CAPÍTULO
I- DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo
1.-Título.
Esta Ley se
conocerá como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la
Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”.
Artículo
2.-Declaración de Política Pública.
Esta Ley
persigue la optimización del nivel de efectividad y eficiencia de la gestión
gubernamental, la agilización de los procesos de adquisición de bienes y
servicios mediante el uso de avances tecnológicos, la reducción del gasto
público, la asignación estratégica de recursos y la simplificación de los
reglamentos que regulan las adquisiciones del Gobierno de Puerto Rico. Esta Ley
otorga a la ASG las herramientas necesarias para agilizar los procesos
estableciendo nuevos métodos que gobernarán las adquisiciones de bienes y
servicios no profesionales por parte del Gobierno de Puerto Rico. Además, para
atender la actual ineficiencia y falta de transparencia en el proceso de
compras, esta Ley simplifica la estructura reglamentaria de manera que estimula
la participación de nuevos licitadores lo cual será especialmente beneficioso
para permitirle a los pequeños y medianos negocios competir por uno de los
principales clientes de la economía de Puerto Rico: el Gobierno y sus
instrumentalidades. Además, las nuevas herramientas que provee esta Ley
redundarán en una fiscalización más efectiva del proceso de compras.
Artículo
3.-Alcance.
Las
disposiciones de esta Ley regirán los procesos de compras y subastas de bienes,
obras y servicios no profesionales en todas las Entidades Gubernamentales y las
Entidades Exentas. La Rama Judicial, la Asamblea Legislativa y los municipios
podrán, de forma voluntaria, adoptar los procesos de compras y subastas de
bienes, obras y servicios aquí establecidos, a través de la Administración de
Servicios Generales.
Las Entidades Gubernamentales, según definidas en esta Ley, realizarán
todas las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a
través de la Administración de Servicios Generales, sin excepción alguna.
En el caso de Entidades Exentas, según definidas en esta Ley, no
estarán obligadas a realizar sus compras y subastas de bienes, obras y
servicios no profesionales a través de la Administración de Servicios Generales,
mientras se encuentre en vigencia el Plan Fiscal correspondiente, sin embargo,
vendrán obligadas a adoptar los métodos de licitación y compras excepcionales y
a seguir los procedimientos aquí establecidos al momento de realizar sus
compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales. Una vez
culmine la vigencia del Plan Fiscal correspondiente, si aplica, serán
consideradas como Entidades Gubernamentales, según definidas en esta Ley, y
vendrán obligadas a realizar sus compras a través de la Administración.
Los municipios
no estarán obligados a realizar sus compras y subastas de bienes, obras y
servicios no profesionales a través de la Administración de Servicios Generales,
más vendrán obligados a adoptar los métodos de licitación y compras
excepcionales y a seguir los procedimientos aquí establecidos al momento de
realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales.
Los municipios podrán, de forma voluntaria, realizar sus compras y subastas de
bienes, obras y servicios no profesionales a través de la Administración.
La Rama Judicial
y la Asamblea Legislativa podrán, de forma voluntaria, adoptar los métodos de
licitación y compras excepcionales y a seguir los procesos de compras y
subastas de bienes, obras y servicios aquí establecidos, a través de la
Administración de Servicios Generales. Además, podrán de forma voluntaria,
realizar las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a
través de la Administración de Servicios Generales.
Aquellos
departamentos, agencias, dependencias e instrumentalidades públicas
pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que participen
en un contrato de Alianza, según definido en la Ley 29-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, estarán exentos de la
aplicabilidad de las disposiciones de esta Ley, únicamente en cuanto a los
asuntos integrados en el Contrato de Alianza en cuestión.
Se exceptúa de
la aplicación de esta Ley cualquier Contrato de Operación y Mantenimiento con
un operador privado que no constituya un Contrato de Alianza Público Privada, o
cualquier negocio jurídico análogo a los establecidos en la Ley 29 de 8 de
junio de 2009, “Ley de Alianzas Público Privadas”, según enmendada.
Entendiéndose que, cualquier operador privado a quien el gobierno haya otorgado
un Contrato de Operación y Mantenimiento no vendrá obligado a realizar sus
compras a través de la Administración. No obstante, dicho operador privado
podrá realizar sus compras de manera voluntaria, a través de la Administración
de Servicios Generales.
Todas las
compras de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico realizadas por
cualquier entidad exenta, serán realizadas a través de la Administración de
Servicios Generales.
La
Administración tendrá la obligación de proveer y administrar todos los
servicios auxiliares establecidos en el Capítulo III de esta Ley.
Artículo
4.-Definiciones.
Los términos
utilizados en esta Ley, tendrán los significados que a continuación se
expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra definición; los
términos en singular incluyen el plural y en la acepción masculina se incluye
la femenina:
a) Adjudicación: proceso de otorgar la subasta o propuesta al licitador
o postor agraciado conforme a los criterios establecidos mediante el Reglamento
Uniforme de Compras y Subastas del Gobierno de Puerto Rico.
b) Administración: Administración de Servicios Generales del Gobierno
de Puerto Rico (ASG).
c) Administrador: Principal Oficial de Compras y Administrador de la
Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico o su homólogo
en una Entidad Exenta.
d) Bienes: Incluye bienes muebles, complementarios, sustitutivos, de
consumo, de capital o toda cosa que sea susceptible de moverse por sí o por
otra fuerza y que puede ser fungible o no, tales como, pero no limitados a los
siguientes: alimentos, material y equipo de oficina; material y equipo de
construcción, medios de transporte terrestre o aéreo, área terrestre o
marítima; materiales escolares; equipo médico y científico; equipo, maquinaria
y materiales relacionados con el procesamiento de información mediante medios
electrónicos, las piezas, accesorios y materiales necesarios para su
mantenimiento y reparación, así como todos aquellos elementos necesarios para
el funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico.
e) Certificado de Elegibilidad: Certificación expedida por la
Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico, acreditativa
del cumplimiento por parte de un licitador, suplidor o proveedor, de los
requisitos que mediante reglamento sean requeridos para pertenecer al Registro
Único de Licitadores y/o Registro Único de Proveedores de Servicios
Profesionales.
f) Compra: Sinónimo de Adquisición. Monto total de necesidades afines
agrupadas, ya sean bienes, obras, servicios profesionales y servicios no
profesionales que deben adquirirse en una misma transacción o momento por tener
un mismo propósito, suplidores comunes o que así convenga al interés público.
g) Comprador: empleado de la Administración que el Administrador faculta
para efectuar compras.
h) Compra de Emergencia: Aquella que se realiza para atender unas
necesidades inesperadas e imprevistas de bienes, obras y servicios no
profesionales que requieran la acción inmediata del Administrador y/o del
Gobierno de Puerto Rico por estar en peligro la vida, la salud o la seguridad
pública, al suspenderse o afectarse adversamente el servicio público, la
propiedad del Gobierno de Puerto Rico y aquellos programas del Gobierno de
Puerto Rico que se nutren de fondos federales o estatales.
i) Compra Excepcional: toda compra que está exenta de tramitarse
mediante el procedimiento de subasta formal o informal, solicitud de
propuestas o solicitud de cualificaciones.
j) Compra Única: Aquella compra para la
cual no existe un contrato abierto y que se hacen para obtener un artículo o
productos específicos en un determinado período.
k) Contratista: Un vendedor, suplidor, proponente o licitador, según
corresponda, al que se adjudique o firme un contrato y/o una orden de compra
con la Administración.
l) Contrato: Acuerdo o convenio escrito, vinculante entre un
contratista y la Administración, para adquirir bienes, obras, servicios
profesionales y servicios no profesionales.
m) Corporación Pública: Para la interpretación de lo dispuesto en el
Capítulo III de esta Ley, exclusivamente, significará toda instrumentalidad
pública que ofrece servicios básicos esenciales, pero como entidad jurídica
independiente. Esta definición incluye todas las Corporaciones
Público-Privadas, es decir, toda Corporación que emita acciones y es organizada
al amparo de las leyes de corporaciones privadas, pero es controlada total o
parcialmente por el Gobierno de Puerto Rico.
n) Cotización: precio u oferta presentada por un proponente o suplidor
bajo el método de licitación de compra informal. Los precios ofrecidos por el
licitador se mantendrán firmes durante la vigencia de la orden de compra o
contrato que emita la Administración y no estarán sujetos a cambio por aumento
en el mercado o de cualquier índole.
o) Entidad Exenta: Entidad Gubernamental que no viene obligada a
realizar sus compras a través de la Administración ya sea por razón de operar
bajo lo dispuesto en un plan fiscal vigente o por tratarse de entidades
fiscalizadoras de la integridad del servicio público y la eficiencia
gubernamental. Para propósitos de esta Ley se considerarán entidades exentas
las siguientes: Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Inspector General
de Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, Comisión Estatal de Elecciones,
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, Autoridad para las Alianzas Público
Privadas de Puerto Rico, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
de Puerto Rico, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía
Eléctrica, Autoridad de Carreteras y Transportación y la Corporación Pública
Para la Supervisión de Seguros de Cooperativas de Puerto Rico.
p) Entidad Gubernamental: Significará toda dependencia y departamento
de la Rama Ejecutiva y toda corporación pública del Gobierno de Puerto Rico.
q) Especificaciones: Conjunto de características primordiales de los
bienes, obras y servicios no profesionales, señalados como referencias para
cada partida de una compra, propuesta o subasta, así como las características o
cualidades físicas, funcionales, estéticas y/o de calidad que describa el tipo
de bienes, obras y servicios no profesionales que se requiere. También
comprenderá el conjunto de estipulaciones sobre el método de instalación,
ensamblaje o acoplamiento en caso de bienes.
r) Invitación
a Subasta: Solicitud de licitaciones hecha por escrito, anunciada públicamente
y/o mediante medios electrónicos a los posibles licitantes para la adquisición
de bienes, obras y servicios no profesionales. No se emitirá una Invitación a
Subasta cuando el método de licitación a utilizarse sea el de compra informal.
s) Junta de
Subastas: Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales del
Gobierno de Puerto Rico.
t) Junta
Revisora: Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios
Generales del Gobierno de Puerto Rico.
u) Licitador:
Persona natural o jurídica inscrita en el Registro Único de Licitadores de la
Administración de Servicios Generales, disponible e interesada en comparecer y
presentar cotizaciones, ofertas o propuestas de bienes, obras, servicios
profesionales y servicios no profesionales en cualquier procedimiento de
propuestas o subastas del Gobierno de Puerto Rico.
v) Licitador
Responsivo: Licitador que ha presentado oferta y/o propuesta al haberse
celebrado un proceso de licitación y cumple con todos los términos,
condiciones, especificaciones y requerimientos especiales contenidos en la
Invitación a Subasta y sus pliegos.
w) Mejor valor:
significará que las ofertas se evaluarán en función de los requisitos
establecidos en la Invitación a Subastas y el pliego correspondiente, que
pueden incluir criterios para determinar la aceptabilidad tales como:
inspección, pruebas, calidad, mano de obra, entrega e idoneidad para un
propósito particular. Los criterios que afectarán el precio de la oferta y que
se considerarán en la evaluación para la adjudicación, serán medibles
objetivamente, como los descuentos, los costos de transporte y los costos totales
o de ciclo de vida. La Invitación a Subastas y el pliego establecerán los
criterios de evaluación a utilizar. No se puede utilizar ningún criterio en la
evaluación de ofertas que no esté establecido en la Invitación a Subastas y el
pliego.
y) Municipios:
significará cualquiera de los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico.
z) Municipios
participantes: significará aquellos que voluntariamente y mediante acuerdo con
la Administración acuerda realizar sus compras y subastas de bienes, de obras y
servicios no profesionales a través de la Administración.
aa) Obra:
Cualquier trabajo de construcción, reconstrucción, alteración, ampliación,
mejora, reparación, conservación o mantenimiento de cualquier estructura.
bb) Pliego de
Subasta: Documento que se entrega a los licitadores interesados en presentar
ofertas o propuestas bajo un procedimiento de subasta o solicitud de propuesta.
Este contiene los requisitos y toda la información necesaria para facilitarle
al licitador la preparación de su oferta.
cc) PyMes:
Pequeñas y Medianas empresas.
dd) Rama
Ejecutiva: Para la interpretación de lo dispuesto en el Capítulo III de esta
Ley, significará todos los departamentos, dependencias, agencias e
instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, excepto
las corporaciones públicas y/o las entidades exentas, según definidas en esta
Ley.
ee) Registro
Único de Licitadores o Registro: Registro electrónico en
el cual habrán de constar los nombres, direcciones y toda información requerida
por la Administración sobre las personas naturales o jurídicas cualificadas y
clasificadas por la Administración de Servicios Generales para contratar con el
Gobierno de Puerto Rico al haber cumplido con los requisitos establecidos por
el Administrador mediante reglamento y aquellas leyes y reglamentación
aplicable.
ff) Registro
Único de Proveedores de Servicios Profesionales: Registro electrónico en el
cual habrán de constar los nombres, direcciones y toda información requerida
por la Administración sobre las personas naturales o jurídicas cualificadas y
clasificadas como proveedores de servicios profesionales por la Administración
de Servicios Generales para contratar con el Gobierno de Puerto Rico al haber
cumplido con los requisitos establecidos por el Administrador mediante
reglamento y aquellas leyes y reglamentación aplicable.
gg) Servicios
Auxiliares: Servicios de transportación, servicios relacionados con la
propiedad excedente y cualquier otro servicio que pueda rendir la
Administración para que las entidades gubernamentales y entidades exentas
puedan llevar a cabo sus funciones fundamentales y que no esté en conflicto con
otras leyes.
hh) Servicios no
profesionales: Aquellos servicios que no son ofrecidos por una persona natural
o jurídica con conocimientos o habilidades especializadas a quien se le
requiere poseer un título universitario o licencia que lo acredite como
profesional especializado.
ii) Servicios
profesionales: Aquellos servicios que son ofrecidos por una persona natural o
jurídica con conocimientos o habilidades especializadas a quien se le requiere
poseer un título universitario o licencia que lo acredite como profesional
especializado; o cuya prestación principal consiste en el producto de la labor
intelectual, creativa o artística, o en el manejo de destrezas altamente
técnicas o especializadas.
CAPÍTULO
II- ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Artículo
5.-Creación.
Se crea la
Administración de Servicios Generales de Puerto Rico, como el organismo en la
Rama Ejecutiva responsable de establecer la política pública relacionada con
las compras de bienes, obras y servicios no profesionales para todas las
Entidades Gubernamentales y Entidades Exentas, según definidas en esta Ley. La
Administración será responsable además, de la implementación de la
centralización de las compras gubernamentales.
Artículo 6.-Estructura
Organizacional.
La estructura
organizacional de la Administración de Servicios Generales estará
principalmente compuesta por un Administrador, quien a su vez será el Principal
Oficial de compras del Gobierno de Puerto Rico; un Subadministrador, quien
dirigirá los Asuntos Administrativos de la Administración y un Oficial de
Licitación, el cual dirigirá los procesos de compra de bienes, obras y
servicios no profesionales.
Artículo 7.-Administrador
y Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico; Nombramiento y
Compensación.
El Administrador
será el Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico, y será
nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento de la Cámara de
Representantes y el Senado de Puerto Rico. Este desempeñará el cargo por un
término de diez (10) años. Responderá directamente al Gobernador y actuará
como su representante en el ejercicio del cargo. Deberá ser mayor de edad y poseer
como mínimo un grado de Maestría; deberá poseer reconocida capacidad
profesional, probidad moral, conocimientos y experiencia en el campo de la
administración pública y/o en la empresa privada. No podrá ser nombrado
Administrador aquella persona que haya ejercido un cargo electivo durante el
término para el cual fue electo por el Pueblo de Puerto Rico. El Administrador
devengará el mismo sueldo anual que un miembro del Tribunal Supremo de Puerto
Rico.
Artículo 8.-Facultad
de reestructurar y/o crear oficinas dentro de la Administración.
El Administrador
podrá reestructurar y/o crear oficinas y departamentos dentro de la
Administración, con el propósito de lograr la ejecución satisfactoria de los
objetivos dispuestos en esta Ley.
Artículo
9.-Subadministrador y Oficial de Licitación; Nombramiento.
El
Subadministrador y el Oficial de Licitación serán nombrados por el
Administrador y Principal Oficial de Compras del Gobierno de Puerto Rico, en
consulta con el Gobernador. Tanto el Subadministrador como el Oficial de
Licitación deberán cumplir, para poder ser nombrados, los mismos requisitos
establecidos para el Administrador y Principal Oficial de Compras del Gobierno
de Puerto Rico, pero deberán poseer como mínimo un grado de Bachillerato. El
salario del Subadministrador y del Oficial de Licitación será establecido por
el Administrador, pero nunca podrá ser mayor al de éste.
El
Administrador, el Subadministrador, el Oficial de Licitación y todo el personal
que labore en la Administración, así como todo aquel personal que participe del
proceso de compras, estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones de la
Ley 1-2012, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de
Ética Gubernamental de Puerto Rico” o cualquier Ley que la sustituya, así como
de las normas y reglamentos aprobadas en virtud de ésta.
Artículo
10.-Facultades y Deberes de la Administración.
La
Administración tendrá las siguientes facultades y deberes generales:
a) Crear y
administrar los sistemas de información y las herramientas necesarias
disponibles para que el Gobierno de Puerto Rico pueda adquirir bienes, obras y
servicios no profesionales al mejor valor posible;
b) Promover la
eficiencia y economía en los servicios que la Administración presta a todas las
entidades gubernamentales y a los ciudadanos en general;
c) Tomar
dinero a préstamo y otorgar aquellos contratos e instrumentos necesarios para
ello;
d) Establecer
el proceso en que los bienes, obras y servicios no profesionales habrán de
realizarse, comprarse, entregarse y distribuirse; otorgar contratos
relacionados y escoger el tipo de contrato a ser otorgado;
e) Evaluar
periódicamente los programas y normas para desarrollar procedimientos y métodos
que permitan reorientar la gestión de la Administración, tomando en
consideración las necesidades cambiantes en el área de los servicios y
actividades que le han sido encomendadas;
f) Prescribir
la política y método para proveer la utilización al máximo de propiedad
excedente de los organismos gubernamentales, incluida la propiedad de las
entidades de la Rama Ejecutiva y corporaciones públicas, conforme a las
disposiciones de ley o reglamentación aplicable;
g) Con el
firme propósito de resaltar la transparencia en la gestión gubernamental,
publicar en la página electrónica de la Administración, con el asesoramiento
del funcionario encargado de los sistemas de información del Gobierno de Puerto
Rico o su representante, todos los documentos relacionados con los procesos de
publicación, celebración y adjudicación de subastas de toda obra pública y
adquisición mediante subasta de bienes y servicios de todas las entidades gubernamentales,
así como de los municipios que voluntariamente participen de los procedimientos
y/o servicios establecidos en esta Ley. Dicho espacio en la página electrónica
se conocerá como el Registro Único de Subastas del Gobierno de Puerto Rico
(RUS) e incluirá, sin que se entienda como una limitación, los avisos de
subastas, una descripción de éstas, los licitadores participantes, las fechas
de adjudicación o cancelación de las subastas, los licitadores agraciados, el
precio por el cual se otorgó la subasta y cualquiera otra información que la
Administración estime necesaria. Diariamente, según se anuncien nuevas
oportunidades para licitar, se habrá de notificar sobre las mismas de forma
electrónica a cada uno de los licitadores registrados en el RUL, y;
h) Establecer
cualquier método o procedimiento necesario para cumplir con los objetivos de
esta Ley, cuyo cumplimiento sea obligatorio para cualquier entidad
gubernamental, entidad exenta y/o municipio.
Artículo 11.-
Facultades y Deberes del Administrador.
El Administrador
tendrá las siguientes facultades y deberes, además de las que le sean
conferidas por esta Ley o por cualesquiera otras leyes aplicables:
a) asesorar
al Gobernador, a funcionarios gubernamentales y a la Asamblea Legislativa de
Puerto Rico en cuanto a la política pública que por esta Ley y cualquiera otra
ley que corresponda se ha encomendado implantar a la Administración;
b) establecer
las normas y controles necesarios para el uso y conservación de la propiedad
pública bajo su custodia, conforme a las disposiciones de ley o reglamentos
aplicables;
c) coordinar
los servicios y programas cubiertos por esta Ley;
d) crear las
condiciones necesarias para lograr las mayores oportunidades de los esfuerzos
cooperativos y la coordinación integral de los servicios de la Administración
en coordinación con los demás organismos gubernamentales del Gobierno de Puerto
Rico;
e) establecer
la organización interna de la Administración con el asesoramiento de la Oficina
de Gerencia y Presupuesto;
f) planificar,
dirigir y supervisar el funcionamiento de la Administración;
g) nombrar el
personal de la Administración en cumplimiento con las disposiciones de la Ley
Núm. 8 de 4 de febrero de 2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la
Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto Rico” o cualquier ley que la sustituya, así como de las normas y
reglamentos aprobados en virtud de ésta;
h) delegar en
funcionarios subalternos y autorizar a éstos a subdelegar en otros funcionarios
cualquier función o facultad que le haya sido conferida, excepto la facultad de
nombrar personal y la de reglamentar;
i) obtener
servicios mediante contrato de personal técnico, profesional, o altamente
especializado, o de otra índole, que sea necesario para llevar a cabo las
funciones de la Administración;
j) adoptar,
enmendar y derogar reglamentos para cumplir con las disposiciones de esta Ley y
cualesquiera otras leyes aplicables;
k) fijar y
cobrar tarifas, derechos y otros cargos por servicios de licitación y
administración de contratos, entre otros servicios prestados a entidades
gubernamentales, entidades exentas y municipios que soliciten los servicios de
la Administración.
l) imponer el
cobro de una tarifa justa y razonable, por los servicios que se brinden,
incluyendo cargos por servicios de administración de contratos, entre otros, a
personas privadas, naturales o jurídicas, a los fines de disponer de recursos
económicos que serán dirigidos exclusivamente a sufragar los costos de
implementación de procesos y/o programas tecnológicos avanzados para llevar a
cabo las operaciones y funciones de la Administración.
m) tomar
posesión de toda propiedad mueble abandonada o no reclamada en los predios de
los edificios gubernamentales y utilizar, transferir o, de cualquier otra
forma, disponer de dicha propiedad de acuerdo con la reglamentación que a tales
efectos adopte y en cumplimiento con la legislación y reglamentación aplicable
tanto estatal como federal;
n) realizar
todos los actos convenientes o necesarios para lograr eficazmente los objetivos
dispuestos por la política pública enunciada en esta Ley;
o) otorgar
contratos y ejecutar los demás instrumentos necesarios al ejercicio de sus
poderes;
p) llevar a
cabo las encomiendas que le son delegadas mediante la Ley 70-1992, según
enmendada, conocida como “Ley para la Reducción y el Reciclaje de Desperdicios
Sólidos en Puerto Rico”, en la medida en que no contravengan con las
disposiciones de esta Ley;
q) en
cualquier forma adquirir, arrendar, subarrendar, vender, comprar, donar o
disponer de los bienes muebles o inmuebles necesarios para cumplir con esta Ley
y/o con otras leyes y reglamentos aplicables. El Administrador no podrá recibir
donaciones para uso de su agencia de entidades que estén adscritas al RUL,
tengan interés personal o pecuniario alguno en licitaciones, o que puedan
implicar un potencial conflicto de interés;
r) representar
a la Administración en los actos y actividades que así lo requieran;
s) adoptar un
sello oficial de la Administración del cual se tomará conocimiento judicial;
t) supervisar
y asegurar que la Administración y la Junta de Subastas, no acepten
licitaciones que contengan precios en exceso del precio de venta al detal sugerido
por el manufacturero (manufacturer suggested retail price);
u) sancionar
mediante multa a toda entidad gubernamental, entidad exenta, empleado y/o funcionario
público que sin justa causa legal incumpla, ignore o menoscabe las
disposiciones de la presente Ley o las disposiciones reglamentarias que el
Administrador implemente a tenor con las facultades que aquí se le confieren;
v) cumplir y
salvaguardar todo mandato, directriz, norma, reglamento o ley que contenga
disposiciones dirigidas a fomentar el desarrollo de las PyMes; y,
w) realizar
cualquier otro tipo de actividad dirigida a cumplir con lo dispuesto por esta
Ley y la reglamentación a implantar.
Artículo
12.-Asignación de funciones y limitaciones a funcionarios y empleados.
Las funciones de
la Administración, en virtud de las disposiciones de esta Ley serán
desempeñadas por el Administrador o por los funcionarios o empleados sujetos a
su jurisdicción o por cualquier otro organismo del Gobierno de Puerto Rico a
quien el Administrador expresamente designe a tales efectos. Cualquier
designación o asignación de funciones y delegación de autoridad a cualquier
organismo gubernamental, hecho bajo la facultad conferida por esta Ley, se
harán con el consentimiento del organismo gubernamental correspondiente. El
Administrador podrá, además, suplirle personal o facilidades de la
Administración, bajo las condiciones que se acuerden con la Autoridad
Nominadora correspondiente. En el desempeño de las funciones que le impone esta
Ley, el Administrador queda autorizado en cumplimiento con las leyes y
reglamentos aplicables, a transferir a cualquier entidad gubernamental los
fondos necesarios para estructurar cualquier programa de la Administración. De
igual manera, en el desempeño de las funciones que le impone esta Ley, el
Administrador queda autorizado en cumplimiento con las leyes y reglamentos
aplicables, a transferir desde cualquier entidad gubernamental, el personal y los
fondos necesarios para estructurar cualquier programa de la Administración,
mediante la autorización correspondiente de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto.
El funcionario
o empleado de la Administración o de cualquier organismo gubernamental al que
el Administrador haya asignado o delegado temporalmente alguna de las funciones
de la Administración y que intervenga en cualquier etapa del desarrollo de esa
función estará sujeto a cumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 230
de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del
Gobierno de Puerto Rico”, la Ley 1-2012, conocida como la “Ley Orgánica de la
Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, o cualquier otra disposición
aplicable.
Artículo 13.-Confidencialidad
de la información.
La
Administración, en cumplimiento con las leyes estatales, federales y
reglamentación aplicable, tomará las medidas necesarias para asegurar la
confidencialidad, según aplique, de la información suministrada por los
licitadores y cualquier otra información recopilada por la Administración en el
descargue de sus funciones. De igual forma, se asegurará que su sistema de
información sólo permita a los empleados, funcionarios, agentes o
representantes autorizados de la Administración acceder aquella información
necesaria y relevante para llevar a cabo sus funciones particulares. La
violación intencional de algún funcionario de los acuerdos de confidencialidad,
para beneficiar a determinado licitador participante con el propósito de
obtener la buena pro en una subasta, será sancionada con la separación
inmediata de su cargo y la formulación de cargos de conformidad al debido
proceso de ley y las disposiciones reglamentarias aplicables.
Artículo 14.-Archivo
de información.
La
Administración deberá progresivamente utilizar mecanismos o tecnología que
permita el archivo de información y/o documentación en formato digital de
manera que se maximice la utilización de espacio en las instalaciones de la
Administración.
Artículo 15.-Prohibición.
Cualquier
entidad gubernamental y/o entidad exenta que por disposición de esta Ley o
cualesquiera otras leyes aplicables venga obligada a recibir servicios
auxiliares, según definidos en esta Ley y/o venga obligada a realizar sus procesos
de compras a través de la Administración, no podrá desarrollar dentro de sus
organismos, programas similares a los que ofrezca la Administración ni podrán
suministrarse esos servicios por entidad alguna que no sea la Administración a
menos que medie autorización expresa del Administrador.
CAPÍTULO
III- SERVICIOS AUXILIARES
Artículo 16.-En
General.
Todas las
disposiciones contenidas en el presente Capítulo tendrán carácter obligatorio
para todos los departamentos, dependencias, agencias e instrumentalidades
pertenecientes a la Rama Ejecutiva, según definido en esta Ley. No obstante,
sólo cuando el articulado así lo disponga, será obligatorio para las
corporaciones públicas y municipios, según definido en esta Ley.
Artículo
17.-Administración y control de vehículos de motor y otros medios de
transportación.
La
Administración tendrá directamente bajo su jurisdicción, la administración y
control de todos los vehículos de motor y todo otro medio de transportación
terrestre, aérea y marítima, así como sus partes accesorias y los servicios
necesarios para el mantenimiento de los vehículos que sean propiedad o sean
utilizados por la Rama Ejecutiva. La Administración obtendrá directamente los
anteriores medios de transportación a través de compraventa, arrendamiento o
cualquier otro medio permisible bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico.
Asimismo, se
faculta a la Administración a adquirir todo otro bien, incluyendo, pero sin
limitarse a, combustibles, equipos o partes de reemplazo necesarios para el
funcionamiento, reparación o mantenimiento de dichos vehículos y a negociar
contratos de servicios de reparación y mantenimiento para los medios de
transportación de las dependencias ejecutivas.
Artículo 18.-Sobrecargo
por suplido de combustible.
La Administración
podrá establecer y cobrar un cargo fijo sobre el combustible para la flota de
vehículos de la Rama Ejecutiva, las corporaciones públicas, y los municipios
que voluntariamente deseen adquirir el combustible para su flota a través de la
Administración.
Artículo 19.-Prepago
del servicio de adquisición de combustible.
La
Administración contratará con todas las entidades gubernamentales y entidades
exentas, además de contratar con los municipios que voluntariamente deseen
contratar, para la compra de combustible de su flota de vehículos. Toda
adquisición de combustible será mediante el sistema de prepago. Al momento de
la firma del contrato, en o antes del 30 de junio del año fiscal, las entidades
gubernamentales y entidades exentas, y los municipios que deseen contratar,
tendrán que realizar un pago igual a la mitad de la cantidad presupuestada por
la entidad y/o municipio para el pago del servicio de combustible para cada año
fiscal. El segundo pago se realizará antes de concluir el sexto mes, en o antes
del 31 de diciembre de cada año fiscal, a partir de la fecha de la
contratación.
La
Administración de Servicios Generales no autorizará la adquisición de
combustible a ninguna entidad gubernamental, entidad
exenta y/o municipio que no haya realizado el prepago del servicio de
combustible.
Si la entidad
gubernamental, entidad exenta y/o municipio no realiza el segundo pago dentro
del término establecido, una vez concluido el último día del sexto mes a partir
de la fecha de la contratación, el administrador podrá cancelar el servicio en
cualquier momento.
La
Administración tendrá la facultad de denegar el servicio de adquisición de
combustible a toda entidad gubernamental, entidad exenta y/o municipio que, al
momento de la aprobación de esta Ley, o durante la ejecución de la misma, tenga
una deuda por dicho concepto con la Administración, no haya acordado con esta
un plan de pago relacionado o que, habiendo acordado un plan de pago, el mismo
se encuentre en mora por un periodo mayor a sesenta (60) días.
Artículo 20.-Reglamento
sobre la administración y control de vehículos de motor y otros medios de
transportación.
El Administrador
promulgará reglamentación sobre:
a) la
adquisición, uso, mantenimiento, venta y todo lo relacionado con la operación y
condición de los vehículos y medios de transportación bajo su jurisdicción;
b) la
asignación permanente de vehículos de motor a las dependencias de la Rama
Ejecutiva que razonablemente lo requieran, según establezca la Administración
mediante reglamento;
c) las
normas bajo las cuales podría autorizarse a las dependencias de la Rama
Ejecutiva a proporcionarse sus medios de transportación, así como el
mantenimiento y reparación de éstos conforme a lo anteriormente dispuesto en
este Artículo;
d) las normas
y procedimientos mediante los cuales se expedirán o revocarán las
autorizaciones para conducir vehículos oficiales y los requisitos para obtener
estas autorizaciones;
e) las normas
y procedimientos de fiscalización del uso y manejo de la flota gubernamental,
incluidos los vehículos arrendados, mientras se encuentre vigente el contrato
de arrendamiento;
f) la normas y
procedimientos mediante los cuales se iniciarán las gestiones para recobrar
judicialmente daños ocasionados a la flota gubernamental bajo su jurisdicción y
para transigir administrativamente las reclamaciones de daños a la flota, ya
sea en moneda de curso legal o en especie, siguiendo el trámite establecido
para ello mediante reglamento aprobado por el Secretario del Departamento de
Hacienda y el Secretario del Departamento de Justicia. Conjuntamente con los
documentos pertinentes a toda transacción realizada por el Administrador, se
incluirá un estimado de los daños ocasionados preparado por un ajustador de
seguros debidamente cualificado con especificación de la cantidad estimada por
la cual se está realizando la misma. Se incluirán, además, suficientes
fotografías demostrativas de los daños ocasionados, así como de los vehículos
de que se trate, con sus respectivas tablillas.
g) Las normas
que regirán el uso de los vehículos oficiales de los jefes de agencia, o
funcionarios públicos según definido y establecido en la Ley 60- 2014, según
enmendada, conocida como la “Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico”, o cualquier otra ley que la sustituya, y;
h) Las normas
y procedimientos para la reasignación de vehículos oficiales.
El Administrador
dará adecuada divulgación al reglamento correspondiente.
Artículo 21.-Plan
para incentivar uso de vehículos privados.
El Administrador
formulará un plan que estimule a los empleados y funcionarios de la Rama
Ejecutiva y corporaciones públicas que utilizan vehículos oficiales para el
desempeño de la función de su cargo, a adquirir y utilizar automóviles privados
mediante un sistema de retribución por millaje recorrido a tenor con el marco
legal vigente.
Este plan de
incentivos no aplicará a los jefes de agencia o funcionarios públicos según
definido y establecido en la Ley 60- 2014, supra.
Artículo 22.-Propiedad
excedente.
El Administrador
podrá disponer de la propiedad pública declarada excedente a través de los
siguientes medios, entre otros:
a) traspaso a
los organismos de la Rama Ejecutiva obligados por esta Ley a adquirir y
disponer de la propiedad con la intervención de la Administración;
b) traspaso o
venta a un precio nominal a aquellas entidades exentas que no están obligados
por esta Ley a adquirir y disponer de la propiedad con la intervención de la
Administración;
c) traspaso o venta
a un precio razonable a entidades sin fines de lucro debidamente incorporadas,
que sirvan a un propósito social y cualificadas en alguno de sus programas
sociales para recibir fondos del Gobierno de Puerto Rico;
d) traspaso o
venta a determinado organismo gubernamental de Estados Unidos de América, ya
sea federal o estatal;
e) traspaso,
venta en subasta pública, cesión, donación o transferencia de equipo o
propiedad a la Rama Ejecutiva, y corporaciones públicas, a organizaciones sin
fines de lucro debidamente inscritas y en cumplimiento con el requerimiento de
rendir Informes Anuales ante el Departamento de Estado, si aplica, o a todo
agricultor bona fide certificado como tal por el Departamento de
Agricultura, acuicultor, avicultor, artesano, pescador y porteador público bona
fide reconocido o autorizado a ejercer como tal por la entidad
gubernamental con facultad para ello o venta en subasta pública entre los
licitadores interesados.
f) disponer de
determinada propiedad pública, equipo o propiedad reutilizable, declarada
excedente, pero obsoleta y sin uso, entre otros medios, por traspaso, venta,
cesión, donación o transferencia, a la Rama Ejecutiva, corporaciones públicas,
municipios o al Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico creado por la
Ley 264-2000, según enmendada, con el propósito de que sirvan para el uso y
disfrute de personas con impedimentos, con el fin de mejorar, mantener o
aumentar las capacidades funcionales en su proceso habilitativo, educativo,
rehabilitativo o de vida independiente. Para efectos de este Artículo los
siguientes términos tienen el significado que a continuación se expresan a no
ser que el contexto claramente indique otra cosa:
(1) Asistencia
Tecnológica — significa los equipos y servicios para aumentar, mantener o
mejorar las capacidades funcionales de las personas con impedimentos.
(2) Educativo —
significa el desarrollo de las facultades intelectuales de los individuos que
permiten prepararlo desde las etapas primarias en su niñez hasta la capacitación
específica para un oficio o profesión determinada de acuerdo a sus intereses y
aptitudes.
(3) Equipo de
Asistencia Tecnológica — significa cualquier objeto, equipo o producto,
adquirido comercialmente, modificado o adaptado, utilizado para incrementar,
mantener o mejorar la capacidad funcional de una persona con impedimentos.
(4) Habilitativo
— significa los servicios de restauración física o emocional, incluyendo la
provisión de asistencia tecnológica que se le ofrecen a las personas y niños
con impedimentos, cuando fuere necesario durante su proceso de rehabilitación,
con el propósito de optimizar su capacidad, de manera que estén mejor
preparados y aptos para el mundo del trabajo y para una vida más independiente.
(5) Programa de
Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, adscrito a la Universidad de Puerto Rico
— significa la entidad creada por la Ley 264-2000, según enmendada, cuya misión
principal es promover cambios en los sistemas que permitan la inclusión de las
personas con impedimentos mediante el uso de la asistencia tecnológica.
(6) Rehabilitativo
— significa los servicios que se ofrecen a las personas, niños y jóvenes con
impedimentos físicos, mentales o sensoriales, de acuerdo a sus necesidades
individuales; para desarrollar, mejorar o fortalecer sus capacidades,
destrezas, habilidades y actitudes que le permiten prepararse, entrar, asegurar
o avanzar en un empleo o una vida más independiente, considerando sus intereses
y la selección informada.
(7) Servicios
de Asistencia Tecnológica — significa los servicios que ayudan, directamente, a
la persona con impedimentos, en la selección, adquisición o uso de un equipo de
asistencia tecnológica. A esos efectos, podrá incluir, sin limitarse a:
a) Evaluación
funcional del niño en su ambiente natural.
b) Adquisición
o alquiler de equipo de asistencia tecnológica.
c) Selección,
diseño, adaptación, personalización del equipo, aplicación mantenimiento,
reparación o reemplazo de equipo de asistencia tecnológica.
d) Coordinación
y uso con otros servicios, como terapias, intervenciones o servicios.
e) Adiestramiento
o asistencia para la persona con impedimentos, al padre de la persona con
impedimento u otras personas, significativas, en el proceso de implantación del
plan o programa educativo.
f) Mantenimiento
de los equipos, podría incluir la compra de baterías, entre otras necesidades.
(8) Vida
Independiente — significa el proceso a través del cual una persona con
impedimento es capaz de vivir lo más independientemente posible. De esta forma
adquiere mayor control de su vida apoyado por una selección informada,
enmarcada en la prestación de cuatro servicios medulares que se conocen como:
Información y Referido, Adiestramiento en Destrezas de Vida Independiente,
Consejería de Pares, e Intercesión Individual y de Sistemas, entre otros.
El Administrador
tendrá, además, la facultad de administrar cualquier programa federal que, por
su naturaleza, propósito y alcance, esté relacionado con las funciones
encomendadas a la Administración por medio de esta Ley. Esta facultad incluye,
pero no se limita a la administración del programa de recibo, custodia y
subsiguiente distribución de propiedad del Gobierno de Estados Unidos de
América, en virtud de las disposiciones del Federal Property and Administrative
Act de 1949, según enmendada o cualquier ley posterior de similar naturaleza
que la sustituya. En el desempeño de dicha facultad, el Administrador deberá
concertar y tramitar los convenios o acuerdos necesarios para que el Gobierno
de Puerto Rico pueda recibir todos los fondos y beneficios federales que
propendan al logro de dichos programas. Para estos propósitos, los convenios o
acuerdos se harán con los correspondientes organismos gubernamentales de
Estados Unidos de América, debidamente autorizados, tanto estatales como
federales. Dichos convenios o acuerdos deberán incluir, entre otros asuntos, el
intercambio de información sobre programas, estudios e investigaciones
relacionadas con los programas que lleve a cabo y deberán estar dentro del
marco de las funciones de la Administración y de las leyes aplicables
federales, estatales y del Gobierno de Puerto Rico.
El Administrador
queda facultado, además, para estudiar otros programas federales que puedan
afectar los servicios que la Administración provee, a los fines de hacer al
Gobernador las recomendaciones pertinentes para elaborar y planificar la
política pública a implementarse con relación a éstos y ayudar al Gobierno de
Puerto Rico a ofrecer servicios de forma más eficiente, rápida y económica.
Artículo 23.-Gastos
de fletes de propiedad federal excedente.
Se autoriza al
Secretario de Hacienda, siempre y cuando la Oficina de Gerencia y Presupuesto
le certifique la existencia de los fondos, a hacer anticipos del Fondo General
no comprometidos para otras atenciones a la Administración, hasta un máximo de
cien mil (100,000) dólares, para pagar los gastos de fletes de la propiedad
federal excedente donada al Gobierno de Puerto Rico.
La Rama Ejecutiva
y los municipios beneficiados con dicha propiedad reembolsarán a la
Administración por los gastos incurridos en la transportación y ésta los
revertirá al Fondo General.
CAPÍTULO
IV- COMPRAS DEL GOBIERNO
Artículo 24.-Compras
por la Administración.
En aras de
lograr ahorros considerables en el proceso de compras se establece la
centralización de las compras gubernamentales. La Administración será el único
ente autorizado a realizar y negociar la adquisición de bienes, obras y
servicios no profesionales para las Entidades Gubernamentales, según definidas
en la presente Ley, conforme los métodos de licitación y compras excepcionales
aquí establecidos. Todas las entidades gubernamentales, independientemente la
fuente de fondos para la adquisición (estatales o federales), adquirirán todos
los bienes, obras y servicios no profesionales a través de la Administración.
En aquellas circunstancias donde la ley o reglamentación federal requiera otro
procedimiento al esbozado en esta Ley, la Administración seguirá dicho
procedimiento; si fuere el caso, la Administración emitirá una declaración
escrita a la Junta de Subastas y/o Junta Revisora describiendo las leyes o
reglamentos federales aplicables para la adquisición correspondiente.
En aras de
uniformar los procesos de compras en todo el Gobierno de Puerto Rico, en el
caso de Entidades Exentas, según definidas en esta Ley, no estarán obligadas a
realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a
través de la Administración de Servicios Generales, mientras se encuentre en
vigencia el plan fiscal correspondiente, sin embargo, vendrán obligadas a
adoptar los métodos de licitación y compras excepcionales y a seguir los
procedimientos aquí establecidos al momento de realizar sus compras y subastas
de bienes, obras y servicios no profesionales. Una vez culmine la vigencia del plan
fiscal correspondiente, serán consideradas como Entidades Gubernamentales,
según definidas en esta Ley, y vendrán obligadas a realizar sus compras a
través de la Administración.
Los municipios
no estarán obligados a realizar sus compras y subastas de bienes, obras y
servicios no profesionales a través de la Administración de Servicios
Generales, más vendrán obligados a adoptar los métodos de licitación y compras
excepcionales y a seguir los procedimientos aquí establecidos al momento de
realizar sus compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales.
Los municipios podrán, de forma voluntaria, realizar sus compras y subastas de
bienes, obras y servicios no profesionales a través de la Administración.
La Rama Judicial
y la Asamblea Legislativa podrán, de forma voluntaria, adoptar los métodos de
licitación y compras excepcionales y a seguir los procesos de compras y
subastas de bienes, obras y servicios aquí establecidos, a través de la
Administración de Servicios Generales. Además, podrán de forma voluntaria,
realizar las compras y subastas de bienes, obras y servicios no profesionales a
través de la Administración de Servicios Generales.
Aquellos
departamentos, agencias, dependencias e instrumentalidades públicas
pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico que participen
en un contrato de Alianza, según definido en la Ley 29-2009, según enmendada,
conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas”, estarán exentos de la
aplicabilidad de las disposiciones de esta Ley, únicamente en cuanto a los
asuntos integrados en el Contrato de Alianza en cuestión.
La
Administración podrá hacer extensivo mediante acuerdo entre las partes,
cualquiera de los Servicios Auxiliares contenidos en el Capítulo III de la presente
Ley a aquellos municipios que así lo soliciten; también a la Rama Judicial y a
la Asamblea Legislativa.
Artículo 25.-Reglamento
Uniforme de Compras y Subastas
El Administrador
de la ASG adoptará y promulgará el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de
Bienes, Obras y Servicios no Profesionales de la Administración de Servicios
Generales del Gobierno de Puerto Rico, conforme las disposiciones de la Ley
38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. En el mismo se establecerán las normas y
procedimientos a seguir para la adquisición de bienes, obras y servicios no
profesionales en el Gobierno de Puerto Rico. Las disposiciones del Reglamento
Uniforme de Compras y Subastas se aplicarán a todos los procesos de compras y
subastas realizadas por las Entidades Gubernamentales, y los municipios.
Artículo 26.-Plan
Anual de Adquisiciones.
Las Entidades Gubernamentales
y las Entidades Exentas, deberán elaborar un Plan Anual de
Adquisiciones, según su estimado anual de necesidades y compras probables,
utilizando como referencia las compras realizadas durante el año fiscal previo,
pero sin incluir las compras únicas que se realizaron en dicho periodo, para
obtener artículos o productos específicos. Dicho plan deberá incluir un listado
de todos los bienes, obras y servicios no profesionales que se estimen
necesarios y cuya compra sea probablemente adquirida durante el año fiscal para
el cual se elabora el plan. En el Plan Anual de Adquisiciones, las entidades
deben señalar los bienes, obras y servicios no profesionales específicos que
pretenden adquirir. Además, en el plan se deberá incluir el valor estimado de
los bienes, obras y servicios no profesionales a ser adquiridos, concepto de
gasto, número de cuenta y la fecha aproximada de la compra o servicio. La
Administración publicará una guía anual para la elaboración del Plan Anual de
Adquisiciones, en la cual se establecerán los lineamientos y el formato
requerido del mismo.
El Plan Anual de
Adquisiciones deberá ser remitido a la Administración de Servicios Generales en
o antes del 31 de marzo de cada año. El incumplimiento con la presente
disposición acarreará la imposición, por parte del Administrador, de una multa
administrativa de hasta cinco mil dólares ($5,000.00) a la entidad
correspondiente.
Los planes de
adquisición sometidos por las entidades gubernamentales y entidades exentas
serán confidenciales, excepto cuando la información contenida en dichos planes
sea necesaria para fines oficiales. Todo funcionario o empleado que
extraoficialmente y en contravención a esta disposición revele esos informes,
su contenido o cualquier información relacionada con las necesidades
expresadas, podrá ser destituido de su cargo o empleo, previo el cumplimiento
de los preceptos aplicables de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como la
“Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico” y de las reglas y reglamentos promulgados de
conformidad con la misma. La sanción de destitución no impedirá la aplicación
de la acción correspondiente por contravenir las disposiciones de la Ley Núm. 5
de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración
de Documentos Públicos”.
Artículo 27.-No Obligatoriedad
de Adquirir los Bienes y Servicios Contenidos en el Plan Anual de
Adquisiciones.
Las entidades
gubernamentales y entidades exentas no vendrán obligadas a licitar, comprar y/o
contratar cualesquiera bienes o servicios incluidos en el Plan Anual de
Adquisiciones. No obstante, el Plan Anual de Adquisiciones debe incluir la
información más precisa y correcta posible.
Artículo 28.-Deber
de Notificar Cambios.
Las Entidades
Gubernamentales y Entidades Exentas estarán obligadas a revisar trimestralmente
los estimados de necesidades y compras probables incluidos en el Plan Anual de
Adquisiciones y deberán notificar a la Administración de cualquier cambio
realizado en el Plan Anual de Adquisiciones vigente y previamente sometido. El
incumplimiento con la presente disposición acarreará la imposición, por parte
del Administrador, de una multa administrativa de hasta cinco mil dólares
($5,000.00) a la entidad correspondiente.
Artículo 29.-Publicación
del Plan Anual de Adquisiciones del Gobierno Central.
La
Administración, utilizando la información contenida en cada Plan Anual de
Adquisiciones sometido por las Entidades Gubernamentales y Entidades Exentas,
deberá preparar un Plan Anual Central de Adquisiciones y las actualizaciones de
este, si alguna, el cual deberá ser publicado en la página web de la
Administración.
Artículo 30.-Análisis
Anual del Gasto Gubernamental.
La
Administración realizará un análisis del gasto gubernamental por concepto de
compras, inmediatamente concluya cada año fiscal y preparará un Informe de
Gasto Gubernamental por Concepto de Compras. Dicho informe deberá incluir el
detalle de las compras por categoría, gasto por transacciones realizadas y el
monto total del gasto gubernamental relacionado para el referido periodo.
Además, el informe deberá ser publicado en la página web de la Administración y
enviado a la Asamblea Legislativa, dentro de los noventa (90) días de culminado
el año fiscal.
Artículo 31.-Métodos
de Licitación.
Los
procedimientos de compras y subastas de bienes, obras y servicios no
profesionales, serán realizados utilizando uno de los siguientes métodos de
licitación:
(a) Compra
Informal
Método de
licitación a ser utilizado cuando se adquieran bienes, obras y servicios no
profesionales cuyo costo no exceda de quince mil
dólares ($15,000.00).
En las mismas no
será necesario realizar subasta. El Administrador
Auxiliar de Adquisiciones o su representante
autorizado solicitarán un mínimo de tres (3) cotizaciones a licitadores
debidamente inscritos en el RUL, bajo la categoría correspondiente. El número
de por lo menos tres (3) licitadores estará sujeto a que existan suficientes
firmas suplidoras para el bien o servicio que se pretenda adquirir. Las cotizaciones
podrán ser recibidas por teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro
medio de comunicación disponible. En aquellos casos en que no se obtenga el
número mínimo de cotizaciones, ello no será obstáculo para proceder con la
compra, sin embargo, deberá documentarse las razones para no obtener las tres
(3) cotizaciones. En caso de que se haya requerido cotización de un proveedor
en particular y este no haya contestado el requerimiento, no debe considerarse
como “NO BID” a menos que su negativa a participar en la licitación sea
consignada por el proveedor, mediante escrito. Las cotizaciones deberán ser
recibidas en o antes de la fecha y hora indicada en la solicitud de cotización,
y se cumplimentará el récord de cotizaciones. Se escogerá
la cotización de mejor valor tomando en cuenta la
totalidad de las circunstancias y los mejores intereses del Gobierno. Una
vez la misma sea adjudicada por el Administrador Auxiliar de Adquisiciones, el
licitador agraciado, en caso de haber ofertado vía telefónica, deberá someter
su oferta bajo su firma, mediante escrito.
El Administrador
podrá utilizar el método de subasta informal para una adquisición compleja cuyo
costo no exceda quince mil dólares ($15,000.00), cuando determine que dicho
método sirve los mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico.
(b) Subasta
Informal;
Método de
licitación a ser utilizado cuando se adquieran bienes, obras y servicios no
profesionales cuyo costo exceda quince mil dólares ($15,000.00), pero no exceda
la cantidad de cien mil dólares ($100,000.00).
El Administrador Auxiliar de Adquisiciones
o su representante autorizado evaluará las ofertas y adjudicará la buena pro
al licitador responsivo que haya ofertado el mejor valor.
c) Subasta
Formal;
Método de
licitación a ser utilizado cuando se adquieran bienes, obras y servicios no
profesionales cuyo costo exceda la cantidad de cien mil dólares ($100,000.00).
Dicha adjudicación será realizada por la Junta de Subastas al licitador
responsivo que haya ofertado el mejor valor.
d) Solicitud de
Propuestas y/o Solicitud de Propuestas Selladas y/o Request for Proposal
(RFP)
Método de
licitación a ser utilizado para adquirir bienes, obras y servicios no
profesionales que admite la negociación entre el oferente y la Administración,
mientras se evalúan las propuestas recibidas. El RFP permite la compra
negociada y confiere a los licitadores la oportunidad de revisar y modificar
sus ofertas antes de la adjudicación de la buena pro; la Administración
podrá solicitar de los licitadores la presentación de su mejor y final oferta. El
RFP debe contener los parámetros que se utilizarán para la adjudicación del
contrato. Es decir, los requerimientos, los términos y las condiciones, así
como los factores que han de considerarse en la evaluación para la adjudicación
de la subasta. La fase de negociación no creará un derecho adquirido entre las
partes.
Bajo este método de licitación será denominado Solicitud de Propuestas
cuando el costo de los bienes, obras y servicios no profesionales no excede la cuantía
de cien mil dólares ($100,000.00) y la adjudicación
es realizada por la Administración Auxiliar de Adquisiciones con la aprobación
del Administrador. La Invitación será emitida por la Administración Auxiliar de
Adquisiciones.
Bajo este método
de licitación será denominado Solicitud de Propuestas Selladas cuando el costo
de los bienes, obras y servicios no profesionales excede la cuantía de cien mil
dólares ($100,000.00) y la adjudicación es realizada por la Junta de Subastas. La Invitación será emitida por la Junta de Subastas.
e) Solicitud de
Cualificaciones y/o Request for Qualifications (RFQ)
Método de
licitación a ser utilizado cuando se trate de la adquisición de bienes, obras o
servicios especializados, que involucran asuntos altamente técnicos y
complejos, mediante el cual se solicita a proponentes potenciales que sometan sus cualificaciones para participar en un proceso de
licitación mediante Solicitud de Cualificaciones (conocida en inglés como Request
for Qualifications). Este mecanismo consistirá en un proceso dual; en la
primera fase, se cualificarán los proponentes; en la segunda fase, se
adjudicará la propuesta. La Invitación correspondiente, así como la evaluación
y la adjudicación será realizada por la Junta de Subastas, sin importar el
costo de los bienes, obras y servicios especializados.
Artículo 32.-Disposiciones
Generales sobre los Procesos de Licitación.
El Administrador
establecerá mediante reglamento los procesos específicos que deberán llevarse a
cabo para cada Método de Licitación dispuesto en esta Ley. El monto dispuesto
como requisito de subasta formal podrá ser revisado por el Administrador en
cualquier momento, previa reglamentación aprobada conforme la Ley 38-2017,
según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
del Gobierno de Puerto Rico”.
Las
adjudicaciones realizadas por la Administración Auxiliar de Adquisiciones,
correspondientes a subastas informales y solicitud de propuestas, podrán ser
revisadas por la Junta Revisora de Subastas, según lo dispuesto en el Capítulo
VIII de esta Ley.
Las adjudicaciones
realizadas por la Junta de Subastas, correspondientes a subastas formales,
solicitud de propuestas selladas y/o solicitud de cualificaciones, podrán ser
revisadas por la Junta Revisora de Subastas, según lo dispuesto en el Capítulo
VIII de esta Ley.
La
Administración y/o la Junta de Subastas tendrán la facultad de cancelar
cualquier Subasta, Solicitud de Propuestas y/o Solicitud de Cualificaciones o
parte de estas, antes o después de su adjudicación, cuando así lo estime
necesario para proteger los mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico.
Una vez
adjudicado un asunto ante la consideración de la Administración Auxiliar de
Adquisiciones o ante la Junta de Subastas, el organismo correspondiente
procederá a notificar su determinación final, según las normas y procedimientos
que se establezcan en el Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de la
Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico. La
notificación de adjudicación de subasta será notificada adecuadamente, mediante
correo federal, certificado con acuse de recibo, a todas las partes que tengan
derecho a impugnar tal determinación. La notificación de adjudicación estará
debidamente fundamentada y deberá incluir los fundamentos que justifican la
determinación, aunque sea de forma breve o sucinta, en aras de que los foros
revisores puedan revisar tales fundamentos y así determinar si la decisión fue
arbitraria, caprichosa o irrazonable. Como mínimo, la notificación debe
incluir: (1) los nombres de los licitadores que participaron en la subasta y
una síntesis de sus propuestas; (2) los factores o criterios que se tomaron en
cuenta para adjudicar la subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las
propuestas de los licitadores perdidosos, y (4) la disponibilidad y el plazo
para solicitar la reconsideración y revisión judicial.
La parte
adversamente afectada por una actuación, determinación final o resolución de la
Junta Revisora podrá presentar un recurso de revisión, conforme a lo
establecido en el Capítulo VIII de esta Ley.
Cuando las
ofertas y/o propuestas recibidas demuestren que los licitadores controlan el
mercado del producto solicitado el Administrador someterá el asunto a la
consideración de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de
Justicia, para la acción correspondiente. Cuando surja de las ofertas y/o
propuestas recibidas que los licitadores se han puesto de acuerdo entre sí para
cotizar precios de forma colusoria y/o fraudulenta, el Administrador someterá
el asunto a la consideración del Departamento de Justicia, para la acción
correspondiente.
Artículo 33.-Cumplimiento
con estándares generales de evaluación o adjudicación en los procesos de
subastas, requerimiento de propuestas o requerimientos de cualificaciones.
La
Administración deberá cumplir con los siguientes criterios:
a) Deberá
establecer especificaciones claras, comprensibles y objetivas, que no estén
basadas exclusivamente en la apreciación o visión de ningún funcionario o
empleado público o consultor externo, y que respondan a criterios objetivos de
calidad, funcionalidad, durabilidad y desempeño óptimo del producto o servicio
a ser adquirido o contratado.
b) No
podrá exigir sin justificación, el cumplimiento con materiales,
tipo de producto, servicio o condiciones, que sean exclusivas de una
marca, empresa o proveedor, en detrimento de los demás suplidores o
licitadores, incluyendo licitadores o manufactureros de Puerto Rico.
c) Cuando exija
o requiera entrega de muestras de los productos a ser adquiridos, deberá hacer
un examen o análisis objetivo de las muestras de todos los licitadores.
Todos los licitadores participantes tendrán la oportunidad razonable y
notificada de estar presentes en dicho examen, sea en la presubasta o en otra
reunión, previo a la adjudicación. Los licitadores tendrán la oportunidad
de proveer comentarios y observaciones sobre las muestras de los demás
licitadores de forma razonable y oportuna.
d) En el
análisis de los aspectos económicos de la compra, deberá incluirse una
evaluación de los empleos, actividad económica y los ingresos recibidos por el
Gobierno, que generan las diferentes ofertas, según la base de operaciones de
cada licitador participante.
e) Cuando
el incumplimiento con especificaciones, condiciones o términos del proceso
se exponga como fundamento para descalificar o rechazar la oferta, se deberá
exponer claramente el fundamento de tal determinación en el aviso de
adjudicación, junto con el análisis técnico que se llevó a cabo y la totalidad
de los documentos que sustentan el mismo.
f) Requerirá a
todo licitador el deber de honrar al Gobierno la garantía, si alguna,
independientemente de si se compra o no a través de un distribuidor.
g) Dispondrá
que la garantía del producto o servicio deberá detallar claramente qué incluye
y qué no incluye, presentando los costos de transporte, si alguno. A la vez,
tiene que estar certificada en casos de productos, por el fabricante local o
del exterior y también por su representante o distribuidor, garantizándole a la
entidad gubernamental su reemplazo de partes o productos, servicios y mano de
obra bajo términos claramente expuestos en la oferta del licitador e incluidos
posteriormente en el contrato suscrito con el licitador agraciado.
h) Adoptará
toda medida necesaria para asegurar la transparencia, prudencia, corrección,
razonabilidad y objetividad de la evaluación y adjudicación de subastas u otros
métodos de adquisición.
i)
Observará el cabal cumplimiento de las políticas de preferencia y certificará
que las especificaciones formuladas, no se adhieren, de manera exclusiva, a
ningún modelo, producto o servicio de ninguna marca, línea de productos o
empresa, producida o radicada en o fuera de Puerto Rico. De igual manera,
ningún funcionario, empleado, contratista o consultor, encargado de recomendar,
preparar o revisar las especificaciones, podrá atar, adherir o condicionar las
especificaciones a un modelo, marca o producto en particular, debiendo
limitarse a formular los requisitos de calidad, seguridad y las características
objetivas del producto o servicio, que se habrá de seleccionar y contratar, de
forma tal que promueva una libre competencia entre licitadores y una igual
oportunidad para todos los licitadores, de que su producto pueda ser
seleccionado, si cumple con dichos requisitos y características.
j) Solicitará
a todo licitador una descripción precisa y detallada de los bienes, obras o
servicios objeto de su oferta, incluyendo las garantías y términos de entrega,
si algunas. No aceptará que los licitadores o contratistas, incluyan
descripciones genéricas o ambiguas en los términos de entrega o las garantías
de sus productos y servicios en sus procesos de subasta, requerimiento de
propuestas y la contratación de adquisición de productos o servicios. En
ese sentido, todo licitador y contratista, según aplique, debe incluir, de
forma clara y detallada, el período específico o los términos aplicables a
cada garantía, sus limitaciones y condiciones, los pasos requeridos para
reclamar la garantía, una descripción clara de qué entidad proveerá el servicio
de reemplazo, subsanación, corrección o reparación del producto o el servicio y
los términos de entrega del producto o servicio. Cualquier oferta que no cumpla
con lo antes expresado, se tendrá por no sometida y la misma no podrá
ser favorecida en la adjudicación de la subasta o propuesta. De igual
forma, bajo ninguna circunstancia, se podrá omitir lo dispuesto en este inciso
en el proceso de contratación para la adquisición de bienes, obras o servicios
no profesionales.
Artículo 34.-Compras
Excepcionales.
Se conocerán como compras excepcionales, todas aquellas compras que
estarán exceptuadas de realizarse utilizando los métodos de licitación
dispuestos en el Artículo 30 de esta Ley. Toda compra excepcional deberá ser
recomendada, mediante escrito, por el Administrador Auxiliar de Adquisiciones y
autorizada por el Oficial de Licitación. Se considerarán compras
excepcionales las siguientes:
a) Cuando los precios mínimos estén fijados por ley o autoridad
gubernamental competente;
b)
Cuando la compra se haga al Gobierno de Estados
Unidos de América, alguno de sus estados o a través de sus agencias e
instrumentalidades o departamentos, corporaciones cuasipúblicas, sus subsidiarias
y afiliadas, o a cualquier entidad gubernamental del Gobierno de Puerto Rico;
c) Cuando se utilice un suplidor que tiene contrato con la
Administración de Servicios Generales;
d) Cuando exista una sola fuente de abastecimiento y así consta
mediante certificación del manufacturero de que la empresa en Puerto Rico es el
representante exclusivo del bien, o certificación del Administrador Auxiliar de
Adquisiciones de que, a su mejor entender y conocimiento personal, la entidad
es la única que puede proporcionar el bien o prestar el servicio, según
aplique;
e) Cuando en la Entidad Gubernamental exista una situación de
emergencia que genere necesidades inesperadas, imprevistas e inaplazables que
requiera acción inmediata de la Autoridad Nominadora, por estar en peligro la
vida, la salud o la seguridad de los empleados o la ciudadanía que visita sus
facilidades, o porque implique la suspensión de los servicios que se brindan o
que éstos se afecten;
f) Cuando el Gobernador haya declarado un estado de emergencia;
g) Cuando la propiedad gubernamental pueda dañarse o perderse;
h) Cuando la vigencia de los fondos esté próxima al vencimiento y toda
oportunidad de adquirir los bienes, obras y servicios no profesionales se pueda
perder, afectándose adversamente los mejores intereses del Gobierno de Puerto
Rico;
i) Cuando se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo adicional
o servicios suplementarios para equipo cuya reparación o servicio esté bajo
contrato;
j)
Cuando sea necesario adquirir los bienes, obras
y servicios no profesionales fuera de Puerto Rico por no haber suplidores
cualificados en el mercado local; o las condiciones ofrecidas en esos mercados
represente una ventaja mayor que las del mercado local;
k) Cuando no se reciban ofertas luego de haberse emitido solicitudes de
cotizaciones, invitación a subasta o solicitud de propuestas;
l) Cuando todas las cotizaciones, ofertas y/o propuestas recibidas sean
rechazadas porque incumplen con las especificaciones, condiciones o porque su
precio resulte irrazonable;
m) Cuando la compra se efectúe bajo los términos de contratos o
subastas realizadas previamente; siempre y cuando redunde en beneficio de la
Administración. En caso de incumplimiento contractual del licitador agraciado
al cual se le adjudique la buena pro de una subasta particular, se podrá
contratar con el licitador alterno conforme propuesta presentada en la subasta;
n) Cuando los artículos, materiales, equipos, obras o servicios no
profesionales a ser adquiridos son de naturaleza especializada, o se desee
comprar cierto tipo o marca en particular, por el buen servicio probado que
unidades análogas hayan rendido, por la economía envuelta en mantener
uniformidad en unidades múltiples o por superioridad en el tipo y la calidad
del servicio que se obtendrán en la unidad comprada y en su conservación, todo
lo cual debe justificarse por escrito en la requisición;
o) Cuando se justifique, en forma razonable, que el tiempo que tomará
la preparación y adjudicación de la subasta afectará adversamente el comienzo,
desarrollo y uso de la obra, bien o servicio, según se haya determinado
conforme a la necesidad o planificación de la misma; y
p) Cuando los hospitales, programas e instalaciones de la
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), el Centro Médico y
el Hospital Cardiovascular adquieran medicamentos, materiales médico
quirúrgicos, implantes, equipos médicos y/o cualquier otro equipo médico en
una situación de urgencia, por estar comprometida la salud de algún paciente o
los servicios a la ciudadanía.
Artículo 35.-Adquisición y/o Contratación de Servicios
Profesionales.
Para la adquisición y/o contratación de servicios profesionales en
el Gobierno de Puerto Rico, será requisito mandatorio que el proveedor de
servicios profesionales esté registrado en el Registro Único de Proveedores de
Servicios Profesionales, bajo la categoría correspondiente y que cuente con la
Certificación emitida por el Administrador. Sin embargo, esta disposición no
será de aplicación a los profesionales de la salud que laboren en los hospitales,
programas e instalaciones de la Administración de Servicios Médicos de Puerto
Rico (ASEM), el Centro Médico y el Hospital Cardiovascular.
Artículo 36.-Asesoramiento Especializado para las Compras.
El Administrador Auxiliar de Adquisiciones podrá, cuando sea
necesario, solicitar el asesoramiento de cualquier empleado o funcionario del
Gobierno de Puerto Rico con conocimiento especializado para la evaluación de
las licitaciones. También podrá solicitar la autorización del Administrador,
por conducto del Oficial de Licitación, para la contratación de cualquier
consultor o asesor en las situaciones de compras de bienes, obras y servicios
sofisticados.
Artículo 37.-Cumplimiento
con la Política de Preferencias en Compras.
En todo proceso
de compra la Administración cumplirá cabalmente con las siguientes políticas de
preferencia, consagradas en las siguientes disposiciones legales:
a)
Ley 14-2004, según enmendada por la Ley 20-2006,
conocida como “Ley para la Inversión de la Industria Puertorriqueña”:
Establece que en
toda compra de artículos o servicios que efectúe el Gobierno de Puerto Rico, se
adquirirán los referidos servicios o artículos extraídos, producidos,
ensamblados o envasados en Puerto Rico, o distribuidos por agentes establecidos
en Puerto Rico, o de servicios rendidos en Puerto Rico, siempre que dichos
artículos y servicios cumplan con las especificaciones, términos y condiciones
establecidas en el pliego de subasta u orden de compra, y que su precio, luego
de aplicado el parámetro de inversión correspondiente, sea el más bajo.
En cuanto a las
compras y la contratación de servicios de todas las agencias, dependencias,
subdivisiones, o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, se dispone que
cada una de éstas reservarán al menos un quince (15) por ciento de dichas
compras y contrataciones para servicios rendidos en Puerto Rico o artículos
extraídos, producidos, ensamblados o envasados en Puerto Rico, por empresas
pequeñas o medianas o de base cooperativa, según definidas por Reglamento;
b)
Ley 129-2005, según enmendada por la Ley
63-2007, conocida como “Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico”:
Establece un
Programa de Reservas que requiere al Gobierno de Puerto Rico y sus
instrumentalidades asignar un mínimo de quince (15) por ciento del total de la
partida asignada a compras de su presupuesto general para ser otorgado a
pequeñas y medianas empresas;
c)
Ley 253-2006, conocida
como “Ley de Contratos de Selección Múltiple en los Procesos de Compras”:
Establece como
política pública, el deber del Gobierno de Puerto Rico de propiciar en sus
procesos de compras condiciones y mecanismos de compras que permitan a la
industria local ofrecer sus productos y servicios en circunstancias flexibles,
justas y altamente participativas; dispone además, sobre la obligatoriedad de
adoptar el contrato de selección múltiple como una de las opciones y contratos
de compra, que estarán disponibles y podrán ser utilizados en la adquisición de
bienes y servicios,
d)
Ley 42-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Preferencia para Contratistas y Proveedores Locales
de Construcción”:
Establece como
política pública del Gobierno de Puerto Rico que, en cuanto a la compra y
contratación de Servicios de Construcción, se reservará al menos un veinte por
ciento (20 %) de dichas compras y contrataciones para servicios rendidos
por un Negocio o Proveedor Local de Servicios de Construcción.
La
Administración cumplirá cabalmente con determinadas medidas que afiancen el
cumplimiento con la política pública arriba citada y con toda otra disposición
de política pública que estimule y fomente que las empresas de capital local
aumenten sus oportunidades de negocio con el propósito de crear más y mejores
empleos para los ciudadanos.
Todo licitador
deberá presentar la resolución otorgada por la Compañía de Comercio y
Exportación de Puerto Rico o cualquier otro organismo rector, en aras de
validar su preferencia. La Administración establecerá mediante reglamento, los
procedimientos relacionados a compras de preferencia.
Artículo 38.-Solicitud
de Compra.
El Administrador
establecerá, mediante reglamentación, los requisitos de las solicitudes de
compra, así como el procedimiento y condiciones para su radicación en la
Administración a través de correo electrónico y/o cualquier plataforma digital
disponible, así como cualquier otro medio.
El Administrador
podrá autorizar órdenes de compra y contratos, previa la obligación de fondos
para cubrir el pago de los bienes recibidos, obras realizadas y servicios no
profesionales rendidos. De igual manera, podrá cancelar órdenes de compra en
protección del interés público, cuando medien circunstancias extraordinarias y
justificación adecuada, y en caso de ser una compra o contrato específico de
una Entidad Gubernamental, Entidad Exenta o municipio, el Administrador
dará previa notificación escrita o electrónica al originador sobre dichas
circunstancias o justificación.
Artículo 39.-Nulidad
de Compra o Venta.
Será nula
cualquier compra o venta efectuada en contravención de las disposiciones de
esta Ley y los reglamentos aprobados de conformidad con la misma. De haberse
invertido fondos públicos, éstos podrán recobrarse mediante acción civil
correspondiente del Gobierno de Puerto Rico y cualquiera de sus agencias.
De encontrarse
responsable a algún servidor público de haber invertido fondos públicos en
contravención de esta Ley, éste responderá con su propio peculio. Asimismo,
será nula cualquier compra o venta efectuada en contravención del Artículo 24(e)
de la Ley 2-2018, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto
Rico”, entre otras disposiciones legales aplicables.
Artículo 40.-Fraccionamiento.
Se prohíbe
dividir una solicitud o grupo de solicitudes sobre un mismo bien, obra y servicio
no profesional, con el fin de emitir más de una orden de compra o contrato, a
uno o varios suplidores, con la intención de evadir los requisitos establecidos
para los procedimientos de compra, incluyendo, pero sin limitarse a los montos
máximos establecidos para la utilización del método de Solicitud de Propuesta
Sellada y/o Subasta Formal. Esta prohibición no se aplicará en aquellos casos
en que la división de solicitudes o grupos de solicitudes sea necesaria para
cumplir con requisitos legales incluyendo, pero sin limitarse a los
establecidos en la Ley 14-2004, supra; Ley 129-2005, supra; Ley
253-2006, supra, y; Ley 42-2018, supra.
Artículo 41.-Proceso
de Facturación
Toda facturación
correspondiente a la compra de bienes, obras y servicios no profesionales
tendrá que realizarse de forma electrónica. En dicha facturación se deberá
certificar que en efecto se adquirieron los bienes, se realizaron las obras o
se prestaron los servicios no profesionales.
Con el propósito
de salvaguardar y asegurar la integridad y disponibilidad de información tales
como órdenes de compra, aprobaciones correspondientes, evidencia de obligación
de fondos, confirmación de recibo de la compra de bienes, servicios no
profesionales, obras de construcción, evidencia de facturación, así como de
cualquier otra información relacionada con dichas transacciones, diariamente la
Administración seguirá el debido procedimiento, según las mejores prácticas de
resguardo y manejo de desastres reconocidas en la industria de las tecnologías de
información.
Además del
archivo digital de los documentos arriba mencionados, se conservarán los mismos
conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según
enmendada, mejor conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos de
Puerto Rico”.
CAPÍTULO
V- REGISTRO ÚNICO DE LICITADORES
Artículo 42.-Creación
del Registro Único de Licitadores.
La
Administración tendrá a su cargo la obligación de preparar, administrar,
mantener y manejar el Registro Único de Licitadores para el Gobierno de Puerto
Rico. Todas las Entidades Gubernamentales, Entidades Exentas y/o municipios participantes,
estarán obligadas a utilizar el Registro, como paso previo a la adquisición de
bienes, obras y servicios no profesionales, salvo ante las circunstancias
especiales establecidas en el Artículo 46 de esta Ley. Ninguna Entidad Gubernamental,
Entidad Exenta y/o municipio participante podrá crear un registro análogo al
aquí dispuesto.
La
Administración establecerá también un Registro Único de Proveedores de
Servicios Profesionales. En dicho Registro, se inscribirán obligatoriamente los
proveedores de servicios profesionales que deseen contratar con el Gobierno. Al
inscribirse, serán debidamente cualificados por el Administrador mediante la
reglamentación de ingreso al Registro que se establezca y tendrán la facilidad
de contar con una certificación única que les acredite el cumplimiento con
cualesquiera requisitos de documentación necesarios para la contratación con el
Gobierno.
Toda Entidad Gubernamental,
Entidad Exenta y/o municipio participante estará obligada a reconocer la
validez de las certificaciones del Registro, vigentes, que se le presenten para
la compra de bienes, construcción de obras y/o contratación de servicios no
profesionales.
La
Administración estará obligada a suplir a toda entidad gubernamental, entidad
exenta o municipio participante, información sobre el historial contractual de
cualquier licitador o contratista, de conocer tales circunstancias, cuando así
le sea requerido y viceversa.
Artículo 43.-Inscripción
en el Registro.
Toda persona
natural o jurídica interesada en participar en cualquier proceso de compra
gubernamental mediante cualquier método de licitación y/o compras
excepcionales, según dispuesto en esta Ley, estará obligada a estar inscrita en
el Registro desde el momento que participa del proceso de licitación. La
Administración publicará avisos para notificar el requisito de inscripción en
el Registro. La publicación de dichos avisos será mediante dos (2) de los
siguientes medios: prensa escrita o prensa radial y siempre en los portales
cibernéticos de la Administración y del Gobierno de Puerto Rico.
Disponiéndose
que será obligatorio para las personas naturales o jurídicas que deseen
contratar para la prestación de servicios profesionales con las entidades
gubernamentales, entidades exentas y municipios participantes del Gobierno de
Puerto Rico inscribirse en el Registro.
Artículo 44.-Disponibilidad
del Registro.
El Registro
estará disponible en el portal cibernético de la Administración y sus
constancias permanecerán abiertas y disponibles para uso de las entidades
gubernamentales, entidades exentas y los municipios participantes.
Las constancias
registrales que se harán disponibles al público en general serán las
relacionadas a la identificación del licitador y/o proveedor tales como:
nombre, dirección y teléfono de contacto; también las circunstancias
relacionadas a la vigencia de su Certificado de Elegibilidad.
Artículo 45.-Obligaciones
Generales del Administrador con Relación al Registro Único de Licitadores.
El Administrador
está obligado a:
a) evaluar, bajo criterios objetivos, a ser establecidos mediante
reglamento, a todo licitador y/o proveedor que pretenda vincularse
contractualmente con el Gobierno de Puerto Rico mediante constancia en el Registro,
a los efectos de asegurarse de que las entidades gubernamentales, entidades
exentas y los municipios participantes del Gobierno de Puerto Rico solamente
contraten con personas naturales o jurídicas que: 1) sean de probada solvencia
moral y económica; 2) no hayan sido convictas o se hayan declarado culpable en
el foro estatal o federal, o en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos
de América, de aquellos delitos constitutivos de fraude, malversación o
apropiación ilegal de fondos públicos enumerados en la Ley 2-2018, según
enmendada; 3) provean evidencia y certifiquen tener una política laboral de
equidad salarial por razón de sexo entre personas que realizan trabajo
comparable, y haber culminado o iniciado un proceso de autoevaluación sobre sus
prácticas de compensación mediante el cual hayan logrado un progreso razonable
para eliminar las diferencias salariales a base de sexo en trabajos
comparables. A esos efectos, el Secretario del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos preparará y distribuirá, las guías uniformes por las cuales se
regirán los programas de autoevaluación que se diseñen por el patrono
licitador, o un tercero. Los programas de autoevaluación serán diseñados de
forma tal que contengan un detalle y cubierta razonable y exponga metas claras
a corto plazo, tomando en consideración el tamaño y recursos económicos del
patrono licitador y/o proveedor.
b) Asegurar uniformidad en los requisitos para constar en el Registro.
c) Velar que cada licitador y/o proveedor cumpla real y efectivamente
con los requisitos necesarios para validar su contratación con el Gobierno de
Puerto Rico, a los fines de que a un licitador y/o proveedor no se le exija, en
varias ocasiones durante un mismo período, el cumplimiento de los mismos
requisitos por diversos organismos gubernamentales.
d) Mantener actualizadas las constancias del Registro.
e) Hacer públicos los requerimientos que deberán satisfacer los
interesados en constar en el Registro, tanto los requerimientos generales para
licitar en el Gobierno de Puerto Rico como los específicos, según dispuestos
por las Entidades Gubernamentales, Entidades Exentas y los municipios participantes
del Gobierno de Puerto Rico a base de sus necesidades particulares.
f) Fiscalizar las gestiones contractuales de los licitadores y/o
proveedores con el Gobierno para asegurarse de que las mismas cumplan con las
formalidades, requisitos y obligaciones que en derecho sean exigibles.
g) Abaratar los costos del proceso de subasta formal, pudiendo optar
por utilizar el sistema de convocatoria por invitación y simultáneamente, por
el portal cibernético en sustitución de la convocatoria del periódico.
h) Expedir certificados de elegibilidad a cualquier licitador y/o
proveedor que haya cumplido con todos los requisitos de inscripción y/o
renovación de inscripción.
i) Aprobar, enmendar y derogar reglamentos para estructurar el
Registro.
j)
Establecer, cobrar y fijar tarifas, derechos,
rentas y otros cargos que sean justos y razonables por la inscripción anual al
Registro y por la expedición del certificado de elegibilidad, los cuales al
menos deberán cubrir los gastos relacionados incurridos por la Administración.
Artículo 46.-Excepciones.
El Administrador
podrá eximir a un licitador, proveedor y/o suplidor del requisito de
inscripción en el Registro, en las circunstancias especiales que se detallan a
continuación:
a)
Cuando sean adquisiciones de las oficinas de
agencias y departamentos del Gobierno de Puerto Rico localizadas fuera de
Puerto Rico y que son realizadas en la jurisdicción donde están ubicadas;
b)
Cuando la compra se haga al Gobierno de Estados
Unidos de América, alguno de sus estados o a través de sus agencias e
instrumentalidades o departamentos, corporaciones cuasi públicas, sus subsidiarias
y afiliadas, o a cualquier entidad gubernamental del Gobierno de Puerto Rico;
c)
Cuando sean adquisiciones de equipo médico,
científico o tecnológico, o cualquier otro equipo o material altamente
especializado para el cual no exista suplidor o representante autorizado en
Puerto Rico, y;
d)
Cuando se realizan compras debido a una
emergencia, según definidas en esta Ley.
Sólo se
considerarán como circunstancias especiales aquellas situaciones presentadas
por escrito y debidamente justificadas por el Administrador Auxiliar de
Adquisiciones, caso a caso. Estas requerirán la aprobación del Oficial de
Licitación. Estas circunstancias especiales se evaluarán desde una perspectiva
restrictiva y su aprobación debe estar justificada en que existe una situación
de tal naturaleza extraordinaria que no excluirla del proceso del Registro,
propiciará un grave menoscabo a las funciones de la Administración o los
servicios que ésta viene obligada a prestar. La Administración adoptará
mediante reglamento las disposiciones referentes a las circunstancias
especiales establecidas en este Artículo.
CAPÍTULO
VI- JUNTA DE SUBASTAS
Artículo 47.-Creación.
Se crea la Junta
de Subastas, adscrita a la Administración, la cual tendrá naturaleza cuasijudicial
y estará facultada para evaluar y adjudicar, mediante un procedimiento
uniforme, las subastas del Gobierno de Puerto Rico que se realicen en
cumplimiento con las disposiciones de esta Ley.
La Junta de
Subastas adoptará un reglamento que establezca los procedimientos que son necesarios
para guiar y uniformar su funcionamiento interno, incluidos los formularios que
sean necesarios para su funcionamiento.
La
Administración proveerá a la Junta de Subastas el apoyo administrativo
necesario para el descargue de sus funciones.
La Administración
podrá constituir un Comité Evaluador de Subastas, cuya función principal será
evaluar el cumplimiento, por parte de los licitadores, de los requisitos de
licitación establecidos para cada subasta en particular. El Comité Evaluador de
Subastas, podrá asistir a la Administración Auxiliar de Adquisiciones en
relación a la evaluación de cualquier subasta o propuesta.
Artículo 48.-Composición
de la Junta de Subastas.
La Junta de
Subastas estará compuesta por: un (1) Presidente y cuatro (4) miembros
asociados. Los miembros que formarán la Junta de Subastas serán recomendados
por los siguientes: un (1) miembro recomendado por el Administrador de la
Administración de Servicios Generales; un (1) miembro recomendado por la
Oficina del Contralor; un (1) miembro recomendado por la Oficina del Inspector
General de Puerto Rico; un (1) miembro recomendado por el Colegio de Contadores
Públicos Autorizados de Puerto Rico; y, un (1) miembro recomendado por la
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). El Gobernador
designará a todos los miembros de la Junta y escogerá la persona que habrá de
presidir la misma. Para la confirmación de los miembros de esta Junta de
Subastas será necesario el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.
A solicitud de
la Entidad Gubernamental, Entidad Exenta o municipio para el cual se lleve a
cabo una subasta pública, se incorporará un (1) miembro adicional a la Junta de
Subastas en representación de dicho organismo el cual tendrá voz, pero no voto.
Este formará parte de la Junta hasta tanto y en cuanto finalice el proceso de
subastas concerniente al organismo que éste representa.
Todos los
miembros de la Junta de Subastas dedicarán todo su tiempo al servicio de ésta.
Los miembros de la Junta de Subastas ocuparán los puestos ocupados por los
siguientes términos: el Presidente por el término de siete (7) años, dos (2)
miembros asociados por el término de cinco (5) años y dos (2) miembros
asociados por el término de tres (3) años. Al vencerse el término de los primeros
nombramientos, estos podrán ser renominados. En caso de no ser renominados, los
sucesores serán recomendados conforme lo anteriormente dispuesto y nombrados
sucesivamente por términos de siete (7) años.
Los miembros de
la Junta de Subastas mantendrán su puesto en la Junta de Subastas hasta que su
sucesor sea nombrado y éste tome posesión. Inmediatamente ocurra una vacante
en la Presidencia de la Junta de Subasta, el Gobernador designará a uno de los
miembros asociados ya confirmados, para ocupar la Presidencia de forma
interina. Cuando el cargo de un miembro de la Junta de Subastas quede vacante
de forma permanente, antes de expirar el término de su nombramiento, el sucesor
será nombrado para completar el término del predecesor.
El Gobernador deberá
declarar vacante el cargo de cualquier miembro de la Junta de Subastas por
incapacidad física o mental que le inhabilite para desempeñar las funciones del
cargo, negligencia crasa en el desempeño de sus funciones, omisión en el
cumplimiento del deber o si es convicto de delito grave o delito menos grave
que conlleva depravación moral.
Los miembros de
la Junta de Subastas deberán ser mayores de edad, residentes de Puerto Rico,
tener conocimiento en el área de la administración pública y las compras gubernamentales
y no podrán haber sido hallados convictos en foros judiciales o administrativos
en o fuera de Puerto Rico. Al menos dos (2) de los miembros de la Junta de
Subastas deberán ser abogados autorizados a ejercer la profesión por el
Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los restantes miembros de la Junta de Subastas
deberán tener como requisito mínimo un grado universitario de Maestría y contar
con al menos cinco (5) años de experiencia profesional.
Los miembros de
la Junta de Subastas estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones de la
Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética
Gubernamental de Puerto Rico”.
Ningún miembro
de la Junta de Subastas podrá adjudicar asuntos en los cuales tenga algún
interés personal directo o indirecto o esté relacionado a cualquiera de las
partes solicitantes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad. En caso de surgir algún conflicto de intereses, el miembro de la
Junta de Subastas afectado tendrá inhibirse de todo el proceso de subasta.
Además, le será de aplicabilidad cualquier penalidad, multa o sanción
establecida por esta Ley.
Artículo
49.-Compensación.
Los miembros de
la Junta de Subastas serán remunerados con el mismo salario que devenga un Juez
del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. No podrán ser funcionarios ni
empleados del Gobierno de Puerto Rico. Los miembros de la Junta de Subastas no
devengarán ningún otro estipendio adicional por sus funciones en la Junta de
Subastas. El salario de los miembros de la Junta de Subastas será incluido en
el Presupuesto de la Administración.
Artículo 50.-Quórum.
La mayoría
simple de los miembros de la Junta Subastas constituirá quórum para la
celebración de sesiones y la toma de decisiones. Todos los acuerdos de la Junta
de Subastas se adoptarán por mayoría de votos. De ser necesario y a manera de
excepción, la votación de los miembros podrá realizarse a través de medios
electrónicos.
Artículo 51.-Facultades
y Deberes de la Junta de Subastas.
La Junta de
Subastas tendrá las siguientes facultades y deberes:
a) emitir las
invitaciones para las subastas y solicitud de propuestas selladas;
b) evaluar y
adjudicar propuestas y/o subastas sobre toda compra o contratación cuyo costo
estimado exceda la cantidad de cien mil dólares ($100,000.00) o según sea
modificada por el Administrador, conforme a lo dispuesto en esta Ley;
c) no aceptar
licitaciones que contengan precios en exceso del precio de venta al detal sugerido
por el manufacturero (manufacturer suggested retail price);
d) celebrar
reuniones y/o vistas;
e) emitir las
notificaciones de adjudicación de subastas o cualquier orden, requerimiento, o
resolución que en derecho proceda en los asuntos ante su consideración;
f) evaluar y
adjudicar los asuntos presentados ante su consideración, de manera rápida y
eficiente, salvaguardando los derechos procesales y sustantivos de las partes;
g) mantener un
expediente completo que documente los eventos ocurridos en el caso;
h) cualquier
otra facultad o deber que por esta Ley o por reglamento se le asigne, y;
i)
permitir que los licitadores examinen el
expediente de las subastas que han sido debidamente adjudicadas y otorgar copia
del mismo una vez sea pagado el cargo correspondiente establecido mediante
reglamentación.
La Junta de
Subastas descargará sus funciones en cumplimiento con el Reglamento Uniforme de
Compras y Subastas de la Administración de Servicios Generales del Gobierno de
Puerto Rico y cualquier otra disposición legal aplicable.
Artículo 52.-Facultades,
Funciones y Deberes del Presidente de la Junta de Subastas.
El Presidente de
la Junta de Subastas tendrá las siguientes facultades, funciones y deberes:
a)
representar a la Junta de Subastas en todas
aquellas funciones inherentes a su cargo;
b)
convocar las sesiones o reuniones de la Junta de
Subastas;
c)
dirigir los procesos de la Junta de Subastas;
d)
asesorar al Administrador en la preparación del
Reglamento de Subastas o sugerir enmiendas al mismo, las cuales serán
consideradas por el Administrador;
e)
preparar el calendario de sesiones para la
apertura de subastas;
f)
identificar la necesidad de asesoramiento
técnico especializado y solicitar al Administrador la designación del recurso
que habrá de brindarle el asesoramiento técnico especializado incluyendo, pero
sin limitarse a empleados o funcionarios del Gobierno de Puerto Rico;
g)
hacer que se cumpla con el procedimiento para la
celebración y adjudicación de las subastas de conformidad con la legislación y
reglamentación aplicable;
h)
supervisar el personal administrativo que le
asigne el Administrador;
i)
utilizar los recursos disponibles de la
Administración, en coordinación con el Administrador;
j)
preparar informes trimestrales al Administrador
o al funcionario en quien éste delegue sobre las subastas adjudicadas y
pendientes de adjudicación o cualquier otro informe que le soliciten;
k)
autorizar el reembolso de gastos razonables al
personal que tiene bajo su supervisión, de conformidad con el reglamento para
estos fines del Departamento de Hacienda y cualquier disposición legal
aplicable;
l)
adoptar un sello oficial, del cual se tomará
conocimiento judicial y el cual servirá para autenticar sus acuerdos, órdenes o
resoluciones; y,
m)
cualquier otra facultad, función o deber que por
esta Ley o por reglamento se le asigne.
Artículo 53.-Determinación
Final. Notificación de adjudicación.
Una vez adjudicado un asunto ante la consideración de la Junta de
Subastas, ésta procederá a notificar su determinación final, según los
procedimientos y mecanismos que se establezcan en el Reglamento Uniforme de
Compras y Subastas. La notificación de adjudicación de subasta será notificada
adecuadamente, mediante correo federal certificado con acuse de recibo, a todas
las partes que tengan derecho a impugnar tal determinación. La notificación de
adjudicación estará debidamente fundamentada y deberá incluir los fundamentos
que justifican la determinación, aunque sea de forma breve o sucinta, en aras
de que los foros revisores puedan revisar tales fundamentos y así determinar si
la decisión fue arbitraria, caprichosa o irrazonable. Como mínimo, la
notificación debe incluir: (1) los nombres de los licitadores que participaron
en la subasta y una síntesis de sus propuestas; (2) los factores o criterios
que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; (3) los defectos, si
alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos, y (4) la
disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideración y revisión
judicial.
La determinación
final de la Junta de Subastas contendrá determinaciones de hechos y
conclusiones de derecho. La parte adversamente afectada por una actuación,
determinación final o resolución de la Junta de Subastas podrá presentar un
recurso de revisión, conforme a lo establecido en el Capítulo VIII de esta Ley.
Artículo
54.-Remoción.
El Gobernador
deberá declarar vacante el cargo de cualquier miembro de la Junta de Subastas
por incapacidad física o mental que le inhabilite para desempeñar las funciones
del cargo, negligencia crasa en el desempeño de sus funciones, omisión en el
cumplimiento del deber o si es convicto de delito grave o delito menos grave
que conlleva depravación moral.
CAPÍTULO
VII- JUNTA REVISORA
Artículo 55.-Creación
de la Junta Revisora de Subastas.
Se crea la Junta
Revisora de Subastas, adscrita a la Administración, la cual tendrá naturaleza cuasijudicial
y estará facultada para revisar cualquier impugnación de las
determinaciones o adjudicaciones hechas por la Administración Auxiliar del Área
de Adquisiciones, por la Junta de Subastas de la Administración de Servicios
Generales del Gobierno de Puerto Rico o por las Juntas de Subastas de las
Entidades Exentas. La Junta Revisora recibirá de la Administración y ésta
otorgará a dicha Junta, el apoyo administrativo necesario para el descargo de
sus funciones. Sin embargo, la Junta Revisora tendrá autonomía operacional,
seguirá el ordenamiento correspondiente establecido por esta Ley y actuará de
forma independiente de la Administración y la Junta de Subastas. Esta Junta deberá
contar con personal técnico, legal y administrativo suficiente para realizar
las labores correspondientes, incluyendo los recursos necesarios para realizar
su función. Disponiéndose que se podrán asignar en destaque funcionarios o
empleados de otras agencias o dependencias, para suplir asistencia en las
labores de la Junta.
Artículo 56.-Nombramientos.
La Junta
Revisora estará compuesta por: un (1) Presidente, dos (2) miembros asociados y
un (1) miembro alterno. Serán nombrados por el Gobernador, con el consejo y
consentimiento del Senado. El Presidente de la Junta Revisora deberá ser
un abogado debidamente autorizado para ejercer la profesión por el Tribunal
Supremo de Puerto Rico y ocupará su puesto a tiempo completo. De igual
forma, al menos uno (1) de los miembros asociados deberá ser un Contador
Público Autorizado.
Los miembros de
la Junta Revisora deberán tener al menos cinco (5) años de experiencia luego de
haber sido debidamente admitidos a ejercer sus respectivas profesiones en
Puerto Rico, según aplique.
Los miembros
deberán ser mayores de edad, residentes de Puerto Rico y tener conocimiento en
administración pública y compras gubernamentales. No obstante, no podrán
ser nombrados a dichos cargos empleados de las Entidades Gubernamentales,
Entidades Exentas o municipios.
Todos los
miembros de la Junta Revisora serán nombrados por el Gobernador de la siguiente
forma: el Presidente por el término de siete (7) años, un (1) miembro asociado
por el término de cinco (5) años, un (1) miembro asociado por el término de
tres (3) años, y el miembro alterno por el término de tres (3) años. Al
concluir los primeros nombramientos de cada uno, los sucesores serán nombrados
sucesivamente por términos de siete (7) años.
Los miembros de
la Junta Revisora mantendrán su puesto en la Junta Revisora hasta que su
sucesor sea nombrado y éste tome posesión. Inmediatamente ocurra una
vacante en la Presidencia de la Junta Revisora, el Gobernador designará a uno
de los miembros asociados ya confirmados, para ocupar la Presidencia de forma
interina. Cuando el cargo de un miembro de la Junta Revisora quede
vacante de forma permanente, antes de expirar el término de su nombramiento, el
sucesor será nombrado para completar el término del predecesor.
Ningún miembro
de la Junta Revisora podrá adjudicar asuntos en los cuales tenga algún interés
personal directo o indirecto o esté relacionado a cualquiera de las partes
solicitantes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y
de existir alguno, deberá inhibirse. Además, le será de aplicabilidad cualquier
penalidad, multa o sanción establecida por esta Ley o cualquier otra ley
aplicable incluyendo, pero sin limitarse, a la Ley 1-2012, según enmendada,
conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto
Rico”, o cualquier otra ley que la sustituya.
Artículo 57.-Remoción.
El Gobernador
deberá declarar vacante el cargo de cualquier miembro de la Junta Revisora por
incapacidad física o mental que le inhabilite para desempeñar las funciones del
cargo, negligencia crasa en el desempeño de sus funciones, omisión en el
cumplimiento del deber o si es convicto de delito grave o delito menos grave
que conlleva depravación moral.
Artículo 58.-Compensación.
El Presidente de
la Junta Revisora devengará el mismo sueldo anual que un Juez del Tribunal de
Apelaciones de Puerto Rico. Los miembros asociados de la Junta Revisora
recibirán compensación de acuerdo con las tarifas por hora establecidas por el
Gobierno Central para contratos por servicios profesionales, hasta un máximo de
cincuenta mil dólares ($50,000.00) anuales, los cuales serán tributables. El
miembro alterno recibirá compensación de acuerdo con las tarifas por hora
establecidas por el Gobierno Central para contratos por servicios
profesionales, hasta un máximo de diez mil dólares ($10,000.00) anuales, los
cuales serán tributables.
Artículo 59.-Facultades
y Deberes de la Junta Revisora.
La Junta
Revisora tendrá las siguientes facultades y deberes:
a)
revisar y adjudicar cualquier impugnación a las
adjudicaciones sobre subastas informales realizadas por
la Administración Auxiliar de Adquisiciones;
b)
revisar y adjudicar cualquier impugnación a las
adjudicaciones sobre subastas formales realizadas por la Junta de Subastas;
c)
revisar y adjudicar cualquier impugnación a las
adjudicaciones sobre propuestas, hechas por la Administración Auxiliar de
Adquisiciones;
d)
revisar y adjudicar cualquier impugnación a las
adjudicaciones sobre propuestas selladas o cualificaciones, hechas por la Junta
de Subastas;
e)
celebrar vistas para argumentos orales;
f)
emitir cualquier orden, requerimiento,
revocación, orden en auxilio de jurisdicción o en paralización de los
procedimientos, orden de cese y desista, o resolución que en derecho proceda en
los casos ante su consideración y que evite que sus dictámenes sean académicos.
Toda resolución emitida en virtud de una adjudicación deberá contener
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho;
g)
resolver los asuntos presentados ante su
consideración, de manera rápida y eficiente, salvaguardando los derechos
procesales y sustantivos de las partes;
h)
evaluar las declaraciones escritas que los
organismos contratantes sometan al Administrador y/o las declaraciones
sometidas por la Administración en aquellas circunstancias donde la ley o
reglamentación federal permita o requiera otro procedimiento distinto al
esbozado en esta Ley;
i)
evaluar las certificaciones y cualquier
documentación adicional que le fueran referidas con relación a compras de
emergencia y someter al Administrador, un informe detallando cualquier compra
que se haya apartado de los parámetros legales y reglamentarios para las
compras durante una emergencia, en un período no mayor de treinta (30) días
luego de comenzar la revisión de dicha documentación la Junta Revisora;
j)
examinar una muestra representativa de las
compras llevadas a cabo durante un estado de emergencia para determinar si las
mismas se llevaron a cabo conforme a los procedimientos establecidos por ley y
reglamentos para tales situaciones y si los bienes adquiridos en realidad eran
necesarios durante la emergencia y podían legalmente ser adquiridos conforme a
dicho procedimiento. Someter al Administrador, un informe detallando cualquier
compra que se haya apartado de los parámetros reglamentarios para las compras
durante una emergencia declarada por el Gobernador, en un período no mayor de
cuarenta y cinco (45) días luego de comenzar el examen de dichas compras;
k)
en el cumplimiento de su función revisora
impuesta por esta Ley, cualquier miembro de la Junta Revisora podrá expedir
citaciones requiriendo la comparecencia de cualquier funcionario con peritaje
en la materia de discusión, persona, testigo, toma de deposiciones o la
presentación de toda clase de evidencia de conformidad con el ordenamiento
jurídico vigente, incluyendo la entrega de muestras o la inspección de
productos;
l)
mantener un expediente completo que documente
los eventos ocurridos en el caso;
m) cualquier miembro de la Junta Revisora podrá tomar juramento;
n)
exigir, a través de cualquiera de sus miembros,
el cumplimiento de las citaciones que expida mediante comparecencia ante
cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia y solicitar que dicho Tribunal
ordene el cumplimiento de la misma. El Tribunal de Primera Instancia dará
preferencia al curso y despacho de dicha petición. El Tribunal de Primera
Instancia tendrá facultad para encontrar a cualquier parte incurso en desacato,
por desobediencia de dichas órdenes. Cualquier persona podrá ser procesada y
condenada por perjurio que cometiere al prestar testimonio falso ante la Junta
Revisora; y
o)
cualquier otra facultad, función o deber que por
esta Ley o por reglamento se le asigne.
Artículo 60.-Facultades
y Deberes del Presidente de la Junta Revisora.
El Presidente de
la Junta Revisora tendrá las siguientes facultades y deberes:
a)
adoptar, enmendar y derogar los reglamentos
necesarios para el funcionamiento interno y la operación de la Junta Revisora,
así como el trámite de los asuntos presentados ante ésta, incluyendo
reglamentos de emergencia, conforme a las disposiciones de esta Ley y la Ley
38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” y cualquier otra ley aplicable;
b)
obtener servicios, mediante contrato, de
personal técnico, profesional o altamente especializado o de otra índole, que
sea necesario para el desempeño de sus funciones o las de la Junta Revisora;
c)
autorizar el reembolso de gastos razonables al
personal que tiene bajo su supervisión, de conformidad con el reglamento para
estos fines del Departamento de Hacienda y cualquier disposición legal
aplicable;
d)
supervisar el personal administrativo que le
asigne el Administrador;
e)
utilizar los recursos disponibles de la
Administración, en coordinación con el Administrador;
f)
representar a la Junta Revisora en los actos y
actividades que lo requieran;
g)
asignar, discrecionalmente áreas de trabajo, en
la fase administrativa de la Junta Revisora, a uno (1) o más de los miembros.
Esta asignación de áreas de trabajo podrá ser alterada o dejada sin efecto por
el Presidente cuando, a su juicio, cualquier factor o factores de interés
público o de eficiencia operacional así lo amerite;
h)
adoptar un sello oficial, del cual se tomará
conocimiento judicial y el cual servirá para autenticar sus acuerdos, órdenes o
resoluciones;
i)
cualquier otra facultad, función o deber que por
esta Ley o reglamento se le asignen.
Artículo 61.-Quórum.
La mayoría
simple de los miembros de la Junta Revisora constituirá quórum para la
celebración de sesiones y la toma de decisiones. Todos los acuerdos de la Junta
Revisora se adoptarán por mayoría de votos. Los miembros no emitirán votos
explicativos, sino que indicarán únicamente su posición a favor o en contra de
la decisión. El voto de cada miembro se hará constar en los libros de actas o
minutas de la Junta Revisora, los cuales serán documentos públicos. De ser
necesario y a manera de excepción, la votación de los miembros podrá realizarse
a través de medios electrónicos.
Artículo 62.-Cobro
de Cargos, Servicios y Derechos.
La Junta
Revisora fijará, mediante reglamento, los cargos, derechos o aranceles a ser
satisfechos por: (a) la presentación de recursos, según aplique; (b) las copias
de cualquier documento de carácter público que se le requieran; y (c) cualquier
otro trámite o servicio que preste a solicitud del público en cumplimiento con
las disposiciones de esta Ley. No obstante, la Junta Revisora o persona en
quien ésta delegue esta facultad, suministrará copia libre de costo a la
Oficina del Gobernador, al Departamento de Estado, a la Asamblea Legislativa y
a las entidades fiscalizadoras estatales o federales. Todos los ingresos que
por cualquier concepto reciba la Junta Revisora en el cumplimiento de sus
funciones ministeriales para implantar las disposiciones de esta Ley, de las
fuentes que se especifican en esta Ley o cualesquiera otras fuentes, ingresarán
en una cuenta especial a ser creada en la Administración a favor y a
disposición de la Administración. Con prioridad sobre cualquier otro asunto y
en el siguiente orden, la Administración dispondrá de dichos fondos para la
adquisición de equipo tecnológico y la contratación de peritos externos, entre
otros, previo acuerdo con la Junta.
CAPÍTULO
VIII- PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN ANTE LA JUNTA REVISORA DE SUBASTAS
Artículo 63.-“Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.
Los
procedimientos de adjudicación de subastas ante la Administración y la Junta de
Subastas y los procedimientos de revisión de la adjudicación de subastas ante
la Junta Revisora de Subastas, se regirán por los procedimientos establecidos
en esta Ley y por cualquier disposición de la Ley 38-2017, según enmendada,
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de
Puerto Rico”, que no contravenga las disposiciones de esta Ley.
Artículo 64.-Término
para Revisar.
La parte
adversamente afectada por una decisión de la Administración, de la Junta de
Subastas y/o de cualquier Junta de Subastas de Entidad Exenta podrá, dentro del
término de veinte (20) días a partir del depósito en el correo federal
notificando la adjudicación de la subasta, presentar una solicitud de revisión
ante la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales. Presentada
la revisión administrativa, la Administración y/o la Junta de Subastas
correspondiente elevará a la Junta Revisora copia certificada del expediente
del caso, dentro de los tres (3) días naturales siguientes a la radicación del
recurso.
Artículo 65.-Notificación
de la Revisión.
La parte
adversamente afectada notificará copia de la solicitud de revisión
administrativa a la Administración y a la Junta de Subastas correspondiente;
simultáneamente notificará también al proveedor que obtuvo la buena pro
en la subasta en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 62 de esta Ley.
Este requisito es de carácter jurisdiccional. En el propio escrito
de revisión, la parte recurrente certificará a la Junta Revisora su
cumplimiento con este requisito. La notificación podrá hacerse por correo
certificado con acuse de recibo y por cualquier medio electrónico que se
establezca mediante reglamento. De así ser solicitado por la parte
adversamente afectada, la Junta de Subastas le proveerá a éste las direcciones
tanto postales como electrónicas que los proveedores participantes le hayan
informado a la Junta de Subastas durante el proceso de subasta impugnado.
Artículo 66.-Procedimiento
de Revisión Administrativa.
La Junta
Revisora deberá considerar la revisión administrativa, dentro de los treinta
(30) días de haberse presentado. La Junta Revisora podrá extender dicho término
una sola vez, por un término adicional de quince (15) días calendario.
La Junta
Revisora podrá citar a las partes, dentro del término de diez (10) días de
haberse notificado la solicitud de revisión a las partes, a una vista
evidenciaria en la cual podrá recibir prueba adicional, sea testifical,
documental, o física, que le permita tomar una determinación, en torno a la
revisión ante su consideración. Asimismo, la Junta Revisora podrá recibir
testimonio pericial, podrá recibir y solicitar exámenes de muestras de los
productos en cuestión y podrá efectuar un análisis independiente y propio de
los hechos, aspectos técnicos, y los demás asuntos contenidos en el expediente
de la subasta o el requerimiento en cuestión. Además, podrá revisar de forma
independiente y autónoma las determinaciones de hecho y conclusiones de la
Junta de Subastas de la que se origina la solicitud de revisión, siendo las
mismas revisables en todos sus aspectos.
Si se tomare
alguna determinación en su consideración, el término para instar el recurso de
revisión judicial empezará a contarse desde la fecha en que se depositó en el
correo federal copia de la notificación de la decisión de la Junta Revisora
resolviendo la moción.
Si la
Administración o la Junta Revisora dejare de tomar alguna acción con relación a
la solicitud de revisión dentro del término correspondiente, según dispuesto en
esta Ley, se entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir de esa
fecha comenzará a correr el término para la revisión judicial.
El Tribunal
Apelativo será el foro con jurisdicción para revisar, mediante recurso de
revisión judicial, las determinaciones administrativas arriba dispuestas.
Artículo 67.-Notificación.
Una vez
adjudicado un asunto ante la Junta Revisora, ésta procederá a notificar por
escrito la misma mediante correo certificado a las partes interesadas, según se
establezca mediante reglamento. Dicha notificación expondrá los fundamentos y
razones que sustentan tal determinación.
Artículo 68.-Término
para Recurrir en Revisión Judicial.
La parte
adversamente afectada por la determinación de la Junta Revisora podrá presentar
un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones conforme a lo
establecido en Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.
CAPÍTULO
IX- TRANSFERENCIA DE PODERES
Artículo 69.-Transferencias
de Programas de la Administración.
a) Se
transfiere al Archivo General de Puerto Rico adscrito al Instituto de Cultura
Puertorriqueña, el Programa de Administración de Documentos Públicos de la
Administración;
b) Se
transfiere a la Autoridad de Edificios Públicos el Programa de Construcción y
Conservación de Edificios de la Administración;
c) Se
transfiere a la Autoridad de Edificios Públicos el Programa de Arrendamiento de
Locales de la Administración.
Artículo 70.-Transferencia
de Obligaciones, Propiedades y Fondos.
Con relación a
los programas aquí transferidos de la Administración para los fines y
propósitos especificados, se traspasará toda propiedad o cualquier interés en
ésta: récords, archivos y documentos, acreencias, obligaciones y contratos de
cualquier tipo, derechos y privilegios de cualquier naturaleza, licencias,
permisos y otras autorizaciones, los fondos asignados o aquéllos a asignarse,
si aplica, y el personal necesario, según determinado por el Administrador en
coordinación con el Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña
o el Director Ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos. Ninguna
disposición de este Artículo se entenderá como que revoca, modifica, altera,
ratifica o invalida cualesquiera acuerdos, convenios, reclamaciones o contratos
otorgados por los funcionarios responsables de los programas, actividades y
funciones que por esta Ley se transfieren, que estén vigentes al momento de que
entre en vigor el mismo. Como parte del proceso de la transferencia de los programas,
funciones, facultades y deberes que aquí se disponen, el Administrador
realizará con la cooperación del Director Ejecutivo del Instituto de Cultura
Puertorriqueña o el Director Ejecutivo de la Administración de Edificios
Públicos, según corresponda, un análisis de las mismas para integrar y
consolidar funciones, programas y actividades similares para evitar la
duplicación o redundancia de esfuerzos y maximizar la utilización de recursos.
CAPÍTULO
X- DEROGACIONES
Artículo 71.-Cláusula
Derogatoria.
Mediante la
presente Ley queda derogado el Plan de Reorganización Núm. 3 de 2011. Toda ley
o parte de ley o disposición reglamentaria que esté en conflicto con lo
dispuesto en la presente Ley, queda derogada. Las disposiciones de esta Ley
prevalecerán sobre cualquier otra disposición de ley que esté en contravención
con esta.
CAPÍTULO
XI- PENALIDADES Y MULTAS ADMINISTRATIVAS
Artículo 72.-Multas
Administrativas.
El Administrador
tendrá la facultad de expedir multas administrativas a cualquier persona,
natural o jurídica, que:
a) infrinja
las disposiciones de esta Ley o los reglamentos adoptados conforme al mismo, en
cuyo caso las multas administrativas no serán menores de mil (1,000) dólares ni
excederán de cinco mil (5,000) dólares por cada infracción, entendiéndose que
cada día que subsista la infracción se considerará como una violación
independiente;
b) dejare de
cumplir con cualquier resolución, orden o decisión emitida por el
Administrador, en cuyo caso las multas administrativas no serán menores de mil
(1,000) dólares ni excederán de veinte mil (20,000) dólares por cada
infracción, entendiéndose que cada día que subsista la infracción se
considerará como una violación independiente;
c) si se ha
incurrido en contumacia en la comisión o continuación de actos en violación a
esta Ley o a los reglamentos adoptados al amparo del mismo, el Administrador,
en el ejercicio de su discreción, podrá imponer una multa administrativa
adicional de hasta un máximo de cincuenta mil (50,000) dólares, por cada
violación.
Además de
exponerse a las infracciones expuestas que sean aplicables, cualquier persona
natural o jurídica que infrinja las disposiciones comprendidas en el Artículo
44 de esta Ley, será excluida por el Administrador del RUL por el periodo de un
(1) año.
Al momento de
fijar la multa administrativa, el Administrador tomará en consideración las
disposiciones contenidas en la Ley 454-2000, según enmendada, conocida como la
“Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio”.
La imposición de
multas administrativas, o sanciones penales estará sujeta a las disposiciones
contenidas en la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.
Artículo 73.-Penalidades.
Toda persona que
infrinja cualquiera de las disposiciones de esta Ley, o de los reglamentos
emitidos en virtud de éste, incurrirá en delito menos grave y, fuere convicta,
será sentenciada con multa no menor de mil (1,000) dólares ni mayor de cinco
mil (5,000) dólares, además de cualesquiera otras que por disposición de leyes
o reglamentos sean aplicables. Disponiéndose que toda persona que infrinja las
disposiciones comprendidas en el Artículo 44 de esta Ley, incurrirá en delito
menos grave y, fuere convicta, además de la imposición de la pena de multa
mencionada y cualesquiera otras que por disposición de leyes o reglamentos sean
aplicables, se le excluirá del Registro por el periodo de un (1) año.”
CAPÍTULO
XII- DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS
Artículo 74.-Leyes
Especiales.
Toda ley vigente
al momento de la aprobación de esta Ley que regule y/o establezca algún
procedimiento de la Administración de Servicios Generales y sobre la cual no se
disponga de alguna otra manera mediante las disposiciones de esta Ley, se
entenderá enmendada a los fines de facilitar la implantación de las
disposiciones y propósitos del mismo. Dichas leyes deberán ser interpretadas de
la manera más amplia y favorable a la implantación y los propósitos de esta
Ley. En caso de existir cualquier conflicto entre las disposiciones de
cualquier ley y las disposiciones de la presente Ley, las disposiciones de esta
Ley prevalecerán sobre aquellas.
Artículo 75.-Exenciones.
La
Administración estará exenta de toda clase de contribuciones, derechos,
impuestos, arbitrios o cargos, incluyendo los de licencias, impuestos o que se
impusieren por el Gobierno de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de
éste sobre sus operaciones, propiedades muebles o inmuebles, capital, ingresos
y sobrantes. Se exime también a la Administración y a la Junta Revisora del
pago de toda clase de derechos o impuestos requeridos por ley para el trámite
de procedimientos judiciales, la emisión de certificaciones en las oficinas y
dependencias del Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas y el
otorgamiento de documentos públicos y su registro en cualquier registro público
de Puerto Rico.
Artículo 76.-Planes
de Pago.
Toda agencia,
corporación o municipio que a la fecha de la aprobación de esta Ley tenga una
deuda pendiente de pago con la Administración de Servicios Generales, entrará
en un plan de pago de estricto cumplimiento por la totalidad de la cantidad
adeudada. El término del plan de pago será convenido entre las partes,
considerando la cuantía adeudada, la situación económica y/o fiscal del deudor
y la posibilidad de cumplimiento, entre otros factores. El incumplimiento de
dicho plan de pago conllevará que la Administración deje de prestarle servicios
a la entidad deudora.
Artículo 77.-Adjudicaciones
Pendientes.
Cualquier
licitación pendiente de adjudicación a la fecha de vigencia de esta Ley, se
seguirá tramitando y/o evaluando por la Administración, por la Junta de
Subastas y por la Junta Revisora, según aplique, bajo las disposiciones legales
aplicables vigentes al momento de haberse presentado y/o sometido la licitación
correspondiente.
Artículo 78.-Reglamentos,
Órdenes Administrativas, Cartas Circulares y Memorandos.
Todos los
reglamentos que gobiernan la operación del organismo que por esta Ley se
reorganiza y que estén vigentes al entrar en vigor el mismo, en la medida que
no sean contrarios a las disposiciones de esta Ley, continuarán vigentes hasta
tanto los mismos sean enmendados, derogados o sustituidos. De igual forma,
cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento
interpretativo de la Administración sobre cualquier asunto cubierto por esta
Ley emitido previo a la fecha de vigencia de esta Ley, deberá ser evaluado y
enmendado, según corresponda dentro del término de ciento ochenta (180) días,
contados a partir de que entre en vigor esta Ley. Cualquier orden
administrativa, carta circular, memorando o documento interpretativo que sea
inconsistente con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos que se
adopten al amparo de la misma, carecerá de validez y eficacia.
El Administrador
de la ASG tendrá treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la
vigencia de esta Ley, para iniciar el proceso de preparación del Reglamento
Uniforme de Compras y Subastas, el cual deberá ser adoptado, promulgado y
puesto en vigor dentro de un término no mayor de noventa (90) días siguientes a
la fecha de la vigencia de esta Ley. El Reglamento Uniforme de Compras y
Subastas será suplementario a la presente Ley y prevalecerá sobre cualquier
otro reglamento.
Artículo 79.-Contratos.
Cualquier
contrato otorgado por la Administración incluyendo, pero sin limitarse a los
contratos de selección múltiple, vigente a la fecha de vigencia de esta Ley,
continuarán en vigor y a su expiración cualquier nueva contratación para los
bienes o servicios contemplados por dicho contrato deberá ser manejada y
tramitada bajo las disposiciones de esta Ley.
Artículo 80.-Presupuesto
y Sistema de Contabilidad.
A partir de la
aprobación de esta Ley, el presupuesto de la Administración y cualesquiera
otros fondos se transferirán a la nueva agencia que se crea mediante esta Ley.
Para cada año fiscal, la Administración presentará su petición presupuestaria
ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto, de acuerdo con sus necesidades y los
recursos limitados del Gobierno, incluyendo un estimado de los ingresos propios
para el mismo año fiscal.
Todos los
dineros que reciba la Administración en el cumplimiento de sus funciones ingresarán,
en cumplimiento con las leyes y reglamentos locales y federales aplicables, a
las cuentas bancarias a favor de la Administración, según lo determine el
Secretario de Hacienda y a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 230 de 23
de julio de 1974, según enmendada conocida como “Ley de Contabilidad de
Gobierno de Puerto Rico” y la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley
de Cumplimiento con el Plan Fiscal”.
De igual forma,
la Administración establecerá, sujeto a la aprobación del Secretario de
Hacienda, el sistema de contabilidad que se requiera para el adecuado control,
registro de todas sus operaciones y la capacidad del mismo de interconectarse
con el sistema de contabilidad central del Gobierno de Puerto Rico.
Los gastos
operacionales de la Administración de Servicios Generales serán sufragados del
Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. El
presupuesto de gastos de la Administración incluirá una partida para la Junta
Revisora de Subastas, para que sean utilizados para llevar a cabo los
propósitos de esta Ley, establecer su estructura interna de forma tal que le
permita alcanzar su autonomía operacional, técnica y normativa correspondiente.
Además, se
creará un Fondo Especial Estatal, el cual será administrado por el
Administrador. Dicho Fondo Especial Estatal se nutrirá de los ingresos y/o
recaudos provenientes de las tarifas impuestas por la Administración
relacionadas a la venta de combustible a cualquier entidad. Los ingresos y/o
recaudos depositados en el Fondo Especial Estatal serán utilizados para
sufragar los costos relacionados a la implantación de la centralización de
compras gubernamentales y cualquier otro gasto relacionado. Cualquier ingreso
y/o recaudo proveniente de las tarifas cobradas por concepto de otros servicios
ofrecidos por la Administración de Servicios Generales, tales como: Manejo de
Flota, Registro Único de Licitadores y Programa de Propiedad Excedente, serán
utilizados con fines relacionados a la sostenibilidad, mantenimiento y
desarrollo de cada servicio en particular.
Artículo 81.-Informes
Anuales.
El Administrador
rendirá, cada año fiscal, un Informe al Gobernador, a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y a la Asamblea
Legislativa, el cual irá acompañado con la presentación del Presupuesto de
Gastos de la Administración. Estos Informes contendrán toda la información en
torno a sus gestiones, ingresos, gastos, estudios e investigaciones durante el
año fiscal anterior. De igual forma, rendirá cuando así lo estime necesario o
se le solicite, cualquier otro informe especial que sea conveniente o que le
sea requerido por el Gobernador o por la Asamblea Legislativa.
Se establece que
la Oficina del Inspector General de Puerto Rico preintervendrá las operaciones
y los procesos de la Administración, y de igual manera las operaciones fiscales
de la agencia serán auditadas y examinadas por la Oficina del Contralor por lo
menos cada dos (2) años.
Artículo 82.-Estudios
o Investigaciones.
La
Administración podrá llevar a cabo y publicar toda clase de estudios o
investigaciones y recopilación de estadísticas sobre asuntos que le afecten o
que propendan al mejoramiento de, entre otras cosas, los programas y servicios
de la Administración o las agencias o instrumentalidades a las que provee
servicios. A tales fines, podrá requerir la información que sea necesaria,
apropiada y conveniente para lograr tales propósitos y aprobar aquellas reglas
y reglamentos necesarios y razonables para su efectivo funcionamiento en cumplimiento
a lo dispuesto por esta Ley.
El Administrador
podrá expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y la
presentación de datos o información para llevar a cabo los propósitos de esta
Ley. Podrá, además, por sí o mediante funcionario debidamente autorizado, tomar
juramentos y recibir testimonios, datos o información. Si una citación expedida
por el Administrador no fuese debidamente cumplida, el Administrador podrá
comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y solicitar se
ordene el cumplimiento de la citación. El Tribunal de Primera Instancia dará
preferencia al curso y despacho de dicha petición y podrá dictar órdenes
haciendo obligatoria la comparecencia de testigos o la presentación de los
datos o información requerida previamente por el Administrador. El Tribunal de
Primera Instancia tendrá facultad para castigar por desacato la desobediencia a
esas órdenes.
Ninguna persona
podrá negarse a cumplir una citación del Administrador o de su representante, o
producir la evidencia requerida o rehusar contestar cualquier pregunta en
relación con cualquier estudio o investigación o porque la evidencia que se le
requiere podría incriminarle o le expondría a un proceso criminal o a que se le
destituya o suspendiera de su empleo, profesión u ocupación; pero el testimonio
o evidencia producida por dicha persona a requerimiento del Administrador o su
representante, o en virtud de orden judicial, no podrá ser utilizada o
presentada como prueba en su contra en ningún proceso criminal, o en procesos
civiles o administrativos que puedan resultar en la destitución, o suspensión
de empleo, profesión u ocupación, luego de haber reclamado su privilegio de no
declarar en su contra, excepto que dicha persona que así declarase no estará exenta
de procesamiento o castigo por perjurio al así declarar.
Artículo 83.-Cláusula de Separabilidad.
Si cualquier
cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición,
sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia
a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de
esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo,
subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección,
subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así
hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una
persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo,
oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título,
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas
personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad
expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan
cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare
inconstitucional alguna de sus partes, o, que, aunque se deje sin efecto,
invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o
circunstancias. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar
la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
Artículo 84.-Vigencia.
Esta Ley entrará
en vigor inmediatamente después de su aprobación. El Gobernador de Puerto Rico
adoptará las medidas de transición que fueran necesarias a los fines de que se
implanten las disposiciones de esta Ley sin que se interrumpan los servicios
públicos y demás procesos administrativos de la Administración.
Las acciones
necesarias, apropiadas y convenientes para cumplir con los propósitos de esta
Ley tales como, pero sin limitarse a la revisión de reglamentos,
establecimiento de su estructura interna, programática y presupuestaria, así
como la estructura de cuentas requerida para llevar a cabo la contabilidad de
sus fondos, reubicación de oficinas, deberán iniciarse dentro de un periodo de
tiempo que no excederá de treinta (30) días naturales después de aprobado esta
Ley, en coordinación y con el asesoramiento de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto.
Notas Importantes:
1. Este
documento es una copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye
enmiendas posteriores.
2. Presione
Aquí para ver la Ley Completa, con sus Enmiendas integradas y
Actualizada (Socios
y Suscriptores Solamente)
Presione Aquí para
regresar al Menú anterior y seleccionar otra ley.
Ver índice por años hasta el presente
Para Búsquedas
Avanzadas de todas las Leyes de Puerto Rico Actualizadas y Jurisprudencia
(Socios y Suscriptores
Solamente)
ADVERTENCIA
Este documento constituye una copia original de
las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esta sujeto a las enmiendas
posteriores y a la integración de las enmiendas a la ley principal de las Leyes
de Puerto Rico. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a
la comunidad. Siempre busque leyes posteriores para posibles enmiendas a esta
ley y/o la ley principal,
según enmendada y actualizada.
Visite nuestro Club de LexJuris de Puerto Rico.
