Ley Núm. 155 del año 2010
(P. de la C. 2327); 2010, ley 155
Para añadir los nuevos incisos (3), (4) y (12) al Artículo 2; renumerar; enmendar el inciso (b) del Artículo 3; enmendar el Artículo 7; añadir los Artículos 17, 18, 19, 20 y 21; y renumerar de la Ley Núm. 148 de 2006; Ley de Transacciones Electrónicas
LEY NUM. 155 DE 25 DE OCTUBRE DE 2010
Para añadir los nuevos incisos (3), (4) y (12) al Artículo 2; renumerar los actuales incisos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Artículo 2 como los incisos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, respectivamente, del Artículo 2; enmendar el inciso (b) del Artículo 3; enmendar el Artículo 7; añadir los Artículos 17, 18, 19, 20 y 21; renumerar los Artículos 17 y 18 como Artículo 22 y Artículo 23, respectivamente, de la Ley Núm. 148 de 8 de agosto de 2006, conocida como "Ley de Transacciones Electrónicas”, a los fines de asignarle a la Oficina de Gerencia y Presupuesto las funciones, poderes y facultades para darle cumplimiento a la citada Ley; disponer que la Asamblea Legislativa y la Rama Judicial adoptarán las disposiciones apropiadas para dar eficacia a la política pública esbozada en la misma; y derogar la Ley Núm. 359 de 16 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida como “Ley de Firmas Electrónicas de Puerto Rico”.
EXPOSICION DE MOTIVOS
No hay duda de que la mecanización de los procesos de la actividad pública y privada permite agilizar y brindar, de la manera más efectiva y adecuada, aquellos servicios que son necesarios para la ciudadanía en general de Puerto Rico. Sin embargo, esto trae consigo unos riesgos inherentes a la naturaleza del medio electrónico, entre otros, que pueden afectar la integridad misma de las transacciones, como la confianza necesaria para que el medio sea favorecido por los ciudadanos en sus gestiones cotidianas.
Es política pública del Gobierno de Puerto Rico facilitar y fomentar la participación de la Isla en el nuevo orden comercial, de manera tal, que mantenga altos estándares de competitividad en los mercados internacionales creados por la globalización. En este nuevo orden Puerto Rico ha sido reconocido por el “World Economic Forum”, ocupando un lugar número 36 entre 131 países en su rango de competitividad mundial tecnológica. Más interesante resulta saber que fuimos escogidos como el segundo mejor en la región de Latinoamérica; y cuarto, si se considera toda la región americana. En el criterio de disponibilidad tecnológica ocupamos el lugar vigésimosexto; y en sofisticación de los negocios, ocupamos el vigésimoquinto.
Las firmas electrónicas son una herramienta necesaria para mantener y mejorar nuestra competitividad permitiendo, asegurar la privacidad, la integridad y la autenticidad de las transacciones electrónicas. Su uso provee confiabilidad en un mundo virtual en donde el contacto entre las personas se limita a transmisiones electrónicas.
Así pues, el Estado, interesado en promover esta política pública, reconoce y acepta la firma electrónica y le confiere el mismo valor y efecto legal que a la firma de puño y letra en papel. Esto mediante la aprobación de la Ley Núm. 359 de 16 de septiembre de 2004, conocida como la “Ley de Firmas Electrónicas de Puerto Rico”.
La Ley Núm. 359 creó el Comité de Infraestructura de Firmas Electrónicas (“CIFE”), con el propósito de supervisar, reglamentar, organizar y fiscalizar la infraestructura necesaria para instituir el uso de firmas electrónicas en Puerto Rico. Al Comité se le dieron aquellos poderes y facultades necesarias e inherentes a su función, según que se dispuso por esta Ley, y aquellos reglamentos aprobados al amparo de la misma.
Además, la Ley Núm. 359 le concedió al “CIFE” funciones y poderes muy amplios, tales como establecer las guías y políticas operacionales que deberán observar las Autoridades Certificadoras, las Autoridades de Registro, los signatarios, y cualquier otra persona natural o jurídica que ofrezca algún servicio o producto relacionado al uso de firmas electrónicas, según autorizado por el Comité; realizar auditorías anuales, tanto financiera como tecnológica, de las Autoridades Certificadoras, Autoridades de Registro o cualesquiera otra persona natural o jurídica que ofrezca algún servicio o producto relacionado al uso de firmas electrónicas que queden sujetos a reglamentación bajo la Ley; establecer por reglamento los requisitos operacionales y financieros con los cuales deberá cumplir cualquier Autoridad Certificadora o Autoridad de Registro para ser certificada como tal mediante la expedición de una licencia a esos efectos; expedir licencias a las Autoridades Certificadoras o Autoridades de Registro; ordenar la suspensión o cancelación de licencias a las Autoridades Certificadoras o Autoridades de Registro que no cumplan con las disposiciones de la Ley o de los reglamentos u órdenes promulgados bajo la misma; fijar por reglamento los derechos a cobrar por las licencias que se expidan bajo la Ley, así como los cargos por concepto de investigación de las solicitudes de licencia y los derechos por concepto de registro; establecer los precios, honorarios o importe que los signatarios pagarán a las Autoridades de Registro por la expedición, revocación o cancelación de un Certificado de Firma Electrónica; establecer el monto de la fianza que deberán prestar las Autoridades Certificadoras y las Autoridades de Registro para responder por cualquier incumplimiento con la Ley o los reglamentos aprobados conforme a la misma; establecer los precios, honorarios o importe que los signatarios pagarán por cualesquiera otros productos o servicios necesarios para el uso de firmas electrónicas, sean los servicios o productos provistos por una Autoridad Certificadora, Autoridad de Registro, o cualesquiera otra persona natural o jurídica que ofrezca algún servicio o producto relacionado al uso de firmas electrónicas.
Entendemos que los poderes y funciones antes señalados son muy amplios. Para la implantación de los mismos se requeriría que el “CIFE” fuera una agencia totalmente independiente y autónoma, con carácter, quizás de corporación pública, que cuente con un presupuesto operacional que le permita mantener una estructura organizacional compleja y sistemas de alta tecnología y actualizados continuamente.
Para alcanzar los propósitos de la Ley, dicha agencia debería contar con todo un organigrama de expertos en sistemas de computadoras, sistemas de seguridad computarizada, analistas de sistemas, auditores de sistemas operacionales, contadores públicos autorizados, auditores financieros, así como todo el esquema de secretarias y recursos humanos, para mantener dicho andamiaje.
De otra parte, las facultades y poderes concedidos al “CIFE” por la Ley Núm. 359 tropiezan con la política pública dispuesta en la Ley Núm. 151 de 22 de junio de 2004, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”. Esta última establece como política pública la incorporación de las tecnologías de información a los procedimientos gubernamentales, a la prestación de servicios y a la difusión de información, mediante una estrategia enfocada en el ciudadano, orientada a la obtención de logros y que fomente activamente la innovación. La Ley Núm. 151 dispone que la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al implantar la política pública, tendrá la encomienda de promover un acercamiento coordinado a las cuestiones que plantea la sociedad de la información y de facilitar que el acceso a la información y los servicios gubernamentales se ofrezca de manera armonizada con las disposiciones aplicables relativas a, entre otras, la protección de la privacidad, seguridad, políticas de disponibilidad de información y garantías de acceso a personas con impedimentos. Asimismo, tendrá a su cargo la evaluación y actualización de las Guías emitidas por el Comité del Gobernador sobre Sistemas de Información que rigen la adquisición e implantación de los sistemas, equipos y programas de información tecnológica para los organismos de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. La OGP tendría que cumplir con los requisitos que establece la Ley Núm. 359 para poder ejecutar e implantar la política pública de la Ley Núm. 151. Por tal razón, entendemos prudente que la regulación de los mecanismos de seguridad y la política pública sobre el uso de tecnologías se encuentren en un mismo estatuto.
Por su parte, la Ley Núm. 148, la cual será enmendada mediante la presente Ley, establece la política pública de promover y facilitar la participación de Puerto Rico en los mercados nacionales e internacionales; y fomentar el desarrollo de la infraestructura legal necesaria para que nuestros ciudadanos puedan disfrutar, de manera confiable y segura, de los beneficios del comercio electrónico a nivel nacional y global. Dicha política pública es cónsona con la dispuesta en la Ley Núm. 151.
El uso de firmas digitales es un mecanismo que le provee seguridad a las transacciones que se hagan electrónicamente. Dicho mecanismo permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, mensajes o transacciones electrónicas, posibilitando que éstos gocen de una característica que únicamente era propia de los documentos en papel. Dicho mecanismo consiste de un conjunto de datos asociados a un mensaje digital que permite garantizar la identidad del firmante y la integridad del mensaje. La firma digital es el mecanismo, dentro del conjunto de firmas electrónicas, que mayor seguridad provee a los mensajes y transacciones llevadas a cabo vía Internet.
En virtud de la Ley Núm. 151, la OGP ha desarrollado el Programa de Gobierno Electrónico. Dicho Programa cuenta con la tecnología, personal y experiencia necesaria para implantar las normas y procedimientos relativos al uso de las tecnologías de información en el Gobierno. Para ello, se desarrolló el Portal del Gobierno de Puerto Rico, (www.gobierno.pr). El mismo funciona como una oficina virtual del Gobierno, abierta 24 horas al día, los siete días de la semana. A través del Portal el ciudadano puede llevar a cabo transacciones gubernamentales. Además, le permite imprimir formularios, con sus instrucciones para solicitar servicios del Gobierno desde su computadora y luego llevar personalmente o enviar por correo a la oficina donde se solicita el servicio. Para la OGP adoptar el uso de firmas digitales será un proceso sencillo y económico, acorde con la política pública de reducción de gastos y ubicación de funciones en posiciones estratégicas y efectivas.
Siendo un mecanismo de seguridad utilizado en transacciones electrónicas, y siendo la OGP la agencia encargada de promover un acercamiento coordinado a las cuestiones que plantea la sociedad de la información y de facilitar que el acceso a la información y los servicios gubernamentales, mediante el Programa de Gobierno Electrónico, entendemos que la presente medida es el mecanismo correcto para lograr el uso de mecanismos de seguridad, como lo es la firma digital en transacciones gubernamentales.
Mediante la aprobación de la Ley Núm. 148 de 8 de agosto de 2006, la Asamblea Legislativa procuró adoptar el mecanismo para: (1) facilitar transacciones comerciales electrónicas entre estados que hayan adoptado el estatuto; (2) facilitar transacciones intraestatales y con las agencias de gobierno; y (3) promover la consistencia en las transacciones electrónicas. De esta manera, atemperamos nuestro estado de derecho al estatuto modelo confeccionado por la Conferencia Nacional de Comisionados para Estatutos Estatales Uniformes de los Estados Unidos.
El propósito de la Asamblea Legislativa fue el de promover y facilitar la participación de Puerto Rico en los mercados nacionales e internacionales; y fomentar el desarrollo de la infraestructura legal necesaria para que nuestros ciudadanos puedan disfrutar, de manera confiable y segura, de los beneficios del comercio electrónico a nivel nacional y global.
A la luz de nuestra experiencia y la necesidad de fomentar la privacidad, la integridad y la autenticidad de las transacciones electrónicas, esta Ley pretende ofrecer al Gobierno de Puerto Rico las herramientas necesarias para facilitar la implantación, desarrollo y mantenimiento de una infraestructura para firmas electrónicas que cumpla con los requisitos y estándares que puedan generarse en el ámbito local, interestatal, federal y global. Corresponde, pues, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto desarrollar la reglamentación necesaria para implantar efectivamente la política pública aquí dispuesta.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: