Ley Núm. 36 del año 2014
(P. del S.
384); 2014, ley 36
Ley de la Primera Oportunidad de Empleo Juvenil
en Puerto Rico.
LEY NUM. 36 DE 7 DE MARZO DE 2014
Para establecer el Programa de la Primera
Oportunidad de Empleo Juvenil de Puerto Rico, adscrito a la Administración de
Desarrollo Laboral como componente operacional del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos, a los fines de proveer empleo a aquellos jóvenes que han
completado una carrera universitaria y que procuran insertarse a la fuerza
laboral puertorriqueña; asignar los fondos necesarios para el establecimiento
del programa; y para otros fines.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Puerto
Rico atraviesa uno de los momentos de crisis económica más serios de su
historia. La situación actual de nuestra economía es preocupante. Se ha identificado
la falta de empleo como una de las principales causas de esta crisis. Por ello,
crear mecanismos que fomenten mayores oportunidades de empleo es la política
pública de la presente administración.
Las estadísticas
de desempleo son más preocupantes cuando vemos que la falta de empleo afecta
principalmente a nuestros jóvenes profesionales. Nuestros jóvenes recién
egresados de universidad enfrentan la dura tarea de tratar de obtener un empleo
en un mercado de oportunidades muy competitivo. Lo peor es que la elevada tasa
de desempleo entre jóvenes altamente cualificados se ve afectada por la falta
de experiencia laboral que, de ordinario, es uno de los criterios más
importantes al momento de contratar al prospecto.
La
realidad es que en Puerto Rico el nivel de empleo de los jóvenes ha disminuido
considerablemente en los últimos cinco años. Para el año 2011, el número de
jóvenes empleados fue estimado en 94,000. Esta cifra representó el 8.8% del
empleo total registrado en ese año (1,074,000). No obstante, entre los años
2007 a 2011, el mercado de empleo de Puerto Rico se contrajo en un 13.5%
equivalente a 167,000 empleados menos. En el caso de los jóvenes la baja
registrada para este periodo fue de 27.2 por ciento; lo que demuestra que la
cifra de empleo de los jóvenes está en franco descenso. Para ilustrarlo podemos
ver que entre los jóvenes de 20 a 24 años bajaron su nivel de empleo de 105,000
a 82,000 en el periodo 2007-2011, y de 24,000 a 12,000 en el grupo de edad de
16 a 19 años, para el mismo periodo.
La
tasa de empleo de los jóvenes (relación empleo juvenil/población juvenil) para
el año 2011 fue de 17.2%. Esta proporción es 0.2 punto porcentual menos que la
registrada en el 2010 (17.4%) y 7.4 punto porcentual menos que en el 2007
(24.6%). Esto significa que menos de dos de cada diez jóvenes estaban empleados
en el 2011, uno menos que hace cinco años. Por grupo de edad, este indicador
fue de 4.9% en el segmento de 16 a 19 años y de 27.9% en el grupo de 20 a 24
años.
El
estimado total de personas desempleados en el año 2011 fue de 200,000, de los
cuales el 20.0% fueron jóvenes. En los últimos cinco años el número de jóvenes
sin empleo y buscando trabajo activamente aumentó de 37,000 en el 2007 a 40,000
en el 2011. Como consecuencia la tasa de desempleo juvenil creció de 22.4%
registrada en el 2007 a 29.7% en el 2011. Actualmente los jóvenes representan
el grupo de edad con la tasa de desempleo más alta entre las personas hábiles
para trabajar (16-19 años; 35.8%) y (20-24 años; 28.6%). Estas tasas de desempleo
son al menos casi dos veces mayor que la registrada por la población adulta de
25 a 54 años (15.3%).
El desempleo
es un mal social muy complejo ya que no solo es un problema de carácter
económico, sino que es una de las causas principales de otros males sociales.
Entre estos se encuentran, la criminalidad; la economía subterránea, que al ser
informal no paga contribuciones al Estado; la merma de la actividad económica y
comercial ante la falta de poder adquisitivo de un sector de la población; problemas
de salud mental, la “fuga de cerebros” (también conocida como “fuga de
talentos” o “migración altamente calificada”) y otros serios problemas que
empobrecen la calidad de vida de la sociedad puertorriqueña. El costo social y
económico que supone preparar jóvenes como ingenieros, maestros, médicos,
enfermeros/as y otras carreras u oficios y no lograr que permanezcan sirviendo
al País es demasiado alto para quedarnos cruzados de brazos.
Estamos
conscientes de que, en el pasado, esta Asamblea Legislativa ha dado prioridad a
la atención de la falta de experiencia laboral del joven profesional como una
de las situaciones que crea dificultad a la hora de entrar al mercado laboral. Precisamente
para atender esa situación se aprobó en el año 2004 la Ley Núm. 464-2004
conocida como “Ley del Programa Juvempleo”. Al aprobar la Ley expresamos
entonces lo siguiente:
“Lo
que nos ocupa en este momento es éste joven universitario que está próximo a
recibir su grado de bachillerato. Sin embargo, una vez culminado sus estudios
enfrenta la realidad de no contar con una experiencia de empleo previa. Esta
situación a la cual se someten los jóvenes en el mundo laboral, los lleva a
conformarse, por necesidad, con un empleo que no llena las expectativas para
las cuales se sacrificaron o que no guarda relación con la concentración del
bachillerato acabado de recibir.
Es
responsabilidad ministerial de las agencias del Poder Ejecutivo, así como de
esta Asamblea Legislativa, el procurar cambiar el panorama actual que consume
al joven profesional en la desesperación, causada al tratar de insertarse en el
mundo laboral y no encontrar trabajo por la falta de experiencia.”
El Programa
Juvempleo, adscrito a la Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina del
Gobernador, ha brindado la oportunidad a los jóvenes universitarios, que están
cursando su último año de estudios, conducente a un bachillerato, estudios
técnicos, vocacionales, sub-graduados, graduados y/o post-graduados a obtener
una experiencia profesional de empleo y capacitación remunerada y dentro del
campo de sus estudios mediante el esfuerzos de las agencias públicas y los
patronos del sector privado.
Este
Programa se estableció como una propuesta experimental ya que la falta de
recursos para su financiación no permitió llegar masivamente a la cantidad de
jóvenes profesionales que podrían beneficiarse de sus alcances. Aun así, el
Programa benefició a 2,695 jóvenes desde su establecimiento en el 2005 hasta el
2012. Si bien es cierto que es una cantidad respetable dista mucho de la
cantidad de jóvenes que potencialmente pueden participar de un programa de
experiencia de empleo.
La crisis de empleos entre jóvenes solo podrá ser superada si se
eleva la creación de empleos y una primera oportunidad de empleo para jóvenes a
política pública dentro de un marco legal que cuente con los fondos necesarios.
Resulta imperativo brindarles a los jóvenes que hayan terminado sus estudios
universitarios la oportunidad de obtener una primera experiencia profesional en
su campo de estudios, de modo que puedan aportar de forma activa al desarrollo
económico y social de Puerto Rico. Para lograrlo esta Asamblea Legislativa
establece el “Programa de la Primera Oportunidad de Empleo Juvenil de Puerto
Rico” adscrito a la Administración de Desarrollo Laboral como componente
operacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
DECRETÁSE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1. – Título
Esta Ley se
conocerá como la “Ley de la Primera Oportunidad de Empleo Juvenil en Puerto
Rico”.
Artículo 2. –
Definiciones
Para propósitos de
esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se
establece:
(a) “Carrera Universitaria” – título universitario equivalente a grado
asociado, bachillerato, maestría y doctorado, concedido por una institución acreditada
por el Consejo de Educación de Puerto Rico.
(b) “Jóvenes” –se refiere a toda persona definida como tal en la Ley
Núm. 167-2003, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos del Joven
en Puerto Rico”.
(c) “Jóvenes profesionales” –se refiere a toda persona definida como
tal en la Ley Núm. 167-2003, según enmendada, conocida como la “Carta de
Derechos del Joven en Puerto Rico” que haya obtenido una carrera universitaria y
esté en búsqueda de un primer ofrecimiento de empleo en su campo de estudio.
(d) “Jóvenes participantes” –se refiere a toda persona definida como
tal en la Ley Núm. 167-2003, según enmendada, conocida como la “Carta de
Derechos del Joven en Puerto Rico” con una carrera universitaria.
(e) “Primera Oportunidad de Empleo” – primer ofrecimiento de empleo a
jóvenes participantes.
(f)
“Programa” – organización administrativa
creada con el propósito de administrar los fondos asignados para la creación de
empleos a jóvenes participantes.
(g) “Patrono público” - todas las Agencias, Corporaciones Públicas,
Administraciones, Consorcios, Municipios, Oficinas o Instrumentalidades
Públicas, capaces de emplear a los jóvenes participantes.
(h) “Patrono privado” - corporaciones, oficinas, comercios e
industrias privadas, con o sin fines de lucro, capaces de emplear a los jóvenes
participantes que estén debidamente incorporados en el Departamento de Estado.
(i)
“Departamento”- Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos.
(j)
”Administración” – Administración de
Desarrollo Laboral como componente operacional del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos.
Artículo 3. –
Política Pública
La creación de
empleo es un interés del más alto valor para el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. La crisis económica por la que atraviesa nuestro país se puede considerar
alarmante y el desempleo es la principal causa; no solamente de la situación
económica precaria que padecemos sino también de la degradación social que
amenaza nuestra sana convivencia.
Es política
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico combatir agresivamente el
problema del desempleo en Puerto Rico. Es meritorio destacar la prioridad que
representan nuestros jóvenes, quienes constituyen un sector, en nuestro país,
que se caracteriza por su energía transformadora y su contagioso entusiasmo
cuando logran ver cristalizadas sus aspiraciones al concluir una carrera
universitaria.
Esta política
pública busca evitar que el talento y conocimiento de los jóvenes recién
graduados de nuestras universidades e instituciones educativas se fugue o
escape de Puerto Rico, y los frutos de ese esfuerzo educativo sean cosechados
fuera de nuestra jurisdicción.
Es por ello que se
crea este Programa de Primera Oportunidad de Empleo Juvenil, adscrito a la
Administración de Desarrollo Laboral como componente operacional del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Artículo 4. –
Creación del Programa
Se crea el
“Programa de la Primera Oportunidad de Empleo Juvenil de Puerto Rico”, adscrito
a la Administración de Desarrollo Laboral como componente operacional del Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el
propósito primario de proveer la primera oportunidad de empleo a los jóvenes
participantes.
La Administradora deberá:
(a) Establecer el marco conceptual para el diseño, estructura legal,
planificación, desarrollo, implantación y operación del Programa que deberá
estar enmarcado y atemperado a la estructura vigente en la Administración de
Desarrollo Laboral como componente operacional del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos.
(b) Redactará un reglamento en el cual se establecerá la política
pública a ser establecida, la cual deberá estar basada en parámetros claros y
específicos que la Administración identificará basándose en estudios que
realizará y datos empíricos de trabajos y proyectos previos y en las propias
estadísticas que tenga en su poder. Esto evidenciará la necesidad de los
jóvenes recién egresados de Puerto Rico de afinar sus destrezas de
empleabilidad en capacitación y adiestramiento en el empleo, servicios
dirigidos a facilitar la retención del empleo, consejería y orientación.
(c) Preparará un informe anual sobre los servicios prestados por el
Programa, las necesidades de los jóvenes relacionadas al empleo, proyecciones
de clientela a ser impactada el próximo año, número de clientela servida,
servicios ofrecidos, satisfacción de la clientela y de los patronos que
ofrecieron sus servicios, el cual hará llegar al Gobernador o Gobernadora y a
la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, no más tarde de sesenta (60) días de
haberse concluido el año fiscal.
(d) La Administración tendrá la obligación de buscar la colaboración
de distintos patronos de los sectores gubernamentales y privados, con o sin
fines de lucro, para emplear a los jóvenes que cumplan con los criterios
establecidos del Programa.
Artículo 5. – Poder
Delegado y Parámetros Generales para implementar el Programa
El Departamento
del Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá
como deberes y funciones básicas, sin que sea una limitación del Programa, los
siguientes:
(a) Establecer mediante reglamento los criterios y requisitos básicos
que debe tener todo participante del Programa, entre los que deben estar los
siguientes: certificación de que el participante completó una carrera
universitaria en una institución acreditada por el Consejo de Educación de
Puerto Rico y evidencia de que cumple con los requisitos de edad establecidos
en esta Ley.
(b) Recopilar y mantener un registro actualizado de todos los aspirantes
y participantes del Programa.
(c) Supervisar el funcionamiento y desarrollo del Programa para
determinar que se cumplan los criterios establecidos en el Programa y que los
participantes hayan logrado obtener empleo luego de graduarse de una
institución acreditada por el Consejo de Educación de Puerto Rico.
(d) Identificar y atender aquellas circunstancias que de alguna manera
puedan poner en riesgo la eficiencia del Programa. Así como establecer las
medidas correctivas para la eficacia y cumplimiento del Programa.
(e) Llevar estadísticas fidedignas del progreso y eficiencia del
Programa, realizar evaluaciones periódicas de estas y proponer medidas
dirigidas a mejorar el mismo.
(f)
Establecer la más efectiva cooperación, tanto
con otras instrumentalidades gubernamentales así como la empresa privada, a los
fines de lograr la mayor cantidad de empleos para los jóvenes participantes del
Programa.
(g) Establecer los métodos de control y evaluación de los
procedimientos establecidos en el reglamento a aprobarse, para el funcionamiento
del Programa según las disposiciones de esta Ley. Los hallazgos, recomendaciones
y las conclusiones formarán parte del informe anual que el Departamento deberá
remitir a la oficina del Gobernador o Gobernadora y a la Asamblea Legislativa
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico conjuntamente con un plan de acción
afirmativa, no más tarde de sesenta (60) días de concluido cada año fiscal.
(h) Será responsabilidad de los directivos del Programa de establecer
un mecanismo eficaz y eficiente para identificar las plazas de trabajo para los
participantes del Programa de forma tal que se garantice que éstas puedan ser
representativas del sector gubernamental, empresarial, comercial e industrial
de Puerto Rico.
(i)
Establecer los acuerdos contractuales que
serán la base del empleo de los jóvenes participantes de forma tal que se puedan
garantizar las condiciones necesarias para su libre continuidad laboral, por el
término de tiempo que se haya acordado. Así también que se garanticen todos los
derechos laborales que cobijan a cualquier empleado del sector público y
privado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(j)
Cualquier otro deber o función compatible con
los objetivos y la política pública establecidos en este Programa.
(k) Todo patrono privado que se beneficie de los alcances de esta Ley
y desee acogerse a los beneficios que ofrece la Ley Núm. 1-2013, conocida como
“Ley de Empleos Ahora”, deberá notificar al cabo de noventa (90) días su
intención de retener a los jóvenes participantes del Programa.
(l)
Se establece como deber de las Agencias,
Corporaciones Públicas, Administraciones, Consorcios, Municipios, Oficinas o
Instrumentalidades Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fomentar el
empleo de jóvenes participantes en las convocatorias públicas.
Artículo 6.-
Asignación Presupuestaria
Artículo 7.-
Cláusula de Separabilidad
Si cualquier
cláusula, párrafo, artículo, inciso o parte de esta Ley, fuere declarada nula o
inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada
no afectará, perjudicará, ni invalidará el resto de esta Ley, incluso ni de los
incisos del mismo artículo. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la
cláusula, párrafo, artículo, inciso o parte de la misma que así hubiera sido
declarada nula o inconstitucional.
Artículo 8. –
Vigencia
Esta Ley entrará
en vigor noventa (90) días después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta
ley es copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas
posteriores.
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