Ley Núm. 13 del año
2017
(P. del
S. 1); 2017, ley 13
Ley para adoptar el concepto “Enterprise Puerto Rico”.
LEY NUM. 13 DE 20 DE FEBRERO DE 2017
Para
autorizar la creación de una corporación sin fines de lucro la cual adoptará el
concepto “Enterprise Puerto Rico”, a los fines de
promover el desarrollo económico de Puerto Rico, utilizando la pericia
de los sectores público y privado en colaboración con el Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; establecer
su organización, deberes, funciones y facultades; derogar la Ley 201-2014,
conocida como “Ley para crear la Junta de Comercio Exterior del Gobierno del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según datos provistos por el Departamento del Tesoro federal,
Puerto Rico sufre una contracción económica de 14.6% en el Producto Estatal
Bruto (PEB real) con una predicción de una contracción adicional de tres por
ciento (3%) para los próximos dos años. Por años, el Gobierno ha operado con un
déficit estructural, el cual ha sido financiado con emisiones de bonos y
préstamos al Banco Gubernamental de Fomento. Hace más de un año que el Gobierno
carece de liquidez y se han estado utilizando los reintegros, pagos de los
contratistas, el dinero de los pensionados y préstamos intra-gubernamentales
para sustituir las fuentes de liquidez.
El acceso a la información financiera del Gobierno así como
la preparación de predicciones adecuadas se han visto afectadas por una
estructura gubernamental fraccionada y sistemas gubernamentales obsoletos. Los
recaudos son sobreestimados consistentemente y continúan disminuyendo a pesar
de la imposición de múltiples nuevos impuestos. El Banco Gubernamental de
Fomento incumplió sus obligaciones con los bonistas desde el 1 de mayo de 2016
y ya no cumple su rol de proveer liquidez. La cartera de obligaciones de Puerto
Rico asciende a $66,000 millones e incluye 18 emisores distintos, los cuales
están en precario estado financiero. El servicio de la deuda asciende a un
promedio de $3,500 millones y consume más de una cuarta parte de las fuentes de
ingresos. Los sistemas de retiro están prácticamente insolventes con una deuda
de $50,000 millones de dólares. Lo anterior se agrava por la reducción
poblacional ocasionada por la ola migratoria que comenzó en el 2006 y que se
convierte en uno de los retos para encaminarnos a la recuperación.
Ante
este tétrico cuadro, es hora de dejar atrás la
filosofía del “me vale”, enrollarnos las mangas y trabajar arduamente por el
bienestar de Puerto Rico. Nos corresponde construir un nuevo Puerto Rico e implementar una administración y política pública que deje de
improvisar y administrar las finanzas de año en año y empezar a abordar el
desequilibrio a largo plazo entre el gasto y los ingresos. Nuestro compromiso
en el Plan para Puerto Rico es atender de manera responsable estas situaciones
y devolverle la credibilidad a nuestra Isla. Tenemos que mirar hacia el futuro
y anticipar estos desafíos en lugar de simplemente sobrevivir de una crisis a
la siguiente. Los líderes y funcionarios de los componentes gubernamentales de
Puerto Rico deben concentrarse en equilibrar los gastos y los ingresos, reducir
el nivel de intervención gubernamental en la economía de Puerto Rico y
proporcionar un ambiente de negocios competitivo, donde impere la buena fe,
para que los inversionistas y empresarios locales y externos lideren el camino
hacia la recuperación económica.
Las políticas del pasado llevaron al Congreso de los Estados
Unidos a promulgar PROMESA, delegando en una Junta de Supervisión Fiscal (JSF)
la facultad de trabajar con el Gobierno de Puerto Rico para sacarnos de la
crisis por la que atravesamos. Nuestro compromiso trabajar mano a mano con ella
para echar a Puerto Rico hacia adelante. A esos efectos, el 20 de diciembre de
2016, la Junta Supervisión Fiscal ha solicitado como prioridades de Puerto Rico
el incluir un plan y compromiso para implementar cambios significativos
dirigidos a:
o Restaurar el crecimiento económico y crear una economía más
competitiva. A corto plazo, se debe liberalizar el mercado laboral y los
programas de ayuda social, reducir el costo energético, racionalizar y
optimizar los impuestos y mejorar el proceso de permisos para promover la
inversión.
o Restructurar el Gobierno para obtener presupuestos
balanceados mientras se mantienen los servicios esenciales para los puertorriqueños.
o Restructurar el sistema de pensiones conforme a PROMESA y
restablecer el acceso a los mercados capitales.
Para ello, es preciso hacer cambios sin precedentes que hagan
un Gobierno más eficiente y fiscalmente responsable. Es imperativo que fomentemos
política pública que nos permita desarrollar la economía de Puerto Rico y
actuar responsablemente en la arena fiscal.
A partir
de la década de los años setenta, el desarrollo económico de Puerto Rico se
concentró en la promoción de industrias nacionales y multinacionales mediante
la concesión de incentivos contributivos federales y estatales. Desde ese
momento, comenzó un deterioro de la economía puertorriqueña que se tornó
evidente al eliminarse incentivos federales sobre los cuales el Gobierno de Puerto
Rico no tenía control y que estaban reñidos con el fortalecimiento y desarrollo
de nuevas empresas locales.
El
deterioro de la economía puertorriqueña se agudizó cuando el Gobierno incurrió
en gastos por encima de los ingresos lo que a su vez provocó más impuestos y
cargos a las empresas locales, así como a todo el pueblo, y por consiguiente se
redujo la actividad económica local. Salvo el año fiscal 2012, desde el año fiscal 2007, ha
habido una contracción económica de un quince por ciento (15%). Desde entonces,
el Producto Nacional Bruto ha estado en números negativos.
El éxodo masivo en búsqueda de empleos, servicios y calidad de vida
ha causado una preocupante merma poblacional. De acuerdo al Puerto Rico Community Survey del Negociado del Censo Federal, en el año
2015, unas 89,000 personas abandonaron la Isla a los Estados Unidos
continentales. Este severo movimiento poblacional ha sido
provocado, en gran parte, por la toma de decisiones de política pública
altamente politizadas e inconsistentes, y por aferrarnos a un modelo de desarrollo económico obsoleto.
Resulta imperativo
revertir, con carácter de urgencia, el comportamiento
negativo de nuestra economía y retomar el camino de prosperidad. Para
ello, es menester realizar un cambio paradigmático en la manera en que
concebimos la función de nuestras instituciones públicas y nuestro modelo de
desarrollo económico. Precisamente, el Plan
para Puerto Rico que el Pueblo avaló el 8 de noviembre de 2016 recoge medidas
para lograr responsabilidad fiscal y desarrollar la economía de la Isla.
Puerto Rico enfrenta
el reto de alcanzar altos niveles de competitividad para lograr sus metas de
desarrollo económico en una economía globalizada e interconectada.
Según el Informe de Competitividad Global 2016-2017 del World Economic Forum, la competitividad se
define como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan
el nivel de productividad de una economía, lo que a su vez marca el nivel de
prosperidad que un país puede alcanzar. Además, este Informe nos alerta
sobre la transformación global llamada Cuarta Revolución
Industrial (Fourth Industrial Revolution). Ésta se basa en
plataformas digitales y se caracteriza por la convergencia de tecnologías que
borran los límites entre las esferas física, digital y biológica. Por ello, cada día será más
importante respaldar el surgimiento de nuevos sectores de
actividad económica mediante reformas que fomenten la innovación.
Puerto Rico no fue incluido en el último Índice de
Competitividad Global del World Economic Forum por la falta de
diligencia de la pasada Administración, que no proveyó la data
necesaria para ser considerado. No obstante, el Índice
correspondiente al Informe 2014-2015 menciona la
ineficiencia de la burocracia gubernamental y la inestabilidad de las políticas
entre los factores más problemáticos para hacer negocios en Puerto Rico.
Este Gobierno está
comprometido con eliminar todo obstáculo para que Puerto Rico
pueda competir favorablemente con otras jurisdicciones. Por ello, se impone la
creación de nuevas instituciones que impulsen el crecimiento de nuestra
economía. Otras jurisdicciones con dificultades económicas
han implementado exitosamente modelos, tales como JobsOhio, Enterprise
Florida y Fundación Chile-ProChile, a base de cuyas experiencias ha sido concebida
esta legislación.
Constituye un
principio programático de esta Administración, que la función del Gobierno
tiene que estar basada en fomentar, incentivar y facilitar el desarrollo
económico. Dicho compromiso contempla la implementación de un modelo de
desarrollo basado en los principios globales de competitividad y
sustentabilidad que permita al sector privado ser protagonista y líder de
nuestro desarrollo económico. Específicamente,
el Plan para Puerto Rico, en su página 38 propone un “nuevo modelo [que] se
enfocará en retener a inversionistas que ya están en la Isla e identificar
nuevas fuentes de inversión. Este nuevo modelo tendrá los siguientes elementos:
1) transparencia procesal; 2) rendición de cuentas; 3) medición de resultados;
4) responsabilidad fiscal; 5) productividad. Estos elementos estarán enmarcados
dentro de una estructura que ofrezca flexibilidad administrativa y continuidad
en los esfuerzos para atraer inversión nueva a Puerto Rico. Con esta Ley, se autoriza la
creación de una corporación análoga a las creadas en otras
jurisdicciones bajo el concepto de Enterprise Puerto
Rico, el cual se incluyó en el Plan para Puerto Rico.
De esta manera se cumple
un compromiso programático de gobierno y se adelanta una importante causa para
encaminar a Puerto Rico hacia la prosperidad y el desarrollo económico.
El modelo de Enterprise
Puerto Rico, se refiere a una entidad sin fines de lucro,
independiente, que será registrada, incorporada, organizada y
operada de acuerdo a las leyes de Puerto Rico. Esta
organización se enfocará en atraer inversión de
capital nuevo para propulsar nuestro desarrollo económico y crear empleos. Para
ello, utilizará el conocimiento especializado de los sectores público y privado,
en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC).
Esta nueva herramienta
dará continuidad a las políticas y estrategias de desarrollo económico para atraer y
multiplicar la inversión privada y la innovación. Este nuevo modelo estará centrado en
potenciar nuestra productividad de manera inteligente y eficiente, de modo que
propenda al establecimiento de empresas e industrias nuevas de alto valor
añadido, lo que a su vez nos conduzca a la prosperidad y a
una mejor calidad de vida. Para asegurar una operación transparente, esta
entidad establecerá una relación contractual con el Departamento
de Desarrollo Económico y Comercio mediante la cual se medirá su desempeño,
incluyendo, entre otros factores, el número de empleos creados y retenidos, la inversión
de capital lograda y los nuevos ingresos generados por las exportaciones.
DECRÉTASE POR LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.- Creación.
-
Se ordena
al Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) que,
por vía de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO), organice una
entidad corporativa sin fines de lucro cuyo nombre será determinado por dicho funcionario.
La misma será incorporada por el Secretario del Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio y quedará organizada de conformidad con la
Ley 164-2009, según enmendada, conocida como “Ley General de Corporaciones
de Puerto Rico”. Esta nueva entidad (en adelante la Corporación) no será una agencia,
corporación o instrumentalidad gubernamental, más tendrá fines públicos y operará
en la forma más abierta, transparente y accesible.
El
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio se asegurará de
que los artículos de incorporación se redacten de forma consistente con los
propósitos establecidos en esta Ley y la política pública del Gobierno de
Puerto Rico.
Artículo 2.- Propósitos y Facultades. -
La
Corporación será la organización encargada de impulsar a Puerto Rico como un
lugar idóneo para hacer negocios y estará encargada principalmente de atraer
negocios nuevos de capital externo, capaces de aportar capital adicional
a nuestra economía. Para ello, contará con la pericia de los sectores
público y privado en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico y
Comercio de Puerto Rico.
Las
facultades de la Corporación incluirán, entre otras:
(a)
Mercadear a Puerto Rico como
una jurisdicción pro-negocio para fomentar nuevas inversiones externas,
incluyendo el desarrollo de estrategias de exportación de bienes y servicios;
(b)
Identificar y capitalizar las oportunidades de comercio interestatal e
internacional;
(c)
Atraer inversión de capital proveniente de negocios nuevos, según
se define en el Artículo 3 de esta Ley, para propulsar desarrollo económico y
crear nuevos empleos;
(d)
Proveer un portafolio de servicios a las empresas que crean empleos en
Puerto Rico desde que llegan a nuestra jurisdicción hasta el inicio de sus operaciones;
(e)
Servir de enlace para que los negocios nuevos de capital externo que
inviertan en nuestra jurisdicción adquieran bienes y servicios del sector
empresarial local con el fin de asegurar el pleno desarrollo de ambos
componentes y revitalizar la economía puertorriqueña;
(f) Demandar
y ser demandada, así como comparecer y defenderse de toda acción en cualquier
procedimiento judicial o administrativo;
(g)
Adoptar, usar, y modificar un sello corporativo. No obstante, cualquier
disposición de ley en contrario, no se requerirá que este sello contenga las
palabras “corporación sin fines de lucro”;
(h) Adquirir,
disfrutar, utilizar y disponer de patentes, derechos de propiedad, marcas
registradas y cualquier licencia, regalía y otros derechos o intereses
relacionados con los mismos;
(i) Obtener
seguros o fianzas contra cualquier pérdida relacionada con las propiedades de
la Corporación y sus divisiones, en las cantidades y con las aseguradoras que
sean necesarias o deseables;
(j)
Servir de enlace y coordinar esfuerzos con otras
organizaciones sin fines de lucro enfocadas en el desarrollo económico de
Puerto Rico;
(k)
Crear un Programa de Gestores de Negocios propiciando que personas
naturales o jurídicas, lleven a cabo la gestión para atraer Negocios Nuevos que
establezcan operaciones en Puerto Rico;
(l) Además
de cualquier indemnización disponible en la Ley 164-2009, según
enmendada, conocida como “Ley General de Corporaciones de Puerto Rico”,
la Corporación podrá proveer indemnización y comprar y mantener seguros a
nombre de sus directores, oficiales, empleados y sus divisiones
contra cualquier responsabilidad que surja por motivo de acciones tomadas
mientras actúan dentro del ámbito de su autoridad;
(m)
La Corporación tendrá los poderes y facultades necesarias para cumplir
con los propósitos de esta Ley. Los poderes y facultades de la Corporación
serán interpretados liberalmente de manera que pueda dedicarse
exitosamente a cumplir sus propósitos.
Artículo 3.- Negocio
Nuevo. -
Para
fines de esta Ley, “Negocio Nuevo” significa una entidad que cumple con los siguientes
criterios:
(a) Nunca
ha llevado a cabo una industria o negocio en Puerto Rico;
(b) La
industria o negocio a ser llevada a cabo en Puerto Rico no fue adquirida de un
negocio que llevaba a cabo una industria o negocio o actividad para la
producción de ingresos en Puerto Rico;
(c)
No es una entidad afiliada a una entidad que lleva a cabo o ha llevado a cabo
una industria o negocio o actividad para la producción de ingresos en Puerto
Rico;
(d)
No más del cinco (5) por ciento de sus acciones son poseídas directa o
indirectamente por uno o más residentes de Puerto Rico;
(e) Comenzará
operaciones en Puerto Rico, como resultado de los esfuerzos de la Corporación; y
(f)
No se dedicará a la venta al detal de bienes en esta jurisdicción.
Artículo 4.- Contrato y Desempeño. -
Para
cumplir con los propósitos de esta Ley, el Departamento de Desarrollo Económico
y Comercio otorgará un contrato con la Corporación basado en una medición
anual de desempeño (“performance-based”), estándares y sanciones.
El
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio asegurará que las medidas de
desempeño del contrato sean consistentes con aquellas que se requieren para
desarrollar y supervisar los programas de planificación presupuestaria a base
de desempeño. Las medidas de desempeño, incluirán, entre otros factores, el
número de empleos creados, nueva inversión de capital, y nuevos recaudos generados
por el Estado, producto de las exportaciones y la actividad económica producida por los negocios nuevos que se
establezcan por la gestión de la Corporación.
En relación al Contrato a
ser otorgado entre el Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio y la Corporación al amparo de
esta Ley, las partes estarán exentas de cumplir con las disposiciones de la Ley
237-2004, según enmendada, o con cualesquiera otras disposiciones sobre
contratación y licitación o subasta contenidas en leyes especiales o cualquier
reglamento correspondiente.
Artículo 5.- Administración.
-
El
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio se asegurará de
que se consigne en los estatutos de la Corporación, que la Corporación será
dirigida por una Junta de Directores que representarán ampliamente al Gobierno
de Puerto Rico, la comunidad puertorriqueña, y los distintos sectores
económicos, tales como, tecnologías emergentes, manufactura, energía, salud,
agricultura, turismo, ventas y servicios, así como cualquier otro sector que se
determine pueda integrarse para ayudar a cumplir con el propósito de esta Ley. Esta Junta
estará compuesta por: (a) el Gobernador de Puerto Rico, quien podrá delegar su
participación, (b) el Secretario de Estado o su representante (c) el Director
Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial o su representante y ocho (8)
miembros del sector privado nombrados por el Gobernador. Al menos cuatro
(4) de esos miembros deberán ser residentes en Puerto Rico.
La
Junta será presidida por el Gobernador o su representación. Anualmente, la Junta
elegirá a uno de sus miembros para que ejerza las funciones de Vicepresidente.
Artículo
6.- Miembros Nombrados por el Gobernador. -
(a) Los
miembros del sector privado nombrados por el Gobernador serán representativos
de sectores económicos, tales como: tecnologías emergentes, manufactura,
energía, salud, agricultura, turismo, servicios avanzados, investigación y
desarrollo, y cualquier otro sector que el Gobernador estime necesario y
pertinente. Estos miembros ejercerán las funciones en su carácter personal y no
podrán delegar las mismas. Además, deberán contar con probada experiencia
dentro del sector económico que representan.
(b) Los
miembros del sector privado serán nombrados por el Gobernador por términos de
cuatro (4) años y hasta que sus sucesores tomen
posesión del cargo. No obstante, los nombramientos iniciales
se harán por períodos escalonados, a saber: tres (3) miembros por un período de
un (1) año, dos (2) miembros por un período de dos (2) años, y tres (3)
miembros por un período de tres (3) años.
(c) Los
nombramientos iniciales se realizarán en o antes del término de sesenta (60)
días contados a partir de la fecha de aprobación de esta Ley.
(d) Toda vacante en los cargos de los miembros nombrados por el
Gobernador se cubrirá por nombramiento de éste, por el término que falte para
la expiración del nombramiento original vacante.
(e) Los
miembros nombrados por el Gobernador podrán ser removidos por la Junta de
Directores, por causa, según se defina dicho término en los estatutos de la
Corporación. No obstante, la ausencia consecutiva injustificada a tres (3) reuniones
conllevará la remoción automática.
(f)
No podrá ser miembro de la Junta de Directores cualquier persona que
haya sido convicta en cualquier jurisdicción por cualquier delito grave o por
delitos menos graves que conlleven depravación moral o que sean constitutivos
de deshonestidad, fraude, malversación o apropiación ilegal de fondos.
Artículo
7.- Reuniones. -
La
Junta de Directores se reunirá al menos cuatro (4) veces cada año,
mediante convocatoria de su Presidente, o a solicitud de la mayoría
de sus miembros. Una mayoría del total de los directores constituirá
quórum. La Junta de Directores podrá tomar cualquier acción o determinación por
voto mayoritario de los miembros presentes, una vez establecido el quórum.
Artículo
8.- Compensación. -
Los
miembros de la Junta de Directores servirán sin compensación, pero aquellos que
no sean funcionarios públicos podrán recibir reembolso de gastos necesarios
y razonables en los que hayan incurrido según lo determine la Junta de
Directores mediante resolución.
Artículo
9.- Prohibiciones. -
La
Corporación no respaldará partidos políticos ni candidatos a cargos
públicos electivos, ni hará contribuciones para ningún propósito a comités
de campaña, partidos políticos o comités de acción política.
Ningún
miembro, director, oficial o contratista de la Corporación podrá tener
conflicto de interés o apariencia de conflicto de interés con relación a los
Negocios Nuevos, según definido en esta Ley, o suplidores de la empresa y
tampoco podrá beneficiarse de los ingresos o activos de la Corporación.
Artículo
10.- Poderes y Facultades de la Junta de Directores. -
La
Junta de Directores de la Corporación que se crea mediante esta Ley tendrá los
poderes y facultades necesarios y que le sean delegados para llevar a cabo los
propósitos de esta Ley, y para que ésta ejerza las facultades delegadas a la
nueva entidad bajo el Artículo 2 de esta Ley, según las mejores prácticas de la
industria y de las entidades sin fines de lucro, incluyendo las siguientes:
(a) Establecer
la estructura organizacional y asegurar financiamiento para sus programas y
actividades provenientes de fuentes federales o del Gobierno de Puerto Rico, de
fuentes privadas, y de pagos por servicios o por materiales
publicados.
(b) Solicitar,
recibir, poseer, invertir o administrar cualquier subvención, pago, o donativo
de fondos o propiedad e incurrir en gastos consistentes con los poderes que le
han sido conferidos por esta Ley.
(c) Otorgar
contratos y otros instrumentos necesarios o convenientes para el ejercicio de
sus poderes y funciones. La Junta se asegurará de que los contratos con una
persona u organización mediante el cual dicha persona u organización accede a
proveer servicios para el desarrollo económico o servicios de asistencia
empresarial no representen duplicidad respecto a servicios provistos por, o
para las agencias e instrumentalidades gubernamentales.
(d) Elegir
o nombrar aquellos oficiales, empleados y agentes necesarios o convenientes
para llevar a cabo sus actividades y proveerles una compensación razonable.
(e) Transferir
a años fiscales subsiguientes, cualquier asignación gubernamental que no haya
sido utilizada.
(f)
Crear y disolver comités asesores, grupos o equipos de trabajo u
organizaciones similares, según sea necesario, para llevar a cabo sus
propósitos. Sus miembros servirán sin compensación, pero podrán ser
reembolsados por gastos necesarios y razonables incurridos por cada día de
reunión, según se determine por la Junta.
(g) Establecer
aquellos comités que entienda necesarios, los cuales contarán con al menos un
miembro del sector público.
(h) Adoptar,
enmendar y revocar estatutos corporativos, siempre que sean consistentes con
los poderes que le otorga esta Ley o sus artículos de incorporación.
Artículo
11.- Deberes y Responsabilidades de la Junta de Directores. -
La
Junta de Directores de la Corporación tendrá los siguientes deberes y responsabilidades:
(a)
Manejar responsable y prudentemente todos los fondos públicos y privados
recibidos, asegurando que se utilicen de acuerdo con las leyes y reglamentos
aplicables, así como con sus obligaciones contractuales.
(b)
Administrar las entidades o programas creados de conformidad con esta
Ley.
(c) Preparar
un informe anual de conformidad con el Artículo 17 de esta
Ley.
(d) Formular un
plan de acción estratégico a corto, mediano y largo plazo, para la
atracción de nueva inversión para Puerto Rico, el cual deberá incluir
estrategias específicas para lograr todos y cada uno de los propósitos
mencionados en el Artículo 2 de esta Ley.
Artículo
12.- Fondos. –
(a) Durante
el Año Fiscal 2017-2018, PRIDCO dotará a la Corporación de un financiamiento
inicial de quinientos mil (500,000) dólares para su operación inicial.
(b) La
inversión operacional del Gobierno de Puerto Rico en la Corporación y sus
divisiones será la acordada mediante contrato con el Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio tomando en consideración el presupuesto de la Corporación
según dispuesto en el Artículo 12(c), la aportación de fondos por el sector
privado a la Corporación dispuesta en el Artículo 13 y las medidas de desempeño
dispuestas en el Artículo 4 de esta Ley.
(c) La
Junta adoptará un presupuesto operacional para la organización --incluyendo sus
divisiones-- para cada año fiscal y lo presentará al Secretario del
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Dicho presupuesto especificará
los usos propuestos de los fondos públicos asignados y el plan para asegurar el
apoyo económico del sector privado.
(d)
El Secretario de Hacienda establecerá un fondo especial, denominado
“Fondo Operacional para Atraer Nuevos Negocios”, al cual ingresará anualmente,
a partir del Año Fiscal 2017-18, un cinco por ciento (5%) de los recaudos
provenientes de la contribución sobre ingresos que paguen los Negocios Nuevos
que hayan cualificado como tales bajos las disposiciones de esta Ley y que
inviertan capital externo en Puerto Rico como consecuencia de las gestiones
realizadas por la Corporación. Los dineros del Fondo Operacional para Atraer
Nuevos Negocios serán utilizados por el Secretario de Desarrollo Económico y
Comercio exclusivamente para contratar con la Corporación para que esta lleve a
cabo los deberes y responsabilidades establecidos en esta Ley.
Artículo
13.- Aportación de Fondos por el Sector Privado. -
(a) El
Gobierno de Puerto Rico considera como prioridad el más amplio apoyo del sector
privado en la operación de la Corporación y sus divisiones. Por ello, la Corporación
deberá tomar acción afirmativa para que las asignaciones de fondos
operacionales por parte del Gobierno de Puerto Rico sean pareados con
aportaciones de fondos del sector privado en la proporción que determine el
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
(b) El
apoyo del sector privado en las operaciones de la Corporación y sus divisiones
incluirá:
1. Los
donativos de fondos de organizaciones asistidas por las divisiones de la
Corporación.
2. Los
fondos recaudados en conjunto por la Corporación y cualquier organización
privada, orientada hacia el desarrollo económico, o un grupo de este tipo
de organizaciones.
3. Los
fondos generados por la venta de productos o servicios de la Corporación y sus
divisiones mediante auspicio de eventos, misiones, programas y publicaciones.
4. Copagos,
acciones, garantías, regalías, y otros recursos privados a favor o en
beneficio de la Corporación.
Artículo
14.- Oficiales de la Corporación. -
Los
oficiales de la Corporación serán:
(a) El
Presidente Ejecutivo será el Secretario del Departamento de Desarrollo
Económico y Comercio, quien a su vez será el funcionario principal
del Gobierno de Puerto Rico a cargo del reclutamiento de nuevos negocios y
empresas.
(b) La
Junta de Directores nombrará un Director Ejecutivo.
(c)
La Junta de Directores podrá nombrar otros oficiales según se requiera
para lograr una operación eficiente y el cumplimiento con los objetivos
enumerados en el Artículo 2 de esta Ley.
Artículo
15.- Deberes del Director Ejecutivo. -
El
Director Ejecutivo dirigirá y supervisará los asuntos administrativos de la Junta
de Directores y de cualquier otra junta, subsidiaria, división o comité
de la Corporación. La Junta de Directores podrá delegarle al Director
Ejecutivo aquellos poderes y responsabilidades que considere
apropiados.
El
Director Ejecutivo tendrá la autoridad de contratar, administrar y sancionar a
los empleados de la Corporación, y de determinar su compensación, dentro
de los límites presupuestarios aprobados y los reglamentos internos aplicables.
El Director Ejecutivo establecerá las políticas de personal, participará en la
preparación del presupuesto anual, contratará los servicios de profesionales
externos, atenderá la operación del día a día de la Corporación, y
ejecutará las instrucciones de la Junta de Directores. Además,
preparará el informe anual dispuesto en el Artículo 17 de esta Ley y
cualesquiera otros informes que le sean requeridos por el Gobernador, la
Asamblea Legislativa, el Principal Oficial Ejecutivo o la Junta de Directores.
Artículo
16.- Compensación del Presidente Ejecutivo y el Director Ejecutivo. -
(a) El
presidente ejecutivo de la Corporación, por ser un funcionario público, no
recibirá compensación por sus servicios, ni pago de dietas ni reembolsos por
gastos incurridos.
(b) La
Junta de Directores establecerá y ajustará la compensación del Director
Ejecutivo. El Director Ejecutivo se reclutará mediante contrato y
será un empleado asalariado a tiempo completo de la Corporación.
Artículo
17.- Informe Anual. -
Antes
del 1ro. de diciembre de cada año, la Corporación someterá al
Gobernador de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa y a su Junta de Directores,
un informe completo y detallado que incluya, sin que se entienda como una
limitación, lo siguiente:
(a) Una
descripción de las operaciones y logros de la Corporación y una identificación
de las tendencias, iniciativas o desarrollos más importantes que afecten el
desempeño de cualquier programa o actividad.
(b) Una
evaluación de progreso dirigida a lograr las metas organizacionales y los
resultados específicos de desempeño a corto, mediano y largo plazo.
(c)
Métodos para implementar y financiar las operaciones de la
Corporación y sus divisiones, incluyendo el apoyo del sector privado
requerido por el Artículo 13 de esta Ley.
(d) Una
descripción de las operaciones y logros de la Corporación y sus
divisiones respecto a la promoción de oportunidades económicas en Puerto Rico.
(e) Una
auditoría anual de las finanzas y cumplimiento realizada por un contador
público autorizado independiente en torno a las cuentas y libros de
la entidad, al cierre del año fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Esta auditoría
se llevará a cabo al final de año fiscal más reciente y se realizará conforme a
las reglas y principios de contabilidad generalmente aceptados.
El
Gobernador le podrá solicitar a la Corporación que amplíe este
informe mediante la presentación de informes suplementarios.
La
Junta de Directores se encargará de publicar el informe a través del Internet
en la fecha en que sea sometido.
Artículo
18.- Campaña de Mercadeo. -
La
Corporación desarrollará una estrategia de mercadeo dirigida a atraer nuevos
negocios en Puerto Rico. La estrategia deberá ser coordinada con cualquier
otro esfuerzo promocional o de mercadeo del Gobierno de Puerto Rico o de
alguna entidad contratada para ofrecer servicios de mercadeo de destino.
Artículo
19.- Informe Inicial
Dentro
de ciento ochenta (180) días desde que la Junta de Directores quede
constituida, ésta preparará y someterá al Gobernador y a la Asamblea
Legislativa un informe detallado sobre los decretos, incentivos, subsidios,
créditos, reembolsos, u otros beneficios contributivos o financieros que están
disponibles para atraer Nuevos Negocios. En su informe, la Junta incluirá
recomendaciones sobre cuáles de estas medidas deben eliminarse, enmendarse o
expandirse y podrá recomendar medidas adicionales que propendan a traer capital
nuevo a Puerto Rico y crear nuevos empleos bien remunerados.
Artículo
20.- Inventario de Actividades Municipales. -
Al
30 de septiembre de cada año, todo municipio presentará ante la Junta un resumen
breve de las fortalezas, servicios e incentivos de desarrollo económico que
ofrece a su comunidad.
Artículo
21.- Anuncios en periodo electoral
Se dispone expresamente
que la prohibición y procedimiento contenido en el Artículo 12.001 de la Ley
78- 2011, según enmendada, conocida como la “Ley Electoral del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico”, no le aplicará a las campañas y estrategias de
mercadeo de la Corporación para la promoción de Puerto Rico.
Artículo 22.- Responsabilidad
por Deudas.
Bajo ninguna circunstancia
la Corporación comprometerá el crédito del Gobierno de Puerto Rico. Las deudas y demás obligaciones de la Corporación no constituirán
deudas u obligaciones del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del
Gobierno de Puerto Rico, ni de ninguno de sus municipios u otras subdivisiones
políticas y éstos no tendrán responsabilidad en cuanto a las mismas,
entendiéndose que no serán pagaderas de otros fondos que no sean los de la Corporación.
Artículo
23.- Se deroga la Ley 201-2014, conocida como “Ley para crear la Junta de
Comercio Exterior del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
Artículo
24.- Supremacía. -
Esta
Ley tendrá supremacía sobre cualquier otra disposición que contravenga los propósitos
de la misma.
Artículo
25.- Separabilidad. -
Si cualquier cláusula,
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera
anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta
Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo,
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una
persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo,
oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título,
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas
personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la
voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales
hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare
inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o
declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta
Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de
separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
Artículo
26.- Vigencia. -
Esta Ley comenzará a regir
inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es
copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
2. Presione
Aquí para ver la Ley Completa, con sus enmiendas integradas y
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las leyes del Estado Libre Asociado de P.R. que está sujeto a los cambios y
correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las leyes de
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