Ley Núm. 18 del año 2017
(P. del S. 10); 2017, ley 18
Para añadir un nuevo inciso (g) al Artículo 1.3
y enmendar los Artículos 3.10 y 5.3 de la Ley Núm. 54 de 1989, Ley para la
Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
Ley Num. 18 de 3 de abril de 2017
Para añadir un nuevo inciso (g) al Artículo 1.3 y
renumerar los incisos (g) al (q) como incisos (h) al (r), respectivamente, y enmendar
los Artículos 3.10 y 5.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según
enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la
Violencia Doméstica”, a los fines de permitir la presencia de Intercesores o
Intercesoras, técnicos de asistencia a víctimas y testigos y, a discreción del
Tribunal, personas de apoyo durante el testimonio de la víctima de
incidentes de violencia doméstica; hacer obligatoria la presencia de un
representante del Ministerio Público en la vista de determinación de causa
probable para arresto en ciertos delitos; enmendar la Regla 6 de las de
Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para atemperarla a las
disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La
violencia doméstica es una de las manifestaciones más terribles de la
desigualdad que sigue existiendo en nuestra sociedad. En el caso de las mujeres
que se encuentran dentro de relaciones de maltrato, muchas veces son
consideradas por sus agresores como una propiedad, donde más que una relación
de amor y respeto, realmente lo que habita es el despliegue de poder y control
del agresor hacia su víctima.
La
Organización de las Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995,
reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los
objetivos de igualdad, desarrollo y paz, que menoscaba el disfrute de los
derechos humanos y las libertades fundamentales. El maltrato, sea emocional o
físico, es un ataque claro a todos los derechos fundamentales como lo son la
libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y no discriminación, reconocidos
en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.
El Plan
para Puerto Rico, en su página 179 propone el desarrollo de un proyecto de
intercesoría y apoyo para víctimas de violencia doméstica donde mujeres
voluntarias debidamente capacitadas y adiestradas puedan apoyar a mujeres que
quieren salir del ciclo de violencia. De igual forma, propone que, en algunos
casos, el Ministerio Público acompañe a las víctimas de violencia doméstica en
la vista de Regla 6. Con esta Ley se cumple un compromiso programático del Gobierno
y se adelanta una importante causa para encaminar a Puerto Rico.
Si bien
es cierto que ha habido avances en nuestro ordenamiento jurídico en el campo de
la protección de los derechos fundamentales de las víctimas de violencia
doméstica, aún falta camino por recorrer. Cuando un sobreviviente toma la
difícil decisión de salir del ciclo de violencia y denunciar a su agresor(a),
ciertamente, comienza otro proceso, el cual, si no se toman las medidas
apropiadas, puede convertirse en uno que victimiza nuevamente a la persona
maltratada. En este proceso es que cobra especial atención la figura del
Intercesor o Intercesora. Esta figura tiene la encomiable y necesaria función
de acompañar a las víctimas al Tribunal, acompañarlas a las vistas, proveer
apoyo emocional, orientación y cualquier asistencia que sea necesaria durante
el difícil proceso judicial.
Según
ha sido la experiencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el
Intercesor o Intercesora tiene una función protagónica en todo este proceso.
Muchas veces las víctimas que llegan a las salas de los tribunales
desorientadas, aturdidas y atemorizadas por las situaciones de maltrato,
encuentran en ese intercesor o intercesora un recurso humano con la
preparación, compromiso y sensibilidad necesaria para ayudarlas en la
tramitación de tan importante reclamo.
La
importancia de esta figura ha sido reconocida por la Rama Judicial a través de
la Regla 42 de la Administración de los Tribunales. Esta norma ciertamente ha
representado un reconocimiento de esta importante figura y un gran avance en la
viabilidad de la misma en los procesos con las víctimas. La realidad es que al presente
la oportunidad de contar con esa compañía y apoyo del Intercesor o Intercesora,
queda sujeta a la discreción del juez que preside los trabajos. Esta medida
pretende uniformar lo que es la figura que provee el servicio de intercesión
para que sean personas certificadas por la Oficina de la Procuradora de las
Mujeres y sean reconocidas como tal al momento de brindar servicios a una población
tan vulnerable.
Por
otro lado, en el procesamiento criminal, la regla general es que las denuncias
son presentadas ante la Sala de Investigaciones del Tribunal de Primera
Instancia por el agente investigador. El Juez Municipal escucha los testigos,
evalúa la prueba presentada y emite su determinación. Cuando se trata de uno o
más delitos graves, el agente investigador debe comparecer debidamente
autorizado por un fiscal. Esa etapa, comúnmente conocida como “Regla 6”, es una
vista breve donde no aplican las Reglas de Evidencia y generalmente no es
necesaria la comparecencia de un representante del Ministerio Público. En la
práctica, la mayoría de las veces, sólo están presentes el Juez, el acusado, la
parte perjudicada y el agente investigador. Mediante esta Ley incorporamos al
proceso la figura del Intercesor o Intercesora y, además, considerando el
peligro y daño al que están expuestas las víctimas en este tipo de casos, este
Gobierno entiende necesario requerir que en ciertos casos de violencia doméstica bajo la Ley 54, supra,
sea obligatoria la intervención de un representante del Ministerio Público
durante la vista para determinar causa probable para arresto del presunto
agresor, entre otros asuntos tratados en la medida.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE
PUERTO RICO:
Artículo 1.- Se añade un
nuevo inciso (g) al Artículo 1.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,
según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la
Violencia Doméstica”, y se renumeran los incisos (g) al (q) subsiguientes como
incisos (h) al (r), para que en adelante lean como sigue:
“Artículo 1.3.-
Definiciones
A los efectos de esta
Ley los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a
continuación:
(a) …
(g) Intercesor o Intercesora.-
Significa toda persona que tenga adiestramientos o estudios acreditados en el
área de consejería, orientación, psicología, trabajo social o intercesión
legal, que esté certificada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
(h) …
(i) …
(j) …
(k) …
(l) …
(m) …
(n) …
(o) …
(p) …
(q) …
(r) …”
Artículo 2.- Se añade
un nuevo párrafo al Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida
como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, para
que lea como sigue:
“Artículo 3.10 - Asistencia
a la Víctima de Maltrato
…
(a)
. . .
(b)
…
(c)
…
(d)
…
(e)
…
En aquellos casos bajo
los Artículos 3.2 (b), 3.2 (e) y 3.5 de esta Ley, deberá estar presente un
representante del Ministerio Público durante la vista de determinación de causa
para el arresto del agresor. En todos los demás casos penales que surjan al
amparo de esta Ley, deberá estar presente, en la medida que los recursos así lo
permitan, un representante del Ministerio Público durante la vista de
determinación de causa para arresto del agresor.”
Artículo 3.- Se enmienda
el Artículo 5.3 de la Ley
Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la
Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, para que lea como sigue:
“Artículo 5.3 Reglas
para las acciones civiles y penales.
Salvo que de otro modo
se disponga en esta Ley, las disposiciones civiles establecidas en ésta se
regirán por las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas.
Asimismo, las acciones
penales incoadas al amparo de las disposiciones del mismo que tipifican delitos
se regirán por las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas,
salvo que de otro modo se disponga en esta Ley.
En cualquier acción civil
incoada bajo esta Ley, la parte peticionaria tendrá derecho, si así lo desea, a
estar acompañada por un Intercesor o Intercesora, quien le brindará asistencia
o apoyo al o a la peticionario(a) en las diferentes etapas del proceso,
incluyendo la ayuda con los formularios necesarios para iniciar el mismo. El Tribunal
autorizará que el Intercesor o Intercesora permanezca al lado de la parte peticionaria
mientras ésta preste testimonio. El Intercesor o Intercesora no podrá dirigirse
a la parte peticionaria sin autorización del Tribunal. Tampoco podrá
interferir en la vista que se lleve a cabo ante el Tribunal. La participación
de los Intercesores o Intercesoras consistirá en acompañar a la parte peticionaria
a las vistas y proveerle apoyo emocional, así como la orientación y asistencia
que sean necesarias durante el proceso judicial, sin incluir brindar
asesoramiento ni representación legal.
En aquellas instancias
en las que no sea posible contar con la asistencia de un Intercesor o Intercesora,
o que la parte peticionaria no desee los servicios que éstos ofrecen, el
Tribunal podrá autorizar la presencia de una persona de apoyo para que
permanezca al lado del(de la) peticionario(a) mientras preste testimonio. Esta
persona de apoyo se abstendrá de interferir en la vista que se lleve a cabo
ante el Tribunal y su única función será la de acompañar a la parte peticionaria.
Previo a que se autorice la presencia de la persona de apoyo, el Tribunal
entrevistará a la parte peticionaria y se cerciorará que la presencia de la
persona de apoyo redunda en el mejor interés de la parte peticionaria.
La petición de
acompañamiento podrá ser solicitada a iniciativa del Ministerio Público o de la
parte peticionaria. Una vez hecha la petición, el Tribunal resolverá la misma
inmediatamente.
En las acciones penales
que surjan bajo esta Ley, la víctima tendrá derecho, si así lo desea, a estar
acompañada por un técnico de asistencia a víctimas y testigos asignado por el
Departamento de Justicia, durante la vista de determinación de causa para el
arresto del (de la) agresor(a) y la vista preliminar. De no estar disponible
este personal, o de así desearlo la víctima, el Tribunal autorizará que pueda
estar acompañada por un Intercesor o Intercesora.
El Tribunal autorizará
que el técnico de asistencia a víctimas y testigos, Intercesor o Intercesora,
permanezca al lado de la víctima mientras preste testimonio. El técnico de asistencia
a víctimas y testigos, Intercesor o Intercesora no podrá dirigirse a la víctima
sin autorización del Tribunal y tampoco podrá interferir en la vista que se
lleve a cabo ante el Tribunal.
En aquellas instancias
en las que no sea posible contar con la asistencia de un técnico de asistencia a
víctimas y testigos, Intercesor o Intercesora, o que la víctima no desee los
servicios que éstos ofrecen, el Tribunal podrá autorizar la presencia de una
persona de apoyo para que permanezca a su lado mientras preste testimonio.
Esta persona se abstendrá de interferir en la vista que se lleve a cabo ante el
Tribunal y su única función será la de acompañar a la víctima. Previo a que se
autorice la presencia de la persona de apoyo, el Tribunal entrevistará a la
parte peticionaria y se cerciorará que la presencia de la persona de apoyo
redunda en el mejor interés de la parte peticionaria.
Durante la etapa de
juicio, este personal permanecerá en sala en aquellos casos que no funja como
testigo. De ser necesario, el Tribunal podrá conceder tiempo para que la
víctima sea asistida por este personal. En los casos de juicio por jurado, el
Tribunal deberá impartir instrucciones especiales para aclarar las funciones
del técnico de asistencia a víctimas y testigos, Intercesor o Intercesora, o
persona de apoyo, enfatizando en el hecho de que su presencia tiene el
propósito de facilitar la declaración de la víctima y no de influenciar a favor
de su credibilidad.
Podrá fungir como
personal de apoyo cualquier persona mayor de edad que escoja la víctima, sea un
familiar o no. Podrá fungir como Intercesor o Intercesora toda persona que cuente
con los adiestramientos o estudios acreditados en el área de consejería,
orientación, psicología, trabajo social o intercesión legal y que esté
certificada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Será responsabilidad de
la Oficina de la Procuradora de las Mujeres brindar el asesoramiento técnico
especializado para la certificación de los Intercesores o Intercesoras y la
responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de la misma.”
Artículo 4.- Se enmienda
la Regla 6 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, para que
lea como sigue:
“Regla 6.- Orden de
Arresto a base de una Denuncia
(a)
Expedición de la Orden.-
…
…
En esta determinación de
causa probable el imputado tendrá derecho a estar asistido por abogado, a
contrainterrogar a los testigos en su contra y a ofrecer prueba en su favor. En
aquellos casos en que la vista sea por una violación a la Ley Núm. 54 de 15 de
agosto de 1989, según enmendada, se seguirán los procedimientos establecidos en
el Artículo 3.10 de dicha Ley referente a la comparecencia de un representante
del Ministerio Público.
…”
Artículo 5.- Reglamentación
En un término no mayor
de sesenta (60) días a partir de la aprobación de esta Ley, la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres adoptará o enmendará los reglamentos que resulten
necesarios para la certificación y licenciamiento de los Intercesores e Intercesoras,
así como para poner en vigor las disposiciones de esta Ley, sin sujeción a las
disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada,
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”.
Artículo 6.- Cláusula de
convalidación
Toda persona que al
momento de entrar en vigor esta Ley se encuentre ejerciendo como Intercesor o Intercesora,
y así pueda certificarlo, contará con un término de ciento ochenta (180) días a
partir de la aprobación de esta Ley, para solicitar su certificación y
licenciamiento ante la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, sin que sea
necesario cumplir con requisitos adicionales de preparación académica o
adiestramientos profesionales para tal certificación y licenciamiento.
Artículo 7.-
Separabilidad
Si cualquier cláusula,
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera
anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta
Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo,
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una
persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo,
oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título,
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas
personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la
voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales
hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare
inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o
declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta
Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de
separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
Artículo 8.-Vigencia
Esta Ley entrará en
vigor inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es
copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
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