Ley Núm. 3 del año 2017
(P. de la
C. 451); 2017, ley 3
Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para
Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto
Rico y enmienda el Código de Rentas Internas del 1994, según enmendado.
Ley Num. 3 de 23 de enero de 2017
Para crear la “Ley para Atender
la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”; a los fines de tomar
medidas temporeras de emergencia necesarias para lograr que el Gobierno de
Puerto Rico siga operando y ofreciendo servicios esenciales a la ciudadanía;
establecer prohibiciones sobre la contratación de los servicios profesionales;
encaminar al Gobierno en la ruta del manejo responsable
de la deuda y sus obligaciones; enmendar la Sección 2101
de la Ley 120-1994, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas
de Puerto Rico de 1994,” a los fines de extender la vigencia del arbitrio a la
adquisición de cierta propiedad mueble y servicios; disponer que todo miembro de
una junta o cuerpo rector de una corporación pública, con excepción de ciertos
miembros de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, de la
Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados, de la Junta de la Corporación del Proyecto Enlace Caño Martín
Peña, y los miembros de la Junta de la Compañía para el Desarrollo Integral de
la Península de Cantera, deberá gozar de la confianza del Gobernador de Puerto
Rico para poder ejecutar y llevar a cabo la política pública establecida; y
para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de Puerto Rico atraviesa por una crisis fiscal y
socioeconómica sin precedentes en tiempos modernos. Las nefastas acciones y la
errada política pública de la administración del Partido Popular, colocaron la
Isla en un abismo económico y fiscal histórico que culminó con la imposición
por el Congreso de una Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a tenor con el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016 (PROMESA).
La debacle que enfrenta Puerto Rico actualmente se debe
a una serie de problemas de raíz, profundos y estructurales, que llevan
manifestándose por varios años, y en algunos casos, de por varias décadas. El Gobierno de Puerto Rico ha acumulado
una deuda de alrededor $70,000 millones (sin contar la deuda de los sistemas de
retiro y otras, que aumentan el total a unos $140,000 millones) y desde el 2014
tiene una calificación crediticia por debajo del grado de inversión o “chatarra”. La deuda de por sí no es negativa
si se usa para invertir en obra permanente y proyectos que generan un retorno
económico y social, pero es nefasta si se utiliza para pagar déficits operacionales. Esta última, ha sido la
consigna constante de las administraciones del Partido Popular.
Con
la excepción del año 2012, cuando la economía de la Isla mostró indicios de
recuperación, Puerto Rico ha tenido que enfrentar un decrecimiento económico de
grandes proporciones. Desde el 2006 hasta el presente, el Índice de Actividad Económica
(IAE), calculado por el Banco Gubernamental de Fomento, ha ido descendiendo de
forma continua y acelerada, lo cual correlaciona con el rumbo negativo del
Producto Interno Bruto (PIB real) y del Producto Estatal Bruto (PEB real) de
Puerto Rico durante el mismo período. La situación se agravó desde el
2006 cuando, como consecuencia de políticas fiscales irresponsables, se usaron
proyecciones irreales de ingresos para justificar gastos en exceso de los
ingresos reales y se recurrieron a ingresos no recurrentes y a transacciones
aisladas para intentar cubrir las obvias insuficiencias presupuestarias que
resultaron. Todo lo anterior ha provocado una crisis en las finanzas del
aparato gubernamental, al punto que se ha comprometido la capacidad del gobierno
de cumplir con sus obligaciones y de invertir en proyectos de infraestructura y
otras iniciativas de desarrollo económico y social, con resultados nefastos en
todos los niveles de la sociedad.
Para
el 2012, la economía había comenzado a despuntar y, como resultado de las
medidas fiscales tomadas, los mercados recuperaron la confianza en el Gobierno
y se logró aumentar la clasificación crediticia del Gobierno.
Desafortunadamente, las acciones erradas y las políticas fallidas de la pasada administración,
en conjunto con la falta de liderazgo y capacidad para enfrentar la crisis
fiscal y socioeconómica, echaron por la borda los avances que se habían logrado
y no han permitido que Puerto Rico logre reactivar su economía, pueda poner sus
finanzas en orden ni pueda encaminarse hacia un desarrollo social y económico
sostenible a largo plazo.
La improvisación de la Administración García Padilla tuvo como
resultado la pérdida de confianza de los inversionistas. Ésta se centró en la
renegociación de la deuda con énfasis en diferimiento de los pagos, lo que
hubiese aumentado la carga de la deuda futura. El enfoque de la Administración
García Padilla en la reestructuración de la deuda fue una distracción de la
necesidad urgente de reducir los gastos gubernamentales, los cuales superaron
los ingresos por $6,000,000,000 en el Año Fiscal de 2013 (último año de las
finanzas auditadas). El servicio de la deuda del Gobierno de Puerto Rico de
alrededor de $3,000,000,000 es un poco más del 10% del gasto total y la eliminación
de la deuda por completo, sólo reduciría el déficit en un 50%.
La
ineficiente política pública de la Administración García Padilla trató de
encontrar una salida fácil y políticamente conveniente del caos que creó a
través de sus cuatro (4) años de improvisaciones y políticas incoherentes. La
Administración García Padilla rigió bajo la filosofía de “primero impuestos y
después recortes”. Esta filosofía propició la continuación del gasto desmedido
y el rechazo a políticas públicas que hubiesen permitido manejar eficientemente
los asuntos fiscales del Gobierno de Puerto Rico. También esta pasada
administración aumentó la tasa del Impuesto Sobre Ventas y Uso de un 7% a un
11.5% y aprobó aumentos al arbitrio sobre el crudo. La Administración García
Padilla nunca concretó eficiencias necesarias a la operación del Gobierno y al
excesivo gasto gubernamental. Esa política pública de imponer más de un
centenar de nuevos impuestos, ha tenido un efecto negativo en la economía y en
la riqueza del puertorriqueño.
Cada intento de la Administración García Padilla de evitar una
administración fiscal responsable llevó a Puerto Rico a alejarse de la
estabilidad fiscal y la sostenibilidad. La Administración García Padilla
propagó un discurso falaz con el fin de crear una dicotomía entre el proveer
servicios esenciales a la población y el cumplimiento de los compromisos del Gobierno.
Ésta afirmó que la deuda es “impagable” con el fin de evitar realizar los
cambios estructurales y operacionales necesarios para lograr eficiencias y
poder dar cumplimiento a obligaciones contractuales del Gobierno de Puerto Rico
y sus instrumentalidades. Esto creó un ambiente de incertidumbre entre
inversionistas locales y extranjeros interesados en el crecimiento económico de
Puerto Rico y eliminó el acceso del Gobierno a los mercados de capital.
La realidad de Puerto Rico hoy es que el Gobierno no es capaz de
brindar servicios esenciales de manera eficiente o efectiva, y tampoco es capaz
de cumplir con las obligaciones de pago a nuestros acreedores. Los mercados de
capital perdieron la confianza en el Gobierno de Puerto Rico debido a la falta
de trasparencia, carencia de formatos estandarizados para la recopilación y
presentación de la información financiera del erario.
Entre las políticas de la Administración García Padilla que han
llevado a la falta de credibilidad y acceso a la liquidez han incluido:
·
Aprobar la legislación local sobre quiebras
(la Ley de Recuperación) y luego insistir en litigar la constitucionalidad de
esta Ley conociendo su poca probabilidad de éxito;
·
Presionar al Congreso para que aplicara
retroactivamente el Capítulo 9 del Código de Quiebras Federal a las
subdivisiones del Gobierno de Puerto Rico;
·
Incumplir con los bonos de la Corporación para
el Financiamiento Público;
·
Amenazar con incumplir indiscriminadamente
todas las obligaciones del Gobierno de Puerto Rico sin tener en cuenta las
prioridades establecidas por la Constitución, estatutos y contratos del
Gobierno de Puerto Rico;
·
Retrasar la publicación de los estados financieros
auditados e intentar reemplazarlos con proyecciones y análisis de flujo de
efectivo hechos a la medida;
·
Realizar representaciones erróneas sobre la
disponibilidad de recursos.
La Administración García Padilla, demostró falta de prudencia y
negligencia ante la realidad económica de la Isla. Todas las acciones
realizadas por la Administración García Padilla confirman que su único fin fue
mantenerse en el poder para beneficiar a sus amigos mediante una malísima
administración de los recursos del erario de Puerto Rico.
Las actuaciones de la pasada administración no estuvieron
dirigidas a modificar las estructuras gubernamentales para lograr eficiencias
operacionales. Las medidas de reforma fiscal estuvieron centradas en imponer
más impuestos, en el impago de las obligaciones y en la improvisación a la hora
de gobernar. La improvisación se caracterizó además por medidas extraordinarias
que desangraron las finanzas de sectores que contaban con cierta autonomía
fiscal. Ejemplo de esto es la retención de pagos a suplidores, retraso en el
pago de reintegros a los contribuyentes y tomar dinero prestado de
corporaciones públicas con el conocimiento de que no tenían capacidad de
repago.
La ausencia de resultados positivos por parte de la pasada
Administración es fácilmente constatable cuando repasamos las constantes
degradaciones de las clasificaciones de la deuda del Gobierno de Puerto Rico.
Las casas acreditadoras Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings
degradaron la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones
públicas a nivel chatarra. El letargo financiero en el que se mantiene a Puerto
Rico no tiene justificación, particularmente en tiempos donde las tasas de
interés están a niveles tan bajos que algunas jurisdicciones han emitido deuda
inclusive a tasas de interés negativas.
Es hora de implementar una administración y política pública que
deje de improvisar y administrar las finanzas de año en año y empezar a abordar
el desequilibrio a largo plazo entre el gasto y los ingresos. Nuestro
compromiso en el Plan para Puerto Rico, es atender de manera responsable estas
situaciones. Con el mandato recibido el pasado 8 de
noviembre, es el momento de dejar atrás la filosofía del “me vale”, enrollarnos
las mangas y trabajar arduamente por el bienestar de Puerto Rico. Tenemos que mirar hacia el futuro y anticipar estos desafíos en
lugar de simplemente sobrevivir de una crisis a la siguiente. Los líderes y
funcionarios de los componentes gubernamentales de Puerto Rico deben
concentrarse en equilibrar los gastos y los ingresos, reducir el nivel de
intervención gubernamental en la economía de Puerto Rico y proporcionar un
ambiente de negocios competitivo, donde impere la buena fe, para que los
inversionistas y empresarios locales y externos lideren el camino hacia la
recuperación económica.
Todas estas políticas
erradas llevaron al Congreso de los Estados Unidos a promulgar PROMESA, delegando
en una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la facultad de trabajar con el
Gobierno de Puerto Rico para sacarnos de la crisis por la que atravesamos. La JSF reconoció que la economía de Puerto Rico está en
declive con un problema severo, y que es una prioridad hacerla más competitiva.
La JSF ha indicado que
Puerto Rico tiene un déficit fiscal masivo, una economía en declive y no se
cuenta con acceso a los mercados. La JSF analizó qué ocurriría si no se toman
medidas para corregir la actual situación fiscal. Este análisis resultó en una
brecha presupuestaria de $67.5 billones proyectados. Aun si el Gobierno no hiciera
pagos a la deuda existente, algo que no es una opción, Puerto Rico enfrenta un
déficit de $3.2 billones. El Gobierno tiene que reducir gastos, aumentar
recaudos o ambos para reducir el déficit de $7 billones. Esta Administración se
ha comprometido con el Pueblo a hacer los ajustes necesarios para poner la casa
en orden.
La Junta propuso
trabajar 3 asuntos de inmediato, antes del 15 de febrero de 2017, fecha en que
concluye la paralización del litigio sobre la deuda. Estos asuntos son:
o
Definir la naturaleza y magnitud de la situación económica y
fiscal de Puerto Rico.
o
Proveer un marco de referencia al Gobierno para desarrollar
políticas y planes para atender la situación fiscal y económica actual;
o
Proponer un camino para certificar un plan fiscal revisado
como un próximo paso de inmediato.
Esta Administración
reconoce que la JSF es una realidad. Por tal razón, es nuestro compromiso
trabajar mano a mano con ella para echar a Puerto Rico hacia delante. A esos
efectos, la JSF ha solicitado como prioridades de Puerto Rico el incluir un
plan y compromiso para implementar cambios significativos dirigidos a:
o
Restaurar el crecimiento económico y crear una economía más
competitiva. A corto plazo, se debe liberalizar el mercado laboral y los
programas de ayuda social, reducir el costo energético, racionalizar y
optimizar los impuestos y mejorar el proceso de permisos para promover la
inversión.
o
Restructurar el Gobierno para obtener presupuestos
balanceados mientras se mantienen los servicios esenciales para los
puertorriqueños.
o
Restructurar el sistema de pensiones conforme a PROMESA y
restablecer el acceso a los mercados capitales.
Para atender la crisis
por la cual atravesamos, es menester crear una reforma laboral comprensiva, que
incluya el aumentar la fuerza laboral de Puerto Rico, que ahora mismo es un 40%
(comparado con 60% en USA) y reducir la tasa de desempleo (13% en comparación a
4.5% en los demás estados). También tenemos que lograr una reforma energética
que logre buscar maneras de bajar el costo energético y mejorar su
infraestructura. Debemos llevar a cabo una reforma contributiva que transforme
el sistema tributario en uno más sencillo y transparente. Tenemos que mejorar
el sistema de captación de impuestos, que está en un 65% versus un 85% a nivel
nacional. Hay que agilizar el sistema de permisos para permitir que se
beneficie de nueva inversión. También continuaremos expandiendo las alianzas
público privadas, para mejorar la economía y la infraestructura.
Por
otro lado, a tenor con PROMESA, el Task Force Congresional creado al amparo de
esa ley, hizo una serie de recomendaciones al Congreso dirigido a la relación
del Gobierno Federal con Puerto Rico, para asistir en que la Isla pueda salir
de esta crisis. Uno de los principales objetivos de la JSF es trabajar con el
plan fiscal que desarrolle el Gobierno de Puerto Rico y ponerlo en ejecución.
Distinto a la pasada administración, que envió a la JSF un plan irreal que no
tomaba en consideración la realidad fáctica y económica de Puerto Rico, esta
Administración está comprometida en trabajar un plan realista y viable por el
bienestar de Puerto Rico.
Por
otro lado, desde el 2014, han estado en vigor varias disposiciones relacionadas
a suspender temporeramente algunos beneficios que reciben los empleados
públicos para tratar de atender la crisis fiscal. Aunque se trató de medidas temporeras,
la situación en la que hemos recibido el Gobierno nos lleva a tener que incorporar
en esta Ley algunas disposiciones que están programadas a vencer el 1ro. de
julio de 2017.
Por
otro lado, para garantizar el funcionamiento adecuado del Gobierno de Puerto
Rico, es menester garantizar la continuidad de los ingresos del Gobierno. La
Ley 154-2010, enmendó el Código de Rentas Internas de 1994, a los fines de
crear un arbitrio a la adquisición de cierta propiedad
mueble y servicios. Dicho arbitrio, es una de las fuentes más consistentes de
ingreso a las arcas gubernamentales. En el Año Fiscal 2015-2016, el Gobierno
de Puerto Rico recibió $1,862,303,000 provenientes de este arbitrio. Al mes de
noviembre del Año Fiscal 2016-2017, han ingresado en las arcas gubernamentales más
fondos por concepto de este arbitrio que a la misma fecha el Año Fiscal
anterior. Este arbitrio ha demostrado funcionar y ha sido una fuente de ingreso
consistente al erario. No obstante, esta fuente de recaudo, está destinada a
expirar el 31 de diciembre de 2017. Debido a la difícil situación económica del
Gobierno de Puerto Rico, esta Asamblea Legislativa entiende que es necesario,
extender este arbitrio.
En
atención a lo anterior, en virtud del poder de razón de Estado y de conformidad
con el Artículo II, Secciones 18-19, y el Artículo VI, Secciones 7-8, de la
Constitución de Puerto Rico, se declara la existencia de una situación de urgencia
económica y fiscal grave en Puerto Rico que hace necesaria la aprobación de
esta Ley especial de carácter socioeconómico que ayude al Estado a contar con
la liquidez suficiente para poder pagar la nómina de los empleados públicos y
sufragar los servicios esenciales que ofrece a sus ciudadanos. Ejercemos este poder
de razón de Estado, según discutido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico como
“aquel poder inherente al Estado que es utilizado por la Legislatura para
prohibir o reglamentar ciertas actividades con el propósito de fomentar o
proteger la paz pública, moral, salud y bienestar general de la comunidad, el
cual puede delegarse a los municipios”. Domínguez Castro v. E.L.A.,
178, D.P.R. 1, (2010), a la pág. 36.
De
igual forma, nuestro más alto foro se ha expresado recientemente sobre el uso
del poder de razón de Estado en momentos de crisis. En este sentido, dicho
Foro expresó que la inminencia de la crisis fiscal decretada por la Ley 7-2009,
conocida como “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y
Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de
Puerto Rico”, quedó evidenciada en su Exposición de Motivos. Luego de analizar
la Exposición de Motivos de esa Ley, el Tribunal validó la Ley y dispuso que
las medidas eran necesarias y razonables para adelantar el interés
gubernamental importante que perseguía la Ley 7-2009 de frenar dicha crisis. Véase,
Domínguez Castro v. E.L.A., supra, págs. 88-89. De igual forma,
reconoció “la precariedad de la economía como una realidad que necesariamente
pesa en la definición del ámbito de la acción gubernamental bajo el poder de
razón de Estado” y que en el ejercicio de dicho poder, “la Legislatura goza de
amplia facultad para aprobar reglamentación económica dirigida a promover el
bienestar de la comunidad”. Íd., pág. 37.
Posteriormente, el Tribunal Supremo validó la Ley
3-2013 sobre el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos en el caso Trinidad
Hernández v. E.L.A., 188 D.P.R. 828 (2013), entendiendo que la Legislatura
había ejercido el poder de razón de Estado para detener la insolvencia del
Sistema de Retiro de Empleados Públicos. La Exposición de Motivos de esa
disposición legal demostró que el Sistema de Retiro se encontraba en una crisis
fiscal inminente, al punto que, de no tomarse las medidas los activos netos del
sistema serían negativos y, para el Año Fiscal 2018–2019, se quedaría sin
fondos suficientes para cubrir el pago de sus obligaciones, entre las que se
encuentra el pago de pensiones a los propios pensionados. Íd., págs. 836-837. El
Tribunal Supremo razonó que “de la exposición de motivos... se desprende que
las medidas adoptadas son necesarias y razonables para atender de forma
adecuada la crisis financiera que atenta contra la solvencia actuarial de este
sistema”. Añadió que, “ello ciertamente constituye un interés público
importante pues, al garantizar la solvencia económica del sistema, se beneficia
a todos sus participantes y se atiende, en parte, la crisis fiscal que enfrenta
el País en protección del bienestar de todos los puertorriqueños”. Trinidad
Hernández, supra, pág. 837. Concluyó que la norma es constitucional “porque, a pesar de que existe un menoscabo sustancial
de las obligaciones contractuales en controversia, las medidas implantadas son
razonables y necesarias para salvaguardar la solvencia actuarial del Sistema de
Retiro, y no existen medidas menos onerosas para lograr ese fin”. Íd., pág. 839.
Del mismo modo, recientemente, en el caso Asociación
de Maestros de Puerto Rico v. Sistema de Retiro de Maestros de Puerto Rico,
190 D.P.R. 854 (2014), el Tribunal Supremo pasó juicio sobre las medidas
aprobadas mediante la Ley 160-2013 para solventar la crisis del Sistema de
Retiro de Maestros y determinó que la ley no adelantaba el interés estatal
importante requerido por nuestro ordenamiento constitucional en casos de
reformas de sistemas de retiro: garantizar
la solvencia del mismo sistema. Por ello, resolvió
que la Ley 160–2013, en lo que respecta al menoscabo de obligaciones contractuales,
es irrazonable y, por lo tanto, inconstitucional. Íd., pág. 12. En esa
ocasión, el Tribunal fue enfático al destacar que las medidas aprobadas serán
constitucionales si son razonables y necesarias “para adelantar su solvencia actuarial
y no existen medidas menos onerosas para lograr ese fin”. Íd., pág. 8.
Usando
como base este marco legal, esta Asamblea Legislativa entiende que las medidas
que se toman en esta Ley, son necesarias y razonables para atender de forma
adecuada la crisis fiscal, económica y presupuestaria por la que atraviesa
Puerto Rico. Esta medida, se promulga con la facultad de esta Asamblea
Legislativa para aprobar y promulgar legislación económica
dirigida a promover el bienestar de la comunidad puertorriqueña.
Finalmente, bajo la Constitución de Puerto Rico, se le concedió al Gobernador la facultad expresa para “[n]ombrar, en
la forma que se disponga por esta Constitución o por ley, a todos los
funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado”. Const. E.L.A., Art. IV,
Sec. 4. No obstante, la Constitución no limita la facultad del gobernador para
destituir empleados. Díaz Carrasquillo v. García Padilla,
191 D.P.R. 97, 112-13 (2014). Surge del Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente de Puerto Rico que se discutió la posibilidad de que la Asamblea
Legislativa pudiera variar el término de duración del cargo de los secretarios
de gobierno, inmiscuyéndose así con la Rama Ejecutiva pero, “ante la
preocupación de que esto no fuera cónsono con el sistema republicano de
gobierno que se pretendía perpetuar mediante la Constitución” se decidió que
“no se debía establecer un término de duración para los cargos de los
secretarios de gobierno”. Díaz Carrasquillo,
supra, citando 3 Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente 2268-2271 (1952).
Sobre el poder de un Gobernador para remover
funcionarios nombrados a términos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha
expresado que un empleado gubernamental es de libre remoción por el Gobernador
cuando incide en la formulación de política pública. Díaz Carrasquillo v.
E.L.A., 191 D.P.R. 97 (2014). Solo en el caso de que un
empleado realice funciones primordialmente cuasi legislativas o cuasi
judiciales, al Gobernador se le podrá requerir que demuestre justa causa
para su destitución. También es preciso analizar la totalidad de las
circunstancias para determinar si, independientemente de las funciones que
realiza el funcionario, las restricciones impuestas por la Asamblea Legislativa
inciden en la facultad del Gobernador de descargar sus funciones ejecutivas. En
la misma opinión, el Alto Foro subraya que “un
funcionario público no puede reclamar un interés propietario sobre un cargo que
ostentaba cuando este ha sido eliminado por la Asamblea Legislativa. Id. Cualquier
cargo público comprendido dentro del Servicio Civil Clasificado puede ser
abolido de buena fe por la Legislatura, pues las leyes de Servicio Civil no
garantizan a ningún empleado público el derecho a ocupar un puesto que ya no es
necesario. Gómez v. Negrón, 65 D.P.R. 305, 308 (1945). Esto
aplica siempre y cuando la actuación sea de buena fe y no sea un subterfugio
para destituir al empleado de su cargo, lo cual sucede cuando acto seguido a la
derogación se crea otro cargo cuyos deberes y obligaciones son iguales al
anterior, pero con otro nombre.” Díaz Carrasquillo, supra.
Actualmente, como es sabido, nos encontramos bajo las disposiciones
de la Ley PROMESA. Conforme el Art. 101 de dicha Ley, la JSF, a su plena
discreción, en el momento que considere apropiado, podrá designar a cualquier
instrumentalidad territorial como una instrumentalidad territorial cubierta y
sujeta a las obligaciones de la referida Ley. A este momento, la JSF ha
designado todas las corporaciones públicas como instrumentalidades cubiertas.
En cuanto a estas instrumenalidades, la JSF podrá exigir, en su plena discreción,
que el Gobernador las incluya en el plan fiscal aplicable o un plan fiscal por
separado. Si la JSF opta por la segunda alternativa, podrá exigir que el
Gobernador desarrolle dicho plan fiscal separado para la instrumentalidad en
cuestión.
En general, según la Ley PROMESA, un plan fiscal contemplará
estimados de recaudos y gastos; garantizará el financiamiento necesario para
los servicios públicos esenciales; contemplará el financiamiento suficiente
para los sistemas de retiro; contemplará la eliminación de déficit
estructurales; contemplará una carga de endeudamiento que sea sostenible;
mejorará la gobernanza fiscal; la rendición de cuentas y los controles
internos; permitirá alcanzar las metas fiscales; creará previsiones financieras
para el periodo cubierto; incluirá un análisis de sostenibilidad de deuda;
contemplará los gastos capitales y las inversiones necesarias para promover el
crecimiento económico; adoptará recomendaciones de la Junta; incorporará toda
información adicional que la Junta estime necesaria; garantizará que los
activos, fondos o recursos de una instrumentalidad no se presten, o transfieran
de alguna forma no autorizada y respetará las prioridades aplicables.
Por otro lado, conforme el Artículo 205 de PROMESA, la JSF podrá
someter en cualquier momento recomendaciones al Gobernador o a la Legislatura
sobre acciones que el gobierno territorial deba tomar para garantizar el
cumplimiento del plan fiscal o para: promover de alguna otra manera la
estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad
administrativa y la eficiencia en la prestación de servicios. Hechas las
recomendaciones, el Gobernador tendrá que someter una declaración indicando si
el gobierno adoptará la recomendación. Si no la adopta, el Gobernador deberá
explicar al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso sus razones para no
adoptarlas.
De las disposiciones antes mencionadas, debe quedar claro que, para
poder trabajar con el plan fiscal que ha sido requerido y las disposiciones de
PROMESA, este Gobierno tiene que garantizar que todas las entidades públicas,
incluyendo las corporaciones públicas, estén en la misma página en cuanto al
plan fiscal y la política pública trazada para cumplir con éste. Ante la JSF,
el Presidente de los Estados Unidos y el Congreso, el Gobernador es el
responsable de implantar el Plan Fiscal y dar explicaciones sobre lo que se
hace o se deja de hacer en todas las instrumentalidades del Gobierno. Por tal
razón, esta Asamblea Legislativa entiende que es menester que todos los
funcionarios públicos de alta jerarquía, incluyendo los miembros de las juntas
de directores de las diferentes corporaciones públicas, estén comprometidos con
el plan fiscal que trabajaremos mano a mano con la JSF. Así pues, para poder
cumplir con la Ley PROMESA y los requerimientos de la JSF, es indispensable que
el Gobernador tenga la facultad de nombrar el personal requerido para implantar
y ejecutar el plan fiscal. Ante esta nueva realidad, mediante la presente Ley, se
deroga cualquier requisito de justa causa que pueda aplicar se declara que
deberán gozar de la confianza del Gobernador todos los puestos de las Juntas de
Directores de las corporaciones públicas que son nombrados por éste. Así mismo
se autoriza al Primer Ejecutivo a nombrar inmediatamente a todos los miembros
de dichas Juntas a los fines de poder cumplir ágilmente con el plan fiscal y
demás requerimientos de la JSF.
Nos hacemos eco de las expresiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico
en Santana Y Otros v. Gobernadora Sila María
Calderón Y Otros, 165 D.P.R. 28, 47-48 (2005). En dicha
ocasión, el Tribunal sentenció, y citamos:
“Nuestra Constitución por lo tanto adoptó un Poder Ejecutivo
unitario al investir a un solo funcionario -el Gobernador- con la autoridad
suprema en la Rama Ejecutiva "sin limitaciones de ninguna clase."
Ello permite impartirle dinamismo y unidad de propósito a la Rama Ejecutiva;
fortalece al Primer Ejecutivo en la protección de sus prerrogativas
constitucionales frente a lo que serán intentos de socavar las mismas por las
otras ramas; y le hace responsable único de la gestión de una de las tres ramas
de gobierno frente a la ciudadanía.
El investir al Gobernador con la facultad y autoridad suprema en el
Poder Ejecutivo "sin limitaciones de ninguna clase", requiere, para
que esa expresión tenga verdadero contenido que, como mínimo, el Primer
Ejecutivo tenga la autoridad legal para impartir instrucciones u órdenes de
carácter obligatorio a los funcionarios de la Rama Ejecutiva que nombra, para
que se tomen las medidas que a su juicio adelanten la política pública del
gobierno. Ello a su vez supone que el Gobernador tiene la facultad de
remover a ese funcionario si rehúsa actuar acorde a lo que es la política
pública expresada por el Gobernador. Solo de esta forma el Primer Ejecutivo se
cerciorará que se ejecuta la política pública establecida y se cumpla con la
ley. En última instancia, el poder de destituir es equivalente al poder de
controlar las acciones de los funcionarios del ejecutivo que formulan o
contribuyen a formular política pública.
Por otro lado, la sección 4 del Art. IV de la Constitución, enumera
los deberes, funciones y atribuciones constitucionales del Gobernador, entre
las que se encuentra la obligación de "cumplir y hacer cumplir las
leyes." Para cumplir con esta obligación constitucional el Gobernador
tiene que nombrar funcionarios que le puedan asistir en dicha encomienda. Es
evidente que no es posible que tal responsabilidad recaiga exclusivamente sobre
una persona.
La esencia del concepto poner en vigor la ley "no es la mera
interpretación e implementación del mandato legislativo, sino es determinar quién
ejerce la última autoridad sobre los oficiales que implementan la ley." Noriega
v. Hernández Colón, 112 D.P.R. 406, 463 (1994). (Énfasis nuestro.) Secuela
entonces de la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley que impone la
Constitución, está el poder de ejercer "la última autoridad sobre . .
.[los] oficiales" que asisten al Gobernador en el descargo de esa
responsabilidad; lo que implica necesariamente el poder de remoción de quienes
incumplan con esa responsabilidad.”
Es
bajo este marco legal, que esta Asamblea Legislativa, entiende que la crisis
fiscal por la cual atraviesa Puerto Rico es superable pero, solo si el
Gobernador cuenta con un equipo comprometido con implantar y hacer cumplir el
plan fiscal que está siendo elaborado. Esta decisión no es un subterfugio para
remover a funcionarios públicos de su cargo. Esta Ley no elige aquellos
miembros que serán removidos, sino que se remueven a todos, para que sea el
Gobernador quien los elija. Esta decisión no se toma de forma liviana sino que
llegamos a ella por entender que, bajo el nuevo estado de Derecho creado por la
aprobación de la Ley PROMESA y la llegada de la JRT, impedirle al Gobernador
contar con el brazo ejecutivo a cargo de la corporaciones públicas, incidiría
en la formulación de política pública y destinaría al fracaso la implantación
del Plan Fiscal y la restructuración de la deuda. Por ende, estos funcionarios
deben ser de libre remoción por el Gobernador.
DECRÉTASE
POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.-Esta Ley se conocerá y podrá ser
citada como “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para
Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”.
Artículo 2.-Primacía de esta Ley
Esta Ley se aprueba en el ejercicio del
poder de razón del Estado, así como en la facultad constitucional que tiene la
Asamblea Legislativa, reconocida en el Artículo II, Secciones 18 y 19 de la
Constitución de Puerto Rico, de aprobar leyes en protección de la vida, la
salud y el bienestar del pueblo, así como en casos de grave emergencia cuando
estén claramente en peligro la salud, la seguridad pública o los servicios
gubernamentales esenciales, así como al amparo de la Secciones 7 y 8 del
Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. Por esta razón, esta Ley tendrá
primacía sobre cualquier otra ley.
Artículo 3.-Declaración de Política Pública
Es Política Pública de esta Asamblea
Legislativa que la responsabilidad fiscal es la clave para que Puerto Rico
recupere su credibilidad ante los inversionistas y mercados financieros,
restablezca su crédito y regrese al camino del manejo responsable de la deuda y
de sus finanzas, logrando una eficiente restructuración de la misma. Por tal
razón, esta Asamblea Legislativa declara que esta Ley es razonable y necesaria
para atender la grave crisis fiscal, económica y presupuestaria por la que
atraviesa el Gobierno de Puerto Rico.
Esta política pública garantiza la
continuidad de la gestión pública en áreas esenciales de salud, seguridad,
educación, trabajo social y desarrollo, entre otros, así como la prestación de
los servicios necesarios e indispensables para la ciudadanía.
Artículo 4.-Las medidas tomadas en esta Ley,
estarán en vigor hasta el 1ro. de julio de 2021, o, si ocurre antes, el 1ro. de
julio de cualquier Año Fiscal para el cual, como parte de su respectivo proceso
de recomendación del Presupuesto General de Gastos sometido por el Gobernador a
la Asamblea Legislativa, se haya incluido una certificación firmada por los
funcionarios concernidos en la que:
(a)
El Presidente de la Junta de Planificación
certifica que el crecimiento real en el Producto Nacional Bruto proyectado para
dicho Año Fiscal es igual o mayor a uno punto cinco (1.5) por ciento;
(b)
el Director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) certifica que una reconocida casa de acreditación en los mercados
de capital ha calificado, a la fecha de la certificación, el crédito de
obligaciones generales del Gobierno de Puerto Rico como de grado de inversión;
y
(c)
el Secretario de Hacienda y el Director de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto certifican que, el Año Fiscal concluido
inmediatamente previo a la fecha en la cual se está presentando la
certificación, cerró o se estima que haya cerrado sin refinanciamiento de
obligaciones generales del Gobierno de Puerto Rico, ni financiamientos públicos
o privados que se hayan utilizado para cubrir brechas en las proyecciones de
recaudos o gastos en exceso de las asignaciones correspondientes.
Artículo 5.-Aplicabilidad.
Las disposiciones contenidas en esta
Ley, serán aplicables a todas las Entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno
de Puerto Rico. Para propósitos de esta Ley, se entenderá que el término
“Entidad de la Rama Ejecutiva” incluye a todas sus agencias, así como a las
instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico,
irrespectivo del grado de autonomía fiscal o presupuestaria que de otra forma
le confiriere su ley orgánica u otra legislación aplicable. Sin embargo, esta
Ley no será de aplicación a la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de
Ética Gubernamental, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y
la Oficina del Contralor Electoral a menos que expresamente así se disponga.
Tampoco se considerará como Entidad de la Rama Ejecutiva para propósitos de
esta Ley, a la Universidad de Puerto Rico y sus dependencias, ni a los
Municipios.
Artículo 6.-Suspensión de algunos
convenios, leyes o reglamentos.
Se entenderá suspendida, durante la
vigencia de esta Ley, toda disposición o norma en convenio, ley, reglamentación
o disposición administrativa que resulte contraria o interfiera con lo aquí
dispuesto. Lo anterior incluye, sin que se entienda como una limitación, toda
disposición o norma que establezca o pretenda establecer como obligación la
ocupación de puestos adicionales, las condiciones en que se reemplazan
empleados, la categoría de puestos ocupados; o que restrinja, o pretenda
restringir de cualquier forma, la facultad del Gobierno de determinar el
volumen o tipo de plantilla necesaria para su funcionamiento y para la
provisión de servicios a la ciudadanía.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto
promulgará la reglamentación necesaria de acuerdo con las disposiciones de este
Artículo.
Artículo 7.-Concesión de Aumentos en
Beneficios Económicos o Compensación Monetaria Extraordinaria.
Desde y durante la vigencia
de esta Ley, no se concederán aumentos en beneficios económicos ni compensación
monetaria extraordinaria a los empleados de las Entidades de la Rama Ejecutiva,
con excepción a:
(a)
Licencias con sueldo para estudios, seminarios,
cursos o talleres siempre y cuando se suscriba un acuerdo legal donde conste
que el empleado beneficiado se obliga a brindar servicios por un tiempo
equivalente al doble del tiempo que le tome completar los estudios, seminarios,
cursos o talleres y el deber de devolución de la licencia pagada en caso de
incumplimiento;
(b)
Programas de becas para empleado;
(c)
Programas de ayuda al empleado;
(d)
Programas de cuido de niños;
(e)
Planes de adiestramiento, capacitación y
desarrollo hasta un máximo de seiscientos dólares ($600) por empleado.
No obstante lo anterior, con excepción de los programas
de ayuda al empleado, y de los adiestramientos que brinda la Oficina de
Capacitación y Asesoramiento Laboral y de la Administración de Recursos Humanos
(OCALARH), la autoridad nominadora o su representante autorizado deberá
considerar que las situaciones antes provistas constituyen un aumento en
beneficios económicos o compensación monetaria extraordinaria cuando ello
resulte necesario para atemperar los gastos de la Entidad de la Rama Ejecutiva
al presupuesto aprobado o para superar una proyección de déficit operacional.
La Ley 66-2014 dispondrá lo que es considerado como un
aumento en beneficio económico o una compensación monetaria extraordinaria y a
cuáles empleados le habrá de aplicar. Los convenios colectivos vigentes se
extenderán conforme al Artículo 8 de esta Ley.
Artículo 8.-Negociación de convenios
vencidos.
Los convenios colectivos expirados a
la fecha del comienzo de la vigencia de esta Ley o que expiren durante la
vigencia de la misma, serán extendidos en cuanto a las cláusulas no económicas
u otras cláusulas no afectadas por esta Ley, hasta el 30 de junio de 2021.
Dicha extensión constituirá impedimento para la presentación y celebración de
elecciones de representación.
Una vez terminada la vigencia de esta
Ley, los sindicatos que al 1ro. de julio de 2014 representaban a los empleados
unionados en cada Entidad de la Rama Ejecutiva, podrán comenzar la negociación
de nuevos convenios colectivos, incluyendo cláusulas económicas y no
económicas, y las Entidades de la Rama Ejecutiva negociarán los mismos,
conforme la normativa y derecho aplicable, y considerando primordialmente las
realidades de la situación económica y fiscal de la Entidad
de la Rama Ejecutiva y del Gobierno en general.
Artículo 9.-Prácticas ilícitas.
La implementación de cualquier medida
autorizada en esta Ley, ya sea por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, las Entidades
de la Rama Ejecutiva y sus respectivos funcionarios, el Gobernador, o
cualquiera de los representantes de éstos, no constituirá una violación a los
convenios colectivos existentes ni constituirá una práctica ilícita.
Las disposiciones contenidas en este
Artículo le aplicarán también a la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina
de Ética Gubernamental, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente
y la Oficina del Contralor Electoral.
Artículo 10.-Foro para dirimir
controversias.
Cualquier controversia que surja a tenor
con las disposiciones de esta Ley, será dirimida en la Comisión Apelativa del
Servicio Público (CASP) o en la Junta de Relaciones del Trabajo, según sea el
caso, conforme a las disposiciones de la Ley 66-2014.
Artículo 11.-Transporte Escolar.
Se autoriza y ordena al Secretario de
Educación a continuar estableciendo medidas y estrategias alternas para
maximizar la efectividad y costo eficiencia en el transporte escolar,
particularmente la subcontratación directa o indirecta con los Municipios, así
como con cualquier Entidad de la Rama Ejecutiva, o entidad privada que garantice un ahorro en el pago por la
prestación del servicio, así como un estudio sobre las rutas del transporte
escolar. Asimismo, se ordena al Secretario de Educación que, conjuntamente con
la Oficina de Gerencia y Presupuesto, elaboren y/o revisen el plan de control
adecuado de pagos efectuados por servicios prestados y la evaluación de
documentos que validen la prestación de dichos servicios. El Departamento de
Educación no podrá gastar cantidades mayores de fondos estatales en transporte
escolar de la cantidad que se establezca en la Resolución Conjunta del
Presupuesto General, o en caso que no se desglose y especifique con ese detalle
en dicha Resolución Conjunta, la cantidad que se presupueste y se contabilice
al inicio del Año Fiscal dentro de su presupuesto aprobado. Ni el Secretario
de Educación ni la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrán transferir fondos
adicionales durante un Año Fiscal para cubrir gastos en exceso del presupuesto,
ni posibles sobregiros por este concepto. Se le autoriza y faculta al
Secretario de Educación a tomar todas las medidas necesarias para renegociar,
reestructurar o modificar los contratos con los porteadores para cumplir con el
mandato de austeridad y control de gastos, según antes dispuesto. No obstante
lo dispuesto en cualquier otra ley, el Secretario estará facultado a proveer,
modificar o cancelar el contrato de servicio o acuerdo legal de cualquier porteador, de
proveer servicios de transporte escolar en las zonas de servicio y bajo las
condiciones que éste determine. Del mismo modo, el Secretario queda facultado
a recobrar el dinero pagado, o a no pagar, por aquellos servicios de transporte
escolar cobrado por estudiante matriculado, pero no prestado debido a
ausentismo, traslado o deserción.
Artículo 12.-Control fiscal y
reconstrucción económica.
CONGELACIÓN DE PUESTOS
VACANTES.- Todos los puestos regulares de carrera, transitorios e irregulares
que se encuentren vacantes a la fecha de esta Ley o que advengan vacantes con
posterioridad a la vigencia de esta Ley, permanecerán vacantes hasta el 30 de
junio de 2017. Ninguna agencia podrá llenar dichos puestos vacantes por
cualquier método (nombramiento, promoción, traslado u otros) sin previa
autorización escrita del Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP).
PROHIBICIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS PUESTOS.- A partir de
la vigencia de esta Ley, ninguna agencia podrá crear nuevos puestos regulares
de carrera, transitorios o irregulares, o podrá renovar nombramientos de
puestos transitorios e irregulares a su expiración, salvo la previa
autorización escrita del Director Ejecutivo de la OGP.
ELIMINACIÓN DE PUESTOS DE CONFIANZA.- A partir de la
vigencia de esta Ley, cada agencia deberá eliminar el veinte por ciento (20%)
de todos los puestos de confianza autorizados salvo a la previa autorización
escrita del Director Ejecutivo de la OGP.
REDUCCIÓN DE GASTOS OPERACIONALES.- A partir de la
vigencia de esta Ley, cada agencia deberá reducir sus gastos operacionales para
el remanente Año Fiscal en curso 2016-2017 por una cantidad equivalente al diez
por ciento (10%) de la mitad del total de gastos presupuestarios para dicho Año
Fiscal, salvo a la previa autorización escrita del Director Ejecutivo de la OGP.
PROCEDIMIENTOS DE EXCEPCIÓN.- El Director Ejecutivo de
la OGP tendrá la autoridad para autorizar excepciones a esta Ley en caso de que
el puesto en cuestión sea (a) requerido por mandato de ley federal o estatal o
por orden del tribunal; (b) sea esencial para proteger la salud, seguridad y
bienestar de los ciudadanos; (c) sea necesario para lograr las economías
presupuestarias, para proteger ingresos estatales existentes o generar ingresos
estatales adicionales; (d) sea necesario para proveer necesidades básicas a
residentes de instituciones o facilidades del Estado; y (e) sea necesario para
la administración y gobernabilidad de la agencia en cuestión.
PUESTOS ESENCIALES.- Para fines de esta Ley el Director
Ejecutivo de la OGP puede considerar los siguientes puestos como esenciales
para proteger la salud, seguridad y bienestar de los ciudadanos: (a) maestros
que ofrecen servicios directos a estudiantes, (b) policías que ofrecen
servicios directos en las comunidades, (c) profesionales de salud que ofrecen
servicios directos a pacientes; y (d) trabajadores sociales que ofrecen
servicios sociales directos a ciudadanos.
NULIDAD DE TRANSACCIONES DE PERSONAL CONTRARIAS A ESTA
LEY.- Todo nombramiento o cualquiera otra transacción de personal realizada
para llenar un puesto vacante o para crear u ocupar un nuevo puesto en
contravención de esta Ley será nula. El Director Ejecutivo de la OGP queda por
la presente autorizado a retirar del presupuesto de la agencia la partida
correspondiente a la compensación total (incluyendo beneficios y otras
aportaciones) pagada por concepto del empleado ocupando el puesto en cuestión.
CORPORACIONES PÚBLICAS.- Se recomienda que las
Corporaciones Públicas del Gobierno de Puerto Rico sigan las directrices de
control fiscal referente a la eliminación de puestos de confianza en un veinte
por ciento (20%) y la reducción de gastos operacionales para el remanente del Año
Fiscal en curso 2016-2017 por una cantidad equivalente al diez por ciento (10%)
de la mitad del total de gastos presupuestarios para dicho Año Fiscal.
VEHÍCULOS OFICIALES.- Las agencias podrán contar con los
servicios de vehículo oficial, cuyo uso será determinado por la agencia. Esta
disposición no aplica a vehículos de servicio tales como patrullas,
ambulancias, camiones y otros vehículos necesarios para los servicios que
presta la agencia, salvo la previa autorización escrita del Director Ejecutivo
de la OGP.
TARJETAS DE CRÉDITO.- Se prohíbe el uso de tarjetas de
crédito oficiales que son sufragadas con fondos públicos, salvo la previa
autorización escrita del Director Ejecutivo de la OGP.
VIAJES FUERA DE PUERTO RICO.- Se prohíbe el uso de
fondos públicos para viajes fuera de Puerto Rico por parte de funcionarios,
empleados de agencias, excepto cuando tales viajes sean esenciales para el
desempeño de funciones oficiales y los mismos hayan sido previamente
autorizados por el Secretario de la Gobernación. Todo viaje debidamente
autorizado tiene que cumplir cabalmente con los requisitos de los reglamentos
en vigor con respecto a viajes fuera de Puerto Rico.
TELÉFONOS CELULARES Y OTROS SERVICIOS TECNOLÓGICOS.- Se
prohíbe el uso de fondos públicos para el pago de teléfonos celulares,
asistentes personales digitales (PDA’s), equipo de servicio de Internet
personal u otros servicios tecnológicos para uso exclusivo de jefes de agencia,
empleados y funcionarios de las agencias. Cada agencia deberá ir cancelando
todo contrato por los servicios antes descritos. El Director de la OGP podrá
conceder dispensas a este requisito. Las agencias deberán someter para la
autorización previa de la OGP todo plan para la adquisición de estos equipos.
REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO Y CONSUMO DE SERVICIO DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.- Los jefes de agencias tienen el deber de reducir
el consumo de los servicios públicos de energía eléctrica, así como de
acueductos y alcantarillados. A tales fines las agencias, deberán ejecutar e
implementar aquellas gestiones e iniciativas que reduzcan anualmente el consumo
total de energía eléctrica hasta lograr un ahorro promedio mínimo de un cinco
por ciento (5%). En lo que corresponde al consumo de acueductos y
alcantarillados, las entidades de la Rama Ejecutiva cuyos gastos de
funcionamiento se sufragan total o parcialmente con recursos del Fondo General
deberán reducir su gasto del consumo de acueductos y alcantarillados en un
cinco por ciento (5%) anual para los años fiscales 2016-17, 2017-18, 2018-19 y
2019-20 que refleje una reducción total de quince por ciento (15%) en los tres
(3) años. El por ciento de la reducción se computará tomando como base el
consumo de acueducto y alcantarillado realizado para el Año Fiscal 2015-16.
VACACIONES.- Cada agencia deberá desarrollar e implantar
de forma inmediata un plan para reducir la acumulación de días de vacaciones en
exceso de sesenta (60) días por parte de sus empleados. El empleado del
servicio público que acumule más de sesenta (60) días al final de cada año
natural, deberá disfrutar dicho exceso en la fecha más próxima en o antes de
los seis (6) meses siguientes del próximo año natural.
REDUCCIÓN EN CUANTÍA DE CONTRATOS.- El gasto anual
incurrido en servicios comprados o profesionales en cada agencia se reducirá en
no menos de un diez por ciento (10%) en comparación con el incurrido en el Año
Fiscal 2015-2016, y permanecerá por debajo de ese nivel, salvo la previa
autorización escrita del Director Ejecutivo de la OGP.
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO.- Las agencias deberán
someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, dentro del periodo de treinta
(30) días a partir de la vigencia de esta Ley, una lista de todos sus contratos
de arrendamientos vigentes, su cuantía y un resumen de la justificación para su
otorgamiento. Se especificarán aquellos contratos de arrendamiento que es
menester mantener por mandato de ley, o para cumplir con una obligación no
sujeta a discreción, o para preservar un servicio esencial a la ciudadanía.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá ordenar la no
renovación de contratos de arrendamiento o modificación de los mismos a su
vencimiento y eventual otorgación, salvo cuando ello resulte en detrimento de
un servicio esencial o acarrea un perjuicio económico mayor. En tal análisis,
la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá, además, determinar la posibilidad
de consolidar varias operaciones de varias agencias en un mismo local y
renegociar los cánones y términos de los contratos de arrendamiento para lograr
condiciones más favorables.
CONTRATOS EN CORPORACIONES PÚBLICAS.- Las Corporaciones
Públicas deberán establecer medidas de control y reducción de gastos, por medio
de sus cuerpos directivos relacionados a la contratación de arrendamientos y
servicios.
GASTOS EN COMPRAS.- Se ordena a todas las agencias del
Gobierno de Puerto Rico a reducir en un cinco por ciento (5%) los gastos en
compras para el Año Fiscal 2016-2017, salvo a la previa autorización escrita
del Director Ejecutivo de la OGP.
INFORME TRIMESTRAL.- Toda Entidad de la Rama Ejecutiva
tendrá el deber ministerial de preparar y enviar al Gobernador y a las
Secretarías del Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes, un informe
trimestral, a partir de noventa (90) días luego de aprobada esta Ley y durante
el periodo de su vigencia, que indique en forma segmentada y detallada las medidas
tomadas, los resultados y toda aquella información pertinente que demuestre y
pueda medir el cumplimiento con las disposiciones de esta Ley.
Las disposiciones de este Artículo
estarán vigentes y serán de aplicación hasta el 30 de junio del 2017.
Artículo 13.-Planes para las Sentencias Finales y Firmes
Pendientes De Pago
Ante el impacto negativo a la
estabilidad fiscal y operacional del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los
gobiernos municipales, que conllevaría el pago mediante una suma global, las
disposiciones de este Artículo serán aplicables a todas las sentencias finales
y firmes, con excepción de las relacionadas con expropiaciones, que a la fecha
de la aprobación de esta Ley se encuentren pendientes de pago, así como a las
que durante el transcurso de la vigencia de esta Ley se emitan, donde las
agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas, los municipios o el
Gobierno de Puerto Rico estén en la obligación de efectuar un desembolso de
fondos con cargo al Fondo General, el fondo de la corporación pública que se
trate, o con cargo al presupuesto municipal, según fuera el caso.
En aquellos casos donde las agencias,
instrumentalidades, corporaciones públicas, los municipios o el Gobierno de
Puerto Rico, o funcionarios acogidos a los beneficios de esta Ley, estén en la
obligación de efectuar un desembolso de fondos con cargo al Fondo General, al
fondo de la corporación pública que se trate o con cargo al presupuesto
municipal, según fuera el caso, y no exista un plan de pagos previamente
acordado por escrito y aprobado por el Tribunal, se aplicarán las disposiciones
contenidas en este Artículo. Ello con independencia de la naturaleza del
fallo, o si se tratare de una transacción administrativa, extrajudicial o
judicial. El Secretario de Justicia evaluará el plan de pago aplicable
conforme a la cuantía de la sentencia, luego de lo cual solicitará una
certificación de disponibilidad de fondos al Director de la Oficina de Gerencia
y Presupuesto, la Junta de Gobierno o cuerpo rector de la corporación pública
que se trate, o del Alcalde para el municipio correspondiente. Para efectos
únicos de la aplicación de este Artículo el término Estado incluirá el Gobierno
de Puerto Rico, las agencias e instrumentalidades, corporaciones públicas y los
municipios. Los planes de pago serán realizados conforme a los siguientes
términos:
(a)
Cuando la cantidad adeudada por el Estado,
corporación pública o por un municipio fuere igual o menor a cien mil
(100,000.00) dólares, podrá ser satisfecha mediante un plan de pago que
comprenderá entre uno (1) a tres (3) años desde que la obligación de pago
advenga final y firme.
(b)
Si la cantidad adeudada por el Estado,
corporación pública o por un municipio fuere mayor a cien mil (100,000.00)
dólares, pero menor a un millón (1,000,000.00) de dólares, podrá ser satisfecha
mediante un plan de pago que comprenderá entre tres (3) años y un (1) día a
cuatro (4) años desde que la obligación de pago advenga final y firme.
(c)
Si la cantidad adeudada por el Estado,
corporación pública o por un municipio fuere mayor a un millón (1,000,000.00)
de dólares, pero menor o igual a siete millones (7,000,000.00) de dólares,
podrá ser satisfecha mediante un plan de pago que comprenderá entre cuatro (4)
años y un (1) día a siete (7) años desde que la obligación de pago advenga
final y firme.
(d)
Si la cantidad adeudada por el Estado,
corporación pública o por un municipio fuere mayor de siete millones
(7,000,000.00) de dólares, pero menor a veinte millones (20,000,000.00) de
dólares, se satisfará mediante un plan de pago que comprenderá entre siete (7)
años y un (1) día a diez (10) años desde que la obligación de pago advenga
final y firme.
(e)
Si la sentencia adeudada por el Estado,
corporación pública o por un municipio fuere mayor de veinte millones (20,000,000.00)
de dólares, el plan de pago que aplique a la misma se fijará como parte del
proceso presupuestario siguiente a la fecha en que la obligación de pago
advenga final y firme, tomando en consideración la situación fiscal, cuyo plan
de pago nunca excederá la cantidad anual de tres millones (3,000,000.00) de
dólares.
(f)
Para efectos de determinar el plan de pago
aplicable, no se fragmentará la sentencia por cada reclamante, sino que se
tomará como valor de partida la totalidad de la misma.
(g)
De no haber disponibilidad de fondos para honrar
el plan de pagos en un Año Fiscal particular, éste será aplazado para el
próximo Año Fiscal, teniendo el efecto de extender automáticamente dicho plan
por el número de pagos no realizados.
(h)
En aquellos casos en que el Director de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto determine que el presupuesto de la agencia
puede absorber el plan de pago de una sentencia emitida en su contra, así se lo
informará a la agencia, quien deberá realizar los ajustes y negociaciones
necesarias para sufragar la misma con cargo a su propio presupuesto, sin que
sea necesario una asignación de fondos adicionales. En estos casos no se
permitirá la presentación de una solicitud de fondos adicionales ante la
Oficina de Gerencia y Presupuesto.
(i)
El Estado, la corporación pública o el municipio
no realizará pago alguno a menos que el acreedor de la sentencia provea una
certificación oficial emitida por la entidad pertinente, que indique la
ausencia de deuda con el Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudaciones
de Ingresos Municipales y la Administración para el Sustento de Menores. En el
caso de que el acreedor de la sentencia tenga deuda con alguna agencia, entidad
o corporación pública del Estado o con el propio municipio, la cantidad de la
misma se reducirá del total a pagar. En caso de que el acreedor de la
sentencia haya solicitado alguna revisión administrativa de la deuda, el
Gobierno de Puerto Rico, la corporación pública o el municipio, según sea el
caso, se abstendrá de emitir pago alguno hasta que el proceso de revisión haya
culminado. De confirmarse la existencia de la deuda impugnada, la cantidad de
la misma se reducirá del total a pagar.
Lo aquí establecido le será de
aplicación a los Municipios, los cuales mediante ordenanza municipal
establecerán los parámetros adecuados para su realización.
Los planes de pago de sentencias
otorgados por virtud de este Artículo mantendrán su vigencia y disposiciones
por el tiempo establecido en el plan de pago, sin que pueda afectarse o
invalidarse por haberse expirado el tiempo de la vigencia de esta Ley.
Artículo 14.-Control fiscal en las
corporaciones públicas.
Durante la vigencia de la presente
Ley, toda corporación pública deberá suspender las cláusulas no económicas
negociadas en los convenios vigentes que tienen efectos económicos directos o
indirectos en la operación de la corporación pública que agravan la situación
presupuestaria de la misma o que resulta necesaria suspender para aliviar la
situación presupuestaria. Se considerarán como cláusulas no económicas que
pueden tener un efecto económico directo o indirecto aquellas enumeradas en el
Artículo 17 de la Ley 66-2014.
Ante cualquier interrogante sobre si
determinada disposición de un convenio tiene o no un efecto económico directo o
indirecto en una corporación pública que agrava la situación presupuestaria de
la misma o que resulte necesaria suspender para aliviar la situación
presupuestaria se someterá una consulta a la Autoridad de Asesoría Financiera y
Agencia Fiscal de Puerto Rico, quien responderá en un término no mayor de
sesenta (60) días. La contestación a dicha consulta será vinculante para la
corporación pública que la haya sometido.
Disponiéndose, además que las
corporaciones públicas reconocerán a los empleados, unionados y no unionados
los balances de licencias por vacaciones acumuladas a la fecha de vigencia de
esta Ley, pero no podrán liquidar en efectivo los excesos acumulados antes y
durante la vigencia de esta Ley. Las corporaciones públicas deberán establecer
un plan para agotar el exceso de los balances acumulados para los empleados,
tanto unionados como no unionados, de manera tal, que al finalizar la vigencia
de esta Ley no hayan acumulaciones en exceso de lo permitido.
De igual forma, el exceso por licencia
de enfermedad acumulado por los empleados, unionados como no unionados, de las
corporaciones públicas previo a la fecha de vigencia de esta Ley, se congelará
al salario vigente al 30 de junio de 2014 y su liquidación en efectivo
solamente se hará en caso de desvinculación del servicio público. El exceso de
licencia por enfermedad que se acumule posterior a la vigencia de esta Ley, así
como aquel que se acumule al 31 de diciembre de cada año deberá disfrutarse en
o antes del 30 de junio del año siguiente del que fue acumulado; después de esa
fecha se pierde tal balance.
Anualmente, toda corporación pública
establecerá un proceso mediante el cual el Director Ejecutivo de la Entidad y
los representantes de sus respectivos gremios, evaluarán de forma transparente
la situación económica y las realidades fiscales de la respectiva corporación
pública. A la luz de la evaluación, según el mecanismo adoptado y de
establecerse que la corporación pública no opera con déficit, cuenta con una
condición financiera estable, y no depende del Fondo General para su operación,
se podrán iniciar negociaciones de aquellas cláusulas del convenio colectivo
que han sido congeladas bajo las disposiciones de este Artículo. Al finalizar
la vigencia de esta Ley, se reestablecerá el convenio colectivo vigente al
momento de entrar en vigor esta Ley por el término restante de vigencia, si
alguno, y tendrá efectos de carácter prospectivo.
Artículo 15.-Aportación de ahorros
producto de la medida de reducción de gastos contemplados en esta Ley de
corporaciones públicas en el campo de salud al déficit del Fondo General.
Los ahorros generados por la
Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles y la Corporación
para el Fondo de Seguro del Estado, como producto de la aplicación de las
disposiciones de esta Ley, de existir alguno, serán aportados al “Fondo de
Servicios y Terapias a Estudiantes de Educación Especial”, bajo la custodia del
Departamento de Educación, durante la vigencia de esta Ley.
Artículo 16.-Aportación de ahorros
producto de la medida de reducción de gastos contemplados en esta Ley de
corporaciones públicas en el campo de desarrollo económico al déficit del Fondo
General.
Los ahorros generados por las
corporaciones públicas relacionadas con la promoción del desarrollo económico,
y algunas otras corporaciones designadas en este Artículo, obtenidos por la
aplicación de esta Ley, serán aportados a un fondo para atender la crisis
fiscal del Fondo General.
Para propósitos de este Artículo, se
considerarán como corporaciones públicas relacionadas con la promoción del
desarrollo económico, las siguientes instrumentalidades: la Administración de
Terrenos, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la Autoridad del Distrito del
Centro de Convenciones de Puerto Rico, la Autoridad para el Financiamiento de
la Infraestructura de Puerto Rico, la Autoridad para el Financiamiento de la
Vivienda, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, el Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la Compañía de Fomento y Exportación,
la Compañía de Fomento Industrial, la Compañía de Turismo, la Corporación de
Seguros Agrícolas, y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de
Cooperativas de Puerto Rico. Además, aportarán a este fondo la Junta de
Gobierno del Servicio 9-1-1, y la Corporación del Centro Cardiovascular de
Puerto Rico y el Caribe.
Las respectivas cantidades
certificadas al 30 de junio de 2017 se considerarán de forma concluyente como
los ahorros generados por esta Ley para el Año Fiscal 2016 subsiguiente, y
serán transferidos al Departamento de Hacienda, por cada una de las
corporaciones públicas correspondientes, comenzando en o antes del 31 de julio
de 2017. Las corporaciones públicas obligadas a aportar al amparo de este
Artículo repetirán las respectivas transferencias adicionales, por una cantidad
idéntica a la pagadera durante el Año Fiscal 2017, comenzando el 31 de julio de
2018 para el Año Fiscal 2017, y en adelante cada 31 de julio, mientras
estuviera en vigor esta Ley.
Artículo 17.-Presupuesto de la
Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina
del Contralor Electoral y el Panel del Fiscal Especial Independiente.
Para cualquier Año Fiscal que termine
durante la vigencia de esta Ley, el presupuesto para la Comisión Estatal de
Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor
Electoral y el Panel del Fiscal Especial Independiente, será equivalente a su
respectivo presupuesto del Año Fiscal previo ajustado por el porcentaje de
reducción o incremento global en el Presupuesto General de Gastos con cargo al
Fondo General, implícita en el presupuesto recomendado por el Gobernador.
Dicho ajuste se calculará excluyendo las asignaciones propuestas para el
servicio de la deuda constitucional del Presupuesto General de Gastos con cargo
al Fondo General, tanto de la base del año previo como del monto recomendado
para el Año Fiscal bajo consideración. Igualmente, dicho ajuste excluirá de
ambas bases de comparación los respectivos presupuestos de la Rama Judicial, la
Asamblea Legislativa, la Oficina del Contralor, el Procurador del Ciudadano, la
Comisión de Derechos Civiles, la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de
Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor Electoral y el Panel del Fiscal
Especial Independiente.
Artículo 18.-Prohibiciones respecto a
la contratación de servicios, entre otros.
Se prohíbe la contratación de servicios profesionales o
comprados en Entidades de la Rama Ejecutiva en exceso de diez mil (10,000.00)
dólares en un mismo Año Fiscal, sin autorización previa escrita del Gobernador,
o la persona que éste delegue. Cualquier contrato otorgado en incumplimiento
de este requerimiento será nulo. Este requisito de autorización es en adición
a, y no sustituye, cualquier otra normativa aplicable, incluyendo normativa del
Gobernador, o la persona que éste delegue al amparo de Órdenes Ejecutivas de
control de gasto, o normativa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Artículo 19.-Presupuesto de la Rama
Judicial.
Para cualquier Año Fiscal que termine
durante la vigencia de esta Ley, el presupuesto de la Rama Judicial será
equivalente a su respectivo presupuesto del Año Fiscal previo, ajustado por el
porcentaje de reducción o incremento global en el Presupuesto General de Gastos
con cargo al Fondo General, implícita en el presupuesto recomendado por el
Gobernador. Dicho porcentaje de ajuste se calculará excluyendo las
asignaciones propuestas para el servicio de la deuda constitucional del
Presupuesto General de Gastos con cargo al Fondo General, tanto de la base del
año previo como del monto recomendado para el Año Fiscal bajo consideración.
Igualmente, dicho ajuste excluirá de la base de comparación los presupuestos de
la Rama Judicial, la Asamblea Legislativa, la Oficina del Contralor, el
Procurador del Ciudadano, la Comisión de Derechos Civiles, la Comisión Estatal
de Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor
Electoral y el Panel del Fiscal Especial Independiente.
Para el Año Fiscal inmediatamente entrante
al momento de terminación de la vigencia de esta Ley, la recomendación y
aprobación del presupuesto de la Rama Judicial se regirá nuevamente por la
legislación de ordinario aplicable. No se generará deuda, obligación, ni
compromiso de asignación o pago futuro alguno, debido a cualquier brecha entre
el presupuesto realmente asignado durante la vigencia de esta Ley, y lo que
hubiere sido el presupuesto producto de la aplicación de las fórmulas u otra
normativa contenidas en las leyes que de otra forma hubiesen gobernado la
confección del presupuesto.
La Rama Judicial, en el ejercicio de las facultades que
le confiere la Constitución de Puerto Rico, podrá adoptar cualquiera de las
medidas de reducción y/o control de gastos indicadas en esta Ley que les
resulte pertinente para atender cualquier insuficiencia presupuestaria
proyectada durante el término de vigencia de la presente Ley.
Artículo
20.-Presupuesto de la Asamblea Legislativa y entidades adscritas.
Para cualquier Año Fiscal que termine
durante la vigencia de esta Ley, el presupuesto para la Asamblea Legislativa y
cada una de sus entidades adscritas, entiéndase la Oficina del Contralor, el
Procurador del Ciudadano y la Comisión de Derechos Civiles, será equivalente a
su respectivo presupuesto del Año Fiscal previo, ajustado por el porcentaje de
reducción o incremento global en el Presupuesto General de Gastos con cargo al
Fondo General, implícita en el presupuesto recomendado por el Gobernador. Dicho
porcentaje de ajuste se calculará excluyendo las asignaciones propuestas para
el servicio de la deuda constitucional del Presupuesto General de Gastos con
cargo al Fondo General, tanto de la base del año previo como del monto
recomendado para el Año Fiscal bajo consideración. Igualmente, dicho ajuste
excluirá de la base de comparación los respectivos presupuestos de la Rama
Judicial, la Asamblea Legislativa, la Oficina del Contralor, el Procurador del
Ciudadano, la Comisión de Derechos Civiles, la Comisión Estatal de Elecciones,
la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor Electoral y el
Panel del Fiscal Especial Independiente.
Para el Año Fiscal inmediatamente
entrante al momento de terminación de la vigencia de esta Ley, la recomendación
y aprobación del presupuesto de cada entidad afectada por este Artículo se
regirá nuevamente por la legislación de ordinario aplicable. No se generará
deuda, obligación, ni compromiso de asignación o pago futuro alguno, debido a
cualquier brecha entre el presupuesto realmente asignado durante la vigencia de
esta Ley, y lo que hubiere sido el presupuesto producto de la aplicación de las
fórmulas u otra normativa contenidas en las leyes que de otra forma hubiesen
gobernado la confección del presupuesto.
La Asamblea Legislativa y sus
entidades adscritas, en el ejercicio
de las facultades que les confiere la Constitución de
Puerto Rico, podrán adoptar cualquiera de las medidas de reducción y/o control
de gastos indicadas en esta Ley que les resulten pertinentes para atender cualquier
insuficiencia presupuestaria proyectada durante el término de vigencia de la
presente Ley.
Artículo
21.-Presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y ciertas asignaciones de
funcionamiento a los Municipios.
Para cualquier Año Fiscal que termine
durante la vigencia de esta Ley, el subsidio de funcionamiento de las entidades
gubernamentales que no forman parte del Gobierno Central, será equivalente al
respectivo subsidio de funcionamiento para el Año Fiscal anterior a la
aprobación de esta Ley. El término “entidades gubernamentales que no forman
parte del Gobierno Central”, para propósitos de este Artículo, se refiere a la
Universidad de Puerto Rico y a los Municipios. El término “subsidios de
funcionamiento”, para propósitos de este Artículo, se refiere en lo que concierne
a la Universidad de Puerto Rico, a la asignación dispuesta en inciso (a) del
Artículo 3 de la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1966, según enmendada; y se
refiere en lo que concierne a los Municipios, a las asignaciones dispuestas en
el Artículo 2.06 de la Ley 83-1991, según enmendada, (Fondo de Exoneración) y
en el inciso (c) del Artículo 16 de la Ley 80-1991, según enmendada, (Fondo de
Equiparación).
Para el Año Fiscal inmediatamente
entrante al momento de terminación de la vigencia de esta Ley, la recomendación
y aprobación del presupuesto de cada entidad afectada por este Artículo se
regirá nuevamente por la legislación de ordinario aplicable. No se generará
deuda, obligación, ni compromiso de asignación o pago futuro alguno, debido a
cualquier brecha entre el presupuesto realmente asignado durante la vigencia de
esta Ley, y lo que hubiere sido el presupuesto producto de la aplicación de las
fórmulas u otra normativa contenidas en las leyes que de otra forma hubiesen
gobernado la confección del presupuesto.
Artículo 22.-Plan de reducción de
consumo energético y del servicio de acueductos y alcantarillados en la Rama
Legislativa, Rama Judicial y Universidad de Puerto Rico.
Durante el periodo de vigencia de esta
Ley, con relación a las Entidades de la Rama Legislativa, Rama Judicial y
Universidad de Puerto Rico cuyos gastos de funcionamiento se sufragan total o
parcialmente con el Fondo General, se mantendrán sin incremento las tarifas
base de servicios de acueductos y alcantarillados, vigentes al Año Fiscal
anterior a la vigencia de esta Ley, a menos que se modifiquen por legislación
posterior.
Artículo 23.-Prohibición de
reclamaciones retroactivas al concluir la vigencia de esta Ley.
Con excepción de lo dispuesto en el
Artículo 11 de la Ley 66-2014, sobre liquidaciones en efectivo por concepto del
exceso de la licencia de vacaciones o enfermedad, cualquier compromiso u
obligación que haya sido temporalmente suspendido mientras esté en vigor esta
Ley no podrá ser reclamado retroactivamente, ni configurará crédito alguno, una
vez ésta pierda su vigencia.
Artículo 24.-Implementación y
Reglamentación.
A los fines de viabilizar la
implementación de los propósitos de esta Ley, la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto
Rico tendrán todas las facultades necesarias y convenientes para descargar las
encomiendas aquí asignadas, incluyendo pero sin limitarse a: promulgar
reglamentación; realizar o encomendar, a las agencias o departamentos que están
a su cargo, que realicen los estudios que sean necesarios; requerir a las
Entidades de la Rama Ejecutiva la información necesaria para realizar su
encomienda; asesorar al Gobernador y a las Entidades de la Rama Ejecutiva en
todo lo relativo a las medidas de control y reducción de gastos, medidas de
impacto laboral y/o fiscal de las Entidades de la Rama Ejecutiva, así como
evaluar, aprobar o rechazar peticiones en el renglón de los traslados,
destaques, entre otros.
Del mismo modo, es Política Pública de
esta Asamblea Legislativa que las facultades que le son conferidas a la Oficina
de Gerencia y Presupuesto por virtud de esta Ley Especial tengan primacía sobre
las respectivas leyes orgánicas de las Entidades de la Rama Ejecutiva según
aquí definidas, sean agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas. A
tales fines, en lo que fuera pertinente y necesario, se interpretará que esta
Ley Especial, durante el término de su vigencia, modifica, atempera o
condiciona cualquiera de las disposiciones en las respectivas leyes orgánicas
de las Entidades de la Rama Ejecutiva a los fines de que se cumpla lo mandatado
en la presente Ley.
Por tanto, la Oficina de Gerencia y
Presupuesto podrá establecer la reglamentación necesaria dirigida a las
Entidades de la Rama Ejecutiva, sean agencias, instrumentalidades o
corporaciones públicas para implementar las disposiciones de la presente Ley.
Toda reglamentación implementada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto en
virtud de esta Ley será de carácter mandatorio. La ausencia o falta de
cualquier reglamento autorizado por la presente Ley, no será causa para
invalidar ni dejar de aplicar sus disposiciones en ningún caso.
Artículo 25.-Inmunidad en cuanto a
pleitos y foros.
Esta Ley no afecta la inmunidad que en
cuanto a los pleitos y foros tiene el Gobierno de Puerto Rico y sus
funcionarios u oficiales. Nada de lo dispuesto en esta Ley autoriza las
acciones por daños y perjuicios contra el Gobierno de Puerto Rico, sus
funcionarios o empleados por actos u omisiones de éstos últimos, resultante del
cumplimiento de esta Ley. Nada de lo aquí provisto se interpretará que
constituye una renuncia de la inmunidad soberana del Gobierno de Puerto Rico.
Artículo 26.-Responsabilidad
Fiduciaria.
Todo Jefe de Agencia o Director
Ejecutivo de cualquier departamento, instrumentalidad o corporación pública del
Gobierno de Puerto Rico que incumpla con lo dispuesto en esta Ley, estará
sujeto a una multa de doscientos dólares ($200) por instancia, y con un máximo
de cinco mil dólares ($5,000) cumulativos por todas las instancias ocurridas en
el mismo año natural. Dicha multa será pagada con fondos de la propia pecunia
del empleado público.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto estará a cargo de
reglamentar e implementar las disposiciones en este Artículo relacionadas a la
imposición de multas administrativas. Además, la Oficina de Gerencia y
Presupuesto tendrá el deber ministerial de preparar y enviar al Gobernador y a
las Secretarías del Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes, un
informe trimestral, a partir de noventa (90) días luego de aprobada esta Ley y
durante el periodo de su vigencia, que indique en forma segmentada y detallada
las medidas tomadas, los resultados y toda aquella información pertinente que
demuestre y pueda medir el cumplimiento con las disposiciones de esta Ley.
Las disposiciones contenidas en este Artículo le
aplicarán también a la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de Ética
Gubernamental, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y la
Oficina del Contralor Electoral.
Artículo 27.-Se enmienda el inciso (b)(4)(C)
de la Sección 2101 de la Ley 120-1994, según enmendada, conocida como “Código
de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,” para que lea como sigue:
“Sección 2101.-Imposición de Arbitrio a la Adquisición de Cierta
Propiedad Mueble y Servicios.
(a)
...
(b)
...
(1)
...
(2)
...
(3)
...
(4)
Porcentaje Aplicable.- Para
propósitos del apartado (a)(1), el porcentaje aplicable será:
(A)
...
(B)
...
(C)
para los periodos comenzados después
del 31 de diciembre de 2012 y terminados en o antes del 31 de diciembre de 2027,
cuatro (4) por ciento.
(5)
...
(6)
...
(c)
...
...”.
Artículo 28.-Conflicto de idiomas.
El Artículo 27 de esta Ley se adopta en los
dos (2) idiomas, español e inglés. En caso de conflicto entre ambas versiones,
el texto en inglés prevalecerá, que será:
“Article 27.-Subsection (b)(4) of Section 2101 of Act
120-1994, as amended, is hereby amended to read as follows:
“Section
2101.-Imposition of Excise Tax on Certain Personal Property and Services
(a)
...
(b)
...
(1)
...
(2)
...
(3)
...
(4)
Applicable percentage.- For purposes of Subsection (a)(1), the
applicable percentage shall be:
(A)
...
(B)
...
(C)
For periods beginning after December 31, 2012 and ending on or before
December 31, 2027, four (4) percent.
(5)
...
(6)
...
(c)
...”.
Artículo 29.-Disposiciones especiales sobre los miembros de las
juntas de las corporaciones públicas
Por
la presente Ley se declara que todo miembro de una junta o cuerpo rector de una
corporación pública deberá gozar de la confianza del Gobernador de Puerto Rico
para poder ejecutar y llevar a cabo la política pública establecida, toda vez
que los mismos inciden en la formulación de política pública y en el plan
fiscal que hay que presentar ante la Junta de Supervisión Federal. A partir de
la vigencia de esta Ley, el Gobernador podrá remover de la junta de directores
de una corporación pública, agencia, dependencia o instrumentalidad del
Gobierno o de cualquier entidad que reciba subsidios del Gobierno de Puerto
Rico incluyendo pero sin limitarse a la Universidad de Puerto Rico, a
cualquier miembro que entienda que no está ejecutando la política pública
establecida por éste o que no goce de su confianza para formular e implementar
el plan fiscal requerido por la legislación federal conocida como PROMESA. Cualquier
miembro de Junta que haya sido electo, permanecerá en su cargo hasta culminar
el termino por el cual fue elegido o hasta que su sucesor tome posesión del cargo.
Esta disposición le aplicará a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados,
según la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, y
en la Autoridad de Energía Eléctrica, según la Sección 4 de la Ley Núm. 83 de 2
de mayo de 1941, según enmendada. En lo que respecta a la Junta de Gobierno de
la Universidad de Puerto Rico, según el Artículo 3 de la Ley Núm. 1 de 20 de
febrero de 1966, según enmendada, esta Ley solo le aplicará a los miembros
nombrados por el Gobernador de Puerto Rico, entiéndase, que quedan expresamente
excluido de la aplicación de este Articulo, los dos (2) representantes
estudiantiles y los dos (2) representantes claustrales. Finalmente, los
miembros de la Junta de la Corporación del Proyecto Enlace Caño Martin Peña,
según la Ley 489-2004, según enmendada y los miembros de la Junta de la
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera, según la Ley
20-1992, según enmendada, quedan expresamente excluidas de la aplicación de
este Articulo.
El
Secretario de la Gobernación, creará un comité compuesto por miembros del
gabinete, quienes harán las recomendaciones correspondientes al Gobernador
sobre las personas que deben ser removidas por estas causas. Dicha
determinación del Gobernador será final y ningún tribunal de justicia o foro
podrá paralizar interlocutoriamente la remoción y el nombramiento del
sustituto. El Gobernador procederá a hacer los nombramientos que entienda
pertinente, que seguirán el procedimiento de confirmación establecido para cada
junta.
Artículo 30.-Separabilidad
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra,
artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo,
acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la
resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará,
ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará
limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo,
disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o
parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si
la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula,
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera
invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a
tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de
esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar
válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa
que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley
en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide,
perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje
sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona
o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin
importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
Artículo 31.-Vigencia
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es copia
de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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