Ley Núm. 10 del año 2017
(P. del S. 6); 2017, ley 10
Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo
Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico.
Ley Num. 10 de 15 de febrero de 2017
Para crear la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y
Comunitario de Puerto Rico, con el propósito de modernizar, simplificar,
unificar y agilizar los procesos y servicios gubernamentales en aras de lograr
el desarrollo pleno del Tercer Sector y de las Comunidades; crear el cargo de
Director Ejecutivo; establecer los deberes y funciones de la Oficina y su
Director Ejecutivo; crear el Fondo de Reinversión Social de Puerto Rico;
establecer la política pública de desarrollo comunitario; enmendar la Ley
1-2001, según enmendada; enmendar la Ley 271-2002, según enmendada; enmendar el
Artículo 2 de la Ley 137-2014; crear el Programa Comunidad Digital, a los fines
de mejorar el acceso a la tecnología a los más necesitados; y para
otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La
pobreza es uno de los principales problemas que enfrenta el mundo. La
vulnerabilidad de las comunidades y poblaciones necesitadas ha aumentado en
parte, a consecuencia de las crisis económicas que ha estado experimentando el Estado.
En Puerto Rico, según datos del Negociado del Censo de los Estados Unidos, para
el 2010, el 45 % de la población vivía bajo el nivel de pobreza. Para el 2014,
el nivel de pobreza en Puerto Rico había aumentado a 46.2 %.
Puerto
Rico ha estado inmerso en una crisis económica que se ha agudizado en los
últimos cuatro años. Esta crisis se ha manifestado en aumento en el número de
personas bajo el nivel de pobreza, en un deterioro nutricional en las
comunidades desventajadas y en el debilitamiento de las relaciones
comunitarias. Las comunidades desventajadas carecen de lo básico para
sobrevivir con un mínimo que garantice un nivel elemental de vida adecuada, ya
no tienen los recursos para satisfacer las necesidades esenciales ni la oportunidad
de cómo producirlos.
Por
década y media, el Estado ha tratado que todos los ciudadanos se beneficien de
los recursos disponibles y participen por igual todos los sectores en las
transformaciones económicas y sociales que han ocurrido en Puerto Rico, sin
embargo, este esfuerzo se ha quedado corto. La crisis económica ha puesto en
relieve que los modelos de acción y organización implementados hasta ahora no
son suficientes ni eficientes para lograr el desarrollo social que merecemos
como pueblo. Por más de una década cientos de miles de puertorriqueños continúan
viviendo en condiciones de pobreza, carencia de infraestructura básica,
condiciones ambientales inaceptables, estado de vivienda deficientes, alto
índice de conducta delictiva, violencia doméstica, maltrato y abuso de menores
y el uso y abuso de sustancias controladas, entre otros. Hemos sido testigos de
cómo, lejos de reducirse, se han agudizado las diferencias en el acceso a
bienes y servicios básicos entre ciudadanos en todo Puerto Rico.
Este Gobierno
tiene como misión romper el círculo vicioso de la pobreza transformándolo en
desarrollo, usando como punto de partida las potencialidades y activos de las
comunidades, reforzadas por un rol facilitador del Gobierno, en asociación con
todos los actores del desarrollo comunitario, las comunidades, el sector
público y el sector privado. Así, este junte de voluntad para erradicar la
pobreza en Puerto Rico brinda justicia al liderato comunitario, reconoce al
Tercer Sector como aliado y surge como herramienta para solventar y garantizar
obra social que redundará en el fortalecimiento y desarrollo pleno y sostenible
de las comunidades al que aspiramos como pueblo.
El Plan
para Puerto Rico, en las páginas 171-174, establece que esta Administración integrará
todos los programas de desarrollo comunitario y apoyo a las organizaciones sin
fines de lucro dispersos entre diferentes agencias, lo cual promoverá el desarrollo
del Tercer Sector y de todas las Comunidades de Puerto Rico. También nos
comprometimos a crear el ambiente necesario para mejorar las condiciones de
rezago de estas comunidades y atender sus necesidades infraestructurales, de
servicio, capacitación y económicas.
Para encaminar a Puerto Rico hacia la recuperación económica, todos los sectores deben
ser considerados y potenciados para que puedan aportar positivamente en esa
encomienda. Nos compete forjar comunidades emprendedoras donde el norte sea el
bienestar social y económico de quienes la componen.
En el
Plan para Puerto Rico también nos comprometimos a integrar todos los programas de desarrollo comunitario y a apoyar a las
organizaciones sin fines de lucro dispersos entre diferentes agencias. Esto promoverá
el desarrollo del Tercer Sector y de todas las comunidades de Puerto Rico. Se creará
el ambiente necesario para mejorar las condiciones de rezago de estas
comunidades y se atenderá sus necesidades infraestructurales, de servicio,
capacitación y económicas.
A
través de esta Ley se procura el desarrollo pleno del Tercer Sector y las
comunidades. Se reconoce que las organizaciones sin fines de lucro que
componen el Tercer Sector han estado protegiendo a los niños, cobijando al
indigente, alimentando al necesitado, albergando al sin hogar, cuidando al
enfermo o desvalido, abonando a las artes y preservando el ambiente. Siendo
las antes mencionadas necesidades apremiantes del ser humano, pero no
accesibles para todos. Este Gobierno validó la contribución que hace el Tercer
Sector en la búsqueda de una mejor calidad de vida de todos en Puerto Rico, distinguiendo
que la expansión del Tercer Sector incentiva la descentralización gubernamental
y que su experiencia puede mirarse como un proceso de participación ciudadana.
La
política pública enunciada en esta Ley busca promover que las comunidades sean
motor de su propio desarrollo. El Gobierno será su socio, enlace y promotor de
alianzas con el sector público y privado. De la relación entre las comunidades
y el Estado surge la autogestión comunitaria reconociendo su poder de decisión
en los asuntos que afectan sus vidas. Se valida la autogestión como la
estrategia por la cual el potencial de los seres humanos, muchas veces
obstruido por la inequidad social, puede alcanzar su máxima expresión y como
recurso que amplía la base democrática en la toma de decisiones.
Para
lograr las metas enunciadas, se crea la Oficina para el Desarrollo
Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), adscrita a la Oficina del
Gobernador, dirigida por un Director Ejecutivo. Esta oficina, que sustituye la
Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-Económico y la
Autogestión creada por la Ley 1-2001, según enmendada, tendrá la
responsabilidad de promover el desarrollo comunitario, estará a cargo del
análisis del Programa de Comunidades Especiales con el propósito de corregir
todo aquello que lo amerite o pueda mejorar. Además, proveerá todos los
servicios de carácter comunitario, y relacionados al Tercer Sector que actualmente
se ofrecen de manera desigual y desintegrada por distintas agencias
gubernamentales, de una manera unificada y uniforme. Al Director Ejecutivo de
esta oficina se le delegarán todas las facultades y poderes necesarios para que
cumpla con los propósitos de la oficina.
Esta Ley
crea el “Fondo para la Reinversión Social de Puerto Rico”, administrado por la
ODSEC, cuyo propósito será incentivar iniciativas, tanto comunitarias como del
Tercer Sector.
Históricamente, las asignaciones en bloque de fondos federales
que recibe Puerto Rico, han
sido distribuidas entre diversas agencias de gobierno
sin necesariamente parear la utilidad de los fondos con las responsabilidades
de dichas agencias. Esa es la situación de los fondos “Community Service Block Grant” (CSBG) y “Community Development Block Grant” (CDBG). Ambos fondos han sido destinados, en principio, para atender el desarrollo
social y de infraestructura de las comunidades en rezago. En la actualidad, los
fondos CSBG se encuentran bajo la Administración de Familias y Niños y los CDBG
bajo la Oficina del
Comisionado de Asuntos Municipales. Esta Ley integra
los programas federales de servicio comunitario bajo ODSEC. Esto redundará en
una mejor coordinación de los fondos y programas, tanto estatales como
federales, en beneficio de la población servida. Esto,
cuando se anticipa un alza
en la cantidad de participantes, así como en fondos desembolsados.
De igual forma, mediante esta Ley se
crea el Programa Comunidad Digital, que pretende atajar la desigualdad en el
acceso a la tecnología en
las comunidades desaventajadas a través
de la renovación de los centros tecnológicos
comunitarios y la capacitación del liderato comunitario en áreas y actividades
relacionadas a la tecnología.
Con el
fin de armonizar los propósitos de esta Ley, se enmienda la Ley 1-2001, según
enmendada, para sustituir la Oficina del Coordinador General para el
Financiamiento Socio-Económico y la Autogestión y adscribir el Programa “La
Obra en Tus Manos” a la nueva ODSEC. También, se enmienda la Ley 271-2002,
según enmendada, para reducir los miembros de la Junta de Directores del
Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales.
Por todo lo
anteriormente expuesto, con el propósito de cambiar la visión de cómo enfrentar
el problema de la pobreza en Puerto Rico y salir del círculo vicioso de la
marginalidad, se aprueba esta Ley para brindar justicia a las comunidades
desventajadas, al sector comunitario y al Tercer Sector, maximizando los
recursos de Puerto Rico.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
CAPÍTULO
I- DISPOSICIONES INTRODUCTORIAS
Artículo 1.1.- Título.
Esta Ley será conocida y
podrá ser citada como: “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo
Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico”.
CAPÍTULO II- POLÍTICA PÚBLICA
Artículo 2.1.- Política Pública.
Para atajar los retos que
enfrentamos como Pueblo, tenemos que construir una nueva estructura
gubernamental que responda de manera ágil y eficiente, que garantice la
provisión de los servicios que el Gobierno brinda. Mediante esta legislación,
se integran los servicios de carácter comunitario que se proveen a través de
distintas agencias gubernamentales en un solo organismo. Además, va dirigida a
uniformar los procesos y disminuir la burocracia. Igualmente, integra los
esfuerzos a favor de los municipios y organizaciones sin fines de lucro, con el
propósito de potenciar sus capacidades y maximizar sus recursos en perfecta
armonía con el Gobierno Central.
CAPÍTULO
III- OFICINA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y
COMUNITARIO
Artículo 3.1.- Creación de
la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico.
Se crea la Oficina para el
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico, en adelante denominada
como la "ODSEC", la cual estará adscrita a la Oficina del Gobernador
de Puerto Rico, y estará cobijada por la Ley Para la Administración de los
Recursos Humanos en el Servicio Público y quedará a cargo de un Director
Ejecutivo, quien será responsable de cumplir con los deberes y funciones que le
impone esta Ley.
El Director Ejecutivo será nombrado
por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado, y
ejercerá sus funciones en una relación de confianza con la autoridad
nominadora. Dicho Director Ejecutivo tendrá los poderes necesarios y adecuados
para asegurar que se lleven a cabo las funciones y objetivos dispuestos por
esta Ley y deberá ser una persona con conocimiento del asunto comunitario y del
Tercer Sector.
Artículo 3.2.- Funciones y Deberes
de la ODSEC.
La ODSEC tendrá la responsabilidad
de implantar y ejecutar la política pública de desarrollo comunitario establecida
en esta Ley, así como toda política pública sobre desarrollo del Tercer Sector.
Además, esta Oficina tendrá la responsabilidad de ser el principal asesor de
los gobiernos municipales en la materia bajo su jurisdicción.
La ODSEC, además, estará a cargo de
proveer todos los servicios de carácter comunitario, servicios relacionados al
Tercer Sector, y asuntos municipales brindados en el Gobierno de Puerto Rico en
tales materias. Es por esto que todos los servicios de esta índole,
distribuidos entre las distintas agencias gubernamentales, serán unificados
dentro de la ODSEC, con el propósito de:
a. Crear un ambiente inclusivo entre los Municipios, el Tercer Sector
y las Comunidades.
b. Simplificar, agilizar y uniformar procesos.
c. Eliminar duplicidades en esfuerzos y servicios.
d. Ejecutar los servicios con mayor eficiencia.
e. Generar estadísticas de servicios, beneficiarios y resultados
obtenidos.
f. Administrar con mayor eficiencia los fondos federales bajo su
supervisión.
g. Promover un gobierno facilitador, no paternalista.
h. Desarrollar socioeconómicamente a Puerto Rico a través del:
i.
Fortalecimiento organizativo de los gobiernos
municipales, las comunidades y organizaciones sin fines de lucro en general.
ii.
Establecimiento de estrategias que permitan
ampliar el número de Juntas Comunitarias y Organizaciones Sin Fines de Lucro
activas y funcionales.
iii.
Mejoramiento de las condiciones físicas,
infraestructurales y ambientales de las comunidades desventajadas y municipios.
iv.
Fomento de estrategias cónsonas a la política
pública comunitaria establecida en esta Ley y toda aquella política pública que
atienda al Tercer Sector en Puerto Rico.
v.
Fortalecimiento de la participación de los
Gobiernos Municipales en las iniciativas de acondicionamiento, mejoramiento y
autogestión comunitaria.
vi.
Establecimiento de procesos sistemáticos para
la búsqueda de fondos estatales, federales o privados para capitalizar el
“Fondo de Reinversión Social” creado por esta Ley.
vii.
Análisis y recomendación sobre aquellos
servicios que provee el Gobierno de Puerto Rico y facilidades que posea que
puedan ser delegados a los Gobiernos Municipales y al Tercer Sector, así como
la cualificación y certificación de aquellas Organizaciones Sin fines de Lucro
que puedan ejecutar los servicios delegados.
Además, la ODSEC
tendrá la responsabilidad de analizar, atender y corregir todos los asuntos
relacionados al Programa de Comunidades Especiales, incluyendo el Fideicomiso
Perpetuo para Comunidades Especiales. Para ello, deberá investigar, sin que
esto se entienda como una limitación, la adjudicación de proyectos, obligación
y desembolso de fondos, certificaciones y todos aquellos elementos que de
alguna forma u otra formaron parte de este Programa. Ninguna persona o entidad
pública o privada, que haya sido parte del Programa o haya recibido beneficios
o fondos de éste podrá negarse a someter los documentos solicitados por la
ODSEC para fines de esta investigación. La ODSEC deberá presentar un informe
detallado con sus hallazgos y recomendaciones al Gobernador y a la Asamblea
Legislativa en un término no mayor a los seis (6) meses posteriores a la
aprobación de esta Ley.
Artículo 3.3.- Donativos y
adquisiciones.
La ODSEC podrá aceptar o realizar
donativos en dinero, servicios o bienes y recibir fondos por concepto de
asignaciones, que provengan de entidades sin fines de lucro, municipios y del
Gobierno Central y sus instrumentalidades. Además, podrá adquirir bienes
muebles e inmuebles por cualquier forma legítima, incluyendo regalo, concesión,
compra o donación y tendrá y podrá ejercer todos los derechos propietarios
sobre éstos, así como disponer de ellos.
Artículo 3.4.- Funciones y Deberes
del Director Ejecutivo.
El Director Ejecutivo tendrá el
deber de ejecutar la política pública establecida en esta Ley, así como la
ejecución de la política pública relacionada al Tercer Sector en Puerto Rico.
De igual forma, tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:
a. Determinar la organización interna de la Oficina y establecer los
sistemas que sean menester para su adecuado funcionamiento y operación, así
como llevar a cabo las acciones administrativas y gerenciales necesarias para
el desempeño de las funciones y responsabilidades delegadas a la Oficina en
esta Ley o en cualquier otra ley.
b. Nombrar el personal que sea necesario para llevar a cabo las
encomiendas de la Oficina, fijarle el sueldo o remuneración y asignarle sus
funciones y responsabilidades, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.
c. Contratar los servicios técnicos y profesionales que sean
necesarios para cumplir las funciones, deberes y responsabilidades de la
Oficina.
d. Delegar en cualquier funcionario o empleado de la Oficina aquellas
funciones, deberes y responsabilidades que estime necesario, conforme a lo
dispuesto en esta Ley.
e. Adquirir los materiales, suministros, equipo, propiedad y
servicios necesarios para el funcionamiento de la Oficina, con sujeción al Plan
de Reorganización 3-2011, según enmendado, conocido como "Plan de
Reorganización de la Administración de Servicios Generales de 2011".
f. Preparar y administrar el presupuesto general de gastos de la
Oficina y los fondos que en virtud de cualquier ley, donación o por cualquier
otro medio legal se provean a la Oficina, de conformidad con la Ley Núm. 230 de
23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad
del Gobierno de Puerto Rico", y de los reglamentos adoptados en virtud de
las mismas.
g. Conservar y custodiar todos los expedientes, registros, récords y
otros documentos que obren en poder de la Oficina, conforme a las disposiciones
de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como
"Ley de Administración de Documentos Públicos".
h. Evaluar las condiciones de las Comunidades y Organizaciones Sin
Fines de Lucro en Puerto Rico.
i.
Dirigir estrategias gubernamentales para
atender las Comunidades y el Tercer Sector en Puerto Rico y lograr su
fortalecimiento y potenciación.
j.
Establecer y adoptar las normas y
reglamentación para el funcionamiento de la ODSEC y de los procesos de compras
de bienes y servicios no profesionales del Programa La Obra en Tus Manos, cuyo
costo no exceda la cantidad de ciento noventa y cinco mil dólares ($195,000.00)
o cualquier otro Programa de la Oficina con fines similares que le sustituya.
k. Promover la creación de Fondos para la Reinversión Social de
Puerto Rico, conforme a los fines para los cuales es creado mediante esta Ley.
l.
Promover el Programa Comunidad digital,
conforme a los fines para los cuales es creado mediante esta Ley.
m. Realizar aquellas labores que sean requeridos por el Gobernador de
Puerto Rico o que sean inherentes al desempeño de la encomienda que esta Ley le
impone.
n. Administrar el Programa de Servicios Integrales para las Personas
de Edad Avanzada.
Artículo 3.5.- Cláusula Transitoria.
Luego de la aprobación y entrada en
vigor de esta Ley, el Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico
y Autogestión, que actualmente esté en funciones y haya sido confirmado por el
Senado de Puerto Rico, pasará automáticamente a ser el Director Ejecutivo de la
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario
de Puerto Rico (ODSEC).
CAPÍTULO IV- ADMINISTRACIÓN DE FONDOS FEDERALES
Artículo 4.1.- Fondos Federales.
La ODSEC será la entidad designada
para recibir y administrar los fondos Community Service Block Grant (CSBG) y
Community Development Block Grant (CDBG), los fondos especiales incluidos en el
programa CDBG que incluyen el “Neighborhood Stabilization Program” (NSP), “Disaster
Recovery” y los fondos bajo el programa de Préstamo de la Sección 108, conocido
como el Loan Guarantee Assistance Under Section 108. No obstante, aquellos
fondos que ya están aprobados por la OCAM a los municipios, no se verán
afectados por las disposiciones de esta Ley.
Artículo 4.2.- Se enmienda
el Artículo 2 de la Ley 137-2014, para que lea como sigue:
“Artículo 2.-Asignación de Fondos.
Conforme a la Ley
Federal, del total de la asignación del CDBG, el Estado podrá separar un Fondo
de Administración Estatal para cubrir gastos propios de administración y
proveer asistencia técnica a los municipios. De conformidad con la
reglamentación federal del Code of Federal Regulations (24 CFR 570-483
(d), luego de separar el fondo de administración estatal y el fondo de
asistencia técnica a municipios, la ODSEC podrá separar una partida de fondos
para ser asignados a actividades de emergencia. Una vez la Oficina de
Desarrollo Socioeconómico Comunitario (ODSEC) deduzca estas partidas, los
fondos disponibles se distribuirán en partes iguales entre
todos los municipios catalogados como “non-entitlement”, exceptuando a
los municipios de Vieques y Culebra, a los que se les adjudicará un quince por
ciento (15%) adicional al otorgado a los demás municipios. Los fondos podrán ser utilizados por los municipios para la
ejecución de las actividades elegibles según descritas en el Plan de Acción
Estatal del correspondiente Año Programa.”
Artículo 4.3.- Se enmienda
el Artículo 3 de la Ley 137-2014, para que lea como sigue:
“Artículo 3.- Como
sub-recipientes de los fondos del CDBG, los municipios “non-entitlement”
tendrán la obligación de capacitarse en temas relacionados a este Programa, el
manejo de fondos federales en general y otros requisitos federales y locales
aplicables, según establezca la ODSEC. La ODSEC podrá promulgar aquellas normas
o reglamentos que sean necesarios para asegurar el cumplimiento con esta
disposición. La ODSEC está facultada para imponer sanciones por el
incumplimiento con esta disposición, las cuales podrá incluir la recapturación
de los fondos otorgados al municipio.”
Artículo 4.4.- Se enmienda el
Artículo 4 de la Ley 137-2014, para que lea como sigue:
la nueva “Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto
Rico”.
“Artículo 4.-Se faculta a la ODSEC a establecer la reglamentación necesaria
para cumplir con las disposiciones de la Ley Pública 93-383 de 22 de agosto de
1974, y de esta Ley.
La
ODSEC podrá solicitar recapturación de fondos o cancelar la asignación de los
fondos en caso de determinar que el municipio ha incumplido con una regulación
federal, estatal o de la ODSEC que aplique al Programa. La ODSEC determinará,
según los mecanismos establecidos por la Ley federal y los reglamentos
correspondientes, el uso y método de distribución de aquellos fondos que sean
recapturados o no utilizados, provenientes del programa “Community
Development Block Grant Program” (CDBG).
La
ODSEC podrá recibir transferencia de fondos federales por parte de las demás
agencias del Gobierno de Puerto Rico, siempre y cuando dichas transferencias se
hagan siguiendo los parámetros que establezcan los Secretarios en los planes
de acción, en conformidad con cualquier Orden Ejecutiva o la legislación
estatal; y cualquier reglamentación, memorando, acuerdo y carta circular del
Gobierno Federal.”
CAPÍTULO V- DESARROLLO COMUNITARIO
Artículo 5.1.- Política Pública del
Gobierno de Puerto Rico para el Desarrollo Comunitario.
Será política pública del Gobierno
de Puerto Rico promover un ambiente en el cual las comunidades puedan ser motor
de su propio desarrollo. Este desarrollo se llevará a cabo dentro de un
proceso enmarcado en la autogestión que permita a las personas de cada
comunidad ser parte integral de cada paso de avanzada en pro de su
comunidad y de su entorno. La estrategia gubernamental permitirá la
integración de la comunidad en la toma de decisiones, ya que se reconoce como
un principio fundamental el que las personas puedan lograr sus metas de acuerdo
a su propio esfuerzo y ahínco. Para ello, el Gobierno será su principal socio,
mejorando procesos y siendo más proactivos en la atención del asunto
comunitario.
Asimismo, es imperativo que las
comunidades y sus miembros se comprometan a laborar de manera activa en el
mejoramiento de su calidad de vida y en todas aquellas gestiones
gubernamentales necesarias para su bienestar. En la labor gubernamental
establecida en esta política pública, el Gobierno de Puerto Rico será el enlace
y promotor de alianzas entre las comunidades y el sector público y privado para
lograr la consecución de las metas de esta Ley. Esta política pública
coexistirá con la ya establecida por la Ley 1-2001, según enmendada, que
atiende las comunidades dentro de la lista de Comunidades Especiales.
Artículo 5.2.- Enmiendas a la Ley 1-2001,
según enmendada.
Sección 1.- Se eliminan los
Artículos 3, 5, 6, 8 y 10 de la Ley 1-2001, según enmendada, y se añade un
nuevo Artículo 10, para que lea como sigue:
“Artículo 10. Consejo Asesor
Se crea el Consejo Asesor para el
Desarrollo de las Comunidades Especiales, en adelante denominado el Consejo. El
Consejo será presidido por el Director Ejecutivo de la Oficina para el
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) e integrado por
los siguientes miembros: el Comisionado de Asuntos Municipales, el Secretario
del Departamento de la Vivienda, el Secretario del Departamento de la Familia,
el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, el Secretario del Departamento
de Salud, el Secretario del Departamento de Educación, el Secretario del
Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de Trasportación y Obras
Públicas, el Presidente de la Junta de Planificación, un alcalde perteneciente
a la Asociación de Alcaldes y un alcalde perteneciente a la Federación de
Alcaldes. Los integrantes previamente descritos serán nombrados por el
Gobernador de Puerto Rico cada cuatro (4) años, a partir de su juramentación
para dicho cargo.
También serán parte del Consejo
cuatro (4) residentes de las Comunidades Especiales, los cuales serán
seleccionados, por parte del Director Ejecutivo, de una lista de potenciales
candidatos presentada por las Comunidades Especiales. El Director Ejecutivo,
mediante reglamentación, establecerá el procedimiento y los criterios uniformes
para la selección de los representantes de las Comunidades Especiales. El
Director Ejecutivo deberá tener listo dicho reglamento en un término de noventa
(90) días luego de la entrada en vigor de esta Ley.
El Consejo también contará con la
participación de tres (3) representantes del Tercer Sector, según definido en
esta Ley, los cuales serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico.
El Consejo asesor le emitirá
recomendaciones al Director Ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo
Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) y serán convocados para
celebrar una reunión, como mínimo, una vez cada dos (2) meses.”
Sección 2.- Se reenumeran los
Artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 12 de la Ley 1-2001, según enmendada, como los
Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, respectivamente.
Sección 3.- Se enmienda el nuevo Artículo 4 de la Ley 1-2001,
según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo
4.- Creación del Programa “La Obra en Tus Manos”.
Se establece
en la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico
(ODSEC), el Programa “La Obra en Tus Manos”, con el propósito de incentivar la
autogestión en los miembros de nuestras comunidades de escasos recursos, a
través de la realización de obras para mejorar la infraestructura, facilidades
y viviendas de personas de escasos recursos de dichas comunidades, contando con
la mano de obra de los integrantes u organizaciones de las comunidades y bajo
la supervisión de la ODSEC; entre otras funciones.
Dicho Programa estará excluido de la
aplicación del Plan de Reorganización de la Administración de Servicios
Generales en toda obra realizada a través del mismo, que no exceda la cantidad
de ciento noventa y cinco mil dólares ($195,000).”
Sección 4.- Se enmienda el Artículo
4 de la Ley 271-2002, según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 4.- Junta de
Directores del Fideicomiso.
Los poderes del Fideicomiso serán
ejercidos por una Junta de Directores que estará compuesta por siete (7)
miembros, a saber: el Secretario de la Vivienda, el Secretario de
Transportación y Obras Públicas, el Director Ejecutivo de la Oficina para el
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, un (1) Alcalde, un (1) Líder
Comunitario residente de una comunidad especial y dos (2) ciudadanos privados
en representación del interés público. El Gobernador o Gobernadora nombrará al
Presidente de la Junta de entre los miembros de la misma. El Alcalde y el Líder
Comunitario serán designados por el Gobernador por un término de cuatro (4)
años, y permanecerán en sus puestos hasta que sus sucesores sean designados. El
Alcalde podrá ser removido si el Gobernador entiende que no goza de su
confianza y el Líder Comunitario será seleccionado de una lista de potenciales
candidatos presentados por las Comunidades Especiales y solo podrá ser removido
durante su término por justa causa. Los dos (2) ciudadanos privados que
representan el interés público en la Junta serán nombrados por el Gobernador o
Gobernadora por términos escalonados de cinco (5) y seis (6) años cada uno,
hasta que sus sucesores sean designados. Estos ciudadanos podrán ser removidos
de sus cargos por el Gobernador o Gobernadora en cualquier momento. En caso de
renuncia de algún miembro, su sucesor será designado por el período restante
del término original del director saliente. Los miembros de la Junta de
Directores no recibirán compensación alguna por sus servicios como tales; sin
embargo, los que no sean funcionarios públicos tendrán
derecho a reembolso por gastos.”
Artículo 5. 3.- Creación del Fondo
para la Reinversión Social de Puerto Rico.
Se crea el Fondo de Reinversión
Social de Puerto Rico (en adelante el “Fondo”). Este Fondo estará administrado
por la ODSEC y se podrá utilizar para incentivar iniciativas, tanto
comunitarias como del Tercer Sector. Estas iniciativas podrán ser para
distintos fines, incluyendo, pero sin limitarse a:
a. Proyectos de infraestructura.
b. Reparación de viviendas, centros comunales, centros tecnológicos,
espacios deportivos o de recreación.
c. Implementación de programas de servicios comunitarios.
d. Compra de equipos asistivos para personas con problemas de salud o
impedimento.
e. Ayuda a Organizaciones Sin Fines de Lucro o Juntas Comunitarias
que no sea para pagar asuntos administrativos.
f. Talleres de capacitación, entre otras iniciativas.
Este Fondo se nutrirá de
asignaciones estatales, fondos federales y aportaciones del sector privado o
individuos.
CAPÍTULO VI- COMUNIDAD
DIGITAL
Artículo 6.1.-Programa "Comunidad Digital".
Se crea el programa "Comunidad
Digital” con el propósito de promover el uso y acceso a las tecnologías de la
información como herramienta para reducir la brecha social y económica que
separa a distintos sectores de nuestra sociedad. Mediante este Proyecto, el
Gobierno de Puerto Rico, a través de un enfoque interdisciplinario, actuará
como capacitador, facilitador y colaborador en la tarea de eliminar las
barreras tecnológicas que aíslan a comunidades desventajadas. A tales efectos,
la ODSEC asistirá y fomentará que las comunidades tengan una estructura
organizacional adecuada, equipos de informática que puedan ser conectados a la
Internet para el uso de los integrantes de la comunidad.
Artículo 6.2. -Transferencia de
Equipo de Informática a las Comunidades.
Por la presente Ley se autoriza a la
ODSEC a realizar transferencias de equipo de informática a comunidades que
muestren alto nivel organizacional. Dicha transferencia de equipo será
realizada de acuerdo a las normas aplicables de la Administración de Servicios
Generales.
La Oficina para el Desarrollo
Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico determinará, mediante Reglamento,
todo lo concerniente a la transferencia del equipo y los requisitos mínimos con
los cuales deben cumplir las comunidades para recibir oficialmente la
transferencia de la propiedad. El Reglamento establecerá las guías necesarias
para determinar que la comunidad beneficiaria tenga los recursos fiscales y
humanos para operar adecuadamente el equipo transferido. Conforme al principio
de autogestión, dicho Reglamento establecerá mecanismos susceptibles de
permitir que las comunidades generen los ingresos necesarios para contribuir
con el costo del mantenimiento y servicio de estos equipos, a los fines de
darle continuidad al Proyecto "Comunidad Digital". El cumplimiento
con tales guías será requisito indispensable para que la comunidad pueda
participar en el Proyecto.
Artículo 6.3.- Responsabilidades de
la Oficina para el
Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico.
La Oficina para el Desarrollo
Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico será responsable de velar por el
buen uso de los fondos públicos destinados a este Proyecto, el cumplimiento con
lo dispuesto en esta Ley y la reglamentación aplicable, por lo que requerirá a
las comunidades beneficiarias unos mecanismos de control que garanticen el buen
uso de los bienes públicos transferidos. A tales efectos, el Reglamento
promulgado al amparo de esta Ley incluirá disposiciones relacionadas al uso del
equipo, horario de las instalaciones donde se ubique el equipo, seguridad
física mínima, garantías de acceso a las instalaciones, entre otros. Para
efectos de esta Ley, a las comunidades beneficiadas por sus disposiciones les
serán aplicables los preceptos de la Ley 267-2000, conocida como "Ley para
la Protección de los Niños, Niñas y Jóvenes en el uso y manejo de la Red de
Internet". Será deber de la ODSEC orientar a las comunidades beneficiadas
sobre el contenido de la Ley 267-2000.
La Oficina para el Desarrollo
Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico gestionará la transferencia
administrativa de la propiedad de acuerdo a las normas aplicables.
Artículo 6.4.- Responsabilidades de
las Comunidades.
De acuerdo al principio de
autogestión, las comunidades que resulten beneficiadas por la presente Ley
serán responsables del buen aprovechamiento de los recursos provistos y de garantizar
el acceso gratuito a los equipos de informática. Estas comunidades vendrán
obligadas a cumplir con las normas que, mediante Reglamento, emita la ODSEC.
Artículo 6.5. -Transferencia de
Fondos.
Se ordena a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto y a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de
Puerto Rico (ODSEC) a identificar fondos y programas que permitan cumplir con
los propósitos dispuestos en este Capítulo. A esos fines, se autoriza al
Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a reasignar hasta un máximo de
tres millones (3,000,000.00) de fondos existentes para estos fines pero
cumpliendo con cualquier requisito federal en relación a la crisis fiscal. Además,
se ordena a la ODSEC y a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones a buscar
fondos para costear el Proyecto "Comunidad Digital" creado al amparo
de esta Ley. Tales fondos ingresarán al Fondo para la Reinversión Social de
Puerto Rico.
Artículo 6.6.-Uso de los fondos
asignados.
Los fondos asignados a la Oficina
para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico en este Capítulo
se utilizarán para los siguientes fines:
a. Comprar equipo, mobiliario y programas informáticos para uso de
las comunidades, previo consejo técnico de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
y al “Chief Information Officer” del Gobierno.
b. Colaborar en la habilitación de centros destinados al uso de
computadoras que puedan conectarse a la Internet, por ejemplo, instalar
conexiones adecuadas y estructuras de seguridad como rejas, etc.
c. Mantenimiento y servicios a estos equipos.
CAPÍTULO VII- POTENCIANDO
EL TERCER SECTOR
Artículo 7.1.- Definición del Tercer
Sector.
Únicamente para propósitos de esta
Ley, el Tercer Sector será definido de la siguiente manera:
Organizaciones con
personalidad jurídica u organizaciones de la Sociedad Civil Organizada, sin
ánimo de lucro y no gubernamentales, inscritas en el Registro de Corporaciones
sin Fines de Lucro del Departamento de Estado, cuya misión, recursos y
actividades principales deberán estar dirigidas a combatir problemas de las
comunidades tales como, pero sin limitarse, a: salud física y mental,
educación, vivienda, transportación, desarrollo económico, empresarismo,
apoderamiento comunitario, cooperativas de servicio, desarrollo de arte y
cultura, y deportes.
Artículo 7. 2.- Delegación de
Trámites de Certificaciones.
El Tercer Sector es prueba de
eficiencia, rigor y compromiso social. Las organizaciones sin fines de lucro,
comunitarias y de base de fe, brindan un servicio social en la mayoría de los
casos de mayor calidad que el Gobierno y a un costo significativamente menor.
En el ánimo de que continúen realizando esta gran labor, se le delega a la
ODSEC la tarea de atender a las entidades del Tercer Sector. Esto, con el
propósito de que el Gobierno de Puerto Rico se convierta en una herramienta
útil para su fortalecimiento y no en un impedimento para su desarrollo.
A estos fines, se le delega a la
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico las
siguientes responsabilidades:
a. Asistir a las entidades sin fines de lucro en el proceso de
solicitar Certificaciones de Incorporación. El Departamento de Estado
notificará a la ODSEC toda certificación de incorporación que emita en relación
a una entidad sin fines de lucro o fondos de reinversión social para su
información y conocimiento.
b. Asistir a las entidades sin fines de lucro en la solicitud de Incentivos
Contributivos del Estado. ODSEC podrá emitir una recomendación de Certificación
para Solicitud de Incentivos Contributivos al Departamento de Hacienda. El
Departamento de Hacienda vendrá obligado a atender la recomendación en un
término no mayor a sesenta (60) días naturales. De no hacerlo, la organización
solicitante será galardonada como recipiente de los incentivos contributivos
aplicables, comenzando a partir del siguiente periodo fiscal.
Artículo 7. 3.-
Administración de Documentos.
La ODSEC podrá custodiar los
documentos o sus copias, escritos, informes y resoluciones corporativas de las
organizaciones sin fines de lucro y fondos de reinversión, que sean públicos y
por Ley, regulación o contrato, sean custodiados por otra entidad del Estado. No
obstante, las demás entidades gubernamentales deberán retener los documentos
que por Ley, regulación o contrato, vengan obligados a custodiar. La ODSEC
vendrá obligada a proveer un espacio seguro para esta documentación.
Artículo 7. 4.- Estadísticas.
La ODSEC tendrá la responsabilidad
de levantar data medible sobre los siguientes factores:
(a) Organizaciones activas o
inactivas
(b) Niveles Organizativos de
Organizaciones
(c) Cumplimiento con requerimientos
federales
(d) Cumplimiento con estipulaciones
de propuestas de trabajo
(e) Cumplimiento con estándares para
obtener delegaciones de servicios del Estado.
CAPÍTULO VIII- DISPOSICIONES
FINALES
Artículo 8.1.- Fondos de Operación,
empleados e interacción con otras disposiciones legales.
Los fondos para operar la ODSEC
serán aquellos asignados anteriormente a la Oficina del Coordinador General
para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, que se habrán de justificar
presupuestariamente mediante el método de presupuesto base cero, así como los
fondos del Community Service Block Grant (CSBG) y el Community
Development Block Grant (CDBG). Los fondos ya asignados a los Municipios de
Puerto Rico, por virtud de legislación anterior, vigente al momento de la
aprobación de esta Ley continuarán siendo usados para los propósitos ordenados
por dicha legislación, en cuanto a los servicios a las comunidades especiales.
Ninguna de las disposiciones de esta
Ley podrá usarse como fundamento para el despido o cesantía de empleados
públicos de carrera.
Ninguna de las disposiciones de esta
Ley podrá usarse para contravenir lo establecido en la Ley 8-2017, conocida
como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico”.
Artículo 8.2.- Reglamentación.
La ODSEC tendrá el deber de adoptar
la reglamentación necesaria para la ejecución de esta Ley.
Artículo 8.3- Separabilidad.
Si cualquier cláusula,
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, Artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera
anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta
Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo,
subpárrafo, oración, palabra, letra, Artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una
persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo,
oración palabra, letra, Artículo, disposición, sección, subsección, título,
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas
personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad
expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan
cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare
inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o
declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta
Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de
separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
Artículo 8.4.- Vigencia.
Esta Ley entrará en vigor
inmediatamente luego de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es
copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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