Ley Núm. 70 del año 2019
(P. del S. 1293); 2019, ley 70
(Conferencia)
Para enmendar los Artículos 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14 y 16,
añadir un nuevo Artículo 17 de la Ley Núm. 15 de 2017, Ley del Inspector
General de Puerto Rico.
Ley Núm. 70 de 19 de julio de 2019
Para enmendar los Artículos 3, 4, 7, 8, 10, 12, 14 y 16,
añadir un nuevo Artículo 17 y reenumerar los actuales Artículos 17 y 18 como
Artículos 18 y 19 de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del
Inspector General de Puerto Rico”; a los fines de reforzar la autonomía fiscal,
presupuestaria, operacional y administrativa de la Oficina del Inspector
General, promover su independencia administrativa, así como instrumentar la
función fiscalizadora de la OIG; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 15-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del
Inspector General de Puerto Rico”, creó la Oficina del Inspector General (OIG)
con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización,
investigación y auditoría de la gestión gubernamental. En términos generales,
la OIG tiene la responsabilidad de coordinar y fortalecer los esfuerzos
gubernamentales para promover la integridad y eficiencia, así como prevenir y
detectar toda actividad fraudulenta en el manejo de fondos públicos, ya sean
estatales o federales.
Uno de los principios que dieron origen a la creación de
la OIG es la necesidad de fortalecer la independencia de criterio en la gestión
de auditoría. Es decir, que la OIG se concibió, entre otras cosas, para alejar
de presiones indebidas las investigaciones, estudios, exámenes y evaluaciones
de la gestión gubernamental, lo cual en este momento histórico que atraviesa
Puerto Rico se hace imperativo para lograr la estabilidad fiscal y la
efectividad del servicio público.
A la luz de lo anterior, esta Asamblea Legislativa
reconoce la necesidad de equipar a la OIG con una autonomía administrativa,
operacional, presupuestaria y fiscal, la cual le permita operar
de forma totalmente autónoma e independiente, con capacidad plena para operar
de forma continua, sin intervenciones externas. Ello se logrará al excluir a la
OIG de la aplicabilidad y jurisdicción de varias disposiciones legales; al
aclarar el alcance de sus poderes y facultades; y al disponer que su
presupuesto anual, una vez sometido al Gobernador, se incluirá en el
Presupuesto General sin revisión y de manera consolidada.
La OIG también tiene un importante rol como entidad
fiscalizadora para evitar la corrupción en los organismos gubernamentales y
desalentar las prácticas ilegales y fraudulentas en el servicio público. Es por
ello que, esta Asamblea Legislativa reconoce que la función fiscalizadora de la
OIG debe generar acciones concretas con las cuales se obligue a las agencias y
a los servidores públicos al cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen
la administración y el uso eficiente de los recursos y bienes públicos, así
como la disposición de los mismos. Asimismo, la OIG debe contar con las
facultades y mecanismos necesarios para hacer cumplir sus recomendaciones,
órdenes y reglamentos. A tales fines, se provee para que el Inspector General
pueda imponer sanciones administrativas. Además, se dispone que la OIG será la
responsable de hacer cumplir las disposiciones de ley identificadas en sus
hallazgos e informes de auditoría, así como interpretar y resolver las
controversias que surjan por la aplicación de las disposiciones de su ley y los
reglamentos adoptados conforme a la misma.
Finalmente, incorporamos con esta medida varias enmiendas
al texto de la Ley 15-2017 con el propósito de aclarar y despejar toda duda
respecto a que es la intención de esta Asamblea Legislativa que las
corporaciones públicas estén bajo la jurisdicción de la OIG, excepto aquellas
expresamente excluidas en el texto de la Ley. De igual forma, esta
determinación legislativa responde al interés público de promover y asegurar la
independencia administrativa, que es indispensable para ejercer la delicada
función que se le encomienda a la OIG. Dicha función es una a ejercerse con
absoluta independencia, sin que medie ningún tipo de influencia.
DECRÉTASE POR
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.- Se enmienda el
inciso (e), del Artículo 3 de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como
“Ley del Inspector General de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 3.- Definiciones.
Para propósitos de esta Ley,
los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:
…
e) Entidades Gubernamentales – significa las agencias, departamentos,
oficinas y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva, se excluyen de este
término los municipios, la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Recaudación
de Impuesto Municipal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina de
Ética Gubernamental, la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña y
la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera.
…”
Sección 2.- Se enmienda el
Artículo 4 de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector
General de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 4.- Creación de la
Oficina del Inspector General de Puerto Rico.
Se crea la Oficina del
Inspector General de Puerto Rico, en adelante la “OIG”, cuyos propósitos serán
fortalecer los mecanismos de prevención, fiscalización, investigación y
auditoría de la gestión gubernamental; realizar auditorías y consultorías en
las entidades gubernamentales dirigidas a lograr niveles óptimos de economía,
eficiencia y efectividad de sus sistemas administrativos y de gestión de
riesgos, control y dirección; hacer cumplir y sancionar las infracciones a las
leyes, los reglamentos y la normativa adoptada por el Gobierno de Puerto Rico
sobre la administración de los recursos y bienes públicos; y alcanzar con mayor
grado de seguridad posible, información confiable.
La Oficina tendrá plena
autonomía administrativa, presupuestaria, operacional y fiscal, que le permita,
sin que se entienda como una limitación, ejercer la custodia y el control de
sus fondos y propiedad pública; diseñar y establecer su propia organización
fiscal y los sistemas y procedimientos de contabilidad para llevar a cabo sus
transacciones financieras; preparar, solicitar, administrar y fiscalizar su
presupuesto; y reprogramar los fondos asignados o economías de acuerdo a las
prioridades de las funciones que lleva a cabo la misma. Esta, operará de forma
totalmente autónoma e independiente, con capacidad plena para operar de forma
continua, sin intervenciones externas, lo que le permitirá llevar a cabo su
función ministerial efectivamente.
…”
Sección
3.- Se enmiendan los incisos (n), (r) y (t) y se añaden los incisos (x), (y) y
(z) del Artículo 7 de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del
Inspector General de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 7.- Funciones y
Facultades de la OIG.
La OIG tendrá, sin que se
entienda como una limitación, las siguientes facultades, deberes y poderes:
a.
…
n.
Interpretar, aplicar y hacer cumplir las
disposiciones de esta Ley y de los reglamentos adoptados en virtud de ella,
emitir las órdenes que sean necesarias y convenientes para cumplir con sus
funciones, responsabilidades y deberes, y solicitar del Tribunal de Primera
Instancia que obligue al cumplimiento de estas.
o.
…
r.
Fiscalizar el cumplimiento de la política pública,
las leyes, los reglamentos, así como cualquier otra normativa establecida para
garantizar una sana administración pública, por parte de las entidades
gubernamentales y de los servidores públicos, y sancionar la conducta de quienes
no cumplan con lo anterior.
s.
…
t.
Realizar las investigaciones relacionadas con
planteamientos o quejas sobre irregularidades en las operaciones de las
entidades cubiertas y sancionar la conducta de aquellos que no hayan actuado
conforme a la normativa establecida. En ningún caso podrá revelarse la
identidad de la(s) persona(s) que sometieron la queja o planteamiento, sin el
previo consentimiento de estos. Si el Inspector General determina que la
identidad de la(s) persona(s) es imprescindible para el desarrollo de la
investigación, deberá notificarlo a la(s) persona(s) por lo menos siete (7)
días antes de hacerlo.
u.
…
v.
…
w. …
x.
Requerir de las entidades gubernamentales y de los
empleados públicos que se capaciten y participen en adiestramientos en materias
de auditoría, control y cumplimiento de sana administración pública, y
prevención de ineficiencias e irregularidades. La OIG supervisará el
cumplimiento y contenido de dicha capacitación.
y.
Resolver las controversias que surjan sobre la aplicación
de esta Ley y de la normativa o reglamentos adoptados en virtud de ella.
z.
Establecer y administrar procedimientos para
identificar infracciones a la política pública, leyes, reglamentos y normativa
adoptada por el Gobierno de Puerto Rico sobre la administración de los recursos
y bienes públicos, para prevenir infracciones y para tomar u ordenar las
medidas disciplinarias o administrativas, después de que se le conceda a las
partes el debido proceso de ley aplicable.”
Sección 4.- Se enmienda el inciso
(b) y se añaden los incisos (i), (j), (k), (l), (m) y (n) del Artículo 8 de la
Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de
Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 8.- Poderes y
Funciones Adicionales del Inspector General.
El Inspector General tendrá,
además, los siguientes poderes y funciones:
a.
…
b.
Nombrar o contratar el personal que sea necesario
para llevar a cabo las funciones y deberes que se establecen en esta Ley, de
acuerdo a los criterios que aseguran la prestación de servicios de la mejor
calidad. Dicho personal estará sujeto a las prohibiciones establecidas
en el Artículo 5 de esta Ley.
c.
…
d.
…
e.
...
f.
...
g.
...
h.
...
i.
Designar oficiales
examinadores o jueces administrativos para que presidan los procesos de
adjudicación que se inicien en la OIG. Estos tendrán la facultad de emitir
todas aquellas órdenes que sean necesarias para salvaguardar el debido proceso
de ley de las partes, conforme a la reglamentación adoptada por la OIG.
j.
Comparecer en los contratos y formalizar todos los
documentos públicos o instrumentos que fueren necesarios o convenientes para el
logro de los fines y propósitos de la Oficina.
k.
Adquirir bienes muebles e inmuebles en cualquier
forma legal, incluyendo, pero sin limitarse a, la adquisición por compra,
arrendamiento, arrendamiento con opción a compra, legado o donación; así como
poseer, conservar, usar, disponer de cualquier bien (ya sea mueble o inmueble,
mejorado o sin mejorar), valor, derecho o interés en el mismo, de la forma que
considere más efectiva, eficiente y necesaria en beneficio de la Oficina.
l.
Establecer acuerdos de colaboración con entidades
públicas o privadas, dentro y fuera de Puerto Rico, para la consecución de los
objetivos de esta Ley.
m. Referir al Gobernador y a otras agencias fiscalizadoras, estatales y/o
federales, los hallazgos que impliquen la comisión de un delito o violación de
ley.
n.
Tomar cualquier otra acción o medida que sea necesaria
y conveniente para cumplir con los propósitos de esta Ley.”
Sección 5.- Se enmienda el Artículo
10 de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector General
de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 10. – Informes.
El
Inspector General dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre de cada año
fiscal rendirá informes anuales al Gobernador, al Contralor de Puerto Rico, al
Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina de Ética Gubernamental y a la Asamblea
Legislativa, contentivo de sus gestiones, estudios e investigaciones. Además,
rendirá aquellos otros informes especiales que crea convenientes.
Asimismo, vendrá obligado a someter inmediatamente al Departamento de Justicia,
a la Oficina del Contralor de Puerto Rico y a la Oficina de Ética Gubernamental,
cualquier informe de la OIG en el cual razonablemente el Inspector General
entienda se ha cometido alguna infracción a las leyes sobre la utilización de
la propiedad y fondos públicos.”
Sección 6.- Se enmienda el
Artículo 12 de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del
Inspector General de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 12.– Retención
de Status y Derechos del Personal.
El personal adscrito a las
distintas unidades, divisiones u otros componentes de cada entidad gubernamental
que se transfieren a la OIG retendrá, mientras ocupen el mismo puesto que
ocupaban al momento de la transferencia, el mismo status que tenían conforme a
la Ley 8-2017, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, según esta sea enmendada.
Una vez se integren a la OIG, estarán sujetos a la reglamentación de personal
que, a tales fines, adopte la misma. El personal transferido a la OIG, bajo las
disposiciones de esta Ley, también retendrá todos los derechos,
privilegios, obligaciones y status respecto a cualquier sistema de pensión,
retiro, o fondos de ahorro y préstamo existente y al cual estuviesen afiliados
al aprobarse esta Ley.”
Sección 7.- Se enmienda el
Artículo 14 de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del
Inspector General de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 14.- Exclusiones.
A fin
de promover la independencia administrativa, operacional y fiscal, que es
indispensable para ejercer la delicada función que se le encomienda, la OIG
estará excluida de las siguientes leyes: Plan 3-2011, según enmendado, conocido como “Plan de Reorganización de la Administración
de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011” y del Registro de Licitadores
adscrito a dicha Administración o de cualquier Ley que suceda al Plan 3-2011 o
al Registro de Licitadores; Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley
para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno
de Puerto Rico”; Ley 45-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones
del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”; Ley Núm. 230 de 23 de
julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno
de Puerto Rico”; Ley Núm. 25 de 8 de diciembre de 1989, según enmendada,
conocida como “Ley para Establecer un Sistema de Pronto Pago para los
Proveedores de Bienes y Servicios al Gobierno”; Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de
1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos
Públicos”; Ley 197-2002, según enmendada, conocida como “Ley del Proceso de la
Transición del Gobierno”; Ley 265-2003, conocida como “Ley para Reglamentar
Ciertos Contratos Gubernamentales de Financiamiento y Arrendamiento de Bienes
Muebles”; Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como
“Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”; Ley 209-2003, según
enmendada, conocida como “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”;
Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”; Ley
48-2006, según enmendada, conocida como “Ley de Transacciones Electrónicas”;
Ley 80-1991, según enmendada, conocida como “Ley del Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales”; Ley 83-1991, según enmendada, conocida como “Ley de Contribución
Municipal sobre la Propiedad de 1991”; Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974,
conocida como “Ley de Patentes Municipales”; y de la Ley 78-1997, según
enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar las Pruebas para la Detección de
Sustancias Controladas en el Empleo en el Sector Publico”.
No obstante, la OIG adoptará
las normas internas para establecer su propio sistema de personal, el cual
incorporará el principio de mérito, así como el principio de movilidad adoptado
con la Ley 8-2017, antes citada, reglamentación relativa a atender la detección
y uso de sustancias controladas de los empleados. Asimismo, adoptará su propio
sistema de contabilidad y de adquisición y disposición de bienes,
incorporando los principios de austeridad y control fiscal adoptados por el
Gobierno de Puerto Rico.
Además,
se dispone expresamente que la OIG está exenta del pago de todos los impuestos,
permisos, aranceles, tarifas, costos o contribuciones impuestas por el Gobierno
o sus municipios sobre las propiedades de la OIG o en las que sea arrendador o
arrendatario, y sobre el ingreso derivado de cualquier actividad de la OIG,
incluyendo, pero sin limitarse a, las patentes municipales impuestas conforme a
la Ley Núm. 113-1974, antes citada, y a los arbitrios municipales impuestos
sobre la construcción, conforme a la Ley 81-1991, según enmendada, conocida
como “Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de
1991”. También, la OIG está exenta del pago de toda clase de cargos, sellos y
comprobantes, costos o impuestos requeridos por ley en los procesos judiciales
y administrativos; del pago por concepto de certificaciones, copias,
reproducciones o documentos en todas las entidades gubernamentales de la Rama
Ejecutiva; y por el otorgamiento, certificación o registro de documentos ante
notario e instrumentos públicos, su presentación e inscripción en cualquier
registro público del Gobierno de Puerto Rico.”
Sección 8.- Se enmienda el
Artículo 16 de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del
Inspector General de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 16.- Presupuesto.
La Oficina de Gerencia y
Presupuesto identificará y asignará del presupuesto vigente en el Año Fiscal
2016-2017 a la OIG la cantidad de fondos necesarios para cubrir los gastos
iniciales de su organización, incluyendo aquellos relacionados a las
transferencias de auditores internos a dicha Oficina. El
Gobernador incluirá en los años fiscales siguientes, los recursos necesarios
para cubrir los gastos operacionales, sin revisarlos y de manera consolidada.
Lo anterior en reconocimiento a la autonomía fiscal, operacional y
administrativa de la OIG, para ejercer la delicada función que se le
encomienda.
…”
Sección 9.- Se añade un nuevo
Artículo 17 de la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del
Inspector General de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
“Artículo 17.- Sanciones y
Penalidades.
El Inspector General podrá
imponer sanciones administrativas por violación a las normas, reglamentos,
órdenes y recomendaciones emitidas por esta Oficina, así como por violaciones a
esta Ley o a las leyes, los reglamentos y cualquier otra normativa establecida
para garantizar una sana administración pública.
La OIG también podrá imponer
otras sanciones, tales como:
a. Declarar nulo el contrato o el nombramiento.
b. Requerir la restitución de los fondos públicos, del ingreso obtenido y
de los intereses acumulados.
c. Requerir a quien obtenga un beneficio económico como resultado de las
violaciones de esta Ley, el pago de tres veces el valor del beneficio económico
recibido.
d. Referir a la autoridad nominadora a todo servidor público que haya
violentado algún precepto legal sobre los que la OIG tiene autoridad, para que
tome la acción correctiva o disciplinaria correspondiente.”
Sección 10.- Se renumeran los
actuales Artículos 17 y 18 como Artículos 18 y 19 de la Ley 15-2017, según
enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”.
Sección 11.- Vigencia.
Esta Ley entrará en vigor
inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
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enmiendas posteriores.
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