Ley Núm. 54 del año 2016
(Sustitutivo de la Cámara
a los P. de la C. 2032, P. de la C. 2838,
P. de la C. 2839 y P. de la C. 2840); 2016, ley 54
Para derogar
en su totalidad el Subtítulo DD; las Secciones 4046.01 a la Sección 6046.09 y
enmendar otras Secciones de la Ley Núm. 1 de 2011, Código de Rentas Internas
del 2011.
Ley
Núm. 54 de 26 de mayo de 2016
Para enmendar
las Secciones 1000.02, 1033.17,
4020.01, 4020.02, derogar en su
totalidad el Subtítulo DD que comprende desde la Sección 4110.01 a la Sección
4180.02, enmendar las Secciones 4010.01, 4210.01, 4210.02, 4210.03, derogar en su totalidad las Secciones
comprendidas desde la Sección 6046.01 a la Sección 6046.09, enmendar las
Secciones 6051.19, 6054.01,
6054.02, 6054.03, 6054.04, 6055.06, 6080.14 y 6110.04 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código
de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”; a fin de eliminar el Impuesto al Valor Añadido; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Llega un momento en
el desarrollo de los pueblos, en que las aspiraciones individuales deben ceder
a la concretización de las metas comunes. La sociedad debe evolucionar y
comenzar a definir las necesidades colectivas que resultan indispensables para
una mejor calidad de vida de sus miembros. Es en ese instante donde
comprendemos, como comunidad, las trivialidades de nuestras aparentes
irreconciliables diferencias, y empezamos a formar un camino firme y solidario
hacia nuestro destino.
La situación fiscal por la que atravesamos
requiere que ejerzamos una mayor transparencia y responsabilidad en nuestros
gastos para lograr alcanzar estabilidad fiscal, un presupuesto balanceado y
recuperación económica. El sistema contributivo debe ser justo, efectivo y equitativo para los ciudadanos que logre un
balance razonable y una distribución adecuada entre las aportaciones de los
distintos niveles socioeconómicos y los servicios y beneficios que éstos
reciban del Estado.
Fue bajo esta perspectiva, que el
Gobernador de Puerto Rico, Honorable Alejandro García Padilla, le solicitó a la
Asamblea Legislativa en su pasado mensaje de Estado y Situación del País, que
revisara el sistema contributivo puertorriqueño, a fin de otorgar la justicia
contributiva que no había podido realizarse cuando se derrotó el P. de la C.
2329, mejor conocido como la “Ley de Transformación al
Sistema Contributivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
La Asamblea Legislativa, cumpliendo con la
palabra empeñada con el señor Gobernador, abrió nuevamente el debate respecto a
lo que debe ser “un sistema contributivo justo y balanceado”. Para ese fin
convocamos y agradecemos la participación y contribución de las siguientes
entidades: Departamento de Hacienda, Colegio de Contadores
Públicos Autorizados de Puerto Rico, Compañía de Fomento Industrial, Asociación
de Comercio al Detal, Asociación de Industriales, Cámara de Comercio de Puerto
Rico, Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, Asociación de Constructores de
Puerto Rico, Asociación de Contratistas Generales, Puerto Rico Association
of Realtors, Inc., Asociación de Bancos de Puerto Rico, Asociación de
Compañías de Seguros y AARP.
El P. de la C. 2838, P. de la C. 2839 y P.
de la C. 2840 fueron presentados conteniendo los mismos alivios contributivos
que poseía, en su momento, el P. de la C. 2329. No obstante, cada uno de estos
proyectos concretizaba en papel, las ideas que en el momento de análisis del P.
de la C. 2329, presentaron los detractores de la reforma contributiva. Se
incluyó el P. de la C. 2032, cuya idea también surgió durante la discusión de
la referida medida. De esta manera, la Asamblea Legislativa cumplía
nuevamente, inmediatamente y sin vacilación, su palabra con el Gobernador, así
como con el Pueblo, de discutir profundamente las implicaciones de cada una de
ellas.
P. de la C. 2032
Este proyecto
establece una aportación adicional de uno punto cinco por ciento (1.5%) a los
pagos hechos a personas fuera de Puerto Rico que tienen algún tipo de inversión
de capital en la Isla. Esta repatriación de ganancias de capital, es
comúnmente conocida como tollgate tax.
Si bien algunos deponentes plantearon
objeciones a la iniciativa, el problema principal no era el tollgate tax,
sino la ambigua y pobre redacción de la pieza legislativa. La falta de certeza
en los conceptos que presenta el P. de la C. 2032 hace muy difícil para esta
Asamblea Legislativa establecer cifras y cuantías exactas. Sin embargo, el
Departamento de Hacienda estima que solo generaría $406 millones. Referente a
los Beneficios Contributivos propuestos, la iniciativa representa una
insuficiencia de $742.6 millones.
El tollgate tax es una idea que merece
un estudio más abarcador, sin embargo, el P. de la C. 2032 hace un pobre
trabajo en este sentido. En primer lugar, no define adecuadamente el concepto
ni la base sobre la cual aplicarla. En segundo lugar, utiliza conceptos
económicos para propósitos contributivos lo cual demuestra una falta de
conocimiento de la idea que pretende promover. El Departamento de Hacienda
resume muy bien lo anterior cuando nos indica que “[r]esulta ambiguo
establecer una aportación o contribución sobre una base que depende de un
concepto económico que no es específico ni detallado y que, más aun se
establece en un documento que no tiene carácter legal ni vinculante”. Por
último, pero relacionado con el anterior, la medida pondría en manos de la
Junta de Planificación las partidas a incluirse en el arbitrio, algo para lo
que claramente no tienen el peritaje ni la experiencia contributiva.
Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa
entiende que si bien la idea del tollgate tax podría estudiarse y
desarrollarse en el futuro como una alternativa, el P. de la C. 2032 no es el
instrumento para su ejecución por los problemas de ambigüedad que presenta la
pieza legislativa.
P. de la C. 2838
Este proyecto
persigue eliminar el concepto del Impuesto sobre Ventas
y Uso y sustituirlo por el de Impuesto al Consumo; eliminar el Impuesto al Valor Añadido;
aumentar la tasa general del impuesto de once punto cinco por ciento (11.5%) a quince
por ciento (15%); crear tasas de impuesto intermedias menores para alimentos y
para servicios rendidos entre comerciantes (b2b) y a los servicios
profesionales designados.
El Departamento de Hacienda estima que el
recaudo del P. de la C. 2838 sería unos $679 millones sobre lo recolectado hoy.
Referente a los beneficios contributivos propuestos, la iniciativa representa
una insuficiencia de $469.6 millones.
El principal problema con esta iniciativa era
que aunque existían partidas que se reducían, el aumentar el impuesto de once
punto cinco por ciento (11.5%) a quince por ciento (15%) trajo mucha
incertidumbre relacionada al momento frágil de nuestra economía.
P. de la C. 2839
Este proyecto busca
establecer un arbitrio general de diez por ciento (10%) sobre todo artículo de
uso o consumo no gravado por otro arbitrio; eliminar
exclusiones y exenciones al arbitrio general; y eliminar el Impuesto sobre Ventas y Uso y el Impuesto al Valor Añadido.
El Departamento de Hacienda estima que el arbitrio
general de diez por ciento (10%) recaudaría $182.7 millones respecto a lo que
se recibe en la actualidad. Referente a los beneficios contributivos
propuestos, la iniciativa representa una insuficiencia de $965.9 millones.
La dificultad de esta iniciativa se centra en
que según el estudio que preparó la Comisión de Alternativas para Transformar
el Impuesto al Consumo (CATIC), para alcanzar los objetivos de ingresos
fiscales es necesario que el arbitrio general tenga una base contributiva
amplia que incluya los bienes intermedios (materia prima) o tasas contributivas
nominales que oscilen entre diecinueve por ciento (19%) y treinta y ocho por
ciento (38%). Muchas de las entidades que comparecieron les preocupaba que
podría hacer menos competitiva a las industrias locales al aumentar el costo de
la materia prima debido al efecto cascada y piramidación que afectan y
distorsionan la producción, la integración vertical y los precios finales.
No obstante, esta Asamblea Legislativa entiende
que la idea del arbitrio general debe ser estudiada con mayor profundidad, al
igual que la iniciativa de crear árbitros puntuales a determinados bienes.
P. de la C. 2840
Este proyecto busca
aumentar a cinco punto cinco por ciento (5.5%) el arbitrio sobre ciertas
adquisiciones por individuos, corporaciones o sociedades no residentes, de
productos fabricados o producidos total o parcialmente en Puerto Rico y de
servicios relacionados a dichos productos de entidades afiliadas con el
comprador; establecer el arbitrio de forma permanente; mantener el Impuesto sobre Ventas y Uso; y
eliminar el Impuesto al Valor Añadido.
La Ley 154-2010 estableció un impuesto especial
de cuatro por ciento (4%) para las corporaciones foráneas por la compra de
propiedad mueble tangible manufacturada, en todo o en parte, en Puerto Rico y
servicios prestados en relación a dicha propiedad, por una entidad relacionada
en Puerto Rico cuyas ventas brutas excedan los $75 millones anuales. Ese
impuesto tiene fecha de vencimiento en diciembre de 2017. El IRS ha permitido
la acreditación de lo pagado aquí en lo federal, sin embargo no hay ruling oficial.
El Departamento de Hacienda nos indica que en
el año 2015 se recaudaron $1,943 millones por concepto del impuesto de la Ley
154-2010, lo que representó veintiuno punto siete por ciento (21.7%) del total
de ingresos netos del Fondo General. Diez (10) compañías pagan, al menos el ochenta
por ciento (80%) de esta contribución. Para el año fiscal 2016 se estiman
recaudos de $1,878 millones.
El Departamento de Hacienda estima, luego de
establecer una fórmula que intenta predecir posibles comportamientos de las
industrias ante la aprobación de una medida como esta, que el aumento propuesto
sería de $333 millones respecto a lo que se recibe en la actualidad. Referente
a los beneficios contributivos propuestos la iniciativa representa una
insuficiencia de $815.6 millones.
El principal problema con esta iniciativa es lo
comprometido que ya se encuentra el Estado con sus recaudos para con tan pocos
contribuyentes. De una de estas empresas decidir mover sus operaciones, los
efectos serian detrimentales para el Gobierno y para el País. También, la falta
de certeza respecto al IRS, pues su determinación de permitir acreditar lo
pagado en Puerto Rico no es final. Por otro lado, el aumento afectaría
directamente a empresas cuya matriz no se encuentra en Estados Unidos, ya que
estas no pueden acreditar lo pagado.
Esta Asamblea Legislativa concluye que la idea
de aumentar el arbitrio impuesto a la Ley 154-2010 es muy riesgosa, ya que
atenta contra el empleo de miles de trabajadores que hoy laboran en dichas
empresas que se verían afectadas, más aun cuando la acreditación de lo pagado
localmente en la esfera federal no es final.
Luego de escuchar a cada uno de estos grupos,
analizar sus argumentos, peticiones y la información suministrada, esta
Asamblea Legislativa se siente preparada para compartir con la ciudadanía, los
principales hallazgos, lineamientos y conclusiones respecto al sistema
contributivo:
·
Puerto Rico no aguanta ni un aumento más en contribuciones.
·
No es momento para hacer cambios drásticos al sistema
contributivo vigente.
·
Atender una “reforma contributiva” debe dejarse para que sea
una prioridad de la próxima Administración.
·
La “reforma contributiva” debe ser una de consenso de país,
donde el sector político se comprometa a no modificarla significativamente por diez
(10) años, a fin de permitir que madure adecuadamente.
·
La “reforma contributiva” acordada debe implementarse
ordenada y paulatinamente, no puede haber un cambio drástico de sistema, a fin
que tanto ciudadanía y el sector comercial e industrial estén preparados.
·
La “reforma contributiva” debe estar enmarcada en los
siguientes principios:
Ø
No afecte el desarrollo económico.
Ø
No se penalice el éxito.
Ø
Sea un sistema ágil y de fácil fiscalización.
Ø
Sea sencillo para el contribuyente.
Ø
No sea una carga para el contribuyente.
La Asamblea Legislativa entiende, que ante
estos hallazgos y lineamientos productos del proceso de vistas públicas, se
deben realizar las siguientes iniciativas:
·
A corto plazo:
Ø A
fin de evitar aumentos en impuestos para la ciudadanía y no trastocar la frágil
economía puertorriqueña se debe derogar el aumento de cuatro por ciento (4%) a once
punto cinco por ciento (11.5%) legislado en el área de servicios, así como no
cambiar el actual impuesto al consumo por otro que no se ha explicado y para el
cual el propio Estado, los comercios y la ciudadanía aún no están listos.
Ø Realizar
cambios técnicos al actual impuesto, a fin de corregir algunas situaciones que
han presentado problemas en la implementación del Impuesto sobre Ventas y Uso,
así como exenciones respecto al ingreso bruto de ciertas entidades públicas
como privadas.
·
A largo plazo:
Ø La
“reforma contributiva” debe ser una que integre la experiencia de las
tendencias modernas las cuales postulan un balance saludable entre las
contribuciones sobre ingresos, las contribuciones sobre propiedad y los
impuestos de consumo, a fin de crear un sistema estable que pueda minimizar los
riesgos de depender mayoritariamente de cualquiera de ellas.
Ø La
“reforma contributiva” debe integrar los sistemas de recaudos estatales y
municipales que comparten la misma base tributaria, a fin de hacerlos más
eficaces, tanto para la recaudación de ingresos para el Gobierno Estatal y el
Gobierno Municipal, así como más sencillos y convenientes para los comercios y
la ciudadanía.
Ø La
“reforma contributiva” debe revisar la contribución sobre la propiedad mueble
municipal y su efecto y correlación con el impuesto al consumo y con la forma y
manera de hacer negocios en Puerto Rico.
Ø La
“reforma contributiva” debe actualizar los sistemas relacionados con la
contribución sobre propiedad inmueble incorporando las tecnologías actuales, a
fin de ampliar su base impositiva sin necesidad de aumentar la contribución.
Ø En
la
“reforma contributiva” los aumentos en recaudos para el Estado deben provenir
de la propia eficiencia del modelo de captación y no de aumentos en impuestos o
contribuciones.
Es preciso reseñar que durante el proceso parlamentario
esta Asamblea Legislativa tuvo ante su consideración el P. de la C. 2783, de la
autoría de la Hon. Jenniffer A. González Colón y la Delegación de la Minoría
Parlamentaria, que perseguía derogar el Subtítulo DD del Código de Rentas
Internas de 2011. En aquella ocasión, por motivos de la palabra empeñada con
el Gobernador, así como para poder continuar analizando las implicaciones de la
Ley 72-2015, esta Asamblea Legislativa le rindió un Informe Negativo a la
referida medida.
El novelista alemán Johann Wolfgang Goethe
dijo: “El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada”.
La Asamblea Legislativa, luego de recibir y analizar el producto de las Vistas
Públicas de los P. de la C. 2032, P. de la C. 2838, P. de la C. 2839 y P. de la
C. 2840 quiere hacer constar que rectifica la posición asumida respecto al P.
de la C. 2783. Si el proceso parlamentario del P. de la C. 2783 no hubiese
concluido, como tuvo el efecto al presentarse y aprobarse el Informe Negativo,
dicha medida sería parte integral de la presente legislación.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto entiende
que el Sustitutivo de la Cámara a los P. de la C. 2032,
P. de la C. 2838, P. de la C. 2839 y P. de la C. 2840 constituye
una medida que persigue atender las preocupaciones legítimas que surgieron
producto del proceso de vistas públicas referentes a la puesta en vigor del
Impuesto al Valor Añadido y está dirigida a darle estabilidad y certeza al
ciudadano, al sector comercial e industrial y al propio sistema.
DECRÉTASE
POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.-Se enmienda la Sección 4010.01
de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de
Puerto Rico de 2011”, para que lea como sigue:
“Sección 4010.01.-Definiciones Generales
Para fines de este Subtítulo los siguientes
términos, palabras y frases tendrán el significado general que a continuación
se expresa, excepto cuando el contexto claramente indique otro significado:
(a) ...
(nn) Servicios Tributables.-
(1) ...
(2) ...
(3) Servicios
tributables excluirá lo siguiente para eventos ocurridos después del 30 de
septiembre de 2015:
(A) ...
(G) servicios
de salud o médico hospitalarios, ya sean en seres humanos o en animales, los
cuales no incluyen los medicamentos expedidos mediante receta o provistos por
veterinarios para ser utilizados en animales, incluyendo aquellos servicios
administrativos provistos a una aseguradora que cualifiquen para reembolso
total por “Medicare”, “Medicaid”, o la tarjeta de seguro de salud del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico;
A
los fines de este inciso (G) el término “servicios de salud” significará:
(A) Aquellos
servicios ofrecidos por médicos autorizados a ejercer la medicina en Puerto
Rico y por profesionales de la salud con licencias expedidas por la Oficina de
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud adscrita al
Departamento de Salud y la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica,
incluyendo, servicios dentales y de visión, servicios de pruebas diagnósticas
siempre y cuando dichos servicios constituyan gastos ordinarios y necesarios de
una industria o negocio bajo la Sección 1033.01 de este Código o gastos por
asistencia médica bajo la Sección 1033.15(a)(4) de este Código,
independientemente de que el que lo reciba pueda tomar una deducción o no por
los mismos bajo dicha Sección.
(B) Aquellos
servicios pagados o que cualifiquen como gasto permitido bajo las reglas
existentes y futuras de “Medicare” y “Medicaid” según promulgadas por el
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno Federal y la tarjeta de
seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(C) Gastos
médicos en el cuidado, atención y tratamiento de pacientes diagnosticados con
la condición de fenilcetonuria (PKU, por sus siglas en inglés) con relación al
cuidado médico provisto a su persona, un cónyuge o hijos(as) menores de edad,
incluyendo los gastos de nutricionistas, médicos, medicamentos recetados y
productos para la confección de las dietas requeridas para personas
diagnosticadas con esta condición; incluyendo el “Preparado de Aminoácidos
Libre de Fenilalanina”. En el caso de los gastos médicos, incluye deducibles
de laboratorios, hospitalización y estudios especializados realizados, todos
relacionados a la PKU.
(D) Gastos
incurridos en el ofrecimiento de un servicio de salud, incluyendo, pero sin
limitarse a los servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, los servicios
de Administración de Servicios de Farmacia o PBM, los servicios de las
Asociaciones de Médicos Independientes o IPAs, servicios a grupos
auto-asegurados, entidades procesadoras de reclamaciones “Clearing Houses” y
cualesquiera otras que comprendan la ejecución de funciones para la prestación
de servicios de salud, o cobertura de salud, de manera delegada por el
asegurador.
...”.
Artículo 2.-Se enmienda la Sección 1000.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 1000.02.-Clasificación de Disposiciones
Las disposiciones de este
Código quedan por la presente clasificadas y designadas como:
Carta de Derechos del Contribuyente
Subtítulo A - Contribuciones sobre Ingresos
Subtítulo B - Caudales Relictos y Donaciones
Subtítulo C - Arbitrios
Subtítulo D – Impuesto sobre Ventas y Uso
Subtítulo E - Bebidas
Subtítulo F - Disposiciones
Administrativas, Intereses, Penalidades y Adiciones a la Contribución.”
Artículo 3.-Se enmienda el apartado (a) de
la Sección 1033.17 de la Ley 1-2011, según enmendada, para
que lea como sigue:
“Sección
1033.17.-Partidas No Deducibles
(a) Regla General.- Al computarse el ingreso neto no se admitirán en
caso alguno las deducciones con respecto a:
(1) ...
(19) los gastos incurridos o pagados por la prestación de un servicio por
una persona no residente si el contribuyente no ha pagado el Impuesto sobre
Ventas y Uso fijado en el Subtítulo D de este Código, sobre dicho servicio.
Este párrafo (19) no aplicará si el servicio se encuentra sujeto a una
exclusión o exención del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso.
(20) el costo o la depreciación de cualquier bien o partida tributable,
según definidos en el Subtítulo D de este Código, aun cuando el mismo sea
considerado o sea parte de un gasto ordinario y necesario del negocio, si el
contribuyente no ha pagado el Impuesto sobre Ventas y Uso fijado en el
Subtítulo D de este Código. Este párrafo (20) no aplicará si el bien o partida
tributable, según definido en el Subtítulo D de este Código, se encuentra
sujeto(a) a una exclusión o exención del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso.
(b) ...”.
Artículo 4.-Se enmienda la Sección 4020.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue:
“Sección
4020.01.-Impuesto sobre Ventas
(a) Se impondrá,
cobrará, y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección, un impuesto sobre
toda transacción de venta de una partida tributable en Puerto Rico. La
aplicación del impuesto estará sujeta a las exenciones concedidas en el
Capítulo 3 de este Subtítulo.
(b) La
tasa contributiva será de un cinco punto cinco por ciento (5.5%) del precio de
venta de la partida tributable y de transacciones combinadas; disponiéndose
que, efectivo el 1ro. de febrero de 2014 la tasa contributiva será de seis por
ciento (6%).”
Artículo 5.-Se enmienda la Sección 4020.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 4020.02.-Impuesto
sobre Uso
(a) Se impondrá,
cobrará y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección, un impuesto sobre
uso, almacenaje o consumo de una partida tributable en Puerto Rico, a menos que
la partida tributable haya estado sujeta al impuesto sobre ventas bajo la
Sección 4020.01 del Código.
(b) ...
(c) ...
(d) La tasa
contributiva aplicable al precio de venta de la partida tributable y
transacciones combinadas; será de:
(1) cinco punto cinco por ciento (5.5%)
hasta el 31 de enero de 2014;
(2) seis por ciento
(6%) a partir del 1ro. de febrero de 2014.”
Artículo 6.-Se suprime en
su totalidad el Subtítulo DD que comprende desde la Sección 4110.01 a la
Sección 4180.02 de la Ley 1-2011, según enmendada.
Artículo 7.-Se enmiendan los apartados (a) y
(c) de la Sección 4210.01 de la Ley 1-2011, según
enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 4210.01.-Sobretasa al Impuesto de Consumo – Impuesto sobre
Ventas
(a) Se impondrá,
cobrará y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección y además del
impuesto sobre ventas y uso establecido en el Subtítulo D de este Código, un
impuesto sobre toda transacción de venta de una partida tributable en Puerto
Rico llevada a cabo luego del 30 de junio de 2015. La aplicación del impuesto
estará sujeta a las exenciones concedidas en el Capítulo 3 del Subtítulo D de
este Código.
(b) ...
(c) Se impondrá, cobrará y pagará un impuesto sobre la prestación de
servicios rendidos a otros comerciantes y servicios profesionales designados,
según definidos en el Subtítulo D de este Código, llevados a cabo después del
30 de septiembre de 2015. La tasa aplicable a este impuesto será de cuatro por
ciento (4%). Disponiéndose que las exenciones dispuestas en el Capítulo 3 del
Subtítulo D de este Código serán aplicables al impuesto establecido en este
apartado de la misma manera en que son aplicables a los servicios tributables
bajo los apartados (a) y (b) de esta Sección.
(d) ...”.
Artículo 8.-Se enmiendan los apartados (a) y
(c) de la Sección 4210.02 de la Ley 1-2011, según
enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 4210.02.-Sobretasa al Impuesto de Consumo - Impuesto sobre
Uso
(a) Se
impondrá, cobrará y pagará, a los tipos establecidos en esta Sección y además
del Impuesto Sobre Ventas y Uso establecido en el Subtítulo D de este Código,
un impuesto sobre uso, almacenaje o consumo de una partida tributable en Puerto
Rico llevado a cabo después del 30 de junio de 2015, a menos que la
partida tributable haya estado sujeta al impuesto sobre ventas bajo las
Secciones 4020.01 y 4210.01 de este Código.
(b) ...
(c) Se impondrá,
cobrará y pagará un impuesto sobre la prestación de servicios rendidos a otros
comerciantes y servicios profesionales designados, según definidos en el
Subtítulo D de este Código, llevados a cabo después del 30 de septiembre de
2015, en la medida en que no esté sujeto al impuesto sobre ventas
dispuesto en las Secciones 4020.01 y 4210.01 de este Código. La tasa aplicable
a este impuesto será de cuatro por ciento (4%). Disponiéndose que las
exenciones dispuestas en el Capítulo 3 del Subtítulo D de este Código serán
aplicables al impuesto establecido en este apartado de la misma manera en que
son aplicables a los servicios tributables bajo los apartados (a) y (b) de esta
Sección.
(d) ...”.
Artículo 9.-Se enmienda la Sección 4210.03 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como
sigue:
“Sección 4210.03.-
Reservada.”
Artículo 10.-Se suprime en su totalidad las Secciones comprendidas desde la Sección 6046.01 a
la Sección 6046.09 de la Ley 1-2011, según enmendada.
Artículo 11.-Se enmienda la Sección 6051.19 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue:
“Sección
6051.19.-Consultor en Tecnología
El Secretario...
Entre las funciones...
Sin que se entienda como
una limitación, el Secretario contratará un consultor en tecnología para los
siguientes proyectos y programas relacionados al Departamento:
(a) ...
(f) Reservada,
(g) ...
Los consultores...
Los consultores...”.
Artículo 12.-Se enmienda el apartado (a) de
la Sección 6054.01 de la Ley 1-2011, según enmendada, para
que lea como sigue:
“Sección 6054.01.-Facultades del Secretario bajo el Subtítulo D
(a) A los fines de la aplicación y administración del Subtítulo D, y
en adición a cualesquiera otros deberes y poderes establecidos en el mismo, se
faculta al Secretario para:
(1) Examinar
récords, estados bancarios, documentos, bienes, locales, predios, inventarios o
cualquier otro material relacionado con artículos, transacciones, negocios, o
actividades sujetas a los impuestos y derechos establecidos por el Subtítulo D.
Toda persona a cargo de cualquier establecimiento, local, predio u objetos
sujetos a examen o investigación deberá facilitar cualquier examen que requiera
el Secretario. El hecho de que no esté presente el dueño o persona principal de
un establecimiento no será causa o justificación para impedir que tal examen
pueda llevarse a efecto.
(2) Establecer,
mediante reglamento, carta circular, boletín informativo o cualquier
determinación de carácter público que emita a tales efectos, condiciones con
respecto a la concesión de certificados de registro de comerciantes,
certificados de exención del pago o retención del impuesto fijado en el
Subtítulo D. Con el fin de asegurar el debido cumplimiento con los términos,
disposiciones y propósitos del Subtítulo D, el Secretario podrá imponer, entre
cualesquiera otros que estime necesarios, los siguientes requisitos y
condiciones:
(A) ...
(B) requerir, bajo
los parámetros que disponga el Secretario, la prestación de fianza por el monto
de cualquier impuesto, multa administrativa, recargo o interés que pueda
aplicarse bajo el Subtítulo D;
(C) ...
(D) exigir al
comerciante la publicación de rótulos que notifiquen e informen debidamente al
consumidor sobre el derecho del consumidor, en la medida que sea aplicable, de
recibir el recibo de compra conteniendo el número de participación del sorteo
de Fiscalización del Impuesto de Ventas y Uso o comprobante fiscal conteniendo
el número de comprobante fiscal e imponer penalidades por no cumplir con la
publicación de dichos rótulos.
(3) Revisar, de
tiempo en tiempo, las fianzas prestadas por los contribuyentes de acuerdo a las
disposiciones del Subtítulo D, y requerir el aumento del monto de las mismas o
la prestación de una nueva fianza cuando a su juicio la fianza prestada no sea
ya suficiente para garantizar el pago de los impuestos más los intereses,
recargos y multas administrativas que puedan imponérsele al contribuyente
afianzado.
(4) Inspeccionar y
fiscalizar los comerciantes mediante terminales fiscales, aplicaciones,
mecanismos, dispositivos, el programa de Fiscalización del Impuesto de Ventas y
Uso u otros medios electrónicos así como requerir la instalación, conexión y
uso de dichos equipos, aplicaciones, programas, mecanismos o dispositivos en
los comercios, según requiera el Secretario mediante reglamento, carta
circular, boletín informativo o determinación administrativa de carácter
general. Ninguna persona o comerciante podrá alterar, interferir, desconectar o
destruir las aplicaciones, equipos, programas, aplicaciones, mecanismos o
dispositivos requeridas en este párrafo ni impedir, interferir, objetar o
entorpecer el acceso del Secretario o cualquiera de sus agentes autorizados, en
o a la instalación, conexión, inspección o cualquier otro procedimiento que
realice el Secretario o su agente autorizado en relación con las inspecciones y
fiscalizaciones autorizadas por este párrafo.
(5) Previo
procedimiento administrativo a tenor con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de
1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme de Puerto Rico”, revocar las licencias de rentas internas de cualquier
persona que deje de cumplir con las disposiciones del Subtítulo D, o de sus
reglamentos. El Secretario podrá, luego de tal revocación, denegar la
expedición de una nueva licencia durante aquel período que, a su juicio,
considere necesario. Esta acción no constituirá impedimento para cualquier otro
procedimiento judicial o administrativo autorizado por ley.
(6) Retener por el
tiempo que sea necesario cualquier documento obtenido o suministrado de acuerdo
con el Subtítulo D, con el fin de utilizar dichos documentos en las
investigaciones o procedimientos establecidos por el Subtítulo D, o para ser
archivados en el Departamento de Hacienda.
(7) ...
(8) Aprobar y
adoptar las reglas y reglamentos que fueren necesarios para la administración y
aplicación del Subtítulo D.
(9) Delegar a
cualquier oficial, funcionario o empleado del Departamento de Hacienda aquellas
facultades y deberes que estime necesarios y convenientes para desempeñar
cualquier función o autoridad que le confiera el Subtítulo D, excepto la de
aprobar reglamentos.
(10) Limitar los
efectos de sus decisiones administrativas a transacciones tributables después
de tomada dicha acción en casos eminentemente contenciosos en cuanto al alcance
y naturaleza del impuesto sobre ventas o impuesto por uso, o a otros factores
que afecten la cuantía de la imposición.
(11) Ampliar razonablemente
el término que fije el Subtítulo D para el desempeño de cualquier deber u
obligación, o para tomar acción bajo una exención condicional o de otro modo
si, a su juicio, la imposición del término restringido implicaría una penalidad
o contratiempo indebido dentro de las circunstancias propias de cada caso, y
cuando la concesión de la ampliación no comprometa los mejores intereses del
Gobierno de Puerto Rico, ni cuando haya indicio de negligencia por parte del
contribuyente. Excepto cuando alguna disposición de este Subtítulo del Código
disponga en contrario, el Secretario no podrá ejercer esta discreción en cuanto
a términos de pago. El Secretario podrá imponer cualesquiera condiciones que
considere apropiadas para la concesión de la ampliación del término.
(12) ...
(13) ...
(14) Permitir o
requerir, mediante las reglas que establezca por medio de carta circular o
reglamento, la radicación de cualesquiera planillas, declaraciones o
formularios requeridos por el Subtítulo D, así como el pago de los impuestos
sobre ventas o por uso establecido en dicho Subtítulo, a través de medios
electrónicos. En este caso se aceptará como válida, para todos los fines que
dispone el Código, la firma digital o mecanismo de autenticación electrónica
del contribuyente.”
Artículo 13.-Se enmienda la Sección 6054.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 6054.02.-Sistema de Cuentas de Depósito a la Demanda
Relacionadas a Negocios
El Secretario exigirá,
como requisito establecer una cuenta en una institución financiera organizada u
autorizada a operar en Puerto Rico por la Oficina del Comisionado de
Instituciones Financieras, Corporación para la Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico o por cualesquiera otro ente regulador correspondiente
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para propósitos de remitir el Impuesto
de Ventas y Uso al Departamento de Hacienda. Este requisito aplicará aunque el
comercio no tenga la responsabilidad de recaudar el Impuesto sobre Ventas y
Uso. El Secretario establecerá por reglamento los procesos relacionados con
este requerimiento.”
Artículo 14.-Se enmienda la Sección 6054.03 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 6054.03.-Plan de Fiscalización del Impuesto sobre Ventas y
Uso
(a) Con el fin de
asegurar el debido cumplimiento con los términos, disposiciones y propósitos
del Subtítulo D, se ordena al Secretario a establecer, mediante reglamento,
carta circular, boletín informativo o cualquier otra determinación de carácter
público a tales efectos, el Plan de Fiscalización del Impuesto sobre Ventas y
Uso (IVU), dirigido a aumentar la captación y el cobro de dicho impuesto. Dicho
plan de fiscalización deberá cumplir, entre cualesquiera otros que el
Secretario estime necesarios, con los siguientes requisitos y condiciones:
(1) ...
(2) ...
(3) Incentivar la participación ciudadana en la gestión de
fiscalización del cobro y captación del impuesto sobre ventas y uso mediante
mecanismos tales como:
(A) Ampliar la frecuencia,
cuantía y naturaleza de los premios conferidos bajo el Plan de Fiscalización
del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), incluyendo la posibilidad de que el
ciudadano obtenga premios instantáneos y acumule puntos que pueda redimir para
el pago de multas, penalidades o derechos impuestos por las agencias del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico o para la compra de bienes y servicios de
comercios participantes.
(B) Establecer una
campaña de medios amplia, continua y efectiva, dirigida a:
(i) concientizar
al consumidor sobre la importancia de su responsabilidad ciudadana como ente
fiscalizador en el cobro y captación del IVU;
(ii) orientar al
consumidor sobre los beneficios y premios del Plan de Fiscalización del
Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU);
(iii) concientizar
al comerciante y al consumidor sobre la importancia de que el IVU, que el
comerciante retiene en el punto de venta, sea remitido al Departamento para ser
utilizado para fines públicos;
(iv) ...
(4) Facilitar el
cumplimiento del comerciante con su obligación de rendir la planilla del IVU al
Departamento, estableciendo los mecanismos que permitan:
(A) Reconciliar la
data capturada mediante los terminales fiscales sobre transacciones realizadas
y el IVU cobrado en los puntos de venta y generar una planilla para todas las
localidades comerciales de un comerciante, que pueda ser remitida
electrónicamente al Departamento;
(B) Establecer un
mecanismo de cálculo de métrica de actividad de negocio basado, entre otros,
en:
(i) información
histórica de ventas e IVU cobrado por cada comerciante, según capturado
mediante terminales fiscales, dispositivos u otros medios electrónicos de
fiscalización; y
(ii) ...
(5) Facultar al
Secretario para debitar electrónicamente de una cuenta de depósito a la demanda
(demand deposits account) definida por el comerciante, los pagos del IVU
retenido.
(b) ...”.
Artículo 15.-Se enmienda la Sección 6054.04 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 6054.04.-Informes Periódicos al Gobernador, al Instituto
de Estadísticas y a la Asamblea Legislativa
(a) En General- Trimestralmente,
y en adición a cualquier otro informe requerido por ley, el Secretario rendirá
un informe sobre el estado de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y
de los resultados del Plan de Fiscalización establecido en la Sección 6054.03
de este Subtítulo.
(b) Información requerida- El informe deberá contener, como mínimo, la
información que se dispone a continuación:
(1) ...
(A) ...
(B) IVU recaudado;
(C) ...
(D) ...
(E) ...
(F) ...
(2) ...
(3) ...
(4) ...
(5) ...
(6) Datos acumulativos para el año fiscal y para el período
comprendido en el informe, que ilustren las discrepancias entre los ingresos
proyectados del IVU y los recaudos.
(7) Plan correctivo
para subsanar las posibles deficiencias entre el ingreso proyectado del IVU y
los recaudos.
(8) Premios otorgados y reclamados bajo el Plan de Fiscalización del
Impuesto de Ventas y Uso durante el período comprendido en el informe y
acumulado durante el año fiscal.
(9) ...”.
Artículo 16.-Se enmienda el apartado (d) de
la Sección 6055.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, para
que lea como sigue:
“Sección 6055.06.-Deberes de las Agencias Emisoras.-
(a) ...
(d) Departamento
de Hacienda.-
Ingresar toda información referente al
impuesto sobre ventas y uso, a contribuciones sobre ingresos y cualquier otra
disposición del presente Código de Rentas Internas.
(e) ...
La información...”.
Artículo 17.-Se enmienda el apartado (a) de
la Sección 6080.14 de la Ley 1-2011, según enmendada, para
que lea como sigue:
“Sección
6080.14.-Imposición Municipal del Impuesto de Ventas y Uso
(a) Autorización y obligatoriedad.- A partir del 1ro. de febrero de
2014, todos los municipios impondrán uniforme y obligatoriamente un impuesto
sobre ventas y uso sobre la venta y uso de una partida tributable de
conformidad con la autorización establecida en la Sección 4020.10. Dicha
contribución será por una tasa contributiva fija de uno (1) por ciento la cual
será cobrada por los municipios. La tasa contributiva de uno (1) por ciento,
será impuesta sobre la venta y el uso de una partida tributable de conformidad
con la misma base, exenciones y limitaciones contenidas en el Subtítulo D del
Código, salvo en las excepciones dispuestas en esta Sección. Disponiéndose que
la tasa contributiva fija de uno (1) por ciento que será cobrada por los
municipios, según dispuesto en este apartado, no será aplicable a los servicios
rendidos a otros comerciantes ni a los servicios profesionales designados. Dichos
servicios estarán sujetos a partir del 1ro. de octubre de 2015 únicamente a la
tasa del cuatro (4) por ciento dispuesta en las Secciones 4210.01(c) y
4210.02(c) de este Código.
Para
periodos comenzados a partir del 1ro. de julio de 2014, la tasa contributiva
fija de uno (1) por ciento será cobrada en su totalidad por los municipios o
por un fiduciario a ser designado conforme a esta Ley.
(1) ...
(b) ...”.
Artículo 18.-Se enmienda la Sección 6110.04 de la Ley 1-2011, según enmendada, para que lea como sigue:
“Sección
6110.04.-Vigencia
(a) Esta Ley, denominada como “Código de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico”, entrará en vigor el 1ro. de enero de 2011 y con las siguientes
disposiciones:
(1) ...
(2) ...
(3) ...
(4) Subtítulo D.- Las disposiciones del Subtítulo D se aplicarán a
eventos tributables ocurridos a partir del 1ro. de abril de 2011,
excepto por las Secciones 4050.07, 4050.08 y 4050.09 de este Código.
(5) Reservado.
(6) Subtítulo DDD.- Las disposiciones del Subtítulo DDD se aplicarán a
eventos tributables ocurridos a partir del 1ro. de julio de 2015.
(7) ...
(8) ...
(b) ...”.
Artículo 19.-Separabilidad.
Si cualquier cláusula, párrafo,
subpárrafo, artículo, disposición, sección, inciso o parte de esta Ley fuera
declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal
efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta Ley. El
efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo,
artículo, disposición, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido
declarada inconstitucional.
Artículo 20.-Vigencia.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente
después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es copia
de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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