CAPÍTULO 1.-DISPOSICIONES GeneralEs
Artículo 101.-Título Corto
Esta Ley se conocerá y podrá citarse como la “Ley para la Emergencia
Financiera y Responsabilidad Fiscal de 2017”.
Artículo 102.-Declaración de Emergencia Financiera
Por la presente se determina y declara que la grave emergencia que
la Asamblea Legislativa ha identificado y declarado en numerosas ocasiones
continúa empeorando, que esta continua emergencia financiera y el impacto que
ha producido en la solvencia del Gobierno de Puerto Rico y sus
instrumentalidades continúan afectando significativa y adversamente la
capacidad de cumplir con las obligaciones financieras y salvaguardar la salud,
seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico; y que resolver la
emergencia financiera y establecer responsabilidad fiscal dentro del Gobierno
de Puerto Rico y sus instrumentalidades es indispensable para garantizar que se
provean aquellos servicios gubernamentales que son esenciales para salvaguardar
la salud, seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico.
Esta continua emergencia financiera ha sido reconocida por el Gobierno
de los Estados Unidos mediante la promulgación de la ley conocida como Puerto
Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, Pub. L. 114-187
(PROMESA), la cual establece, entre otras cosas, medidas para asistir al
Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades a alcanzar la responsabilidad
fiscal y acceder a los mercados de capital.
En el proceso de aprobar PROMESA, el Congreso de los Estados Unidos
determinó que la combinación de un descenso severo de la economía y,
ocasionalmente, déficits operacionales acumulados, falta de transparencia
financiera, ineficiencias administrativas y préstamos excesivos crearon una
emergencia fiscal en Puerto Rico y como resultado de su emergencia fiscal, el
Gobierno de Puerto Rico no ha podido garantizar su continua operación y proveer
servicios esenciales de manera efectiva a los residentes de Puerto Rico.
Existen ciertos derechos, poderes y obligaciones generales de Puerto
Rico, fundamentados o impuestos en la Constitución de los Estados Unidos y la
Constitución de Puerto Rico, el derecho estatutario y la equidad, que surgen
como resultado de tal emergencia; y ciertos derechos, poderes y obligaciones
adicionales conferidos o impuestos por PROMESA y el ejercicio por parte del
Congreso de los Estados Unidos de sus poderes bajo la cláusula territorial. En
vista de la continua emergencia financiera y de la promulgación de PROMESA, la
Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad de ejercer su poder de razón de
estado, de forma tal que se reconozca la responsabilidad de satisfacer las
obligaciones financieras del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades,
mientras se continúan proveyendo servicios gubernamentales esenciales para
salvaguardar la salud, seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto
Rico dados los limitados recursos disponibles del Gobierno de Puerto Rico y sus
instrumentalidades, todo esto de manera congruente con PROMESA. En el ejercicio
de su poder de razón, la Asamblea Legislativa reconoce además la necesidad de
remediar la emergencia financiera asegurando un manejo fiscal prudente, una
administración eficiente y la prestación de servicios esenciales y permitiendo
al mismo tiempo la negociación con los acreedores y la reestructuración de las
obligaciones contractuales.
La Asamblea Legislativa declara además que el Gobernador de Puerto
Rico también debe estar completamente autorizado para ejercer la
responsabilidad del Gobernador de salvaguardar la salud, seguridad y el
bienestar de los residentes de Puerto Rico y confiere al Gobernador con
carácter de emergencia el ejercicio del poder de razón de Estado conforme a
esta Ley, incluyendo, pero sin limitarse, a los poderes relacionados con la
identificación de aquellos servicios esenciales para la salud, seguridad y
bienestar de Puerto Rico; garantizar la administración eficiente y efectiva del
Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades; y la supervisión y dirección
de los asuntos fiscales del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades.
Artículo 103.-Definiciones
Las siguientes palabras y términos, cuando se usen en esta Ley,
tendrán los significados que se establecen a continuación:
(a) “Ley” significa esta “Ley para la Emergencia
Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico de 2017”.
(b) “Autoridad” significa la Autoridad de
Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.
(c) “AFICA” significa la Autoridad de Puerto
Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas,
Educativas, Médicas y de Control Ambiental.
(d) “Acuerdo con Acreedores” – significa un
acuerdo otorgado entre una entidad gubernamental y ciertos acreedores de dicha
entidad gubernamental, incluyendo, pero sin limitarse a un acuerdo consensual
en apoyo a la reestructuración de su deuda, según sea enmendado, suplementado o
reinstalado de tiempo en tiempo, independientemente de que el mismo esté
titulizado o no.
(e) “AMA” significa la Autoridad Metropolitana
de Autobuses.
(f) “Recursos disponibles” tiene el significado
que se le da a dicho término para propósitos de la Sección 8 del Artículo VI de
la Constitución de Puerto Rico.
(g) “Banco” significa uno de los siguientes o
ambos—
i. el Banco Gubernamental de Fomento para
Puerto Rico, y
ii. el Banco de Desarrollo Económico para
Puerto Rico.
(h) “Junta” significa la Junta de Directores de
cada Banco.
(i) “Reclamación de
bono” (bond claim), para propósitos del Artículo 206, tiene el significado del
término según se define bajo la Sección 5 de PROMESA.
(j) “ADCC” significa la Autoridad del Distrito
del Centro de Convenciones de Puerto Rico.
(k) “Fideicomiso de los Niños” significa la
entidad sin fines de lucro creada por el Territorio de conformidad con la “Ley
del Fideicomiso de los Niños”, Ley 173-1999, según enmendada.
(l) “COFINA” significa la Corporación del Fondo
de Interés Apremiante de Puerto Rico.
(m) “Instrumento de deuda” incluye cualquier
documento o instrumento para, utilizado en relación con, o relacionado a:
i. cualquier obligación de pagar el principal
o la prima, si alguna, de cualquier interés, penalidad, reembolso,
indemnización, cargo, gasto o cualquier otra cantidad relacionada con cualquier
endeudamiento, y cualquier otra obligación, sea contingente o no,
a. por dinero tomado a préstamo,
b. evidenciada por bonos, pagarés, instrumentos
de fideicomiso (indentures), notas, resoluciones, cualquier contrato de
préstamo o financiamiento, valores o cualquier instrumento similar, o
c. por una carta de crédito o fianza de
cumplimiento;
ii. cualquier obligación contingente respecto
de, o relacionada con, cualquier pasivo de la clase descrita en la cláusula
anterior (i), incluyendo, pero sin limitarse, a cualquier garantía de tal
responsabilidad y de cualquier acuerdo de reembolso con respecto a una póliza
de seguro que cubra dicha obligación;
iii. cualquier obligación relacionada con alguna
aceptación bancaria (banker’sacceptance);
iv. cualquier obligación con relación a un
acuerdo de intercambio de tasas de interés, contrato derivado o acuerdo
relacionado, contrato de cobertura (hedgeagreement), contrato de valores,
contrato de entrega futura (forward), acuerdo de recompra, opción, promesa
(warrant), contrato de materia prima (commodity) u otro instrumento similar;
v. cualquier y todo aplazamiento, renovación,
extensión y refinanciamiento de cualquier obligación de los tipos descritos en
las cláusulas (i) a (v) o enmiendas, modificaciones o suplementos a dicha
obligación;
vi. cualquier obligación que surja de cualquier
sentencia relacionada a cualquier obligación del tipo que se describe
anteriormente en las cláusulas (i) a (iv); o
vii. cualquier obligación que surja de una
obligación de asegurar relacionada a cualquier obligación del tipo descrito en
este Artículo.
Disponiéndose que “instrumento de deuda” no incluye ningún contrato
para la prestación de bienes o servicios, ni incluye ningún acuerdo de servicio
de compensación (clearing) u otro acuerdo conforme al cual una institución
financiera provea servicios al Banco o a cualquier otra entidad gubernamental.
(n) “Depósito” significa los fondos en custodia
del Banco que sean clasificados por dicho Banco como depósitos.
(o) “Depositante” significa cualquier persona, o
su representante autorizado, que sea el dueño primario o beneficiario de
cualquier cuenta que contenga depósitos en poder del Banco.
(p) “Institución Depositaria” significa, para
propósitos de esta Ley, los bancos y cooperativas de ahorro y crédito en Puerto
Rico, y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC), como aseguradora de las acciones y los depósitos de las
cooperativas de ahorro y crédito.
(q) “Periodo de Emergencia” significa el periodo
que comienza en la fecha de efectividad de esta Ley y que termina el 1 de mayo
de 2017, término que el Gobernador podrá extender por un periodo adicional de
tres (3) meses mediante una ÓrdenEjecutiva.
(r) “Sistema de Retiro” significa el Sistema de
Retiro de los Empleados del Gobierno del Territorio y sus Instrumentalidades.
(s) “Servicios esenciales” significa un servicio
prestado por el Territorio o una instrumentalidad del Territorio identificado
por el Gobernador en el Capítulo 2 de esta Ley como un servicio esencial para
salvaguardar la salud, seguridad y el bienestar público de los residentes de
Puerto Rico.
(t) “Buena fe”, para propósitos del Artículo
206, significa la participación de una parte interesada
en un proceso de evaluación neutral con la intención de negociar una resolución
de los asuntos sujetos al proceso de evaluación neutral, incluyendo el
suministro oportuno de información completa y precisa para proveerles a los
participantes relevantes, mediante el proceso de evaluación neutral, suficiente
información, de manera confidencial, para negociar el reajuste de una
obligación de deuda.
(u) “Entidad gubernamental” significa
Territorio, AFICA, AMA, cada Banco y cualquier subsidiaria del mismo, ADCC,
COFINA, Sistema de Retiro, AFV, ACT, AEP, PFC, AAA, AEE, PRIDCO, AFI, AP, la
UPR y cualquier otra entidad pública o instrumentalidad del Territorio
designada por la Junta de Supervisión Fiscal como una entidad cubierta y sujeta
a la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal.
(v) “Gobernador” significa el Gobernador del
Territorio de conformidad con el Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico.
(w) “AFV” significa la Autoridad para el
Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico.
(x) “ACT” significa la Autoridad de Carreteras y
Transportación Pública de Puerto Rico.
(y) “Obligación de intereses” significa
cualquier obligación que surja bajo, o que esté relacionada con el pago de
intereses sobre cualquier instrumento de deuda.
(z) “Parte interesada”,
para propósitos del Artículo 206, significa un síndico, un comité de
acreedores, un acreedor afectado, un fiduciario de un contrato de bonos, un
tenedor de bonos, o una aseguradora de obligaciones de deuda o un comité de
aseguradoras de obligaciones de deuda.
(aa) “AFM” significa Agencia de Financiamiento
Municipal de Puerto Rico.
(bb) “Proceso de evaluación
neutral”, para propósitos del Artículo 206, significa un medio alternativo para
resolución de disputas o mediación entre el Territorio o una instrumentalidad
del Territorio que se lleva a cabo de manera que promueva la toma de decisiones
voluntaria y libre de coacción en el que cada participante hace selecciones
libres e informadas de buena fe respecto al proceso y su resultado, y en el que
el evaluador neutral hace sus mejores esfuerzos para ayudar a los participantes
a llegar a una resolución satisfactoria de su disputa respecto a las
obligaciones de deuda.
(cc) “Evaluador neutral”,
para propósitos del Artículo 206, significa una persona imparcial y sin
prejuicios, comúnmente conocida como un mediador, que asiste al Territorio o a
una instrumentalidad del Territorio y a las partes interesadas a llegar a su
propio acuerdo sobre asuntos relacionados con las obligaciones de deuda del
Territorio o de una instrumentalidad del Territorio.
(dd) “Junta de Supervisión Fiscal” o “JSF”
significa la Junta de Supervisión Fiscal y Administración (FinancialOversight
and Management Board) establecida para Puerto Rico al amparo de PROMESA.
(ee) “AEP” significa la Autoridad de Edificios
Públicos de Puerto Rico.
(ff) “Persona” significa cualquier persona
natural o entidad legal, incluyendo, pero sin limitarse, a cualquier agencia
gubernamental, departamento, instrumentalidad, corporación pública, municipio,
junta, oficina, comité o dependencia, o cualquier individuo público o privado,
firma, sociedad, sociedad por acciones, compañía de responsabilidad limitada,
asociación o corporación organizada y existente bajo las leyes del Territorio,
los Estados Unidos de América o cualquiera de sus estados, o de cualquier país
extranjero, o cualquier combinación de los anteriores.
(gg) “PFC” significa Corporación para el
Financiamiento Público de Puerto Rico.
(hh) “AAA” significa la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados de Puerto Rico.
(ii) “AEE” significa la Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico.
(jj) “PRIDCO” significa la Compañía de Fomento
Industrial de Puerto Rico.
(kk) “AFI” significa la Autoridad para el
Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico.
(ll) “Obligación de principal” significa
cualquier obligación que surja bajo, o que esté relacionada con el pago de
intereses sobre cualquier instrumento de deuda, según puedan ser debidamente
ajustados para tomar en cuenta el valor acumulado en el caso de los bonos de apreciación
de capital o los bonos convertibles de apreciación de capital antes de la
conversión, o el descuento o la prima sin amortizar de la emisión original.
(mm) “AP” significa la Autoridad de los Puertos de
Puerto Rico.
(nn) “PROMESA” significa la Ley Federal Pub. L.
114-187 denominada Puerto Rico Oversight, Management, and
EconomicStabilityAct.
(oo) “Deuda pública” significa cualquier
obligación o evidencia de deuda del Territorio, o una entidad gubernamental,
con el significado provisto en la Sección 2 del Artículo VI de la Constitución
de Puerto Rico.
(pp) “Territorio” significa el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico según quedó constituido con arreglo a la Sección 1 del
Artículo de la Constitución de Puerto Rico.
(qq) “UPR” significa la Universidad de Puerto
Rico.
Artículo 104.-Política Pública
Es la política pública del Gobierno de Puerto Rico tomar todas las
medidas requeridas para Puerto Rico establecer la responsabilidad fiscal
necesaria dentro del Gobierno y sus instrumentalidades para satisfacer sus
obligaciones y garantizar que se provean aquellos servicios gubernamentales
esenciales para la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto
Rico. Además, es la política pública del Gobierno de Puerto Rico ejercer su
poder de razón de Estado de una manera que reconozca la responsabilidad de
satisfacer las obligaciones financieras del Gobierno de Puerto Rico y sus
instrumentalidades, mientras continúa proveyendo servicios gubernamentales
esenciales para la salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto
Rico a la luz de los limitados recursos disponibles del Gobierno de Puerto Rico
y sus instrumentalidades.
Artículo 105.-Relación con las Disposiciones Constitucionales;
Supremacía Sobre Otras Leyes
Esta Ley ha sido promulgada de acuerdo y de conformidad con la
Constitución de Puerto Rico y conforme al poder de razón de Estado del
Territorio y según se especifique otra cosa en esta Ley. En caso de que las
disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las disposiciones de cualquier
otra ley, las disposiciones de esta Ley prevalecerán. La implementación de esta
Ley está sujeta a los requisitos de la Constitución de Puerto Rico y PROMESA.
No obstante cualquier otra cosa en contrario, si un poder o
responsabilidad fuera delegado en la Autoridad conforme a la Ley de la
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Ley 2-2017,
esta Ley no debe interpretarse como que afecta, altera, revoca o de otro modo
modifica dicha delegación. Además, una delegación de un poder o responsabilidad
conforme a la Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Ley
2-2017, no limita o de otro modo restringe el ejercicio por parte del
Gobernador de los poderes o responsabilidades que se le confieren al Gobernador
por esta Ley o por otro modo.
Artículo 106.-Inmunidades
(a) Excepto en la medida en que se pruebe
mediante sentencia final y firme que ha incurrido en conducta dolosa para
beneficio propio o en negligencia crasa que conlleve una indiferencia temeraria
hacia sus deberes, ninguna persona incurrirá en responsabilidad civil, criminal
o de otro tipo y, sin necesidad de notificación u orden adicional, será
exonerada por acciones u omisiones en su capacidad y dentro de su autoridad en
relación con, relacionadas con, que surjan bajo, o según permitido conforme a
esta Ley, y asimismo por cualquier transferencia, venta o cesión de activos o
retiro de fondos aprobado o llevado a cabo por una entidad gubernamental antes
o después de la aprobación de esta Ley si dicha transferencia, venta, cesión o
retiro de depósitos u otros fondos, según sea el caso, se declara por un
tribunal en violación de esta Ley, la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948,
según enmendada, la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, los Artículos
1243, 1244 y 1249 del Código Civil de Puerto Rico, o alguna otra ley o
disposición análoga o similar.
(b) Ninguna institución financiera o agente de
la misma que provea servicios de compensación (clearing) u otro servicio
financiero al Banco u otra entidad gubernamental conforme a cualquier acuerdo
con el Banco o dicha entidad gubernamental incurrirá en responsabilidad civil,
criminal o de otro tipo y, sin necesidad de notificación u orden adicional,
será exonerada por acciones u omisiones relacionadas con dicho acuerdo, y
asimismo por cualquier transferencia o retiro de depósitos u otros fondos hecho
conforme a dicho acuerdo si dicha transferencia o retiro se declara por un
tribunal en violación de esta Ley, la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948,
según enmendada, la Ley Núm. 22 de 24 de junio de 1985, según enmendada, o los Artículos
1243, 1244 y 1249 del Código Civil de Puerto Rico, cualquier regulación u orden
ejecutiva emitida conforme a ésta o dichas leyes, o alguna otra ley o disposición
análoga o similar.
(c) Cualquier institución financiera en la que
se deposite un cheque emitido por cualquier entidad del gobierno o que reciba
cualquier otra instrucción de una entidad gubernamental para transferir fondos
tendrá derecho a honrar dicho cheque o instrucción en el curso ordinario de sus
operaciones bancarias sin tener que indagar si se ha cumplido con los
requisitos de esta Ley o de cualquier orden ejecutiva emitida conforme a esta
Ley. El Banco y las entidades gubernamentales serán los únicos responsables por
el cumplimiento con cualquier disposición de esta Ley o cualquier otra
regulación u orden ejecutiva emitida conforme a esta Ley que restrinja el uso
de los fondos gubernamentales o la emisión de cheques u otras instrucciones relacionadas
con los fondos gubernamentales depositados en instituciones financieras.
(d) Cualquier acción presentada por negligencia
crasa será desestimada con perjuicio si: (i) un demandado, como oficial,
director, miembro de comité o profesional produce documentos que demuestren,
con relación a cualquier acto u omisión objeto de la demanda, que dicho
demandado recibió o descansó en la asesoría de expertos o recibió información
sobre los hechos relevantes, participó en persona o por teléfono y deliberó de buena
fe (ii) o si las acciones u omisiones que son la base de la demanda, acusación
formal por un gran jurado o acusación no violan claramente un deber establecido
del cual una persona razonable tendría conocimiento claro bajo las
circunstancias particulares.
Artículo 107.-Idioma que Prevalece
Esta Ley se adoptará en los dos idiomas oficiales de Puerto Rico, el
español e inglés. Si en la interpretación o aplicación de esta Ley surgiere
algún conflicto entre el texto en inglés y el texto en español, prevalecerá el
texto en inglés. De igual manera, toda orden ejecutiva emitida al amparo de
esta Ley se adoptará y publicará en los dos idiomas oficiales de Puerto Rico,
el español e inglés. Si en la interpretación o aplicación de dichas órdenes
ejecutivas surgiere algún conflicto entre el texto en inglés y el texto en
español, prevalecerá el texto en inglés.
Capítulo 2.-Poderes de emergencia financiera
Artículo 201.-Determinación sobre los Poderes de Emergencia
Financiera
La Asamblea Legislativa ha determinado que dada la continua
emergencia financiera del Territorio, durante el Periodo de Emergencia, el
Gobernador debe estar autorizado a ejercer los poderes conferidos al Gobernador
bajo este Artículo para designar los servicios que proveen el Territorio y sus
instrumentalidades como servicios esenciales o como servicios que no son
servicios esenciales y a utilizar los recursos disponibles para asegurar que se
satisfagan las obligaciones del Territorio y sus instrumentalidades, al mismo
tiempo que se reconoce la necesidad de salvaguardar los servicios esenciales de
salud, seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico.
Artículo 202.-Mantener los Servicios Esenciales
Durante el periodo de emergencia, el Gobernador puede emitir órdenes
ejecutivas para designar la prioridad con que se usarán los recursos disponibles para pagar por los servicios esenciales que el
Gobernador estime necesario para salvaguardar la salud, seguridad y bienestar de
los residentes de Puerto Rico, a la vez que se reconocen las obligaciones
de deuda del Territorio y sus instrumentalidades.
Artículo 203.-Pago por Servicios Esenciales y Prioridades de Pago
(a)
Durante el Periodo de Emergencia, el Gobernador
deberá pagar el servicio de la deuda en la medida: (a) de lo posible luego de
que todos los servicios esenciales del Territorio hayan sido provistos; o (b)
en que la Junta de Supervisión Fiscal, u otra junta creada bajo las leyes
federales, así lo haya ordenado. En la eventualidad de que las disposiciones
de esta Ley estén en conflicto con las disposiciones de otras leyes, las
disposiciones de esta Ley prevalecerán.
(b) Durante el Periodo de Emergencia, el
Gobernador puede emitir órdenes ejecutivas para requerir el uso de los recursos disponibles para que se deposite en una cuenta bajo el
control exclusivo de la Autoridad (lockboxaccount) y pagar por servicios
esenciales según el Gobernador estime necesario para proteger la salud,
seguridad y bienestar de los residentes de Puerto Rico. El Gobernador
puede tomar cualquiera y todas las acciones que estime razonables y necesarias
para preservar la capacidad del Territorio y de una de sus instrumentalidades
para continuar brindando servicios esenciales a los residentes de Puerto Rico.
(c) Durante el Periodo de Emergencia, el
Gobernador puede emitir órdenes ejecutivas que establezcan normas de
prioridad para el desembolso de fondos públicos cuando los recursos disponibles
para el año fiscal sean insuficientes para cubrir las asignaciones hechas para
ese año fiscal.
(d) Durante el Periodo de Emergencia, no obstante
lo establecido en el Artículo 4(c) de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980,
según enmendada, el Gobernador puede priorizar los servicios y gastos descritos
en el Artículo 4(c)(3) a un nivel de prioridad más alto que el listado en el
Artículo 4(c).
(e) Durante el Periodo de Emergencia, el
Gobernador puede emitir las órdenes ejecutivas que estime necesarias o
recomendables para asegurar el pago de las obligaciones de deuda del Territorio
o de una instrumentalidad del Territorio.
Artículo 204.-Medidas de Emergencia para el Banco
(a) Durante el Periodo de Emergencia, el
Gobernador puede tomar cualesquiera y todas la acciones que estime razonables y
necesarias para permitir al Banco continuar llevando a cabo sus operaciones.
(b) Para los propósitos de este Artículo, las
acciones que son “razonables y necesarias” incluyen, sin limitación, todas las
siguientes—
i. prescribir condiciones o restricciones para
la manera de conducir los negocios del Banco, incluyendo otorgar dispensas para
el cumplimiento, total o parcial, de cualquier requisito prescrito por otras
leyes aplicables, incluyendo aquellas que requieran al Banco mantener reservas
de depósitos sobre ciertos límites;
ii. ordenar la limitación, posposición o
suspensión de cualquier pago, total o parcial, de una obligación a tenor con
los términos que el Gobernador prescriba para atender las necesidades de
liquidez del Banco o facilitar la capacidad del Banco para llevar a cabo sus
operaciones;
iii. suspender—
A.
los pagos de obligaciones garantizadas por el
Banco;
B.
pagos de cualquier carta de crédito; y
C. cualquier obligación o compromiso de aprobar
préstamos o de extender fondos o crédito;
iv. tomar cualquier acción respecto al Banco
según dispuesta en la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada,
o la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, según aplique; y
v. delegar en el Banco, su Junta, o sus
empleados la autoridad para tomar acciones para cumplir con este Artículo.
(c) Si se establece cualquier restricción sobre
los desembolsos del Banco a tenor con el párrafo (a) de este Artículo,
i. el Banco no debe desembolsar ningún
préstamo o facilidad de crédito a menos que sea autorizado por el Gobernador;
ii. el Banco deberá honrar las solicitudes de
retiro o transferencia de cualquier depósito, incluso mediante cheque u otros
medios, de una agencia, corporación pública o instrumentalidad del Territorio
(que no sean las listadas en el inciso (c)(iii) de este párrafo) según puedan
ser autorizadas por el Gobernador de tiempo en tiempo;
iii. sujeto a la disponibilidad de fondos y a
los desembolsos agregados establecidos por el Gobernador, el Banco debe honrar
cualquier solicitud para retirar o transferir cualquier depósito en su custodia
hecha por, o solicitar que se honre cualquier cheque emitido por, la Rama Legislativa,
la Rama Judicial, la UPR, la Oficina del Contralor, la Oficina del Contralor
Electoral, la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental,
el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, o un municipio del Territorio;
siempre y cuando un oficial autorizado de una entidad listada en este inciso
certifique, junto con documentación de apoyo, que los fondos serán usados para
el pago de servicios esenciales.
(d) Salvo según dispuesto en el párrafo (e) de
este Artículo, si se establece alguna restricción a los desembolsos del Banco
al amparo de este Artículo, entonces cualquier valor desembolsado a un acreedor
luego de que dicha restricción sea impuesta deberá ser restado del valor de
cualquier distribución que dicho acreedor tiene derecho a recibir, a partir de
la primera fecha de la restricción, si el Banco es subsecuentemente liquidado o
se le nombra un síndico.
(e) Los desembolsos que el Banco haga antes o
durante el Periodo de Emergencia en el curso ordinario de sus operaciones,
incluyendo desembolsos para cubrir gastos de la naturaleza descrita en el
Artículo 12, Sección (A)(2) o (3) de la Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948,
según enmendada, o para pagar por bienes y servicios prestados al Banco,
deberán, para evitar dudas, en cada caso, estar exentos del Artículo 17 de la
Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada.
(f) Un cheque escrito en violación de esta Ley o
una orden ejecutiva emitida a tenor con esta Ley será nulo, y cualquier persona
que intencionalmente escriba un cheque para retirar todo o una porción
sustancial del balance de sus fondos depositados en violación a este Artículo
será culpable de un delito grave sancionable con una pena de cárcel de hasta un
(1) año o una multa de no menos de veinticinco mil dólares ($25,000), o ambas
penas a discreción del Tribunal.
Artículo 205.-Emisión de Evidencia de Deuda por las Entidades
Gubernamentales
Nada en esta Ley prohíbe o evita que cualquier entidad
gubernamental, sea o no durante el Periodo de Emergencia, pueda emitir a
tenedores que consienten evidencia de deuda relacionada con cualquier deuda,
cualquier instrumento de deuda u otra evidencia de deuda como pago, renovación
o refinanciamiento de o en intercambio de la obligación de deuda de dicho
tenedor que consiente, conforme a términos que por lo demás cumplan con esta
Ley y con cualquier otra ley aplicable, incluyendo, pero sin limitarse a PROMESA.Se
dispone, además, que dicha evidencia no puede constituir y no constituirá
emisión de deuda nueva conforme a esta Ley.
Artículo 206.-Poderes de Emergencia Adicionales del Gobernador
(a) Durante el Periodo de Emergencia, esta Ley
confiere al Gobernador el poder para nombrar síndicos a fin de rectificar la
emergencia financiera declarada por esta Ley, tomar las acciones necesarias
para satisfacer las obligaciones de deudas del Territorio y sus
instrumentalidades y actuar para salvaguardar la prestación de servicios
esenciales; sin menoscabar los deberes y facultades de la Asamblea Legislativa,
el Gobernador, junto a la Autoridad, pueden tomar las siguientes acciones según
estimen necesario o recomendable para rectificar la emergencia financiera, incluyendo
pero sin limitarse a:
i. analizar los factores y circunstancias que
contribuyen a la emergencia financiera y tomar medidas para corregir dichos
factores y circunstancias;
ii. limitar los gastos de fondos asignados;
iii. emitir órdenes ejecutivas u otras
directrices relacionadas con el desembolso o disposición de fondos en poder del
Banco u otra entidad gubernamental;
iv. requerir y aprobar o desaprobar, o enmendar
o revisar, un plan para el pago de las obligaciones de deuda del Territorio y
sus instrumentalidades;
v. requerir y prescribir la forma de los
informes especiales que deberán hacer el Territorio o una instrumentalidad del
Territorio a los acreedores, Junta de Supervisión Fiscal y a la Asamblea
Legislativa;
vi. examinar todos los récords y libros
contables de una entidad gubernamental y requerir la comparecencia de testigos
y la producción de libros, papeles, contratos y otros documentos pertinentes
para el análisis de la condición financiera de una agencia del gobierno;
vii. aprobar o desaprobar cualquier contrato de
ejecución futura, gasto o préstamo, la creación de cualquier puesto nuevo o que
se llene cualquier puesto vacante en una entidad del gobierno dentro de la Rama
Ejecutiva;
viii. revisar y aprobar nóminas u otros cobros
reclamados a una entidad del gobierno dentro de la Rama Ejecutiva previo al
pago;
ix. no obstante cualquier requisito de nivel
mínimo de personal que pueda ser aplicable, establecer e implantar niveles de
personal para una entidad gubernamental de la Rama Ejecutiva;
x. rechazar, modificar o dar por terminado uno
o más términos o condiciones de un contrato de ejecución futura existente de
una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva;
xi. actuar como, o designar a un agente único de
una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva para las negociaciones de
convenios colectivos con empleados o sus representantes y aprobar cualquier
contrato o acuerdo en nombre de la entidad gubernamental;
xii. nombrar, dirigir, supervisar y remover administradores,
incluyendo los jefes de entidades gubernamentales dentro de la Rama Ejecutiva; se
podrá remover los administradores cuyos puestos son de confianza exceptuando
aquellos que tengan un nombramiento a término. Disponiéndose que cuando el jefe
de una entidad gubernamental sujeto al consejo y consentimiento del Senado sea
removido dicha acción será notificada no más tarde de tres (3) días laborables
al Senado de Puerto Rico;
xiii. emplear o contratar, en nombre y a expensas
de una entidad del gobierno de la Rama Ejecutiva, auditores y otro personal
técnico;
xiv. contratar una o más personas como inspectores
generales locales para una o más entidades gubernamentales dentro de la Rama
Ejecutiva para asegurar la integridad, economía, eficiencia y efectividad de
las operaciones de las entidades gubernamentales haciendo investigaciones
significativas y precisas, y auditorías forenses, para detectar y prevenir
derroches, fraudes y abusos;
xv. vender, alquilar, traspasar, asignar o de
otro modo usar o transferir los activos, y obligaciones, de una entidad
gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva, si la venta, alquiler, traspaso,
asignación, uso o transferencia no pone en peligro la salud, seguridad y
bienestar de los residentes de Puerto Rico o afecta inconstitucionalmente
un bono, pagaré, valor u obligación legal no impugnada de una entidad del
gobierno. Estas acciones solo se podrán realizar sujeto al ordenamiento
jurídico vigente;
xvi. autorizar que una entidad gubernamental
dentro de la Rama Ejecutiva tome dinero en préstamo. Estas acciones solo se
podrán realizar sujeto al ordenamiento jurídico vigente;
xvii. aprobar o desaprobar la emisión de
obligaciones de deuda de una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva.
Estas acciones solo se podrán realizar sujeto al ordenamiento jurídico vigente;
xviii. entrar en un proceso de evaluación neutral
con una o más de las partes interesadas respecto a una obligación de deuda del
Territorio o una instrumentalidad del Territorio, bajo el cual los
participantes, mediante un proceso acordado mutuamente, seleccionen un
evaluador neutral para supervisar el proceso de resolución neutral y facilitar
discusiones y negociaciones de buena fe entre los participantes, en un esfuerzo
por resolver sus disputas relacionadas con la obligación de deuda y bajo el
cual el evaluador neutral pueda hacer recomendaciones para una transacción o
plan de reajuste. Se dispone, sin embargo, que el uso de un proceso de
evaluación neutral conforme a este subpárrafo (a) (xviii) no restringe o de
otro modo prohíbe otras negociaciones o acuerdos con una parte interesada en
relación con una obligación de deuda del Territorio o una instrumentalidad del
Territorio;
xix. tomar las acciones necesarias para garantizar
el cumplimiento con la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto,
Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, que no sean
inconsistentes con las disposiciones de esta Ley;
xx. requerirle a un oficial, empleado, agente o
contratista del Territorio o de una instrumentalidad del Territorio que provea
a la Junta de Supervisión Fiscal copias, sean escritas o en medio electrónico,
de los récords, documentos, información o datos que la Junta de Supervisión Fiscal
pueda requerir;
xxi. asegurar el pago y administración de
impuestos oportunos y eficientes mediante la adopción de tecnologías
electrónicas de radicación de informes, pagos y auditorías;
xxii. prevenir una transferencia de propiedad por
parte de una instrumentalidad del Territorio prohibida bajo la Sección 201(b)(1)(M)
y 407(a) de PROMESA;
xxiii. rescindir una autorización aprobada por la
Rama Ejecutiva o la Rama Legislativa luego del 4 de mayo de 2016 y antes de la
fecha de efectividad de esta Ley para la venta pendiente de ejecutarse o transferencia
de activos y pasivos de una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva,
si la venta o transferencia pone en peligro la salud, seguridad y bienestar de
los residentes de Puerto Rico o afecta un bono, pagaré, valor u obligación
legal no impugnada de una entidad del gobierno; y
xxiv. los poderes adicionales conferidos al
Gobernador no menoscabarán los deberes y facultades de la Asamblea Legislativa.
Artículo 207.-Controles Administrativos y Financieros
(a) Durante el Periodo de Emergencia, y sin que
se interprete este Artículo como una limitación a los poderes del Gobernador,
el Gobernador ejercerá control de supervisión general sobre las funciones y
actividades de todas las entidades gubernamentales dentro de la Rama Ejecutiva.
(b) Sin que se interprete este Artículo como una
limitación a los poderes del Gobernador, en el ejercicio del control de
supervisión general dispuesto en el párrafo (a), el Gobernador y/o la Autoridad
pueden hacer todo, sin limitarse a lo siguiente, sujeto a las limitaciones
contenidas en las Secciones 201(b)(1)(M) y 407 de PROMESA;
i. instruir a una entidad gubernamental dentro
de la Rama Ejecutiva a reducir gastos mediante la implantación de eficiencias
administrativas;
ii. imponer límites sobre gastos contractuales
de entidades gubernamentales dentro de la Rama Ejecutiva;
iii. ordenar la prescripción o el reembolso de
asignaciones para múltiples años no gastadas del fondo general dentro de la
Rama Ejecutiva;
iv. prohibir el establecimiento de nuevos
programas o la expansión de programas existentes por parte de una entidad
gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva;
v. emitir directrices para la distribución de
asignaciones;
vi. transferir los fondos asignados de un programa
a otro en una misma entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva sin que
se trastoque la partida asignada al pago de nómina, costos relacionados y
utilidades; e
vii. intervenir en cualquier asunto referente a
las funciones y actividades bajo el párrafo (a).
Artículo 208.-Implementación y Órdenes Ejecutivas
(a) Para propósitos de este Capítulo, cada
entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva estará bajo la supervisión
del Gobernador salvo que se disponga lo contrario en la Constitución de Puerto Rico.
El Gobernador deberá acordar todos los asuntos de negocio necesarios con los
oficiales de las entidades gubernamentales dentro de la Rama Ejecutiva y puede
requerir información por escrito de todos los oficiales ejecutivos y administrativos
de las entidades gubernamentales dentro de la Rama Ejecutiva en relación con el
cumplimiento de este Capítulo y con cualquier asunto relacionado con los
deberes de dichos oficiales dentro de sus respectivas oficinas.
(b) El Gobernador puede iniciar procedimientos
judiciales en nombre del Territorio para implementar el cumplimiento de
cualquier mandato constitucional o requerimiento de esta Ley, o para restringir
violaciones de cualquier mandato, deber o derecho constitucional, o
requerimiento de esta Ley por parte de cualquier oficial de una entidad
gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva.
(c) El Gobernador estará facultado a inquirir
sobre la condición y administración de cualquier oficina pública de una entidad
gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva y sobre los actos de cualquier
oficial público de una entidad gubernamental dentro de la Rama Ejecutiva.
(d) El Gobernador puede emitir órdenes ejecutivas
para implantar y requerir el cumplimiento con este Capítulo. Una orden
ejecutiva emitida al amparo de esta Sección es vinculante para los oficiales,
empleados, agentes y contratistas de una entidad gubernamental dentro de la
Rama Ejecutiva. Los oficiales de una entidad gubernamental dentro de la Rama
Ejecutiva deberán tomar y dar las directrices para que se tomen las acciones
necesarias y recomendables para cumplir con una orden ejecutiva emitida bajo
esta Sección aplicable a la entidad gubernamental.
(e) El Gobernador puede enmendar, rescindir o
reemplazar una orden ejecutiva emitida bajo esta Ley o la anterior Ley de
Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, las que
continuarán en efecto con toda fuerza y vigor hasta que sean enmendadas,
rescindidas o sustituidas.
(f) Para implantar el cumplimiento con este
Capítulo o con una orden ejecutiva emitida al amparo de este Capítulo, el
Gobernador puede iniciar procedimientos judiciales en nombre del Territorio.
(g) Los poderes adicionales conferidos al
Gobernador no menoscabarán los deberes y facultades de la Asamblea
Legislativa.
Artículo 209.-Delegación
El Gobernador puede delegar en la Autoridad mediante Orden Ejecutiva
cualquier poder o responsabilidad incluida en esta Ley, en la medida en que tal
poder o facultad no haya sido ya delegada en la Autoridad mediante esta Ley o
conforme a la Ley 2-2017, todo lo cual continuará en pleno vigor . Una
delegación adicional de poder o responsabilidad en la Autoridad no limita o de
otro modo restringe el ejercicio por parte del Gobernador de los poderes y
responsabilidades que se le confieren al Gobernador por esta Ley o de otro
modo. Los poderes adicionales conferidos al Gobernador no menoscabarán los
deberes y facultades de la Asamblea Legislativa.
Artículo 210.-Contratación de empleados gubernamentales y otros
profesionales; Exención de otras leyes
(a) En cualquier momento durante el
Periodo de Emergencia, las siguientes leyes o disposiciones de las mismas no
aplicarán a las contrataciones temporeras o permanentes hechas por parte del
Gobernador, el Departamento de Hacienda, AFI, cualquier subsidiaria del Banco o
la Autoridad, de cualquier individuo que sea empleado del Banco o de cualquier
otra entidad gubernamental para trabajar en la Oficina del Gobernador, el
Departamento de Hacienda, AFI, o cualquier subsidiaria del Banco o la Autoridad
respecto a asuntos relacionados con la reestructuración de cualquier obligación
de deuda o ajuste de cualquier obligación de deuda, la implantación de
transacciones de manejo de pasivos para las obligaciones de deuda, manejo de
asuntos fiscales del Territorio o cualquier entidad gubernamental, o cualquier
asunto que de otra manera se relacione con las funciones u operaciones hechas o
llevadas a cabo por el Banco al amparo de la Ley 17 de 23 de septiembre de
1948, según enmendada, o de la Ley 272 del 15 de mayo de 1945, según enmendada:
i. Ley 184-2004, según enmendada,
conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el
Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”;
ii. Ley 197-2002, según enmendada,
conocida como “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”;
iii. Ley 3-2017;
iv. Los incisos (b) y (c) del
Artículo 4.6 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Ética
Gubernamental de Puerto Rico de 2011”;
v. Ley 103-2006, según enmendada,
conocida como “Ley para implantar la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico”;
vi. Plan 3-2011, según enmendado,
conocido como “Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales;
y
vii. La Ley 78-2011, según enmendada.
(b) El Gobernador, el Departamento de Hacienda,
AFI, o cualquier subsidiaria del Banco o la Autoridad podrán emplear,
contratar, u honrar obligaciones existentes bajo, o asumir, contratos
existentes del Banco o de cualquier entidad gubernamental con consultores y
empleados esenciales, incluyendo asesores legales y financieros, fueran o no
los salarios u honorarios incurridos antes de la fecha en que se hayan asumido,
y podrán emplear dichos consultores y empleados esenciales para asesorar al
Gobernador, al Banco o a cualquier entidad gubernamental en asuntos
relacionados con la reestructuración o el ajuste de cualquier obligación de
deuda, implantar transacciones de manejo de pasivos para las obligaciones de
deuda o para la administración de los asuntos fiscales del Territorio y de
cualquier entidad gubernamental, o cualquier asunto relacionado con las
funciones y operaciones hechas o llevadas a cabo por el Banco al amparo de la
Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, según enmendada, o de la Ley Núm. 272
de 15 de mayo de 1945, según enmendada. El Gobernador, el Departamento de
Hacienda, AFI, o cualquier subsidiaria del Banco o la Autoridad, según sea
aplicable, deberá someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto un estimado
del total de costos y gastos relacionados con los contratos y obligaciones que
incurrirá o asumirá de acuerdo con este Artículo para lo que resta del Año Fiscal
2016-2017. Por la presente se ordena al Secretario de Hacienda y el Director de
la Oficina de Gerencia y Presupuesto a identificar, del presupuesto del Año Fiscal
2016-2017, los fondos necesarios para cubrir dichos gastos, o a transferir a
AFI, cualquier subsidiaria del Banco o la Autoridad suficientes fondos para
cubrir dichos gastos. Comenzando en el Año Fiscal 2017-2018, dichos gastos
serán pagados mediante asignaciones hechas por la Asamblea Legislativa. Las
leyes y disposiciones listadas en los incisos (a)i hasta vii de este Artículo
no aplicarán a los casos en que se contraten o se asuman obligaciones al amparo
de este párrafo.
Artículo 211.-Paralización Automática
Mientras la paralización en virtud de PROMESA esté en vigor,
cualquier acción que pudiera ser requerida por PROMESA en un tribunal federal,
estatal o de Puerto Rico también es requerida bajo esta Ley, y cualquier acción
similar que surja de, o se relacione con esta Ley es igualmente requerida
mientras la paralización en virtud de PROMESA esté en vigor.
CAPÍTULO
3.-DEROGACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MORATORIA
Artículo 301.-Los capítulos 1 y 2 de la Ley 21-2016, según
enmendada, quedan por la presente derogados; y se reenumeran los existentes
Capítulos 3, 4 y 5 como 1, 2 y 3.
CAPÍTULO
4.-ENMIENDA A LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA PUERTO
RICO
Artículo
401.-Para añadir un nuevo Artículo 23 a la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985,
según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Banco de Desarrollo Económico”,
para que lea como sigue:
“ARTÍCULO
23.-IDIOMA QUE PREVALECE
Si en la interpretación o aplicación de las
enmiendas a esta Ley promulgadas por la Ley 21-2016 surgiere algún conflicto
entre el texto en inglés y el texto en español, prevalecerá el texto en inglés.”
Artículo 402.-Se renumera el Artículo 23 de Ley Núm. 22 de 24 de
julio de 1985, según enmendada, como Artículo 24.
CAPÍTULO 5.-SEPARABILIDAD Y VIGENCIA
Artículo 501.-separabilidad
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración,
palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo,
subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de
dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración,
palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo,
subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o
declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una
circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra,
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo,
subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas
personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad
expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan
cumplir las disposiciones y la aplicación de esta ley en la mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare
inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o
declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta
Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de
separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
Artículo 502.-Vigencia
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su
aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es
copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
2. Presione
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correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las leyes de
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