Sección
1.-Se enmienda el título de la Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“Para crear la “Ley de Moratoria de Emergencia y
Rehabilitación Financiera de Puerto Rico”; para disponer la declaración de un
estado de emergencia fiscal por la Asamblea Legislativa; para instaurar los
procesos de declaración, establecimiento y condiciones del periodo de
emergencia, según definido por esta Ley, para el Banco o cualquier otra entidad
gubernamental, según definidos ambos términos por esta Ley, y disponer las
facultades del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; para
realizar enmiendas a la Ley Orgánica del Banco Gubernamental de Fomento para
Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, a los
fines de reenumerar los Artículos 12 al 21 como Artículos 15 al 24, y añadir
nuevos Artículos 12 y 13, para modificar el proceso de nombramiento de un
síndico; para añadir un nuevo Artículo 14 a la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre
de 1948, supra, a los fines de permitir la organización y operación de un banco
puente; para enmendar la Cuarta Parte del Artículo 2 de la Ley Núm. 17 de 23 de
septiembre de 1948, supra, para modificar las disposiciones en torno a las
subsidiarias del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para crear la
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, una nueva
corporación pública e instrumentalidad pública del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, que actuará como agente fiscal, asesor financiero y agente
informativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus corporaciones
públicas, instrumentalidades y municipios; para enmendar el Artículo 11 de la
Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, correspondiente a la Ley
Orgánica del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, a los fines de
modificar las disposiciones sobre el nombramiento de un síndico; y para otros
fines relacionados.”
Sección
2.-Se enmienda el Artículo 103 de la Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“Artículo 103.-Definiciones
Las siguientes palabras y
términos, cuando se usen o se haga referencia a ellos en los Capítulos 1, 2, 6
y 7 de esta Ley, tendrán los significados que se establecen a continuación:
(a)
...
...
(q) “Entidad gubernamental” – significa
cualquiera de las siguientes entidades:
(i) AFICA; AMA; cada Banco y cualquier
subsidiaria de éstos, ADCC; COFINA; Estado Libre Asociado; Sistema de Retiro;
AFV; ACT; AEP; PFC; AAA; AEE; PRIDCO; AFI; la Autoridad de los Puertos de
Puerto Rico; y UPR; y
(ii) ...
Independientemente de cualquier disposición de esta Ley, una entidad
gubernamental que sea parte de un Acuerdo con Acreedores sólo se considerará
una “entidad gubernamental” antes de que se lleve a cabo la reestructuración
financiera contemplada en dicho Acuerdo con Acreedores (por ejemplo, y sin que
se entienda como una limitación, la emisión inicial de bonos de titulización
(securitization) a cambio de bonos en circulación emitidos por dicha entidad
gubernamental de acuerdo con un Acuerdo con Acreedores) y, en dicho caso,
solamente si: (1) se da por terminado el Acuerdo con Acreedores o (2) cualquier
tenedor o beneficiario de un instrumento de deuda emitido por dicha entidad
gubernamental comienza una acción legal contra dicha entidad gubernamental para
ejercer cualquier derecho o remedio bajo un instrumento de deuda. Para
propósitos de esta definición, “Acuerdo con Acreedores” significa un acuerdo
entre una entidad gubernamental y ciertos acreedores de dicha entidad
gubernamental, incluyendo un acuerdo consensual de reestructuración de su
deuda, según sea enmendado, suplementado o reinstalado de tiempo en tiempo, independiente
de que el mismo esté titulizado o no.
u) “Instrumento de deuda” -
incluye cualquier documento u otro instrumento para, utilizado con relación a,
o relacionado a:
i. ...
...
vii. ...
Disponiéndose, que, “instrumento de deuda” no incluirá un contrato
para la prestación de bienes o servicios ni incluirá un contrato de
procesamiento de cheques u otro contrato bajo el cual una institución
financiera provea servicios al Banco o a otra entidad gubernamental.
v) ...
w) ...
x) “Obligación
cubierta” - significa (1) cualquier obligación de principal, obligación de
intereses u obligación enumerada de una entidad gubernamental, pagadera durante
el periodo de emergencia con respecto a una entidad gubernamental; (2)
cualquier obligación que resulte de, o esté relacionada con, la garantía,
extendida por una entidad gubernamental, de cualquier obligación de otra entidad
que sea pagadera o advenga pagadera durante el periodo de emergencia y; (3) si
lo provee una orden emitida bajo la Sección 201 (d) de esta Ley, la
transferencia de, o la obligación de transferir, fondos antes de, o en la fecha
que vence, cualquier obligación identificada en las cláusulas (1) y (2), que
proceden si se declara en un estado de emergencia para dicha entidad
gubernamental, por Orden Ejecutiva del Gobernador, según enmendada de tiempo en
tiempo y según lo contempla el Artículo 201(a) de esta Ley, pero no incluirá –
(i)
cualquier obligación de un asegurador de pagar
bajo cualquier póliza relacionada a cualquier obligación de principal,
obligación de intereses u obligación enumerada que hubiese vencido según los
términos de cualquier ley o documento si esta Ley no se hubiese aprobado;
(ii)
cualquier obligación (o parte de), a menos que
se disponga lo contrario en una Orden Ejecutiva, cuyo pago pueda hacerse sólo
de dinero que esté depositado con un fiduciario u otro custodio antes del
comienzo del periodo de emergencia para el deudor de dicha obligación y cuyo
dinero esté pignorado para el propósito principal de pagar dicha obligación (o
parte de) cuando sea pagadera;
(iii)
…
(iv)
…
(v)
…
(vi)
cualquier emisión de deuda por una entidad
gubernamental después de la promulgación de esta Ley, si el Gobernador
certifica que dicha deuda estará excluida irrevocablemente de la definición de
“obligación cubierta” según este Artículo, para los propósitos de esta Ley.
(y) ...
(z) ...
(aa) “Obligación enumerada” significa cualquier
obligación que se identifique específicamente o por categoría en una orden
ejecutiva, según enmendada de tiempo en tiempo, emitida conforme al Artículo
201(a) de esta Ley, cuya obligación, sea contingente o no contingente, sea
exigible o no puede surgir de cualquier contrato o acuerdo, incluyendo
cualquier instrumento financiero, instrumento de deuda o arrendamiento no
expirado, cualquier obligación de pago del principal de, prima de si alguna, interés
sobre sanciones, reembolsos o indemnización equivalente, honorarios, gastos u
otros importes correspondientes a cualquier deuda, cualquier obligación, sea contingente
o no, y cualquier otro acuerdo o instrumento que contemple cantidades o
beneficios pagaderos por una entidad gubernamental a cualquier persona;
disponiéndose que una “obligación enumerada” no incluirá ninguna obligación de
principal ni obligación de intereses del Banco o dicha entidad gubernamental
una obligación que surja de algún contrato para la prestación de bienes o
servicios a una entidad gubernamental ni incluirá una obligación que surja de
un contrato de procesamiento de cheques u otro contrato bajo el cual una
institución financiera provea servicios al Banco o a una entidad gubernamental.
(bb) “Pago mínimo de deuda pública”- significa,
con respecto a una obligación cubierta que sea una obligación de principal u
obligación de intereses de deuda pública –
i.
una cantidad determinada por el Gobernador,
luego de consultar con el Secretario de Hacienda, consistente con la
Constitución del Estado Libre Asociado, cuya cantidad puede ser calculada como
la diferencia entre la cantidad de recursos disponibles proyectados para el
periodo de emergencia aplicable y los gastos proyectados para los servicios
públicos esenciales durante dicho periodo, aplicados proporcionalmente a todos
los tenedores de obligaciones cubiertas que sean obligaciones de intereses de
deuda pública que sean pagaderas o que se proyecta serán pagaderas y exigibles
durante el periodo de emergencia aplicable (excluyendo las cantidades diferidas
o acumuladas que serán pagaderas el último día de dicho periodo de emergencia
como resultado de esta Ley) y, si se satisfacen las obligaciones de intereses de deuda pública
en su totalidad, cualquier remanente de recursos disponibles se aplicará
proporcionalmente entre todos los tenedores de obligaciones cubiertas que sean
obligaciones de principal de deuda pública y que sean pagaderas o que se
proyecta serán pagaderas y exigibles durante el periodo de emergencia aplicable
(excluyendo las cantidades diferidas o acumuladas que serán pagaderas el último
día de dicho periodo de emergencia como resultado de esta Ley); disponiéndose que el pago mínimo de deuda pública en esta cláusula
(i) no tendrá que hacerse en su totalidad en un solo pago si dicha cantidad
excede los recursos disponibles del Estado Libre Asociado que estén disponibles
para hacer dicho pago, incluyendo aquellos recursos sujetos a cualquier orden
ejecutiva o ley aplicable que desvíe dichos recursos disponibles para el pago
de la deuda pública; y
ii.
el monto completo de dicha obligación si dicha
obligación vence antes del 30 de junio de 2016.
cc) “Periodo de emergencia” - significa, con
respecto a cualquier entidad gubernamental, el periodo que comienza en la fecha
que designe el Gobernador en una Orden Ejecutiva, según enmendada de tiempo en
tiempo, emitida bajo el Artículo 201(a) de esta Ley con respecto a una entidad
gubernamental, y que termina en la fecha en que designe el Gobernador mediante
Orden Ejecutiva, que no podrá ser después del último día del periodo cubierto.
dd) ...”
Sección 3.-Se enmienda el Artículo 105 de la Ley 21-2016, para que
lea como sigue:
“Artículo 105.-Inmunidades
a) ...
b) Ninguna institución financiera o agente de
ésta que provea servicios de procesamiento de cheques u otros servicios
financieros al Banco o cualquier otra entidad gubernamental bajo cualquier
acuerdo con el Banco o con dicha entidad gubernamental, tendrá responsabilidad
alguna, ya sea civil, criminal u otra, por, y sin notificación u orden
adicional, serán exonerados de, acciones u omisiones relacionadas a dicho
acuerdo, ni por transferencias o retiros de depósitos u otros fondos hechos
bajo dicho acuerdo, si un tribunal determina que dicha transferencia o retiro
viola esta Ley, la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, la
Ley Núm. 22 de 24 de junio de 1985, según enmendada, o las Secciones 1243, 1244
o 1249 del Código Civil de Puerto Rico o cualquier regulación u Orden Ejecutiva
emitida bajo esta Ley o bajo dichas leyes o cualquier disposición o ley similar
o análoga.
c) Cualquier institución financiera en la cual
se deposite un cheque emitido por cualquier entidad gubernamental o que reciba
cualquier otra instrucción de una entidad gubernamental para transferir fondos
podrá honrar dicho cheque o instrucción en el curso ordinario de sus
operaciones bancarias sin indagar sobre si se cumplieron los requisitos de esta
Ley o de cualquier Orden Ejecutiva emitida bajo esta Ley. El Banco y las
entidades gubernamentales serán los únicos responsables por el cumplimiento con
cualquier disposición de esta Ley o cualquier regulación u Orden Ejecutiva
emitida bajo esta Ley que restrinja el uso de fondos públicos o la emisión de
cheques o que imponga otras restricciones relacionadas a fondos públicos en
manos de dichas instituciones financieras.
d) Cualquier acción presentada por negligencia
crasa será desestimada con perjuicio si: (i) un demandado, como oficial,
director, miembro de comité o profesional produce documentos que demuestren,
con relación a cualquier acto u omisión objeto de la demanda, que dicho
demandado recibió información sobre los hechos relevantes, participó en persona
o por teléfono y deliberó de buena fe; (ii) o si las acciones u omisiones que
son la base de la demanda, acusación o información no violan claramente un
deber establecido del cual una persona razonable tendría notificación clara
bajo las circunstancias particulares.”
Sección 4.-Se enmienda el Artículo 106 de la Ley 21-2016, para que
lea como sigue:
“Artículo 106.-Contratación de Empleados del Gobierno y
Profesionales; Exención de Otras Leyes
a)
...
b)
El Gobernador, el Departamento de Hacienda, AFI,
cualquier subsidiaria de cualquier Banco y/o la Autoridad podrá contratar con,
retener a, u honrar obligaciones bajo y/o asumir contratos del Banco con
consultores y empleados esenciales, incluyendo asesores legales y financieros,
aunque los salarios y los honorarios hayan sido incurridos antes de la fecha de
dicha asunción, para asesorar al Gobernador, al Banco o a cualquier entidad
gubernamental en asuntos relacionados con la reestructuración o el ajuste de
cualquier obligación cubierta, implantar planes de contingencia para las
obligaciones cubiertas o para la administración de los asuntos fiscales del Estado
Libre Asociado y de cualquier entidad gubernamental, o cualquier otro tema
relacionado con las funciones y operaciones realizadas o llevadas a cabo por el
Banco bajo la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, supra, o la Ley Núm. 272
de 15 de mayo de 1945, según enmendada. El Gobernador, el Departamento de
Hacienda, AFI, cualquier subsidiaria del Banco y/o la Autoridad, según sea
aplicable, deberá someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto un estimado
del total de costos y gastos relacionados con los contratos y obligaciones que
incurrirá o asumirá de acuerdo con esta Sección para el remanente del año
fiscal 2016. El Secretario de Hacienda y el Director de la Oficina de Gerencia
y Presupuesto están ordenados a identificar, del Año Fiscal 2016, los fondos
necesarios para cubrir dichos gastos y/o para transferir a AFI, cualquier
subsidiaria del Banco y/o la Autoridad suficientes fondos para cubrir dichos
gastos. Comenzando con el Año Fiscal 2017, dichos gastos serán pagados
mediante asignaciones hechas por la Asamblea Legislativa.”
Sección 5.-Se enmienda el Artículo 201 de la Ley 21-2016, para que
lea como sigue:
“Artículo 201.-Declaración para
Comenzar un Periodo de Emergencia y Moratoria para Cualquier Entidad
Gubernamental; Facultades del Gobernador
a)
Consistente con el Artículo 108, la Legislatura
por la presente instruye al Gobernador a dar prioridad al pago de servicios
esenciales sobre las obligaciones cubiertas para proteger la salud, seguridad y
el bienestar de los residentes del Estado Libre Asociado durante el periodo
cubierto, según definido en esta Ley, y al Gobernador por la presente se le da
el poder de, mediante Orden Ejecutiva, declarar un estado de emergencia para el
Banco o una entidad gubernamental e identificar obligaciones enumeradas del
Banco o cualquier entidad gubernamental y, si la Orden Ejecutiva así lo
dispone, no se harán pagos de una obligación cubierta del Banco o dicha entidad
gubernamental fuera de lo que disponen los Artículos 202 y 204 de esta Ley
durante el periodo de emergencia para el Banco o dicha entidad gubernamental. Disponiéndose, sin embargo, que ninguna obligación de intereses u
obligación de principal que constituya deuda pública se convertirá en una
obligación cubierta por operación de este inciso más de cinco (5) días antes
del 30 de junio de 2016. Salvo que se disponga lo contrario en esta Ley,
cualquier Orden Ejecutiva emitida bajo este inciso podrá ser cancelada o
modificada en cualquier momento por el Gobernador.
(b) Durante el periodo de emergencia para cualquier entidad
gubernamental:
(i) ...
(iii) ningún contrato del cual dicha entidad
gubernamental sea parte podrá ser terminado o modificado, y ningún derecho u
obligación bajo dicho contrato podrá ser terminado o modificado únicamente por
razón de que alguna disposición de dicho contrato está condicionada a—
...
(iv) no obstante las disposiciones de los incisos
(i), (ii) y (iii) anteriores, el Gobernador podrá tomar toda acción razonable y
necesaria para preservar la capacidad del Estado Libre Asociado para continuar
brindando servicios públicos esenciales y podrá tomar cualquier y toda acción
razonable y necesaria para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de
los residentes del Estado Libre Asociado, incluyendo, sin limitación, expropiar
derechos de propiedad relacionados a una obligación cubierta de una manera
permitida constitucionalmente de acuerdo a los poderes del Estado Libre
Asociado, disponiéndose que, si alguna propiedad es expropiada según esta Ley,
se podrá solicitar justa compensación o cualquier otro remedio en el Tribunal
de Primera Instancia, Sala de San Juan, no obstante cualquier otra disposición
o esta Sección de esta Ley. Con
excepción de los Artículos 3 y 3(a) y el requisito del Artículo 5(a) de que se
depositen fondos en el tribunal antes de adquirir título y posesión de la
propiedad que se está expropiando, cuyas disposiciones no serán de aplicación
para expropiaciones de derechos de propiedad relacionados a una obligación
cubierta, pero continuarán siendo de aplicación para cualquier otra
expropiación, las disposiciones de la Ley General de Expropiaciones
de 12 de marzo de 1903, según enmendada, aplicarán a las expropiaciones bajo
este Artículo.
(c) ...
(d) Si así lo ordena el Gobernador
durante el periodo de emergencia creado por este Artículo, las siguientes
obligaciones podrán ser suspendidas o modificadas, como sea aplicable, hasta el
final del periodo cubierto, sin necesidad de otra legislación,
...
...
(iii) cualquier obligación estatutaria u otra obligación
de transferir dinero (o su equivalente), incluyendo asignaciones legislativas,
a o por una entidad gubernamental sujeta a un periodo de emergencia, hasta una
cantidad igual al total del servicios de deuda de dicha entidad gubernamental
durante el año fiscal 2017 (o de tomar cualquier acción para cumplir con la
misma);
(iv) cualquier obligación estatutaria u otra
obligación para compensar los ingresos utilizados para pagar o cubrir, directa
o indirectamente, una obligación cubierta, que normalmente hubiesen sido
utilizados o efectuados para pagar o garantizar cualquier obligación cubierta
(o de tomar cualquier acción para cumplir con la misma); o
(v) cualquier obligación estatutaria u otra
obligación para garantizar el pago de una obligación cubierta como si esta Ley
no estuviese promulgada (o de tomar cualquier acción para cumplir con la
misma);
Disponiéndose que, en la medida que en una entidad gubernamental
sujeta a un periodo de emergencia reciba, de una fuente que no sea el
Departamento de Hacienda, ingresos u otros fondos cuya transferencia se haya
suspendido o modificado bajo este Artículo 201(d), el Secretario de Hacienda
podrá, sin necesidad de legislación adicional, requerir a la entidad que cobra
o posee dichos fondos que transfiera dichos fondos al Departamento de Hacienda.
Disponiéndose además, que ninguna de estas disposiciones le es de
aplicación a los municipios ni al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
de Puerto Rico.
…”
Sección
6.-Se enmienda el Artículo 202 de la Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“Artículo
202.-Condiciones del Periodo de Emergencia; Pago o Acumulación de Intereses
a)
Si lo dispone una Orden Ejecutiva, según
enmendada de tiempo en tiempo, emitida de acuerdo al Artículo 201(a) de esta
Ley, durante el periodo de emergencia declarado para cualquier entidad
gubernamental bajo este Capítulo,—
i.
los tenedores de una obligación cubierta de
dicha entidad gubernamental—
A.
que sea una obligación de principal u obligación
de intereses de deuda pública, recibirán, como mínimo, el
pago mínimo de deuda pública;
B.
que no sea deuda pública, pero que sea una
obligación de intereses, tienen derecho a acumular intereses sobre la porción
que no se haya pagado a una tasa igual a su tasa contractual de intereses,
cuyos intereses devengados y no pagados serán pagaderos al final del periodo
cubierto, en la medida en que lo permitan las leyes aplicables; y
C.
...
ii.
...
b) No obstante cualquier otra disposición de
este Artículo, ningún tenedor de una obligación cubierta que no sea de deuda
pública recibirá un pago proveniente de recursos disponibles, aunque de otra
manera lo hubiese requerido este Artículo, si cualquier parte de la obligación
que es de deuda pública permanece pendiente y sin pagar.
c) A menos que una Orden
Ejecutiva, según enmendada de tiempo en tiempo, emitida de acuerdo al Artículo
201(a) de esta Ley disponga lo contrario, o a menos que de otra manera se pague
antes del final del periodo cubierto, cualquier pago respecto a cualquier
obligación cubierta de cualquier entidad gubernamental que venza antes o
durante el periodo de emergencia para dicha entidad gubernamental para la cual
se haya declarado un periodo de emergencia, incluyendo un pago de intereses
devengados, derivados o que surjan de, o estén relacionados con, el
incumplimiento del pago de dicha obligación, (independientemente de si surge o
resulta de una garantía, obligación de reembolso, indemnización u otra
obligación o compromiso de cualquier entidad gubernamental), a menos que
se disponga lo contrario en esta Ley, será pagadero en la medida provista en
esta Ley en el último día del periodo cubierto, en la medida en que esté
permitido bajo las leyes aplicables.
d) Los requisitos para
pagar intereses de acuerdo a los subincisos (a) y (c) de este Artículo no se
aplicará al pago de ninguna porción de una obligación cubierta que no sea deuda
pública y cuyo pago –
i. ...
ii. ...
e) ...”
Sección
7.-Se enmienda el Artículo 203 de la Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“Artículo 203.-Medidas de Emergencia en el Banco;
Depósitos; Retiros Permitidos y Prohibidos; Suspensión de Requisito de Depositar
en el Banco
(a)
...
(b) Para propósitos de este Artículo, acciones
“razonables y necesarias” podrán incluir, pero no limitarse a, lo siguiente-
i. ...
ii. ...
iii. suspendiendo-
A.
la obligación del Banco de pagar bajo cualquier
garantía;
B.
...
C.
...
...
(c) Si se impone cualquier restricción a los
desembolsos por el Banco de acuerdo al subinciso (a) de este Artículo-
(i) ...
(ii) el Banco honrará las solicitudes de retiro
o transferencia de cualquier depósito, incluyendo mediante cheque o de
cualquier otra manera, hechas por una agencia, corporación pública o
instrumentalidad del Estado Libre Asociado (con excepción de aquellas
enumeradas en el subinciso (c)(iii) de este inciso) según lo autorice el
Gobernador de tiempo en tiempo y al otorgar dicha autorización, el Gobernador
deberá tomar en consideración los fondos disponibles y la necesidad de sufragar
la prestación de servicios esenciales por dicho depositante según demostrado
por una certificación conjunta de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el
Secretario de Hacienda que establezca que es necesario honrar dicha solicitud
con respecto a dicho depósito, para garantizar la prestación de servicios
esenciales específicamente identificados por una entidad gubernamental,
disponiéndose que al certificar dicha petición de retiro, la Oficina de
Gerencia y Presupuesto y el Secretario de Hacienda podrá disminuir la cantidad
de cualquier solicitud a una cantidad considerada necesaria para sufragar los
servicios esenciales;
(iii) Sujeto a la
disponibilidad de fondos y la cantidad agregada de desembolsos establecida por
el Gobernador, el Banco honrará cualquier solicitud de retiro o transferencia
de depósitos o cualquier solicitud de honrar un cheque de un municipio, la Rama
Judicial, la UPR, la Asamblea Legislativa o sus dependencias, la Oficina del
Contralor, la Oficina del Contralor Electoral, la Comisión Estatal de
Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Fiscal Especial
Independiente; disponiéndose, sin embargo, que un oficial autorizado de dicho
municipio o entidad enumerada deberá certificar y someter documentación que
pruebe que dichos fondos se utilizarán para el pago de servicios esenciales.
(d) ...
(e) Salvo
lo dispuesto en el inciso (f) de este Artículo, en la medida en que la
obligación hacia un acreedor esté garantizada por un derecho sobre alguna
propiedad, o en la medida en que dicho acreedor tenga derecho a compensar su
deuda bajo otra ley no relacionada a insolvencia de imponérsele cualquier
restricción a los desembolsos del Banco conforme a este Artículo, cualquier
cantidad desembolsada a un acreedor luego de que se imponga dicha
restricción, deberá ser restada de la cantidad de cualquier distribución que
dicho acreedor pudiera recibir a partir del primer día de dicha restricción, si
el Banco se liquida posteriormente o si se coloca en sindicatura. Asimismo,
salvo lo dispuesto en el inciso (l) de este Artículo, que regula el uso del
fondo de redención municipal creado en virtud de la Ley 64-1996 (excluyendo el
exceso de los fondos allí depositados), si cualquier entidad gubernamental,
asume, libera o paga cualquier obligación del Banco antes de ser liquidado o colocarse
en sindicatura, dicha entidad gubernamental se subrogará en el sitio del
acreedor de dicha obligación del Banco y tendrá una reclamación contra el
patrimonio del Banco en el mismo rango de preferencia asignado a la obligación
por ley, equivalente a la cantidad asumida (disponiéndose que el Banco sea
relevado de la obligación asumida), liberada o pagada a nombre del Banco y, de
ser aplicable, esa reclamación deberá descontarse de cualquier cantidad
adeudada de dicha entidad gubernamental al patrimonio en orden de vencimiento
establecido.
...
(h) Cualquier cheque
emitido en violación de esta Ley, o de una Orden Ejecutiva emitida bajo esta
Ley, será nulo y sin efecto, y cualquier persona que deliberadamente
haga un cheque para retirar todo o una parte sustancial del balance de sus
depósitos en violación a esta Sección será culpable de un delito grave que
podrá ser sancionado con prisión de hasta un (1) año o con una multa no menor
de veinticinco mil dólares ($25,000).
(i) ...
(j) ...”
Sección
8.-Se enmienda el Artículo 204 de la Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“Artículo
204.-Colateral, Gravámenes, y Prioridades Preservadas; No Menoscabo; Remedios
(a) Si una obligación
cubierta que venció o hubiese vencido antes o durante el periodo de emergencia
vence al final del periodo cubierto como resultado de esta Ley, y salvo que
ocurra una expropiación de acuerdo con esta Ley, nada en esta Ley se
interpretará como que limita los derechos de un tenedor a la colateral,
garantía o gravamen que respalde dicha obligación, y nada en esta Ley autoriza
a cualquier entidad gubernamental a menoscabar obligación alguna tras la
objeción de un acreedor.
(b) ...
(c) ...
(d) Sin limitar el inciso (c) de este Artículo,
la protección adecuada para el interés de una persona en colateral en efectivo,
incluyendo ingresos de la entidad gubernamental puede incluir una prenda de los
ingresos futuros (neto de gastos ordinarios, operacionales u otros gastos
incurridos por la entidad gubernamental bajo esta Ley) de dicha entidad
gubernamental si–
i. ordenar el cumplimiento del derecho de
dicha persona en ese momento podría menoscabar sustancialmente la habilidad de
dicha entidad gubernamental de descargar sus funciones públicas;
ii. no hay alternativa práctica disponible para
cumplir con dicha función pública a la luz de la situación; y
iii. la generación de ingresos netos futuros para repagar las
reclamaciones garantizadas de dicha persona depende del desempeño corriente y
continuo de sus funciones públicas y los ingresos netos futuros mejorarán como
resultado del uso corriente de colateral en efectivo o ingresos para evitar un
menoscabo corriente de funciones públicas.
(e) ...”
Sección
9.-Se enmienda el Artículo 206 de la Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“Artículo 206.-Emisión de Deuda por una Entidad Gubernamental
Independientemente de si se ha declarado un periodo de emergencia o
no, nada de lo contenido en esta Ley se interpretará como que prohíbe o impide
que una entidad gubernamental emita instrumentos de deuda u otra evidencia de
endeudamiento a los acreedores de obligaciones cubiertas que consientan a ello,
en pago, renovación o refinanciamiento de o a cambio de la obligación cubierta
de dicho acreedor bajo términos que de otra manera estuviesen en cumplimiento
con esta Ley o cualquier ley aplicable.”
Sección 10.-Se elimina el Capítulo 6 de la Ley 21-2016 y se
sustituye en su totalidad con lo siguiente:
“CAPÍTULO 6. LA AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL DE
PUERTO RICO
Artículo 601.-Establecimiento
Por la presente se crea la Autoridad de Asesoría Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico, que será una corporación pública e
instrumentalidad del Gobierno, con existencia legal, fiscal y autonomía
administrativa separada e independiente del Estado Libre Asociado.
Artículo 602.-Propósitos, Facultades y Poderes de la
Autoridad
(a)
La Autoridad es creada con el propósito de que
actúe como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Estado
Libre Asociado y sus corporaciones públicas, instrumentalidades, comisiones,
autoridades municipales y subdivisiones políticas y para asistir tales
entidades en confrontar la grave crisis fiscal y emergencia económica por la
que atraviesa Puerto Rico.
(b)
Todas las funciones de agente fiscal, asesor
financiero y agente informativo del BGF serán automáticamente transferidas a la
Autoridad, incluyendo todos aquellos poderes y responsabilidades bajo la Ley
Núm. 272 de 15 de mayo de 1945, según enmendada. La Autoridad deberá
supervisar todos los asuntos relacionados con la reestructuración o ajuste de
cualquier obligación, o planes de contingencia para cualquier obligación del
Estado Libre Asociado o cualquiera de sus instrumentalidades. Asimismo, la
Autoridad asumirá, y se convertirá en parte en cualquier y todos los contratos
entre el BGF y cualquier asesor, incluyendo los asesores legales y financieros,
aunque los salarios y los honorarios hayan sido incurridos antes de la fecha de
dicha asunción, relacionados con la reestructuración o ajuste de las
obligaciones del Estado Libre Asociado, sus instrumentalidades y municipios.
Cualquier referencia en alguna ley del Estado Libre Asociado aprobada previo a
la efectividad de esta Ley al (i) BGF, en su carácter de agente fiscal, asesor
financiero o agente informativo del Estado Libre Asociado y sus
instrumentalidades, o en relación con cualquier operación que no sea una
operación bancaria, incluyendo las funciones asignadas al BGF bajo la Ley
29-2009, según enmendada y la Ley Núm. 64 de 3 de julio de 1996, según
enmendada, se entenderá que se refiere y aplica a la Autoridad, y (ii)
Presidente del BGF, que se refiera a funciones, responsabilidades o poderes de
éste relacionados a las funciones de agente fiscal, asesor financiero o agente
informativo del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades y municipios o
a cualquier operación del BGF que no sea una operación bancaria, incluyendo las
funciones asignadas al BGF bajo la Ley 29-2009, según enmendada, se entenderá
que se refiere al Director Ejecutivo de la Autoridad; disponiéndose, que, (a)
en todo caso que alguna disposición de ley del Estado Libre Asociado provea que
el Presidente del BGF será miembro de una junta de directores de una
corporación o instrumentalidad pública, el Gobernador tendrá discreción para
nombrar al Presidente del BGF o al Director Ejecutivo de la Autoridad, para
ocupar dicha posición y (b) si surgiere alguna duda sobre si alguna disposición
en una ley se refiere al BGF, en su carácter de agente fiscal, asesor
financiero y agente informativo del Estado Libre Asociado y sus
instrumentalidades y municipios o a cualquier operación del BGF que no sea una
operación bancaria, se podrá consultar al Secretario de Justicia del Estado
Libre Asociado sobre dicho asunto y se podrá descansar en cualquier
interpretación que haga éste para propósitos de la interpretación de este
inciso. Todo reglamento adoptado por el BGF previo a esta Ley en el ejercicio
de sus funciones como agente fiscal, asesor financiero o agente informativo
continuará en vigor luego de la aprobación de esta Ley hasta que estos sean
enmendados o modificados por la Autoridad y cualquier referencia en esos
reglamentos al BGF relacionada a las funciones de BGF como agente fiscal,
asesor financiero o agente informativo del Estado Libre Asociado y sus
instrumentalidades se entenderá que es una referencia a la Autoridad.
(c)
Con el fin de lograr estos
propósitos, se le confiere a la Autoridad, y ésta tendrá y podrá ejercer, todos
los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a cabo
dichos propósitos, incluyendo, pero sin limitación, los siguientes–
i.
adoptar, cambiar y usar un sello corporativo que
será reconocido por los tribunales;
ii.
formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos
para la administración de sus asuntos corporativos y aquellas normas, reglas y
reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para ejercitar y desempeñar sus
funciones, poderes y deberes;
iii.
tener dominio completo sobre todas sus
propiedades;
iv.
determinar el carácter y la necesidad de todos
sus gastos, y el modo cómo los mismos deberán incurrirse, autorizarse y
pagarse, sin tomar en consideración cualquier disposición de ley que regule los
gastos de fondos públicos y tal determinación será final y definitiva para con
todos los funcionarios del Estado Libre Asociado, pero deberá adoptar reglas
para el uso y desembolso de sus fondos y estará sujeta a la intervención de la
Oficina del Contralor de Puerto Rico;
v.
demandar y ser demandada bajo su propio nombre,
querellarse y defenderse en todos los tribunales de justicia y cuerpos
administrativos y participar en procedimientos de arbitraje comercial;
vi.
negociar y otorgar, con cualquier persona,
incluyendo cualquier agencia gubernamental, federal o estatal, todo tipo de
contrato, incluyendo todos aquellos instrumentos y acuerdos necesarios o
convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidos a la Autoridad por
esta Ley;
vii.
adquirir cualquier propiedad mediante cualquier
forma legal;
viii.
nombrar y destituir aquellos funcionarios,
agentes, o empleados y conferirles aquellas facultades, imponerles aquellos
deberes y fijarles, cambiarles y pagarles aquella compensación que la Autoridad
determine;
ix.
aceptar donaciones de cualquier persona, y
utilizar el producto de cualesquiera de dichas donaciones para cualquier fin
corporativo;
x.
procurar seguros contra pérdidas en las
cantidades y con los aseguradores que considere deseable, cuyo seguro podría
incluir, sin que se entienda como una limitación, seguro contra responsabilidad
civil de directores, oficiales, agentes y empleados;
xi.
asumir cualquier y todo contrato del BGF o su
sucesor y cualquier responsabilidad relacionada a dichos contratos;
xii.
facultad de cobrar y recolectar cargos
relacionados a su función como agente fiscal;
xiii.
ejercer todos aquellos otros poderes
corporativos no incompatibles con los aquí expresados que por las leyes de
Puerto Rico se confieren a las corporaciones privadas, y ejercer todos esos
poderes, dentro y fuera de Puerto Rico, en la misma extensión que lo haría o
podría hacerlo una persona natural, disponiéndose, que la Autoridad no tendrá
autoridad legal para emitir bonos, notas u otra evidencia de deuda; y
xiv.
realizar todos los actos o medidas necesarias o
convenientes para llevar a cabo los poderes que se le confieren por esta Ley o por
cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico o del Congreso de
los Estados Unidos.
Artículo 603.-Junta de Directores
(a)
Inicialmente, la Autoridad será dirigida por una
junta de directores integrada por el Director Ejecutivo de la Autoridad, quien
será su único miembro. A partir del 1ero de enero de 2017, la Autoridad podrá
ser dirigida por una junta de directores compuesta de uno, tres o cinco
miembros, según determine el Gobernador, cuyos miembros serán nombrados por el
Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, y no
podrán haber ocupado el puesto de director del BGF durante un periodo de diez
(10) años previo a ser designados directores de la Autoridad. Los miembros de
la Junta servirán a voluntad del Gobernador y podrán ser removidos o
reemplazados por el Gobernador en cualquier momento, con o sin causa.
(b)
La Junta seleccionará entre sus miembros a un
presidente y un vicepresidente, que sustituirá al presidente en su ausencia,
así como a un secretario; disponiéndose, que, si la Junta está compuesta de un
solo miembro, dicho miembro fungirá como presidente y secretario de la Junta.
(c)
La Junta también podrá designar comités para
atender cualquier asunto que la Junta pueda atender, siempre y cuando la
mayoría de los miembros designados de dichos comités sean independientes.
(d)
Salvo que el reglamento de la Autoridad lo
prohíba o lo restrinja, cualquier acción necesaria o permitida en cualquier
reunión de la Junta o cualquier comité de la Junta, será autorizada sin que
medie una reunión, siempre y cuando todos los miembros de la Junta o comité de
la Junta, según sea el caso, den su consentimiento escrito a dicha acción. En
tal caso, el documento escrito constará en las actas de la Junta o comité de la
Junta, según sea el caso. Salvo que el reglamento de la Autoridad provea otra
cosa, los miembros de la Junta o de cualquier comité de la Junta podrán
participar en cualquier reunión de la Junta o de cualquier comité de ésta,
respectivamente, mediante conferencia telefónica, u otro medio de comunicación,
a través del cual todas las personas participantes en la reunión puedan
escucharse simultáneamente. La participación de cualquier miembro de la Junta
o cualquier comité de ésta en la forma antes descrita constituirá asistencia a
dicha reunión.
(e)
Los miembros de la Junta no recibirán
compensación por sus servicios como miembros de la Junta, pero tendrán derecho
a que se les reembolsen los gastos de viaje necesariamente incurridos para el
desempeño de sus funciones oficiales de acuerdo a los reglamentos aplicables
del Departamento de Hacienda.
(f)
La Junta tendrá, sin que se entienda como una
limitación, los siguientes deberes y facultades–
i.
establecer la política general de la Autoridad
para cumplir con los objetivos de esta Ley;
ii.
autorizar el plan de trabajo y el presupuesto
anual de la Autoridad;
iii.
adoptar y aprobar reglas y reglamentos que rijan
su funcionamiento interno, así como aquéllos que sean necesarios para
desempeñar las facultades y poderes que le han sido conferidas bajo esta Ley;
iv.
sujeto al Artículo 604 de esta Ley, establecer
los deberes y poderes del Director Ejecutivo de acuerdo a las disposiciones de
esta Ley y establecer su compensación;
v.
requerir de cualquier funcionario o empleado de
la Autoridad los informes y datos estadísticos que entienda necesarios;
vi.
en la medida que la Junta de Supervisión Fiscal
y Recuperación Económica de Puerto Rico no se haya constituido, para validar o
seleccionar el asesor independiente que validará las proyecciones de ingresos
del Estado Libre Asociado para cualquier año fiscal antes de que dichas
proyecciones sean sometidas a la Asamblea Legislativa como parte de presupuesto
del Estado Libre Asociado de acuerdo al Artículo 4(a) de la Ley Núm. 147 de 18
de junio de 1980, según enmendada;
vii.
emitir citaciones requiriendo la comparecencia y
el testimonio de testigos y la producción de cualquier evidencia para recopilar
información relacionada a un asunto que se encuentre bajo su jurisdicción. Si
cualquier persona se rehusare a cumplir con un requerimiento hecho por la
Autoridad, la Autoridad podrá solicitar una orden judicial ante el Tribunal de
Primera Instancia, Sala de San Juan, para requerir a esa persona a comparecer
ante la Autoridad para testificar, producir evidencia, o ambos, con relación al
asunto bajo su consideración, cuyos requerimientos deberán ser notificados de
la misma manera en la que éstos se notificarían bajo las reglas de
procedimiento civil aplicables;
viii.
promulgar normas para proteger la
confidencialidad de la información y los documentos que se le entreguen de
acuerdo con las leyes y la jurisprudencia vigente sobre la materia en el Estado
Libre Asociado, cuyo acto de proveer información o documentos a solicitud de la
Autoridad no se interpretará como una renuncia a una reclamación de
confidencialidad, de cualquier persona natural o jurídica, con relación a la
información o el documento entregado;
ix.
delegar en cualquier comité de la Junta o en el
Director Ejecutivo cualesquiera de los poderes y facultades que tiene la Junta
bajo esta Ley; y
x.
tomar todas aquellas acciones que considere
conveniente o necesarias para llevar a cabo los propósitos de la Autoridad
según las disposiciones de esta Ley.
Artículo 604.-Director Ejecutivo
(a)
La Autoridad funcionará bajo la dirección de un
Director Ejecutivo, quien será nombrado por el Gobernador, disponiéndose, que,
si la Junta está compuesta por un solo miembro, dicho miembro fungirá también
como Director Ejecutivo de la Autoridad. Durante cualquier periodo en que el
Director Ejecutivo sea el único miembro de la Junta de la Autoridad, el
Gobernador establecerá los deberes y poderes del Director Ejecutivo de acuerdo
con las disposiciones de esta Ley y determinará su compensación.
(b) Las funciones del Director Ejecutivo
incluirán, sin que constituya una limitación, las siguientes:
i.
ser el principal oficial ejecutivo de la
Autoridad;
ii.
preparar y presentar a la Junta el plan de
trabajo y el presupuesto anual de la Autoridad;
iii.
autorizar y supervisar cualquier contrato que
sea necesario para el funcionamiento de la Autoridad sujeto a las normas que
establezca la Junta;
iv.
establecer, organizar, dirigir y supervisar la
estructura administrativa de la Autoridad;
v.
contratar personal y profesionales, incluyendo
asesores legales, consultores financieros, y economistas, bajo términos
razonables y según determine la Autoridad, para ayudar al Director Ejecutivo en
el ejercicio de las funciones de la Autoridad;
vi.
establecer los niveles de funcionamiento de las
operaciones de la Autoridad, incluyendo el poder de reclutar y contratar a
cualquiera de los funcionarios y empleados bajo su supervisión, sujeto a las
normas que establezca la Junta; y
vii.
desempeñar todas aquellas otras funciones que le
sean asignadas por la Junta.
Artículo 605.- Funcionarios y Empleados
(a)
El personal de la Autoridad quedará excluido de
la Ley 184-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración de
los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico”. Los nombramientos, despidos, ascensos, traslados, ceses, reposiciones,
suspensiones, licencias y cambios de categoría, remuneración o título de los
funcionarios y empleados de la Autoridad se harán y permitirán como dispongan
las normas y reglamentos que prescriba la Junta, las que deberán ser
consistentes con los principios de mérito establecidos en la Ley de Personal
del Servicio Público de Puerto Rico.
(b)
El Director Ejecutivo y los funcionarios y
empleados de la Autoridad tendrán derecho al reembolso de los gastos necesarios
de viaje, o a las dietas correspondientes, que sean autorizados o aprobados de
acuerdo con los reglamentos adoptados por la Junta para la Autoridad.
Artículo 606.- Inmunidad
En ausencia de prueba clara y convincente de negligencia
crasa que conlleve una indiferencia temeraria hacia sus deberes o la omisión de
llevarlos a cabo, los miembros de la Junta, oficiales y empleados de la
Autoridad no tendrán responsabilidad personal civil hacia ninguna persona y
serán indemnizados por la Autoridad y exonerados de responsabilidad civil por
acciones u omisiones de buena fe, en su capacidad y dentro de su autoridad.
Cualquier acción civil presentada ante un tribunal en la que se alegue la
existencia de negligencia crasa deberá ser desestimada con perjuicio si el demandado
produce documentos que demuestren que recibió información sobre los hechos
relevantes, participó en persona o por teléfono y deliberó de buena fe o
recibió y confió en el asesoramiento de expertos respecto a cualquier acción u
omisión que sea base para la demanda.
Artículo 607.- Colaboración entre Entidades Gubernamentales
La Autoridad podrá solicitar a cualquiera de las
siguientes entidades, o a cualquier sucesor del mismo, apoyo administrativo y
tales servicios estadísticos y profesionales razonablemente necesarios para que
la Autoridad pueda llevar a cabo sus responsabilidades bajo esta Ley: el BGF,
el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, el Instituto de
Estadísticas y cualquier otra instrumentalidad del Estado Libre Asociado. En la
medida de lo posible, la Autoridad reembolsará a estas entidades para tales
servicios.
Artículo 608.- Exención de Otras Leyes
Para preservar su independencia administrativa, la cual
es indispensable para llevar a cabo las funciones que por la presente se le
encomiendan, la Autoridad estará excluida de la aplicación de las disposiciones
y las leyes que se enumeran en el Artículo 106 a) i. al vii de esta Ley y de la
aplicación de las disposiciones y las leyes de las cuales está exento
actualmente el BGF.
Artículo 609.- Empleados del Banco
En la medida en que la Autoridad determine, a su
discreción, asumir la totalidad o parte de los empleados permanentes,
temporeros y/o no-unionados del BGF, dichos empleados pasarán a ser empleados
de la Autoridad. Esta transferencia de empleados se efectuará mientras se
honran los términos y condiciones de empleo efectivos a la fecha de la
transferencia a la Autoridad, incluyendo los derechos, privilegios,
obligaciones y antigüedad, adquiridos bajo las leyes aplicables y los
reglamentos vigentes de personal, sujeto a las modificaciones provistas por la
Ley 66-2014 mientras la misma continúe vigente. Ninguna de las disposiciones
de este Capítulo afectará el derecho constitucional de negociación colectiva
que tienen los empleados del BGF, ni los derechos, beneficios y privilegios
adquiridos por virtud de cualquier convenio colectivo. Los derechos con
relación a cualquier sistema de pensión o retiro a las que pueden estar
afiliados a, o miembros de, la fecha de vigencia de esta Ley también están
garantizados. La Autoridad estará obligada a satisfacer los salarios,
compensación, comisión, incluyendo pagos relacionados a vacaciones, licencias y
días de enfermedad o cualquier otro beneficio de empleo adquirido antes de la
transferencia a la Autoridad, conforme las políticas aplicables del BGF o
cualquier ley aplicable.
Artículo 610.- Continuación de la Efectividad de
Aprobaciones Previas del BGF Con Relación a Bonos u Obligaciones Similares o
Transacciones
Cualquier resolución adoptada por el BGF previo a la
fecha de la creación de la Autoridad y que apruebe los términos o la emisión de
bonos u otra obligación similar o transacción del Estado Libre Asociado o
cualquier “Unidad” del Gobierno del Estado Libre Asociado (según dicho término
está definido en la Ley 272 de 15 de mayo de 1945, según enmendada) y de
cualquier municipio, será válida y permanecerá en pleno vigor y efecto a pesar
de la aprobación de esta Ley o la asunción por la Autoridad de aquellos poderes
y responsabilidades que se le confieren a la Autoridad por virtud de esta Ley,
y no se requerirá que la Autoridad adopte una resolución aprobando nuevamente
los términos o la emisión de dichos bonos u obligaciones similares o
transacción, aunque dichos bonos u obligaciones similares se emitan, o dicha
transacción se complete, después de la fecha de la creación de la Autoridad.
Artículo 611.- Términos de la Existencia de la Autoridad
La Autoridad existirá en perpetuidad, a menos que se
termine mediante legislación.”
Sección 11.-Se enmienda el Artículo 103 en el idioma de inglés de
la Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“SECTION
103.-DEFINITION
The
following words and terms, when used in Chapters 1, 2, 6, and 7 of this Act
shall have the meaning stated below:
(a)
...
...
(l) “Covered obligation” shall mean (1) any interest
obligation, principal obligation or enumerated obligation of a government
entity that is due or becomes due during the emergency period in respect of
such government entity, (2) any obligation arising or resulting from, or
related to, the guarantee by such government entity of any obligation of
another entity that is due or becomes due during the emergency period, and (3)
if provided for in an order issued pursuant under Section 201 (d) of this Act,
the transfer of, or obligation to transfer, funds required to be made in
advance of, or on the due date of, any obligation identified in the preceding
clauses (1) and (2), if, and in each case, such government entity is declared
to be in a state of emergency by an executive order of the Governor as
contemplated in Section 201(a) of this Act, as may be amended from time to
time, but shall not include—
(i)
…
(ii)
…
(iii)
…
(iv) …
(v) any debt issued by a government
entity after the enactment of this Act provided that the Governor certifies at
the time of issuance that such debt will be irrevocably excluded from the
definition of “covered obligation” under this Section for the purposes of this
Act.
(m) ...
(n) “Debt instrument” shall include any document or instrument
for, used in connection with, or related to:
i.
...
...
vii. ...
Provided
that “debt instrument” shall not include any contract for the provision of
goods or services, nor shall it include any clearing services agreement or
other agreement pursuant to which a financial institution provides services to
the Bank or any other government entity.
...
(q) “Emergency period”, in respect of any government entity,
shall mean the period beginning on the date designated by the Governor in an
executive order, as may be amended from time to time, issued pursuant to
Section 201(a) of this Act, with respect to such government entity and ending
on the date designated by the Governor in an executive order, which shall be no
later than the last day of the covered period.
(r) “Enumerated obligation” shall mean any obligation
specifically listed or identified by category in an executive order, as may be
amended from time to time, issued pursuant to Section 201(a) of this Act, which
obligation (whether contingent or non-contingent, due or not due) may arise
from any contract or agreement, including any financial instrument, debt
instrument or unexpired lease, any obligation to pay the principal of, premium
of, if any, penalties, reimbursement or indemnification amounts, fees,
expenses, or other amounts relating to any indebtedness, any other liability,
contingent or otherwise, and any other agreement on instrument provided for
amounts or benefits payable by a government entity to any person, provided that
an “enumerated obligation” shall not include any obligation that arises under a
contract for the provision of goods or services to a government entity, nor
shall it include any obligation arising under a clearing services agreement or
other agreement pursuant to which a financial institution provides services to
the Bank or any other government entity.
(s) ...
(t) “Government entity” shall mean any of the following—
i.
AFICA, AMA, each Bank and any subsidiary
thereof, CCDA, COFINA, the Commonwealth, ERS, HFA, HTA, PBA,
PFC, PRASA, PREPA, PRIDCO, PRIFA, the Puerto Rico Ports Authority, and UPR; and
ii.
…
Notwithstanding any provision of this Act,
any government entity party to an Agreement with Creditors shall only be
considered a “government entity” prior to the consummation of the financial
restructuring contemplated by an Agreement with Creditors (for example, without
it being construed as a limitation, the initial issuance of
any securitization bonds in exchange for outstanding bonds issued by such
government entity in accordance with an Agreement with Creditors), and, in such
case, only in the event that (1) the Agreement with Creditors is terminated or
(2) any holder or beneficial owner of a debt instrument issued by such
government entity has commenced an action to enforce any right or remedy
against said government entity under such debt instrument. For purposes of
this definition, “Agreement with Creditors” shall mean an agreement executed
among a government entity and certain creditors of such government entity,
including a consensual restructuring support agreement relating to the
restructuring of its debt, as it may be amended, supplemented or reinstated
from time to time, regardless of whether it is securitized or not.”
(u) ...
...
(y) “Minimum public debt payment” shall mean, with respect
to a covered obligation that is public debt and is also a principal obligation
or an interest obligation—
i. an amount determined by the Governor that
is consistent with the Constitution of the Commonwealth, after consultation
with the Secretary of the Treasury, which amount may be calculated as the
difference between the amount of available resources projected for the
applicable emergency period and the projected expenses for essential public
services during such period, applied pro rata to all holders of covered
obligations that are interest obligations that constitute public debt that are
due and payable (or projected to become due and payable) during the applicable
emergency period (excluding any deferred or accrued amounts that will be paid
on the last day of such emergency period as a result of this Act), and, if all
interest obligations that constitute public debt are satisfied in full, any
remaining available resources shall be applied pro rata to all holders of
covered obligations that are principal obligations that constitute public debt
and that are due and payable (or projected to become due and payable) during
the applicable emergency period (excluding any deferred or accrued amounts that
will be paid on the last day of such emergency period as a result of this Act),
provided that the minimum public debt payment in this clause (i) need not be
paid all at once if such amount exceeds the available resources of the
Commonwealth that are available to make such payment, including those subject
to an executive order or applicable law that diverts such available resources
towards the payment of public debt; and
ii. ...
(z) ...”
Sección 12.-Se enmienda el Artículo 105
en el idioma de inglés de la Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“SECTION 105.
IMMUNITIES.
a)
...
b) No financial institution or agent thereof providing clearing
services or other financial services to the Bank or any other government entity
pursuant to any agreement with the Bank or such government entity shall have
any liability, civil, criminal, or otherwise, for, and without further notice
or order shall be exonerated from, actions taken or not taken in connection
with such agreement, nor for any transfer or withdrawal of deposits or other
funds made pursuant thereto if any such transfer or withdrawal is found by a
court to be in violation of this Act, Act No. 17 of September 23, 1948, as amended,
Act No. 22 of June 24, 1985, as amended, or Sections 1243, 1244 and 1249 of the
Civil Code of Puerto Rico, any regulation or executive order issued hereunder
or thereunder, or any other similar or analogous law or provision.
c) Any financial institution in which a check issued by any
government entity is deposited or which receives any other instruction from a
government entity to transfer funds shall be entitled to honor such check or
instruction in the ordinary course of its banking operations without inquiring
whether the requirements of this Act or any executive order issued hereunder
have been complied with. The Bank and the government entities shall be solely
responsible and liable for compliance with any provision of this Act or any
regulation or executive order issued hereunder that restricts the use of
government funds or the issuance of checks or other instructions relating to
government funds held by financial institutions.
d) Any action brought for gross negligence shall be dismissed with
prejudice if: (i) a defendant, as an official, officer, director, committee
member, or professional produces documents showing in respect of whatever acts
or omissions form the basis of the complaint, such defendant received or relied
on the advice of experts or was advised of relevant facts, participated in
person or by phone, and deliberated in good faith; or (ii) the acts or
omissions that form the basis of the complaint, indictment, or information do
not clearly violate an established duty of which a reasonable person would have
clear notice under the particular circumstances.”
Sección 13.-Se enmienda el Artículo 106 en el idioma de inglés de
la Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“SECTION 106. HIRING OF
GOVERNMENT WORKERS AND PROFESSIONAL PERSONS; EXEMPTION FROM OTHER LAWS.
a)
...
b)
The Governor, the Department of
the Treasury, PRIFA, any subsidiary of the Bank, and/or the Authority may
employ, retain, or honor existing obligations under and /or assume existing
contracts of the Bank of any government entity with consultants and essential
employees, including legal and financial advisors, whether or not the salaries
or fees were incurred prior to the date of such assumption, and may employ such
consultants and essential employees to advise the Governor, the Bank or any
government entity on matters related to restructuring or adjusting any covered
obligation, implementing liability management transactions for covered
obligations, managing the fiscal affairs of the Commonwealth and any government
entity, or any matters otherwise related to functions or operations performed
or carried out by the Bank under Act No. 17 of September 23, 1948, as amended,
or Act No. 272 of May 15, 1945, as amended. The Governor, the Department of
the Treasury, PRIFA, any subsidiary of the Bank, and/or the Authority, as
applicable, shall submit to the Office of Management and Budget an estimate of
the total costs and expenses related to the contracts and obligations to be
incurred or assumed pursuant to this Section for the remainder of this fiscal
year 2016. The Secretary of the Treasury and the Director of the Office of
Management and Budget are hereby directed to identify from the fiscal year 2016
budget the funds necessary to cover such expenses and/or to transfer to PRIFA,
any subsidiary of the Bank, or the Authority sufficient funds to cover such
expenses. Beginning in fiscal year 2017, such expenses shall be paid from
appropriations made by the Legislative Assembly. The laws and provisions listed
in items a) i. through vii. of this section shall not apply to the contracting
or the assumption of obligations under this subsection.”
Sección 14.- Se enmienda el Artículo 201 en el idioma de inglés de
la Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“SECTION 201.-DECLARATION
COMMENCING EMERGENCY PERIOD AND MORATORIUM FOR ANY GOVERNMENT ENTITY; POWERS OF
THE GOVERNOR
(a) Consistent with Section 108, the Legislature hereby directs
the Governor to prioritize payment of essential services over covered
obligations to promote the health, safety, and welfare of the residents of the
Commonwealth during such covered period, as defined in this Act, and the
Governor is hereby empowered, by executive order, to declare the Bank or any
government entity to be in a state of emergency and identify in such order
enumerated obligations of the Bank or any government entity, as applicable, and
if the executive order so provides, no payment on a covered obligation of such
Bank or government entity shall be made, other than as provided in Sections 202
or 204 of this Act, during the emergency period for such Bank or government
entity, as applicable; provided, however, that no principal obligation or
interest obligation that constitutes public debt shall become a covered obligation
by operation of this Section before five (5) days prior to June 30, 2016.
Except as otherwise provided in this Act, any executive order issued under this
Subsection may be terminated or modified at any time by the Governor.
(b) During the emergency period for any government entity:
(i) ...
(iv) notwithstanding the provisions of the preceding clauses (i),
(ii) and (iii) above, the Governor may take any and all actions that are
reasonable and necessary to preserve the Commonwealth’s ability to continue
providing essential public services and may take any and all actions reasonable
and necessary to protect the health, safety and welfare of the residents of the
Commonwealth, including, in each case without limitation, expropriating
property or rights in property interests related to a covered obligation in a
constitutionally permitted manner pursuant to the Commonwealth’s power of
eminent domain, provided, however, that if property is taken pursuant to this
Act, just compensation or other relief may be sought in the Court of First
Instance, San Juan Part notwithstanding any other provision or this Section of
this Act. The provisions of the General Act of Expropriation of March 12, 1903,
as amended, will apply to expropriations pursuant to this Section, other than
Articles 3 and 3(a), and the requirement of Article 5(a) that funds be
deposited in court prior to acquiring title and possession of the property
being expropriated, which provisions shall not apply to expropriations of
property rights pursuant to this Section, but shall continue to apply to any
other expropriation.
(c) ...
If ordered by the Governor during the emergency period
created by this section, the following obligations may by suspended or
modified, if applicable, until the end of the covered period, without the need
for further legislation,-
…
iii. any statutory or other obligation to transfer money (or its
equivalent), including appropriations, to or from any government entity subject
to an emergency period, up to an amount equal to the aggregate debt service
payable by such government entity during fiscal year 2017 (or take any action
in furtherance thereof);
iv. any statutory or other obligation to setoff revenues used to
pay or cover, directly or indirectly, a covered obligation that would normally
be used or effected to pay or secure any covered obligation (or take any action
in furtherance thereof); and/or
v. any statutory or other obligation to ensure payment of a
covered obligation as if this Act were not enacted (or take any action in
furtherance thereof);
Provided that, to the extent that a government entity
subject to an emergency period receives, from a source other than the
Department of Treasury, revenues or other monies whose transfer is suspended or
modified pursuant to this Section 201(d), the Secretary of Treasury may,
without the need for further legislation, require the entity that collects or
holds such funds to transfer such funds to the Department of Treasury.
Provided further that any of these provisions shall not be
applicable to the municipalities and the Municipal Revenue Collection of Puerto
Rico.
...”
Sección 15.-Se enmienda el Artículo 202 en el idioma de inglés de
la Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“SECTION 202. Conditions of
Emergency Period; Payment or accrual of Interest
a)
If provided for in an executive order, as may be amended from
time to time, issued pursuant to Section 201(a) of this Act, during the
emergency period for any government entity created by this chapter,—
i.
holders of a covered obligation of such government entity—
A.
that constitutes public debt and is a principal obligation
or an interest obligation shall receive at least the minimum public debt
payment;
B.
...
C.
...
ii.
...
b)
...
c)
...
d)
The requirements to pay interest pursuant to Subsections (a) and
(c) of this Section shall not apply to the payment of any portion of a covered
obligation that is not public debt the payment of which is—
i.
...
ii.
...
e) ...”.
Sección 16.-Se enmienda el Artículo 203 en el idioma de inglés de
la Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“SECTION 203.-EMERGENCY BANK MEASURES;
DEPOSITS; PERMISSIBLE AND PROHIBITED WITHDRAWALS; SUSPENSION OF REQUIREMENTS TO
DEPOSIT FUNDS IN THE BANK
(a) ...
(b) For the purposes of this Section, actions that are
“reasonable and necessary” shall include, but are not limited to, the
following—
i. ...
ii. ...
iii. suspending—
A. the Bank’s obligation to
pay under any guarantee;
B. ...
C. ...
iv. ...
v. ...
(c) If any restriction is placed on disbursements by the Bank
pursuant to Subsection (a) of this Section-
(i) ...
(ii) the Bank shall honor requests to withdraw or transfer any
deposit, including by check or other means, of an agency, public corporation,
or instrumentality of the Commonwealth (other than those listed in Subsection
(c)(iii) of this Subsection) as may be authorized by the Governor, from time to
time, and in making any such authorization, the Governor shall consider the
availability of funds and the need to fund the provision of essential services
by such depositor, which must be demonstrated by a joint certification from the
Office of Management and Budget and the Secretary of the Treasury that honoring
such request, with respect to such deposit, is necessary to fund the provision
of specifically identified essential services by a government entity, provided,
further, that when certifying such withdrawal requests, the Office of
Management and Budget and the Secretary of the Treasury may reduce the amount
of any request to an amount deemed necessary to fund essential services;
(iii) subject to the availability of funds and the aggregate
disbursements established by the Governor, the Bank shall honor any request to
withdraw or transfer any deposit held by, or request to honor any check written
by, a municipality or any of the Judicial Branch, UPR, Legislative Branch,
Office of the Comptroller, Office of the Electoral Comptroller, State Elections
Commission, Government Ethics Office, Independent Prosecutors Panel, provided,
however, that an authorized officer of such municipality or listed entity
certifies along with supporting documentation that such funds will be used for
the payment of essential services; and
(iv) Any provision of any law that requires any entity, public or
private, to deposit funds in the bank shall be suspended.
(d) ...
(e) Except as provided in Subsection (f) of this Section,
to the extent that such creditor is secured by an interest in property, or to
the extent that such creditor is entitled to setoff under otherwise applicable
non-insolvency law if any restriction is placed on disbursements from the Bank
pursuant to this Section, then any value disbursed to a creditor after such
restriction is imposed shall be subtracted from the value of any distribution
that such creditor is entitled to receive, as of the first date of the
restriction, if the Bank is subsequently liquidated or placed into a
receivership. Likewise, except as provided in Subsection (l) of this Section,
which governs the use of the municipal redemption fund created pursuant to Act
No. 64-1996 (other than with respect to surplus funds deposited therein), if
any governmental entity assumes, discharges or otherwise satisfies any
liability of the Bank prior to it being liquidated or placed into receivership,
such governmental entity shall subrogate itself in place of the Bank’s creditor
and have claim against the estate of the same rank and preference assigned to
such obligation by law, equal to the amount assumed (provided the Bank is
released from the assumed obligation), discharged or paid on behalf of the Bank
and, if applicable, such claim shall be subtracted from any amount owed by such
governmental entity to the estate in direct order of maturity.
(f) ...”
Sección 17.-Se enmienda el Artículo 204 del idioma de inglés de la
Ley 21-2016, para que lea como sigue:
“SECTION 204.-COLLATERAL,
SECURITY INTERESTS, AND PRIORITIES PRESERVED; NON‑IMPAIRMENT; REMEDIES
(a) ...
(b) ...
(c) ...
(d) Without limiting Subsection (c) of this Section, adequate
protection of a person’s interest in cash collateral, including revenues, of
the government entity, may take the form of a pledge to such person of future
revenues (net of any current expenses, operational expenses or other expenses
incurred under this Act) of such government entity if—
i. ...”
Sección 18.-Se elimina el Capítulo 6 del idioma de inglés de la
Ley 21-2016 y se sustituye en su totalidad con lo siguiente:
“CHAPTER 6.- THE PUERTO RICO FISCAL
AGENCY AND FINANCIAL ADVISORY AUTHORITY
SECTION 601.- ESTABLISHMENT
There
is hereby created the Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory
Authority, which is established as an independent public corporation and
governmental instrumentality with separate legal existence, fiscal and administrative
autonomy, and independence from the Commonwealth.
SECTION 602.- PURPOSES, FACULTIES AND POWERS OF
THE AUTHORITY
(a) The Authority is created for the purpose of
acting as fiscal agent, financial advisor and reporting agent of the
Commonwealth and its public corporations, instrumentalities, commissions,
authorities, municipalities and political subdivisions and to assist such
entities in confronting the grave fiscal and economic emergency that the
Commonwealth is currently experiencing.
(b) All fiscal agency, financial advisory, and
reporting functions of GDB shall be transferred to the Authority, including all
powers and responsibilities under the Act No. 272 of May 15, 1945, as amended.
The Authority shall oversee all matters related to the restructuring or
adjustment of any obligation, or otherwise coordinate and implement liability
management transactions for any obligation of the Commonwealth and any of its
instrumentalities. The Authority shall also assume, and become a party to, any
and all contracts between GDB and any advisor, including legal and financial
advisors, whether or not the salaries or fees were incurred prior to the date
of such assumption, related to the restructuring or adjustment of obligations
of the Commonwealth or any of its instrumentalities. Any reference in any
Commonwealth law enacted prior to the effective date of this Act to (i) GDB, in
its role as fiscal agent, financial advisor or reporting agent of the
Commonwealth and its instrumentalities, or in relation to any operation
including functions assigned to GDB pursuant to Act 29, 2009, as amended, that
is not a banking operation, shall be understood to refer and apply to the
Authority and (ii) the President of GDB, in connection with his functions,
responsibilities and powers related to GDB’s functions as fiscal agent,
financial advisor or reporting agent of the Commonwealth and its
instrumentalities, or to any operation of GDB that is not a banking operation,
including functions assigned to GDB pursuant to ACT 29, 2009, as amended, shall
be understood to refer and apply to the Executive Director of the Authority
provided, that, (a) whenever any provision of any Commonwealth law states that
the President of GDB shall serve as member of a board of directors of a public
corporation or instrumentality, the Governor shall have discretion to appoint
the President of GDB or the Executive Director of the Authority, to occupy such
position, and (b) should there be any doubt as to whether any provision in any
law refers to GDB, in its role as fiscal agent, financial advisor or reporting
agent of the Commonwealth and its instrumentalities, or in relation to any
operation that is not a banking operation, the opinion of the Secretary of
Justice of the Commonwealth may be requested and his interpretation thereof may
be relied on for purposes of the interpretation of this provision.
(c) In order to achieve its purposes, the Authority
is granted, and will have and may exercise, all the rights and powers as are
necessary or convenient to carry out such purposes, including, but without
limitation, the following—
i. to adopt, alter and use a corporate seal which shall be
recognized by the courts;
ii. to formulate, adopt, amend and revoke by-laws for the
administration of its corporate affairs and those standards, rules and
regulations that may be necessary or pertinent to exercise and perform its
functions, powers and duties;
iii. to have complete dominion over all its properties;
iv. to determine the nature of and need for all its expenses, and
the manner in which the same shall be incurred, authorized and paid without
taking into consideration any legal provisions that regulate the expenditure of
public funds, and such determination shall be final and binding for all the officials
of the Commonwealth, but it must adopt rules for the use and disbursement of
its funds and it shall be subject to audits conducted by the Office of the
Comptroller of Puerto Rico;
v. to sue and be sued under its own name, to file complaints and
defend itself in all courts of justice and administrative bodies and to
participate in commercial arbitration proceedings;
vi. to negotiate and execute with any person, including any
federal or state government agency, any type of contract, including all those
instruments and agreements necessary or convenient to exercise the powers and
functions conferred to the Authority by this Act;
vii. to acquire any property through any legal means;
viii. to appoint and remove officers, agents and employees and to
grant them the powers, impose on them the duties and fix, change and pay them
the compensation determined by the Authority;
ix. to accept donations from any person, and to use the proceeds
of any such donations for any corporate purpose;
x. to procure insurance against losses in the amounts and with
the insurers it deems desirable, which insurance may include, without it being
construed as a limitation, civil liability insurance for directors, officers,
agents and employees;
xi. to assume any and all contracts and related liabilities of
GDB, or its successor;
xii. the power to charge and collect fiscal agency fees;
xiii. to exercise such other corporate powers, not inconsistent
herewith, as are conferred upon private corporations by the laws of Puerto Rico
and to exercise all its powers within and without Puerto Rico to the same
extent as natural persons might or could do; and
xiv. to take any action or measure necessary or convenient to
enforce the powers conferred by this Act or by any other law of the Legislative
Assembly of Puerto Rico or of the United States Congress.
SECTION 603.- BOARD OF DIRECTORS
(a) Initially, the Authority shall be governed by a
board of directors whose sole member shall be the Executive Director of the
Authority. Beginning on January 1, 2017, the Authority may be governed by a
board of directors composed of one, three or five members, as determined by the
Governor, which members shall be appointed by the Governor, with advice and
consent of the Senate of Puerto Rico and shall not have served as directors of
GDB during the ten (10) year period prior to their appointment as directors of
the Authority. The members of the Board shall serve at the pleasure of the
Governor and may be removed or replaced by the Governor at any time, with or
without cause.
(b) The Board shall select from among its members a
president and a vice president, who shall substitute the president in his
absence, as well as a secretary, provided, that, if the Board is composed of
only one member, said member shall serve as both president and secretary of the
Board.
(c) The Board may also appoint committees to address
any matter that the Board may address.
(d) Unless the Authority’s regulations so prohibit or
restrict, any action necessary or allowed during any meeting of the Board or
any Board committee shall be authorized without the need for a meeting,
provided that all the members of the Board or Board committee, as the case may
be, give their written consent to such action. In such event, the written
document shall be included in the minutes of the Board or Board committee, as
the case may be. Unless the Authority’s regulations provide otherwise, the
members of the Board or of any Board committee may participate in any meeting
of the Board or any Board committee, respectively, through telephone
conference, or other communication mediums whereby all of the persons
participating in the meeting may listen in and communicate simultaneously. The
participation of any member of the Board or any Board committee in the manner
described above shall constitute attendance at said meeting.
(e) The members of the Board shall not receive any
compensation for their services as members of the Board, but shall be entitled
to reimbursement for those travel expenses necessarily incurred while
performing their official duties, in accordance with the applicable regulations
of the Department of the Treasury.
(f) The Board shall have, without it being construed
as a limitation, the following duties and faculties
i. to establish the general policy of
the Authority in order to comply with the objectives of this Act;
ii. to authorize the Authority’s work
plan and annual budget;
iii. to adopt and approve rules and
regulations to govern its internal affairs, as well as those that may be
necessary to exercise the faculties and powers conferred to it pursuant to this
Act;
iv. subject to Article 604 of this Act,
establish the duties and powers of the Executive Director in accordance with
the provisions of this Act and establish his or her compensation;
v. to require any officer or employee
of the Authority to provide those reports and statistical data that are deemed
necessary;
vi. to the extent that the Puerto Rico
Fiscal Oversight and Economic Recovery Board has not been constituted, to
validate or select the independent consultant that will validate the revenue
projections of the Commonwealth for any given fiscal year prior to such revenue
projection being submitted to the Legislative Assembly as part of the Commonwealth’s
budget pursuant to Article 4(a) of Act No. 147 of June 18, 1980, as amended;
vii. to issue summons to require the
attendance and testimony of witnesses, as well as the production of any
evidence to gather information related to any matter under its jurisdiction
and, if any person refuses to obey any summons issued by the Authority, the
Authority may apply to the Court of First Instance of the Commonwealth, San
Juan Part, for an order to compel such person to appear before the Authority to
testify, produce evidence, or both, in relation to the issue under its
consideration, which such requests shall be notified in the same manner as they
would be notified under the applicable rules of civil procedure;
viii. to promulgate rules to protect the
confidentiality of the information and documents it receives in accordance with
the laws and case law in effect in the Commonwealth in matters related thereto,
which act of furnishing information or documents as requested by the Authority
shall not be construed as a waiver to the right to file a confidentiality claim
by any natural or juridical person with respect to the information or the
document thus furnished;
ix. to delegate to any Board committee
or to the Executive Director any of the powers and faculties granted to the
Authority pursuant to this Act; and
x. to take all those actions deemed
convenient or necessary to carry out the purposes of the Authority pursuant to
this Act.
SECTION 604.- EXECUTIVE DIRECTOR
(a) The Authority shall operate under the direction
of an Executive Director, who shall be appointed by the Governor, provided,
that, if the Board is composed of only one member, said member shall also serve
as Executive Director of the Authority. During any period in which the Executive
Director is the sole member of the Board of the Authority, the Governor shall
establish his duties and powers in accordance with the provisions of this Act
and shall establish his or her compensation.
(b) Without it being understood as a limitation,
the duties of the Executive Director shall include the following—
i. to be the chief executive officer
of the Authority;
ii. to draft and submit to the Board
the Authority’s work plan and annual budget;
iii. to approve and monitor any contract
necessary for the functioning of the Authority subject to the rules established
by the Board;
iv. to establish, organize, direct and
supervise the Authority’s administrative structure;
v. to hire personnel and professional
persons, including legal advisors, financial advisors, and economists, on
reasonable terms and as determined by the Authority, to assist the Executive
Director in the performance of the Authority’s duties;
vi. to establish the functional levels
of the Authority’s operations, including the power to recruit and contract any
of the officers and employees under his or her supervision, subject to the
standards established by the Board; and
vii. to perform all those other functions
assigned to him or her by the Board.
SECTION 605.- OFFICERS AND EMPLOYEES
(a) The Authority’s personnel are hereby exempted
from the provisions of Act. No. 184-2004, as amended, known as the “Public
Service Human Resources Administration Act of the Commonwealth of Puerto
Rico”. All appointments, severances, promotions, transfers, lay offs,
replacements, suspensions, leaves and changes in classification, remuneration
or title of the officers and employees of the Authority shall be executed and
authorized pursuant to the standards and regulations prescribed by the Board,
which must conform to the merit principles established in the Puerto Rico
Public Service Personnel Act.
(b) The Authority’s Executive Director and the
officers and employees shall be entitled to reimbursement for all necessary
travel expenses, or to the corresponding per diems, which may be authorized or
approved in accordance with the regulations adopted by the Board for the
Authority.
SECTION 606.- IMMUNITIES
In the absence of clear and convincing evidence of gross
negligence involving a reckless disregard of their duties or failure to carry
them out, members of the Board, officers and employees of the Authority shall
not be subject to personal civil responsibility towards any person and shall be
compensated by the Authority and exonerated from civil liability for acts or
omissions in good faith, in their capacity and within their authority. Any
civil action brought before a court that alleges the existence of gross
negligence must be dismissed with prejudice if the defendant produces documents
showing that he or she received information about the relevant facts,
participated in person or by phone and deliberated in good faith or received
and relied on expert advice regarding any act or omission which is the basis
for the lawsuit.
SECTION 607.- COLLABORATION AMONG GOVERNMENT ENTITIES
The Authority may request any of the following entities or
any successor thereof to provide administrative support and such statistical
and professional services reasonably necessary for the Authority to carry out
its responsibilities under this Act: GDB, the Department of the Treasury, the
Office of Management and Budget, the Puerto Rico Department of Economic
Development and Commerce, the Institute of Statistics and any other
instrumentality of the Commonwealth. To the extent possible, the Authority
shall reimburse these entities for such services.
SECTION 608.- EXEMPTION FROM CERTAIN LAWS
To preserve its administrative independence, which is
essential in order for it to carry out the responsibilities granted hereunder,
the Authority shall be exempt from the application of the provisions and laws
listed in Article 106 a) i. though vii. of this Act and from the application of
the provisions and laws from which GDB is currently exempt.
SECTION 609.- BANK EMPLOYEES
To the extent the Authority determines, in its discretion,
to assume all or some of the permanent, temporary and/or non-union employees of
GDB, such employees shall become employees of the Authority. This transfer of
employees shall be effectuated while honoring the terms and conditions of
employment effective as of the transfer to the Authority, including the rights,
privileges, obligations and seniority, acquired pursuant to applicable laws and
current personnel regulations, subject to the modifications contained in Act
66-2014 while it remains effective. None of the provisions of this Chapter
shall affect the constitutional right to collective bargaining enjoyed by the
employees of GDB, nor the vested rights, benefits and privileges, by virtue of
any collective bargaining agreements. Rights with regard to any pension or
retirement system to which they may be affiliated or members of on the
effective date of this Act shall also be guaranteed. The Authority shall be
obligated to satisfy to all employees any of their salaries, wages,
commissions, including payments related to vacations, allowances and sick
leaves or other employment benefits acquired prior to the transfer to the
Authority, in accordance with GDB’s employment policies or applicable law.
SECTION 610.- CONTINUED EFFECTIVENESS OF PRIOR GDB
APPROVALS IN RELATION TO BONDS OR SIMILAR OBLIGATIONS
Any resolution adopted by GDB prior to the effective date
of the creation of the Authority and that approves the terms or the issue of
any bonds or similar obligations or transaction of the Commonwealth or any
“Unit” of the Government of the Commonwealth (as defined in Act No. 272 of May
15, 1945, as amended) and of any municipality, shall be valid and shall remain
in full force and effect notwithstanding the enactment of this Act or the
assumption by the Authority of those powers and responsibilities that are
granted to it under this Act, and it shall not be necessary for the Authority
to adopt a resolution approving anew the terms or the issue of such bonds or
similar obligations or transaction, notwithstanding that such bonds or similar
obligations be issued, or such transaction be completed, after the effective
date of creation of the Authority.
SECTION 611.- EXISTENCE
The Authority shall exist in perpetuity, unless terminated by
subsequent legislation.”
Sección
20.-Se elimina el inciso (a), se reenumeran los
incisos (b) al (e) como incisos (a) a la (d) y se añade un nuevo inciso (e) al
Artículo 3 de la Ley 20-2015, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos
Legislativos para Impacto Comunitario”, para que lea como sigue:
“Artículo
3.-Definiciones
(a) …
(b)
…
(c)
…
(d)
…
(e) “Institución Bancaria Designada”,
significa cualquier institución bancaria que designe la Comisión Especial
Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario para estar a cargo del
desembolso de los fondos asignados por la Asamblea Legislativa a las OSFL.
…
(m) …”.
Sección
21.- Se enmienda el Artículo 7
de la Ley 20-2015, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos Legislativos
para Impacto Comunitario”, para que lea como sigue:
“Artículo 7.-Funciones y responsabilidades de la
Institución Financiera Designada y del Departamento de Hacienda.
La Institución Financiera
Designada será responsable de desembolsar y transferir electrónicamente los
fondos depositados en la cuenta a nombre de la Comisión, asignados a cada una
de las organizaciones receptoras. De igual manera, la Institución Financiera
Designada será responsable de notificar a la Comisión aquellas cantidades
sobrantes del Fondo al 30 de junio de cada año fiscal, no más tarde de quince
(15) días calendario con posterioridad al cierre de dicho año fiscal. No se
autorizará desembolso a ninguna organización receptora después del 30 de mayo
correspondiente al año fiscal para el cual se asignaron los fondos.
La Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos
para Impacto Comunitario y el Departamento de Hacienda acordarán el calendario
de transferencia de fondos asignados de conformidad al Artículo 6 de esta Ley a
la cuenta de la Comisión en la Institución Financiera Designada para ese año
fiscal.”
Sección
22.- Se enmienda el Artículo 14
de la Ley 20-2015, según enmendada, conocida como “Ley de Fondos Legislativos
para Impacto Comunitario”, para que lea como sigue:
“Artículo 14.-Cambio de Fines o Disolución de una Organización
Receptora
Toda organización receptora que por cualquier razón o condición se
disuelva, inactive o cambie sus propósitos sin fines de lucro deberá:
(a)
Entregar a la Comisión de forma inmediata
al acto de disolución de la OSFL o cualquier cantidad sobrante o no utilizada
de la subvención otorgada, mediante cheque certificado endosado a nombre de la
Comisión;
(b)
…
(c) …”.
CAPÍTULO II—REVITALIZACIÓN DE LA
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO RICO
Artículo 1.-Título
Esta Ley se conocerá como la “Ley para la Revitalización de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”.
Artículo
2.-Declaración de Política Pública
Asegurar la prestación de los servicios de agua y
alcantarillados a nuestra población, cumpliendo con los más altos estándares de
calidad y eficiencia, es un compromiso impostergable e insustituible para el
Gobierno. Por tal motivo, se hace necesario brindar mecanismos que permitan a
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico contar con los
recursos para continuar desempeñando, ahora y en el futuro, el rol
imprescindible de velar y garantizar el servicio esencial que representa la
distribución de agua potable, así como de los servicios de alcantarillados.
Por todo lo anterior, se declara como política pública del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico el proveer, a través de la presente Ley, de las
herramientas necesarias para que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
de Puerto Rico pueda maximizar su potencial como entidad, impulsar con su
ejecución el desarrollo económico de nuestra sociedad y cumplir con su misión
social para con nuestros ciudadanos. Nada de lo dispuesto en esta Ley, en
acuerdos futuros con los acreedores de la Autoridad o en cualquier negocio
legítimo de la Corporación previo y subsiguiente a la vigencia de esta Ley,
genera ni generará vínculos u obligaciones entre los Clientes o el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico con los acreedores de la Corporación y la Autoridad.
Capítulo 1- De la Ley de Revitalización de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico.
Artículo
3.-Definiciones.
Las
siguientes palabras o términos tendrán los significados que se indican a
continuación cuando se emplean en esta Ley, a menos que del contexto surja
claramente otro significado:
(1)
“Activos del Sistema” - significa el Sistema
Estadual de Acueductos y/o el Sistema Estadual de Alcantarillados, según
definido en la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada. Incluye
además las partes del sistema que existen o sean adquiridas posteriormente,
propiedad de la Autoridad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley o
adquiridas luego para el uso por ésta, incluyendo cualquier empresa sucesora,
para proporcionar servicio de agua y/o alcantarillado a los clientes.
(2)
“Autoridad” - significa la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, una corporación pública e
instrumentalidad gubernamental establecida y existente por virtud de la Ley
Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, y cualquier sucesora o
sucesoras, incluyendo las sucesoras a las que hace referencia el Artículo 7 de
esta Ley.
(3)
“Autoridad de Asesoría
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico” – (AAFAF) significa la entidad creada al amparo de la Ley 21-2016, conocida
como “Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación
Financiera de Puerto Rico”, para desempeñar la función
de agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y sus componentes, incluyendo las corporaciones
públicas, a la cual se le ha asignado la responsabilidad de la revisión y
aprobación final de la Resolución de Financiamiento de conformidad con el
procedimiento establecido en esta Ley o la entidad
sucesora del Banco Gubernamental de Fomento designada para actuar como agente
fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(4) “Bonos” - significa los Bonos u
otros comprobantes de deuda emitidos a largo plazo por la Corporación conforme
a esta Ley, cualquier Resolución de Financiamiento y al Contrato de Fideicomiso
relacionado con la misma: (a) el producto de los cuales se utiliza,
directa o indirectamente, para financiar o refinanciar Costos de Financiamiento
Aprobados; (b) que son directa o indirectamente garantizados por, o
pagaderos de, la Propiedad de Financiamiento; y (c) cuya duración no
exceda treinta y cinco (35) años.
(5) “Causa” - significa, con
respecto a un director de la Corporación: (i) actos u omisiones por dicho
director que constituyan temeridad, mala fe o negligencia crasa con respecto a
las obligaciones de dicho director conforme a esta Ley y los demás documentos
organizacionales de la Corporación; (ii) que dicho director ha participado
en, o ha sido acusado de, o ha sido condenado por, fraude u otros actos que
constituyan un delito al amparo de cualquier ley aplicable a dicho director;
(iii) que dicho director es incapaz de desempeñar sus funciones como
director debido a su fallecimiento o incapacidad; (iv) que dicho director
ya no cumple con los requisitos de esta Ley; o (v) cualquier otro acto u
omisión establecido en esta Ley.
(6) “Cancelación” (Defeasance) -
significa con respecto a cualquier deuda, la cancelación legal o económica de
dicha deuda. “Cancelar” (defease) tiene el significado correlativo al mismo.
(7) “Cargos de Revitalización” –
significa aquellos cargos y tarifas que son independientes de los cargos y
tarifas de la Autoridad y que son impuestos a los Clientes por la Corporación
conforme a una Resolución de Financiamiento para recuperar los Costos
Recurrentes de Financiamiento, e incluirán una porción prorrateada de cualquier
cargo por pago tardío impuesto con respecto a cualquier factura por el servicio
de agua y/o alcantarillado que esté vencida y que incluya en dicha factura una
cantidad de Cargos de Revitalización.
(8) “Cliente” - significa cualquier
Persona que esté conectada a, o tome o reciba servicio de agua y/o
alcantarillado dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por medio de las
instalaciones que constituyen parte de los Activos del Sistema. La Autoridad no
se considerará un Cliente.
(9) “Contrato Accesorio” -
significa cualquier póliza de seguro de bono, carta de crédito, cuenta de
reserva, fianza, contrato de intercambio de tasas de interés o swap, acuerdos
de cobertura, acuerdo de apoyo crediticio o de liquidez u otro contrato
diseñado para promover la calidad de crédito y mercadeabilidad de los Bonos o
para mitigar el riesgo de cambio en las tasas de interés.
(10) “Contrato de Fideicomiso” -
significa un contrato de fideicomiso o trust agreement, trust
indenture, master agreement of trust o contrato similar, otorgado
por la Corporación y el Fiduciario estableciendo los derechos y obligaciones de
la Corporación y de los tenedores de Bonos emitidos y asegurados en virtud del
mismo. Nada de lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso otorgado previo a la
aprobación de esta Ley se podrá entender que genera vínculos u obligaciones
entre los Clientes o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con los acreedores
de la Corporación y la Autoridad.
(11) “Contrato de Manejo” (Servicing
Contract) - significa el contrato o contratos entre la Corporación y el
Manejador (Servicer) con respecto al manejo y servicio de la Propiedad
de Financiamiento, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo por
las partes siempre y cuando no sea prohibido por esta Ley.
(12) “Corporación” - significa la
Corporación para la Revitalización de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico, una corporación pública con propósito especial
e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
establecida conforme al Artículo 4 de esta Ley.
(13) “Costos de Financiamiento” -
significa los costos de emitir, cumplir con, repagar o refinanciar los Bonos,
ya se hayan incurrido al momento de la emisión de tales Bonos o durante la vida
de los Bonos, cuya recuperación esté autorizada en una Resolución de
Financiamiento. Sin limitarse necesariamente a ello, los “Costos de
Financiamiento” podrán incluir, según sea aplicable, cualquiera de los
siguientes:
a.
principal, interés y primas de redención de los
Bonos;
b.
cualquier pago requerido según los términos de
un Contrato Accesorio y cualquier cantidad requerida para depositar o reponer
los fondos de (o para reembolsar a terceros por reponer dichos fondos) un fondo
o cuenta de reserva del servicio de la deuda, un fondo o cuenta de reserva de
gastos operacionales, u otra cuenta o fondo establecidos conforme a un Contrato
de Fideicomiso, cualquier Contrato Accesorio, resolución u otro documento de
financiamiento relacionado con los Bonos;
c.
cualquier impuesto o cargo federal o estatal,
incluyendo pagos o contribuciones federales o estatales efectuados en lugar de
impuestos, honorarios de franquicia u honorarios de licencia aplicados sobre
los Ingresos de Cargos de Revitalización (pero excluyendo cualquier impuesto,
tarifa o contribución, o pago en lugar de impuestos que sea de origen local o
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico);
d.
cualquier costo relacionado con la
administración de la Corporación, los Bonos o la Propiedad de Financiamiento,
incluyendo costos de implantar los Mecanismos de Ajuste, del Fiduciario (y otro
fideicomisario similar), legales, de contables y otros asesores, de depósito,
agente de cálculo, de administrador, honorarios y gastos de agencias de
clasificación, y Tarifas de Manejo y gastos de manejo, en cada caso sujeto a
las disposiciones de esta Ley;
e.
cualquier costo relacionado con la protección
del estatus de la Propiedad de Financiamiento y al cobro de los Cargos de
Revitalización, incluyendo cualquier costo relacionado con cualquier
procedimiento judicial o procedimientos similares que la Corporación o el
Fiduciario o cualquier dueño de toda o una porción de la Propiedad de Financiamiento
considere necesarios para exigir el pago o para el cobro de los Ingresos de
Cargos de Revitalización o para proteger la Propiedad de Financiamiento o
cualquier otro costo al que se hace referencia en el Artículo 10 de esta Ley,
en cada caso sujeto a las disposiciones de esta Ley; y
f.
cualquier otro costo relacionado con la emisión
de Bonos, o la administración y servicio de la Propiedad de Financiamiento y
los Bonos, incluyendo los costos de cálculo de ajustes a los Cargos de
Revitalización, las Tarifas de Manejo y gastos de manejo, los costos y gastos
del Fiduciario (o fideicomisario similar), los costos y gastos legales, los
costos y gastos de contabilidad, los costos y gastos de administración, los
costos y gastos de colocación, los costos y gastos de suscripción, costos de
imprenta y mercadeo, costos de mercadeo o listado, costos y gastos de otros
consultores de la Corporación, si alguno, los costos de agencias clasificadoras
y cualquier otro costo aprobado por la Junta de la Corporación según sea
necesario o deseable para alcanzar los propósitos de esta Ley.
(14) “Costos Iniciales de
Financiamiento” - significa los Costos de Financiamiento relacionados con los
costos de diseño, mercadeo y emisión de los Bonos, excepto en la medida en que
la Corporación determine pagar dichos costos como Costos Recurrentes de
Financiamiento pagaderos de los Ingresos de Cargos de Revitalización. Los
Costos Iniciales de Financiamiento incluyen, sin limitación, costos y gastos
del Fiduciario (o fideicomisario similar), costos y gastos legales, costos y
gastos de contabilidad, gastos o tarifas iniciales (o set-up) del manejador,
agente de cálculo, depositario u otro administrador o fiduciario, costos y
gastos de colocación, costos y gastos de suscripción de valores, costos de
imprenta y de mercadeo, costos de presentación o listado y cumplimiento, costos
y gastos de los otros consultores de la Corporación, si alguno, costos de
agencia de calificación, costos y gastos del proveedor de garantía y cualquier
otro costo aprobado por la Junta de la Corporación según sea necesario o
deseable para la realización de los fines de esta Ley e incluirá reembolso a
cualquier Persona de cantidades adelantadas para el pago de dichos costos.
Dentro de los costos relacionados al Programa de Mejoras Capitales sólo se
incluirán como Gastos de Financiamiento Aprobados aquellos relacionados a obras
y mejoras de servicios de agua y/o alcantarillado sanitario e instalaciones de
prestación de servicios directos a los Clientes; no se incluirá ningún tipo de
construcción o mejoras a oficinas o sedes de la gerencia de la Autoridad,
excepto aquellas construcciones, inversiones o mejoras que sean estrictamente
necesarias para cumplir con un requerimiento de organismos de salud, seguridad
o cumplimiento y/o aquellas que redunden en eficiencias o ahorros que sean
producto de mejoras tecnológicas o de sistemas de información.
(15) “Costos de Financiamiento
Aprobados” - significa cualquier o todos los siguientes costos aprobados por
una Resolución de Financiamiento: (a) exclusivamente los costos de capital
relacionados al Programa de Mejoras Capitales de la Autoridad para el periodo
de hasta tres (3) años posteriores a la fecha de la emisión, incluyendo
aquellos proyectos del Programa de Mejoras Capitales que hayan sido iniciados
pero no terminados antes de la aprobación de esta Ley, aun cuando la Corporación tenga margen prestatario para emitir una
cantidad mayor de deuda, según; detallado en la Resolución Núm. 2984 aprobada
por la Junta de Gobierno de la Autoridad el 3 de junio de 2016; incluyendo
todos los proyectos que se vieron aplazados, paralizados o detenidos por causa
de la falta de fondos de la Autoridad; (b) los pagos aplicables a la deuda
acumulada de la Autoridad, al momento de la aprobación de esta Ley, relacionada
a las cuentas por pagar del Programa de Mejoras Capitales, incluyendo el
reembolso a la Autoridad de los adelantos, si alguno, hechos de sus fondos
operacionales para dicho Programa de Mejoras Capitales, así como el pago de
cualquier cantidad adeudada a suplidores de bienes o servicios relacionados a
la ejecución del Programa de Mejoras Capitales que esté pendiente de pago; (c)
el refinanciamiento de líneas de crédito u otros instrumentos de deuda a corto
plazo, tales como notas, bonos, pagarés u otro tipo de financiamiento interino
emitido o incurrido por la Autoridad en anticipación a la emisión de bonos de
la Autoridad o de los Bonos de Anticipo (“Bond Anticipation Notes” o BAN)
emitidos para cumplir con los propósitos de esta Ley; (d) los costos de
retirar, cancelar (defease) o refinanciar toda o una parte de las obligaciones
de deuda de la Autoridad o los Bonos; (e) el reembolso (rebate), pagos de
reducción de intereses y cualquier otra cantidad pagadera a los Estados Unidos
de América para preservar o para proteger la exención contributiva federal de
las obligaciones de deuda pendientes de pago de la Autoridad o de la
Corporación; (f) los depósitos de los ingresos producto de la emisión de Bonos
que sean abonados a un fondo o cuenta de interés capitalizado, un fondo o
cuenta de reserva para el servicio de la deuda, o a un fondo o cuenta de
reserva de gastos operacionales, establecidos con relación a dichos Bonos; (g)
costos relacionados con negociaciones de deudas laborales legítimas pendientes
de pago por parte de la Autoridad; y (h) sujeto a las limitaciones contenidas
en esta Ley, los Costos de Financiamiento. No se considerarán Costos de
Financiamiento Aprobados bajo esta Ley los gastos operacionales de la Autoridad
o los costos, si algunos, de financiar dichos gastos operacionales.
(16) “Costos Recurrentes de
Financiamiento” – significa los Costos de Financiamiento excluyendo los Costos
Iniciales de Financiamiento y cualquier exceso de Costos Iniciales de
Financiamiento incurridos por encima del estimado de la Corporación de Costos
Iniciales de Financiamiento que sean pagaderos del producto de la emisión de
los Bonos.
(17) “Entidad de Financiamiento”-
significa cualquier Manejador, Fiduciario (o fideicomisario similar), agente de
garantías o de cuenta plica, u otra Persona actuando para el beneficio de los
tenedores de los Bonos o de la Corporación, que pueda ser tenedora de la
Propiedad de Financiamiento o que tenga derecho a recibir ingresos provenientes
de los Bonos.
(18) “Fiduciario” - significa el
fideicomisario de un Contrato de Fideicomiso que representa a los tenedores de
los Bonos emitidos y asegurados en virtud del mismo.
(19) “Inevitable” – significa que los
Cargos de Revitalización deberán ser pagados por todos los Clientes, aun si con
posterioridad a la fecha de aprobación de esta Ley, los Clientes eligen
desconectarse parcialmente de los sistemas de acueductos y/o alcantarillados de
la Autoridad con el propósito de suplirse de agua potable producida o
distribuida mediante un proveedor alterno de servicios similares a la
Autoridad, o disponer de las aguas de desperdicios sanitarios o aguas de
descarga por un proveedor alterno de servicios similares a la Autoridad.
“Inevitabilidad” tendrá igual significado.
(20) “Ingresos de Cargos de
Revitalización” - significa todo el dinero y otros bienes recibidos o a ser
recibidos, directa o indirectamente, a cuenta de los Cargos de Revitalización,
y todos los ingresos de la inversión de los mismos.
(21) “Junta” - significa la junta de
directores de la Corporación, establecida conforme al Artículo 4 de esta Ley.
(22) “Manejador” (Servicer) - significa
la Autoridad, en la medida en que lo permita esta Ley y, de ser reemplazada la
Autoridad como Manejador conforme a un Contrato de Manejo, significa una
Persona o Personas autorizadas y requeridas, por medio de un contrato o de otra
manera, para imponer, facturar o cobrar Cargos de Revitalización, para preparar
informes periódicos en relación con la facturación y cobro de Cargos de Revitalización,
para enviar cobros por o a cuenta de la Corporación o sus cesionarios o
acreedores, incluyendo una Entidad Financiera, y para prestar a la Corporación
otros servicios relacionados, los que pueden incluir el cálculo de ajustes
periódicos a los Cargos de Revitalización o proveer otros servicios
relacionados con la Propiedad de Financiamiento; y se entenderá que incluye a
cualquier sub-Manejador, Manejador Alterno (backup) (incluyendo si se
convierte en Manejador bajo el Contrato de Manejo), Manejador Sustituto, o los
sucesores de cualquiera de los anteriores, autorizados a actuar como tales por
la Resolución de Financiamiento.
(23) “Mecanismo de Ajuste” -
significa el mecanismo de ajuste mediante fórmula contenido y aprobado en una
Resolución de Financiamiento que será aplicado por la Corporación
periódicamente, y al menos semestralmente, para ajustar los Cargos de
Revitalización para asegurar el cobro de Ingresos de Cargos de Revitalización
suficientes para satisfacer el pago oportuno de los Costos Recurrentes de
Financiamiento. El establecimiento y ajuste de los Cargos de Revitalización
realizado por la Corporación en relación al Mecanismo de Ajuste no estarán
sujetos a revisión legislativa o cualquier otra revisión o aprobación
gubernamental, con excepción de lo que se dispone en el Artículo 6 de esta Ley
con relación a la corrección de errores matemáticos y al Artículo 7 de esta Ley
con relación a la aprobación del Mecanismo de Ajuste.
(24) “Persona” - significa cualquier
persona natural o jurídica, incluyendo cualquier agencia local, o cualquier
individuo, firma, sociedad, empresa común, fideicomiso, corporación de
individuos, asociación o corporación pública o privada, municipio, organizada y
existente conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los
Estados Unidos de América o cualquier estado, agencia o instrumentalidad de los
Estados Unidos de América, o cualquier combinación de los anteriores.
(25) “Persona Interesada” –
significa: (a) el fiduciario que represente a los tenedores de los Bonos
en circulación de la Autoridad; (b) el depositario de valores, si alguno,
en el que cualquiera de dichos Bonos será depositado; (c) cualquier tenedor de
obligaciones de deuda pendiente de pago de la Autoridad o cualquier Persona que
provea apoyo crediticio o de liquidez, incluyendo un seguro de garantía
financiera, a cualquiera o todas de dichas obligaciones; (d) cualquier
institución financiera de quien la Autoridad sea deudora (que no sea a través
del depositario de valores) o con quien tenga cualquier otro tipo de
obligación; (e) el Secretario de Justicia del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico; (f) cualquier Cliente; (g) cualquier proveedor de bienes
o servicios a la Autoridad que no sea Cliente de la Autoridad según se define en
esta Ley; (h) cualquier Persona que haya radicado con el secretario de la
Junta de la Corporación o con la Autoridad una solicitud para recibir el aviso
establecido en el Artículo 7(c)(2) de esta Ley; (i) cualquier Persona que
de otro modo tendría derecho a recibir un aviso o notificación con respecto al
ajuste de tarifas y cargos de la Autoridad; y (j) cualquier otra Persona
interesada en los asuntos planteados en los procedimientos establecidos en el
Artículo 7(c) de esta Ley.
(26) “Programa de Mejoras Capitales”
– significa el plan de inversiones en infraestructura y otros activos de
capital preparado anualmente por la Autoridad y actualizado, de tiempo en
tiempo, detallando los proyectos a desarrollarse por la Autoridad en los
próximos diez (10) años y certificado por un consultor independiente experto en
sistemas de aguas y alcantarillados. Incluye, además, la sustitución o
reemplazo periódico de los contadores o metros de los clientes.
(27) “Propiedad de Financiamiento” -
significa una Resolución de Financiamiento y los derechos e intereses de
propiedad creados por medio de la misma, incluyendo el derecho, título, e
interés en: (a) el derecho a crear y recibir Cargos de Revitalización;
(b) los Cargos de Revitalización, según ajustados de tiempo en tiempo
conforme al Mecanismo de Ajuste, incluyendo cualquier derecho bajo un Contrato
de Manejo asignado en virtud del Contrato de Fideicomiso relacionado u otro
acuerdo de garantía mobiliaria; (c) todos los ingresos, recaudos,
reclamos, pagos, dinero o ganancias provenientes de los Cargos de
Revitalización o que constituyan Cargos de Revitalización, independientemente
de que dichos ingresos, recaudos, reclamos, pagos, dineros, o ganancias sean
facturados, recibidos, cobrados o mantenidos por la Autoridad o por la
Corporación en conjunto o entremezclados con otros ingresos, recaudos,
reclamos, pagos, dinero o ganancias; (d) todos los derechos a recibir
ajustes de los Cargos de Revitalización conforme a los términos de la
Resolución de Financiamiento relacionada con los mismos; y (e) todas las
reservas establecidas con relación a los Bonos o la Propiedad de
Financiamiento. Una vez emitidos los Bonos, la Propiedad de Financiamiento
constituirá un derecho de propiedad adquirido y existente en el patrimonio de
la Corporación, como dueña inicial, sujeto al Artículo 8 y a cualquier
prenda de la Propiedad de Financiamiento conforme a esta Ley, no obstante que
el valor del derecho de propiedad dependerá de acciones futuras que todavía no
han ocurrido, incluyendo que los Clientes se mantengan conectados o que se
conecten a los Activos del Sistema y que tomen o que reciban servicio de agua y
alcantarillado, la imposición y facturación de los Cargos de Revitalización, o
la prestación de servicios por parte de la Autoridad. El concepto “Propiedad
de Financiamiento” no incluirá propiedades inmuebles de la Autoridad ni
derechos reales creados sobre dichas propiedades inmuebles.
(28) “Resolución de Financiamiento” -
significa una resolución de la Junta de la Corporación adoptada conforme a esta
Ley, la cual crea Propiedad de Financiamiento, aprueba la imposición y el cobro
de Cargos de Revitalización y el financiamiento de Costos de Financiamiento
Aprobados a través de la emisión de Bonos y la cual contiene el Mecanismo de Ajuste,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 6 de esta Ley.
(29) “Tarifa de Manejo” (Servicing
Fee) - significa la cantidad periódica pagada a un Manejador por sus
servicios requeridos con relación a la emisión de los Bonos y al manejo y
servicio de la Propiedad de Financiamiento.
(30) “Tercero Facturador” - significa
cualquier Persona, que no sea la Corporación, la Autoridad o un Manejador en
caso de éste último ser distinto a la Autoridad, autorizada a facturar o cobrar
Cargos de Revitalización.
(31) “Tribunal” - tendrá el
significado establecido en el Artículo 7(c)(1) de esta Ley.
Artículo
4.-Creación de la Corporación.
(a)
Se crea una
corporación pública con un propósito especial la cual será una instrumentalidad
autónoma del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y será conocida
como la “Corporación para la Revitalización de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico”, la cual ejercerá poderes gubernamentales y
públicos esenciales. La Corporación no será creada ni organizada con el fin de
obtener ganancias. Ninguno de los directores, funcionarios o cualquier otra
Persona privada derivará beneficio alguno, ni recibirá distribución relacionada
con los ingresos o los activos de la Corporación, con excepción de lo que aquí
se dispone como remuneración razonable por servicios prestados.
(b)
(1) La Corporación
será gobernada por una Junta compuesta por tres directores. Hasta tanto el
Gobernador nombre los directores en propiedad de conformidad con el
párrafo (2) de este inciso (b), el Presidente del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico, el Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico se desempeñarán como directores ex officio cuyos términos expirarán
el día en que el Gobernador efectúe los nombramientos de la lista a la que se
hace referencia en el párrafo (2) de este inciso (b).
(2)
El
nombramiento en propiedad de los directores deberá ser efectuado por el
Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Los directores en
propiedad deberán ser nombrados y comenzar sus funciones en o antes del 1 de
julio de 2016. Los directores nombrados por el Gobernador deberán ser
seleccionados de una lista de al menos diez (10) candidatos, preparada por una
firma reconocida en el ámbito de la búsqueda de talento ejecutivo, de acuerdo
con criterios objetivos que consideren el trasfondo profesional y educativo de
los candidatos. El Gobernador, a su discreción, deberá evaluar la lista de
candidatos recomendados y elegir a tres (3) individuos de la misma. Si el
Gobernador no nombra tres (3) directores de dicha lista dentro de los veinte
(20) días después de la presentación de dicha lista al Gobernador, la
mencionada firma deberá presentar otra lista dentro de un plazo de treinta (30)
días. El Gobernador podrá destituir a un director sólo por Causa.
(3)
Los
directores interinos ex officio ocuparán sus respectivos puestos de
director siempre y cuando ocupen sus cargos actuales. De los directores en
propiedad originalmente nombrados por el Gobernador, uno servirá por un período
de cuatro (4) años a partir de la fecha de nombramiento, uno servirá por un
período de cinco (5) años a partir de la fecha de nombramiento y uno servirá
por un período de seis (6) años a partir de la fecha de nombramiento. Cada
director continuará en el cargo hasta que su sucesor haya sido nombrado y
cualificado. Salvo en el caso de los directores interinos ex officio,
todos los miembros de la Junta de la Corporación estarán obligados a cumplir
con las Reglas Finales de Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva
York (NYSE Independent Director Rules) para la independencia de
directores. Nada en esta Ley impedirá que un Cliente sea director sólo por ser
esa Persona un Cliente. Los directores interinos ex officio no recibirán
compensación por servicios prestados como directores. Los directores en
propiedad recibirán una compensación consistente con la práctica en el mercado,
comparable con la recibida por miembros de juntas de instituciones locales de
igual tamaño, complejidad y riesgos. Dicha compensación nunca excederá de
cincuenta mil dólares ($50,000) anuales.
(4)
Cualquier
vacante en los puestos de directores en propiedad se ocupará por nombramiento
del Gobernador por el término que falte para la expiración del nombramiento
original y siguiendo los mismos procedimientos mediante los cuales se
efectuaron los nombramientos en propiedad originales y sujeto a las leyes
aplicables a la conservación de la exención contributiva o tratamiento
contributivo preferente de los intereses sobre Bonos.
(5)
Además
de los requisitos establecidos en este Artículo 4(b), ninguna Persona podrá
convertirse en director en propiedad si él o ella: (i) es un empleado,
empleado jubilado, o tiene cualquier interés sustancial, directo o indirecto,
en cualquier compañía privada con la cual la Corporación o la Autoridad
mantiene contratos o con la cual realiza transacciones de cualquier tipo,
aparte de la compra de servicio de agua y/o alcantarillado bajo las tasas y
tarifas de aplicación general; (ii) dentro de los dos (2) años anteriores
al ejercicio del cargo, ha tenido relaciones de negocio con, o cualquier
interés en, cualquier compañía privada con la cual la Corporación, la
Autoridad, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, o el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico mantiene contratos o con la cual realiza
transacciones de cualquier tipo, aparte de la compra de servicio de agua y/o
alcantarillado bajo las tasas y tarifas de aplicación general; (iii) ha
sido, durante el año inmediatamente anterior a su designación, miembro de un
organismo directivo local o central de un partido político registrado en el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; (iv) es un empleado, miembro, asesor
o contratista de los sindicatos de la Autoridad; o (v) no ha proporcionado
certificación del Departamento del Hacienda respecto a haber radicado sus
planillas durante los cinco (5) años contributivos precedentes, certificación
de no tener deudas vigentes con la Autoridad, el Certificado de Antecedentes
Penales emitido por la Policía de Puerto Rico, así como certificaciones
negativas de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro
de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).
(6)
Salvo
en el caso de los directores ex officio, ningún director podrá ser
considerado un funcionario público bajo los términos del Artículo 5.1 de
la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como la “Ley de Ética Gubernamental de
Puerto Rico”.
(7)
Cada
director tendrá un deber fiduciario de actuar en los mejores intereses de la
Corporación, incluyendo los tenedores de los Bonos y sus otros acreedores, así
como cualesquiera otros deberes según sean especificados en los documentos de
organización u otros acuerdos de la Corporación.
(8)
Una
mayoría de los directores en funciones al momento constituirá quorum
para la toma de cualquier decisión o el ejercicio de cualquier poder o función
de la Corporación. La Junta de la Corporación podrá delegar en uno o más de sus
directores, o en los funcionarios, agentes y empleados, los poderes y deberes
que la Junta de la Corporación juzgue apropiado.
(c)
Sin perjuicio de los
derechos establecidos conforme al Artículo 5 de esta Ley, la Junta de la
Corporación y los funcionarios, agentes y empleados de la Corporación no
incurrirán responsabilidad civil por ningún acto realizado de buena fe en el
ejercicio de sus deberes y responsabilidades conforme a las disposiciones de
esta Ley, en la medida en que no haya existido una conducta maliciosa, delito,
violación del deber fiduciario o negligencia crasa, y deberán ser indemnizados
por cualquier costo incurrido con respecto a cualquier demanda en relación con
la cual gocen de inmunidad como aquí se dispone. La Junta de la Corporación,
sus directores y cualesquiera de los funcionarios, agentes o empleados de la
Corporación también serán completamente indemnizados por cualquier
responsabilidad civil adjudicada bajo leyes de los Estados Unidos de América.
La junta de gobierno y cada director, funcionario, agente y empleado de cualquier
Manejador tendrán derecho a las exenciones de responsabilidad personal
especificadas por ley y en caso que no sean especificadas, a las exenciones de
responsabilidad personal especificadas en este Artículo 4(c).
Artículo 5.-Poderes de la
Corporación; No Fusión.
(a)
La Corporación queda
por la presente autorizada a:
(1)
Adoptar
Resoluciones de Financiamiento;
(2)
En
consideración a proporcionar ayuda económica a la Autoridad por medio del pago
de los Costos de Financiamiento Aprobados, imponer y cobrar Cargos de
Revitalización en relación al financiamiento de los Costos de Financiamiento
Aprobados por medio de la emisión de Bonos en beneficio de la Autoridad,
incluyendo (i) hacer tales Cargos de Revitalización obligatorios para los
Clientes y (ii) aprobar un Mecanismo de Ajuste antes de la emisión de los
Bonos;
(3)
Emitir
Bonos contemplados por una Resolución de Financiamiento y pignorar la Propiedad
de Financiamiento para el pago de los mismos;
(4)
Establecer
y decidir el uso de los fondos provenientes de los Bonos en nombre de la
Autoridad de conformidad con una Resolución de Financiamiento y el Contrato de
Fideicomiso otorgado por la Corporación en relación con dichos Bonos; y
(5)
Contratar
para el manejo y el servicio de la Propiedad de Financiamiento y de los Bonos así
como para servicios administrativos, incluyendo contratar un gerente o
administrador que no sea empleado de la Autoridad.
(b)
La Corporación no
tendrá ninguna autoridad para participar en otras actividades económicas; pero,
con respecto a los poderes especificados en el inciso (a) de este
Artículo 5, tendrá el poder para:
(1)
Demandar
y ser demandada, y transigir reclamaciones o litigios según los términos
aprobados por la Junta de la Corporación;
(2)
Tener
un sello y alterar el mismo a su voluntad;
(3)
Crear
y modificar estatutos para su organización y gestión interna, así como crear y
modificar las normas y reglamentos que gobiernan sus operaciones y el uso de su
propiedad, en cada caso, conforme a las limitaciones establecidas en esta Ley;
(4)
Crear
y otorgar contratos y otros instrumentos necesarios o convenientes para el
ejercicio de sus poderes y funciones bajo esta Ley y comenzar cualquier acción
para proteger o para hacer cumplir cualquier derecho conferido a la misma por
cualquier ley, contrato u otro acuerdo, incluyendo, crear y otorgar contratos
con la Autoridad, cualesquiera otros Manejadores, cualquier Entidad de
Financiamiento o cualquier otra Persona (pública o privada), para el manejo y
el servicio de la Propiedad de Financiamiento, para el servicio de los Bonos
emitidos por la Corporación y para la prestación de servicios de administración
de la Corporación, y pagar compensaciones por tales servicios;
(5)
Designar
a funcionarios, agentes y empleados, establecer sus deberes y funciones, fijar
su compensación y contratar los servicios de consultores, contables, abogados y
otros sobre una base contractual de prestación de asistencia profesional,
técnica y asesoría, así como pagar compensaciones por los mismos;
(6)
Pagar
sus gastos de operación, el servicio de la deuda programado de los Bonos y
otros Costos Recurrentes de Financiamiento;
(7)
Cumplir
con los términos y condiciones de los Bonos;
(8)
Cumplir
y hacer cumplir la implantación del Mecanismo de Ajuste de acuerdo con la
Resolución de Financiamiento y el Contrato de Manejo;
(9)
Contratar
los seguros necesarios contra cualquier pérdida con respecto a sus actividades,
propiedades y activos;
(10)
Invertir
cualquier fondo bajo su custodia y control en instrumentos financieros con una
calificación crediticia de grado de inversión o bajo un Contrato Accesorio;
(11)
Establecer
y mantener las reservas y cuentas de fondos especiales, en fideicomiso o de
otra forma, según sea requerido por los contratos otorgados con respecto a los
Bonos, o cualquier acuerdo entre la Corporación y terceros;
(12)
Pignorar
y crear gravámenes sobre todos o cualquier parte de sus ingresos o activos,
incluyendo la Propiedad de Financiamiento, fondos no gastados producto de los
Bonos, Ingresos de Cargos de Revitalización, y las ganancias de la inversión y
de la reinversión de los fondos no gastados producto de los Bonos y de los
Cargos de Revitalización como colateral para el pago del principal y los
intereses de cualquier Bono emitido por la Corporación conforme a esta Ley, y
cualquier acuerdo efectuado con relación a los mismos; y
(13)
Ejercer
todos aquellos poderes corporativos que no sean inconsistentes con esta Ley,
que han sido conferidos a las corporaciones por las leyes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico para llevar a cabo cualquier gestión necesaria o conveniente
para cumplir sus objetivos y ejercer los poderes expresamente otorgados y
concedidos en este Artículo.
(c)
Mientras se mantenga
en circulación cualquier Bono o mientras cualquier Costo de Financiamiento
vencido o que pueda vencer no haya sido pagado en su totalidad, la Corporación
no estará autorizada a disolverse, liquidarse o transferir o vender todo o
sustancialmente todos los activos de la Corporación (excepto según dispuesto
expresamente en el Contrato de Fideicomiso aplicable), o fusionarse o consolidarse,
directa o indirectamente, con ninguna Persona. Además, la Corporación no tendrá
el poder o la autoridad para incurrir, garantizar o de otra manera obligarse a
pagar ninguna deuda u otras obligaciones con excepción de Bonos y Costos de
Financiamiento a menos que sea permitido por una Resolución de Financiamiento.
La Corporación no podrá poseer otros activos o propiedad que no sea la
Propiedad de Financiamiento, propiedad personal incidental necesaria para la
posesión y operación de la Propiedad de Financiamiento y cualquier instrumento
financiero con una calificación crediticia de grado de inversión de acuerdo a
los términos de los Bonos. La Corporación mantendrá sus activos y obligaciones
separados y diferenciados de las de cualquier otra persona, incluyendo la
Autoridad.
(d)
La Corporación no
podrá pignorar sus activos para garantizar las obligaciones de ninguna otra
Persona u ofrecer su crédito como disponible para satisfacer las obligaciones
de ninguna otra Persona.
(e)
La Corporación y la
Autoridad deberán mantener sus libros, récords financieros y contabilidad
(incluyendo, cuentas de transacciones entre entidades) de una manera que
permita identificar por separado los activos y obligaciones de cada una de
dichas entidades de los de cualquier otra Persona; cada una deberá observar
todos los procedimientos corporativos y formalidades, incluyendo, donde resulte
aplicable, la celebración de reuniones periódicas y extraordinarias de sus
organismos de gobierno, el registro y mantenimiento de minutas de dichas
reuniones, y el registro y mantenimiento de las resoluciones adoptadas en tales
reuniones, de haberlas; y toda transacción y contrato entre la Corporación, la
Autoridad y cualquier Persona reflejará la existencia legal separada de cada
entidad y deberá ser formalmente documentada por escrito. La Corporación no
entrará en ninguna transacción con una afiliada de la Autoridad, la
Corporación, el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico o el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico excepto bajo términos similares a aquellos
disponibles para Personas no afiliadas en una transacción entre terceros.
(f)
La Corporación y la
Autoridad deberán tener estados financieros anuales separados, preparados de
acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, que reflejen los
activos y obligaciones separados de cada una de dichas entidades y todas las
transacciones y transferencias de fondos que involucren a cada una de dichas
entidades, y deberán pagar o asumir el costo de la preparación de sus propios
estados financieros sin importar si dichos estados (auditados o no) son
preparados internamente o por una firma de auditoría pública que prepare o
audite sus estados financieros.
(g)
La Corporación y la
Autoridad deberán pagar sus respectivas obligaciones y pérdidas con sus propios
activos por separado. En cumplimiento de lo anterior, la Corporación deberá
compensar con sus propios fondos a empleados, consultores, contratistas
independientes y agentes por los servicios prestados a la misma por dichos
empleados, consultores, contratistas independientes y agentes. La Corporación
mantendrá suficientes empleados a la luz de su objetivo de negocios.
(h)
La Corporación y la
Autoridad no deberán mezclar ninguno de sus activos, fondos u obligaciones con
los activos, fondos u obligaciones de ninguna otra Persona. Cada una de ellas
deberá llevar a cabo todo negocio entre ella y terceros en nombre propio y de
forma separada de la otra y deberá corregir cualquier malentendido conocido con
respecto a su identidad separada.
(i)
Ni los activos ni la
capacidad crediticia de la Autoridad podrá ser considerada como disponible para
el pago de ninguna obligación de la Corporación o viceversa. Los activos no
serán transferidos por la Autoridad a o desde la Corporación de forma
inconsistente con esta Ley o con la intención de perjudicar, retrasar o
defraudar a los acreedores.
(j)
La Autoridad, en sus
documentos y en las declaraciones de sus funcionarios, deberá referirse a la
Corporación como una entidad legal separada y distinta; y deberá abstenerse de
tomar cualquier acción inconsistente con esta Ley o que daría a cualquiera de
sus acreedores causa para creer que cualquier obligación incurrida por la
Autoridad no es sólo una obligación de la Autoridad, sino que también es de la
Corporación, o que la Autoridad no es o continuará siendo una entidad separada
y distinta a la Corporación.
Artículo 6.-Contenido de la Resolución de
Financiamiento.
La Resolución de Financiamiento relacionada con
cualquier emisión de Bonos, además de incluir los demás asuntos que conforme a
esta Ley, se deben incluir en dicha Resolución de Financiamiento, deberá entre
otras, (i) especificar la cantidad máxima de Bonos autorizados para ser
emitidos, incluyendo los parámetros o limitaciones para sus vencimientos,
vencimientos programados, tasas de interés y métodos de determinación de las
tasas de interés y otros detalles de los Bonos según la Junta considere
apropiado; (ii) describir los Costos de Financiamiento Aprobados a ser pagados
con la emisión de Bonos y a ser recuperados a través de los Cargos de
Revitalización; (iii) especificar las limitaciones cualitativas o cuantitativas
de los Costos de Financiamiento a ser recuperados (que no afecten negativamente
la capacidad de pagar y de servir los Bonos de acuerdo con sus términos); (iv)
especificar la metodología para determinar la cantidad de Cargos de
Revitalización; (v) describir el Mecanismo de Ajuste que se aplicará, basado en
la metodología para asignar Cargos de Revitalización, para reconciliar los
cobros reales con los cobros proyectados por lo menos semestralmente, para
asegurar que los cobros de Cargos de Revitalización son adecuados para pagar a
la fecha de su vencimiento el principal y los intereses de los Bonos asociados,
conforme al calendario de amortización previsto, para financiar a los niveles
requeridos todos los fondos o cuentas de reserva del servicio de la deuda, y
para pagar, cuando corresponda, todo otro Costo de Financiamiento Recurrente;
(vi) describir las ventajas para los Clientes y para la Autoridad que se espera
resulten de la emisión de los Bonos; (vii) concluir que la metodología de
cálculo conforme a la cláusula (iv) y el Mecanismo de Ajuste conforme a la
cláusula (v) son prácticos de administrar y asegurarán el pago completo y
puntual de los Bonos; (viii) autorizar la creación de la Propiedad de
Financiamiento, especificando que será creada y conferida a la Corporación tras
la emisión de los Bonos, y abordando otros asuntos, según sea necesario o
deseable para el mercadeo o manejo de los Bonos o el manejo de la Propiedad de
Financiamiento; (ix) autorizar la imposición, facturación y cobro de Cargos de
Revitalización para pagar el servicio de la deuda de los Bonos y otros Costos
Recurrentes de Financiamiento; (x) describir la Propiedad de Financiamiento que
será creada conforme a la Resolución de Financiamiento y conferida tras la
emisión de los Bonos a la Corporación y que podrá ser utilizada para pagar y
colateralizar el pago de los Bonos; (xi) autorizar la celebración y
otorgamiento por parte de la Corporación de uno o más contratos de manejo,
facturación o cobro con uno o más Manejadores y otros agentes y permitir la
designación de co-Manejadores o sub-Manejadores al ocurrir los eventos que la
Corporación, siendo aconsejada por sus asesores, determine que mejora el
mercadeo de los Bonos; (xii) autorizar la celebración y otorgamiento por parte
de la Corporación de uno o más contratos de depósito, fideicomiso o plica con
instituciones financieras u otras Personas en los que se establezca el depósito
(escrowing) y asignación de los recaudos de facturación a Clientes entre
la Autoridad y la Corporación, según la Corporación, en consulta con los
asesores que estime adecuado, determine que aumenta la probabilidad de venta de
los Bonos; (xiii) requerir la radicación de los informes de facturación y cobro
referentes a los Cargos de Revitalización que la Corporación pueda requerir al
Manejador (por lo menos mensualmente); (xiv) aprobar y autorizar la forma,
celebración y otorgamiento de un Contrato de Fideicomiso; (xv) detallar otras
conclusiones, determinaciones y autorizaciones que la Corporación, siendo
aconsejada por sus consultores, juzgue apropiadas; y, (xvi) certificar que los
Cargos de Revitalización relacionados con los Bonos emitidos, y a emitirse, no exceden,
en el agregado, el veinte por ciento (20%) de los cargos facturados por la
Autoridad; (xvii) desglosar cuáles proyectos dentro del Programa de
Mejoras Capitales de la Autoridad se financiarán con dicha emisión, que a la
fecha de aprobación de esta Ley debe incluir todos los proyectos de
infraestructura que se vieron aplazados, paralizados o detenidos por causa de
la falta de fondos de la Autoridad, según detallados en la Resolución Núm. 2984
aprobada por la Junta de Gobierno de la Autoridad el 3 de junio de 2016 que se desglosan de la siguiente manera:
i.
Construcción de la Planta de Filtros Valenciano
Fase I y Mejoras a la Toma de Ceiba Sur;
ii.
Mejoras a la Planta de Filtración de Isabela y
al Sistema de Distribución para la Eliminación de la Planta de Filtración
Rocha;
iii.
Extensión del Sistema de Alcantarillado
Sanitario en el Noroeste del Municipio de Añasco en los Barrios Quebrada Larga,
Caracol, Piñales, Hatillo & La Playa (Terminación de Proyecto);
iv.
Ponce Sanitary Trunk Sewer Rehabilitation;
v.
Planta de Alcantarillado Sanitario
(Terminación);
vi.
New Control Access Gates Installation for Urb. Golden Hills;
vii.
Sistema de Alcantarillado Sanitario para las
Comunidades Las Brumas, La Ley, Marginal La Ley, Pepe Hoyos y Santa María;
viii.
Diseño y Construcción para las Mejoras en la
Planta de Filtración de Guajataca - Rehabilitación e Instalación de Dos Módulos
de Plantas Paquete;
ix.
Sistema Alcantarillado Sanitario Las Croabas;
x.
Nuevo Tanque Pre-Sedimentador para la Planta de
Filtración Toa Vaca;
xi.
Terminación del Sistema de Alcantarillado
Sanitario de La Comunidad Sandín;
xii.
Mejoras al Sistema de Distribución de Agua
Potable en la Comunidad Sammy Vélez;
xiii.
Mejoras en la Planta de Alcantarillado
Sanitario;
xiv.
Relocalización Troncal Sanitaria PR-111 &
PR-125;
xv.
Mejoras a la Planta de Alcantarillado Sanitario
Bayamon Fase I;
xvi.
Construcción Nuevas Oficinas (''Site
Works'')-Fase II;
xvii.
Quebrada Water Treatment Plant LT2 Compliance Improvements;
xviii.
Mejoras Eléctricas y Mecánicas e Instalación de
un Generador de Emergencias en la Toma de Aguas Crudas de la Planta de
Filtración;
xix.
Nuevo Tanque CT/Distribución en la Planta de
Filtración Corozal Urbana;
xx.
Puerto Nuevo WWTP Grit Collection Facility/New Septage Receiving
Stations and Roadway Improvements”;
xxi.
Mejoras a la Planta de Filtración Ponce Vieja y
Construcción de un Nuevo Tanque de 4 MG;
xxii.
Rehabilitación Represa Lago Cidra;
xxiii.
Rehabilitación Estación de Bombas Candelas;
xxiv.
Non-Revenue water reduction program, Large and small meters;
xxv.
(Grupo 10) Programa de Rehabilitación de Plantas
de Filtración Grupo 10;
xxvi.
Reemplazo de Penstock Planta Carite III para
suplido PF Guayama;
xxvii.
Estabilización de Suelos en la Estación de
Bombas Las 300, PR-128;
xxviii.
Replacement of Las Américas Residence Extramural Sanitary Sewer System;
xxix.
Villalba Regional Aqueduct Water Transmission Line from Juana Díaz to
Coamo, Los Llanos & El Encanto Chlorination Rooms;
xxx.
Improvements to the filters system at Cayey WWTP;
xxxi.
Interconnection of Arecibo Urbano System to the North Coast Aqueduct;
xxxii.
Eliminación Planta de Filtración La Máquina;
xxxiii.
Diseño y Construcción para la Rehabilitación de
la Planta de Alcantarillado Sanitario;
xxxiv.
Vega Baja Water Treatment Plant LT2 Compliance Improvements;
xxxv.
Mejoras a la Planta de Filtración –
Cumplimiento;
xxxvi.
Eliminación Planta Alcantarillado Sanitario
Sector Alturas de Orocovis y Systema Sanitario Com. El Gato Fase 1;
xxxvii.
(Group 16) Filtration Plant Rehabilitation Program (Group 16);
xxxviii.
(Group 12) Filtration Plant Rehabilitation Program (Group 12);
xxxix.
Mejoras al sistema de distribución de agua
potable en Camarones Centro Bo. Santa Rosa I, Fase II”;
xl.
Cedro Arriba WTP Compliance Upgrade;
xli.
Design – Build for the Construction of New Distribution Tank at Cerro
Marquez and Pipeline;
xlii.
Morovis Sur WTP Compliance Improvements;
xliii.
Reparación, Reemplazo y Renovación - Trabajos de
Construcción de Obra Menor;
xliv.
Improvements to the Aguas Buenas Treatment Plant LT2 Compliance;
xlv.
Mejoras Planta de Filtración Morovis Urbana;
xlvi.
Improvements to the Water Filter System at Guilarte Filter Plant;
xlvii.
Mejoras Estructurales en la Estación de Bombas
de Alcantarillado Sanitario Levittown;
xlviii.
Water Hammer Arrest System for La Plata Raw Water Pipe;
xlix.
Mejoras de Planta de Filtración Luquilla Urbana
LT2;
l.
WTP La Plata (Represa) - Fase I Corrección de
Asuntos de Seguridad en Represa (Drenajes y Empotramiento);
li.
Eliminación de la Planta de Alcantarillado
Sanitario Villa Taína (Fase II) - Mejoras en la Estación Palmarejo;
lii.
Mejoras a la PF Gurabo;
liii.
Reparación, Reemplazo y Renovación - Trabajos de
Construcción de Obra Menor;
liv.
Mejoras en la Planta de Filtración Urbana;
lv.
Diseño y Construcción de Oficinas
Administrativas en el Centro de Operaciones del Área de Manatí;
lvi.
Troncal Sanitaria Rio Grande Estates O Desvío
Coco Beach, Río Grande;
lvii.
Jimenez WTP (STC), Río Grande;
lviii.
Mejoras a la toma de aguas crudas de la PF
Guzmán Arriba, Río Grande;
lix.
Estudio y rehabilitación del sistema de
alcantarillado sanitario en Río Grande Estates, Río Grande.
La Resolución de Financiamiento, la Propiedad de
Financiamiento, el Mecanismo de Ajuste y el resto de las obligaciones de la
Corporación establecidas en dicha Resolución de Financiamiento serán directas,
explícitas, irrevocables, inevitables e incondicionales tras la emisión de los
Bonos, y se podrá exigir su cumplimiento a la Autoridad y a la Corporación.
Con excepción de los requisitos en el Artículo 7 (b) de esta Ley, los Cargos de
Revitalización y el Mecanismo de Ajuste sólo estarán sujetos al acuerdo firmado
y ratificado por las juntas directivas de la Corporación y la Autoridad, y no
estarán sujetos a ninguna otra disposición legal, incluyendo las disposiciones
de la Ley Núm. 21 de 31 de mayo de 1985, o la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945,
según respectivamente enmendadas, o cualquier otra disposición legal que
requiera o disponga la revisión o la aprobación de tarifas por cualquier entidad
gubernamental, o la celebración de audiencias públicas o la notificación de
cambios en las tarifas de cualquier entidad gubernamental, incluyendo a la
Asamblea Legislativa. Ninguna otra entidad gubernamental adoptará reglamentos,
reglas o procedimientos o tomará acción alguna que pueda demorar o afectar
negativamente la implantación del Mecanismo de Ajuste o el cobro de los
Ingresos de Cargos de Revitalización.
La revisión por parte de la Corporación del ajuste
periódico de los Cargos de Revitalización conforme al Mecanismo de Ajuste se
limitará solamente a la exactitud matemática de los cálculos del monto de tales
ajustes, y en relación a cada una de dichas revisiones por parte de la
Corporación, ésta deberá contratar los servicios de una o más Personas con la
experiencia necesaria para revisar la exactitud matemática de dichos ajustes
periódicos. Si la Corporación determina que el cálculo de cualquier ajuste a
los Cargos de Revitalización fue matemáticamente inexacto, tal ajuste será
modificado en o antes de la siguiente aplicación del Mecanismo de Ajuste, y los
cobros sobre o por debajo de lo debido resultantes de tal inexactitud
matemática deberán ser acreditados o sumados en la siguiente aplicación del
Mecanismo de Ajuste, según sea el caso, pero ningún Cliente tendrá derecho a un
reembolso de los Cargos de Revitalización o la aplicación retroactiva de los
mismos por razón de imprecisiones matemáticas en dichos ajustes periódicos.
Ningún ajuste de los Cargos de Revitalización conforme al Mecanismo de Ajuste
podrá afectar en cualquier forma el carácter irrevocable e Inevitable de la
Resolución de Financiamiento relacionada. La Corporación está autorizada a
contratar el servicio de una o más personas para revisar el cálculo de los
Cargos de Revitalización preparados por el Manejador. La Autoridad está
autorizada y ordenada a proveerle a la Corporación y a sus agentes la
información requerida por la Corporación, y por cualquier agente de cálculo
para verificar los cálculos de dichos ajustes periódicos. El Banco
Gubernamental de Fomento o su sucesor, como agente fiscal del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, está autorizado y ordenado a asistir, brindar apoyo y
asesoría financiera a la Corporación, de manera que se puedan cumplir los
propósitos de esta Ley de forma diligente, eficaz y dentro de los términos
provistos en esta Ley.
Artículo 7.-Bonos.
(a) Autorización para Emitir Bonos; Cargos de
Revitalización. Se autoriza a la Corporación para que, de tiempo en tiempo, sin
necesidad de revisión o aprobación por cualquier otra entidad gubernamental,
excepto en la medida que se disponga en este estatuto, emita Bonos hasta la
cantidad máxima de novecientos (900) millones de dólares para sufragar el
desarrollo del Programa de Mejoras Capitales de la Autoridad según dispuesto en
los subincisos (a), (b), (c), (e), (f), (g) y (h) del inciso (15) del Artículo
3 de esta Ley. La diferencia entre los novecientos (900) millones de dólares
del Programa de Mejoras Capitales y lo máximo que se pueda financiar con el veinte
(20) por ciento de los cargos facturados por la Autoridad provisto en el inciso
(xvi) del Artículo 6, se podrá utilizar para el financiamiento de los otros
Costos de Financiamiento Aprobados según dispuestos el subinciso (d) del inciso
(15) del Artículo 3 de esta Ley, de conformidad con lo establecido en la
Resolución de Financiamiento autorizada y que cuente con la aprobación final al
amparo de lo establecido en este Artículo. Además, para retirar, cancelar
(defease) o refinanciar toda o parte de la deuda emitida por la Autoridad
cumplirá con las condiciones, si alguna, establecidas para ello en cualquier
Contrato de Fideicomiso entonces existente, y sujeto, además, al cumplimiento
de las siguientes condiciones:
(1) que los bonos a ser retirados, cancelados
(defeased) o refinanciados lo sean a un valor no mayor del ochenta y cinco por
ciento (85%) de su valor nominal o de su faz;
(2) que los Bonos a emitirse para el retiro,
cancelación (defeasance), o refinanciamiento no conlleven el pago de principal
durante por lo menos los primeros cinco (5) años a partir de la fecha en que se
emitan los mismos; y
(3) que la tasa de interés de los Bonos a
emitirse fluctúe según la clasificación crediticia que reciban los Bonos,
consistente con la siguiente tabla:
|
Tasa
de Interés
|
Para Bonos de
Pago de Interés Corriente:
- El promedio
ponderado de las tasas de interés a través de los vencimientos (basados
en la curva de rendimiento) se fijará a las tasas especificadas, sujeto
a la clasificación final de grado de inversión como sigue:
AAA: 4.00%
AA+/AA/AA-: 4.25%
A+/A/A-: 4.50%
BBB+/BBB/BBB-
o menor: 4.75%
|
Para Bonos de
Apreciación de Capital Convertible:
- El promedio
ponderado de las tasas de interés/apreciación a través de los
vencimientos (basados en la curva de rendimiento) se fijará a las tasas
especificadas, sujeto a la clasificación final de grado de inversión
como sigue:
AAA: 4.50%
AA+/AA/AA-: 4.75%
A+/A/A-: 5.25%
BBB+/BBB/BBB-
o
menor: 5.50%
|
Las emisiones de Bonos a ser llevadas a cabo por la
Corporación se coordinarán con la AAFAF con el propósito de que no conflijan con otras emisiones de bonos
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus instrumentalidades. En el
ejercicio de este poder, la AAFAF actuará con razonable prontitud y velará por que cualquier emisión
de la Corporación no sea aplazada irrazonablemente.
La autorización para emitir
Bonos estará sujeta a las condiciones establecidas en la Resolución de
Financiamiento correspondiente que cuente con la aprobación final de la AAFAF
al amparo de lo dispuesto en este Artículo.
La cuantía o monto máximo de
Bonos a ser emitidos, de hasta novecientos (900) millones de dólares, incluirá
todos los financiamientos interinos emitidos o incurridos por la Autoridad en
anticipo a la emisión de Bonos o de los Bonos de Anticipo (Bond Anticipation
Notes o BANs) debidamente autorizados de conformidad con lo establecido en esta
Ley. Una vez la cuantía o monto máximo de Bonos a ser emitidos haya sido
agotada, la Corporación y la Autoridad deberán comparecer a la Asamblea
Legislativa con el propósito de informar a ésta sobre la utilización de las
emisiones de Bonos realizadas así como de las necesidades de financiamiento
adicional que tenga la Autoridad, y de ser necesario, solicitar una nueva
autorización que conceda un incremento al monto máximo de Bonos a ser emitidos
bajo esta Ley.
(b) Proceso de Aprobación.
(1) No obstante cualquier otra disposición de
ley en contrario, en o antes de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de
aprobación de esta Ley, la Corporación deberá haber presentado una Resolución
de Financiamiento a la AAFAF para su aprobación final. En o antes de los primeros
quince (15) días de este período, la Corporación, con la colaboración de la
Autoridad y con la asesoría financiera de la AAFAF deberá preparar y completar
una propuesta de Resolución de Financiamiento la cual incluirá el contenido
requerido de conformidad con esta Ley. Además, deberá preparar durante dicho
término un informe detallado explicativo de los fundamentos o circunstancias
que dieron lugar a su decisión cuyo informe cumplirá con los criterios y
principios en la determinación y distribución de los Cargos de Revitalización
entre las categorías de Clientes y para fijar y ajustar los Cargos de
Revitalización que se mencionan a continuación. Esta propuesta de Resolución de
Financiamiento será sometida al proceso de vista pública y aprobación inicial
detallado en el subinciso (4) de este inciso (b).
Durante el periodo de preparación, la
Corporación brindará la información pertinente a AAFAF de manera que la misma
esté informada de los elementos considerados por la Corporación en el
establecimiento de los Cargos de Revitalización. AAFAF, a su vez, participará durante el proceso de
preparación de la Resolución de Financiamiento propuesta, a los fines de
conocer los detalles relacionados con el proceso de la elaboración de la
Resolución de Financiamiento propuesta y los criterios que la sustentan, así
como sometiendo recomendaciones específicas sobre asuntos o aspectos que deben
ser atendidos o incorporados en dicho documento como parte de los trámites para
su aprobación inicial.
La determinación y distribución de los
Cargos de Revitalización entre las categorías de Clientes y para fijar y
ajustar los Cargos de Revitalización a ser contenida en la Resolución de
Financiamiento propuesta cumplirá con los siguientes criterios:
(A) La porción de Costos de Financiamiento a ser
recuperada de cada categoría de Clientes estará calculada basándose en data de
consumo histórico de agua y/o alcantarillado para cada categoría de Clientes,
según dicha información sea provista por la Autoridad, y según la Corporación
haya determinado, de forma no arbitraria ni caprichosa, que se puede
administrar mejor y asegurar el pago completo y puntual de los Bonos de
conformidad con sus términos, así como otros Costos Recurrentes de
Financiamiento.
(B) Una vez distribuidos los Costos de
Financiamiento a ser recuperados de cada categoría de Clientes, (i) los Cargos
de Revitalización para Clientes (que no sean Clientes residenciales) se basarán
en data de consumo histórico de agua y/o alcantarillado y (ii) los Cargos de
Revitalización para todos los clientes residenciales serán un cargo por Cliente
(per capita), basado en data de consumo histórico de agua y/o alcantarillado,
según dicha información sea provista por la Autoridad, y según la Corporación
haya determinado, de forma no arbitraria ni caprichosa, que se puede
administrar mejor y asegura el pago completo y puntual de los Bonos de
conformidad con sus términos, así como otros Costos Recurrentes de
Financiamiento.
(C) La morosidad en los pagos de cualquier
categoría de Clientes se añadirá al requisito de ingresos de los próximos
periodos y será distribuido entre todas las categorías de Clientes, según se
dispone en los incisos (A) y (B) de este párrafo. De igual forma, cualquier
exceso o excedente del estimado de ingresos por el pago puntual de cualquier
categoría de Clientes se repartirá y será distribuido entre todas las
categorías de Clientes para el próximo periodo o ciclo del Cargo.
(2) El informe o la propuesta de Resolución de
Financiamiento también incluirá:
(A) Una descripción de los Costos Recurrentes de
Financiamiento;
(B) La determinación de las categorías de
Clientes entre los cuales los Costos Recurrentes de Financiamiento se van a
distribuir y la distribución de los Costos Recurrentes de Financiamiento entre
categorías de Clientes;
(C) El cálculo de los Cargos de Revitalización
para los Clientes por categoría;
(D) Una disposición de que la morosidad en los
pagos de cualquier categoría de Clientes se distribuirá entre todas las
categorías de Clientes, según dispuestos en los incisos (B), (C) y (D) de este
párrafo y se incluirá en el Mecanismo de Ajuste. De igual forma, cualquier
exceso o excedente del estimado de ingresos por el pago puntual de cualquier
categoría de Clientes se repartirá y será distribuido entre todas las
categorías de Clientes para el próximo periodo o ciclo del Cargo;
(E) Una determinación de la
Corporación de lo siguiente:
(i) Que las distribuciones de los incisos (B),
(C) y (D) de este párrafo (2) son prácticas de administrar y que aseguran el
pago completo y puntual de los Costos Recurrentes de Financiamiento durante el
término de los Bonos;
(ii) Los datos de consumo histórico de cada
categoría de Clientes que sirve de base a las distribuciones establecidas en
los incisos (B), (C) y (D) de este párrafo (2), certificados por un oficial de
la Autoridad;
(iii) Que la Resolución de Financiamiento
propuesta cumple con los requisitos establecidos en los incisos (b)(1) y (b)(2)
de este Artículo 7 y otros requisitos aplicables establecidos en esta Ley.
(3) Tal informe y propuesta de Resolución de
Financiamiento serán la base para iniciar el proceso descrito a continuación en
los incisos (4) y (5), luego de cuya conclusión y determinación de la Junta de
la Corporación, la Resolución de Financiamiento se considerará inicialmente
aprobada. La Resolución de Financiamiento así aprobada dentro del término no
mayor de cien (100) días contados a partir de la aprobación de esta Ley, será
remitida a la AAFAF para revisión y aprobación final o
recomendación de modificación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (4)
del inciso (b) de este Artículo. Una vez aprobada por la AAFAF, la Resolución
de Financiamiento se considerará que cuenta con la aprobación final para el
inicio de los trámites posteriores, según requeridos en esta Ley.
(4) El proceso de vistas públicas y aprobación
inicial por la Corporación será el siguiente:
(A) La Autoridad y la Corporación publicarán en
sus páginas de internet, la propuesta Resolución de Financiamiento en o antes de los quince (15) días
siguientes a la fecha de aprobación de esta Ley, y el informe relacionado
aprobado por la Corporación junto con la notificación para la celebración de
una o más vistas públicas con por lo menos diez (10) días de antelación a su
celebración, en cuya notificación incluirá los asuntos a discutirse en la
vista, el lugar, fecha y hora donde la vista o vistas se llevarán a cabo. La
notificación además cumplirá con lo siguiente: (i) se realizará mediante una
publicación en dos (2) periódicos de circulación general en el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico por lo menos dos (2) veces durante tal periodo de diez
(10) días, (ii) la colocación de una copia de tal aviso durante tal periodo de
diez (10) días en la oficina principal de la Corporación y de la Autoridad, así
como en las oficinas comerciales de la Autoridad, en un lugar accesible al
público durante el horario normal de oficina, y (iii) colocando una copia de
tal notificación, incluyendo el modelo propuesto de Resolución de Financiamiento
inicial de la Corporación y su informe y documentos de apoyo, en las páginas
electrónicas de la Autoridad, de la Corporación y del Banco Gubernamental de
Fomento, protegiendo cualquier información confidencial o privilegiada
contenida en tales documentos, si alguna. La vista o vistas se realizarán para
auscultar el parecer general de la ciudadanía sobre el cumplimiento de la
metodología para calcular los Cargos de Revitalización y el Mecanismo de Ajuste
de la Corporación con los criterios establecidos. Se deberán realizar por lo
menos unas cinco (5) vistas públicas en lugares accesibles que promuevan la más
amplia y efectiva participación ciudadana. La Corporación designará un oficial
examinador independiente para presidir la vista o vistas públicas.
(B) Al oficial examinador para este procedimiento
especial, se le concede un término no mayor de veinte (20) días concluida la
última vista pública para rendir un informe a la Corporación el cual deberá
contener una relación de todas las objeciones, planteamientos, opiniones,
documentos, estudios, recomendaciones y cualesquiera otros datos pertinentes
presentados en las vistas, así como conclusiones y recomendaciones, así como un
breve relato de cómo fueron atendidas las objeciones, planteamientos, opiniones
y recomendaciones presentadas. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
rendido, el informe se publicará en la página electrónica de la Corporación,
del Banco Gubernamental de Fomento y de la Autoridad.
(C) La Corporación revisará el informe del oficial
examinador y los comentarios que haya recibido sobre el informe, y emitirá
resolución sobre la Resolución de Financiamiento, incluyendo la aprobación o
revisión de la metodología para el cálculo de los Cargos de Revitalización y
Mecanismo de Ajuste de la Corporación, cuya aprobación inicial será publicada
en la página electrónica de la Corporación, de la Autoridad y del Banco
Gubernamental de Fomento junto a un informe explicativo sobre su determinación
en cuanto a las sugerencias y/o recomendaciones del oficial examinador.
(5) La Resolución de Financiamiento inicialmente
aprobada por la Corporación será remitida a la AAFAF
para revisión y aprobación final o recomendación de modificación. La AAFAF
deberá realizar su revisión y someter su determinación de aprobación final o de
no aprobación con sus recomendaciones de modificación a la Resolución, en un
término no mayor de los diez (10) días contados a partir de la radicación de la
solicitud de autorización por parte de la Corporación de la Resolución de
Financiamiento inicialmente aprobada. En el caso de que la AAFAF no recomiende
la aprobación de la Resolución de Financiamiento, la Corporación tendrá diez
(10) días contados a partir de la notificación de la AAFAF para atender las
recomendaciones de modificación señaladas. Una vez la Corporación someta la
Resolución de Financiamiento debidamente modificada, la AAFAF tendrá diez (10)
días contados a partir del recibo del documento para emitir su determinación
final. En el desempeño de sus funciones y responsabilidades de la evaluación de
la Resolución de Financiamiento, la AAFAF podrá recabar la colaboración y ayuda
de otras entidades gubernamentales o asesores con el conocimiento y el peritaje
necesario, incluyendo la Comisión de Energía creada al amparo de la Ley
57-2014, según enmendada.
(A) En su evaluación, la AAFAF deberá considerar
los siguientes factores:
(i) Que la Resolución de Financiamiento cumple
cabalmente con los requisitos establecidos en esta Ley.
(ii) Que se cumplieron cabalmente con los criterios y principios en la determinación y distribución de los
Cargos de Revitalización entre las categorías de Clientes, así como para fijar
y ajustar los Cargos de Revitalización, según lo establecido en esta Ley.
(iii) Que la determinación de los Cargos de
Revitalización y el mecanismo de ajuste de tales Cargos fue adoptada de forma
no arbitraria ni caprichosa, así como que son justos y razonables a la luz de
parámetros de comparación con entidades de servicios públicos de otras
jurisdicciones de los Estados Unidos de Norteamérica que han utilizado
mecanismos similares de financiamiento.
(iv) Que se cumplió cabalmente con el proceso de
divulgación y vistas públicas establecido en esta Ley y que las objeciones,
planteamientos, opiniones y recomendaciones presentadas fueron debidamente
tomadas en consideración.
(v) Que la emisión de bonos propuesta adelantará
las metas y objetivos del Programa de Mejoras Capitales de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados y que dichas obras son necesarias para el
desarrollo económico y bienestar del país.
(B) La AAFAF podrá
facturar y cobrar a la Corporación o a la Autoridad, y esta última podrá a su
vez cobrarle tales gastos a la Corporación, por los trámites relacionados con
el proceso de cotejo y revisión de la Resolución de Financiamiento hasta un
máximo de doscientos mil dólares ($200,000). En aras de agilizar el proceso de
la contratación de los peritos y recursos adecuados para el cotejo y revisión
de la Resolución de Financiamiento, la AAFAF podrá requerirle a la Autoridad o
a la Corporación que le anticipe los fondos necesarios para tales propósitos.
(C) La AAFAF adoptará las
normas y reglamentos que sean necesarios para regir el proceso de revisión, sin
sujeción a lo establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según
enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”.
(6) Cualquier procedimiento judicial impugnando
la Resolución de Financiamiento que haya culminado su trámite de aprobación
final o los señalamientos y determinaciones contenidas en ésta, incluyendo la
metodología para el cálculo de los Cargos de Revitalización y el Mecanismo de
Ajuste, solo será presentado conforme a los procedimientos establecidos en el
apartado (c) de este Artículo 7, y el Tribunal revisará dichos señalamientos y
determinaciones bajo el estándar de si la Corporación actuó de manera
arbitraria y caprichosa.
(7) Las disposiciones de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada,
no serán de aplicación a los procesos esbozados en el Artículo 7(b).
(8) Previo a toda emisión de deuda pública de la
Corporación, la Corporación le notificará a la AAFAF sobre cualquier emisión
propuesta al menos diez (10) días antes de la fecha de publicación de la oferta
preliminar. AAFAF evaluará y aprobará la emisión. Dicha aprobación será por
escrito no más tarde de dentro de los diez (10) días desde que la Corporación
le notifique a la AAFAF sobre la emisión propuesta. En la medida en que, transcurrido
ese periodo, si la AAFAF no ha notificado su aprobación o rechazo de la emisión
propuesta, la Corporación podrá continuar el proceso de la emisión de bonos. Es
el sentido de la Asamblea Legislativa que AAFAF no deberá aprobar la emisión
propuesta si determinará que la cantidad promedio a pagar por los Clientes de
la Autoridad y la Corporación, en conjunto y al momento de la emisión, sería
mayor a la facturación promedio a los Clientes de la Autoridad previo a la
emisión de bonos de titulación. Proveyéndose que para estos propósitos la
Autoridad podrá conceder créditos o utilizar otros mecanismos que estime
pertinentes.
(c) Validación de esta
Ley, la Resolución de Financiamiento Final y la Emisión Inicial de Bonos.
(1) Luego de aprobada la Resolución de
Financiamiento final y antes de la adjudicación de la primera emisión de Bonos,
la Corporación o la AAFAF publicará un aviso en la manera indicada en el
párrafo (2) de este inciso (c) notificando a las Partes Interesadas
que tendrán un término de caducidad de sesenta (60) días desde la publicación
del aviso según dispuesto en el Artículo (7)(c)(2) para presentar una acción
judicial ante la Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico (el Tribunal), para determinar, entre otras
cosas:
(A)
la validez de esta Ley;
(B)
que cualquier disposición de esta Ley,
incluyendo la imposición de Cargos de Revitalización, no resulta en la
violación o menoscabo de algún contrato o acuerdo otorgado por el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o la Autoridad con los tenedores de Bonos o con otros
acreedores de la Autoridad, o en la toma de propiedad por parte del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico sin justa compensación;
(C)
que los fondos que se recibirán provenientes de
los Cargos de Revitalización y recibidos por o en nombre de la Corporación o
cualquier Manejador constituyen ingresos y rentas de la Corporación y no de la
Autoridad ni de cualquier otra Persona y no constituyen recursos disponibles
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que el Cargo de Revitalización
constituye un impuesto o contribución y que el derecho de la Corporación a
imponer y cobrar los Cargos de Revitalización no podrá ser revocado o
rescindido;
(D)
que los Ingresos provenientes de Cargos de
Revitalización no están sujetos a gravamen o imposición alguna de los tenedores
de Bonos u otros acreedores de la Autoridad o cualquier otra Persona que no sea
el gravamen o imposición del Contrato de Fideicomiso a otorgarse con relación a
la emisión de los Bonos aplicables;
(E) que ni la emisión de los Bonos ni la cantidad
de los Cargos de Revitalización resultan en la violación o menoscabo de
cualquier contrato o acuerdo otorgado por el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico o la Autoridad con los tenedores de sus bonos o con otros acreedores de la
Autoridad, en un fraude de acreedores o en la toma de propiedad por parte del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin una justa compensación o que está de
otra forma sujeta a anulación o rescisión;
(F) cualquier asunto referente a lo anterior,
incluyendo cualquier asunto que pueda ser alegado bajo la Constitución de los
Estados Unidos de América o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico;
(G) la validez de la Resolución de Financiamiento
y la aprobación de los Bonos por parte de la Corporación, incluyendo las
disposiciones para el pago de tales Bonos, la validez de tales Bonos, la
creación de la Propiedad de Financiamiento, la validez de la fórmula o fórmulas
utilizada(s) para establecer la cantidad de dichos Cargos de Revitalización
para cada categoría de Cliente, incluyendo la distribución de Costos de
Financiamiento entre categorías de Cliente, y todos los procedimientos de la
Corporación relacionados con los mismos; y
(H) la validez y aplicabilidad de los Cargos de
Revitalización y el Mecanismo de Ajuste y que el derecho de la Corporación a
imponer y cobrar Cargos de Revitalización no podrá ser revocado o rescindido.
Para propósitos de los incisos (G) y (H) anteriores,
según dispuesto en el Artículo 7(b)(5), cualquier procedimiento judicial
impugnando los asuntos incluidos en éstas será presentado conforme a los
procedimientos establecidos en el apartado (c) del Artículo 7.
Para los propósitos de este Artículo, los Bonos y los
Cargos de Revitalización se entenderán existentes desde el momento de su
autorización, y los Bonos y los Cargos de Revitalización se entenderán
autorizados desde la fecha en que sea validada la Resolución de Financiamiento
por la AAFAF mediante la
aprobación final de dicha Resolución.
(2)
La
Corporación o la AAFAF actuando en nombre de la
Corporación, notificará a todas las Personas Interesadas que tendrán la
oportunidad de impugnar la validez de la Ley, su implementación, la Resolución
de Financiamiento final, o cualquiera otro asunto determinable, mediante la
publicación de un aviso a tales efectos una vez en semana por tres semanas
consecutivas en un periódico de circulación general en el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y en un periódico de circulación general o una revista
financiera publicada o circulada en la Ciudad de Nueva York. Además, (i) la
Corporación, la AAFAF y la Autoridad deberán publicar copia del aviso en sus
páginas web no más de cinco (5) días después de la primera publicación;
(ii) la Corporación o la AAFAF actuando a nombre de la Corporación
(A) entregará o causará que se entregue una copia del aviso a aquellas
Partes Interesadas (hasta donde conozca la Corporación o la AAFAF) señaladas en
las cláusulas (a) a la (e) de la definición de “Persona Interesada”
contenida en el Artículo 3 de esta Ley y (B) presentará o hará que la
Autoridad presente una copia del aviso al sistema Electronic Municipal
Market Access mantenido por el Municipal Securities Rulemaking Board
(o su equivalente); (iii) la Autoridad entregará una copia del aviso al
que se hace referencia anteriormente a cada Cliente mediante (A) el envío
por correo de dicho aviso a cada Cliente dentro de los diez (10) días
siguientes a la primera publicación del aviso en un periódico de circulación
general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en un periódico de
circulación general o una revista financiera publicada o circulada en la Ciudad
de Nueva York, o (B) la inclusión de dicho aviso en el próximo estado de
cuenta enviado por la Autoridad a sus Clientes que se realice luego de la
primera de dichas publicaciones, y a cada Persona Interesada a las que se hace
referencia en la cláusula (g) de la definición de dicho término; y
(iv) no más tarde de quince (15) días después de la primera publicación,
la Corporación o la Autoridad enviará por correo una copia del aviso a toda
Persona Interesada a las que se hace referencia en la cláusula (h) de la
definición de “Persona Interesada” y en la medida conocida por la Autoridad, en
la cláusula (i) de la definición de “Persona Interesada” contenida en el
Artículo 3 de esta Ley.
(3)
Se
considerará que las Personas Interesadas tienen conocimiento o motivo para
conocer sobre la aprobación de esta Ley, la aprobación de la Resolución de
Financiamiento y sobre cualquier alegado daño o reclamación relacionada con esta Ley o su
implementación, la Resolución de Financiamiento final, o la emisión de los
Bonos y cualquier asunto relacionado, una vez ocurra la primera publicación del aviso
en un periódico de circulación general en el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y en un periódico de circulación general o una revista financiera
publicada o circulada en la Ciudad de Nueva York. Un término de caducidad de
sesenta (60) días para impugnar la Ley o la Resolución de Financiamiento final,
según establecido en el párrafo 2 de este inciso (c), comenzará a decursar en
la fecha de la primera publicación del aviso en un periódico de circulación
general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en un periódico de
circulación general o una revista financiera publicada o circulada en la Ciudad
de Nueva York (y si la primera publicación no ocurriera en la misma fecha, se
utilizará la fecha más tarde de las dos fechas de publicación para este
propósito). El aviso proporcionará un resumen detallado del asunto que la
Corporación intenta validar. El aviso contendrá lenguaje sustancialmente
similar al siguiente:
Aviso de promulgación de la Ley para
la Revitalización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto
Rico, Resolución de Financiamiento Final y Autorización para Emitir Bonos
En [insertar fecha], entró en vigencia la Ley Núm. [__],
aprobada el [_____], 2016 (en adelante “la Ley”). El [ ] se aprobó la
Resolución número [____], que autoriza la emisión de hasta [$_____] de sus
bonos [______] por la Corporación para la Revitalización de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (la “Corporación”). En relación a
dicha emisión, bajo los términos de la Resolución de Financiamiento, y conforme
a la autoridad concedida a la Corporación bajo la Ley, la Corporación impondrá
un Pago de Revitalización de [___] a los Clientes de la Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados de Puerto Rico, el cual entrará en vigor inmediatamente
después de que se emitan los Bonos. Cualquier parte interesada puede, en o
antes del [_____] [no más tarde de [sesenta (60)] días después de la primera
publicación del aviso], comparecer y objetar ante la Sala de San Juan del
Tribunal de Primera Instancia, la legalidad o validez de la Ley, la legalidad o
validez de la Resolución de Financiamiento Final, los Cargos de Revitalización,
los Bonos, cualquier asunto determinable o de cualquier asunto relacionado con
el mismo. Ningún tribunal tendrá jurisdicción sobre cualquier acción
relacionada con la Ley antes mencionada, la Resolución de Financiamiento Final,
los Cargos de Revitalización, los Bonos o cualquier asunto determinable, si la
acción se presenta después de la fecha señalada. Ninguna objeción, excepto por
parte de la Corporación, de cualquier asunto o materia bajo la referida Ley, la
Resolución de Financiamiento Final, los Cargos de Revitalización, los Bonos, o
cualquier asunto determinable podrá ser efectuada fuera del plazo y en otra
forma que la aquí especificada.
[Resumen detallado; Información adicional ____________________]
Corporación para la
Revitalización de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico
(4)
Sólo el Tribunal tendrá jurisdicción sobre
cualquier acción con relación a los asuntos que se mencionan en este
inciso (c), y sólo si dicha acción o impugnación se presentó oportunamente
dentro de los sesenta (60) días del término de caducidad. Cualquier Persona
Interesada podrá, dentro de este período de sesenta (60) días, comparecer e
impugnar la legalidad o la validez de cualquier asunto que se pretenda sea
determinado. Ningún otro tribunal tendrá jurisdicción sobre cualquier acción
referente a cualquiera de los asuntos mencionados en este inciso (c). El
Tribunal carecerá de jurisdicción si tal acción es presentada después de dicho
período de sesenta (60) días.
(5)
Consolidación de Acciones; Reglas liberales de
consolidación y de reclamaciones contra coparte. Si hay más de una acción
pendiente referente a disputas similares que puedan ser traídas bajo este
inciso, serán consolidadas, y el Tribunal podrá dar las órdenes que estime
necesarias o apropiadas para efectuar la consolidación de manera que se eviten
costos o retrasos innecesarios. Dichas órdenes no serán apelables o revisables
por ningún tribunal, salvo mediante la apelación a la sentencia final conforme
a lo dispuesto en el párrafo (7) de este inciso (c). Las acciones
interpuestas conforme a este inciso (c) tendrán derecho a reglas liberales
de consolidación y de reclamaciones contra coparte y se les dará preferencia
sobre toda otra acción civil presentada ante el Tribunal en lo que respecta a
la calendarización o consideración de mociones, alegaciones, audiencias y
juicio, con el fin de que las acciones presentadas bajo las disposiciones de
este inciso (c) sean consideradas y resueltas de manera expedita.
(6)
Ninguna disputa, excepto por parte de la
Corporación, podrá efectuarse sobre un asunto o materia objeto de este
inciso (c) si no es dentro del tiempo y en la forma especificada en este
inciso (c). Nada de lo dispuesto en este inciso (c) será interpretado
de forma de impedir el uso por parte de la Corporación de cualquier otro
recurso para determinar la validez de cualquier asunto o materia.
(7)
La revisión de la sentencia final del Tribunal
sólo podrá hacerse mediante la apelación de la misma al Tribunal Supremo de
Puerto Rico, en la manera descrita en el inciso (e)(2).
(d) Consolidación de Acciones; Reglas liberales
de consolidación y de reclamaciones contra coparte. Si existe más de una acción
pendiente referente a disputas similares que puedan ser presentadas en relación
a la Resolución de Financiamiento, dichas acciones serán consolidadas, en la
medida que sea posible, y el Tribunal podrá emitir las órdenes que estime
necesarias o apropiadas para efectuar la consolidación de manera que se eviten
costos o retrasos innecesarios. Tales órdenes no serán apelables o revisables
por ningún tribunal, salvo mediante la apelación a la sentencia final conforme
a lo dispuesto en este Artículo 7. Las acciones interpuestas conforme a este
inciso tendrán derecho a reglas liberales de consolidación y de reclamaciones
contra coparte y se les dará preferencia sobre toda otra acción civil
presentada ante el Tribunal en lo que respecta a la calendarización o
consideración de mociones, alegaciones, audiencias y juicio, con el fin de que
las acciones presentadas bajo las disposiciones de esta Ley sean consideradas y
resueltas de manera expedita.
(e)
Naturaleza del juicio; Apelaciones.
(1)
Cualquier sentencia final del Tribunal emitida
conforme a esta Ley que no sea apelada, o que en caso de ser apelada sea
confirmada, será, independientemente de cualquier otra disposición legal en
contrario, para siempre obligatoria, final y firme, con respecto a todas las
materias adjudicadas o que pudieran haber sido adjudicadas contra la
Corporación y contra cualquier otra persona, incluyendo el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, el Manejador y la Autoridad y la sentencia final y
firme impedirá permanentemente la presentación por parte de cualquier persona
de cualquier acción o procedimiento sobre cualquier asunto respecto del cual
dicha sentencia es vinculante y obligatoria. Además, en el caso de cualquier
sentencia final y firme emitida conforme al inciso (c) de este Artículo, se
presumirá irrefutablemente que la aprobación para la emisión de los Bonos ha
sido adoptada de forma apropiada por parte de la Corporación y de acuerdo con
esta Ley y con cualquier otra ley aplicable. Luego de que una sentencia emitida
conforme a los incisos (b) o (c) del Artículo 7 sea final y firme, la validez
de esta Ley, la aprobación de la Resolución de Financiamiento Final y la
emisión de Bonos mencionada anteriormente o cualquiera de las disposiciones de
ese Capítulo, incluyendo las disposiciones para el pago de los Bonos con las
cuales se relaciona tal aprobación donde sea que esté contenida, y la validez
de los Bonos autorizados de tal modo, no podrán ser cuestionadas por ninguna persona,
independientemente de disposiciones en contrario en esta Ley o en cualquier
otra ley o reglamento, y ninguna acción, demanda o procedimiento cuestionando
cualquier asunto que fue litigado o que pudo haber sido litigado, incluyendo la
validez de la deuda pendiente de pago por la Autoridad que sea refinanciada,
retirada o cancelada a través de dichos Bonos y si el dinero recibido por o por
cuenta de la Corporación o cualquier Manejador corresponde a ingresos o rentas
de la Corporación o de la Autoridad o constituye recursos disponibles del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o constituye un impuesto o una contribución,
o si la imposición o recaudación de los Cargos de Revitalización puede ser
revocada o rescindida, o si los Ingresos de Cargos de Revitalización están
sujetos a cualquier gravamen o imposición de los tenedores de Bonos u otros
acreedores de la Autoridad o si la aprobación de esta Ley o la emisión de los
Bonos resulta en una violación o menoscabo de cualquier contrato u obligación
otorgado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con los tenedores de Bonos
u otros acreedores de la Autoridad, o en una toma de propiedad por parte del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin justa compensación, o en un fraude de
acreedores o ésta, de otra manera sea anulable o rescindible o cualquier otra
materia constitucional de los Estados Unidos de América o del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico esté o no relacionada con lo anterior, podrá ser, en
adelante, considerado por tribunal alguno.
(2)
Independientemente de cualquier otra disposición
legal en contrario y de cualquier norma o reglamento de los tribunales, no se
permitirá la apelación de sentencia alguna o resolución emitida conforme a esta
Ley a menos que se radique en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dentro del
plazo de treinta (30) días contados a partir del archivo en autos de la
notificación de la sentencia dictada por el Tribunal, y la no presentación de
la apelación de la manera y dentro del plazo indicado impedirá que cualquier
tribunal de apelación ejerza jurisdicción sobre las materias que pudieron haber
sido apeladas.
(f) Acuerdo para Emitir Bonos. La Corporación
podrá emitir Bonos, en una o más series, conforme a un acuerdo para emitir de
conformidad con la Resolución de Financiamiento aprobada. Los Bonos podrán ser
vendidos por dinero en efectivo o entregados a cualquier persona a cambio de
cualquier contraprestación que la Junta de la Corporación juzgue adecuada. No
más tarde del tercer día laborable posterior a la determinación del precio de
los Bonos conforme con dicho acuerdo, la Corporación ordenará al Manejador a
calcular, y hará que cualquier agente de cálculo contratado por la Corporación
verifique el cálculo de los Cargos de Revitalización iniciales, los cuales
serán efectivos desde la fecha especificada en la Resolución de Financiamiento
sin necesidad de cualquier otra acción por parte de la Corporación ni de
ninguna otra persona.
(g) Irrevocabilidad. Al momento de la emisión de
los Bonos, la Resolución de Financiamiento correspondiente, los Cargos de
Revitalización relacionados, incluyendo su obligatoriedad para los clientes o
inevitabilidad y los procedimientos para el Mecanismo de Ajuste aplicable,
según establecidos en una Resolución de Financiamiento, el Contrato de
Fideicomiso u otro documento de la emisión relacionado con los mismos, serán
irrevocables, inevitables, finales, no discrecionales y efectivos, sin que se
requiera acción adicional por parte de la Corporación o de cualquier otra persona.
(h) Cargos de Revitalización Obligatorios e
Inevitables; Pago al Depositario. Mientras se mantengan en circulación Bonos,
y no se hayan pagado en su totalidad los Costos de Reestructuración Aprobados
(incluyendo cualquier pago que haya vencido o sea vencedero bajo Contratos
Accesorios), los Cargos de Revitalización autorizados e impuestos por esta Ley
serán obligatorios e Inevitables y aplicarán a todos los Clientes.
Sin limitar las facultades que
hayan sido conferidas en otro lugar, se autoriza a la Autoridad a otorgar un
Contrato de Manejo y para que desempeñe aquellos deberes del Manejador que sean
requeridos o permitidos por esta Ley, con el fin de proveer seguridad adicional
a la Corporación, a otras Entidades de Financiamiento o al tenedor (en caso de
ser diferente) de toda o parte de la Propiedad de Financiamiento con respecto a
la Propiedad de Financiamiento y el cobro de los Cargos de Revitalización, así
como para que lleve a cabo todo lo necesario para cumplir con los propósitos de
esta Ley. La Autoridad, a petición del Manejador, cancelará o suspenderá el
servicio a Clientes morosos sobre la misma base bajo la cual le sea permitido a
la Autoridad cancelar o suspender el servicio por la falta de pago de las
tarifas de servicio de agua y/o alcantarillado o de otras tarifas. Ni la
Corporación, ni otro tenedor de la Propiedad de Financiamiento, ni el
Fiduciario podrán suspender o cancelar el servicio de agua y/o alcantarillado a
ningún Cliente directamente.
La
Corporación, la Autoridad y el Manejador (en caso de ser éste diferente a la
Autoridad) tendrán los siguientes deberes:
(i)
impondrán, ajustarán, facturarán y cobrarán a
todos los clientes cualquier Cargo de Revitalización aplicable, debiendo
incluir en cada factura el Cargo de Revitalización aplicable como una partida
separada;
(ii) distribuirán los
pagos parciales por parte de los clientes a prorrata entre la Corporación y la Autoridad
según se dispone en el subinciso (k)(1) de este inciso;
(iii) tomarán cualquier
acción permitida por ley para cobrar facturas impagas;
(iv) ejercerán todos los
derechos de cobro de los tenedores o acreedores prendarios de la Propiedad de
Financiamiento en beneficio de dichos tenedores o acreedores prendarios; y,
(v) harán llegar
cualquier Ingreso de Cargos de Revitalización a los tenedores o acreedores
prendarios de la Propiedad de Financiamiento.
El Contrato de Fideicomiso
correspondiente podrá disponer que el cálculo de todos los Cargos de
Revitalización y ajustes a los mismos deban ser confirmados por un agente de
cálculo que sea un tercero no relacionado con el Gobierno de Puerto Rico o la
Autoridad (quien podrá ser el Manejador si la Autoridad ya no es el Manejador)
y que será designado por la Corporación o el Fiduciario.
El Manejador tendrá, excepto en la medida que se
disponga lo contrario en una Resolución de Financiamiento, derecho a una
compensación razonable, la cual, en el caso de la Autoridad, no será menor al
costo incremental estimado de imponer y facturar los Cargos de Revitalización y
de cobrar los Ingresos de Cargos de Revitalización, de preparar reportes de
manejo y de prestación de los servicios de manejo habituales requeridos por
cualquier Contrato de Manejo en relación con los Bonos. La Corporación (o el
Fiduciario conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso aplicable)
estará autorizada para reemplazar al Manejador en caso de ocurrir un evento de
incumplimiento.
Tan pronto sea posible, luego de su recibo, todos los
Ingresos de Cargos de Revitalización y cargos de la Autoridad serán pagados o
depositados a una cuenta de recaudación especial en un banco incorporado al
amparo de y sujeto a las leyes de los Estados Unidos de América o cualquier
estado (y que tenga licencia para operar dentro del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico), seleccionado por la Corporación y que no esté relacionado con la
Autoridad o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o bajo el control de la
Autoridad. Dichas cantidades deberán ser distribuidas entre, y enviadas a, la
Corporación o sus cesionarios o acreedores y a la Autoridad y sus cesionarios o
acreedores diariamente, de acuerdo con sus respectivos intereses. Cualquier
Contrato de Manejo y contrato de depósito deberá incluir los antedichos
requisitos de depósito y distribución.
En ningún caso podrán los Cargos de Revitalización
impuestos o la Propiedad de Financiamiento creada por la Corporación para
respaldar cualquier Bono ser o ser considerados haber sido recaudados mediante
la imposición de contribuciones, ser o ser considerados para cualquier efecto
como ingreso de la Autoridad o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o ser
considerada para cualquier efecto recibido como consecuencia de la propiedad u
operación por parte de la Autoridad de los Activos del Sistema, y tampoco podrá
ningún Bono ser o ser considerado como deuda u otra obligación de la Autoridad
o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de cualquiera de sus subdivisiones
políticas. La Autoridad deberá, al manejar y cobrar cualquier Pago del Acuerdo,
ser considerada como que está actuando solamente como un agente de la
Corporación y no como titular, y solo tendrá dichos Cargos en fideicomiso para
el beneficio exclusivo de la Corporación, los tenedores de los Bonos y de las
Personas que tengan derecho a recibir pagos de los mismos por cualesquiera
Costos de Financiamiento (tales Cargos de Revitalización no perderán su
carácter de Cargos de Revitalización por virtud de estar en posesión de la
Autoridad) y la Autoridad deberá inmediatamente transferir dichos Cargos de
Revitalización recibidos a la cuenta especial de recaudación a la que se hace
referencia en la primera oración del párrafo anterior.
(i)
Propiedad de Financiamiento.
(1)
La Propiedad de Financiamiento constituirá para
todo efecto, incluyendo para efecto de los acuerdos que respalden los Bonos, un
derecho de propiedad existente, presente y continuo, ya sea que los ingresos y
fondos que provengan de los mismos se hayan devengado o no, y a pesar del hecho
de que la imposición y el cobro de los Cargos de Revitalización dependerá de
otros actos que todavía no habrán ocurrido, incluyendo: (a) la prestación
de servicios por parte de la Autoridad, (b) que el Manejador desempeñe
funciones de manejo relacionadas con la facturación y el cobro de los Cargos de
Revitalización, y (c) el nivel de consumo futuro (o no consumo) de tales
servicios. La Propiedad de Financiamiento existirá independientemente de si los
Cargos de Revitalización han sido impuestos, facturados, devengados o cobrados
y sin perjuicio del hecho que el valor o monto de la Propiedad de
Financiamiento dependerá de la prestación a futuro del servicio a los Clientes.
Sujeto a las leyes y reglamentos aplicables, el pago oportuno de la totalidad
de los Cargos de Revitalización será una condición para recibir servicio de
parte de la Autoridad.
(2)
Toda la Propiedad de Financiamiento continuará
existiendo hasta que los Bonos y todos los Costos Recurrentes de Financiamiento
referentes a los Bonos se hayan pagado por completo.
(3)
Si el Manejador incumple con las obligaciones
establecidas en esta Ley o mediante contrato relacionadas a las remesas
requeridas de los ingresos de Cargos de Revitalización, la Corporación, el
Fiduciario o los tenedores o acreedores prendarios de la Propiedad de
Financiamiento podrán acudir a cualquier tribunal para solicitar una orden de
embargo y pago de los Ingresos de Cargos de Transición, o cualquier otro
remedio aplicable. Si el tribunal determina que existió tal incumplimiento,
emitirá la orden de embargo y pago solicitada. La orden permanecerá vigente
sin perjuicio de cualquier quiebra, reorganización u otro procedimiento de
insolvencia con respecto al Manejador, la Corporación, la Autoridad o cualquier
otra Persona.
(j) No Compensación con respecto de la
Propiedad de Financiamiento, y otros; Gravamen Estatutario.
(1)
La Propiedad de Financiamiento, los Cargos de
Revitalización, los Ingresos de Cargos de Revitalización, y los intereses de un
tenedor de Bonos, Entidad de Financiamiento o de cualquier otra Persona sobre
la Propiedad de Financiamiento o sobre Ingresos de Cargos de Revitalización no
estarán sujetos a compensación, contrademanda, sobrecargo o a defensas por
parte de un Manejador, Cliente, la Corporación, la Autoridad, tenedores de
cualquier otra deuda emitida por la Autoridad (o cualquier otro acreedor de la
Autoridad), o de ninguna otra Persona o con respecto a cualquier
incumplimiento, quiebra, reorganización u otro procedimiento de insolvencia de
cualquiera de dichas personas. En la medida en que un Cliente haga un pago
parcial de una factura que contiene Cargos de Revitalización y otros cargos,
para efectos de su distribución, tal pago será atribuido prorrata entre los
Cargos de Revitalización y los otros cargos.
(2)
Los Bonos y obligaciones de la Corporación bajo
Contratos Accesorios tendrán como colateral mediante un gravamen estatutario
sobre la Propiedad en Financiamiento en favor de los tenedores o beneficiarios
de los Bonos y partes a dichos Contratos Accesorios. El gravamen será impuesto
automáticamente tras la emisión de los Bonos aplicables sin la necesidad de
ninguna acción o autorización de la Corporación o la Junta. El gravamen será
válido y vinculante desde el momento en que los Bonos o Contratos Accesorios,
según aplicable, sean otorgados. La Propiedad de Financiamiento quedará de
inmediato sujeta al gravamen, y el gravamen quedará inmediatamente fijado a la
Propiedad de Financiamiento siendo efectivo, vinculante y exigible en contra de
la Autoridad, sus acreedores y de sus sucesores, cesionarios y acreedores y de
todos los derechos accesorios a los mismos, sin importar si dichas Personas han
tomado conocimiento del gravamen y sin necesidad de entrega física, registro,
presentación o acto posterior. El gravamen es creado por esta Ley y no por un
contrato de colateral o emisión, pero podrá ser ejecutable por un Fiduciario u
otro fideicomisario para los tenedores o beneficiarios de los Bonos.
Este gravamen estatutario es un gravamen mobiliario que se entenderá
continuamente perfeccionado y tendrá prioridad sobre todo otro gravamen, creado
por operación de ley o de cualquier otra manera, que pueda posteriormente
gravar la Propiedad de Financiamiento o cualquier ingreso de ésta, a menos que
los tenedores o beneficiarios de los Bonos hayan aceptado por escrito lo
contrario, según especificado en el Contrato de Fideicomiso aplicable. Este
gravamen estatutario grava Cargos de Revitalización y la totalidad de los
Ingresos de Cargos de Revitalización que sean depositados en cualquier cuenta
de depósito u otro tipo de cuenta del Manejador o de otra Persona en la que los
Ingresos de los Cargos de Revitalización u otros ingresos hayan sido mezclados
con otros fondos. Sin limitar la efectividad del gravamen estatutario creado
por esta Ley, cualquier otro gravamen de que puedan ser objeto los Ingresos de
Cargos de Revitalización u otros ingresos deberá ser terminado cuando dichos
fondos o ingresos sean transferidos a una cuenta separada en beneficio de un
cesionario o Entidad de Financiamiento. La aplicación del Mecanismo de Ajuste
no afectará la validez, perfeccionamiento o preferencia del gravamen
estatutario creado por esta Ley. Todos los Ingresos de Cargos de Revitalización
entremezclados con otros fondos sujetos a gravamen serán administrados de tal
manera que permita la identificación de Ingresos de Cargos de Revitalización y
dichos otros fondos.
(3) El gravamen estatutario no deberá ser
afectado negativamente ni sufrir perjuicio alguno por, entre otras cosas, la
mezcla de Ingresos de Cargos de Revitalización o ganancias de Cargos de
Revitalización con otras cantidades sin importar la Persona que sea titular de
dichas cantidades. Todos los Ingresos de Cargos de Revitalización entremezclados
con otros fondos sujetos a gravamen serán administrados de tal manera que
permita la identificación de Ingresos de Cargos de Revitalización y dichos
otros fondos.
(k) Sucesores Obligados. La Autoridad, cualquier
sucesor o cesionario de la Autoridad o cualquier persona con cualquier control
operacional de cualquier parte de los Activos del Sistema, ya sea como dueño,
arrendatario, franquicio o de otra manera, y cualquier sucesivo Manejador
estarán obligados por los requisitos de esta Ley y deberán desempeñar y cumplir
con todas las obligaciones aquí impuestas en la misma manera y extensión que
sus antecesores, incluyendo la obligación de facturar, ajustar y exigir el pago
de los Cargos de Revitalización.
(l) Autorización para Pignorar Propiedad de
Financiamiento. Toda o cualquier parte de la Propiedad de Financiamiento podrá
ser pignorada para colateralizar el pago de los Bonos, de los importes a pagar
a las Entidades de Financiamiento, y de otros Costos Recurrentes de
Financiamiento. Siempre y cuando la Propiedad de Financiamiento se mantenga
pignorada como colateral de cualquiera de dichos pagos, los ingresos del cobro
de los Cargos de Revitalización serán aplicados solamente a los Costos
Recurrentes de Financiamiento.
(m) Legalidad para la Inversión. Los Bonos
tendrán el carácter de valores en los cuales todos los funcionarios públicos y
organismos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y todas las corporaciones
públicas, municipios y subdivisiones municipales, todas las compañías de
seguros y asociaciones y otras Personas que se desempeñen en el negocio de
seguros, todos los bancos, banqueros, administradores de activos por cuenta de
terceros, bancos de ahorro y asociaciones de ahorro, incluyendo asociaciones de
ahorro y crédito, asociaciones de construcción y crédito, compañías de
inversión y otras Personas que se desempeñen en el negocio bancario, todos los
administradores, conservadores, guardianes, albaceas, fiduciarios y otros
fideicomisarios, y cualquier otra Persona que a la presente fecha o en el
futuro se encuentre autorizada para invertir en Bonos o en otras obligaciones
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrán debida y legalmente invertir
fondos, incluyendo capital, que se encuentren bajo su control o sean de su
propiedad, y los Bonos podrán ser depositados con y podrán ser recibidos por
cualquier funcionario público y entidades del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y por todos los municipios y corporaciones públicas para cualquier motivo
por el cual el depósito de Bonos u otras obligaciones del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico sean a la fecha o en el futuro autorizadas.
(n) Exención Contributiva.
(1)
La presente Ley y la consecución de sus
propósitos son en todo respecto para el beneficio del pueblo del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y para un propósito público. Por consiguiente, se
considerará que la Corporación efectúa una función gubernamental esencial al
ejercer los poderes que le son concedidos a la misma por medio de esta Ley, y
no podrá requerírsele el pago de, y la Propiedad de Financiamiento, incluyendo
los Cargos de Revitalización y los Ingresos de Cargos de Revitalización, sin
importar si la Corporación es la dueña de la Propiedad de Financiamiento, no
podrá ser sujeta a, ninguna tasa, impuesto, cargo ad valorem o cuotas
de ninguna clase, incluyendo impuestos sobre la renta, impuestos sobre
franquicias, impuestos sobre la venta u otros impuestos, o pagos o
contribuciones en lugar de impuestos.
(2)
El Estado Libre Asociado de Puerto Rico se
compromete por la presente con los compradores y con todos los tenedores y
cesionarios subsiguientes de los Bonos, en consideración a la aceptación de y
su pago por los Bonos, que los Bonos y los ingresos provenientes de los mismos
y todas las rentas, el dinero, y otra propiedad pignorada para el pago o para
respaldar el pago de tales Bonos estarán siempre libres de contribuciones; y
este compromiso podrá ser incluido en los Bonos.
(o) Los Bonos Instrumentos Negociables.
Independientemente de si los Bonos son de tal forma y carácter para ser
considerados instrumentos negociables de conformidad con la “Ley de
Transacciones Comerciales de Puerto Rico”, los Bonos, en virtud de la presente
Ley, serán y deberán ser considerados instrumentos negociables en el sentido de
y para todos los propósitos de la “Ley de Transacciones Comerciales de Puerto
Rico” y de cualquier otra ley aplicable del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, sujeto solo a las disposiciones para el registro de los Bonos.
(p) Ausencia de Responsabilidad Personal o
Corporativa sobre Bonos. Sin incidir en los derechos que les confieren las
disposiciones de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada,
conocida como la “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, ningún
miembro presente o futuro de la Junta, oficial, agente o empleado de la
Corporación incurrirá en responsabilidad civil por cualquier acción de buena fe
en el desempeño de sus funciones y responsabilidades en virtud de las
disposiciones de esta Ley, sujeto a que en la conducta por la que se le indemniza
no haya incurrido en delito, violación de deber fiduciario o negligencia crasa,
y serán indemnizados por los costos incurridos relacionados a cualquier
reclamación por la que disfrutan de inmunidad, según aquí dispuesto. La Junta
y sus directores individuales, y los oficiales, agentes o empleados de la
Corporación también serán indemnizados por cualquier responsabilidad civil
adjudicada bajo las leyes de los Estados Unidos de América sujeto a que en la
conducta por la que se le indemniza no hayan incurrido en delito, violación de
deber fiduciario o negligencia crasa. No obstante, nada de lo dispuesto en
este Capítulo I liberará a la Autoridad o cualquiera de sus agentes o
representantes o terceros de cualquier responsabilidad o causa de acción que provenga
o se relacione con la ilegalidad o la nulidad de la deuda pendiente de pago de
la Autoridad que sea refinanciada, retirada o cancelada a través de dicho
Bonos. Los Bonos no serán una deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
ni serán pagaderos de cualquier fondo distinto a aquellos de la Corporación; y
tales Bonos contendrán en su faz una declaración a estos efectos.
Artículo 8.-Uso del Producto de
los Bonos; Cancelación (Defeasance) de la Deuda de la Autoridad.
El producto de la emisión de los Bonos será utilizado solamente para
pagar o financiar Costos Iniciales de Financiamiento. El producto restante, de
existir, será contribuido a, o a nombre de, la Autoridad o de otra forma
aplicado a los Costos de Financiamiento Aprobados, según se haya dispuesto en
la Resolución de Financiamiento, disponiéndose que del producto de la primera
emisión de Bonos se le dará prioridad: (i) al refinanciamiento de líneas de
crédito u otros instrumentos de deuda a corto plazo, tales como notas, bonos,
pagarés u otro tipo de financiamiento interino emitido o incurrido por la
Autoridad en anticipación a la emisión de bonos de la Autoridad o de los Bonos
de Anticipo (Bond Anticipation Notes) o BANs emitidos para cumplir con
los propósitos de esta Ley y aplicados en el orden aquí establecido para el
producto de los Bonos si la Autoridad no hubiese incurrido primero a líneas de
crédito u otros instrumentos de deuda a corto plazo para cumplir con los
propósitos de esta Ley; (ii) al pago de la deuda acumulada y no pagada a la
fecha de la aprobación de esta Ley con los suplidores de bienes y servicios
relacionados con la ejecución del Programa de Mejoras Capitales; (iii) costos
relacionados con negociaciones de deudas laborales legítimas pendientes de pago
por parte de la Autoridad; (iv) a la terminación de los proyectos del Programa
de Mejoras Capitales iniciados pero no terminados a la fecha de la aprobación
de esta Ley; y (v) al rembolso a la Autoridad de los adelantos hechos por ésta
de sus fondos operacionales para el Programa de Mejoras Capitales. También se
podrán emitir Bonos sin que el producto de la emisión sea suficiente para
retirar, Cancelar (defease) o refinanciar una porción de la deuda
pendiente de pago de la Autoridad.
Una vez se hayan pagado o cancelado todos los Bonos y de los Costos
de Financiamiento relacionados, todas las cantidades en poder o por cobrar de
la Corporación o cualquier Entidad de Financiamiento serán utilizadas para
hacer un reembolso o crédito a los Clientes sobre la misma base que se
impusieron los Cargos de Revitalización, en la medida que tal reembolso o
crédito resulte práctico. El hecho de que cualquier persona no haya utilizado
el producto de los Bonos de una manera razonable, prudente y apropiada o en
cumplir con cualquier disposición de esta Ley (incluyendo cualquier Resolución
de Financiamiento o Contrato de Fideicomiso aplicable o cualquier contrato
entre la Corporación y la Autoridad) no invalidará, perjudicará o afectará a
ninguna Propiedad de Financiamiento, Pago del Acuerdo o Bono. El producto de
los Bonos, así como cualesquiera ahorros netos que esta transacción pudiere
generar para la Autoridad no podrá bajo ningún concepto dirigirse para
proyectos de mejoras capitales que no sean aquellos relacionados a obras, inversiones
o mejoras de servicio de agua y/o alcantarillado sanitario y áreas de
prestación de servicios directos a los Clientes; no se incluirá ningún tipo de
construcción o mejoras a oficinas o sedes de la gerencia de la Autoridad,
excepto aquellas construcciones, inversiones o mejoras que sean estrictamente
necesarias para cumplir con un requerimiento de organismos de salud, seguridad
o cumplimiento y/o aquellas que redunden en eficiencias o ahorros que sean
producto de mejoras tecnológicas o de sistemas de información.
Artículo 9.-Ausencia de Recurso.
Los Bonos no conllevarán el derecho a recurrir al crédito o los
activos de la Corporación, la Autoridad, el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, cualquier Tercero Facturador, cualquier Manejador, Co-Manejador, agente
de depósito u otra Entidad de Financiamiento, distinto de la Propiedad de
Financiamiento y otros activos e ingresos especificados en la Resolución de
Financiamiento, Contrato de Fideicomiso u otro documento de la emisión
correspondiente.
Artículo 10.-Legitimación para presentar acciones
judiciales.
(a)
Sujeto a las limitaciones establecidas en la
Resolución de Financiamiento o Contrato de Fideicomiso relacionado, la
Corporación o cualquier tenedor de la Propiedad de Financiamiento, o el
Fiduciario aplicable, (1) estarán autorizados para contratar consultores,
abogados y a cualquier otra Persona y para celebrar los contratos que la
Corporación, otro tenedor o el Fiduciario estimen necesarios para requerir el
pago y cobrar los Ingresos de Cargos de Revitalización o para proteger la
Propiedad de Financiamiento, y para incluir el costo de los mismos como un
Costo de Financiamiento, y sin perjuicio de cualquier otra disposición legal, y
(2) estarán expresamente autorizados para: (i) presentar acciones judiciales en
contra de cualquier dueño de Activos del Sistema, cualquier Manejador, o
cualquier otra persona autorizada a facturar o cobrar Cargos de Revitalización,
cualquier Cliente o cualquier otra persona por no facturar, pagar o cobrar
cualquier Cargo de Revitalización que sea parte de la Propiedad de
Financiamiento entonces pignorada para respaldar dichos Bonos; (ii) exigir el
cumplimiento de cualquier otra disposición de este Capítulo o acción tomada por
la Corporación respecto a los mismos; (iii) para tomar cualquier otra acción
que la Corporación, otro tenedor de la Propiedad de Financiamiento o el
Fiduciario puedan considerar necesaria para exigir el pago y cobrar los
Ingresos de Cargos de Revitalización; o (iv) para proteger la Propiedad de
Financiamiento de acuerdo con los términos de la Resolución de Financiamiento
relacionada y de los Bonos aplicables, independientemente de si ha ocurrido un
evento de incumplimiento (default). No podrá comenzarse una acción por la
Corporación, el Fiduciario o el otorgante de cualquier Contrato Accesorio o en
su nombre (que no sea a través de la Autoridad o cualquier Manejador sucesor)
contra un Cliente por su impago de cualquier Cargo de Revitalización, mientras
la Autoridad o cualquier Manejador esté cumpliendo con sus obligaciones bajo el
Contrato de Manejo de cobrar cargos (incluyendo Cargos de Revitalización)
adeudados por dicho Cliente.
(b)
Cualquier tribunal tendrá jurisdicción sobre
cualquier procedimiento por falta de imposición, facturación, pago o cobro de
Cargos de Financiamiento o para exigir el cumplimiento de cualquier disposición
de esta Ley.
(c)
La Propiedad de Financiamiento podrá ser
transferida, vendida, transmitida o cedida (incluyendo mediante una acción de
ejecución sobre la Propiedad de Financiamiento) a cualquier persona, aun luego
de ocurrido un evento de incumplimiento, sujeto a los términos del Contrato de
Fideicomiso, de mantenerse en efecto dicho contrato con respecto a los Bonos.
Artículo 11.-La Corporación no es un proveedor de
servicios públicos.
La Corporación no será considerada una compañía de acueductos y/o
alcantarillados o compañía productora de agua potable o de recogido y
disposición de aguas de alcantarillado sanitario, compañía de servicio público
o persona que proporciona servicios para uso general.
Artículo 12.-Extinción de la Corporación.
La existencia corporativa de la Corporación continuará hasta ser
terminada por ley, pero ninguna ley tendrá tal efecto mientras la Corporación
mantenga Bonos, notas u otras obligaciones emitidas, a menos que se haya
provisto para el pago de las mismas conforme a los términos de dicha Ley.
Artículo 13.-Convenio Estadual y de Quiebra del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
No
obstante cualquier disposición de esta Ley o de cualquier otra ley del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, previo a la fecha que sea un año y un día
después a la que la Corporación no tenga ningún Bono en circulación o ningún
Contrato Accesorio con obligaciones de pago que han vencido o podrán vencer en
virtud del mismo, la Corporación no tendrá la facultad para presentar una
petición de alivio como deudor bajo cualquier capítulo del Código Federal de
Quiebras o cualquier otra ley federal sobre quiebras, insolvencia, composición
de la deuda, moratoria, sindicatura o leyes federales similares o de cualquier
ley de quiebras, moratoria, ajuste de deuda, composición o similares que
permitan la suspensión o prórroga del pago, o el relevo o reducción del monto
adeudado sobre cualquier Bono, según puedan, de tiempo en tiempo, estar
vigentes, y ningún funcionario público, organización, entidad u otra persona
podrá, durante dicho período, autorizar a la Corporación para ser o convertirse
en un deudor bajo el Capítulo 9 de la “Ley Federal de Quiebras” o de una
ley federal similar o bajo cualquier ley del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico se compromete con los tenedores
de los Bonos, y las partes contratantes a cualquier Contrato Accesorio, a que
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no limitará o alterará la denegación de
facultades contenida bajo este Artículo 13 durante el período referido en la
oración anterior. La Corporación deberá, actuando como agente del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, incluir este compromiso como una obligación aceptada
por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en todo contrato con los tenedores
de Bonos o dichas partes contratantes a un Contrato Accesorio.
El Estado Libre Asociado de
Puerto Rico además se obliga, compromete y acepta para con los tenedores de
cualquier Bono y con aquellas personas que otorguen contratos con la
Corporación, incluyendo otorgantes de cualquier Contrato Accesorio, conforme a
las disposiciones de esta Ley, que luego de la emisión de Bonos, el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico no autorizará la emisión de ninguna deuda por
ninguna corporación pública e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico o ninguna otra persona cuya deuda esté respaldada por
la Propiedad de Financiamiento, o cualquier otro derecho o interés en tarifas,
cargos, impuestos, o valoraciones (assessments), que son independientes de las
tarifas y cargos de la Autoridad y que se imponen sobre los Clientes para
recuperar los Costos Recurrentes de Financiamiento de dicha deuda, si después
de la emisión de dicha deuda el colateral para cualesquiera Bonos o cualquier
Contrato Accesorio se vería perjudicado materialmente. Se presumirá que dicho
colateral no se verá perjudicado materialmente si, tras la emisión de dicha
deuda, la calificación crediticia de los Bonos en circulación al momento (sin
tener en cuenta cualquier mejora crediticia de terceros) no se reduce o retira.
Se autoriza e instruye a la Corporación como agente del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico a incluir esta obligación como un acuerdo del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico en cualquier contrato con los tenedores de Bonos o
dichas personas.
El
Estado Libre Asociado de Puerto Rico además se obliga, compromete y acepta para
con los tenedores de cualquier Bono emitido bajo esta Ley y con las personas
que otorguen contratos con la Corporación, incluyendo otorgantes de cualquier
Contrato Accesorio, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley, a que no
limitará, alterará, perjudicará, aplazará, o terminará los derechos conferidos
en esta Ley, cualquier Resolución de Financiamiento y contratos relacionados,
incluyendo los requerimientos en los Artículos 4(b)(3) y 7(h) de esta Ley,
hasta que dichos Bonos y sus intereses sean pagados o sean legalmente
cancelados conforme a sus términos y hasta que la Corporación haya cumplido
íntegramente a cualquiera de dichos contratos. La Corporación deberá, actuando
como agente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluir este compromiso
como una obligación aceptada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en
todo contrato con los tenedores de Bonos.
El
Estado Libre Asociado de Puerto Rico también se obliga, compromete y acepta
para con los tenedores de cualquier Bono emitido bajo esta Ley y con las personas
que sean partes de otros contratos con la Corporación, de acuerdo a las
disposiciones de esta Ley, a que luego de la emisión de Bonos, ni el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico ni cualquier agencia, corporación pública,
municipio o instrumentalidad del mismo podrá tomar o permitir cualquier acción
para limitar, alterar, reducir, perjudicar, aplazar o terminar los derechos
conferidos en cualquier Resolución de Financiamiento, incluyendo aquellos
relacionados con los Cargos de Revitalización y el Mecanismo de Ajuste
relacionado, según el mismo pueda ser ajustado de tiempo en tiempo conforme a
la Resolución de Financiamiento aplicable, de una manera que perjudique los
derechos o recursos de la Corporación o de los tenedores de los Bonos, partes
contratantes de un Contrato Accesorio o de cualquier Entidad de Financiamiento
o el colateral de los Bonos o Contratos Accesorios, o que perjudique la
Propiedad de Financiamiento o la facturación o el cobro de los Ingresos de
Cargos de Revitalización. Tampoco podrán los ingresos que emanen de la
Propiedad de Financiamiento ser sujetos, de forma alguna, a limitación,
alteración, reducción, perjuicio, aplazamiento o terminación por parte del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de cualquier agencia, corporación
pública, municipio o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
(excepto según se contempla por el Mecanismo de Ajuste). La Corporación deberá,
actuando como agente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluir este
compromiso como una obligación aceptada por el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico en todo contrato con los tenedores de Bonos o dichas partes contratantes a
un Contrato Accesorio.
Artículo
14.-Reglas de Interpretación; Vigencia de esta Ley.
(a) Los poderes y las
facultades conferidas a la Corporación por esta Ley deberán ser interpretados
liberalmente de forma que promuevan el desarrollo y la implementación de la
política pública anunciada en esta Ley. Sin perjuicio de cualquier disposición
de la ley en contrario, no se requerirá ninguna aprobación, aviso o
autorización con excepción de aquellas especificadas en esta Ley con respecto a
las transacciones y contratos autorizados en o contemplados por esta Ley.
(b) En caso de conflicto entre esta Ley y
cualquier otra ley, las disposiciones de esta Ley prevalecerán.
(c) Efectivo a la fecha en que los Bonos sean
emitidos por primera vez bajo esta Ley, cualquier acción autorizada bajo esta
Ley llevada a cabo por la Corporación, la Autoridad, un Manejador u otro agente
de cobro, una Entidad de Financiamiento, un tenedor de Bonos o una parte de un
Contrato Accesorio permanecerá en plena vigencia y efecto, aun si cualquier
disposición de esta Ley se considera inválida o es invalidada, derogada,
reemplazada o rechazada o expira por cualquier razón.
(d) Si cualquier artículo, inciso, párrafo o
subpárrafo de esta Ley o la aplicación a cualquier persona, circunstancia o
transacción fuere declarada inconstitucional o inválida por un tribunal
competente, la inconstitucionalidad o invalidez no afectará la constitucionalidad
o validez de ningún otro Artículo, inciso, párrafo o subpárrafo de esta Ley o
su aplicación o validez sobre cualquier persona, circunstancia o transacción,
incluyendo el carácter irrevocable e inevitable de cualquier Cargo de
Revitalización impuesto conforme a esta Ley, la validez de los Bonos o su
emisión, la transferencia o cesión de Propiedad de Financiamiento o el cobro y
recaudo de Ingresos de Cargos de Revitalización, sino que deberá ser limitada
en su operación a la cláusula, frase, párrafo, inciso, artículo o parte de la
misma directamente relacionada con la controversia en relación a la cual dicha
sentencia fue emitida. Para estos fines, la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico declara que las disposiciones de esta Ley se entienden divisibles y que
dicha Asamblea Legislativa habría aprobado la presente Ley incluso en el caso
que el Artículo, inciso, párrafo o subpárrafo de esta Ley declarado
inconstitucional o inválido no hubiese sido incluido en esta Ley.
(e) La Corporación podrá incluir en la
Resolución o Resoluciones Autorizantes cualesquiera términos y condiciones que
considere necesarios para la emisión de los Bonos autorizados por esta Ley,
incluyendo el consentir a la aplicación de las leyes del Estado de Nueva York y
a la jurisdicción de cualquier tribunal estatal o federal localizado en el
Condado de Manhattan, Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, en caso de
cualquier demanda relacionada a dichos Bonos, y además podrá incluir en el
Contrato de Fideicomiso, el Contrato de Manejo y los Contratos Accesorios que
los mismos serán gobernados por las leyes del Estado de Nueva York. No
obstante lo anterior, todas las materias de derecho constitucional y
estatutario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (incluyendo a esta Ley y
cualquier Resolución de Financiamiento), todos los derechos de la Corporación o
el Manejador en contra de cualquier Cliente en virtud de esta Ley y los efectos
y sentencias y decretos de los Tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico se regirán en todo caso por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. No obstante, cualquier disposición en esta Ley en contrario, cualquier
procedimiento comenzado y llevado a cabo conforme a las disposiciones de los
Artículos 7(b) o 7(c) de esta Ley deberá ser presentado ante el Tribunal y
seguir los procedimientos descritos en dichos Artículos.
CAPÍTULO 2- ENMIENDAS A LEY NÚM. 40 DE 1 DE MAYO DE 1945 COMO PARTE
DE LA LEY DE REVITALIZACIÓN DE LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE
PUERTO RICO.
Artículo 15.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 40
de 1 de mayo de 1945, según enmendada, en su totalidad, y en sustitución de la
misma para que en adelante lea como sigue:
“Sección 3.-Junta de Gobierno, Funcionarios.-
Los poderes de la Autoridad se ejercerán
y su política general y dirección estratégica se determinará por una Junta de
Gobierno, en adelante la Junta, que se compondrá de siete (7) miembros, los
cuales incluirán: cuatro (4) directores independientes nombrados por el
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el consejo y
consentimiento del Senado, los cuales incluirán un (1) ingeniero o ingeniera
autorizado(a) a ejercer la profesión de la ingeniería en Puerto Rico con al
menos diez (10) años de experiencia en el ejercicio de dicha profesión; un (1)
un abogado o abogada con al menos diez (10) años de experiencia en el ejercicio
de dicha profesión en Puerto Rico; una (1) persona con amplio conocimiento y
experiencia en finanzas corporativas; un (1) profesional especialista en cualquiera
de los campos relacionados con las funciones delegadas a la Autoridad; un (1)
representante del consumidor seleccionado de conformidad con el procedimiento
dispuesto más adelante en esta Sección; y otros dos (2) miembros que serán el
Director Ejecutivo de la Asociación de Alcaldes y el Director Ejecutivo de la
Federación de Alcaldes.
(a)
Los nombramientos de los directores
independientes a ser nombrados por el Gobernador serán seleccionados de una
lista de por lo menos diez (10) candidatos y candidatas presentada al
Gobernador y preparada por una firma reconocida para la búsqueda de talento
ejecutivo para juntas directivas en instituciones de tamaño, complejidad y
riesgos similares a la Autoridad, cuya identificación de candidatos por dicha
firma se realizará de acuerdo a criterios objetivos de trasfondo educativo y
profesional, con no menos de diez (10) años de experiencia en su campo. Los
criterios de trasfondo educativo y profesional deberán incluir como mínimo el
campo de la ingeniería eléctrica, la administración de empresas,
economía y finanzas o legal. Esta lista incluirá, en la medida en que estén
disponibles, por lo menos cinco (5) residentes de Puerto Rico. El Gobernador,
dentro de su plena discreción, evaluará la lista de candidatos recomendados y
escogerá cuatro (4) personas de la lista. Si el Gobernador rechazare alguna o
todas las personas recomendadas, la referida firma procederá a someter otra
lista dentro de los siguientes treinta (30) días calendario.
Los miembros de la Junta que representan los intereses
de los consumidores al momento de la aprobación de esta Ley permanecerán en sus
puestos hasta que concluyan los términos por los que fueron electos. El miembro
de la Junta de Gobierno, representante de los consumidores se elegirá mediante
una elección que será supervisada por el Departamento de Asuntos del Consumidor
(DACO) y que se celebrará bajo el procedimiento dispuesto en esta Sección,
debiendo proveer la Autoridad las instalaciones y todos los recursos económicos
necesarios a tal fin.
El miembro electo representará los intereses de los
consumidores residenciales y comerciales e industriales, y su término será de
tres (3) años. Los miembros nombrados por el Gobernador tendrán términos
escalonados, a saber, dos (2) de los miembros ocuparán el cargo por cinco (5)
años y dos (2) por seis (6) años. Según vayan expirando los términos de
designación de los cuatro (4) miembros de la Junta nombrados por el Gobernador,
éste nombrará sus sucesores por un término de cinco (5) años, siguiendo el
mismo mecanismo de identificación de candidatos descrito anteriormente. Ningún
miembro nombrado por el Gobernador podrá ser designado para dicho cargo por más
de tres (3) términos. El mecanismo de identificación de candidatos por una
firma reconocida en la búsqueda de talento ejecutivo estará en vigor por un
periodo de quince (15) años, en cuyo momento la Asamblea Legislativa evaluará
si continúa o deja sin efecto tal mecanismo. Si la Asamblea Legislativa deja
sin efecto tal mecanismo, procederá a determinar cuál será el método de
nombramiento a utilizarse. El mecanismo provisto en esta Ley continuará en
vigor hasta que la Asamblea Legislativa disponga lo contrario.
Todos los miembros de la Junta
deberán cumplir con las Reglas Finales de Gobierno Corporativo de la Bolsa de
Valores de Nueva York (NYSE) en cuanto a la independencia de directores,
proveyéndose, no obstante, que ser cliente de la Autoridad no constituirá falta
de independencia.
Toda vacante en los cargos de los
miembros que nombra el Gobernador se cubrirá por nombramiento de este por el
término que falte para la expiración del nombramiento original del mismo modo
en que se seleccionaron originalmente, a saber, con el consejo y
consentimiento del Senado mediante la presentación de una lista de por lo menos
diez (10) candidatos y candidatas presentados(as) al Gobernador por una firma
reconocida en la búsqueda de talento ejecutivo en instituciones de tamaño,
complejidad y riesgos similares a la Autoridad, cuya identificación de
candidatos por dicha firma se realizará de acuerdo a criterios objetivos de
trasfondo educativo y profesional, con no menos de diez (10) años de
experiencia en su campo. Los criterios de trasfondo educativo y profesional
deberán incluir como mínimo el campo de la ingeniería eléctrica, la
administración de empresas, economía y finanzas o legal. Esta lista incluirá,
en la medida en que estén disponibles, por lo menos cinco (5) residentes de
Puerto Rico. El Gobernador podrá utilizar la lista más reciente previamente
presentada para su consideración de candidatos cuando sea necesario para llenar
una vacante causada por renuncia, muerte, incapacidad o reemplazo ocurrido
fuera del término original del miembro que se sustituye. La designación del
sustituto deberá realizarse dentro de los seis (6) meses de ocurrida la
vacante. No obstante, toda vacante que ocurra en los cargos de los miembros
electos como representantes de los consumidores se cubrirá mediante el proceso
de elección reglamentado por el DACO, dentro de un período de ciento veinte
(120) días a partir de la fecha de ocurrir dicha vacante, y comenzará a
transcurrir un nuevo término de tres (3) años.
No se podrán nombrar personas para
llenar vacantes en la Junta durante el período de vigencia de la veda
electoral, salvo que ello sea esencial para que la Junta pueda tener quorum.
En esos casos, el nombramiento será hasta el 1ro de enero del año siguiente. En
vista de los términos y compromisos mutuos y la urgencia de implantar la
reestructuración de la Autoridad, esta prohibición no aplicará al periodo de
veda electoral aplicable al año 2016.
Además de los requisitos de
independencia bajo las Reglas Finales de Gobierno Corporativo de la Bolsa de
Valores de Nueva York (NYSE), que aplicarán a todos los miembros de la Junta, no
podrá ser miembro de la Junta persona alguna (incluido(s) el(los)
miembro(s) que representan el interés de los consumidores) que: (i) sea
empleado, empleado jubilado o tenga interés económico sustancial, directo o
indirecto, en alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos
o con quien haga transacciones de cualquier índole incluyendo el tomar dinero a
préstamo o proveer materia prima; (ii) en los tres (3) años anteriores a su
cargo haya tenido una relación o interés comercial en alguna empresa privada
con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga transacciones de cualquier
índole; (iii) haya sido miembro de un organismo directivo a nivel central o
local de un partido político inscrito en el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico durante el año previo a la fecha de su designación; (iv) sea empleado o
funcionario de la Autoridad o sea empleado, miembro, asesor o contratista de
cualquiera de los sindicatos de trabajadores de la Autoridad; o (v) no haya
provisto la certificación de radicación de planillas correspondientes a los
últimos cinco (5) años contributivos, la certificación negativa de deuda
emitida por el Departamento de Hacienda, la certificación negativa de deuda con
la Autoridad, el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto
Rico, así como las certificaciones negativas de deuda de la Administración para
el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro de Recaudación de Impuestos
Municipales (CRIM) o cumplido con los demás requisitos aplicables a toda
persona que desee ser funcionario público.
Ningún miembro independiente de la
Junta podrá ser empleado público, excepto profesores
del sistema de la Universidad de Puerto Rico.
Los miembros independientes de la
Junta y el representante de los consumidores recibirán por sus servicios
aquella compensación que determine la Junta por unanimidad. De no lograr la
unanimidad, el Gobernador, entonces determinará la compensación de estos
miembros. Esta compensación será comparable a aquella recibida por miembros de
juntas de instituciones en la industria de agua de tamaño, complejidad y
riesgos similares a la Autoridad, tomando en cuenta la naturaleza de la
Autoridad como corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y
en cualquier caso, que sea suficiente para atraer candidatos cualificados.
El cumplimiento por parte de la
Junta con estándares de gobernanza de la industria será evaluado por lo menos
cada tres (3) años por un consultor reconocido como perito en la materia y con
amplia experiencia asesorando juntas directivas de entidades con ingresos,
complejidades y riesgos similares a la Autoridad. Dicho informe será remitido a
la atención del Gobernador. El resumen ejecutivo con los hallazgos y
recomendaciones de dicho informe será publicado por la Autoridad.
La Junta existente al momento de
aprobación de la “Ley para la Revitalización de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados”, continuará en funciones hasta que venzan sus respectivos
nombramientos actuales.
Las reuniones ordinarias y
extraordinarias de la Junta deben ser transmitidas simultáneamente por Internet
y expuestas posteriormente en el portal de Internet de la Autoridad, con
excepción de aquellas reuniones o momentos de una reunión en que se vayan a
discutir temas, tales como: (i) información que sea privilegiada a tenor con lo
dispuesto en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico; (ii) información
relacionada con la negociación de convenios colectivos, con disputas laborales
o con asuntos de personal, tales como nombramientos, evaluaciones, disciplina y
despido; (iii) ideas en relación con la negociación de potenciales contratos de
la Autoridad o con la determinación de resolver o rescindir contratos vigentes;
(iv) información sobre estrategias en asuntos litigiosos de la Autoridad; (v)
información sobre investigaciones internas de la Autoridad mientras éstas estén
en curso; (vi) aspectos sobre la propiedad intelectual de terceras personas;
(vii) secretos de negocios de terceras personas; (viii) asuntos que la
Autoridad deba mantener en confidencia al amparo de algún acuerdo de
confidencialidad; o (ix) asuntos de seguridad pública relacionados con amenazas
contra la Autoridad, sus bienes o sus empleados. Igualmente, los miembros de la
Junta y participantes en las reuniones no transmitidas por las razones antes
expuestas, mantendrán de forma confidencial lo discutido en dichas reuniones
hasta que la razón para la confidencialidad haya dejado de existir o
estén obligados por ley a divulgar dicha información. En la medida en que sea
posible, la transmisión deberá proyectarse en vivo, en las oficinas comerciales
de la Autoridad, y la grabación deberá estar disponible en el portal de
Internet de la Autoridad durante el próximo día laborable después de la
reunión. Toda grabación deberá mantenerse accesible en el portal de Internet de
la Autoridad por un término que no sea menor de seis (6) meses desde la fecha
que fue inicialmente expuesta. Transcurrido dicho término, las grabaciones
serán archivadas en algún lugar al cual la ciudadanía pueda tener acceso para
estudio posterior.
La Autoridad deberá anunciar en su
portal de Internet y en sus oficinas comerciales, el itinerario de las
reuniones ordinarias de la Junta de Gobierno junto con la agenda de la última
reunión de la Junta y la agenda de la próxima. Se publicarán además las actas
de los trabajos de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta en el
portal de Internet de la Autoridad, una vez sean aprobadas por la Junta en una
reunión subsiguiente. Previo a la publicación de las actas, la Junta también
deberá haber aprobado la versión de cada acta a ser publicada, que suprimirá:
(i) información que sea privilegiada a tenor con lo dispuesto en las Reglas de
Evidencia de Puerto Rico; (ii) información relacionada con la negociación de
convenios colectivos, con disputas laborales o con asuntos de personal, tales
como nombramientos, evaluaciones, disciplina y despido; (iii) ideas en relación
con la negociación de potenciales contratos de la Autoridad o con la
determinación de resolver o rescindir contratos vigentes; (iv) información
sobre estrategias en asuntos litigiosos de la Autoridad; (v) información sobre
investigaciones internas de la Autoridad mientras éstas estén en curso; (vi)
aspectos sobre la propiedad intelectual de terceras personas; (vii) secretos de
negocios de terceras personas; (viii) asuntos que la Autoridad deba mantener en
confidencia al amparo de algún acuerdo de confidencialidad; o (ix) asuntos de
seguridad pública de la Autoridad, sus bienes o sus empleados, o relacionados a
amenazas contra éstos. El Secretario propondrá a la Junta, para su aprobación,
el texto del acta y propondrá el texto que se suprimirá en la versión que se
publicará. Se entenderá por la palabra “acta” la relación escrita de lo
sucedido, tratado o acordado en la Junta.
En caso de conflicto entre las
disposiciones de esta Sección y las disposiciones de la Ley 159-2013, según
enmendada, para ordenar a todas las corporaciones e instrumentalidades públicas
de Puerto Rico a transmitir en su portal de Internet las reuniones de sus
Juntas, prevalecerán las disposiciones de esta Ley sobre las de aquella.
Al menos una vez al año la Junta
celebrará una reunión pública en donde atenderán preguntas y preocupaciones de
los consumidores y la ciudadanía en general. En dicha reunión los asistentes
podrán hacer preguntas a los miembros de la Junta sobre asuntos relacionados
con la Autoridad. La reunión se anunciará con al menos cinco (5) días
laborables de anticipación en un periódico de circulación general y en la
página de Internet de la Autoridad.
(b) Procedimiento para la
elección de los representantes del interés de los consumidores.-
(1) El DACO aprobará un
reglamento para implantar el procedimiento de elección dispuesto en esta
Sección. Dicho proceso de reglamentación deberá cumplir con lo dispuesto en la
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de
1988, según enmendada, y su contenido será cónsono con esta Ley.
(2) En o antes de los
ciento veinte (120) días previos a la fecha de vencimiento del término de cada
representante del interés de los consumidores en la Junta de Gobierno de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Secretario del DACO emitirá una
convocatoria a elección, en la que especificará los requisitos para ser
nominado como candidato. La convocatoria deberá publicarse mediante avisos en
los medios de comunicación, en los portales de Internet de la Autoridad y del
DACO, y enviarse junto con la facturación que hace la Autoridad a sus abonados.
(3) El Secretario del DACO
diseñará y distribuirá un formulario de Petición de Nominación, en el cual todo
aspirante a ser nominado como candidato hará constar bajo juramento su nombre,
circunstancias personales, dirección física, dirección postal, teléfono, lugar
de trabajo, ocupación, experiencias de trabajo previas que sean relevantes,
preparación académica y número de cuenta con la Autoridad. El formulario además
dispondrá que, una vez electos, los candidatos someterán información suficiente
que acredite su cumplimiento con las Reglas Finales de Gobierno Corporativo de
la Bolsa de Valores de Nueva York. En la petición para comparecer como
representante se incluirá la firma de no menos de cincuenta (50) abonados, con
sus nombres, direcciones y números de cuenta con la Autoridad, que endosan la
nominación del peticionario. Se incluirá además una carta en papel
timbrado y firmada por un (1) oficial de cada abonado comercial o industrial,
certificando el endoso de dicho abonado al candidato. Estos formularios deberán
estar disponibles para ser completados en su totalidad, en formato digital por
los aspirantes, en los portales de Internet de la Autoridad y del DACO.
El Secretario del DACO incluirá en
el reglamento un mecanismo de validación de endosos de conformidad con los
propósitos de esta Ley. El reglamento dispondrá que los resultados del
proceso de validación de endosos serán certificados por un notario.
Igualmente en dicho reglamento se incluirán los requisitos que, de conformidad
con esta Ley y otras leyes aplicables, deberán tener los candidatos. Todo
candidato deberá ser cliente bona fide de la Autoridad.
(4) En o antes de los
noventa (90) días previos a la fecha de vencimiento del término de cada representante
del interés de los consumidores, el Secretario del DACO certificará como
candidatos a los siete (7) peticionarios que, bajo cada una de las dos
categorías de representantes de los intereses de los consumidores hayan
sometido el mayor número de endosos, y que hayan cumplido con los demás
requisitos establecidos en este inciso. Disponiéndose, que cada uno de los
candidatos seleccionados podrá designar a una persona para que lo represente en
los procedimientos y durante el escrutinio.
(5) En o antes de los
sesenta (60) días previos a la fecha de vencimiento del término de cada
representante del interés de los consumidores, el Secretario del DACO, en
consulta con el Secretario de la Junta de Gobierno de la Autoridad, procederá
con el diseño e impresión de la papeleta al escrutinio. El diseño de la papeleta
para representante del interés de los consumidores residenciales deberá incluir
un espacio para la firma del cliente votante y un espacio para que el cliente
residencial escriba su número de cuenta y la dirección postal en la que recibe
la factura de la Autoridad por el servicio de agua y alcantarillado; la
papeleta para representante del interés de los consumidores comerciales
o industriales incluirá un espacio donde el abonado incluirá su número de
cuenta y el nombre, título y firma de un oficial autorizado a emitir el voto a
nombre de dicho abonado. La papeleta deberá advertir que el voto no será
contado si el cliente omite firmar su papeleta y escribir su número de cuenta.
(6) Las papeletas se
distribuirán por correo conjuntamente con la factura por servicio a cada
abonado.
(7) Cada uno de los
candidatos seleccionados como representantes de los intereses de los
consumidores designará a una persona para que le represente en estos
procedimientos, y estas personas, junto a un representante del Secretario del
DACO y un representante del Secretario de la Junta, constituirán un Comité de
Elección, que será presidido y dirigido por el representante del Secretario del
DACO.
(8) El Comité de Elección
preparará y publicará, de manera prominente en el portal de Internet de la
Autoridad, información sobre los candidatos que permita a los consumidores
hacer un juicio sobre las capacidades de los aspirantes.
(9) El Comité de Elección
procurará acuerdos de colaboración de servicio público con los distintos medios
de comunicación masiva en Puerto Rico para promover entre los abonados de la
Autoridad el proceso de elección, así como dar a conocer, en igualdad de
condiciones, a todos los aspirantes.
(10) El Comité de Elección,
durante los diez (10) días siguientes a la fecha límite para el recibo de las
papeletas, procederá a realizar el escrutinio y notificará el resultado al
Secretario del DACO, quien certificará a los candidatos electos y notificará la
certificación al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al
Presidente de la Junta.
(c) Las
funciones de los miembros de la Junta serán indelegables. La Junta se reunirá
con la frecuencia que determine la propia Junta que nunca será menor de una vez
al mes.
(d) Cuatro
(4) miembros de la Junta o, en caso de haber vacantes en la Junta, una mayoría
de los miembros de la Junta constituirán quorum para conducir los
negocios de ésta, y para cualquier otro fin y todo acuerdo de la Junta se
tomará por voto afirmativo de no menos de cuatro (4) miembros.
No obstante, las siguientes acciones
tendrán que ser aprobadas por no menos de cinco (5) miembros de la Junta:
(1)
La selección y nombramiento del presidente y
vicepresidente de la Junta;
(2)
el nombramiento, remoción y determinación de la
compensación del Presidente Ejecutivo de la Autoridad; disponiéndose, que el
Presidente Ejecutivo que ocupe el cargo de director, de ser ese el caso, no
podrá intervenir en estos asuntos;
(3)
el nombramiento, previa recomendación del
Presidente Ejecutivo de la Autoridad, y la remoción y determinación de
compensación de cualquier Oficial Ejecutivo de la Autoridad de conformidad con
lo dispuesto en esta Ley;
(4)
la aprobación o terminación de cualquier
contrato de administración con un operador privado o cualquier enmienda al
mismo;
(5)
la aprobación de cualquier convenio colectivo o
cualquier enmienda al mismo;
(6)
la autorización de exención del requisito de
subasta para contratos de construcción, compra u otros contratos, según lo
dispuesto en el Artículo 11 de esta Ley;
(7)
la aprobación de estructuras tarifarias o
cambios a éstas y la imposición de derechos, rentas y otros cargos por el uso
de las instalaciones o servicios de la Autoridad; y
(8)
la aprobación del Plan de Mejoras Permanentes a
largo plazo.
A menos que el reglamento de la
Autoridad lo prohíba o restrinja, cualquier acción que fuere necesaria tomar en
cualquier reunión de la Junta o cualquier comité de ésta, salvo para las
acciones que requerirán la aprobación de no menos de cinco (5) miembros de la
Junta, podrá ser autorizada sin que medie una reunión, siempre y cuando todos
los miembros de la Junta o comité de ésta, según sea el caso, den su
consentimiento por escrito a dicha acción, documento que formará parte de las
actas de la Junta o del comité de ésta, según sea el caso. Salvo que el
reglamento de la Autoridad provea otra cosa, los miembros de la Junta o de
cualquier comité de ésta podrán participar, mediante conferencia telefónica, u
otro medio de comunicación, a través del cual todas las personas participantes
puedan escucharse simultáneamente, en cualquier reunión de la Junta o de
cualquier comité de ésta. La participación de cualquier miembro de la Junta o
de cualquier comité de ésta en la forma antes referida constituirá asistencia a
dicha reunión. Las reuniones ordinarias, extraordinarias y de comités de la
Junta serán privadas. No obstante, se publicarán las agendas y actas de los
trabajos de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta en el portal
de Internet de la Autoridad, una vez sean aprobadas por la Junta en una reunión
subsiguiente. Previo a la publicación de las actas, la Junta también deberá
haber aprobado la versión de cada acta a ser publicada, que suprimirá: (i) toda
información que sea privilegiada a tenor con lo dispuesto en las Reglas de
Evidencia, (ii) toda información relacionada con la negociación de convenios
colectivos, (iii) las ideas discutidas en relación con la negociación de
potenciales contratos de la Autoridad, (iv) toda información sobre estrategias
en asuntos litigiosos de la Autoridad, (v) toda información sobre
investigaciones internas de la Autoridad mientras éstas estén en curso, (vi) la
propiedad intelectual de terceras personas, y (vii) los secretos de negocios de
terceras personas. Se entenderá por la palabra acta la relación escrita de lo
sucedido, tratado o acordado en la Junta.
(e) Todos
los miembros de la Junta deberán cumplir con las Reglas Finales de Gobierno
Corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en cuanto a la
independencia de directores, proveyéndose, no obstante, que ser cliente de la
Autoridad no constituirá falta de independencia.
(f) Código de Ética.- La
Junta adoptará un Código de Ética que regirá la conducta de sus miembros y de
su equipo de trabajo. Entre otros objetivos, el Código de Ética deberá requerir
que la conducta de los miembros de la Junta y de su equipo de trabajo esté
guiada en todo momento por el interés público, el interés de los consumidores y
las mejores prácticas de la industria eléctrica, y no por la
búsqueda de beneficios personales, ni ganancias para otras personas naturales o
jurídicas; requerir y vigilar por la inexistencia de conflictos de interés y la
clarificación inmediata de apariencia de conflictos de interés que pongan en
duda la lealtad y el deber de fiducia de los miembros de la Junta y de su
equipo de trabajo con los intereses de los consumidores y de la Autoridad;
requerir que todo miembro de la Junta deba prepararse adecuadamente para
comparecer a las reuniones ordinarias y extraordinarias, y estar en posición de
poder deliberar sobre los asuntos de la Autoridad; y proveer herramientas para
prevenir, orientar, guiar y adjudicar en cuanto al cumplimiento de los deberes
y responsabilidades éticas de los individuos a quienes regulará el Código de
Ética de la Junta. Además, el Código de Ética se diseñará al amparo de las
mejores prácticas de gobernanza en la industria eléctrica, y será compatible
con otras normas sobre ética que sean aplicables, como por ejemplo, las
disposiciones de la “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”.
Todas las acciones de la Junta, los
Oficiales Ejecutivos y los respectivos equipos de trabajo de éstos y sus
miembros se regirán por los más altos deberes de lealtad, debido cuidado,
competencia, y diligencia en beneficio de la Autoridad y del interés público de
proveer un servicio público esencial de calidad a los consumidores mediante
tarifas justas y razonables consistentes con prácticas fiscales y operacionales
acertadas que proporcionen un servicio adecuado al menor costo razonable para
garantizar la confiabilidad y seguridad del Sistema. Los miembros no
representarán a acreedor alguno ni intereses ajenos a la Autoridad.
(g) La Junta adoptará un
Código de Ética interno que regirá la conducta de sus miembros y de su equipo
de trabajo, incluyendo a los Oficiales Ejecutivos, y los respectivos equipos de
trabajo de todos ellos. Entre otros objetivos, el Código de Ética deberá
requerir que la conducta de los miembros de la Junta y los Oficiales Ejecutivos
y los respectivos equipos de trabajo de éstos, esté guiada en todo momento por
el interés público, el interés de los consumidores y las mejores prácticas de
la industria de utilidades de agua, y no por la búsqueda de beneficios
personales, ni ganancias para otras personas naturales o jurídicas; requerir y
vigilar por la inexistencia de conflictos de interés y la clarificación
inmediata de apariencia de conflictos de interés que pongan en duda la lealtad
y el deber de fiducia de los miembros de la Junta y los Oficiales Ejecutivos y
los respectivos equipos de trabajo de éstos, con los intereses de los
consumidores y de la Autoridad; requerir que todo miembro de la Junta,
Director, oficial o empleado ejecutivo, deba prepararse adecuadamente para
comparecer a las reuniones ordinarias y extraordinarias, y estar en posición de
poder deliberar sobre los asuntos de la Autoridad; y proveer herramientas para
prevenir, orientar, guiar y adjudicar en cuanto al cumplimiento de los deberes
y responsabilidades éticas de los individuos a quienes regulará dicho Código de
Ética. Además, el Código de Ética será compatible con otras normas sobre ética
que sean aplicables, como por ejemplo, las disposiciones de la “Ley de Ética
Gubernamental de Puerto Rico de 2011”.
A los directores, Oficiales
Ejecutivos y los respectivos equipos de trabajo de éstos les aplicarán, además,
las disposiciones de los Artículos 4.1 a 8.5 de la Ley 1-2012, según enmendada,
conocida como “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico”.
Los directores y Oficiales
Ejecutivos tendrán la obligación de velar y hacer cumplir, y tomarán aquellas
acciones que sean necesarias para que se dé estricto cumplimiento a las
siguientes prohibiciones por parte de toda la plantilla de empleados de la
Autoridad, así como por parte de sus contratistas, además de toda otra
disposición legal que prohíba este tipo de conducta y actividades, incluyendo,
pero sin limitarse a:
(1)
prohibición de solicitar o recaudar aportaciones
de dinero o contribuir, en forma directa o indirecta, a organizaciones,
candidatos o partidos políticos en los predios o propiedad de la Autoridad, y
durante horario laborable, y en el caso de los directores y de los Oficiales
Ejecutivos prohibición absoluta de solicitar o recaudar aportaciones de dinero
o contribuir, en forma directa o indirecta, a organizaciones, candidatos o
partidos políticos;
(2)
prohibición de en los predios o propiedad de la
Autoridad, y durante horario laborable, apoyar aspiraciones a puestos políticos
o hacer campaña para ocupar o para apoyar a alguien que aspire a ocupar algún
cargo público electivo o algún puesto en la dirección u organización de un
partido político o participar en campañas político partidistas de clase alguna;
(3)
prohibición de en los predios o propiedad de la
Autoridad, y durante horario laborable, hacer expresiones, comentarios o
manifestaciones sobre asuntos o actos de naturaleza político partidista;
(4)
prohibición de que se utilicen o desplieguen
distintivos, insignias o emblemas políticos en horario laborable o en predios
de la Autoridad;
(5)
prohibición de intimidar, obligar, exigir o
solicitar que otros empleados o contratistas hagan contribuciones económicas,
paguen cuotas, o empleen de su tiempo laborable para llevar a cabo o participar
en actividades político partidistas;
(6)
prohibición de ejercer influencias, favorecer o
pretender favorecer, o restringir o pretender restringir, intervenir o
pretender intervenir, en las oportunidades y condiciones de empleo, o las
oportunidades de contratistas de contratar o continuar contratando con la
Autoridad, a cambio de contraprestaciones motivadas por intereses político
partidistas;
(7)
prohibición de en los predios o propiedad de la
Autoridad, y durante horario laborable, solicitar, que otros empleados
contratistas voten o promuevan los intereses electorales del partido o
candidato político;
(8)
prohibición de los predios o propiedad de la
Autoridad, y durante horario laborable, llevar a cabo reuniones de asociaciones
o grupos que promuevan intereses electorales o político partidistas;
(9)
prohibición de utilizar el nombre y logos de la
Autoridad para identificar asociaciones o grupos que promuevan intereses
electorales o políticos partidistas;
(10)
prohibición de cualquier conducta que pretenda
dar la impresión de que la Autoridad apoya asociaciones o grupos que promuevan
intereses electorales o políticos partidistas; y
(11)
bajo ninguna circunstancia podrán ser utilizados
los predios o propiedad de la Autoridad para actividades de corte político
partidista, ni actividades de recaudación de fondos para beneficiar candidatos
o partidos políticos.
(h) La
Junta nombrará un Comité de Asesores que se compondrá de siete (7) miembros y
podrá incluir, entre otras, personas que representen los intereses de las
comunidades sin servicio adecuado de acueductos y alcantarillados, de las
comunidades especiales de Puerto Rico, intereses relacionados a la salud
pública, los intereses del sector laboral y los intereses del sector ambiental.
El Comité de Asesores será también
integrado por un miembro designado de entre las siguientes entidades: Colegio
de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico; Colegio de Maestros y Oficiales
Plomeros de Puerto Rico; Asociación de Contratistas Generales de América; la
Asociación de Constructores de Puerto Rico; la Asociación de Industriales de
Puerto Rico; Asociación de la Industria Farmacéutica; la Asociación de
Hoteleros; y cualquiera otra asociación que a juicio de la Junta de Gobierno,
pueda brindar el asesoramiento necesario para llevar a cabo las funciones que
le han sido delegadas en esta Ley.
No podrán ser miembros del Comité
Asesor los siguientes:
(1)
empleados o funcionarios de la Autoridad;
(2)
contratistas de ésta;
(3)
personas que ocupen cargos en organismos
directivos, centrales o locales, de un partido político; y
(4)
cualquier persona que tenga conflicto de
interés.
El término de los miembros nombrados
por la Junta, así como los designados por las entidades aquí dispuestas, será
de cuatro (4) años.
El Comité de Asesores se reunirá con
la Junta en pleno por lo menos tres (3) veces al año y con los Oficiales
Ejecutivos de la Autoridad cuantas veces la Junta o el Presidente Ejecutivo
estime conveniente para presentar sus sugerencias, discutir la calidad de los
servicios prestados, las necesidades de las comunidades, el Programa de Mejoras
Capitales, y cualquier otro asunto que la Junta, el Presidente Ejecutivo o el
Comité de Asesores considere necesario.
El Comité de Asesores, además,
someterá dos informes anuales a la Junta y a la Asamblea Legislativa, en los
cuales discutan sus observaciones y brinden comentarios y recomendaciones al
Programa de Mejoras Capitales de la Autoridad, según dispuesto en esta Ley, en
los cuales documentarán el cumplimiento por parte de la Autoridad de los planes
de ejecución, presupuestos e itinerarios relacionados al Programa de Mejoras
Capitales.
La Junta adoptará las normas para el
funcionamiento del Comité de Asesores.
Los miembros del Comité de Asesores
no intervienen en la formulación e implantación de la política pública y, por
lo tanto, no se considerarán servidores públicos para propósitos de la Ley
1-2012, conocida como “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico”.
(i) Sin limitar las
disposiciones generales de conducta impropia y deberes éticos y de fiducia que
dispone esta Ley, incluyendo el deber de confidencialidad, ningún miembro
independiente de la Junta, ni ningún Oficial Ejecutivo de la Autoridad, podrá:
(i) aportar dinero o hacer
contribuciones, en forma directa o indirecta, a organizaciones, candidatos o
partidos políticos mientras ocupa su cargo;
(ii) aspirar a puestos
políticos o hacer campaña para ocupar o para apoyar a alguien que aspire a
ocupar algún cargo público electivo o algún puesto en la dirección u
organización de un partido político o participar en campañas político
partidistas de clase alguna mientras ocupe su cargo;
(iii) hacer expresiones,
comentarios o manifestaciones públicas sobre asuntos o actos de naturaleza
político partidista mientras ocupe su cargo;
(iv) intimidar,
obligar, exigir o solicitar que otros miembros de la Junta, funcionarios o
empleados hagan contribuciones económicas o empleen de su tiempo laboral para
llevar a cabo o participar en actividades político partidistas; o
(v) solicitar mientras se
encuentra en funciones de su trabajo o, intimidar, obligar, exigir que otros
miembros de la Junta, funcionarios o empleados voten o promuevan los intereses
electorales del partido o candidato político de su preferencia.
El Gobernador podrá destituir
cualquier miembro independiente de la Junta nombrado por él por las siguientes
causas:
(i)
incurrir en conducta prohibida en esta Sección;
(ii)
incompetencia, inhabilidad profesional
manifiesta o negligencia en el desempeño de sus funciones y deberes;
(iii)
conducta inmoral o ilícita;
(iv)
la condena por cualquier delito grave o menos
grave que implique depravación moral o delitos contra el erario o la función
pública;
(v)
abuso manifiesto de la Autoridad o la discreción
que le confiere esta u otras leyes;
(vi)
entorpecimiento malicioso y deliberado de las
labores de la Junta;
(vii)
destrucción de la propiedad de la Autoridad;
(viii)
trabajar bajo los efectos del alcohol o
sustancias controladas;
(ix)
fraude;
(x)
violación a la “Ley de Ética Gubernamental”, Ley
1-2012 o el Código de Ética que apruebe la Junta según dispone esta Sección;
(xi)
abandono de sus deberes; o
(xii)
incumplir con los requisitos para ser miembro de
la Junta, según dispone este Capítulo.
También podrán ser separados de sus
cargos por causa de incapacidad física o mental para ejercer sus funciones, en
cuyo caso no se considerará una destitución.
(j)
Sin incidir en los derechos que les confieren
las disposiciones de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada,
conocida como la “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, ningún
miembro presente o futuro de la Junta, oficial, agente o empleado de la
Autoridad incurrirá en responsabilidad civil por cualquier acción de buena fe
en el desempeño de sus funciones y responsabilidades en virtud de las
disposiciones de esta Ley, sujeto a que en la conducta por la que se le
indemniza no haya incurrido en delito, dolo o negligencia crasa, y serán indemnizados
por los costos incurridos relacionados a cualquier reclamación por la que
disfrutan de inmunidad, según aquí dispuesto. La Junta y sus directores
individuales, y los oficiales, agentes o empleados de la Autoridad, también
serán indemnizados por cualquier responsabilidad civil adjudicada bajo las
leyes de los Estados Unidos de América, sujeto a que en la conducta por la que
se le indemniza no hayan incurrido en delito, dolo o negligencia crasa.
(k)
Ningún funcionario electo de la Rama Ejecutiva,
Legislativa o de los municipios podrá, directa o indirectamente, intervenir en
el desempeño de las funciones o toma de decisiones de la Junta o de los
oficiales ejecutivos de la Autoridad, incluyendo, pero sin limitarse, a
intervenir para influir en el resultado o decisiones de éstos sobre controversias o determinaciones de
relaciones laborales, decisiones de recursos humanos, tales como nombramientos
o compensaciones, negociaciones de convenios colectivos, determinaciones de
revisiones tarifarias, de contratación, de desconexión de servicios,
determinaciones del contenido o la implementación del programa de mejoras
capitales, y demás temas operacionales o funciones inherentes a las funciones de éstos, excepto cuando se trate
de una notificación o comunicación formal del funcionario como parte de sus
gestiones y obligaciones oficiales o cuando su intervención sea necesaria para
proteger la vida, propiedad o la seguridad pública en casos de emergencia.
(l) La Autoridad tendrá los
cargos de Oficiales Ejecutivos que cree la Junta. Los Oficiales Ejecutivos de la Autoridad serán
aquéllos nombrados por la Junta para ocupar los cargos de Oficiales Ejecutivos.
Los Oficiales Ejecutivos incluirán a un Presidente Ejecutivo quien será el
principal oficial exclusivamente a base de experiencia, capacidad y otras
cualidades que especialmente capaciten para realizar los fines de la Autoridad,
a un Director Ejecutivo de Infraestructura y los cinco (5) Directores
Ejecutivos Regionales, de las Regiones Metro, Norte, Sur, Este y Oeste cuyas
funciones principales se establecen más adelante, además de las que les delegue
la Junta, y serán nombrados por la Junta y supervisados por el Presidente
Ejecutivo. La Junta podrá crear en el futuro cargos adicionales de Oficiales
Ejecutivos de la Autoridad, en función de la estructura gerencial
descentralizada que se adopta en esta Ley y según las necesidades de la
Autoridad así lo requieran. No podrá ser Oficial Ejecutivo persona alguna que:
(i) sea empleado, empleado jubilado o tenga interés económico sustancial,
directo o indirecto, en alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue
contratos o haga transacciones de cualquier índole; (ii) en los dos (2) años
anteriores a su cargo, haya tenido una relación o interés comercial en alguna
empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga transacciones
de cualquier índole; (iii) haya sido miembro de un organismo directivo a nivel
central o local de un partido político inscrito en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico durante el año previo a la fecha de su designación; (iv) sea
empleado o funcionario de la Autoridad o sea empleado, miembro, asesor o
contratista de los sindicatos de trabajadores de la Autoridad; o (v) no haya provisto
la certificación de radicación de planillas correspondientes a los últimos
cinco (5) años contributivos, la certificación negativa de deuda emitida por el
Departamento de Hacienda, la certificación negativa de deuda con la Autoridad,
el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto Rico, así como
las certificaciones negativas de deuda de la Administración para el Sustento de
Menores (ASUME) y del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM). El
Presidente Ejecutivo y el
Director Ejecutivo de Infraestructura
desempeñarán su cargo por el
término de cinco (5) años. Los Directores Ejecutivos Regionales desempeñarán
sus cargos por un término de cinco (5) años. Sobre los nombramientos del
Presidente Ejecutivo, de los Directores Ejecutivos Regionales y del Director
Ejecutivo de Infraestructura, la Junta podrá disponer, sin que esto se entienda
como una limitación, lo siguiente:
(1)
Los deberes, funciones, obligaciones y
facultades delegadas por la Junta a cada uno, además de las dispuestas más
adelante; disponiéndose, que la Junta no podrá delegar la función de aprobar
todo o parte de cualquier convenio colectivo con las uniones que representen a
los empleados de la Autoridad ni las restantes funciones enumeradas en los
incisos (d), (q) y (t) de esta sección; y
(2)
la compensación económica a pagar durante el
período de su nombramiento, la cual podrá incluir beneficios marginales y
bonificaciones que faciliten el reclutamiento de profesionales del más alto
calibre.
(m) Funciones de cada
Director Ejecutivo Regional.
(1)
Será responsable de administrar y supervisar
todos los activos y empleados del Sistema Estadual de Acueductos y del Sistema
Estadual de Alcantarillados dentro de su región;
(2)
diseñará y presentará para evaluación y
aprobación del Presidente Ejecutivo y luego de la Junta, el presupuesto anual
de su región. Una vez aprobado, estará a cargo de administrar dicho presupuesto
en coordinación con el Presidente Ejecutivo;
(3)
someterá al Director Ejecutivo de
Infraestructura, a través del Presidente Ejecutivo, las necesidades de mejoras
capitales que identifique en su región, en orden de prioridad, para que dichas
necesidades se incorporen en el Programa de Mejoras Capitales a corto y largo
plazo;
(4)
se reunirá con los funcionarios electos de su región
para atender reclamos y necesidades de los ciudadanos;
(5)
someterá un informe a cada alcalde de su región
y a la Asamblea Legislativa en o antes del 15 de febrero y el 15 de agosto de
cada año; y
(6)
tendrán además todos los deberes, poderes y
facultades que le sean delegadas por la Junta, en función de la estructura
gerencial descentralizada que se adopta en esta Ley y según las necesidades de
la Autoridad que así lo requieran, salvo que la Junta no podrá delegarle las
funciones referidas en el inciso (l) (1) de esta Sección.
(n) Funciones del
Director Ejecutivo de Infraestructura.
(1)
Confeccionará, en coordinación con los
Directores Ejecutivos Regionales, un Programa de Mejoras Capitales que atienda
las necesidades del sistema a corto y largo plazo, y a través del Presidente
Ejecutivo, presentará dicho Programa para la aprobación de la Junta de
Directores;
(2)
administrará y ejecutará dicho Programa de
Mejoras Capitales según las prioridades que establezca la Junta y según el
presupuesto e itinerario dispuesto para cada obra de este Programa;
(3)
se reunirá con funcionarios electos para atender
reclamos y necesidades de los ciudadanos;
(4)
someterá un informe a la Asamblea Legislativa en
o antes del 15 de febrero de cada año y el 15 de agosto de cada año; y
(5)
tendrá además todos los deberes, poderes y
facultades que le sean delegadas por la Junta, en función de la estructura
gerencial descentralizada que se adopta en esta Ley y según las necesidades de
la Autoridad que así lo requieran, salvo que la Junta no podrá delegarle las
funciones referidas en el inciso (l) (1) de esta Sección.
(o) Los
restantes Oficiales Ejecutivos de la Autoridad ejercerán los deberes y
obligaciones inherentes a sus cargos y aquellos otros deberes que la Junta
establezca. A menos que la Junta determine otra cosa, los Oficiales Ejecutivos
nombrados por la Junta podrán delegar en otras personas la facultad de
sustituirlos durante cualquier período de ausencia justificada, según determine
este concepto la Junta mediante reglamento.
(p) Sin
limitar otras disposiciones generales de conducta impropia que se enumeran en
esta Sección, ninguno de los Oficiales Ejecutivos designados, incluyendo al
Presidente Ejecutivo, el Director Ejecutivo de Infraestructura, y los
Directores Ejecutivos Regionales de la Autoridad, podrán mientras estén
ocupando sus cargos:
(i)
aportar dinero o hacer contribuciones, en forma
directa o indirecta, a organizaciones, candidatos o partidos políticos mientras
ocupa su cargo;
(ii)
aspirar a puestos políticos o hacer campaña para
ocupar o para apoyar a alguien que aspire a ocupar algún cargo público electivo
o algún puesto en la dirección u organización de un partido político o
participar en campañas político partidistas de clase alguna mientras ocupe su
cargo;
(iii)
hacer expresiones, comentarios o manifestaciones
públicas sobre asuntos o actos de naturaleza político partidista mientras ocupe
su cargo;
(iv)
intimidar, obligar, exigir o solicitar que otros
oficiales ejecutivos, funcionarios o empleados hagan contribuciones económicas
o empleen de su tiempo laboral para llevar a cabo o participar en actividades
político partidistas; o
(v) solicitar mientras se
encuentra en funciones de su trabajo o, intimidar, obligar, exigir que otros
oficiales ejecutivos, funcionarios o empleados voten o promuevan los intereses
electorales del partido o candidato político de su preferencia.
El Presidente Ejecutivo, el Director
Ejecutivo de Infraestructura, los Directores Ejecutivos Regionales de la
Autoridad y otros Oficiales Ejecutivos podrán ser destituidos de sus cargos por
la Junta solamente por las siguientes causas:
(1)
conducta inmoral, ilícita o que viole las
prohibiciones dispuestas en esta Ley;
(2)
incompetencia, inhabilidad profesional
manifiesta o negligencia en el desempeño de sus funciones y deberes;
(3)
la convicción por cualquier delito grave o menos
grave que implique depravación moral;
(4)
abuso manifiesto de la autoridad o la discreción
que le confieren ésta u otras leyes;
(5)
abandono de sus deberes; o
(6)
el incumplimiento con el plan de trabajo
establecido o con las directrices de la Junta.
También podrán ser separados de sus
cargos por causa de incapacidad física o mental para ejercer sus funciones
esenciales. Esta separación por no poder desempeñar las funciones esenciales
del puesto no se considerará una destitución. Estos funcionarios serán
evaluados por la Junta mediante la utilización de métricas de desempeño.
(q) Cuando la Junta evalúe la composición o modificación de las regiones
iniciales, dispuestas en esta Ley, en cuanto a la delimitación de estas o la
creación de nuevas regiones, ésta tomará en cuenta los siguientes elementos en
dicho análisis y se tomarán en conjunto, dentro de las circunstancias, al
momento de hacer la determinación final:
(1)
Conectividad de los sistemas de transmisión de
agua, localización de las cuencas hidrográficas y análisis del mejor uso de
dichos recursos;
(2)
activos y estado de dichos activos en el Sistema
Estadual de Acueductos y en el Sistema Estadual de Alcantarillados;
(3)
necesidades de mejoras en el Sistema Estadual de
Acueductos y en el Sistema Estadual de Alcantarillados;
(4)
longitud de la red y tamaño del área de servicio
que compone la región bajo análisis;
(5)
densidad poblacional y número de consumidores
actuales y proyectados a corto, mediano y largo plazo en la región;
(6)
proyectos propuestos para la región dentro del
Programa de Mejoras Capitales y demás planes estratégicos que desarrolle la
Junta;
(7)
determinaciones de incumplimiento y órdenes de
las agencias reguladoras ambientales y de salud; y
(8)
análisis de costo-beneficio de operar la región
según existe y costo-beneficio de operar la potencial región en estudio bajo la
propuesta modificación.
La Junta determinará el peso que
otorgará a cada uno de los anteriores criterios, u otros que a su juicio deba
sopesar, al momento de tomar decisiones sobre las delimitaciones de las
regiones. Una vez la Junta concluya cualquier evaluación sobre modificaciones a
las regiones, someterá para aprobación de la Asamblea Legislativa las
determinaciones junto con un informe que demuestre el estudio realizado en que
basa la Junta sus conclusiones. La determinación de la Junta sobre la nueva
composición de las regiones se tendrá por aprobada si la Asamblea Legislativa,
mediante Resolución Conjunta, la aprueba según sometida por la Junta. La
Asamblea Legislativa deberá aprobar, o rechazar por Resolución Conjunta en un
término no mayor de noventa (90) días de Sesión Ordinaria. De no tomar acción
dentro de dicho término, la determinación de la Junta se considerará aprobada.
La Autoridad deberá someter su primer plan de reorganización de regiones a la
Asamblea Legislativa en o antes del 1 de junio de 2004 para su consideración y
aprobación según antes dispuesto. Las cinco (5) regiones iniciales que por esta
Ley se crean son la Región Metro, Región Norte, Región Sur, Región Este y
Región Oeste. El estudio a presentarse a esta Asamblea Legislativa el 1 de
junio de 2004 deberá incluir la propuesta delimitación de dichas regiones.
(r) Sujeto
a lo dispuesto en el inciso (d) de esta Sección, todos los empleados ejecutivos
de la Autoridad serán nombrados, removidos y su compensación determinada por la
Junta, previa recomendación del Presidente Ejecutivo. Todos los empleados
ejecutivos se considerarán empleados ejecutivos para propósitos de la Ley de Relaciones
del Trabajo de Puerto Rico. Los empleados ejecutivos no estarán bajo el control
general administrativo del operador privado que dispone el inciso (w) de esta
Sección.
(s) La
Junta nombrará un auditor interno quien estará adscrito y responderá a ésta y
tendrá la facultad de fiscalizar todos los ingresos, cuentas y desembolsos de
la Autoridad para determinar si se han hecho de conformidad con la ley y las
determinaciones de la Junta.
(t) La
Junta podrá delegar parte de sus facultades, que no sean las enumeradas en los
incisos (d), (m) y (p) de esta Sección, al Presidente Ejecutivo quien será el
principal Oficial Ejecutivo de la Autoridad y será responsable a la Junta por
la ejecución de su política general y por la supervisión general de las fases operacionales
de la Autoridad. La Junta también podrá delegarle cualquiera de sus facultades,
que no sean las enumeradas en los incisos (d), (r) y (u) de esta Sección, a uno
o más comités de la Junta o a algún otro Oficial Ejecutivo de la Autoridad.
(u) La
Junta no podrá delegar a ningún comité de la Junta, Oficial Ejecutivo, u
operador privado las facultades enumeradas en este inciso y los incisos (d) y
(r) de esta Sección ni las siguientes facultades:
(1)
La aprobación del presupuesto de la Autoridad.
(2)
La aprobación de cualquier financiamiento para
el Programa de Mejoras Permanentes.
(3)
La contratación de firmas de auditoría.
(4) La
contratación de los consultores externos de la Autoridad cuando la cantidad del
contrato exceda aquella cantidad que la Junta decida por reglamento.
(5) La
aprobación de la venta o enajenación de alguna otra forma de bienes inmuebles o
derechos reales; disponiéndose, que la Junta podrá delegar en el Presidente
Ejecutivo, o en algún otro Oficial Ejecutivo de la Autoridad, el otorgamiento
de las escrituras de venta o enajenación de los bienes inmuebles o derechos
reales.
(6) La
aprobación de reglamentos de la Autoridad y cualquier cambio o derogación de
éstos, incluyendo la determinación de lo que constituye justa causa para
remover un director independiente.
(7) El
nombramiento del auditor interno.
(8) La aprobación de un plan
de eficiencia operacional y control de pérdidas de agua con tres (3) años de
duración, enmendado cada tres (3) años, que incluya las iniciativas específicas
y los costos asociados, además de las metas de la Autoridad, iniciativas que
deben incluir un análisis de costo beneficio para la Autoridad. No obstante lo
anterior, se establece como métrica de cumplimiento estricto el incrementar la
cuantía en la recuperación de agua perdida o que actualmente no es cobrada,
entre el 2016 y el 2019. La reducción requerida se medirá en término de
galones por día producidos en todas sus instalaciones que suplen el sistema de
distribución en comparación con los galones por día cobrados a todos los
clientes. El resultado neto de esta comparación deberá reflejar un incremento
en por lo menos un cinco por ciento (5%) de la cuantía en la recuperación de
agua perdida o que no es cobrada, para el período que comprende desde la fecha
de aprobación de esta Ley al 30 de septiembre de 2019. No más tarde del 31 de
octubre de 2019, la Autoridad presentará un informe a la Secretaría de cada
Cuerpo de la Asamblea Legislativa, en la cual identificará todas las medidas
que han tomado durante el período inicial de tres (3) años antes mencionado,
incluyendo los proyectos del Programa de Mejoras Capitales, las iniciativas de
reemplazo de contadores o metros y los esfuerzos de rehabilitación de
infraestructura de distribución que se hayan implantado con el propósito de
cumplir con la métrica de eficiencia operacional establecida.
(v) La
Junta, a su opción, podrá otorgar uno o más contratos de administración con uno
o varios operadores privados, que podrán ser personas naturales o jurídicas que
la Junta determine estén calificadas para asumir, total o parcialmente, la
administración y la operación del Sistema Estadual de Acueductos, el Sistema
Estadual de Alcantarillados y todas aquellas propiedades de la Autoridad, según
se dispone en esta Ley. En los contratos con uno o varios operadores privados,
la Junta podrá delegarle al operador privado cualesquiera de las facultades que
la misma pueda delegar al Presidente Ejecutivo, salvo las enumeradas en los
incisos (d), (r) y (u) de esta Sección.
(w) Respecto a los
contratos de administración.
(1) Cada
contrato de administración con un operador privado se designará un director de
operaciones quien deberá ser un empleado o agente del operador privado. El
director de operaciones de cada operador privado será la persona responsable de
supervisar y administrar todas las encomiendas convenidas con el operador
privado en el contrato de administración. Además, estará a cargo de la
supervisión general de las fases operacionales de la Autoridad convenidas en dicho
contrato, y de aquellas funciones adicionales que por contrato la Junta
convenga con dicho operador.
(2) El
o los operadores privados, a través de sus respectivos directores de
operaciones, tendrá todos los deberes, funciones, obligaciones y facultades
que, sujeto a las limitaciones descritas en esta Sección, se establezcan en el
contrato de administración con la Autoridad, incluyendo las siguientes:
(A) Control
general administrativo de todos los empleados de la Autoridad.
(B) Negociar
el convenio colectivo con las uniones que representen a los empleados de la
Autoridad y el deber y la facultad de nombrar, destituir y determinar la
compensación de todos los empleados y agentes de la Autoridad.
(C) Responsabilidad
legal por todas sus actuaciones conforme con los deberes, funciones,
obligaciones y facultades establecidas en el contrato con la Autoridad y en las
leyes de Puerto Rico.
(D) Podrá
aprobar cambios a la estructura organizacional de la Autoridad siempre y cuando
no afecte a los empleados ejecutivos y la estructura dispuesta en esta Sección.
(E) Obligación
de someter los informes relativos al estado y actividades operacionales y
financieros de la Autoridad que le exija la ley y el contrato de administración
con la Autoridad.
(F) Deber
de comparecer personalmente a rendir un informe semestral ante las comisiones
que designe cada uno de los Cuerpos Legislativos.
(3) Los operadores privados
y sus respectivos directores de operaciones no serán considerados como entidad
pública, patrono público o empleado público, según se definen en esta Ley o en
cualquier otra ley o reglamento.
(4)
El contrato de administración con el o los
operadores privados deberá requerirle al operador privado la prestación de una
fianza a favor de la Autoridad. La Junta establecerá los criterios para
determinar el monto de la fianza con la recomendación del Comisionado de
Seguros.
(5)
Los contratos de administración que suscriba la
Autoridad con uno o varios operadores privados deberán indicar expresamente que
todos los documentos, tales como registros, cuentas bancarias y otros
documentos relacionados con la operación de la Autoridad, se mantendrán en la
jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y les pertenecerán a la
Autoridad.
(6)
Todo contrato de administración que otorgue la
Junta con uno o varios operadores privados requerirá que dicho o dichos
operadores no tengan deudas con entidades gubernamentales; y que si las
tuvieran, deberán estar acogidos a un plan de pago. Además, se les requerirá
tener al día sus cuentas y obligaciones con las entidades gubernamentales.
También, se les requerirá cumplir con su responsabilidad contributiva con el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(x) La Junta cumplirá con el
CONSENT DECREE suscrito entre la Autoridad y la Agencia Federal de Protección
Ambiental (EPA), CV-02283 de 15 de septiembre de 2015, para cumplir con
proyectos requeridos para mantener la calidad de agua; y atenderá las cuencas
hidrográficas, comenzando por el Caño Martín Peña, en San Juan (Apéndice O y el
Plan de Mejoras Capitales) y para expandir el servicio de acueductos a
familias, mayormente rurales, que no lo tienen.”
Artículo 16.-Se enmienda la Sección 11 de la Ley Núm. 40
de 1 de mayo de 1945, según enmendada, para que en adelante lea como sigue:
“Sección 11.-Contratos de construcción y
compra
Todas las compras y contratos de
suministro o servicio, excepto servicios personales que se hagan por la
Autoridad, incluyendo contratos para la construcción de sus obras, deberán
hacerse mediante subasta. Disponiéndose, que cuando el gasto estimado para la
adquisición o ejecución de la obra no exceda de cien mil (100,000) dólares, por
región, podrá efectuarse tal gasto sin mediar subasta. No será necesario, sin
embargo, una subasta cuando:
(1)
…
(2)
…
(3)
…
(4)
…
(5)
sean gastos del Programa de Mejoras Permanentes
o relacionados con la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento que
no excedan de cuatrocientos mil (400,000) dólares en caso de adquisiciones o
que no excedan de un millón (1,000,000) de dólares cuando se trata de ejecución
de obra, en cuyos casos, la Autoridad solicitará cotizaciones escritas de por
lo menos tres (3) fuentes de suministro, previamente cualificadas conforme a la
Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según enmendada, si las hubiere; o
(6)
…”
Artículo 17.-Se añade una nueva Sección 22 a la Ley Núm.
40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, para que lea como sigue:
“Sección 22.-Interacción entre la
Autoridad y la Corporación para la Revitalización de la Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados de Puerto Rico –
(a) Para propósitos de esta
Ley, los términos que siguen a continuación tendrán el significado que se
dispone en la “Ley para la Revitalización de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico”:
(1)
Corporación;
(2)
Cargos de Revitalización;
(3)
Costos de Financiamiento Aprobados;
(4)
Mecanismo de Ajuste;
(5)
Bonos; y
(6)
Resolución de Financiamiento.
(b)
De conformidad con la “Ley para la
Revitalización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”,
la Autoridad estará autorizada a lo siguiente:
(1)
Acordar con la Corporación los procesos y la
asistencia que se brindarán mutuamente para implementar los propósitos de dicha
Ley;
(2)
Proveer toda la información pertinente y
necesaria para que la Corporación pueda llevar la evaluación y aprobación del
mecanismo para el cálculo de los Cargos de
Revitalización y el Mecanismo de Ajuste, así como para
que la Corporación pueda completar cualesquiera otras acciones necesarias para
emitir la Resolución de Financiamiento de la Corporación;
(3)
Actuar como Manejador (servicer) para imponer,
facturar y cobrar los Cargos de Revitalización que apruebe la Corporación y de conformidad con lo anterior y lo
que se disponga mediante contrato a esos efectos entre la Corporación y la
Autoridad, modificar su modelo de facturación para incluir los Cargos de Revitalización aprobado;
(4)
La Autoridad publicará en su página de internet,
y por cualquier otro medio que se entienda pertinente, no más tarde de noventa
(90) días siguiente a la aprobación de la “Ley para la Revitalización de la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”, el Plan Decenal del
Programa de Mejoras Capitales que corresponda a un periodo de diez (10) años
subsiguientes a la aprobación de esta Ley, en el cual entre otros asuntos: la Autoridad
adopte y planifique la implementación de las mejores prácticas de la industria
de aguas a fines de mejorar la eficiencia en la operación y monitoreo de sus
métricas internas, establezca entre otros, un plan de control de pérdidas de
tres (3) años de duración, según enmendado cada tres (3) años, que incluya las
iniciativas específicas y los costos asociados, además de las metas de la
Autoridad, cuyas iniciativas deben ser evaluadas desde el punto de vista de
costo-beneficio para la Autoridad, y deben ser evaluadas y aprobadas anualmente
por la Junta de Gobierno de la Autoridad, evaluadas por el Comité de Asesores
de la Junta de Gobierno, deben hacerse disponibles en el portal de internet de
la Autoridad para comentario público y discutirse en una reunión abierta al
público de la Junta de Gobierno. No obstante lo anterior, se establece como
métrica de cumplimiento estricto el incrementar la cuantía en la recuperación
de agua perdida o que actualmente no es cobrada, entre el 2016 y el 2019. La
reducción requerida se medirá en término de galones por día producidos en todas
sus instalaciones que suplen el sistema de distribución comparación con los
galones por día cobrados a todos los clientes. El resultado neto de esta
comparación deberá reflejar un incremento en por lo menos un cinco por ciento
(5%) de la cuantía en la recuperación de agua perdida o que no es cobrada,
para el período que comprende desde la fecha de aprobación de esta Ley al 30 de
septiembre de 2019. No más tarde del 31 de octubre de 2019, la Autoridad presentará
un informe a la Secretaría de cada Cuerpo de la Asamblea Legislativa, en la
cual identificará todas las medidas que han tomado durante el período inicial
de tres (3) años antes mencionado, incluyendo los proyectos del Programa de
Mejoras Capitales, las iniciativas de reemplazo de contadores o metros y los
esfuerzos de rehabilitación de infraestructura de distribución que se hayan
implantado con el propósito de cumplir con la métrica de eficiencia operacional
establecida. El Plan Decenal además incluirá cómo la Autoridad logrará dentro
de dicho término reducir progresivamente su dependencia en financiamientos
externos hasta que la misma constituya no más de cincuenta por ciento (50%) del
costo de su Programa de Mejoras Capitales, excluyendo para efectos de dicho cómputo financiamientos provistos a través
de agencias del Gobierno Federal o programas federales, tales como la Oficina
de Desarrollo Rural (Rural Development) y el Programa de Fondos Rotatorios;
(5)
Cualquier otra acción o proceso necesario para
el cumplimiento de la “Ley para la Revitalización de la Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados de Puerto Rico”, incluyendo, pero sin limitarse, a tomar
aquellas acciones necesarias e implementar medidas internas de control de gastos
que fomenten la eficiencia operacional, promuevan la reducción y el control de
gastos operacionales y generen ahorros, de manera que asegure
que lo facturado a los clientes por la Autoridad no se
aumente durante el presente año fiscal y los próximos dos años fiscales,
entiéndase los años fiscales 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, salvo lo
estipulado por el contrato de la Autoridad con sus respectivos bonistas vigente
a la fecha de aprobación de la “Ley para la Revitalización de la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”. Una vez se implemente la “Ley
para la Revitalización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de
Puerto Rico” y se lleve a cabo la primera emisión de Bonos en beneficio de la
Autoridad, ésta dará prioridad al repago a suplidores y contratistas de su
Programa de Mejoras Capitales, a los cuales se les adeude dinero a la fecha de
aprobación de la referida Ley. En virtud de la aprobación de la “Ley para la
Revitalización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”,
y los beneficios que la Autoridad reciba de la misma, la Autoridad revisará su tarifa para transferir a los
Clientes los ahorros y beneficios percibidos bajo dicha Ley.”
Artículo 18.-Se reenumeran las actuales Secciones 22 a
la 24 como Secciones 23 a 25, respectivamente, en la Ley Núm. 40 de 1 de mayo
de 1945, según enmendada.
CAPÍTULO
III—DISPOSICIONES FINALES
Artículo 3.1.-Esta Ley tendrá supremacía sobre cualquier ley
previamente aprobada y que sea contraria a lo aquí dispuesto.
Artículo 3.2.-Cláusula de Separabilidad.
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo,
disposición, sección, inciso o parte de esta Ley fuera declarada
inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada
no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta Ley. El efecto de dicha
sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, artículo,
disposición, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido declarada
inconstitucional.
Artículo 3.3.-Vigencia.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación, disponiéndose, que la efectividad de las Secciones 2, 10, 11 y 18
de esta Ley se retrotrae al 6 de abril de 2016, la fecha de la aprobación de la
Ley 21-2016.
Notas Importantes:
1. Esta ley es copia
de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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