clasificar, empacar, elaborar o en cualquier otra forma
manipular productos agrícolas.
q)
Persona: Cualquier
individuo, sociedad, asociación, sociedad cooperativa, corporación, municipio, subdivisión política, institución, corporación pública o cualquiera otra forma de organización legal.
r)
Plan: Plan de Reorganización del Departamento de
Agricultura de 2010.
s) Producto
agrícola: Todo aquello que se obtiene del ejercicio de la actividad agropecuaria
y la jardinería para uso y consumo del hombre y de los animales pecuarios,
tales como alimento, fibra, biocombustible y ornamentales, incluyendo sus
productos derivados, bien sean frescos o en cualquier forma de elaboración o de
conservación; así como los productos derivados de la ganadería en todas sus
ramas, incluyendo la apicultura y la avicultura.
t)
Secretario: Secretario del Departamento de
Agricultura.
u)
Subsidiarias: Aquellas corporaciones públicas
creadas o por crearse por la Junta de Gobierno de la Autoridad mediante resolución.
Artículo
4.-Términos utilizados.
Toda
palabra usada en singular en este Plan, se entenderá que también incluye el
plural cuando así lo justifique su uso, y de igual forma, el masculino incluirá
el femenino, o viceversa.
CAPÍTULO II
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Artículo 5.-Creación del Departamento de Agricultura.
Mediante
este Plan, se crea el Departamento como el organismo dentro de la Rama
Ejecutiva responsable de implantar la política pública y de establecer y llevar
a cabo, por sí o a través de sus componentes, planes y programas dirigidos a
promover, desarrollar y acrecentar la economía agropecuaria, de acuerdo con los
poderes, facultades y funciones que le son conferidos por la Constitución, este
Plan y las leyes vigentes aplicables.
Artículo 6.-Composición del Departamento.
El
Departamento quedará constituido de la siguiente forma:
(a) el propio Departamento de Agricultura;
(b)
la Autoridad de Tierras y sus subsidiarias;
(c)
la Corporación de Seguros Agrícolas; y
(d) la Administración para el Desarrollo de
Empresas Agropecuarias, creada en virtud de este Plan.
Los
componentes del Departamento le responderán directamente
al Secretario en aspectos programáticos, de política pública, coordinación,
supervisión, evaluación y auditoría.
Artículo 7.–Facultades, funciones y deberes del Departamento.
El
Departamento tendrá, entre otras, las siguientes facultades y deberes
generales:
(a)
recomendar e implantar la política pública
agropecuaria, así como establecer, dirigir, coordinar, planificar, supervisar,
evaluar planes y programas con el propósito de promover, desarrollar y
acrecentar la economía agropecuaria;
(b)
organizar los sectores
agropecuarios para atender efectivamente los mercados locales, nacionales e
internacionales de productos de Puerto Rico, evaluando y promoviendo un sistema
distributivo de los mismos; recolectar, compilar y difundir datos relativos a
los mercados de productos agrícolas y derivados de éstos en los puntos de
venta y practicar, además, investigaciones concernientes al mecanismo de
distribución y comercialización de los productos de Puerto Rico en los
mercados;
(c)
tomar medidas para evitar la entrada y propagación
de plagas y velar por la inocuidad de alimentos;
(d)
evitar la introducción y mantener el control en
Puerto Rico de agentes causantes de enfermedades en las plantas, de insectos u
otros enemigos perjudiciales a las plantas;
(e)
velar, en cooperación con las autoridades cuarentenarias
federales, por el estricto cumplimiento de los Reglamentos Federales sobre
inspección y sanidad vegetal que se extendieren a Puerto Rico, y cumplirá los
reglamentos que se dicten por el Secretario;
(f)
inspeccionar la salud animal en proyectos
pecuarios;
(g)
fiscalizar la integridad en el mercado de insumos
agrícolas;
(h)
estudiar y hacer investigaciones relacionadas con
los problemas, necesidades, estrategias, planes y programas de los sectores
agropecuarios y de las distintas empresas que los constituyen;
(i)
promover, fomentar y facilitar el establecimiento y
operación de las empresas agropecuarias mediante el uso adecuado de
infraestructura, terrenos, seguros y tecnología disponible; y
(j)
buscar continuamente el desarrollo de mecanismos
que permitan aminorar o prevenir cualquier impacto adverso de las prácticas
agrícolas a la protección ambiental incluyendo, pero sin limitarse, al uso de
fuentes de energía renovables.
Artículo 8.-Facultades, funciones y
deberes del Secretario.
El Secretario, además de las facultades,
poderes y funciones que le otorgan la Constitución y las Leyes de Puerto Rico,
será responsable de poner en vigor las funciones del Departamento establecidas
en el Artículo 7 de este Plan.
El Secretario representará al Gobernador de Puerto Rico
y lo asistirá en su función de dirección y supervisión de los organismos de la
Rama Ejecutiva que componen el Departamento. A tales efectos, el Secretario
recibirá y pondrá en vigor las facultades, deberes y funciones que el
Gobernador de Puerto Rico le encomiende o delegue. Además, tendrá las
siguientes facultades, funciones y responsabilidades generales:
(a)
dirigir, coordinar, administrar, supervisar y
evaluar el funcionamiento del Departamento y sus componentes y el cumplimiento
de éstos con las facultades y deberes que las leyes y reglamentos le imponen,
así como supervisar el cumplimiento de la política pública establecida;
(b)
adoptar, modificar y usar un sello oficial para el
Departamento;
(c)
proveer asesoramiento continuo al Gobernador y a la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico en todo lo relacionado a la formulación de
política pública para los sectores agropecuarios;
(d)
estudiar, diseñar y
determinar la estructura organizacional y de puestos del Departamento con la
coordinación, participación y asesoramiento de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, según se estime necesario, apropiado y
conveniente para el mejor descargue de las facultades y deberes que este Plan o
cualquier otra ley aplicable le impone;
(e)
evaluar y coordinar las prioridades programáticas y
presupuestarias del Departamento y de los organismos que lo componen, en forma
integral, y preparar y presentar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto de
Puerto Rico una petición presupuestaria anual para cada una de las oficinas y/o
programas del Departamento;
(f)
aprobar, adoptar, enmendar y
derogar aquellos reglamentos que sean necesarios, apropiados y convenientes
para el descargue de los deberes y facultades que este Plan y las leyes
aplicables le imponen al Departamento, a tenor con las disposiciones de la Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme. El Secretario deberá aprobar los
reglamentos a ser adoptados, enmendados y derogados por sus componentes, salvo
en el caso de la Autoridad y la Corporación de Seguros Agrícolas, que los
reglamentos deberán ser aprobados por sus respectivas Juntas de Gobierno;
(g)
recomendar, desarrollar e implantar planes
estratégicos, medidas y programas para atender las necesidades de los sectores
agropecuarios;
(h)
establecer mecanismos de enlace, coordinación y
participación con los programas y servicios relacionados con el sector
agropecuario integrados o bajo la jurisdicción de la Universidad de Puerto
Rico;
(i)
establecer acuerdos cooperativos, convenios,
contratos, mecanismos de enlace, alianza, coordinación y participación con
otras agencias del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno de los Estados
Unidos; así como con organismos públicos y privados cuya misión sea lograr o
contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico;
(j)
establecer, mediante reglamento, los requisitos y
los procedimientos para la expedición de licencias, certificaciones o
autorizaciones necesarias bajo las disposiciones de las leyes administradas por
el Departamento y sus componentes, salvo en el caso de la Autoridad y la
Corporación de Seguros Agrícolas, que los reglamentos deberán ser aprobados por
sus respectivas Juntas de Gobierno;
(k)
establecer, mediante
reglamento, los requisitos que regirán: (1) los servicios
de inseminación artificial para el mejoramiento de los ganados; (2) la
exportación e importación de plantas, semillas y animales; y (3) las normas que
crea necesarias para organizar institutos de agricultores y viajes de
observación y estudio de agricultores a otras jurisdicciones de los Estados
Unidos u otros países, seleccionar agricultores para participar en los
mismos, así como la forma en que se pagará, todo o en parte, los gastos de los
agricultores para estos propósitos;
(l)
podrá actuar, mediante la correspondiente
designación del Gobernador, como el funcionario estatal que tendrá a su cargo
administrar cualquier programa federal, conforme a lo dispuesto en este Plan y
las leyes aplicables;
(m)
expedir citaciones requiriendo la comparecencia de
testigos, toma de deposiciones y la producción de toda clase de evidencia
documental. Se establece, además, que el Secretario o su representante
debidamente autorizado, podrá tomar juramentos. El Secretario podrá comparecer
ante cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia y pedir que el Tribunal
ordene el cumplimiento de la citación. El Tribunal de Primera Instancia dará
preferencia al curso y despacho de dicha petición y tendrá autoridad para
dictar órdenes haciendo obligatoria la comparecencia de testigos o la
producción de cualesquiera datos o información que el Secretario o su
representante autorizado haya previamente requerido. El Tribunal de Primera
Instancia tendrá facultad para castigar por desacato la desobediencia de esas
órdenes. Cualquier persona podrá ser procesada y condenada por perjurio que
cometiere al prestar testimonio ante el Secretario;
(n)
negociar con los municipios del Gobierno de Puerto
Rico el traspaso de facilidades bajo la jurisdicción del Departamento, así
como la transferencia de todos los activos, obligaciones, propiedades y
asuntos relacionados;
(o)
requerir, cancelar o negar
licencias a las personas naturales o jurídicas que se dediquen al mercadeo o
administrar facilidades para mercadeo de productos agrícolas; inspeccionar los
mercados y productos agrícolas y ver que se cumpla con la ley y reglamentos
aplicables; cobrar cuotas o cargos por inspección y servicios de mercadeo
prestados por el Departamento o sus componentes; detener o inspeccionar a
cualquier persona o medio de transportación o carga que arribe a Puerto Rico de
cualquier sitio, siempre que hubiere causa probable para creer que dicha
persona o medio de transportación o carga, transporta, lleva o porta cualquier
producto agrícola en forma contraria a cualquier ley o reglamento; y requerir
la presentación para inspección de hojas de rutas, manifiestos, facturas,
conocimientos de embarques, conduces o cualesquiera otros documentos que se
relacionen a los productos agrícolas que arriben a Puerto Rico;
(p)
crear
y mantener un registro de certificadores de productos agrícolas orgánicos y
establecer, mediante reglamento, un procedimiento para certificar a los
productores, procesadores, manejadores y a cualquier persona que esté involucrada
en el mercadeo de productos agrícolas orgánicos; y
(q)
realizar todas aquellas otras funciones inherentes
a su cargo, necesarias, apropiadas y convenientes para el cumplimiento con los
propósitos de este Plan y cualquier ley aplicable.
Para el descargue efectivo de sus facultades, funciones
y responsabilidades, el Secretario podrá delegar la dirección y administración,
así como aquellas facultades, funciones y responsabilidades que estime propio
delegar, en los funcionarios de los distintos componentes y programas que
componen e integran el Departamento, mas no las facultades relacionadas con la
formulación de política pública y la promulgación de reglamentación, las cuales
no serán delegables.
Artículo 9.–Sanidad vegetal y veterinaria.
El Secretario estará facultado a establecer, mediante
reglamento, las medidas necesarias, apropiadas o convenientes para:
(a)
tomar las medidas necesarias de control
veterinario para la protección del ganado de Puerto Rico; evitar la
introducción y diseminación de enfermedades infecto-contagiosas entre los
animales en Puerto Rico; controlar, erradicar, reprimir y tratar plagas y
enfermedades de los animales pecuarios en Puerto Rico, así como diagnosticar,
haciendo exámenes clínicos y bacteriológicos de dichas enfermedades, y poner en
ejecución todas las leyes y reglamentos que se promulgaren al efecto;
(b)
registrar el nombre de la persona o firma
comercial que importe, exporte o trafique semen; aprobar licencias a estas
personas o firmas; inspeccionar los centros de producción de semen y los libros
de registros donde estén los historiales de las entradas y salidas del semen; y
promulgar reglamentación a estos efectos;
(c)
designar los peces,
incluyendo moluscos y crustáceos, anfibios, reptiles, aves silvestres, o de sus
huevos o crías que considere como perjudiciales a la agricultura, la
agropecuaria, horticultura, silvicultura o vida silvestre, o que constituyan un
riesgo o amenaza a la vida humana y prohibir su introducción, posesión, adquisición, venta o traspaso en Puerto
Rico. Todos los embarques de especies que hayan sido prohibidas expresamente
mediante reglamento deberán ser prontamente devueltos o destruidos con cargo al
importador o consignatario;
(d)
evitar la introducción en Puerto Rico de agentes
causantes de enfermedades en las plantas, de insectos u otros enemigos
perjudiciales a las plantas; para el control de plagas de insectos y
enfermedades de plantas en Puerto Rico; y
(e)
velar en cooperación con las autoridades cuarentenarias
federales, por el estricto cumplimiento de los Reglamentos Federales sobre
inspección y sanidad vegetal que se extendieren a Puerto Rico, así como velar
por el cumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 19 de 8 de mayo de 1973,
según enmendada, y los reglamentos que se adopten al amparo de la misma.
Nada de lo dispuesto en este Artículo se entenderá que
invalida o modifica alguna disposición de las leyes del Departamento de Salud o
de cuarentena, tanto animal como vegetal. Estas funciones podrán ser delegadas
por el Secretario a cualquiera de los componentes del Departamento, según lo
estime necesario, apropiado o conveniente.
Artículo 10.-Integridad Agrocomercial.
El Secretario estará facultado a establecer, mediante reglamento,
las medidas necesarias, apropiadas o convenientes para:
(a)
efectuar la inspección de todos los abonos,
primeras materias de abono, enmiendas de terreno, insecticidas, honguicidas
(substancias anticriptogámicas), y alimentos para animales que se importen,
manufacturen, expendan, manipulen o usen en Puerto Rico;
(b)
efectuar la toma de muestras oficiales en
relación con los productos anteriormente expresados a los efectos de verificar
su subsiguiente análisis en el laboratorio químico que el Departamento de
Agricultura sostiene para estos fines, y realizará todos aquellos actos y
gestiones que fueren necesarios para dar cumplimiento a las leyes y reglamentos
que se promulgaren para la reglamentación del uso, venta, manipulación,
fabricación, etc., de abonos, enmiendas de terreno, alimentos para animales y honguicidas
en Puerto Rico; y
(c)
mantener un registro en el cual se inscriban
todas las marcas relacionadas con los abonos comerciales o mezclados, primeras
materias de abono o enmiendas de terreno, así como de todos los alimentos
concentrados para animales pecuarios que se vendan o se importen para ser
usados en Puerto Rico.
Estas funciones podrán ser delegadas por el Secretario a
cualquiera de los componentes del Departamento, según lo estime necesario, apropiado
o conveniente.
Artículo 11.-Café.
El Secretario estará facultado a establecer, mediante
reglamento, las medidas necesarias, apropiadas o convenientes para:
(a)
prevenir el contrabando y la adulteración de
café; propender al desarrollo integrado de la zona cafetalera de Puerto Rico,
tanto en el aspecto agrícola como industrial;
(b)
examinar los libros, cuentas y cualquier otro
documento de los elaboradores, compradores, beneficiadores y torrefactores de
café, a fin de realizar investigaciones necesarias; inspeccionar almacenes
donde se conserva el café; reglamentar la compra, recibo, elaboración y venta
de café producidos por los caficultores en sus fincas y por los torrefactores;
y otorgar y reglamentar la concesión de licencias a los establecimientos
dedicados a la torrefacción del café;
(c)
establecer las disposiciones necesarias para
evitar la introducción ilegal a Puerto Rico de plantas, semillas o granos de
café o envases usados para café procedentes de países donde exista el insecto Stephanoderes
coffeae o cualquier otra plaga no endémica a Puerto Rico, o de cualquier otro
país en el cual se haya implantado plantas, semillas o granos de café
procedentes de dichos países; y
(d)
regular el mínimo y el máximo del importe del
derecho del café que se introduzca a Puerto Rico.
Estas funciones podrán ser delegadas por el Secretario a
cualquiera de los componentes del Departamento, según lo estime necesario,
apropiado o conveniente.
Artículo
12.-Laboratorios del Departamento.
El Secretario establecerá y mantendrá aquellos
laboratorios, veterinarios, químicos o analíticos que estime necesarios,
apropiados o convenientes para poner en vigor las disposiciones de este Plan y
de cualquier ley o reglamento aplicable. En caso de estimarlo necesario,
apropiado o conveniente, el Secretario podrá delegar en alguno de sus
componentes la administración y operación de dichos laboratorios.
Artículo 13.-Oficina central y oficinas regionales.
El
Secretario tendrá la facultad para determinar sobre el establecimiento,
eliminación y ubicación de regiones agrícolas y oficinas regionales, de acuerdo
a las necesidades y los sectores agrícolas de impacto, con el propósito de
ofrecer todos los servicios necesarios al agricultor y a la agroindustria. La
oficina central del Departamento, a la vez fungirá como la oficina regional
correspondiente a la región metropolitana, según la designe el Secretario.
El
Secretario tendrá la facultad de redistribuir los recursos físicos, económicos
y el capital humano del Departamento y sus componentes, a los fines de lograr
el funcionamiento eficiente de las oficinas localizadas en las regiones
agrícolas. Cada oficina regional contará con representación de los componentes
del Departamento, incluyendo sus servicios o programas para que esté capacitada
para funcionar como un centro de gestión única, tomando en consideración los
cultivos o empresas predominantes en el área específica servida y el potencial
para el establecimiento de nuevas empresas agroindustriales. Sin embargo, si
el volumen de casos, asuntos, o trámites lo permite, una oficina regional podrá
atender asuntos de más de una región.
Artículo 14.-Estudios o investigaciones.
El
Departamento podrá llevar a cabo y publicar toda clase de estudios o investigaciones
y recopilación de estadísticas sobre asuntos que le afecten o que propendan al
mejoramiento de la agricultura, ganadería, y las industrias y su economía. A
tales fines, podrá requerir la información que sea necesaria, apropiada y
conveniente para lograr tales propósitos y aprobar aquellas reglas y
reglamentos necesarios y razonables.
Artículo 15.-Inspección.
El
Departamento, representado por sus empleados, consultores, contratistas o
agentes, debidamente identificados podrá, luego de mostrar las debidas
credenciales y en horarios razonables, entrar, acceder y examinar cualquier
propiedad, incluyendo, pero sin limitarse, a los establecimientos, locales,
almacenes, equipo, facilidades, ubicados en la misma y los documentos de
cualquier persona, entidad, firma, agencia, negocio, corporación o
instrumentalidad gubernamental sujeta a su jurisdicción, con el fin de
investigar o inspeccionar el cumplimiento con las leyes y reglamentos
aplicables. Si los dueños, poseedores o sus representantes, o funcionario a
cargo rehusaren la entrada o examen, el representante del Departamento prestará
declaración jurada a cualquier juez del Tribunal de Primera Instancia, haciendo
constar la intención del Departamento y solicitando permiso de entrada a la
propiedad.
El
juez, luego de que examine la prueba, si lo cree pertinente, deberá expedir una
orden autorizando a cualquier representante del Departamento a entrar a la
propiedad que se describe en la declaración jurada y que se archiven los
originales de los documentos en la Secretaría del Tribunal y estos documentos
se considerarán públicos. El representante autorizado del Departamento mostrará
copia de la declaración jurada y de la orden a las personas, si alguna, que se
encuentren a cargo de la propiedad.
CAPÍTULO III
Administración
PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS AgropecuariAS
Artículo 16.–Creación de la Administración para el
Desarrollo de Empresas Agropecuarias.
Se
crea la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, adscrita
al Departamento como uno de sus componentes programáticos y operacionales, que
tendrá como política pública el fortalecimiento y apoyo al rol del agricultor
como figura importante y fuerza motora en el desarrollo de nuestros servicios
agrícolas. A tales fines, tendrá como propósito propiciar la estabilidad y
permanencia del agricultor en la explotación de su finca, operación o empresa
agropecuaria a través de, entre otros mecanismos o servicios, subsidios,
incentivos y reembolsos de pago de salario suplementario para realizar
prácticas conducentes a una mayor y mejor producción agrícola.
Además,
tendrá la responsabilidad de administrar las asignaciones de fondos
gubernamentales para el pago de incentivos, subsidios y reembolso de pagos del
salario suplementario a los agricultores y para llevar a cabo cualesquiera
otras actividades y acciones relacionadas o de naturaleza similar que propendan
al fomento de la agricultura. También, tendrá como propósito proveer toda clase
de servicios, con o sin subsidios económicos, para promover el desarrollo de
las empresas agropecuarias y de la agricultura en general.
La
Administración tendrá autonomía fiscal y operacional, y recibirá el apoyo
administrativo del Departamento. Esta será dirigida por un Administrador, a tono con lo dispuesto en
este Plan. El Secretario implantará
la política pública de la Administración y aprobará las normas, reglas y
reglamentos necesarios, apropiados y convenientes para ejercer los poderes y
cumplir con los propósitos de este Plan y de cualquier ley aplicable.
Artículo 17.–Nombramiento, poderes y deberes del
Administrador.
El Secretario nombrará un Administrador, y fijará su
salario que no excederá al correspondiente a un Secretario de Gobierno. Este
desempeñará su cargo a voluntad del Secretario y representará a la
Administración, bien personalmente o a través de un representante autorizado,
en todos los actos y contratos en que la Administración sea parte. El
Secretario podrá delegar en el Administrador y éste, a su vez, en otros empleados
de la Administración, aquellos poderes y deberes que estime necesarios, excepto
el poder de reglamentar. Disponiéndose que no podrá
desempeñar un Cargo Ejecutivo en la Administración persona alguna que tenga
interés económico, directo o indirecto, en alguna empresa privada para la cual
la Administración haya suministrado capital, o que esté en competencia con
alguno de los negocios a que se dedique la Administración, o para los cuales
ésta haya suministrado capital.
Artículo 18.-Facultades, poderes y deberes
generales de la Administración.
La
Administración tendrá y podrá ejercer todas las facultades y poderes que sean
necesarios, apropiados o convenientes para llevar a cabo la política pública,
incluyendo, sin que se entienda como una limitación, los siguientes:
(1)
demandar y ser demandada, denunciar y ser
denunciada, querellar y defenderse y comparecer a los tribunales por derecho
propio;
(2)
adoptar, modificar y usar un sello del cual se
tomará conocimiento judicial;
(3)
adquirir los bienes muebles, equipo y materiales
necesarios para su funcionamiento;
(4)
comprar, vender, reproducir, promover, crear,
adquirir, construir, poseer, explotar, desarrollar, mantener, reparar,
administrar, estudiar, disponer, ceder, usar, conceder o tomar en calidad de
préstamo o arrendamiento e imponer cualquier gravamen en relación con
propiedades muebles e inmuebles, utilizar éstas como garantía de cualquier otra
acción relacionada con dineros, productos agrícolas, servicios, facilidades,
equipo, materiales, maquinaria, cosechas, animales, edificaciones o
cualesquiera otras propiedades, productos, negocios, operaciones, condiciones,
medios o facilidades necesarias o útiles para la producción, distribución,
conservación, elaboración, empaque, transportación, almacenamiento, compra,
venta, disposición, o cualesquiera otras actividades de o relacionadas con
productos o subproductos de la agricultura o productos necesarios o útiles para
la agricultura, en la acepción más amplia de dicho término;
(5)
facilitar a los agricultores el acceso al crédito y
financiamiento en condiciones adecuadas y de acuerdo a los recursos
disponibles;
(6)
promover el mercadeo y el consumo de los productos
agropecuarios locales frescos e industrializados;
(7)
establecer acuerdos cooperativos, convenios,
contratos, mecanismos de enlace, alianza, coordinación y participación con
otras agencias del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno de los Estados
Unidos, así como con organismos públicos y privados, cuya misión sea lograr o
contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico;
(8)
aceptar donaciones o fondos por concepto de
subsidios, asignaciones, anticipos, préstamos u otros beneficios análogos de
entidades gubernamentales federales, estatales y municipales y de personas y
entidades privadas para llevar a cabo sus fines; y celebrar convenios con tales
entidades gubernamentales o personas y entidades privadas para el uso de tales
donaciones o fondos;
(9)
tener plenos poderes para dar cumplimiento a la
política agropecuaria del Gobierno de Puerto Rico, según queda establecida en
este Plan, así como fomentar el desarrollo de la agricultura, horticultura, silvicultura,
ganadería e industria y comercio, incluyendo agroturismo o turismo rural, así
como las artesanías relacionadas. Podrá solicitar el asesoramiento del
Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación o cualquier otra
agencia cuyo asesoramiento estime necesario, apropiado o conveniente para el
fin perseguido;
(10)
hacer contratos, formalizar y otorgar todos los
instrumentos que fueren necesarios o convenientes en el ejercicio de cualquiera
de sus poderes;
(11)
suscribir, adquirir, poseer y disponer de acciones
de corporaciones y de sociedades cooperativas que se dediquen a la producción
de equipo o producción o mezcla de materiales necesarios para la agricultura; o
que se dediquen a la producción, elaboración industrial, compra, empaque, o
venta de productos agropecuarios o derivados de éstos. La Administración queda
facultada para ejercer y cumplir todos los poderes y deberes inherentes a su
título sobre dichas acciones;
(12) tomar dinero a préstamo, recibir fondos,
donaciones, subsidios, asignaciones, anticipos, préstamos u otros pagos
análogos o ayuda del Gobierno Federal, estatal, de los municipios, de personas
particulares, de bancos, o de otras entidades privadas o gubernamentales para
llevar a cabo sus fines, y entrar en convenios con tales gobiernos, agencias,
bancos u otras entidades privadas o gubernamentales para el uso de tales fondos
o ayuda, incluyendo el hacer aportaciones a tales fondos en una forma que no
sea contraria a los propósitos y al espíritu de este Plan;
(13) fomentar y desarrollar mercados agrícolas;
establecer facilidades para el mercadeo de productos agrícolas; poseer y
administrar mercados agrícolas en o fuera de Puerto Rico; adquirir, poseer y/o
administrar propiedades y empresas industriales o comerciales relacionadas con
el mercadeo de productos agrícolas; llevar a cabo investigaciones científicas
sobre mercados agrícolas y de facilidades para nuevos mercados y mercados ya
existentes;
(14) establecer un
programa de ayudas económicas, ayudas técnicas, pago de incentivos, subsidios,
reembolso del salario suplementario a los agricultores, prestación de servicios
y otras medidas para el desarrollo agropecuario, de conformidad con la política pública
establecida, y para propiciar la estabilidad y permanencia del agricultor en la
explotación de su finca, operación o empresa agropecuaria. La Administración
establecerá por reglamento las normas, criterios y procedimientos que regirán
la concesión de subsidios e incentivos y tendrá la responsabilidad de
administrar las asignaciones de fondos gubernamentales para el pago de los
mismos;
(15) promover el consumo de los
productos agrícolas de Puerto Rico y el mercadeo ordenado de los productos
agrícolas; proveer toda clase de servicios necesarios en los procesos de
distribución y mercadeo de los productos agropecuarios, con o sin subsidios;
(16) proveer ayuda económica a
los agricultores para: (a) el pago de seguros agrícolas siempre que, a juicio
del Administrador o de su representante autorizado, el agricultor no pueda
pagarlo por sí mismo; (b) que los agricultores realicen pruebas de adaptación,
desarrollo o compra de maquinaria y equipo necesario o útil para la producción,
elaboración o mercadeo de productos agrícolas y fomentar el desarrollo de
proyectos agroindustriales; (c) el adiestramiento, en o fuera de Puerto Rico,
de agricultores, empleados, trabajadores o profesionales, al servicio directo
de la agricultura, o para servir posteriormente a la agricultura en cualquier
materia relacionada con la producción, mercadeo o elaboración de productos
agrícolas;
(17) reglamentar la prestación de todo servicio,
crédito o arrendamiento de propiedad mueble e inmueble, incluyendo maquinaria y
equipo, que se otorgue a cualquier agricultor o empresa agropecuaria, de manera
que la referida prestación esté sujeta a que el beneficiario de la misma
utilice las mejores prácticas conocidas en la conservación del ambiente, de los
suelos, acuíferos, ríos subterráneos y aguas superficiales. Esa reglamentación
deberá establecer las normas de cumplimiento, así como las penalidades. No
obstante, la Administración queda facultada para suspender o cancelar
sumariamente cualquier prestación, de recibir evidencia mediante declaración
debidamente juramentada ante notario, de que el agricultor o empresa
agropecuaria esté llevando a cabo actos contrarios a la conservación del ambiente
o de los suelos;
(18) solicitar, inscribir, adquirir por compra y otro
medio legal y poseer, tener, usar, desarrollar, explotar y vender licencias y
derechos en relación con cualesquiera patentes, derechos de patentes, marcas de
fábrica, nombres mercantiles, símbolos, derechos de propiedad literaria,
derechos de sindicatos, inventos, descubrimientos, licencias, procedimientos y
fórmulas de cualquier clase, o de otro modo sacar provecho o disponer de los
mismos, bien se usen en relación con certificados de patentes o en otra forma o
se obtengan bajo los mismos, o a vender dichas licencias y derechos que sean de
su propiedad;
(19) dedicarse en escala comercial y semicomercial a
la producción, elaboración, mercadeo, y distribución de productos y subproductos
agropecuarios, o productos y subproductos relacionados con, o que sean
necesarios o convenientes para el desarrollo o promoción agropecuaria;
(20) proveer, mediante la compensación adecuada a
empresarios particulares que se dediquen a la producción, elaboración,
mercadeo, y distribución de productos y subproductos agropecuarios, o productos
y subproductos relacionados con, o que sean necesarios o convenientes para el
desarrollo o promoción agropecuaria, propiedades y facilidades que, a su
juicio, sean necesarias o convenientes para el mejor desarrollo de cada
negocio;
(21) establecer, para su propia operación o para
arrendar o vender a particulares, facilidades para la producción, elaboración,
mercadeo, y distribución de productos y subproductos agropecuarios, o productos
y subproductos relacionados con, o que sean necesarios o convenientes para el
desarrollo o promoción agropecuaria; alimentos en general; o de artículos y
equipos necesarios en la producción, elaboración, mercadeo, y distribución de
dichos productos y subproductos y alimentos;
(22) suscribir convenios con otras empresas privadas
o dependencias de los gobiernos federal o estatal para que las mismas lleven a
cabo proyectos de investigación científica relacionada con la producción,
elaboración, mercadeo, y distribución de productos y subproductos
agropecuarios, o productos y subproductos relacionados con, o que sean
necesarios, apropiados o convenientes para el desarrollo o promoción agropecuaria;
(23) prestar servicios y ayuda técnica, mediante
compensación o sin ella, así como arrendar y vender equipo o materiales a
personas o entidades dedicadas a actividades de producción, elaboración,
mercadeo, o distribución de productos o subproductos agropecuarios, o productos
o subproductos relacionados con, o que sean necesarios, apropiados o
convenientes para el desarrollo o promoción agropecuaria; o productos
necesarios en la producción, elaboración, mercadeo, y distribución de los
mismos;
(24) llevar a cabo directamente o mediante contrato
el desarrollo, la promoción, y la publicidad de las actividades, productos y
programas de la Administración;
(25) solicitar, obtener y/o recibir cualesquiera
fondos, donaciones o ayudas del gobierno federal; del Gobierno de Puerto Rico,
incluyendo sus instrumentalidades y subdivisiones políticas, o de fuentes
privadas para promover el mejoramiento económico y social de la zona rural de
Puerto Rico, proveyendo a sus residentes satisfacción a las necesidades propias
de una vida digna, de forma que se pueda conservar en nuestros campos una
población satisfecha y productiva bajo las condiciones que se establezcan en la
legislación, reglamentación, acuerdo o contrato aplicable;
(26) auspiciar proyectos originados bajo leyes
federales; actuar como agencia delegante o delegataria; y a supervisar la
utilización de los fondos así adquiridos. Esta autorización no se extiende a
aquellos programas federales donde se hubieren designado por ley otras agencias
del Gobierno de Puerto Rico como las agencias encargadas de participar en tales
programas, salvo que las funciones de éstas hayan sido transferidas a la
Administración;
(27) disponer de la manera que estime necesaria,
apropiada y conveniente de los ingresos provenientes de la operación de las
plantas de carbonato de calizo. Los balances no obligados al 30 de junio de
cada año fiscal que resulten de la operación de las plantas de carbonato
calizo, según se dispone en este inciso, serán ingresados en las cuentas de la
Administración;
(28) organizar los mercados,
interior y exterior, de productos agrícolas de Puerto Rico;
(29) prestar ayuda técnica y económica en calidad de
incentivos o subsidio; tramitar solicitudes de ayuda e incentivos de los
agricultores para la ampliación, mejoramiento, compra, arrendamiento o
construcción de mejoras permanentes y equipo para capital de operación, así
como ayudar en el pago de seguros agrícolas o de otra índole a aquellas
personas y empresas cuyas condiciones económicas no les permitan tal gasto;
(30) realizar pruebas de adaptación y desarrollo de
maquinaria y equipo necesario o útil a la producción, cosecha, elaboración,
mercadeo de productos; y
(31) ofrecer servicios de mejoras permanentes, tales
como: reparación de viviendas, construcción de muros de contención en
residencias en peligro de derrumbarse y construcción de caminos para un fin
público, áreas recreativas, canchas, etc., sin que lo
anterior se entienda como una limitación, siempre que beneficien
a uno o más residentes y propenda al mejoramiento del
entorno agrícola y al desarrollo rural. En todo caso en
que se ofrezcan dichos servicios, deberá verificarse la condición económica
limitada de los residentes del área donde se realizará la construcción.
Artículo 19.-Transferencia de obligaciones, propiedades y
fondos.
Con relación a los poderes, facultades, activos, haberes y
obligaciones que se transfieren a la Administración, para los fines y
propósitos especificados, se traspasará a la Administración toda propiedad o
cualquier interés en ésta: récords, archivos y documentos, acreencias,
obligaciones y contratos de cualquier tipo; derechos y privilegios de cualquier
naturaleza, licencias, permisos y otras autorizaciones; los fondos asignados o
aquéllos a asignarse, y el personal necesario, según determinado por el
Secretario. Ninguna disposición de este Artículo se entenderá como que revoca,
modifica, altera, ratifica o invalida cualesquiera acuerdos, convenios,
reclamaciones o contratos otorgados por los funcionarios responsables de los
programas, actividades y funciones que por este Plan se transfieren que estén
vigentes al momento de empezar a regir el mismo.
Artículo 20.-Estudios o investigaciones.
La
Administración podrá, con la aprobación del Secretario, llevar a cabo y
publicar toda clase de estudios o investigaciones y recopilación de
estadísticas sobre asuntos que le afecten o que propendan al mejoramiento de la
agricultura, ganadería, y las industrias agropecuarias y su economía y, a tales
fines, podrá requerir la información que sea necesaria, apropiada o conveniente
para lograr tales propósitos, y adoptar aquellas reglas y reglamentos
necesarios y razonables.
Artículo
21.-Reglamentación.
La
Administración está facultada para, a tenor con las disposiciones de la Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme y previa aprobación del Secretario,
adoptar, enmendar y derogar aquellos reglamentos que sean necesarios,
apropiados o convenientes para el descargue de los deberes y facultades que
este Plan o las leyes aplicables le imponen.
Artículo 22.-Cuentas, desembolsos y sistema de contabilidad.
Todos
los dineros de la Administración se depositarán en depositarios reconocidos
para los fondos del Gobierno de Puerto Rico, pero se mantendrán en cuenta o
cuentas separadas inscritas a nombre de la Administración. Los desembolsos se
harán por la Administración de acuerdo con sus reglamentos y presupuesto. La
Administración tendrá un sistema de contabilidad para el adecuado control y
registro de todas sus operaciones. Las cuentas de la Administración se llevarán
de forma que puedan segregarse por actividades.
Artículo 23.-Adquisición de bienes y
expropiación.
(a)
la Administración podrá adquirir por cualquier
medio legal, incluyendo la expropiación forzosa, cualquier propiedad o interés
sobre cualesquiera propiedades que sean necesarias o convenientes para llevar a
cabo los fines de este Plan o para cumplir las encomiendas que se le hagan por
la Asamblea Legislativa al asignarle fondos, y dichas propiedades o intereses
se declaran de utilidad pública, a todos los fines que se le encomiendan en
este Plan y las leyes estatales sobre expropiación forzosa, título de cualquier
propiedad inmueble o interés sobre la misma que fuere necesario o conveniente
para los fines de la Administración, y ésta pagará por toda la referida
propiedad inmueble;
(b)
todas las obras y proyectos que lleve a cabo la
Administración, a tenor de lo dispuesto en este Plan y todos los bienes muebles
e inmuebles; y todo derecho o interés en la propiedad de los mismos, necesarios
para los fines enunciados, que se adquieran por el procedimiento de
expropiación forzosa se declaran de utilidad pública, y dichos bienes muebles o
inmuebles y cualquier derecho o interés en los mismos podrán ser expropiados
sin la previa declaración de utilidad pública prevista en la Sección 2 de la
Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimientos
Legales Especiales”, que autoriza la expropiación forzosa de la propiedad
particular.
(c)
en cualquier caso en que la Administración haya
adquirido poder de posesión de cualquier terreno durante el curso de un
procedimiento de expropiación forzosa antes de la sentencia final, y en que la
Administración quede obligada a pagar la cantidad que se conceda finalmente
como compensación, la Administración podrá destruir estructuras edificadas en
tales terrenos, y construir edificios u obras públicas sobre tales terrenos.
Artículo 24.-Cesión de bienes a la
Administración.
El
Gobernador de Puerto Rico queda autorizado para ceder y aplicar, para los usos
y fines de la Administración con o sin retribución alguna, cualquier propiedad
inmueble o interés sobre la misma, que actualmente pertenezca o pueda
pertenecer en el futuro al Gobierno de Puerto Rico, que él encuentre sea necesaria
o conveniente para los fines de la Administración. Disponiéndose, que no se hará
tal cesión o aplicación excepto con el consentimiento del departamento o
agencia con jurisdicción y dominio sobre tal propiedad. No obstante, cualquier
disposición de ley en contrario, todos los municipios y subdivisiones políticas
de Puerto Rico quedan autorizados para ceder y traspasar a la Administración, a
solicitud de ésta y bajo términos y condiciones razonables, cualquier propiedad
inmueble o interés sobre la misma (incluyendo bienes raíces ya dedicados a uso
público) que la Administración crea necesaria o conveniente para realizar sus
fines.
CAPíTULO IV
TRANSFERENCIA DE PODERES A LA POLICÍA DE PUERTO RICO
Artículo 25.-Transferencia de poderes.
Se le transfiere a la Policía de Puerto Rico las facultades poderes y deberes concedidos al Departamento bajo la
Ley Núm. 157 de 11 de agosto de 1995, conocida como la “Ley para reglamentar la
operación de negocios dedicados a la venta, alquiler y ciertos entrenamientos
de perros de seguridad y perros guías”.
A
partir de la aprobación de esta Ley, el Superintendente de la Policía de Puerto
Rico asumirá las facultades, deberes, potestades, responsabilidades y
obligaciones que la mencionada Ley Núm. 157 de 11 de agosto de 1995, le
confería al Secretario de Agricultura.
Artículo 26.-Transferencia de récords, archivos y
documentos.
Con relación a los poderes, facultades, haberes y
obligaciones que se transfieren a la Policía de Puerto Rico, para los fines y
propósitos especificados, se transferirán a la Policía de Puerto Rico todos
los récords, archivos y documentos, según determinado por el Secretario.
Como parte del proceso de la transferencia de funciones que aquí se
dispone, el Superintendente de la Policía realizará un análisis detallado de
las mismas para integrar y consolidar funciones, programas y actividades
similares para evitar la duplicación o redundancia de esfuerzos y maximizar la
utilización de recursos. Ninguna disposición de este Artículo se entenderá
como que revoca, modifica, altera, ratifica o invalida cualesquiera acuerdos,
convenios, reclamaciones o contratos otorgados por los funcionarios
responsables de los programas, actividades y funciones que por este Plan se
transfieren y que estén vigentes al momento de empezar a regir el mismo.
Todos los reglamentos, órdenes, resoluciones, cartas
circulares y demás documentos administrativos que gobiernan la operación de los
organismos del Departamento de Agricultura, que por esta Ley se transfieren a
la Policía de Puerto Rico y que estén vigentes al entrar en vigor el mismo,
continuarán vigentes hasta tanto éstos sean enmendados, derogados o
sustituidos.
CAPÍTULO V
MULTAS ADMINISTRATIVAS Y PENALIDADES
Artículo
27.-Multas administrativas.
El Secretario tiene la facultad de expedir
multas administrativas a cualquier persona que:
(a)
infrinja las
disposiciones de este Plan o de cualquier otra ley aplicable administrada por
el Departamento o sus componentes, los reglamentos adoptados por el
Departamento o sus componentes al amparo de este Plan o cualquier otra ley
aplicable, los permisos, licencias o autorizaciones o licencias expedidas por
el Departamento o sus componentes. Las multas administrativas no excederán de
cincuenta mil (50,000) dólares por cada infracción, entendiéndose que cada día
que subsista la infracción se considerará como una violación independiente;
(b)
dejare de cumplir con
cualquier resolución, orden o decisión emitida por el Departamento o sus
componentes. Las multas administrativas no excederán de cincuenta mil (50,000)
dólares por cada infracción, entendiéndose que cada día que subsista la
infracción se considerará como una violación independiente;
(c)
si se ha incurrido en
contumacia en la comisión de actos en violación las disposiciones de este Plan
o de cualquier otra ley aplicable, administrada por el Departamento o sus
componentes, los reglamentos adoptados por el Departamento o sus componentes al
amparo de este Plan o cualquier otra ley aplicable, los permisos, licencias o
autorizaciones o licencias expedidas por el Departamento o sus componentes,
podrá imponer una multa administrativa adicional de hasta un máximo de cien mil
(100,000) dólares, por cada violación.
El Departamento y sus componentes, según aplique,
establecerán, mediante reglamento, los parámetros y procedimientos para la
imposición de las multas administrativas establecidas en los incisos (a) a la
(c) de este Artículo, basado en la severidad de la violación, término por el
cual se extendió la violación, reincidencia, el beneficio económico derivado de
la violación y el riesgo o los daños causados a la salud y/o a la seguridad
como resultado de la violación. El importe de todas las multas administrativas
impuestas por el Departamento y sus componentes, al amparo de las disposiciones
de este Plan, ingresarán a las respectivas cuentas o fondos que el Secretario
del Departamento de Hacienda establezca, a pedido del Secretario.
Artículo
28.-Penalidades.
(a)
Toda persona que violente cualquier disposición
legal o reglamentaria establecida conforme a este Plan o que voluntaria o
maliciosamente desobedezca, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones
del Departamento o sus componentes, incurrirá en delito menos grave y estará
sujeta a lo dispuesto en el Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 149 de 18 de
junio de 2004, según enmendada.
(b)
Cuando la acción a que se refiere el párrafo
anterior sea ocasionada mediante intimidación, fuerza o violencia, la misma
constituirá delito grave de cuarto grado y estará sujeta a lo dispuesto en el
Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, según
enmendada.
Artículo 29.-Se enmienda el Artículo 2, inciso
b, de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como la
“Ley de Tierras de Puerto Rico”, para que lea:
“Artículo 2.-Autoridad de Tierras--Creación; subsidiarias; Junta de
Gobierno.
(a) ...
(b) Los poderes de la
Autoridad y los de cada una de sus subsidiarias se ejercerán y sus políticas
generales se determinarán por una Junta de Gobierno (en adelante llamada la
"Junta"), compuesta del Secretario de Agricultura, quien será su
Presidente, y seis (6) miembros adicionales que nombrará el Gobernador de
Puerto Rico y desempeñarán sus funciones como tales a voluntad de la autoridad
nominadora y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus
cargos. De los referidos seis (6) miembros adicionales, tres (3) serán
nombramientos ex officio; éstos son el Secretario(a) del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, el Presidente(a) del Banco Gubernamental
de Fomento y el Presidente(a) del Banco de Desarrollo Económico para Puerto
Rico o sus respectivos representantes autorizados, quienes serán
específicamente designados por notificación previa al Secretario y deberán ser
funcionarios que respondan directamente a quien representan y se hagan
responsables de las decisiones y determinaciones que se tomen en la Junta. Los
tres miembros restantes serán nombrados en representación del sector agrícola y
agro-industrial de Puerto Rico por el término de cuatro (4) años. Todo
nombramiento de reemplazo de dichos miembros será por similar término de cuatro
(4) años. Los citados miembros de la Junta no recibirán compensación por sus
servicios como tales. La Junta podrá adoptar las reglas, reglamentos, y procedimientos
que creyere necesarios o convenientes para conducir su negocio y ejercer los
poderes de la Autoridad y sus corporaciones subsidiarias. Los reglamentos de la
Autoridad y los de cada una de las subsidiarias, los cuales serán aprobados por
la Junta, podrán disponer que se deleguen en los directores ejecutivos, o en
otros funcionarios, agentes o empleados, aquellos poderes y deberes de la
Autoridad y de las subsidiarias que la Junta estime propios.
….”
Artículo 30.-Se enmienda el Artículo 4 de la
Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley de
Tierras de Puerto Rico”, para que lea:
“Artículo 4.-Autoridad de Tierras—Directores ejecutivos; términos de
cargos; deberes y poderes.
La Autoridad tendrá un Director Ejecutivo nombrado por la Junta, con la
aprobación del Gobernador de Puerto Rico, y cada una de sus corporaciones
subsidiarias tendrá un director ejecutivo nombrado por el Director Ejecutivo,
con la aprobación de la Junta. Cada director ejecutivo desempeñará el cargo a
voluntad de la autoridad nominadora. Cada director ejecutivo será el primer
funcionario ejecutivo de su organización respectiva, y desempeñará los deberes,
y tendrá las responsabilidades y autoridades que sean prescritas por la
autoridad nominadora.”
Artículo 31.-Se enmienda el Artículo 8 de la
Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley de
Tierras de Puerto Rico”, para que lea:
“Artículo
8.-Derechos y poderes generales.
La Autoridad de Tierras tendrá personalidad jurídica y por la presente
se le confieren, y tendrá y podrá ejercer todos los derechos y poderes que sean
necesarios o convenientes para llevar a efecto los propósitos mencionados,
incluyendo, mas sin limitar la órbita de dichos propósitos, los siguientes:
(a) …
…
(c) Formular, adoptar, enmendar y
derogar reglas y reglamentos para regir las normas de sus actividades en
general y ejercer y desempeñar los poderes y deberes que por ley se le conceden
o imponen; y una vez aprobadas y promulgadas; dichas reglas y reglamentos por
la Junta de la Autoridad tendrán fuerza de ley.
. . .
…
(v)
Llevar a cabo programas de desarrollo y fomento agrícola.
(v-1) …
…
(v-8) Adquirir y/o constituir servidumbres
agrícolas, adquirir derechos de desarrollos, etc.
(v-9) Se le transfiere a la Autoridad de
Tierras de Puerto Rico el programa de fincas tipo familiar creado por la Ley
Núm. 5 de 7 de diciembre de 1966, según enmendada, para ser administrado de
acuerdo con dicha ley y con las facultades concedidas a la Autoridad de Tierras
de Puerto Rico mediante la presente ley y se le transfieren todos sus activos,
tanto muebles como inmuebles, así como las obligaciones contraídas, sus archivos,
personal y los fondos remanentes de los asignados, así como asignaciones
subsiguientes para la administración de dicha ley y dichos fondos se
depositarán en el tesoro de la Autoridad.
(v-10) Se le transfiere a la Autoridad de
Tierras de Puerto Rico la titularidad de los terrenos poseídos por la Corporación
para el Desarrollo Rural, y sus activos, tanto muebles como inmuebles, así como
las obligaciones contraídas, sus archivos, personal y los fondos remanentes de
los asignados, así como asignaciones subsiguientes para la administración de
dicha ley y dichos fondos se depositarán en el tesoro de la Autoridad.”
Artículo 32.-Se enmienda el Artículo 2 de la
Ley Núm. 12 de 12 de diciembre de 1966, según enmendada, conocida como la “Ley
de Seguros Agrícolas de Puerto Rico”, para que lea:
“Artículo 2.-Creación y facultades para dedicarse al negocio de seguros
agrícolas.
Se establece, adscrita al Departamento de Agricultura de Puerto Rico,
una corporación que se conocerá como “Corporación de Seguros Agrícolas de
Puerto Rico”, la cual tendrá personalidad jurídica separada y distinta del
Gobierno de Puerto Rico y estará facultada para proveer seguros agrícolas a los
agricultores contra pérdidas o daños a plantaciones, cosechas, animales y demás
estructuras y equipo para usos agrícolas en fincas rústicas, causados por
peligros naturales, tales como ciclones, sequías anormales y enfermedades
incontrolables, cuando la Junta de Directores de la misma así lo entienda oportuno.
En el caso de otras estructuras y equipo para usos agrícolas en fincas
rústicas, se faculta a la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico para
proveer seguros contra pérdidas o daños causados por incendio. Se faculta
también a la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico a proveer seguros
de ingresos agrícolas a base de un plan de siembras que determine la Junta de
Directores de la misma mediante reglamento y que permita a los agricultores
recibir el por ciento que la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico
determine, de los gastos incurridos al momento de ocurrir la pérdida, o el por
ciento que la Corporación de Seguros Agrícolas de Puerto Rico determine cuando
los ingresos anuales recibidos de las operaciones agrícolas acogidas al Seguro
de Ingreso Agrícola bajo un plan de siembras determinado, sean más bajos que
los ingresos estimados para dicho seguro, incluyendo el riesgo económico
envuelto al venderse o liquidarse cada cosecha asegurada.
….”
Artículo 33.-Se enmienda el Artículo 5
de la Ley Núm. 12 de 12 de diciembre de 1966, según enmendada, conocida como la
“Ley de Seguros Agrícolas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 3.-Junta de Directores
La Corporación de Seguros Agrícolas será dirigida por
una Junta de Directores integrada por los siguientes cinco (5) miembros: el
Secretario de Agricultura, quien será su Presidente, el Decano de la Facultad
de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico,
un representante del Banco Gubernamental de Fomento debidamente designado por
el Presidente de dicha agencia, y dos (2) agricultores bona fide que sean
patrocinadores de los seguros que provee la Corporación, los cuales serán
nombrados por el Gobernador por un término de tres (3) años cada uno y hasta
que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión del cargo.
…
En caso de surgir una vacante antes de expirar el
término de nombramiento de los miembros de la Junta de Directores que sean
agricultores, el Gobernador extenderá un nuevo nombramiento por el
término no cumplido del miembro que ocasione la vacante. El Gobernador de
Puerto Rico podrá destituir a cualquiera de dichos miembros por ausencia
reiterada a las reuniones de la Junta de Directores, negligencia en el
desempeño de las funciones, convicción de delito grave o menos grave que
implique depravación moral o incapacidad total y permanente para el desempeño
de las funciones del cargo.
....”
Artículo 34.-Se enmienda el Artículo 5 de la
Ley Núm. 12 de 12 de diciembre de 1966, según enmendada, conocida como la “Ley
de Seguros Agrícolas de Puerto Rico”, para que lea:
“Artículo 5.-Director Ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas
de Puerto Rico.
El Secretario de Agricultura queda facultado para nombrar, con el
consentimiento de la Junta de Directores, el Director de la Corporación de
Seguros Agrícolas de Puerto Rico y delegar en él aquellas funciones y poderes
que estime convenientes. El Director Ejecutivo desempeñará tal cargo a voluntad
de la Junta de Directores de la Corporación; disponiéndose que tal prerrogativa
de la Junta Directores de la Corporación para remover de su cargo, por
cualquier razón, al Director Ejecutivo de la Corporación, estará sujeta,
limitada y condicionada a que deberá contar con el voto afirmativo de tres (3)
de sus cinco (5) directores, para que proceda tal destitución o remoción.
El Director Ejecutivo de la Corporación será el principal funcionario
ejecutivo de la Corporación y desempeñará aquellas labores, funciones, deberes,
y tendrá aquellas facultades, autoridades, prerrogativas, responsabilidades y
obligaciones que le sean asignadas, de tiempo en tiempo, por la Junta de
Directores de la Corporación o por los reglamentos y estatutos corporativos de la
Corporación; y será el(la) responsable de implementar la política, planes y
programas aprobados por la Junta de Directores de la Corporación. A solicitud,
disposición o discreción de la Junta de Directores de la Corporación podrá
asistir a las reuniones de la Junta de Directores, más no tendrá derecho a
voto. La administración, dirección y supervisión de los asuntos diarios de
negocios de la Corporación, incluyendo el reclutamiento, contratación y
supervisión de sus oficiales, empleados, agentes y profesionales, la compra de
sus equipos, maquinarias y propiedades y la habilitación y mantenimiento de sus
oficinas y locales de negocios, será de la única y exclusiva responsabilidad
del Director Ejecutivo.”
Artículo 35.-Se enmienda el Artículo 6 de la
Ley Núm. 12 de 12 de diciembre de 1966, según enmendada, conocida como la “Ley
de Seguros Agrícolas de Puerto Rico”, para que lea:
“Artículo
6.-Periodo prescriptivo.
Cualquier
acción judicial en reclamación de pérdidas tendrá un periodo prescriptivo de
dos (2) años contados desde la fecha de ocurrencia del evento que haya
ocasionado las pérdidas. Siempre que mediante el contrato de seguros o por
disposición reglamentaria se requiera arbitraje para determinar el monto de las
pérdidas, la solicitud por escrito del reclamante solicitando que se someta el
asunto a arbitraje y nombrando su árbitro, realizada a tiempo según los
términos del contrato de seguros, interrumpirá el periodo prescriptivo durante
el tiempo que dure dicho arbitraje. Lo aquí dispuesto en ninguna forma afectará
lo establecido en el Artículo 13 de esta Ley.”
Artículo 36.-Se enmienda el Artículo 1 de la
Ley Núm. 165 de 1 de diciembre de 2001, para que lea:
“Artículo 1.-La “Cuenta Especial del Arbitrio
de Azúcar” será depositada en el Fondo para la Innovación Tecnológica y
Promoción Agropecuaria, el cual será transferido a la Administración para el
Desarrollo de Empresas Agropecuarias y podrá ser administrado por el Fondo
Integral para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico (FIDA), mediante acuerdo
con el Secretario de Agricultura, para fomentar el desarrollo de la agricultura
en Puerto Rico.”
Artículo 37.-Se enmienda el Artículo 1 de la
Ley Núm. 166 de 1 de diciembre de 2001, para que lea:
“Artículo 1.-La “Cuenta Especial del Arancel del Café” será
depositada en el Fondo para la Innovación Tecnológica y Promoción
Agropecuaria, el cual será transferido a la Administración para el Desarrollo
de Empresas Agropecuarias y podrá ser administrado por el Fondo Integral para
el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico (FIDA), mediante acuerdo con el
Secretario de Agricultura, para fomentar el desarrollo de la agricultura en
Puerto Rico.”
Artículo 38.-Se enmienda el Artículo 7 de
la Ley Núm. 26 de 18 de marzo de 2008, para que lea:
“Artículo 7.- Fondo de Investigación
(a) Se
establecerá una “Cuenta Especial del Fondo de Financiamiento de la
Investigación” en la Administración para el Desarrollo de Empresas
Agropecuarias, que se nutrirá anualmente y a partir de la aprobación de esta
Ley, de una cantidad montante al tres por ciento (3%) del total
depositado en el Fondo para la Innovación Tecnológica y Promoción
Agropecuaria.”
Artículo
39.–Cláusula derogatoria.
Se
derogan las siguientes leyes:
a)
Ley Núm. 60 de 25 de abril de 1940, según
enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Agricultura”;
b)
Ley Núm. 154 de 12 de mayo de 1941;
c)
Ley Núm. 94 de 5 de mayo de 1948, según enmendada;
d)
Ley Núm. 21 de 21 de septiembre de 1949, según
enmendada;
e)
Ley Núm. 38 de 27 de marzo de 1951;
f)
Ley Núm. 50 de 5 de abril de 1951;
g)
Ley Núm. 167 de 30 de abril de 1951, según
enmendada, conocida como “Ley de Ligas Agrarias”;
h)
Ley Núm. 426 de 13 de mayo de 1951, según
enmendada, conocida como “Ley Azucarera de Puerto Rico”;
i)
Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1956;
j)
Ley Núm. 123 de 13 de julio de 1960;
k)
Ley Núm. 1 de 6 de diciembre de 1966, según
enmendada, conocida como “Ley del Programa del Mejoramiento de la Industria
Azucarera”;
l)
Ley Núm. 11 de 9 de diciembre de 1966, según
enmendada;
m)
Ley Núm. 63 de 30 de mayo de 1973, según enmendada,
conocida como “Ley de la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico”;
n)
Ley Núm. 33 de 7 de junio de 1977, según
enmendada;
o)
Ley Núm. 28 de 5 de julio de 1985, según
enmendada;
p)
Plan de Reorganización Número 1 de 1994; y
q) Ley
Núm. 41 de 3 de marzo de 2002.
Toda ley o parte de ley que esté en conflicto con las
disposiciones de esta Ley queda derogada.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
Artículo 40.-Leyes especiales.
Toda
ley que actualmente sea administrada o puesta en vigor por el Departamento de
Agricultura o sus componentes o que imponga cualquier tipo de responsabilidad o
brinde cualquier tipo de facultad al Departamento o al Secretario o a
cualquiera de sus componentes conforme al Plan de Reorganización Núm. 1 de
1994, y sobre la cual no se disponga de alguna otra manera mediante las
disposiciones de este Plan, se entenderá enmendada a los únicos fines de
transferir todas las facultades y responsabilidades en torno a implantar y
administrar política pública que actualmente ostente el Departamento o el
Secretario a la Administración bajo la supervisión directa del
Secretario. De igual forma, se entenderán enmendadas a los fines
de retener en el Departamento sus facultades y responsabilidades,
bajo dichas leyes, de fiscalizar y velar por el fiel cumplimiento de las
disposiciones de las mismas. Asimismo, el Secretario tendrá la facultad de
establecer en el Departamento y sus componentes aquella estructura
administrativa que sea necesaria para implantar las mismas.
Artículo 41.-Exenciones.
a) Se exime al Departamento y
sus componentes de las disposiciones de la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974,
según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios
Generales”. El Departamento y sus componentes establecerán su propio sistema
de compras y suministros y de servicios auxiliares; y adoptarán la
reglamentación necesaria para regir esta fusión dentro de sanas normas de
administración y economía. Además, la reglamentación que se adopte deberá
proveer para un sistema de compras y suministros eficiente y accesible al
sector agropecuario. Disponiéndose que, hasta tanto tal reglamentación sea
aprobada, el Departamento y sus componentes continuarán operando bajo las leyes
y reglamentos en vigor a la fecha de vigencia de este Plan.
b) El Departamento y sus
componentes estarán exentos de toda clase de contribuciones, derechos,
impuestos, arbitrios o cargos, incluyendo los de licencias, impuestos o que se
impusieren por el Gobierno de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de
éste sobre sus operaciones, propiedades muebles o inmuebles, capital, ingresos
y sobrantes. Se exime también al Departamento y sus componentes del pago de
toda clase de derechos, o impuestos requeridos por ley para el trámite de
procedimientos judiciales, la emisión de certificaciones en las oficinas y
dependencias del Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas y el
otorgamiento de documentos públicos y su registro en cualquier registro público
de Puerto Rico.
Artículo 42.-Casos pendientes.
Cualquier procedimiento administrativo, caso, querella o
acusación pendiente por violaciones a las leyes o parte de éstas, o reglamentos
derogados o afectados por este Plan, que ocurran con anterioridad a la fecha de
vigencia de este Plan, se seguirán tramitando por el Departamento o sus
componentes, según aplique, bajo las disposiciones legales aplicables vigentes
al momento de haberse cometido la violación. Ninguna acción civil radicada en
relación con la estructuración de cualquiera de las leyes, o partes de éstas,
derogadas o afectadas por este Plan, y en trámite antes de la fecha de vigencia
de este Plan o cualquier ley aplicable, quedará afectada por ninguna derogación
o modificación formulada por este Plan.
Artículo 43.-Solicitudes o asuntos
pendientes de trámite.
Cualquier solicitud de servicios, incentivos o
asunto administrativo de carácter no adversativo o de cumplimiento, debidamente
presentado y pendiente de trámite a la fecha de vigencia de este Plan, será
tramitado bajo las disposiciones de ley aplicables al momento de la
presentación de dicha solicitud.
Artículo 44.-Reglamentos, órdenes
administrativas, cartas circulares y memorandos.
Todos los reglamentos que gobiernan la operación de los organismos
que por este Plan se reorganizan y que estén vigentes al entrar en vigor el
mismo, en la medida que no sean contrarios a las disposiciones de este Plan,
continuarán vigentes hasta tanto los mismos sean enmendados, derogados o
sustituidos. De igual forma, cualquier
orden administrativa, carta circular, memorando o documento interpretativo del
Departamento o sus componentes sobre cualquier asunto cubierto por este Plan
emitido previo a la fecha de vigencia de este Plan deberá ser evaluado y
enmendado, según corresponda dentro del término de ciento
ochenta (180) días contados a partir de que entre en vigor este Plan. Cualquier orden administrativa, carta
circular, memorando o documento interpretativo que sea inconsistente con las
disposiciones de este Plan o los reglamentos que se adopten al amparo de la
misma, carecerá de validez y eficacia.
Artículo 45.-Presupuesto.
A partir de la aprobación de
este Plan, los presupuestos de la Corporación para el Desarrollo Rural y del
Departamento se consignarán de forma consolidada en el Presupuesto de Gastos
del Departamento, con la excepción de aquellos recursos que habrán de ser
transferidos a la Autoridad de Tierras, conforme a este Plan. Igualmente, a
partir de la aprobación de este Plan, el presupuesto de la Administración de
Servicios y Desarrollo Agropecuario será transferido a la Administración para
el Desarrollo de Empresas Agropecuarias. Para cada año fiscal, el Departamento
y la Administración, respectivamente presentarán su petición presupuestaria
ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto. A tales organismos les serán
asignados fondos para sus gastos y operación, de acuerdo con sus necesidades y
los recursos totales disponibles.
Todos los dineros que reciba el
Departamento en el cumplimiento de su tarea de implementar las disposiciones de
este Plan, de las fuentes que se especifiquen en la misma y de cualesquiera otras
fuentes, ingresarán en un fondo especial denominado como el Fondo para la
Innovación Tecnológica y Promoción Agropecuaria, a ser creado por el Secretario
del Departamento de Hacienda a favor del Departamento.
Artículo
46.-Capital Humano.
Se garantiza a todos los empleados en el servicio de carrera de los
componentes programáticos y operacionales a los cuales les aplican las
disposiciones de este Plan, el empleo, los derechos, privilegios y su
respectivo estatus relacionado con cualquier sistema de pensión, retiro o fondo
de ahorro, así como préstamos, a los cuales estuvieran acogidos al entrar en
vigor este Plan.
Ninguna disposición de este Plan se entenderá como que
modifica, altera o invalida cualquier acuerdo, convenio, reclamación o contrato
que los funcionarios o empleados responsables de los organismos que por este
Plan se reorganizan hayan otorgado y que estén vigentes al entrar en vigor el
mismo. Cualquier reclamación que se hubiese presentado por o contra dichos
funcionarios o empleados y que estuviere pendiente de resolución al entrar en
vigor este Plan, subsistirá hasta su terminación.
El Departamento y la Administración se regirán por lo
dispuesto en la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada, conocida
como “Ley del Sistema de Administración de Recursos Humanos”. Mientras que, la
Autoridad y sus subsidiarias estarán exentas de la aplicación de la Ley Núm.
184, antes citada.
Además, todos los empleados
pertenecerán automáticamente al Sistema de Retiro al que
tuvieran derecho, o cuyos beneficios estuvieran percibiendo al momento de la
aprobación de esta Ley.
Todos los reglamentos, órdenes, resoluciones, cartas
circulares y demás documentos administrativos que gobiernan la operación de los
organismos que por este Plan se reorganizan y que estén vigentes al entrar en
vigor el mismo, continuarán vigentes hasta tanto éstos sean enmendados,
derogados o sustituidos.
El Departamento y sus componentes establecerán su propio plan
de clasificación y su plan de retribución tomando en consideración las nuevas
funciones de las agencias y su organización interna; la disponibilidad de
fondos, la necesidad de reducir gastos administrativos y la eliminación de
duplicidad de funciones. Toda reclasificación, traslado o reubicación de
personal al amparo de este Plan se hará en estricto cumplimiento con lo
dispuesto en la Ley Núm. 184 de 1 de agosto de 2004, según enmendada,
disponiéndose que, las disposiciones de este Plan, ni las disposiciones de otra
ley general o supletoria podrán ser utilizadas durante el proceso de
reorganización como fundamento para el despido de ningún empleado o empleada
con un puesto regular de las agencias que mediante este Plan se reorganizan.
A
partir de la vigencia de este Plan cada componente reconocerá a la unión o
uniones que representen a sus empleados unionados respectivamente y asumirá el
convenio colectivo o los convenios colectivos vigentes a esa fecha hasta la
terminación de los mismos. El personal transferido entre componentes u otras
entidades gubernamentales que sean parte de una unidad apropiada de negociación
colectiva conservarán ese derecho y podrán constituirse en una nueva unidad
apropiada conforme a los procedimientos establecidos en dicha Ley y en la
jurisprudencia que la interpreta, tras una elección para seleccionar su
representante sindical. La clasificación, reclasificación y retribución de los
puestos se establecerá acorde con los planes de clasificación y retribución
aplicables.
Artículo 47.–Transferencia de Propiedad, Fondos, Capital Humano, etc.
A
partir de la vigencia de esta Ley, los fondos, empleados y materiales,
documentos, expedientes y equipo asignados a la Corporación para el Desarrollo
Rural y la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario serán
transferidos a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias o
al Departamento, según a cuál de estos componentes corresponde su área de
servicios o de política pública.
Toda
propiedad mueble o inmueble adquirida por la Corporación para el Desarrollo
Rural y la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario será
transferida a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias.
Respecto a la propiedad mueble, el Encargado de la Propiedad de cada una
emitirá un informe de propiedad juramentado, en el término de treinta (30) días
desde la aprobación de esta Ley y el Secretario deberá remitir dentro de este
término copia del mismo a la Asamblea Legislativa, al Departamento de Hacienda y
a la Oficina del Contralor, sin que esto sea excluyente del cumplimiento con
cualquier otra disposición similar, relacionada con la divulgación de informes
sobre la propiedad de las agencias o instrumentalidades que se establezca en
cualquier otra ley o reglamento.
Artículo
48.–Informes Anuales.
El
Secretario rendirá, cada año fiscal, un Informe al Gobernador, a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto y a la Asamblea Legislativa, el cual irá acompañado con
la presentación del Presupuesto de Gastos del Departamento. Estos Informes
contendrán la información en torno a sus gestiones, gastos, estudios e
investigaciones durante el año fiscal anterior. De igual forma, rendirá cuando
así lo estime o se le solicite, cualquier otro informe especial que sea conveniente
o que le sea requerido por el Gobernador o por la Asamblea Legislativa.
Artículo
49.–Divulgación.
Este
Plan y los impactos del mismo, constituyen información de interés público. Por
consiguiente, se autoriza al Consejo de Modernización de la Rama Ejecutiva, a
educar e informar a la ciudadanía sobre este Plan y su impacto. Es vital e
indispensable que la ciudadanía esté informada sobre los cambios en los deberes
y funciones de las agencias concernidas, los nuevos procedimientos a seguir y
los derechos y obligaciones de los ciudadanos.
Artículo 50.–Cláusula de salvedad.
Si
cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, capítulo, cláusula, frase o
parte de este Plan fuese declarada inválida o inconstitucional por un Tribunal
de jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectará,
perjudicará o invalidará el resto de este Plan, quedando sus efectos limitados
al artículo, apartado, párrafo, inciso, capítulo, cláusula, frase o parte de
este Plan que fuere así declarada inválida o inconstitucional.
Artículo 51.–Vigencia.
Este
Plan entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. El Gobernador
queda autorizado para adoptar las medidas de transición que fueran necesarias a
los fines de que se implanten las disposiciones de este Plan sin que se
interrumpan los servicios públicos y demás procesos administrativos de los
organismos que formarán parte del Departamento y sus componentes.
Las
acciones necesarias, apropiadas y convenientes para cumplir con los propósitos
de este Plan, tales como, pero sin limitarse a la revisión de reglamentos, establecimiento de su estructura interna, programática y
presupuestaria, así como la estructura de cuentas requerida para llevar a cabo
la contabilidad de sus fondos, reubicación de oficinas,
deberán iniciarse dentro de un periodo de tiempo que no excederá de treinta
(30) días naturales después de aprobado este Plan, en coordinación y con el
asesoramiento de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Notas
Importantes:
1. Esta ley es copia de la
ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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