Ley Núm. 26 del año
2020
(P. del S. 87); 2020, ley 26
(Reconsiderado)
Para enmendar los Artículos 2 y 7 de la Ley Núm. 85 de 2009,
Ley de Certificados y Comprobantes Electrónicos, y el Artículo 5 de la Ley Núm.
237 de 2004, establece una Certificación Única de Deuda.
Ley
Núm. 26 de 7 de febrero de 2020
Para enmendar los Artículos 2 y 7 de la Ley 85-2009, conocida como la “Ley de Certificados y
Comprobantes Electrónicos”, y el Artículo 5 de la Ley 237-2004, según
enmendada, a fin de establecer una Certificación Única de Deuda que acredite el
cumplimiento de una persona natural o jurídica con el Departamento de Hacienda,
el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos, la Administración para el Sustento de Menores y la Administración
de Servicios Médicos de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
La Ley
85-2009, conocida como la “Ley de Certificados y Comprobantes Electrónicos”,
estableció la política pública del Gobierno de Puerto Rico de que todas las
certificaciones expedidas por cualquier agencia gubernamental sean solicitadas,
tramitadas y expedidas a través de la Internet. Por tanto, le impone a todas
las agencias gubernamentales facultadas a expedir certificaciones a diseñar e
implantar el sistema electrónico más adecuado, eficiente y económico para
lograr la efectiva consecución de la legislación.
Durante los últimos años se han realizado esfuerzos para hacer más accesibles
a la ciudadanía en general los documentos acreditativos de cumplimiento de
obligaciones económicas con las entidades gubernamentales. Como es sabido, estos
son requeridos en diversas instancias, ya sea para formalizar un contrato con
el Gobierno o para obtener algún permiso o licencia de entidades
gubernamentales.
A manera
de ejemplo, la Ley 161-2009, según enmendada, conocida
como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”,
estableció la Oficina de Gerencia de Permisos como el organismo gubernamental
responsable de emitir permisos, licencias, autorizaciones, entre otros
documentos necesarios para atender las diversas solicitudes de la ciudadanía. Como
es sabido, es necesario obtener diversos documentos de otras agencias
gubernamentales los cuales son requeridos en el trámite y expedición de las licencias
o permisos para realizar u operar negocios en Puerto Rico, entre otros asuntos.
Por su
parte, la Ley 237-2004, según enmendada, estableció parámetros uniformes y
consolidó en un solo estatuto los requisitos en los procesos de contratación de
servicios profesionales o consultivos en los departamentos, agencias,
corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios del Gobierno de Puerto
Rico. El Artículo 5 de la citada Ley 237 establece que,
para otorgar un contrato con el Gobierno, el contratista debe proveer seis (6)
certificaciones distintas sobre información que solamente la tiene disponible
el propio Gobierno.
Específicamente,
se solicitan: dos (2) certificaciones del Departamento de Hacienda, una sobre
ausencia de deuda contributiva, o existencia de plan de pago, y otra
certificando de que ha radicado planilla durante los últimos cinco (5) años; una
(1) certificación del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales sobre
ausencia de deuda contributiva o existencia de plan de pago; una (1) certificación
del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sobre el pago de seguro por
desempleo, incapacidad temporal o de seguro social, según aplique; una (1) certificación
negativa de deuda de la Administración para el Sustento de Menores en casos que
el contratante sea un individuo; y una (1) una certificación negativa de deuda
o de la existencia de un plan de pago de deuda, el cual se encuentre en
cumplimiento y sin atrasos, con la Administración de Servicios Médicos de
Puerto Rico, en los contratos de aseguradores o proveedores de servicios de
salud. Esta última certificación de la Administración de Servicios Médicos de
Puerto Rico fue añadida por la Ley 65-2013.
El Gobierno de Puerto Rico no debe fomentar la burocracia mediante
un centenar de agencias separadas, independientes y desconectadas entre sí,
sino que debe actuar como una sola entidad. La información sobre si una persona
natural o jurídica tiene deudas contributivas o deudas con determinada entidad
gubernamental, la debe tener y proveer el propio Gobierno de forma accesible,
mediante sistemas de programación modernos. Tanto las certificaciones
requeridas en los procesos de contratación de servicios profesionales o
consultivos con el Gobierno como aquellas necesarias para el trámite y expedición de licencias, certificaciones o permisos
para realizar u operar negocios en Puerto Rico, entre otras, requieren ser simplificadas para brindarles mejores servicios a los
ciudadanos.
Por lo
tanto, al momento del Gobierno contratar con una persona natural o jurídica o
proveer un servicio para conceder un permiso o licencia, debe ser el propio
Gobierno quien informe la discrepancia sobre deudas de forma particular. De
esta manera, si la persona natural o jurídica tiene alguna deuda o
discrepancias en la información, se dirige a la agencia que corresponda para
atender el asunto. Asimismo, el ciudadano que ha sido responsable con sus
obligaciones ante las distintas agencias, puede proceder a la contratación o a
obtener la autorización, certificación o licencia que necesite sin dilación o costo
adicional en la búsqueda de las distintas certificaciones.
Es
momento de hacer un esfuerzo serio y viable para actualizar y simplificar los
procesos para obtener los documentos que acrediten el cumplimiento con las agencias
del Gobierno de Puerto Rico.
Por
tal razón, esta Asamblea Legislativa considera necesario y meritorio enmendar
los Artículos 2 y 7 de la Ley 85-2009, supra, y el Artículo 5 de la Ley
237-2004, supra, con el fin de establecer una Certificación Única de
Deuda que acredite el cumplimiento de una persona natural o jurídica con el
Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la Administración para el Sustento
de Menores y la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico.
Esta
medida es cónsona con la política pública de accesibilidad de servicios
electrónicos establecidas en la Ley de Gobierno Electrónico, la Ley de
Certificados y Comprobantes Electrónicos, según respectivamente enmendadas, así
como las Órdenes Ejecutivas OE-2017-015 que crea el Puerto Rico Innovation and
Technology Service y OE-2017-014 para establecer la Oficina del Principal
Ejecutivo de Información ("Chief Information Officer") del Gobierno de
Puerto Rico.
DECRÉTASE POR
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 85-2009,
según enmendada, para que lea como sigue:
“Artículo 2.- Definiciones
Los
siguientes términos y frases contenidas en esta Ley tendrán el significado que
a continuación se expresa:
(a)
…
(b)
…
(c)
Certificación Única de Deuda – documento que acredita en un solo escrito el
cumplimiento de una persona natural o jurídica con el Departamento de Hacienda,
el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos, la Administración para el Sustento de Menores y la
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico.
(d)
Comprobante o sello …
(e)
Programa …
(f)
Sistema …”
Sección
2.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley 85-2009, para que lea como sigue:
“Artículo 7.- Implantación y uso del Programa Electrónico
El
programa diseñado tendrá que permitir al público ingresar los datos personales
que considere necesarios para que el sistema pueda acceder su cuenta. Tan
pronto el sistema busque en los registros de la agencia, presentará ante el
usuario un modelo de lo que será la certificación, una vez impresa.
Disponiéndose, además, que se prohíbe el cobro de cargos por concepto del
trámite de expedición de la Certificación Única de Deuda que establece esta ley.
Luego
de efectuada la búsqueda, el usuario tendrá en pantalla la copia final y
oficial de su certificación, con las firmas electrónicas autorizadas. Esta
copia final la podrá imprimir, grabar, enviar vía facsímil o enviar vía correo
electrónico. Dicha certificación tendrá la misma vigencia de las
certificaciones expedidas directamente en las oficinas de las agencias
gubernamentales.
El programa diseñado
proveerá una Certificación Única de Deuda, cuya vigencia
será de treinta (30) días a partir de su fecha de emisión, para acreditar el
cumplimiento con el Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la
Administración para el Sustento de Menores y la Administración de Servicios
Médicos de Puerto Rico. Además, proveerá un mecanismo para que el usuario pueda
pagar cualquier sello, cargo o impuesto que sea necesario para emitir las
certificaciones individuales que formarán parte de la Certificación Única de
Deuda, a tenor con la reglamentación aplicable, y el pago de un cargo adicional
por servicio de hasta cinco dólares ($5.00), según se dispone por reglamento,
de ser este cargo necesario para el mantenimiento y funcionamiento adecuado del
programa que a estos fines se desarrolle.
Aquellos
ciudadanos o ciudadanas que así lo deseen, podrán seguir tramitando sus
certificaciones acudiendo en persona a la oficina gubernamental pertinente. No
obstante, dichas personas tendrán que pagar el costo del trámite, así como la
tramitación y el costo de la impresión, si algunos.
Lo
dispuesto en este Artículo se implantará de acuerdo con la reglamentación en
detalle que a esos efectos promulgue el Departamento de Hacienda, en
coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y por cualquier otra ley
estatal o federal aplicable.”
Sección 3.- Se enmienda
el Artículo 5 de la Ley 237-2004, según enmendada, para que lea como sigue:
"Artículo 5.- Cláusulas
mandatorias.
Toda entidad gubernamental
velará que al otorgar un contrato se cumpla con las leyes especiales y
reglamentación que apliquen según el tipo de servicios a contratarse. De
acuerdo con lo antes expresado, se debe hacer formar parte del contrato las
siguientes cláusulas mandatorias:
A. El contratista deberá
certificar que ha rendido planillas de contribución sobre ingresos durante los
últimos cinco años contributivos, previo al año que se interesa formalizar el
contrato, y no adeuda contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
de clase alguna; o que se encuentra acogido a un plan de pago, cuyos términos y
condiciones está cumpliendo.
En aquellos contratos cuyo
pago por servicio excede de $16,000 anuales, será necesario incorporar al
contrato las siguientes certificaciones:
(1) …
(2) …
(3) …
(4) …
(5) …
El contrato deberá incluir
una cláusula …
Las Certificaciones antes
enumeradas podrán proveerse mediante la Certificación Única de Deuda establecida
en la Ley 85-2009, según enmendada, conocida como la “Ley de
Certificados y Comprobantes Electrónicos”, para acreditar el cumplimiento con las
agencias concernidas por parte del contratista que interesa proveer servicios
profesionales o consultivos con alguna entidad gubernamental.
B. …
P. …”
Sección
4.- El Principal Ejecutivo de Información del Gobierno de Puerto Rico, en
coordinación con el Departamento de Hacienda, el Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la
Administración para el Sustento de Menores, la Administración de Servicios
Médicos de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, sin que se
entienda como una limitación, establecerán la reglamentación necesaria para la
ejecución de esta Ley; los requisitos y el andamiaje técnico necesario para la
expedición de la Certificación Única de Deuda; los acuerdos interagenciales o
con el sector privado que se estimen necesarios y convenientes; y designarán el
presupuesto y/o los recursos necesarios para su implementación efectiva, de
manera que el Gobierno de Puerto Rico comience a expedir la Certificación Única
de Deuda a partir del 1 de julio de 2021 .
Sección
5.- Esta Ley comenzará a regir el 1 de julio de 2020.
Notas Importantes:
1. Este
documento es una copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye
enmiendas posteriores.
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