Ley Núm. 30 del año 2017
(P. de la
C. 876); 2017, ley 30
Ley por la Igualdad y Representación Congresional
de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico.
Ley Núm. 30 de 5 de junio de 2017
Para establecer la “Ley por la Igualdad y Representación
Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico”; crear como medida
transitoria la “Comisión de la Igualdad para Puerto Rico” adscrita a la
Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, constituida por la primera
delegación de dos Senadores y cinco Representantes Federales que promoverán en
el Congreso y el Gobierno Federal el cumplimiento del mandato electoral en el
plebiscito del 6 de noviembre de 2012 y cualquier otro mandato electoral futuro
que sea equivalente, rechazando la actual condición territorial colonial y
reclamando la admisión como un estado de la Unión en igualdad de derechos y
deberes con los ciudadanos de los demás estados; y para otros fines.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La isla de Puerto Rico, con 3.5 millones de habitantes, es la
colonia de mayor población y la más antigua entre los pueblos del mundo
civilizado; y es una colonia habitada por ciudadanos de los Estados Unidos de
América, a los que se nos priva de los plenos derechos democráticos que
disfrutan los ciudadanos americanos residentes en los cincuenta estados.
Desde 1898, por disposición del Tratado de París que concluyó la
Guerra Hispanoamericana, la isla de Puerto Rico ha sido poseída por los Estados
Unidos de América y sus habitantes gobernados por las leyes y decretos de su
Congreso y Presidente.
En 1917, el Congreso legisló la ciudadanía estadounidense para los
habitantes de Puerto Rico. De esa época a la presente, los puertorriqueños no
votamos por el Presidente ni podemos elegir delegados con voto al Congreso que
nos gobiernan. El Pueblo de Puerto Rico ha derramado sangre en todas las
guerras y conflictos bélicos en que se ha involucrado Estados Unidos por
determinación de un Presidente (Commander in Chief) que no elegimos; y, con la
única excepción de la contribución federal sobre ingresos obtenidos en el
territorio, cumplimos y pagamos todas las contribuciones, arbitrios y
obligaciones monetarias que nos impone un Congreso en el que no tenemos
representación justa.
En efecto, Puerto Rico tiene que cumplir con las leyes y decretos de
los poderes Ejecutivo y Legislativo que, durante el curso de los pasados 119
años, se constituyeron sin el respaldo democrático de los habitantes de la
isla.
Orígenes
El 25 de julio de 1898, Estados Unidos invadió a Puerto
Rico. La presa de aquella acción militar no fue un peñón deshabitado o de
subcultura indígena. Estados Unidos ocupó una isla con más de un millón de
habitantes, de gente civilizada, con estructura pública organizada y con la
participación de partidos políticos democráticos bajo el instrumento de una
Carta Autonómica con España.
En
las deliberaciones del Tratado de París, la representación diplomática de
Estados Unidos y España nunca tomó en consideración la opinión o preferencia de
los puertorriqueños, reduciéndonos a ser agregados de una finca o propiedad
cedida por un bando al otro.
Superando esos antecedentes, el liderato político puertorriqueño de
la época reaccionó ágil y positivamente a la realidad de la nueva Metrópoli.
Ya en 1899, se organizaron dos partidos políticos principales, el Republicano y
el Federal, encaminados hacia la asimilación que solicitaron de la Capital
Federal. De ahí, la inacción, el titubeo e improvisación del Congreso
incitaron a la consecuencia de otros reclamos, incluido el de la independencia.
A
Cuba, la otra colonia española del Caribe tomada por las armas en 1898, el
Congreso le reconoció su independencia en 1902, apenas cuatro años de concluida
la Guerra Hispanoamericana. Puerto Rico, recibió un trato diferente. En lugar
de la independencia, el Congreso otorgó a los puertorriqueños la Ciudadanía
Americana. El mensaje quedó así claramente informado: En Puerto Rico
nos quedamos.
No
obstante, a lo largo del Siglo XX e iniciado el Siglo XXI, qué hacer con la
“colonia”, el “territorio”, la “propiedad” de Puerto Rico, ha sido el gran
dilema que ante los ojos del mundo desmoraliza, humilla y denigra el
prestigio democrático de los Estados Unidos de América.
Sin
consentimiento
En 1952, entre San Juan y Washington D.C., fue creado un proyecto
para maquillar esta subyugación colonial. Se autorizó al “pueblo de Puerto
Rico” a convocar una Asamblea Constituyente, redactar una Constitución, someterla
al Congreso para aprobación y ratificarla en referéndum. El liderato político
puertorriqueño dominante en la época intentó sublimar el proceso bajo la
pretensión de haberse creado un nuevo estatus autonómico con el nombre de
“Estado Libre Asociado”.
En
1953 elevaron esta mentira a la Organización de las Naciones Unidas para
liberar a Washington de la humillante obligación de rendir informes anuales
sobre Puerto Rico al Comité Descolonizador. El curso inexorable de la historia
se ocupó del espejismo: El dominio absoluto del Congreso bajo la Cláusula
Territorial; el resultado de consultas plebiscitarias y el constante reclamo
sobre el estatus político; las opiniones del Departamento de Justicia Federal y
del Congreso, y las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos que tan
recientemente como en 2016, dejaron claramente establecida la situación
colonial mediante sus opiniones y decisiones jurídicas; y la revalidación
progresiva del movimiento estadista fundado desde comienzos de Siglo XX.
El 6 de noviembre de 2012, la voluntad del pueblo puertorriqueño
quedó expresada en las urnas: el 53.97% votó su inconformidad y rechazo al
estatus colonial vigente; y el 61.16% votó su preferencia por la Estadidad.
Desde entonces, el consentimiento cuestionado del “pueblo de Puerto
Rico” a la relación configurada mediante el proceso constitucional de 1952, quedó
retirado. Para todo efecto político, desde 2012, los Estados Unidos de
América ejercen poderes de dominio colonial sobre Puerto Rico, sin el
consentimiento de los puertorriqueños y en violación al derecho internacional.
Un debate
inconcluso
La
incoherencia fundamental que se planteó Estados Unidos de América cuando
adquiere las colonias españolas en 1898, fue advertida desde el mismo comienzo
al debatirse la ratificación del Tratado de París. Se opusieron tenazmente
figuras nacionales del más alto calibre, entre las que se destacaron: el
Presidente número 22 de Estados Unidos Grover Cleveland, y el Presidente número
23 Benjamin Harrison; el Secretario de Estado de la Administración Wilson,
William Jennings Bryan; los escritores e intelectuales Mark Twain, William
James, E. L. Godkin y Andrew Carnegie. La argumentación esgrimida contra la
ratificación del tratado fue moralmente devastadora.
Describieron como un acto innatural, absurdo, grotesco que a los 122
años de fundada una nación forjada mediante un acto de guerra para liberarse
del imperialismo europeo, se propusiera transmutarse a imperio poseedor de las
antiguas colonias europeas. Entonces, quedó planteado que, arrebatar las
colonias españolas para poseerlas y gobernarlas, implicaba renunciar los
principios básicos que dieron vida a la Unión Americana.
El
Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 (Cláusula Territorial de la Constitución de
los Estados Unidos de América) es en nuestro tiempo una disposición arcaica,
moral y políticamente impugnable. Dicha cláusula fue redactada en su origen
para atender el potencial de crecimiento nacional que ofrecían los territorios
contiguos continentales en los albores del Siglo XX empleada para adquirir,
poseer y administrar colonias.
Aquel gran debate queda inconcluso por el hecho de que
el Congreso, tras admitir a los habitantes de Puerto Rico como ciudadanos en
1917, carga hoy todavía la ignominiosa responsabilidad de mantenerlos en
estatus de inferioridad, subyugación y desigualdad colonial.
Consecuencias
económicas
Es evidente que, bajo la tutela de Estados Unidos, aunque sin ser un
estado, el empobrecido Puerto Rico de 1898 experimentó una transformación
económica. La asimilación socioeconómica resultante creó por un tiempo un
pueblo saludable y progresista. Ello, adaptado al modelo capitalista estadounidense,
pero conservando las raíces y los valores de su cultura hispánica.
Esa
transformación fue beneficiosa tanto para el colonizado como para el
colonizador. Hubo aprovechamiento de orden geopolítico y militar
significativos en época de guerra. El monocultivo azucarero en la Isla sirvió
como base empresarial a la industria y el mercado agrícola estadounidense
continental. La transformación industrial y el desarrollo económico alcanzados
en Puerto Rico potenciaron la influencia estadounidense en Latinoamérica en
contrapeso a la infiltración comunista hemisférica agenciada desde Cuba durante
los años de la “Guerra Fría”. Y, como corolario, el poder adquisitivo
desarrollado en la Isla nos convirtió en el más lucrativo mercado
hemisférico consumidor para los Estados Unidos Continentales.
El fracaso económico y social del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico como colonia de los Estados Unidos se ha evidenciado con mayor claridad en
los últimos años. Puerto Rico en los últimos 10 años ha sufrido una
contracción económica de 14.6% y la pérdida de 300,000 habitantes. Puerto Rico
se encuentra con un déficit de más de $7,000 millones de dólares como resultado
de la desigualdad y limitaciones de la colonia.
La crisis económica, financiera y presupuestaria que hoy enfrenta el
Gobierno de Puerto Rico tiene, por igual, dos vías de procedencia. La clase
gobernante y administradores públicos que se turnaron el poder durante los
pasados años cometieron errores y acumularon una deuda monumental obligados por
las limitaciones de la colonia. Además, está el costo de 119 años durante los
que Puerto Rico vivió el limbo colonial sin las herramientas económicas que tienen
los estados de la Unión y los países soberanos e independientes.
Cuando
Alaska y Hawaii ingresaron a la Nación como estados, su ingreso per cápita
promedio aumentó 69% y 52%, respectivamente. Este aumento se reflejó a sólo 10
años de sus admisiones como estados. En Alaska las exportaciones se
triplicaron y el turismo en Hawaii aumentó en un 20% y se triplicaron el número
de habitaciones de hotel. Por su parte, la inversión extranjera en Hawaii, luego
de su admisión, aumentó de $168 millones a $625 millones. En Alaska y Hawaii
el ingreso promedio es de $65,000 al año mientras que en Puerto Rico es menor
de $19,000.00.
Hoy,
Puerto Rico es el mal ejemplo del proyecto colonial fracasado que los adversarios
de Estados Unidos utilizan para desprestigiarlo.
El
federalismo es la solución. El modelo colonial fracasado impide a Puerto
Rico alcanzar la plenitud económica y social. Habilitado para la Estadidad
como se habilitó a los territorios de Alaska y Hawái, el Estado de Puerto Rico
podrá aportar como esos dos antiguos territorios ahora aportan
proporcionalmente a la fuerza económica de la Unión.
Soluciones
La
solución final y definitiva para el problema colonial del estatus político de
Puerto Rico es la estadidad federada que ya obtuvo un mandato amplio y
contundente de las urnas en la consulta de 2012.
Cada
vez que asoma el tema colonial de Puerto Rico al escenario nacional o
internacional, la clase gobernante en Washington expresa su respeto a la “libre
determinación” del pueblo puertorriqueño. En su intervención de este verano
para responder al informe del Comité Descolonizador, la embajadora de Estados
Unidos ante la ONU Samantha Power, dijo: “El Pueblo de Puerto Rico tiene el
derecho a su autodeterminación escogiendo entre tres fórmulas descolonizadoras
reconocidas por el derecho internacional; la estadidad, la independencia y la
libre asociación.” La autodeterminación del pueblo puertorriqueño
escogiendo la “fórmula descolonizadora” de la estadidad, ya fue expresada en
la consulta sobre estatus político de 2012.
Es
hora de reconocer hechos irrefutables y verdades categóricas. El Congreso ha
desmantelado el andamiaje constitucional de 1952. El Puerto Rico Oversight,
Management, and Economic Stability Act, mejor conocido por PROMESA, aprobado
por el Congreso en 2016, otorgó a los miembros designados de su junta poderes
que subvierten los que la Constitución de Puerto Rico otorga a los funcionarios
más altos que elige el pueblo de Puerto Rico: el Gobernador, los miembros de la
Asamblea Legislativa y los Alcaldes. Para todo fin práctico, el Congreso nos
retrocedió a la época cuando el Gobernador, el Tesorero y miembros de la Rama
Judicial fueron designados desde Washington; y cuando el Presidente tenía la
potestad de vetar el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa de Puerto
Rico.
El
retroceso hacia el colonialismo más crudo del pasado, da mayor urgencia al
reclamo de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico a que se atienda la agenda
descolonizadora. La historia nos enseña que, en la cultura democrática
estadounidense, los derechos no se piden ni se suplican; se exigen y se
demandan.
Esta Asamblea Legislativa, por tanto, decide adoptar por medio de
esta Ley, el Plan de la Igualdad que otros territorios usaron para convertirse
en estados para establecer el Proyecto Habilitador de la Primera Delegación
Puertorriqueña al Congreso de Estados Unidos, con la demanda de que se
reconozca, acepte y respete la voluntad expresada libre y democráticamente en
las urnas por nuestros ciudadanos con capacidad electoral el 6 de noviembre de
2012, cuando por abrumadora mayoría rechazaron el estatus colonial y
manifestaron su preferencia por la admisión de Puerto Rico como un Estado de la
Unión; y de que se reconozca a estos delegados como los primeros representantes
y senadores del nuevo Estado.
El Proyecto
Habilitador de la Primera Delegación Puertorriqueña al Congreso de Estados
Unidos, es el acto normal, natural, legítimo, lógico de un pueblo que exige
y demanda sus derechos democráticos más fundamentales como ciudadanos de los
Estados Unidos de América.
La
lucha y el reclamo por la admisión del Estado de Puerto Rico a la Unión, es
tanto un deber de legitimación democrática para los ciudadanos Americanos
puertorriqueños, como es de reafirmación democrática a los principios que
crearon a la Unión para los Ciudadanos Americanos de los cincuenta estados de
la Unión.
Para
validarse ante el mundo entero como ejemplo democrático a imitar y seguir, los
Estados Unidos de América tienen que honrar en Puerto Rico los principios bajo
los cuales se proclamaron en 1776 como una unión independiente del imperialismo
europeo; tienen que honrar las vidas ofrendadas y la sangre vertida por miles
de sus conciudadanos puertorriqueños en los campos de batalla; y tienen que demostrar
que América sigue fiel al modelo de convivencia multinacional y multicultural
que abrió puertas a los peregrinos del mundo entero, para con la aportación de
todos constituirse en la nación más soberana, libre, independiente y poderosa
que existe sobre la faz de la tierra.
A
Puerto Rico, ha llegado la hora de demandar y exigir lo que por derecho nos
corresponde; a Washington, la de oír la voz moral de sus ancestros y honrar los
ideales consagrados en la historia de los Estados Unidos de América.
Esta
medida es una de las piezas claves para provocar que el Gobierno Federal de los
Estados Unidos de América atienda el problema de estatus colonial que evita el
crecimiento social y económico de Puerto Rico.
Por
ello, y a tenor con la Ley Pública 113-76 (2014), esta Asamblea Legislativa
aprobó la Ley 7-2017 conocida como la “Ley para la Descolonización Inmediata de
Puerto Rico”. Esta pieza permite al pueblo puertorriqueño utilizar legislación
federal para empujar la agenda de descolonización avalada en las urnas en el
año 2012. Por su parte, la presente medida permite utilizar otro mecanismo
para lograr el mismo fin, según lo propuso la actual Administración al pueblo
en el Plan para Puerto Rico.
DECRÉTASE
POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.-Título.
Esta Ley se
conocerá como “Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los
Ciudadanos Americanos de Puerto Rico”.
Artículo 2.-Definiciones.
Para propósitos
de esta Ley, el término:
(a)
“Asamblea Legislativa” – significa en conjunto
la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico.
(b)
“Comisión” – significa la “Comisión de la
Igualdad para Puerto Rico” que, según se provee en esta Ley, es una entidad
legal del Gobierno de Puerto Rico para constituir su “delegación congresional”
e instrumentar el mandato electoral de los ciudadanos americanos de Puerto Rico
en el plebiscito realizado el 6 de noviembre de 2012 y la política pública
adoptada en esta Ley.
(c)
“Congresista” – significa, indistintamente,
cualquier persona natural que haya sido designada o electa para representar a
Puerto Rico como “Representante” o “Senador”, en la Cámara de Representantes o
el Senado de los Estados Unidos de América, respectivamente.
(d)
“Congreso” – significa en conjunto la Cámara de
Representantes y el Senado de los Estados Unidos de América.
(e)
“Delegación congresional” – se refiere
colectivamente a los dos (2) “Senadores” y la cantidad de “Representantes” que
correspondan por población para representar a los ciudadanos americanos de
Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos a través de la Comisión de la
Igualdad creada por esta Ley; y hasta que ellos o sus sucesores sean electos en
elección congresional.
(f)
“Gobernador” – significa el Gobernador de Puerto
Rico.
(g)
“Presidente” – significa el Presidente de los
Estados Unidos de América.
(h)
“Representante” – significa toda persona natural
que ocupe una posición en la Comisión de la Igualdad o que haya sido electa y
certificada en una elección congresional como Representante de un Distrito Congresional
de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América
y durante términos de dos (2) años.
(i)
“Senador” - significa toda persona natural que
ocupe una posición en la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico o que haya
sido electa y certificada en una elección congresional como Senador “Clase I”, “Clase
II” o “Clase III” del Estado de Puerto Rico en el Senado de los Estados Unidos
de América.
(j)
“Senador Clase I” – significa el término
utilizado en las normas federales para clasificar a un miembro del Senado de
los Estados Unidos de América electo por voto directo en elección congresional
por un periodo equivalente a los años restantes del término de los senadores
pertenecientes a la Clase I, y a partir del vencimiento del mismo, electo en
elecciones congresionales sucesivas por cada término de seis (6) años como
Senador Clase III.
(k)
“Senador Clase II” – significa el término
utilizado en las normas federales para clasificar a un miembro del Senado de
los Estados Unidos de América electo por voto directo en elección congresional
por un periodo equivalente a los años restantes del término de los senadores
pertenecientes a la Clase II, y a partir del vencimiento del mismo, electo en
elecciones congresionales sucesivas por cada término de seis (6) años como
Senador Clase III.
Artículo 3.-Declaración
de Política Pública.
Después de ciento
dieciocho (118) años de condición territorial y colonial, y teniendo en
consideración los resultados del plebiscito realizado el 6 de noviembre de
2012, la mayoría de los electores, todos ciudadanos americanos de Puerto Rico, rechazaron
la actual condición como territorio colonial de los Estados Unidos de América;
y reclamaron la igualdad de derechos y deberes como ciudadanos americanos con la
admisión de Puerto Rico como un estado de la Unión. Se declara como mandato de
los ciudadanos y como política pública del Gobierno de Puerto Rico que:
(a)
El mencionado plebiscito representa la más reciente
y clara voluntad de la mayoría de los ciudadanos americanos de Puerto Rico,
amparados en su derecho a reclamar de su Gobierno Federal la reparación de
agravios por virtud de la Primera Enmienda de la Constitución Federal.
(b)
Habiendo sido certificados los resultados de ese
plebiscito, el 53.97% de los votantes rechazaron de manera específica el
estatus colonial y territorial que se instauró en el año 1898 con el Tratado de
París; el 61.16% de los electores que expresaron una preferencia apoyaron de
manera específica la igualdad de derechos y deberes con la Estadidad como
mecanismo final y permanente para la descolonización; el 33.34% de los votos
apoyaron un tratado de Libre Asociación; y el 5.49% de los votos a favor de la
Independencia total.
(c)
De manera inmediata, debe comenzar un proceso de
transición para cesar en Puerto Rico la imposición de cualquier condición
territorial y colonial en todas las modalidades e interpretaciones jurídicas
del Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución de los Estados Unidos
de América; y encaminar a Puerto Rico, en el menor plazo posible, a la igualdad
de derechos y deberes de un estado de la Unión bajo la Constitución de los
Estados Unidos de América.
(d)
Los ciudadanos americanos de Puerto Rico están
organizados internamente con una forma republicana de gobierno, y gobernados
bajo el palio de una Constitución avalada por el Congreso y el Presidente; y compatible
con todos los requisitos que impone la Constitución de los Estados Unidos de
América para los estados de la Unión.
(e)
Actualmente, como estado de la Unión, Puerto
Rico tiene derecho a una delegación congresional de dos (2) Senadores y,
conforme su población actual, cinco (5) Representantes, según se dispone en las
Secciones 2 y 3 del Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos de
América.
(f)
Este ejercicio de descolonización no es el único
y el Gobierno local aprobó la Ley 7-2017, conocida como la “Ley para la
Descolonización Inmediata de Puerto Rico” para utilizar el mecanismo de la
legislación federal, Ley Pública 113-76 (2014) para descolonizar a Puerto Rico.
Artículo 4.-Medidas
Transitorias para Constituir la Representación Congresional de los Ciudadanos Estadounidenses
de Puerto Rico.
Sección 1.-Creación
de la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico
(a)
Se crea como una entidad legal del Gobierno de
Puerto Rico.
(b)
La Comisión tendrá un sello oficial con las
palabras “Puerto Rico Equality Commission” y el diseño que dicha entidad
disponga.
(c)
La Comisión deberá contar con un portal bilingüe,
con los idiomas español e inglés, en el Internet con información sobre sus propósitos
y gestiones.
(d)
La Comisión estará adscrita a la Administración
de Asuntos Federales de Puerto Rico (en adelante, PRFAA por sus siglas en
inglés).
Sección 2.-Deberes y Facultades de la Comisión
La Comisión tendrá los siguientes deberes y facultades:
(a)
Dar riguroso y urgente cumplimiento al mandato
electoral y la política pública expresadas en el Artículo 3 de esta Ley,
incluyendo la promoción y la defensa de cualquier otro mandato electoral futuro
de los electores de Puerto Rico que sea equivalente, incluyendo el resultado de
la consulta a celebrarse al amparo de la Ley 7-2017, conocida como la “Ley para
la Descolonización Inmediata de Puerto Rico”.
(b)
Ejercer todos los poderes y funciones inherentes
a la delegación congresional del Estado de Puerto Rico, declarada vacante de
acuerdo con el Artículo 3 (f) de esta Ley.
(c)
Educar, abogar y promover la admisión de Puerto
Rico como estado de los Estados Unidos y la obtención de la total igualdad de derechos
y deberes para los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.
(d)
Solicitar, gestionar y exigir participación y
reconocimiento como Congresistas de los ciudadanos americanos de Puerto Rico en
el Senado y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América.
(e)
Asesorar al Gobernador de Puerto Rico, a las
agencias, instrumentalidades públicas y subdivisiones políticas del Gobierno de
Puerto Rico y al público en general sobre todos los aspectos legales y
políticos que involucren la promoción de la admisión de Puerto Rico como estado
de los Estados Unidos de América.
(f)
Comparecer ante el Congreso, la Casa Blanca, las
agencias y tribunales federales para expresarse con relación a cualquier asunto
enmarcado dentro de su competencia.
(g)
Demandar y ser demandada en reclamaciones o
causas de acción a nombre propio en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto
Rico contra cualquier persona natural o jurídica que incumpla o interfiera con
los requisitos, fines y objetivos de esta Ley.
(h)
Estudiar, fomentar y facilitar el desarrollo de
iniciativas para promover la admisión de Puerto Rico como estado de los Estados
Unidos de América y la obtención de la igualdad de derechos y deberes para
todos los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico.
(i)
Preparar y presentar al Gobernador de Puerto Rico
y a la Asamblea Legislativa, en la Secretaría de cada cámara, un informe anual
que detalle todos los esfuerzos, gestiones, iniciativas y proyectos realizados
por la Comisión para cumplir con sus deberes y facultades. Este informe será
presentado no más tarde del 30 de junio del año siguiente al año calendario
objeto de informe y a partir del año calendario 2017.
(j)
Realizar toda acción legal o civil que sean necesarias
para promover la admisión de Puerto Rico como estado de los Estados Unidos,
incluyendo la participación de sus miembros en foros y en las prensas
estatales, nacionales e internacionales.
(k)
Adoptar reglamentos
sobre su funcionamiento interno.
Sección 3.-Composición de la
Comisión
(a)
Se compondrá de siete (7) miembros: dos (2)
Senadores y cinco (5) Representantes.
(b) Los
Representantes y los Senadores miembros de la Comisión, representarán por
acumulación al pueblo de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos,
hasta que otra cosa se disponga por Ley.
Sección 4.-Nombramientos
(a)
El Gobernador, no más tarde de los treinta (30)
días a partir de la aprobación de esta Ley, otorgará nombramiento a la
totalidad de los miembros de la Comisión y designará a uno
de sus miembros como presidente. Los
miembros de la Comisión se considerarán de confianza a discreción del Gobernador.
(b)
Los miembros designados de la Comisión
requerirán el consejo y consentimiento de la mayoría de los miembros de cada
cámara de la Asamblea Legislativa previo a prestar el juramento de su cargo.
(c)
Una vez confirmados por la Asamblea Legislativa,
pero antes de ocupar sus cargos en la Comisión, todos los miembros deberán
prestar juramento de fidelidad ante el Secretario de Estado de Puerto Rico. Ningún
miembro designado de la Comisión ocupará su puesto como Representante o
Senador, sin antes cumplir con el juramento de fidelidad. El juramento de
fidelidad se expresará de la manera siguiente: “Yo, (nombre del miembro de la
Comisión), ciudadano de los Estados Unidos de América, con (años de edad) de
edad, con estatus civil de (soltero o casado), residente y elector en el
municipio de (nombre del municipio) en Puerto Rico, juro que he sido designado
y también confirmado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico como (Senador o
Representante) en la Comisión de la Igualdad para Puerto Rico, creada por la
Ley Núm. ___-2017 y que cumplo a cabalidad con los todos los requisitos legales
para asumir este cargo. Solemnemente, juro, además, que presto mi total
fidelidad y adhesión a la política pública y todas las disposiciones de la
mencionada ley; a los fines de hacer valer los
resultados mayoritarios del plebiscito realizado el 6 de noviembre de 2012 y de
cualquier mandato electoral futuro en el que la mayoría de los electores, todos
ciudadanos americanos de Puerto Rico, reiteren su rechazo a la actual condición
como territorio colonial de los Estados Unidos de América; y también su reclamo
a la Igualdad de derechos y deberes como ciudadanos americanos con la admisión
de Puerto Rico como un estado de la Unión. Juro, además, que defenderé la
Constitución de los Estados Unidos y la Constitución y las Leyes de Puerto Rico
contra todo enemigo interior o exterior; que prestaré fidelidad y adhesión a
las mismas; incluyendo el derecho de los ciudadanos americanos de Puerto Rico a
exigir de su Congreso la reparación del agravio territorial y colonial, según
la Primera Enmienda de la Constitución Federal con relación a la solución final
del problema colonial de Puerto Rico. Que asumo todas estas obligaciones libremente
y sin reserva mental ni propósito de evadirla; y que desempeñaré bien y
fielmente los deberes del cargo que estoy próximo(a) a ejercer.”
(d)
El anterior juramento será tomado por el Secretario
de Estado no más tarde de los cinco (5) días calendario a partir de la Asamblea
Legislativa haber confirmado a cada uno de los miembros de la Comisión.
(e) Los
dos (2) Senadores deberán tener al menos treinta (30) años de edad cumplidos al
momento de su nombramiento, haber sido ciudadanos de los Estados Unidos de
América durante los nueve (9) años anteriores a su nombramiento, hablar y
escribir los idiomas inglés y español con fluidez y ser electores y residentes
en Puerto Rico.
(f) Los cinco
(5) Representantes deberán tener al menos veinticinco (25) años cumplidos al
momento de su nombramiento, haber sido ciudadanos de los Estados Unidos de
América durante los siete (7) años anteriores a su nombramiento, hablar y
escribir los idiomas inglés y español con fluidez y ser electores y residentes
en Puerto Rico.
(g) Los
miembros de la Comisión ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores, debido a
vacante, sean nombrados por el Gobernador, confirmados por la mayoría de los
miembros en cada cámara de la Asamblea Legislativa y tomen posesión de sus
cargos; o hasta que sus sucesores sean electos por el voto directo de los
electores mediante elección congresional y tomen posesión de sus cargos, según las
reglas permanentes dispuestas en el Artículo V de esta Ley.
(h) Los
miembros de la Comisión tendrán derecho a una dieta en relación con los deberes
que mediante esta Ley se les impone. Los miembros de la Comisión tendrán
derecho a que se le reembolsen los gastos necesarios en que incurran en el
desempeño de sus deberes, responsabilidades o gestiones oficiales en y fuera de
la jurisdicción de Puerto Rico, sujeto a la reglamentación que al efecto adopte
la Comisión.
(i) Los
miembros de la Comisión serán considerados como funcionarios públicos, en
cuanto respecta a sus actuaciones en el cumplimiento de sus funciones, obligaciones
y prerrogativas al amparo de esta Ley. Éstos tendrán inmunidad legislativa
dentro de su capacidad individual mientras están en gestión de sus funciones.
Tendrán, además, inmunidad igual a la concedida a los miembros del Gabinete Eejecutivo.
Dentro del marco de sus funciones, tendrán derecho a solicitar y recibir la
representación legal y la protección al amparo de la Ley Núm. 104 de 29 de
junio de 1955, según enmendada.
(j) Los
miembros de la Comisión no podrán tener conflicto de intereses con el Gobierno
de Puerto Rico y les aplicará la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como
“Ley de ética Gubernamental de
Puerto Rico de 2011.”
Sección 5.-Vacantes en la
Comisión
(a)
A solicitud de la mayoría de los miembros de la
Comisión o por iniciativa propia, el Gobernador podrá declarar vacante la
posición de cualquier miembro de la Comisión por falta de confianza o por incumplimiento
de sus deberes con esta Ley o los reglamentos adoptados por la Comisión.
(b)
Cuando por cualquier razón se produzca una vacante
de Representante o Senador en la Comisión, el Gobernador nombrará al sucesor
dentro del término de treinta (30) días a partir de ser oficializada la vacante,
siempre que haya verificado que el sustituto cumple con todos los requisitos
constitucionales y legales para ocupar el puesto. El sustituto deberá cumplir
con todos los requisitos y procedimientos dispuestos en este Artículo.
Sección 6.-Reglamento
Interno
La Comisión
deberá preparar y aprobar un reglamento para gobernar sus asuntos internos en o
antes de los treinta (30) días calendario a partir de ser juramentada la
totalidad de sus miembros. Copia de ese u otros reglamentos aprobados por la
Comisión deberán ser registrados ante el Secretario de Estado de Puerto Rico no
más tarde de los cinco (5) días laborables posteriores a su aprobación. Los
reglamentos de la Comisión no estarán sujetos a Ley Núm. 170 de 12 de agosto de
1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme”.
Sección 7.-Funcionamiento
Interno
(a)
La Comisión deberá reunirse por lo menos en una
ocasión cada mes.
(b)
Un total de cuatro (4) de sus miembros, de los
cuales al menos uno deberá ser
Senador, constituirá el quorum una vez la totalidad los miembros
designados tomen posesión de sus cargos.
(c)
Todos los acuerdos de la Comisión reunida en
sesión mensual serán adoptados por unanimidad de los miembros presentes y constituidos
en quorum. En ausencia de unanimidad, el asunto deberá ser presentado a
la consideración del Gobernador no más tarde de los cinco (5) días laborables a
partir de concretarse la ausencia de unanimidad. El Gobernador deberá comunicar
su decisión no más tarde de los tres (3) días calendario a partir del recibo de
la comunicación de ausencia de unanimidad. La decisión del Gobernador, una vez
comunicada a la Comisión, advendrá como final y firme y será de cumplimiento
para todos los miembros de la Comisión. En caso del Gobernador decidir no
intervenir, entonces prevalecerá la decisión mayoritaria
de la Comisión y será de cumplimiento para todos los miembros de la Comisión.
A los fines de este inciso, para que prevalezca la decisión mayoritaria, será necesaria
la concurrencia del voto de al menos uno de los Senadores que forman parte de
la Comisión.
(d)
En situaciones extraordinarias, que surjan fuera
de los días de las reuniones mensuales de la Comisión, el Presidente de la
Comisión podrá consultar y someter a votación asuntos impostergables con la
totalidad de los miembros mediante comunicación escrita o telefónica. En
ausencia de acuerdo unánime, se procederá conforme a lo dispuesto en el
apartado anterior.
Sección 8.-Presupuesto
de la Comisión
PRFAA solicitará
y justificará ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a la Asamblea
Legislativa la inclusión de las asignaciones presupuestarias para el
funcionamiento de la Comisión como parte de su presupuesto.
Artículo 5.-Disposiciones generales.
Sección 1.-Leyes
en conflicto
En los casos en
que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto, o sean inconsistentes con
las disposiciones de cualquier otra ley, prevalecerán las disposiciones de esta
Ley.
Sección 2.-Cláusula
de Separabilidad
Si cualquier
cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia
a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de
esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo,
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una
persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo,
oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título,
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas
personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad
expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan
cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare
inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o
declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta
Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de
separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
Sección 3.-Cláusula
Anti Injunction
No se expedirá Injunction
alguno para impedir la aplicación de esta Ley o cualquier parte de la misma.
Artículo 6.-Vigencia
Esta Ley
comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es
copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
2. Presione
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