Ley Núm. 34 del año 2017
(P. del S. 298); 2017, ley 34
Para enmendar el Artículo 7 del Capítulo III, de la Ley Núm.
213 de 1996, Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico.
Ley Num. 34 de 9 de junio de 2017
Para enmendar el Artículo 7 del Capítulo III, de la
Ley 213-1996, según enmendada, conocida como la “Ley de Telecomunicaciones de
Puerto Rico”, para facultar a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de
Puerto Rico a administrar el Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico; y para
otros fines.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
La Ley
213-1996, según enmendada, conocida como la “Ley de Telecomunicaciones de
Puerto Rico de 1996”, (en adelante, Ley 213) expresamente dispone en su
Artículo III-7 que la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (en adelante,
Junta) designará a un administrador independiente para administrar el Fondo de
Servicio Universal de Puerto Rico (en adelante, Fondo), y supervisar el
desembolso de dinero a las compañías de telecomunicaciones elegibles. Todo el
proceso de administración del Fondo está sujeto a auditorías por la Oficina del
Contralor de Puerto Rico.
La Ley
213, en cuanto a servicio universal, le encargó a la Junta expresamente: 1)
reconocer el servicio de telecomunicaciones como uno cuya prestación persigue
un fin de alto interés público, dentro de un mercado competitivo; 2) asegurar
que se provea el servicio universal a un costo justo, razonable y asequible
para todos los ciudadanos; 3) repartir de forma equitativa entre todas las
compañías de telecomunicaciones las obligaciones, responsabilidades y cargas
adscritas al desarrollo y preservación del servicio universal; 4) establecer
mecanismos de apoyo específicos, predecibles y suficientes para preservar y desarrollar
el servicio universal; 5) dar acceso a servicios de telecomunicaciones,
razonablemente comparables a los provistos en áreas urbanas, a los consumidores
en toda la Isla, incluyendo a los de bajos ingresos y los que residen en áreas
rurales o en áreas en que sea costoso el acceso a tales servicios, verificando
que estos servicios estén disponibles en todo Puerto Rico, a precios justos y
razonables.
Actualmente,
la Ley 213 contempla que sea un administrador independiente quien se encargue
del Fondo. El proceso de contratación de esta entidad encargada de administrar
el Fondo, representa un desembolso significativo de fondos públicos, doce mil setecientos
cincuenta (12,750) dólares mensualmente, en momentos en que la situación fiscal
del Gobierno de Puerto Rico es una delicada. En consideración a la situación
del País, el Gobierno ha tomado un sinnúmero de acciones dirigidas a balancear
las finanzas y evitar gastos innecesarios, maximizando sus recursos. Se han
expedido varias Órdenes Ejecutivas, decretando un Estado de Emergencia Fiscal y
ordenando la implantación inmediata de varias medidas de control y reducción de
gastos.
Considerando
la crisis fiscal por la que atraviesa el Gobierno, entendemos necesario y
beneficioso enmendar la Ley 213, de manera que se le brinde a la Junta la
facultad de ser ésta la encargada de administrar el Fondo o nombrar un
administrador independiente. La contratación de servicios es un recurso
extraordinario que debe ser utilizado únicamente cuando redunda en beneficios para
la misión ministerial de la agencia, y sólo cuando ésta no pueda realizar
dichos servicios con el personal disponible.
La Junta
cuenta con el personal y los controles internos necesarios para asegurar una
sana administración del Fondo de Servicio Universal. Todas sus operaciones se
llevan a cabo de acuerdo con las normas de contabilidad aplicables al Gobierno
de Puerto Rico y todo el proceso de recaudo, administración, desembolso y uso
de dinero del Fondo será auditado por la Oficina del Contralor. Por ende, la
función de administrar dicho Fondo no sería extraña ni inapropiada con las
gestiones que realiza la Junta cotidianamente. Actualmente la cuenta
relacionada con las recaudaciones y desembolsos del Fondo se encuentra a cargo
del Banco Popular de Puerto Rico.
Esta
enmienda redundaría en un uso más eficiente de los fondos públicos que
administra la Junta.
Además,
se enmienda el Artículo III-7 de la Ley 213, según enmendada, para incluir la
aportación al Fondo de otros servicios, cuando así lo determine la Comisión
Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés); y para eliminar
apartados relacionados a procedimientos iniciales de la constitución del Fondo.
DECRÉTASE POR LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 7 del Capítulo III de la Ley 213-1996,
según enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico”, para
que lea como sigue:
“Capítulo III.- Reglamentación y
Supervisión
Articulo 1.-…
Artículo 7.- …
(a) …
(b) …
(c) Procedimientos del servicio
universal
(1)
La Junta determinará:
(A) Los mecanismos de
apoyo necesarios en la jurisdicción de Puerto Rico para ampliar o sostener el
servicio universal. La decisión a estos efectos será tomada por mayoría de los
miembros de la Junta si el mecanismo o los mecanismos favorecidos figuran entre
los ya utilizados en cualquier área bajo las jurisdicciones en que rige la Ley
Federal de Comunicaciones, o se encontrarán entre aquellos que estuvieran bajo consideración
de la Comisión Federal de Comunicaciones o hayan sido implantados en los
distintos Estados de los Estados Unidos de América. La decisión de implantar
cualquier otro mecanismo de apoyo requerirá el voto unánime de los miembros de
la Junta.
(B) La forma en que las
sumas aportadas a través de los mecanismos de apoyo al fondo de servicio
universal a nivel de Puerto Rico serán distribuidas entre las compañías de
telecomunicaciones elegibles, y
(C) La forma en que
cualquier otro mecanismo de apoyo a nivel de Puerto Rico deba ser establecido,
administrado y controlado.
(2)
Los servicios a ser sufragados por el programa
del servicio universal en Puerto Rico incluirán aquellos servicios necesarios
para atender las necesidades particulares a nivel de Puerto Rico, según lo
establezca la Junta. En la determinación de los servicios que estarán incluidos
en la definición de servicio universal, la Junta considerará las
recomendaciones hechas, si algunas, por la Junta Federal-Estatal (Federal-State
Joint Board) establecida por la sec. 254(a) de la Ley Federal de Comunicaciones,
la Comisión Federal de Comunicaciones, así como aquellos servicios implantados
por los distintos estados de los Estados Unidos de América en sus respectivos
programas de servicio universal.
(3)
Todas las compañías de telecomunicaciones y
aquellas otras proveedoras de servicios designados a contribuir, aportarán al
fondo del servicio universal de forma equitativa y no discriminatoria.
(4)
La obligación de aportar al fondo de servicio
universal comenzará en la fecha en que la compañía de telecomunicaciones u otras
proveedoras de servicios obligada a contribuir, comiencen a prestar servicios
de telecomunicaciones u otros servicios elegibles en Puerto Rico y a generar
ingresos por concepto de los mismos, con arreglo a la Sección 254(f) de la Ley
Federal de Telecomunicaciones o cuando la Comisión Federal de Comunicaciones lo
determine.
(5)
Las sumas de dinero aportadas por las compañías
de telecomunicaciones u otras proveedoras de servicios designadas a contribuir
al fondo de servicio universal, a través de los mecanismos de apoyo
establecidos por la Junta, ingresarán a una cuenta especial en el banco que la
Junta determine. Dicho fondo se utilizará exclusivamente para ayudar a proveer,
mantener, mejorar y administrar los servicios en apoyo de los cuales el fondo
es creado.
(6)
La Junta podrá designar un administrador
independiente, por el método de subasta, o asignar a personal de la Junta, la
administración de las sumas depositadas en la cuenta del “servicio universal” y
supervisar su desembolso a las compañías de telecomunicaciones elegibles. Todo
el proceso de recaudo, administración, desembolso y uso de dichas sumas estará
sujeto a auditorías por el Contralor de Puerto Rico.
(7)
La Junta revisará, al menos una (1) vez al año,
el monto de la obligación que cada compañía de telecomunicaciones u otra proveedora
de un servicio que desarrolle prospectivamente de acuerdo a la tecnología en
evolución y que sea designada como una compañía de telecomunicaciones elegible tiene
con el Fondo de Servicio Universal y al fijar la misma tomará en consideración
las recomendaciones, si algunas, del Administrador o del personal de la Junta
asignado a la administración. Las decisiones que la Junta adopte a estos
efectos se fundamentarán sobre dos factores principales:
(A)
el interés público en ampliar y mantener un
sistema de telecomunicaciones moderno y al alcance de todos los sectores
geográficos y sociales de Puerto Rico, y
(B)
la necesidad de velar por que los criterios
utilizados para establecer la aportación de las compañías al fondo sean viables
y de aplicación uniforme, equitativa y no sean arbitrarios o discriminatorios
(8)
Los fondos obtenidos a través del mecanismo de
aportación al servicio universal deberán usarse en forma eficiente para
facilitar el ofrecimiento de servicios de alta calidad al mejor precio posible.
(9)
Una vez establecido el Fondo de Servicio
Universal de Puerto Rico, las decisiones relacionadas a éste se tomarán por
mayoría de los miembros de la Junta. No obstante, la derogación del Fondo de
Servicio Universal de Puerto Rico necesitará el voto unánime de los miembros de
la Junta para ser válida, dada la importancia del mismo para el acceso a la
tecnología de todos los ciudadanos de Puerto Rico.
(d)...
...”
Artículo 2.- Si cualquier
artículo, disposición, párrafo, inciso o parte de esta Ley fuese declarada
inconstitucional o nula por cualquier tribunal competente, tal sentencia no
afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta Ley.
Artículo 3.-
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Esta ley es
copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye enmiendas posteriores.
2. Presione
Aquí para ver la Ley Completa, con sus enmiendas integradas y
Actualizada (Socios
Solamente)
Presione Aquí para
regresar al Menú anterior y seleccionar otra ley.
Ver índice por años hasta el presente
Para Búsquedas
Avanzadas de todas las Leyes de Puerto Rico Actualizadas y Jurisprudencia
(Solo Socios)
ADVERTENCIA
Este documento constituye un documento de
las leyes del Estado Libre Asociado de P.R. que está sujeto a los cambios y
correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las leyes de
Puerto Rico. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad. Siempre busque leyes posteriores para posibles enmiendas a esta ley.
Visite nuestro Club de LexJuris de Puerto Rico.
LexJuris de Puerto
Rico siempre está bajo construcción.