Ley Núm. 166 del año 2014
(P. del S. 808); 2014, ley 166
Para añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 3.7 de la Ley Núm. 54 de 1989, Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica.
Ley Núm. 166 de 29 de septiembre de 2014
Para añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 3.7 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica”, a los fines de establecer que el Departamento de Corrección y Rehabilitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tendrá la obligación de notificarle a la víctima de esta manifestación de violencia, sobre la proximidad del proceso de excarcelación del o la agresor(a); delimitar el tiempo mandatorio para realizar la referida actuación; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Acorde con el movimiento internacional de reglamentar las situaciones de violencia suscitadas en el entorno privado del intercambio afectivo suscitado dentro de una relación de pareja, la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se insertó en este debate para encontrarle una solución definitiva a esta imperante modalidad de violencia. Al amparo de esta reflexión, se establecieron las bases necesarias para promover una política de cero tolerancia a esta problemática social, mediante la aprobación de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989.
El referido estatuto, conocido como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, ha sido revisado en numerosas ocasiones, para incorporarle nuevas herramientas centradas en prevenir y erradicar esta modalidad de violencia.
Irónicamente, aunque la Ley Núm. 54, supra, como el Plan de Reorganización Núm. 2-2011, disponen que la víctima tendrá que ser notificada cuando su agresor(a) solicite acogerse a uno de los mecanismos disponibles para reducir su sentencia, o para cumplir el restante fuera de la institución penal, adolece de especificidad para requerir que dentro de un tiempo razonable, la misma sea notificada cuando el (la) agresor(a) esté próximo(a) a cumplir el tiempo ordinario de la reclusión.
Aunque no existen datos específicos que cuantifiquen el porcentaje de agresores(as) que reingresen a una institución penal por incurrir en conducta maltratante dentro de su relación de pareja, el Departamento de Corrección y Rehabilitación nos ha advertido que un cincuenta y nueve por ciento (59%) de las personas que son recluidas en una institución penal, reinciden en conducta delictiva dentro del término de tres (3) años. De igual forma, el Departamento de Justicia Federal, reporta que en EEUU se excarcelan aproximadamente setecientos mil (700,000) personas al año, de las cuales la mitad son recluidas nuevamente dentro de un lapso de tres (3) años, lo que implica que compartimos con otras jurisdicciones las deficiencias en el proceso de rehabilitación de los ciudadanos que incurren en conducta punible.
El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene un programa llamado Sistema de Aviso a Víctimas sobre Estatus de Recluso (SAVER) que se encuentra disponible para cumplir los propósitos de esta Ley. Del mismo modo, el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, establece la notificación a la víctima en aquellos casos en que el integrante de la población correccional esté siendo evaluado para alguno de los programas de desvío que ofrece el DCR, por lo que la enmienda propuesta amplía el alcance de esta normativa mediante la inclusión de una notificación adecuada a las víctimas de violencia de género.
Por esta razón, esta Asamblea Legislativa considera impostergable conceder un término de ciento veinte (120) días naturales para que el Estado le notifique a las víctimas sobrevivientes de violencia de género, sobre la proximidad del proceso de excarcelación de su agresor(a). De esta forma, la víctima tendrá una cantidad de tiempo razonable para hacer los ajustes correspondientes, para garantizar su seguridad y bienestar personal, acorde con su apreciación de los riesgos relacionados a la reinserción a la comunidad de su agresor(a).
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: