Artículo
1.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según
enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 3.-Facultades y obligaciones generales.
Cualquier municipio podrá establecer un cuerpo de vigilancia y
protección pública que se denominará "Policía Municipal", cuya
obligación será prevenir, descubrir e investigar los delitos de violencia
doméstica, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de
1989, según enmendada, conocida como “Ley Para la Intervención con la Violencia
Doméstica”, investigar y procesar en todas sus modalidades los delitos de
acecho, escalamiento, agresión, apropiación ilegal y los delitos menos graves
conforme al Código Penal de Puerto Rico; y el delito de Posesión de Sustancias
Controladas bajo el Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según
enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, y
perseguir los delitos que se cometan dentro de los límites jurisdiccionales del
municipio correspondiente o aún fuera de éstos cuando sea necesario para
culminar una intervención iniciada en el municipio de su jurisdicción, y de
conformidad a la jurisdicción que se les concede en esta Ley; y compeler la
obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio
correspondiente. Se faculta al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a
emitir la certificación correspondiente a los miembros del Cuerpo de la "Policía
Municipal" que cumplan o hayan cumplido con los requisitos de
adiestramiento que se le ofrece a la "Policía Estatal", ya sea
mediante la convalidación de todos los adiestramientos o cursos que equiparen
con estos requisitos. Entendiéndose, que la certificación que emitirá el
Superintendente no implicará responsabilidad para el Gobierno de Puerto Rico
por actos u omisiones cometidos por un miembro del Cuerpo. El Superintendente
no acogerá solicitud alguna de certificación de aquellos municipios cuyas
Guardias Municipales y demás componentes relacionados con la salud, seguridad y
protección pública, no estén integrados a las disposiciones de los Artículos 1
y siguientes de la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, según enmendada.
Una vez certificados, los "Guardias Municipales" por el
Superintendente se conocerán como Policías Municipales y podrán actuar con la
misma autoridad y facultad como agentes del orden público que tiene la Policía
Estatal en todos aquellos poderes y responsabilidades contenidos en esta Ley.
Además, los Policías Municipales estarán facultados para realizar
investigaciones de conformidad a la jurisdicción que se les concede en esta
Ley. Los municipios que al momento de aprobarse esta Ley tengan operando
Cuerpos de Guardias Municipales tendrán dos (2) años para someter a éstos al
adiestramiento establecido en esta medida, de tenerse que extender este término
el mismo deberá ser hecho por el Alcalde con el consejo del Superintendente de
la Policía de Puerto Rico. Aquellos Guardias Municipales que no estén
certificados como Policías Municipales tendrán las facultades,
responsabilidades, funciones, deberes y derechos que ostentaban antes de la
creación de los Cuerpos de la Policía Municipal. Hasta tanto no sean
certificados por el Superintendente, les serán de aplicabilidad las
disposiciones reglamentarias vigentes antes de las enmiendas contenidas en esta
Ley. Entendiéndose, que tales disposiciones se harán formar parte del
Reglamento que por virtud de esta Ley se promulgue. El descargo de las nuevas
autoridades y funciones del Cuerpo de la Policía Municipal, una vez
certificados, serán las establecidas en esta Ley y se incluirán en el
Reglamento de la Policía Municipal. Una vez aprobado dicho Reglamento, los
Policías Municipales podrán ejercer las facultades que esta Ley les concede.
Las divisiones de investigación especializada serán de competencia
exclusiva de las Unidades de la Policía Estatal, el Departamento de Justicia u
otras agencias y el Gobierno Federal. No obstante, el Superintendente de la
Policía de Puerto Rico estará facultado para autorizar la creación de
divisiones especializadas en los Cuerpos de la Policía Municipal, previa
solicitud del municipio, el cual deberá acreditar la necesidad de la creación
de la misma y que cuenta con el personal y los recursos necesarios para su
funcionamiento. Los poderes y facultades adjudicados a la Policía Municipal no
restringen los poderes y obligaciones de la Policía de Puerto Rico, por lo que
en casos de conflicto de jurisdicción o competencia, siempre prevalecerá la
Policía Estatal. Disponiéndose, que bajo ningún concepto la Policía Municipal
podrá crear unidades de agentes encubiertos para el desempeño de los deberes y
obligaciones que esta Ley le impone.
El municipio que interese contar con una unidad especializada
previa autorización de la Legislatura Municipal, deberá someter la petición por
escrito al Superintendente. Este tendrá treinta (30) días, contados a partir
del recibo de la solicitud, para aceptar o denegar la misma. En caso de que
deniegue la misma, deberá explicar las razones para tal denegatoria y los
municipios adoptarán las recomendaciones y someterán nuevamente su solicitud
para la aprobación del Superintendente.
Estos cuerpos denominados "Policía Municipal" se
establecerán a solicitud del Alcalde mediante resolución aprobada al efecto por
la Legislatura Municipal. Todo cuerpo de "Policía Municipal" que se
establezca a partir del requisito de certificación y otorgamiento de los
poderes y responsabilidades como Guardia Municipal requerirá la ratificación
del Superintendente de la Policía de Puerto Rico. Lo establecido en esta
Sección no afectará derechos adquiridos conforme a los Reglamentos adoptados
por legislación. Respecto a la administración de los recursos humanos el Cuerpo
de la Policía Municipal, se regirá por lo dispuesto en esta Ley y la
reglamentación que en virtud de la misma se adopte.
Cualquier municipio podrá establecer programas preventivos
similares a los de la Policía Estatal, tales como la Liga Atlética Policiaca,
Calidad de Vida Escolar, De Vuelta a la Vida, Los Patrulleritos, Comunidad y
otros.
A los fines de garantizar que los municipios cuenten con los
mejores recursos disponibles se dispone que:
(a) Ninguna
persona realizará acto alguno que impida el nombramiento imparcial del personal
de la “Policía Municipal”, ni la aplicación de las disposiciones de esta Ley,
ni las reglas adoptadas con relación a los nombramientos. Tampoco hará ni
aceptará declaración, certificación o informe falso con relación a cualquier
examen, certificación o nombramiento hecho bajo las disposiciones de esta Ley o
de los Reglamentos adoptados en relación con la misma. Ninguna persona se hará
pasar por otra o permitirá o ayudará de modo alguno a que otra persona se haga
pasar fraudulentamente por ella en relación con cualquier examen, prueba oral o
escrita que se requiera para ingreso o ascenso en la Policía Municipal de
Puerto Rico.
(b) Cualquier
persona que violare el inciso (a) de esta Sección será culpable de delito menos
grave y convicta que fuere será castigada con multa no menor de quinientos
(500) dólares ni mayor de mil (1,000), o cárcel por un término que no excederá
los noventa (90) días, o ambas penas a discreción del Tribunal. Además, dicha
persona será considerada inelegible para nombramiento y prestación de servicios
de cualquier otra naturaleza en los departamentos, agencias,
instrumentalidades, corporaciones públicas y subdivisiones políticas del
Gobierno de Puerto Rico por un término de cinco (5) años a partir de la fecha
en que la sentencia sea final y firme. Si fuere un empleado o funcionario, o
prestare servicios de cualquier naturaleza en cualesquiera de las dependencias
antes mencionadas, quedará cesante tan pronto sea final y firme la sentencia.
(c) Constituirá
delito menos grave la intervención indebida de cualquier persona ajena a la
Policía Municipal que carezca de autoridad o facultad supervisora o nominadora
en la Policía Municipal, que utilizando ventaja político partidista o
influencias indebidas pretenda por motivos ajenos a los mejores intereses de la
Policía Municipal obtener ingreso, reingreso, ascenso, traslado, despido,
descenso o cualquier acción para el beneficio o perjuicio de algún miembro de
la Policía, y convicta que fuere, será sancionada con pena de multa no menor de
quinientos (500) dólares ni mayor de mil (1,000), o cárcel por un término que
no excederá los noventa (90) días, o ambas penas a discreción del Tribunal. No
se entenderá como intervención indebida el hacer recomendaciones o sugerencias
en relación con asuntos de carácter humanitario, social, de justicia o de
administración.”
Artículo
2.-Se enmienda la Sección 6 de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según
enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 6.-Poderes y responsabilidades.-
Además de los otros deberes que se impongan en virtud de otras
leyes, el Cuerpo de la Policía Municipal tendrá, dentro de los límites
territoriales del municipio correspondiente, los deberes que en virtud de esta Ley
se autoricen y de conformidad a la reglamentación adoptada en virtud de la
misma. A esos fines la Policía Municipal tendrá los siguientes poderes y
responsabilidades:
(a)
Cumplir y hacer cumplir la ley, proteger la
vida y la propiedad de los ciudadanos, velar por la seguridad y el orden
público, prevenir la comisión de actos delictivos y realizar investigaciones de
conformidad a la jurisdicción que se les concede en esta Ley. Además, podrán
en el desempeño de sus funciones y efectuar arrestos sin orden judicial como
funcionarios del orden público, según establecido en la Regla 11 de las de
Procedimiento Criminal vigentes.
(b)
Compeler la obediencia a las ordenanzas y
reglamentos promulgados por el municipio correspondiente y ofrecer la debida
orientación de las ordenanzas relacionadas con la seguridad y el orden
público.
(c)
Hacer cumplir las disposiciones de la Ley Núm.
22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocidas como "Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", exceptuando casos de accidentes fatales
o cuando hubiere grave daño corporal, y expedir los correspondientes boletos de
faltas administrativas de tránsito en caso de infracción a dichas disposiciones
y relativas a los límites de velocidad.
(d)
Ofrecer adecuada protección y vigilancia a la
propiedad municipal, sus edificios, oficinas y dependencias.
(e)
Establecer un servicio de patrullaje
preventivo.
(f)
Mantener la debida vigilancia en las áreas de
estacionamiento y zonas de cruces de escolares y dirigir el tránsito en
las áreas de mayor congestión vehicular.
(g)
Prestar la debida protección al público
reunido en las actividades recreativas, deportivas, sociales, cívicas y
religiosas que se celebren en el municipio y velar por el mantenimiento del
orden en tales actividades.
La Policía Municipal no podrá intervenir
ni prestar servicios como tal en ningún conflicto huelgario u obrero patronal,
excepto cuando el Superintendente de la Policía Estatal requiera sus servicios
o a tenor con lo dispuesto en la Sección 15 de esta Ley.
(h)
Hacer cumplir las disposiciones de las
Secciones 1 y siguientes de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 1969, que impone
penalidades por arrojar basura a las vías públicas o privadas. En todo caso en
que un Policía Municipal expidiere una infracción bajo este inciso, el setenta
y cinco (75) por ciento del total de las multas que se impongan por virtud de
este delito se remitirán al Municipio que originó la infracción.
(i)
No obstante lo dispuesto en las Secciones 1 y
siguientes de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, conocida como "Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, y sus reglamentos, o lo indicado por
luces y señales, cualquier miembro de la Policía Municipal, de ser necesario a
su juicio para despejar el tránsito congestionado de una vía pública, podrá variar
lo que en las mismas se indicare, y será la obligación de todo conductor de
vehículo de motor o peatón obedecer dicha orden o señal.
(j)
Los miembros de la Policía Municipal podrán
usar cualquier aparato electrónico o mecánico de reconocida exactitud a los fines
de determinar y comprobar la velocidad de los vehículos de motor que transitan
por las vías públicas.
(k)
Ninguna persona podrá voluntariamente
desobedecer o negarse a cumplir una indicación u orden legal que se imparta en
la forma dispuesta en esta Ley por un miembro de la Policía Municipal con
autoridad legal para dirigir, controlar o regular el tránsito. Toda persona
que incumpla con esta disposición incurrirá en delito menos grave, y convicta
que fuere será castigada con multa no menor de quinientos (500) dólares ni
mayor de mil (1,000), o cárcel por un término que no excederá los noventa (90)
días, o ambas penas a discreción del Tribunal.
(l)
Hacer cumplir las disposiciones dirigidas a
prevenir y combatir la violencia doméstica en Puerto Rico, contenidas en los
Artículos 1 siguientes de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según
enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la
Violencia Doméstica”, conforme los parámetros dispuestos en la misma.
(m)
Los municipios podrán crear divisiones de
investigaciones internas y en aquellos casos en que como resultado de una
investigación surja un motivo fundado en cuanto a la comisión de un delito,
deberán someter el asunto a la Policía de Puerto Rico y/o a cualquier otra
agencia pertinente.
(n) Realizar investigaciones criminales en los
delitos de violencia doméstica, conforme a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de
1989, según enmendada, investigar en todas sus modalidades los delitos de
acecho, escalamiento, agresión, apropiación ilegal y los delitos menos graves
conforme al Código Penal de Puerto Rico; y el delito de Posesión de Sustancias
Controladas bajo el Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971,
según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”.
A tales efectos, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, en conjunto
con los Comisionados de los Policías Municipales establecerán un protocolo en
el cual se dispondrán los acuerdos de intervención e investigación de los
delitos enumerados.
(o) Establecer acuerdos de colaboración con la
Policía de Puerto Rico, y/o las agencias de seguridad pública del Gobierno
Federal (task force) para efectuar aquellas tareas que dichas entidades
entiendan necesario delegarles. Disponiéndose, que en dichas circunstancias,
los miembros de la Policía Municipal estarán cubiertos por los mismos derechos
y garantías que le asisten a los Policías Estatales, y el Gobierno de Puerto
Rico vendrá obligado a responder por las actuaciones de estos, conforme a lo
establecido en esta Sección, los beneficios que les conceda el Gobierno de
Puerto Rico no afectará cualquier otro beneficio al que éstos tengan derecho en
el municipio donde presten servicios.
(p) Los municipios podrán contratar recursos
técnicos que faciliten la labor de investigación de los Policías Municipales.
Previo a la realización de los poderes y responsabilidades
contenidas en esta Sección, los miembros de la Guardia Municipal tendrán que
haber completado los cursos básicos del adiestramiento que ofrece el Colegio
Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico. Una vez completado el
adiestramiento, el Superintendente de la Policía certificará dichos miembros de
la Guardia Municipal como Policías Municipales.
La Policía Municipal podrá ejecutar las nuevas facultades y
poderes contenidas en esta Ley, en el Reglamento que se promulgue al efecto
excepto en las áreas en las que explícitamente estén excluidos por esta Ley y/o
por el Reglamento que se promulgue, una vez completados todos los requisitos de
adiestramientos igual al de la Policía Estatal y el Superintendente de la
Policía certifique tal hecho al Alcalde. Cuando los miembros de un Cuerpo de
la Guardia Municipal hayan cumplido, y así lo hagan constar, con todos los
requisitos vigentes con antelación al otorgamiento de las mismas facultades y
autoridad de la Policía Estatal, el Superintendente de la Policía Estatal podrá
convalidar los adiestramientos y certificar, o en su lugar, requerirá que se
completen los mismos antes de certificar. Aquellos Policías Municipales con
cinco (5) o más años de servicio en labores de supervisión y que ostenten un
rango, a solicitud del Alcalde serán certificados sin necesidad de tener que
tomar algún curso adicional.
Será responsabilidad del Municipio cubrir todos los gastos
relacionados con el adiestramiento inicial y subsiguientes para capacitar los
miembros de la Policía Municipal que ingresen en dicho Cuerpo a partir de la
aprobación de esta Ley, los cuales recibirán un adiestramiento igual al de la
Policía de Puerto Rico.”
Artículo 3.-Se añade un segundo párrafo a la Sección 11 de la Ley
Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, que leerá como sigue:
“Sección 11.-Representación legal
…
En aquella instancia en la que el miembro del Cuerpo fuere demandado
en una acción civil que tenga su origen y surja de actuaciones mientras no se
encuentra en servicio, pero presencie la comisión de un delito e intervenga le
serán extendidas las mismas protecciones aplicables a aquellos miembros del
Cuerpo que se encuentren en servicio. Si los hechos surgiesen dentro de la
jurisdicción geográfica donde presta servicios, el Municipio correspondiente
asumirá los costos de representación legal en los que se tenga que incurrir. No
obstante, de ocurrir los hechos fuera de la jurisdicción geográfica,
corresponderá al Gobierno de Puerto Rico asumir los costos de representación
legal, aplicándose las disposiciones de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955,
según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y
Demandas contra el Estado”.”
Artículo 4.-Se enmienda la Sección 15 de la Ley Núm. 19 de 12 de
mayo de 1977, según enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 15.-Coordinación con el Gobierno y la Policía Estatal.-
Para lograr los propósitos para los cuales se autoriza la creación
de estos Cuerpos, el Alcalde deberá coordinar los esfuerzos que realiza la
Policía Estatal para combatir y prevenir el crimen en todos sus aspectos. La
Policía Estatal tomará aquellas medidas que sean necesarias para hacer efectiva
la coordinación aquí dispuesta. En aquellos casos en que surja algún conflicto
respecto a las áreas de jurisdicción de la Policía Estatal y aquéllas de la
Policía Municipal, prevalecerá la Policía Estatal siempre.
En el desempeño de sus funciones y deberes los miembros de los
Cuerpos de Policías Municipales deberán seguir los procedimientos
administrativos y operacionales vigentes en la reglamentación municipal
correspondiente y de conformidad con esta Ley; y confeccionar y utilizar todos
los formularios aplicables al caso. Con sus intervenciones deberán informar al
Centro de Mando de la Policía, requerir el correspondiente número de querella,
en los casos en que esto sea necesario, referir los informes, datos,
estadísticas y cualquier otra documentación que se le requiera por Reglamento,
de manera que en forma uniforme se pueda establecer un control efectivo de sus
actuaciones. La Policía de Puerto Rico en coordinación con los respectivos
Alcaldes establecerá los controles y coordinación necesarios mediante
reglamentación y órdenes administrativas sobre la forma que se integrarán los
trabajos.
En aquellos casos en que el Gobernador certifique que
debido a una emergencia tal como desastres naturales (huracán, tormenta,
inundación, terremoto, incendio y otras causas de fuerza mayor), o en
cumplimiento con la responsabilidad del Estado de proteger y velar por la
seguridad y el orden público, se ordenará el servicio activo de la Policía
Municipal como parte de la Policía Estatal, requiriéndose que copia de dicha
certificación sea remitida al Alcalde y a la Legislatura Municipal de los
municipios afectados en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas. La
activación por el Gobernador de la Policía Municipal no excederá de los quince
(15) días calendario a menos que medie una autorización mediante ordenanza o
resolución aprobada por la Legislatura Municipal y firmada por el Alcalde del
municipio correspondiente. La autoridad suprema en cuanto a la dirección de la
Policía Estatal y la Policía Municipal, cuando sea activado como un sólo
Cuerpo, residirá en el Gobernador de Puerto Rico.
Este podrá, además, ordenar la utilización de equipo, activos y
personal de la Policía Municipal en las siguientes situaciones:
(a)
En apoyo a oficiales de la Policía Estatal, en
actividades y funciones dirigidas al control de tráfico de narcóticos en su
localidad y con anuencia del Alcalde.
(b)
Convocar, cuando sea necesario, un posse
comitatus a fin de impedir o suprimir cualquier grave perturbación del orden
público, rebelión o invasión.
(c)
En cualquier otra circunstancia que se estime
necesario.
Durante todo el tiempo en que dure dicha activación, los miembros
de la Policía Municipal estarán cubiertos contra riesgos de daños físicos
relacionados con el empleo y el Gobierno de Puerto Rico responderá por las
actuaciones de estos, incluyendo aquellas protecciones dispuestas en la Ley
Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”.
En adición a las disposiciones anteriores, los Cuerpos de la
Policía Municipal podrán entrar en acuerdos de colaboración con la Policía de
Puerto Rico y/o las agencias de seguridad pública del Gobierno Federal (task
force) para efectuar aquellas tareas que dichas entidades entiendan necesario
delegarles. En dichas circunstancias, los miembros de la Policía Municipal
estarán cubiertos por los mismos derechos y garantías que le asisten a los
Policías Estatales, y el Gobierno de Puerto Rico vendrá obligado a responder
por las actuaciones de éstos.”
Artículo 5.-Se añade una nueva
Sección 15-A en la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977,
según enmendada, que leerá como sigue:
“Sección 15-A.-Contratación de servicios policíacos municipales
Los municipios podrán contratar la prestación de servicios de
seguridad, adicionales a los ya prestados por disposición de esta Ley, con los
departamentos, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de
Puerto Rico; así mismo, se podrá contratar la prestación de servicios de
seguridad con empresas privadas. La contratación de estos servicios con
empresas privadas, tales como dueños y concesionarios de espectáculos
artísticos, culturales o de entretenimiento, sólo podrá llevarse a cabo cuando
ello no afecte los servicios regulares de la Policía Municipal. No podrán ser
contratados servicios que envuelvan conflictos obrero-patronales, ni servicios
de guardaespaldas.
Los fondos necesarios para sufragar los servicios que se hubieren
de prestar a tenor con lo dispuesto en esta Sección serán pagados o afianzados
en su totalidad y por adelantado al formalizarse el acuerdo que cubra los
mismos. Se regulará mediante Reglamento el procedimiento y tarifa a pagarse por
la contratación de los servicios de seguridad. Dicho Reglamento deberá ser
promulgado por Ordenanza Municipal.
Los fondos derivados por lo dispuesto en esta Sección se
utilizarán para la compra de materiales, equipos y el funcionamiento del Cuerpo
Policíaco Municipal correspondiente.”
Artículo 6.-La Oficina de Gerencia y
Presupuesto identificará los fondos para el pago de los adiestramientos
necesarios a los fines de que los miembros de la Policía Municipal existentes
al momento de la aprobación de esta Ley y que todavía no hayan sido
recertificados por el Superintendente de la Policía, en consideración a las
nuevas atribuciones y facultades aquí conferidas, puedan cumplir con todos los
requisitos para obtener tal recertificación.
Artículo 7.-Se añade un nuevo inciso
(r) al Artículo 5 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de
1996, según enmendada, que leerá como sigue:
“Artículo 5.-Superintendente – Facultades, atribuciones y deberes.
El Superintendente, como administrador y director de la Fuerza,
tendrá las siguientes facultades y deberes:
(a) …
(r) Se faculta al Superintendente de la Policía
de Puerto Rico a coordinar y establecer en conjunto con los municipios la
creación de las áreas especializadas aquí descritas de la Policía Municipal;
emitir las correspondientes certificaciones a los miembros de estos Cuerpos;
ratificar cualquier Reglamento sobre los asuntos relacionados con los Cuerpos
de la Policía Municipal; y velar por que se cumplan con las disposiciones de la
Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según
enmendada, conocida como “Ley de la Policía Municipal de Puerto Rico”.”
Artículo 8.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación. No obstante, se concede al Superintendente de la Policía de Puerto
Rico ciento veinte (120) días para que en coordinación con los respectivos
municipios recertifique a los Policías Municipales en atención a las nuevas
atribuciones y facultades aquí conferidas. Una vez recertificados los Policías
Municipales podrán asumir las nuevas atribuciones y facultades conferidas que
ameriten recertificación por virtud de esta Ley.
.................................................................
Presidenta de la Cámara
.................................................................
Presidente del Senado
Notas
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