Ley Núm. 41 del año 2016
(Sustitutivo del Senado a los
P. del S. 1363, P. del S. 1364
y al P. de la C. 2748); 2016, ley 41
Para enmendar los arts. 3.19 y 23.05 y establecer
una amnistía por concepto de infracciones incluyendo intereses y recargos en
virtud de Ley Núm. 22 de 2000, Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, por
un término de noventa (90) días.
Ley Núm. 41 de 9 de mayo de 2016
Para establecer una amnistía
por concepto de infracciones incluyendo intereses y recargos en virtud de Ley
Núm. 22-2000, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, según
enmendada, por un término de noventa (90) días; establecer un término de
treinta (30) días calendario para el pago de toda multa que se expida en virtud
de dicha ley y sea pagada dentro de esos términos con un descuento de un treinta
por ciento (30%); añadir un nuevo inciso (h) y un segundo párrafo al Artículo
3.19; y para enmendar el inciso (h) y añadir los nuevos
incisos (s) y (t) al Artículo 23.05 de la Ley
22-2000, según enmendada, a los fines de disponer que se le revocará
permanentemente la licencia de conducir a toda persona que acumule la cantidad
de quinientos (500) dólares en multas de tránsito expedidas a su licencia de
conducir; y para crear un sistema de notificación de balances de multas al
conductor con un plan de pagos, según lo dispuesto por esta Ley; y para disponer
los términos y condiciones de este procedimiento.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
La Ley 22-2000, según enmendada, conocida
como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, establece claramente el
esquema reglamentario concerniente a la expedición de multas correspondientes a
las diversas infracciones estatuidas en la Ley. Estas disposiciones
restrictivas buscan establecer un orden coherente y seguro en las carreteras de
nuestro País. Desde la creación de esta Ley las diferentes administraciones han
trabajado con enmiendas enfocadas en mantener un orden social y proteger la
seguridad vial sancionando actividades peligrosas en las carreteras del Estado
Libre Asociado.
Actualmente, los ciudadanos muestran un total menosprecio
y falta de compromiso a la hora de cumplir con el pago de las multas de
tránsito, expedidas a su licencia de conducir. Esto podría ser por diferentes
razones como la estrechez económica, el término de seis (6) años que dispone la
Ley para renovar la licencia, y sobre todo la gran cantidad de amnistías que
cuatrienio tras cuatrienio se otorgan para poder recuperar una parte del dinero
adeudo al erario público por concepto de tales violaciones.
Según las últimas estadísticas suministradas por el
Departamento de Transportación y Obras Públicas (en adelante, “DTOP”), el Estado
Libre Asociado en el 2011 ingresó al fisco alrededor de dieciséis millones de
dólares ($16,000,000.00) en multas de licencia y vehículos. No obstante, para
ese mismo año, la cantidad real por conceptos de estas multas ascendía a cien
millones de dólares ($100,000,000.00); o sea, se dejó de cobrar casi un noventa
por ciento (90%) de las multas que se emitieron durante ese año. De estos cien
millones de dólares ($100,000,000.00) no cobrados, alrededor de cincuenta
millones de dólares ($50,000,000.00) no se recaudaron porque el infractor nunca
pagó; treinta y dos millones de dólares ($32,000,000.00) fueron por multas no
registradas; quince millones de dólares ($15,000,000.00) por multas expiradas;
dos millones de dólares ($2,000,000.0) por multas canceladas mediante recursos
de revisión; y un millón de dólares ($1,000,000.00) en multas que fueron
invalidadas por errores.
Estas estadísticas demuestran que las multas de tránsito
ni disuaden la temeridad de los conductores, ni constituyen un ingreso
importante para el erario al no poder colectarse el dinero de las mismas. Es
por tal razón, que esta Asamblea Legislativa tiene que crear los mecanismos
necesarios para fomentar el pago de las multas en plazos específicos para
evitar la creación continua de amnistías que propenden a la irresponsabilidad y
a la falta de respeto a la autoridad policiaca del País.
La situación económica actual de los
puertorriqueños no les permite cumplir con su obligación legal de pagar las
infracciones por violación a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. En los pasados años, hemos aprobado las siguientes leyes, Ley 160-2005,
la Ley 12-2009, Ley 73-2013 y la Ley 238-2014, todas han sido un atractivo
económico para los conductores autorizados, ya que obtienen un alivio
sustancial del monto adeudado, lo que redunda en aumentos en los recaudos
económicos del fisco.
Este proyecto busca promover
un mecanismo eficaz para que los conductores y dueños de vehículos de motor
salden su deuda con el Estado por concepto de multas de tránsito, facilitando
el ingreso de recursos a corto plazo al erario. Adoptar este incentivo
eliminaría la necesidad de legislar leyes especiales que incentiven el pago de
multas gravadas a la licencia de conducir o del vehículo, además que le otorga
un alivio al conductor que responsablemente cumpla y reconozca que violó la ley
de tránsito.
Como parte del plan de
reorganización del Departamento de Hacienda y ante la seria crisis fiscal por
la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, el pasado año 2015 la Agencia
comenzó la implementación de un plan de consolidación de las 89 colecturías
encaminado a reducirlas en aproximadamente 20 Centros Integrados de Servicio a
ser localizados estratégicamente en todo el País. Por ende, y reconociendo el
impacto que dichos cierres provocarán en los ciudadanos al tener menos puntos
de pago de multas de tránsito es que se autorizan a los agentes, bancos,
cooperativas y municipios de Puerto Rico, autorizados a vender sellos y
comprobantes digitales bajo la Ley 331-1999, a recibir el pago de estas multas
por medio del Sistema de Sellos y Comprobantes Digitales del Departamento de
Hacienda.
Los fondos recaudados bajo
esta enmienda, ingresarán de forma expedita al Fondo General del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, lo que brindará al Estado la oportunidad de tener
fondos disponibles para atender las necesidades de nuestro pueblo ante la
crisis económica y fiscal que atravesamos. Estos fondos podrán ser asignados a
las diversas áreas que mayor atención necesitan en nuestro país.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1. – Se añade un nuevo inciso (h) y un segundo párrafo al Artículo 3.19
de la Ley 22-2000, según enmendada, que leerá como sigue:
"Artículo 3.19.-Revocaciones o
suspensiones de licencias de conducir
El Secretario podrá revocar o suspender cualquier licencia de
conducir en los siguientes casos:
(a)
...
(b)
…
(c)
…
(d)
…
(e)
…
(f)
…
(g)
…
(h) Cuando la persona autorizada acumule la
cantidad de quinientos (500) dólares en multas de tránsito expedidas a su
licencia de conducir.
En los casos previstos en los incisos (a), (b) y (e)
de esta sección, la suspensión o revocación de la licencia se dejará sin efecto
cuando se subsane el error, ilegalidad o incumplimiento señalado, o desaparezca
o se subsane la incapacidad que dio origen a la actuación del Secretario.
En el caso del inciso (h), la suspensión se dejará sin
efecto cuando el conductor autorizado pague el setenta por ciento (70%) del
monto adeudado por concepto de multas de tránsito a su licencia de conducir o
se acoja a un plan de pagos, según lo dispuesto en esta Ley.
..."
Artículo 2.-
Se enmienda el inciso (h) y se
añade los nuevos incisos (s) y (t) al Artículo 23.05 de
la Ley 22-2000, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 23.05- Procedimiento Administrativo
Con relación a las faltas administrativas de tránsito, se seguirán
las normas siguientes:
(a) ...
(b) ...
(c) ...
(d) ...
(e) ...
(f) ...
(g) ...
(h)
Será deber del infractor pagar
todo boleto dentro de los treinta (30) días a partir de la fecha de su
expedición, todo pago de infracción realizado dentro del periodo de treinta
(30) días, tendrá derecho a un descuento de treinta por ciento (30%) del monto
total de la infracción. De no pagarse dentro de los treinta (30) días a partir
de la fecha de su expedición, tendrá un recargo de cinco dólares ($5) y si
excede de los sesenta (60) días deberá pagar veinte dólares ($20) adicionales.
El recargo podrá ser pagado junto al boleto en cualquier colecturía antes del
vencimiento de la fecha de pago del permiso del vehículo de motor o de la
licencia de conducir. En los casos de infracciones de movimiento, de no pagar
antes de dicha fecha la infracción, la misma será incluida en la licencia de
conducir del infractor o del conductor certificado. En el caso que se extravíe
el boleto de notificación de la multa administrativa y dicha multa no aparezca
aún en los registros correspondientes del Departamento, el infractor podrá
efectuar el pago mediante la radicación de una declaración al efecto, en la
forma y manera en que el Secretario disponga mediante el reglamento. Dicho pago
será acreditado contra cualquier multa pendiente expedida con anterioridad al
mismo, en orden cronológico. Todo ciudadano que haya pagado cualquier boleto
con recargo expedido después del 1 de enero de 2004, no tendrá derecho a
reembolso.
…
…
(s) Será deber del Secretario del Departamento de
Transportación y Obras Públicas de notificar mediante correo ordinario a todo
infractor que haya acumulado quinientos dólares ($500.00) o más en multas,
ofreciéndole la opción de acudir ante cualquier colecturía del Departamento de
Hacienda a solicitar y poder acogerse a un plan de pago aplazado hasta saldar
el monto total de las multas. El Secretario podrá ordenar la suspensión
de la licencia de conducir a toda persona que no salde la cantidad acumulada o
no se acoja al plan de pago aplazado. El Departamento de Hacienda deberá
establecer el mecanismo adecuado para establecer el plan de pago que cumpla con
las disposiciones de esta Ley.
(t) Será deber del Secretario
de notificar anualmente mediante correo ordinario a todo infractor
que haya acumulado entre un (1) y (499) dólares durante un año natural,
exhortándole a cumplir con el deber ciudadano del pago de multas.”
Artículo 3.- Procedimiento especial para la concesión de
un incentivo para el pago acelerado de multas.
Todo ciudadano que refleje la existencia de una o más
infracciones que graven su licencia de conducir o vehículos de motor, o
cualquier persona que actúe en su nombre, que pague la totalidad de las multas
dentro del término dispuesto en esta Ley, tendrá derecho a un descuento igual a
un sesenta por ciento (60%) del monto adeudado. Para fines de este descuento el
monto total adeudado incluye tanto las multas como los intereses, recargos y
penalidades impuestos con relación al mismo que se refleje en la licencia de
conducir o en el permiso del vehículo para el cual se reclame el incentivo para el pago acelerado de multas.
Artículo 4.- El término del incentivo
para el pago acelerado de multas será por un período de
noventa (90) días contados a partir de la fecha de vigencia del Reglamento.
Artículo 5.- El Secretario de Transportación y Obras
Públicas implantará los mecanismos necesarios para asegurar que los términos y
condiciones del incentivo para el pago acelerado de
multas sean ampliamente divulgados en los medios de
prensa del País, a fin de orientar adecuadamente a la ciudadanía sobre los
alcances de la misma.
Artículo 6.- Definiciones
Como medio de
aclaración en la interpretación de los términos antes mencionados, se utilizará
como guía la definición de los mismos establecida en la Ley 22-2000, según
enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”.
Artículo 7.- Reglamentación
Se autoriza al
Secretario de Hacienda para que conjuntamente con el Secretario de
Transportación y Obras Públicas adopten la reglamentación necesaria para
cumplir con los propósitos de esta Ley, dentro de un término no mayor de
noventa (90) días contados a partir de su vigencia.
Artículo 8.- El pago de
infracciones dispuesto en esta Ley podrá realizarse en las colecturías del
Departamento de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, se
autoriza a los agentes, nuevos puntos de venta, bancos, cooperativas y
municipios de Puerto Rico a recibir, mediante el uso del Sistema de Sellos y
Comprobantes Digitales, los pagos de multas de tránsito autorizados en esta Ley
y a retener los cargos por servicio que han sido autorizados bajo sus contratos
de sellos y comprobantes digitales bajo la Ley 331-1999.
Se ordena al
Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y al Secretario
de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adoptar las guías
necesarias relacionadas al cobro de las infracciones en los bancos,
cooperativas y en los municipios de Puerto Rico, mediante el uso del Sistema de Sellos y
Comprobantes Digitales, y a retener los cargos por servicio que han sido
autorizados bajo sus contratos de sellos y comprobantes digitales bajo la Ley
331-1999, en un término no mayor de sesenta (60) días, contados a partir de la
vigencia de esta Ley, así como realizar una interface en sus sistemas para dar
fiel cumplimiento con el mismo. Las guías adoptadas dispondrán sobre la forma y
manera en que se realizará el cobro de las infracciones en los bancos,
cooperativas y municipios, asegurándose de que estas transacciones no
representen cargas adicionales sobre las finanzas ni presupuestos de las entidades
públicas y de que se limite el acceso al sistema de datos electrónicos del DTOP
a la información estrictamente necesaria para realizar tales transacciones.
Artículo 9.- Fondos Recaudados
Los recaudos obtenidos por
concepto del procedimiento especial para la concesión de un incentivo para el
pago acelerado de multas será destinado en un setenta y cinco por ciento (75%)
al plan estatal de mejoramiento de carreteras; un quince por ciento (15%) al
Fondo General; un cinco por ciento (5%) para solventar la crisis económica del
Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
un tres por ciento (3%) a mejoras al sistema de informática del DTOP; y un dos
por ciento (2%) para cubrir gastos relacionados a las notificaciones que ordena
esta Ley.
Artículo 10.- Todo ciudadano que se acoja a los
beneficios del incentivo propuesto en el Artículo 4 de esta Ley, estará
impedido de acogerse a cualquier incentivo de pago acelerado futuro relacionado
con multas acumuladas por infracción a la Ley 22-2000, según enmendada, por un
período de seis (6) años.
Artículo 11.- Si cualquier Artículo en todo o parte
fuese declarado inconstitucional el resto de sus disposiciones quedarán vigentes.
Artículo 12.-
Clausula de Cumplimiento
El Departamento de Hacienda y el
Departamento de Transportación y Obras Públicas, rendirán conjuntamente a la
Asamblea Legislativa, un informe detallado sobre los recaudos obtenidos y la
efectividad del incentivo otorgado en esta Ley, el cual deberá ser presentado a
las Secretarías de ambos Cuerpos, no más tarde de sesenta (60) días, después de
haber culminado el período para el pago acelerado de multa.
Artículo
13.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es
copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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