Ley Núm. 168 del año 2014
(P. de la
C. 1375); 2014, ley 168
Para enmendar los Artículos 2, 7, 9 y 10 de la
Ley Núm. 130 de 1945, Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.
Ley Núm. 168 de 29 de septiembre de 2014
Para enmendar los Artículos 2, 7, 9 y 10 de la Ley
Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de
Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”, para atemperar sus disposiciones a lo
establecido en la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, conocida como “Ley de la
Judicatura de Puerto Rico”, a los medios de notificación modernos y a la
realidad fiscal de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico; y para
otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, conocida
como “Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”, fue aprobada con el
propósito de alcanzar la paz industrial y de elevar la producción al máximo
mediante mecanismos que atendieran las disputas entre empleados y patronos. Los
principales avances de esta Ley lo son la promoción de la negociación colectiva
y el cumplimiento de los convenios colectivos, proveyendo a las partes mediante
la creación de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, un foro donde
puedan dilucidarse las controversias obrero-patronales.
Como toda agencia gubernamental, las determinaciones de la Junta
de Relaciones del Trabajo están sujetas a revisión judicial. Sin embargo, a
pesar de los múltiples cambios en nuestra Rama Judicial, las disposiciones de
la Ley Núm. 130, supra, no se han adaptado a las enmiendas que de tiempo
en tiempo ha sufrido la Ley de la Judicatura. Esta omisión causa confusión en
las partes y sus representantes legales respecto al foro al cual deben acudir
para solicitar la revisión de las decisiones y órdenes de la Junta. De igual
manera, la Ley no se ha enmendado a los fines de aclarar el foro ante el cual
puede acudir la Junta para requerir la comparecencia de personas o testigos así
como para poner en vigor sus órdenes y los laudos de arbitraje solicitados.
Por otro lado, las disposiciones de la “Ley de Relaciones del
Trabajo” establecen unos mecanismos de notificación que al día de hoy son
arcaicos, mientras que otros resultan sumamente costosos y no se ajustan a la
realidad fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por
ello, es necesario que la Junta se atempere a las tendencias de otras
instrumentalidades del Gobierno en cuanto a la forma en que notifican sus órdenes
interlocutorias y sus determinaciones finales.
Por consiguiente, esta Asamblea Legislativa estima necesario
realizar varias enmiendas a la “Ley de Relaciones del Trabajo”, a los fines de
aclarar la jurisdicción respecto a la intervención de la Rama Judicial en los
quehaceres de la Junta, para modernizar o liberalizar el proceso de
notificación de órdenes interlocutorias y determinaciones finales, así como
otros cambios de carácter técnico.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 130 de 8 de
mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo de
Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 2.-Definiciones
Cuando se emplean en esta Ley:
(1)
…
(2)
…
(3)
…
(4)
…
(5)
…
(6)
…
(7)
…
(8)
…
(9)
…
(10)
…
(11)
Instrumentalidades corporativas.- Significa toda
corporación o instrumentalidad pública y sus subsidiarias, e incluirá también
las empresas similares que se establezcan en el futuro y sus subsidiarias, y
aquellas otras agencias del Gobierno que se dedican o pueden dedicarse en el
futuro a negocios lucrativos o a actividades que tengan por objeto un beneficio
pecuniario.
(12)
…”.
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 7 de la Ley Núm. 130 de 8 de
mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo de
Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo
7.-Prácticas Ilícitas de Trabajo - Facultad de investigación de la Junta
(a)
…
(b)
…
(c)
…
(d) En caso de rebeldía o de negativa a
obedecer una citación expedida contra alguna persona por la Junta o uno de sus
miembros, cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia dentro de cuya
jurisdicción se encuentre, resida o tenga negocios la persona culpable de
rebeldía o negativa, tendrá, a solicitud de la Junta, jurisdicción para expedir
contra dicha persona una orden requiriéndola a comparecer ante la Junta o ante
uno de sus miembros, agente o agencia, para presentar evidencia, si así se
ordenare, o para declarar en relación con el asunto bajo investigación o
audiencia; y cualquier falta de obediencia a dicha orden del Tribunal podrá ser
castigada por la misma como desacato.
(e)
…
(f)
Las querellas, órdenes, citaciones, u otros
documentos de la Junta, de cualquiera de sus miembros, agente o agencia, podrán
diligenciarse personalmente, por correo certificado, por correo regular, por
fax, por correo electrónico o dejando copias de los mismos en la oficina principal
o sitio de negocios de la persona, patrono y organización obrera a quien haya
que notificarse. Una certificación del individuo que haya diligenciado la misma
en el cual se haga constar la forma en que se hizo dicho diligenciamiento, será
prueba de haberse hecho y la devolución del recibo del correo, de fax o del
correo electrónico según se expresa arriba, será prueba de haberse
diligenciado.
(g)
…
(h)
…
(i)
…”.
Sección 3.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 130 de 8 de
mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo de
Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 9.-Prácticas Ilícitas de Trabajo – Facultad de
prevención de la Junta; procedimientos ante el Tribunal General de Justicia
(1)
…
(a)
Siempre que se someta un cargo de que
cualquier persona, patrono u organización obrera se ha dedicado o se dedica a
cualquier práctica ilícita de trabajo, la Junta, o cualquier agente o agencia
designado por la misma con ese fin, tendrá la facultad de investigar tal cargo
y hacer que se notifique a dicha persona, patrono u organización obrera una
querella en nombre de la Junta, indicando los cargos a ese respecto. Dicha
notificación se efectuará personalmente, por correo certificado, por correo
regular, por fax, por correo electrónico o dejando copia en la oficina
principal o sitio de negocios de la persona, patrono y organización obrera a
quien haya que notificarse. Una certificación del individuo que haya
diligenciado la misma en el cual se haga constar la forma en que se hizo dicho
diligenciamiento, será prueba de haberse hecho y la devolución del recibo del
correo, de fax o del correo electrónico según se expresa arriba, será prueba de
haberse notificado. Cualquier querella de esta naturaleza podrá ser enmendada
por los miembros de la Junta, agente o agencia que dirija la audiencia o por la
Junta a su discreción en cualquier tiempo antes de expedir una orden basada en
la misma. La persona objeto de la querella tendrá derecho a presentar una
contestación a la querella original o a la querella enmendada y comparecer en
persona o de otra formar y prestar declaración. Todas las alegaciones
contenidas en cualquier querella así expedida que no sean negadas se
considerarán como admitidas y la Junta podrá en tal virtud hacer conclusiones
de hecho y de ley respecto a las alegaciones de la querella no negadas. Una vez
se someta la contestación a la querella, la Junta notificará a las partes un
aviso de audiencia que indicará la fecha, lugar y hora en que deben comparecer,
en un término no mayor de treinta (30) días. A discreción del miembro
de la Junta, agente o agencia que conduzca la audiencia, o de la Junta, podrá
permitirse a cualquier otra persona que intervenga y presente prueba en dicho
proceso. Las reglas de evidencia que prevalecen en los tribunales de derecho o
equidad no serán obligatorias en ningún proceso de esta índole.
(b)
…
2 (a) La Junta podrá solicitar del
Tribunal de Primera Instancia que se ponga en vigor la orden de la Junta y
podrá además solicitar de dicho tribunal que expida cualquier otra orden
provisional adecuada de remedio o prohibición, y certificará y someterá ante
el tribunal la transcripción del expediente completo del procedimiento,
incluyendo los alegatos y declaraciones en que se base dicha orden y las
conclusiones y orden de la Junta. Una vez hecha la presentación, el tribunal
hará notificar la misma, por correo certificado, por correo regular, por fax,
por correo electrónico o dejando copia en la oficina principal, a la persona a
quien vaya dirigida la orden. Una vez la Junta certifique la notificación, el
Tribunal tendrá consiguientemente jurisdicción en el procedimiento y en el
asunto envuelto en el mismo, y tendrá poder para dictar la orden temporal de
remedio o prohibición que crea justa y adecuada, y dictará, a base de las
alegaciones, declaraciones, y procedimientos expresados en dicha transcripción,
un decreto poniendo en vigor, modificando y poniendo en vigor así modificado o
revocando, en todo o en parte, la orden de la Junta. Ninguna objeción que no se
hubiera levantado ante la Junta, cualquiera de sus miembros, agente o agencia,
se tomará en consideración por el tribunal, a menos que la omisión o descuido
en la presentación de dicha objeción fuera excusada por razón de circunstancias
extraordinarias. Las conclusiones de la Junta en cuanto a los hechos, si
estuvieren respaldadas por la evidencia serán concluyentes. Si cualquiera de
las partes solicitare del Tribunal permiso para admitir evidencia adicional y
demostrare a satisfacción de la corte que dicha evidencia adicional es material
y que existen motivos razonables para no presentarla en la audiencia
celebrada ante la Junta o ante cualquiera de sus miembros, agente o agencia, el
Tribunal podrá ordenar que la misma se tome ante la Junta, cualquiera de sus miembros,
agente o agencia, y que se haga parte de la transcripción. La Junta podrá
modificar sus conclusiones en cuanto a los hechos, o llegar a nuevas
conclusiones, por razón de la evidencia adicional así tomada y presentada, y se
incoarán dichas conclusiones, modificadas o nuevas, las cuales, si están
respaldadas por la evidencia, serán en igual forma concluyentes y establecerá
sus recomendaciones, si las tuviere, para la modificación o revocación de
su orden original. La sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia
estará sujeta a revisión por el Tribunal de Apelaciones.
(b)
Cualquier persona perjudicada por una orden o
resolución final de la Junta concediendo o negando en todo o en parte,
el remedio que se interesa, podrá instar un recurso de revisión como cuestión
de derecho ante el Tribunal de Apelaciones, mediante la presentación de una
petición escrita suplicando que la orden de la Junta sea modificada o revocada.
La petición se radicará y se notificará a todas las partes y a la Junta,
conforme a las disposiciones de la Ley de la Judicatura y del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones. Una vez hecha la presentación, el Tribunal
podrá emitir una orden provisional de remedio o prohibición que crea
justa y adecuada, y puede igualmente expedir y anotar un decreto para poner en
vigor modificar y poner en vigor según haya sido modificada, o revocar, en todo
o en parte, la orden de la Junta y las conclusiones de la Junta en cuanto a los
hechos que sirvieron de base para dictar la orden impugnada, si están
respaldadas por la evidencia, serán en igual forma concluyentes.
(c)
A los fines de promover la negociación
colectiva y la paz laboral en Puerto Rico, la Junta podrá en el ejercicio de su
discreción, ayudar a poner en vigor laudos de arbitraje emitidos por organismos
competentes de arbitraje, bien designados de acuerdo con cualquier convenio
colectivo firmado por un patrono y una organización obrera o en virtud de
cualquier acuerdo firmado por una organización obrera y un patrono en Puerto
Rico. Después de emitido un laudo de arbitraje, la Junta, a solicitud de
cualquiera de las partes en el procedimiento de arbitraje, podrá dar su consejo
o podrá si fuere requerida para ello, a nombre de la parte que lo solicitare,
entablar acción legal adecuada ante el Tribunal de Apelaciones para que se
ponga en vigor un laudo de arbitraje. Hecha la presentación, el Tribunal hará
notificar la petición, por correo certificado, por correo regular, por fax, por
correo electrónico o dejando copia en la oficina principal de las partes. Una
vez la Junta certifique la notificación, el Tribunal tendrá consiguientemente
jurisdicción en el procedimiento.
(d)
…
(e)
…
(f)
Las solicitudes para poner en vigor órdenes de
la Junta, presentadas bajo esta Ley ante el Tribunal de Apelaciones
tendrán preferencia sobre cualquier causa civil de naturaleza distinta
pendiente ante dicho Tribunal y serán despachadas expeditamente, si posible
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que sean presentadas.
(g)
…”.
Sección 4.-Se enmienda el Artículo 10 de la Ley Núm. 130 de 8 de
mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo de
Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 10.-Secretario de Justicia como abogado de la Junta
A solicitud de la Junta, el Secretario de Justicia o
el funcionario que éste designe, comparecerá y actuará como abogado de la Junta
en cualquier procedimiento ante el Tribunal General de Justicia.”
Sección 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta
ley es copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas
posteriores.
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esta ley al presente.
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