Ley Núm. 84 del
año 2021
(P. del S. 293); 2021, ley 84
Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir
la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social.
Ley Núm. 84 de 31 de Diciembre de 2021
Para crear la “Ley de Política
Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social”,
a los fines de establecer la política pública del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno al desarrollo de
programas y medidas para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social; establecer
la meta decenal para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social en
Puerto Rico; crear la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la
Desigualdad Social en Puerto Rico, como una entidad multisectorial adscrita al
Departamento de la Familia; disponer sobre la organización interna de la
Comisión, disponer del presupuesto para crear el programa piloto contra la
pobreza infantil, para desarrollar la infraestructura de información y
políticas de la Comisión y establecer las funciones, deberes y
responsabilidades de esta; y para otros fines
relacionados.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
La pobreza,
según la Organización de Naciones Unidas (ONU), es la condición caracterizada
por una privación severa de necesidades humanas básicas, tales como: acceso a
alimentos, agua potable, servicios de salud, vivienda, educación, así como a la
información. Es decir, toda aquella persona que no tenga acceso a unas
condiciones mínimas que permitan el desarrollo pleno de una vida básica y
digna, que carece de los recursos adecuados para satisfacer alguna necesidad
básica. La pobreza se divide en ciertos aspectos, a saber: la pobreza como un
concepto material (necesidad, un patrón de privaciones y limitación de recursos);
la pobreza como situación económica (nivel de vida, desigualdad, posición
económica); la pobreza como condición social (clases sociales, dependencia,
carencia de seguridad básica, ausencia de titularidades, exclusión); la pobreza
como un juicio moral; entre otros.
La pobreza y las
desigualdades económicas debilitan las instituciones comunitarias,
gubernamentales y sociales, así como la legitimidad política. En la medida que
se toman decisiones públicas que profundizan la desigualdad, mayor es la
dificultad para superar la pobreza y el Gobierno pierde legitimidad.
En cuanto a la pobreza
infantil propiamente, un estudio publicado por el Instituto del Desarrollo de
la Juventud (en adelante, “Instituto”) reveló que el cincuenta y ocho (58%) por
ciento de los niños y niñas en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza,
mientras que el treinta y siete (37%) por ciento vive en pobreza extrema, con
ingresos anuales rondando los tres mil novecientos ($3,900) dólares. La mayoría
de estos niños viven en pobreza la mayor parte de sus vidas, y es menester
reconocer que estos son los responsables de construir el futuro de Puerto Rico.
La pobreza infantil limita sus oportunidades para un desarrollo saludable en la
niñez, como el desarrollo cognitivo, la nutrición, la salud, los logros
educativos y aumenta la exposición al crimen. Ciertamente, algunos de estos
niños van a vencer los obstáculos impuestos por la pobreza, pero otros no lo
lograrán.
Crecer en pobreza tiene
consecuencias en la salud, en los ingresos y en la exposición y participación
en actividades criminales. Asimismo, el estudio publicado por el Instituto
reveló que el costo anual de la pobreza infantil en Puerto Rico es de cuatro mil
cuatrocientos dieciocho ($4,418) millones de dólares, lo cual representa el
cuatro punto tres (4.3%) por ciento del producto interno bruto (PIB) y seiscientos
cincuenta y seis mil (656,000) niños y niñas. Para llegar a dicha cifra el
estudio presenta evidencia sobre el impacto de la pobreza infantil en nuestra
sociedad y lo cuantifica en un costo anual.
Se estima que en el 2017
Puerto Rico perdió mil novecientos sesenta y nueve ($1,969,000) millones de
dólares en salario debido a la pobreza infantil. En promedio, un(a) niño(a)
que esté expuesto(a) a la pobreza la mayor parte de su vida, pierde diecisiete
mil novecientos veintidós ($17,922) dólares al año en ingresos. En términos de
salud, estimamos un costo total de mil trescientos setenta y seis ($1,376,000)
millones de dólares. Los gastos de salud por persona son cincuenta y ocho por
ciento (58%) más altos y los de educación especial son casi el triple, debido a
la pobreza infantil. De igual forma, en cuanto a la criminalidad, el cincuenta
(50%) por ciento de los costos del crimen en el país pueden ser atribuidos a la
pobreza infantil, para un total de mil setecientos dos ($1,702,000) millones de
dólares anuales.
Asimismo, y para trabajar
con lo anterior, el Instituto propone una guía de política pública que debe ser
desarrollada como alternativa para reducir significativamente la pobreza entre
tres (3) y diez (10) años.
En particular, la guía que
desarrolla el estudio del Instituto se divide en cuatro facetas principales:
(1) tributación; (2) economía y aspectos laborales; (3) eliminación de barreras
para obtener empleo; y (4) desarrollo del capital humano. Con relación a cada
una de estas facetas se establecen políticas públicas específicas, así como
recomendaciones de programas y medidas que deben considerarse para reducir la pobreza
infantil. Se desprende del estudio que las políticas fueron establecidas
tomando en consideración los siguientes factores: (1) cuánto dinero irá
directamente a los bolsillos de las familias pobres con hijos una vez se
implemente la política pública; (2) cuántos niños pobres se beneficiarán de
esta política en particular; (3) cuál sería el impacto de esta política en la
reducción de la tasa de pobreza infantil; (4) cuál será el costo de esta
política; y (5) si existe evidencia rigurosa que apoye la implementación de
esta política en particular, dadas las perspectivas económicas en Puerto Rico.
En cuanto a las políticas
sobre tributación, se recomienda lo siguiente: (1) mantener el crédito por
ingresos devengados; (2) extender el crédito federal por hijos a las familias con
uno y dos niños; y (3) crear un crédito a los patronos por emplear personas
bajo el programa de Oportunidad de Transición al Trabajo. Sobre las políticas económicas
y laborales, se propone: (1) expandir los empleos subsidiados por el Gobierno
para jóvenes, madres, padres y cuidadores; y (2) crear un programa universal de
transferencias directas para las familias con niños (cien ($100.00) dólares por
niño(a)).
Respecto a las políticas
de eliminación de barreras para obtener empleo y desarrollo del capital humano,
se propone: (1) asegurar acceso a programas de desarrollo y educación
pre-escolar; (2) expandir los programas de horario extendido a los niños en las
escuelas públicas; (3) implementar programas de dos generaciones para toda la
familia en las escuelas públicas; (4) desarrollar un programa de adiestramiento
laboral sectorial; y (5) revitalizar programas para completar la escuela
superior y grados asociados.
Estas políticas que desarrolla
el estudio, toman en consideración los efectos abarcadores de la pobreza
infantil en nuestra sociedad, incluyendo los siguientes: (1) que los niños que
crecen en la pobreza son menos propensos a terminar la escuela superior y menos
propensos a continuar estudios postsecundarios, lo cual reduce los niveles de
productividad del país; (2) que los niños que crecen en la pobreza tienen
menores ingresos en la adultez, lo que reduce el nivel de consumo agregado en
la economía; (3) que los niños que crecen en la pobreza tienen peor salud en la
adultez y tienen mayor probabilidad de desarrollar condiciones de salud
crónicas, lo cual es costoso para todos y reduce la calidad de vida de Puerto
Rico; y (4) que los niños que crecen en la pobreza son más propensos a
involucrarse en el crimen y ser víctimas del crimen en la juventud y adultez,
lo cual aumenta los gastos en seguridad del Gobierno y del sector privado, y
reduce la seguridad de todos.
Los datos que se
desprenden del estudio publicado por el Instituto, sobre la pobreza infantil en
Puerto Rico, nos obligan a concluir que el modelo que durante décadas ha guiado
el desarrollo socioeconómico ya no es factible. Por ello, resulta necesario
comenzar a implementar políticas nuevas que nos permitan comenzar a reducir y
posteriormente erradicar la pobreza infantil. Tomar acción a tales efectos es
indispensable, pues el desarrollo económico de Puerto Rico depende en gran
parte de una ciudadanía próspera, educada y saludable.
Lo anterior se agrava,
ya que, en el contexto actual de Puerto Rico, tras los embates de los huracanes
Irma y María, y la pandemia por el COVID-19, se requiere que se atienda con
intencionalidad la crisis de pobreza infantil. Desde el 2017, se documentó en
un estudio realizado entre la Universidad de Puerto Rico, Estudios Técnicos y
el Instituto del Desarrollo de la Juventud, las siguientes conclusiones:
·
En el área de la salud mental, el veintitrés
por ciento (23%) de los niños experimentaron ansiedad después del huracán
María.
·
En el área de educación, los estudiantes de 5
a 17 años de edad no asistieron a la escuela un promedio de setenta y ocho (78)
días.
·
En el área de nutrición, el cincuenta por
ciento (50%) de las familias con niños que ganan quince mil ($15,000.00) dólares
o menos informaron dificultades para acceder a los alimentos.
·
En el área de seguridad económica: el
veintidós por ciento (22%) de las familias con hijos, con ingresos menores de quince
mil ($15,000.00) dólares al año, reportaron una reducción en sus horas de
trabajo, mientras que otro veintitrés por ciento (23%) perdió su empleo. Para
las familias de bajos ingresos, esto resultó en dificultades para pagar los
comestibles, la vivienda, los medicamentos y los materiales educativos.
·
En el área de pobreza, el treinta y uno por
ciento (31%) de las familias con niños informaron que su situación
socioeconómica se deterioró.
·
En el área de vivienda, el ochenta y dos por
ciento (82%) de los hogares con niños reportaron daños en su casa y cinco por
ciento (5%) perdieron su casa.
·
En el área de migración, el treinta y uno por
ciento (31%) de las familias con niños están considerando mudarse de su
residencia actual debido al huracán María, y de esos, cincuenta y uno por
ciento (51%) están contemplando mudarse fuera de Puerto Rico, a los Estados
Unidos.
El gobierno local y
federal ha invertido fondos para mitigar los impactos negativos del huracán,
sin embargo, Puerto Rico ha tenido que lidiar con sismos en el área suroeste de
la isla y con la crisis de salud pública debido al virus del COVID-19. Estos
desastres dificultan el proceso de recuperación para la niñez y sus familias,
al mismo tiempo que trae consigo nuevos retos. Por ejemplo, la emergencia de
salud pública por motivo del COVID-19 y las consecuencias económicas pueden
aumentar la pobreza en Puerto Rico. En un estudio reciente por el Instituto
del Desarrollo de la Juventud, se estimó que la pobreza infantil pudiese
aumentar hasta un sesenta y cinco (65%) por ciento debido a la pandemia.
Sin embargo, en medio de
todas estas crisis, también se crean oportunidades. Las inversiones federales
para atender los desastres naturales y la emergencia de salud pública tienen el
potencial de reducir la pobreza infantil en Puerto Rico. Según estimados del
Instituto del Desarrollo de la Juventud, estas inversiones pudiesen reducir la
pobreza infantil a treinta y nueve (39%) por ciento, si las ayudas llegan a
tiempo a las familias con niños. Por otro lado, el Center on Poverty and
Social Policy, de Columbia University, estima que el paquete de ayudas del
presidente Biden tiene el potencial de reducir la pobreza infantil a la mitad
durante el 2021 en los Estados Unidos.
Este reto no es
exclusivo a Puerto Rico. La ONU ha establecido como parte de su agenda 2030,
como primer objetivo de desarrollo sostenible, acabar con la pobreza en todas
sus formas y en todas partes, ya que es el mayor desafío global al que se
enfrenta el mundo en la actualidad, y es un requisito indispensable para el
desarrollo sostenible.
Por otra parte, países desarrollados como Inglaterra y Nueva Zelanda se han
propuesto reducir significativamente la pobreza infantil utilizando políticas
públicas que agresivamente abran el paso para la movilidad económica.
Igualmente, estados como Nueva York han propuesto legislación similar, con la
meta de reducir la pobreza infantil a la mitad. En el caso de California, se aprobó
legislación para reducir la pobreza infantil a la mitad al cabo de veinte (20)
años, con el desarrollo de métricas e inversiones públicas que comprometen al estado
con este importante fin.
Puerto Rico, la jurisdicción con la tasa de pobreza infantil más alta en
Estados Unidos, debe seguir estos ejemplos ahora más que nunca.
A nivel federal, se ha
sometido legislación para reducir la pobreza infantil a la mitad en diez (10) años.
Esta legislación, incluye a Puerto Rico y provee recursos para desarrollar la
infraestructura de datos que permitiría alcanzar esta importante meta. La
comunidad internacional, nacional y local ha concluido que establecer una meta
para reducir la pobreza infantil es un buen primer paso para alinear la
estrategia contra la pobreza.
Reconocer con la
presente medida, que la política pública del Estado Libre Asociado en Puerto
Rico, consiste en que la pobreza infantil es uno de los principales obstáculos
para el desarrollo socioeconómico del país, es simplemente comenzar a dar el
primer paso ante este magnánimo problema social. Además, que será obligación
prioritaria del Gobierno de Puerto Rico, desarrollar e implementar las
estrategias necesarias para eliminar la pobreza infantil en la isla. Estas
estrategias, deberán incluir políticas específicas de: (1) educación; (2)
seguridad económica; (3) tributación; (4) economía y aspectos laborales; (5)
eliminación de barreras para obtener empleo; (6) desarrollo del capital humano;
y (7) acceso a la salud; y (8) seguridad alimentaria. Además, destacamos que
las iniciativas desarrolladas no deben desatender el rol importante que tienen
los abuelos, abuelas, tíos y otros cuidadores en la crianza de los menores.
El gobernador Pedro
Pierluisi, firmó el miércoles, 26 de mayo de 2021, la Orden Ejecutiva 2021-039,
para crear la Comisión Asesora sobre la Pobreza en Puerto Rico. Esta acción
del Primer Ejecutivo responde a los mismos fines que establece esta medida,
atajar las desigualdades y el empobrecimiento del cuarenta y cuatro (44%) por
ciento de la población de Puerto Rico y el cincuenta y ocho (58%) por ciento de
los niños, niñas y jóvenes menores de diecisiete años que viven en el país. No
obstante, es meritorio otorgar fuerza de ley a este tipo de iniciativas, tal
como busca hacer esta Ley.
Cónsono con lo anterior,
esta Asamblea Legislativa tiene a su bien recomendar dentro de sus deberes y
facultades, la creación de un ente multisectorial, la Comisión para Combatir la
Pobreza Infantil y la Desigualdad Social en Puerto Rico. Esta Comisión tendrá una
encomienda dual. Por un lado, deberá diseñar y ejecutar planes para reducir la
pobreza infantil y la desigualdad social a través de iniciativas individuales o
interagenciales de las agencias del Estado Libre Asociado concernidas. Por
otro lado, tendrán el deber de someterle
recomendaciones a la Asamblea Legislativa sobre legislación relacionada a combatir
la pobreza infantil y la desigualdad social. También, deberá evaluar y
analizar los hallazgos que surgen del estudio del Instituto de Desarrollo de la
Juventud, con particular énfasis en la viabilidad de adoptar las
recomendaciones que se desprenden del mismo, en aras de combatir a corto y
largo plazo la pobreza infantil en Puerto Rico; así como el Informe sobre
desarrollo humano de Puerto Rico 2016 y cualquier otro estudio o informe
relevante al tema bajo consideración.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE
PUERTO RICO:
Artículo 1.- Título
Esta Ley se conocerá y
podrá ser citada como “Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la
Pobreza Infantil y la Desigualdad Social”.
Artículo 2.- Definiciones
Para los fines de esta Ley,
los siguientes términos o frases tendrán el significado que a continuación se
expresa, excepto donde claramente indique lo contrario, los términos de igual
forma son inclusivos de todos los géneros y los términos utilizados en singular
incluirán el plural y viceversa.
(a) Agencia- significa cualquier departamento, autoridad, junta,
comisión, división, oficina, negociado, administración, corporación pública o
subsidiaria de esta, o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, incluyendo cualquiera de sus funcionarios, empleados o sus miembros que
actúen o aparenten actuar en el desempeño de sus deberes oficiales, incluyendo
los municipios, consorcios y corporaciones municipales.
(b) Combatir - es el conjunto de medidas económicas, sociales,
políticas y humanitarias que pretenden sacar permanentemente a personas de la
pobreza y la desigualdad social.
(c) Desarrollo Laboral Sectorial - se refiere al modelo de operación
en programas enfocados en el desarrollo de destrezas laborales. Este modelo
enfoca los recursos del programa en los sectores del mercado que van en crecimiento.
Esto incluye un trabajo colaborativo con los empleadores de estos sectores y un
currículo de entrenamiento a corto plazo. El objetivo de este modelo es
adiestrar a individuos en áreas del mercado, que están en crecimiento con el
objetivo de que tengan mejores ingresos y mejores condiciones de trabajo.
(d) Desigualdad Social – se refiere a la existencia de acceso distinto
a oportunidades y recursos sociales tales como educación, tratamiento médico,
empleo, entre otros, debido a la posición social y económica de las personas.
(e) Jóvenes Adultos - se refiere a todos aquellos ciudadanos entre las
edades de dieciocho (18) y veinticinco (25) años.
(f) Modelos de dos (2) Generaciones - Este enfoque, comúnmente
conocido como modelos de dos generaciones, intergeneracionales,
multigeneracionales o para toda la familia (Whole-Family Approach),
aborda simultáneamente las necesidades de padres, madres y cuidadores e hijos
para mejorar los resultados para toda la familia. Los enfoques de dos (2) generaciones
se basan en las conclusiones de que el bienestar de los padres, madres y
cuidadores es fundamental para el bienestar social, emocional, físico y
económico de sus hijos. Y al mismo tiempo, la capacidad de los padres, madres
y cuidadores para tener éxito en la escuela y el lugar de trabajo se ve sustancialmente
afectada por el desempeño de sus hijos.
(g) Movilidad Económica - son aquellas acciones que logran
efectivamente mejorar los indicadores socioeconómicos de la familia con el
objetivo de aumentar sus ingresos, destrezas laborales, participación en
sociedad y capacidad de sobrellevar emergencias económicas.
(h) Niñez- para fines de esta Ley, niñez se refiere a todos los
menores de dieciocho (18) años.
(i) Pobreza - es una situación en la cual una persona se le dificulta
satisfacer sus necesidades físicas y psicológicas básicas, como la
alimentación, la vivienda, la educación, el acceso a servicios de salud, agua
potable, electricidad o acceso a las tecnologías digitales, por falta de
recursos económicos. Para hacer el concepto de pobreza medible se utilizan las
guías del gobierno federal referentes a los umbrales de pobreza aplicables
anualmente de acuerdo con el tamaño familiar y la edad de los miembros de la
unidad familiar. Esta métrica reconoce que el capital económico es
indispensable para poder acceder recursos y se acoge a los estándares
ampliamente utilizados en la literatura académica.
(j) Pobreza Infantil - se refiere a la condición en que subsiste la
niñez que vivan en hogares cuyos ingresos están por debajo o cercanos a los
umbrales de ingresos definidos por la oficina del Censo de Estados Unidos o
carecen de los recursos necesarios para garantizar su movilidad económica.
(k) Regiones de la isla- Para efectos de esta Ley, se entenderán por
regiones de la Isla las siguientes: Región Metro (San Juan, Guaynabo, Bayamón,
Cataño, Aguas Buenas, Toa Baja, Toa Alta, Naranjito, Dorado, Corozal, Vega Alta
y Vega Baja); Región Norte (Manatí, Morovis, Ciales, Florida, Barceloneta,
Arecibo, Utuado, Lares, Hatillo, Camuy y Quebradillas); Región Oeste (Isabela,
San Sebastián, Las Marías, Aguadillas, Moca, Aguada, Rincón, Añasco, Mayagüez,
Maricao, Hormigueros, San Germán, Cabo Rojo, Lajas y Sabana Grande); Región Sur
(Yauco, Guánica, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Adjuntas, Jayuya, Juana Díaz,
Villalba, Orocovis, Coamo, Santa Isabel, Aibonito, Salinas y Guayama); Región
Sur Este (Arroyo, Patillas, Maunabo, Yabucoa, Las Piedras, Juncos, Humacao,
Naguabo, Ceiba, Fajardo, Vieques y Culebra); Región Central (Cayey, Cidra,
Barranquitas, Comerío, Caguas, San Lorenzo Y Gurabo) y Región Noreste
(Luquillo, Rio Grande, Loíza, Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto).
(l)
Seguridad Económica - La capacidad que tiene
una familia de sufragar todos sus gastos, ahorrar y estar preparados para una
emergencia económica.
Artículo 3.- Declaración
de Política Pública
Será política pública
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico considerar la pobreza infantil
y la desigualdad social como uno de los principales obstáculos para el
desarrollo socioeconómico del país. A tales efectos, será obligación
prioritaria para el Gobierno, sus instrumentalidades y municipios, así como los
poderes Legislativo y Judicial, desarrollar e implementar las estrategias necesarias
para reducir en un cincuenta (50%) por ciento la tasa de pobreza infantil y la
desigualdad social en Puerto Rico para el 2032. Estas estrategias deberán
incluir políticas específicas dirigidas a la: (1) educación; (2) seguridad
económica; (3) tributación; (4) economía y creación de empleo; (5) eliminación
de barreras para obtener empleo; y (6) desarrollo del capital humano; (7)
acceso a la salud; y (8) seguridad alimentaria.
Artículo 4.- Establecimiento
de meta decenal para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social en
Puerto Rico
Será meta fundamental
del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reducir la tasa actual de
pobreza infantil en Puerto Rico en un cincuenta por ciento (50%) al cierre del
año 2032. Asimismo, deberá reducirse la pobreza infantil extrema en un setenta
por ciento (70%) al cierre del mismo año natural. Para encaminar el
cumplimiento de la meta decenal aquí pautada, se establecen las siguientes
metas intermedias: reducir la pobreza infantil de la tasa actual a un cuarenta
y ocho por ciento (48%) al cierre del año 2025, y a un treinta y nueve por
ciento (39%) al cierre del año 2027. El Gobierno utilizará los datos existentes
y desarrollará las estadísticas y fórmulas necesarias para medir el
cumplimiento, y podrá establecer metas intermedias para combatir la pobreza
infantil, de cara al año 2032.
Artículo 5.- Creación de
la Comisión para Combatir la Pobreza y la Desigualdad Social en Puerto Rico
Se crea la “Comisión para Combatir la Pobreza y la Desigualdad Social en Puerto Rico” (en adelante, “Comisión”), como una entidad multisectorial adscrita
al Departamento de la Familia. La Comisión estará compuesta por diecisiete (17)
miembros: el(la) Secretario(a) del Departamento de la Familia de Puerto Rico o
la persona designada por este(a); el(la) Secretario(a) del Departamento de
Agricultura de Puerto Rico o la persona designada por este(a); el(la)
Secretario(a) del Departamento de Educación de Puerto Rico o la persona
designada por este(a); el(la) Secretario(a) del Departamento de Hacienda de
Puerto Rico o la persona designada por este(a); el(la)
Secretario(a) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio o la persona
designada por este(a); el(la) Secretario(a) del Departamento
de Salud de Puerto Rico o la persona designada por este(a); el(la)
Secretario(a) del Departamento de la Vivienda de Puerto Rico o la persona
designada por este(a); el(la) Director(a) de la Oficina de Gerencia y
Presupuesto de Puerto Rico o la persona designada por este(a); el(la)
Director(a) de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de
Puerto Rico o la persona designada por este(a); cinco
(5) representantes de entidades sin fines de lucro cuya misión consista en combatir
la pobreza infantil y la desigualdad social en Puerto Rico; y tres (3) líderes
comunitarios. En el caso de los representantes de entidades sin fines de lucro
deberán ser seleccionados, por distribución, de manera tal, que todas las
regiones de la isla establecidas en el Artículo dos (2) de esta ley se
encuentren representadas entre los cinco (5) representantes de las entidades
sin fines de lucro. Los líderes comunitarios deberán ser seleccionados de las
tres (3) regiones de la isla que presenten mayor pobreza infantil según
establecido por el estudio de: Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico:
Cuánto nos cuesta y qué podemos hacer, realizado por el Instituto de Desarrollo
de la Juventud. Ambos grupos serán nombrados por el(la) Gobernador(a) de Puerto
Rico. El Gobernador notificará a la Asamblea Legislativa el nombramiento
realizado el cual tendrá un término de diez años. Estos nombramientos sólo
podrán ser destituidos por justa causa. Las agencias públicas que deleguen a
otra persona su representación en el Comité, ya sea de forma permanente o
temporera, deberán designar a representantes que tengan la autoridad para la
toma de decisiones.
Artículo 6.- Funciones
de la Comisión
Sin que se entienda como
una limitación a la capacidad de la Comisión de desarrollar iniciativas para
cumplir con la política pública de esta Ley, las funciones principales de la
Comisión serán:
(a)
Desarrollar, diseñar y
ejecutar planes y estrategias gubernamentales a corto y largo plazo para
combatir la pobreza infantil y la desigualdad social a través de iniciativas,
programas o medidas individuales de sus organizaciones o de manera
interagencial o interorganizacional. Recomendar proyectos e iniciativas para
trabajar en la política pública relacionada a la pobreza, basados en los
derechos del niño, utilizando un enfoque en la pobreza multidimensional como
parte de su marco social y económico.
(b) Asesorar a la Asamblea Legislativa y al Gobernador sobre todos los
aspectos relacionados a combatir la pobreza infantil y la desigualdad social, incluyendo,
pero sin limitarse a, recomendaciones de política pública, proyectos de ley u
alguna otra medida relacionada al tema.
(c)
Evaluar y analizar los
hallazgos que surgen del estudio, titulado Un futuro de pobreza infantil en
Puerto Rico: Cuánto nos cuesta y qué podemos hacer, con particular énfasis en
la viabilidad de adoptar las recomendaciones que se desprenden del mismo, tales
como: (1) establecer modelos de dos generaciones; (2) mejorar el impacto de
créditos tributarios; (3) formular una estrategia para el desarrollo laboral
sectorial; (4) optimizar la oferta de centros y vales de cuido; (5) ampliar la
oferta de programas de horario extendido; y (6) desarrollar programas de
incentivos para completar el cuarto año y grados asociados; (7) examinar
proyectos de transferencias de fondos; (8) mejorar los servicios de salud; (9)
seguridad alimentaria y (10) cualquier otra política pública que fortalezca la
seguridad económica de las familias con niños, en aras de combatir a corto y
largo plazo la pobreza infantil en Puerto Rico.
(d) Evaluar y analizar los hallazgos y
recomendaciones que surgen del Informe sobre desarrollo humano de Puerto Rico
2016, así como cualquier otro estudio o informe relevante al tema bajo
consideración.
(e)
Promover la creación de
metas a mediano y largo plazo, establecer estándares de medición para evaluar
el cumplimiento de las mismas con el fin de combatir la pobreza y la
desigualdad social.
(f)
Promover alianzas con las
entidades sin fines de lucro, grupos comunitarios y el sector privado para
combatir la pobreza infantil y la desigualdad social.
(g) Promover el que se combata la pobreza infantil
y la desigualdad social en Puerto Rico, mediante la colaboración del Congreso de
los Estados Unidos de América, la Oficina del Presidente de los Estados de
Unidos de América y las Agencias Administrativas que componen el Gobierno
Federal.
(h) Solicitar, gestionar y exigir información
relacionada al tema de la pobreza infantil y la desigualdad social a entidades
privadas y gubernamentales locales y federales.
(i)
Llevar a cabo campañas de orientación y educación masiva sobre los
hallazgos y las iniciativas desarrolladas para combatir la pobreza infantil y
la desigualdad social de manera objetiva a todo Puerto Rico, con el fin de
lograr mayor participación de personas elegibles en programas que contribuyan a
su movilidad y seguridad económica. Para estas campañas educativas, la
Comisión utilizará todos los medios de comunicación y técnicas de difusión
pública a su alcance, incluyendo, pero sin limitarse a medios electrónicos y a
las estaciones del Estado. Buscará, además, tiempo de servicio público para promover
anuncios en radio, televisión y prensa escrita. Comparecer ante el Gobernador y
la Asamblea Legislativa para expresarse con relación a cualquier asunto
enmarcado dentro de su competencia.
(j)
Proponer medidas
económicas para atacar la pobreza infantil ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa.
(k) Recomendar estrategias de política pública que apoyen a los niños
y niñas en su transición hacia convertirse en jóvenes adultos tomando en
consideración oportunidades de empleo, adiestramientos, internados, carreras
cortas, estudios universitarios y/o emprendimiento de negocios, entre otras
iniciativas.
(l)
Fomentar la participación
laboral y el desarrollo de un sistema de incentivos.
(m) Evaluar y fiscalizar la implementación de
leyes, resoluciones conjuntas, órdenes administrativas y órdenes ejecutivas
aprobadas por el Gobernador, las agencias públicas y la Asamblea Legislativa
dirigidas a atender asuntos que afectan directa o indirectamente el tema de la
pobreza infantil y la desigualdad social.
(n) Crear grupos de trabajo y subcomités para
atender los temas de: (1) educación; (2) seguridad económica; (3) tributación;
(4) economía y creación de empleo; (5) eliminación de barreras para obtener
empleo; y (6) desarrollo del capital humano; (7) acceso a la salud; y (8)
seguridad alimentaria. Se crearán cuantos grupos de trabajo y subcomités la
Comisión entienda necesario para atender de manera individual las políticas
públicas a aplicarse sobre cada tema con el único fin de combatir la pobreza
infantil y la desigualdad social. Podrán ser parte de dichos grupos de trabajo
o subcomités cualquier representante de alguna agencia de Gobierno o cualquier
representante de alguna entidad sin fines de lucro que la Comisión entienda
pertinente que deba participar en dichos grupos de trabajos o subcomités. Estos
grupos de trabajo y subcomités podrán estar compuestos por agencias de Gobierno
o entidades sin fines de lucro que no pertenezcan a la Comisión.
(o) Identificar y presentar estrategias para
remover las barreras más importantes del empleo como lo son, pero sin limitarse
a: la disponibilidad de cuido de infantes y preescolares y horario extendido en
las escuelas públicas, necesidades de entrenamiento y capacitación para la
obtención de empleos en el mercado laboral actual, las implicaciones de la
desconexión prolongada de la fuerza laboral y falta de incentivos económicos,
entre otros. Esto incluye el promover y gestionar cambios en leyes y
reglamentos estatales y federales.
(p) Presentar una lista de los fondos del Gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno Federal que se puedan
utilizar efectivamente para reducir la pobreza infantil y la desigualdad social
e incentivar el empleo, y realizar
la correspondiente recomendación y petición presupuestaria para cumplir con lo
dispuesto en esta Ley.
(q) Recomendar mejores alternativas de utilización
de datos y evidencia científica para mejorar los programas de empleo,
adiestramientos y movilidad económica de las familias. Lo anterior, salvaguardando
las restricciones de Ley referentes a la confidencialidad de expedientes de
participantes, y otras disposiciones protectoras del ordenamiento jurídico.
(r)
Identificar las áreas de
necesidad de destrezas y empleo que han surgido con la pandemia del COVID-19
para dirigir esfuerzos de adiestramientos, subsidios y aligerar la inserción
segura al trabajo tras la pandemia.
Artículo 7.- Organización
Interna de la Comisión
Los(Las) miembros de la
Comisión y los participantes que esta designe para trabajar en los grupos de
trabajo y subcomités desempeñarán sus cargos sin remuneración alguna. La
Comisión será presidida por el(la) Secretario(a) del Departamento de la Familia
de Puerto Rico o su representante, quien determinará el lugar y las fechas para
las correspondientes reuniones de la Comisión, velando por la disponibilidad de
la mayoría de los(las) miembros. Además, deberá reunirse, al menos, una (1)
vez al mes, para atender con premura los asuntos encomendados.
La Comisión está
autorizada a realizar reuniones presenciales o de manera virtual. De igual
forma, podrá tomar decisiones mediante referendos electrónicos. Las entidades
mencionadas en el Artículo 5 de esta Ley certificarán el nombre de la persona
que participará de la Comisión, no más tarde de sesenta (60) días luego de la
aprobación de esta Ley. Una vez concluido este término, la Comisión se reunirá
para diseñar un plan de trabajo, el cual será presentado al Gobernador y la
Asamblea Legislativa, en los términos que se esbozan en el Artículo 8.
El quorum de
reuniones se establecerá con la participación de nueve (9) miembros
certificados al momento. Una vez establecido el quorum en una reunión, bastará con el voto de la mayoría de los presentes para
decidir sobre cualquier asunto procesal. Toda decisión dirigida a aprobar,
acoger, rechazar, adoptar o actuar sobre un asunto o propuesta relacionada a la
pobreza bastará con el voto de la mayoría de los presentes.
El(la) Presidente(a) de
la Comisión velará por que se mantenga un récord o registro de todos sus
procedimientos en reuniones y referendos electrónicos. La Comisión podrá
regular los demás asuntos internos que no se hayan expresado aquí, sujeto a las
recomendaciones que se esbozan en el Artículo 9. Asimismo, permanecerá activa
hasta tanto se haya logrado las metas de combatir la pobreza infantil y
desigualdad social planteadas en al Artículo 4 de esta Ley.
Artículo 8.- Cláusulas
de cumplimiento
En noventa (90) días a
partir de la aprobación de esta Ley, la Comisión preparará y presentará a la
Oficina del Gobernador y a la Asamblea Legislativa, a través de la Secretaría
de los respectivos Cuerpos, un informe sobre las operaciones realizadas hasta
el momento, así como el plan de trabajo requerido en el Artículo 7 de esta Ley.
Además, cada seis meses
la Comisión preparará y presentará a la Oficina del Gobernador y a la Asamblea
Legislativa, a través de la Secretaría de los respectivos Cuerpos, un informe
de sus operaciones, actuaciones y decisiones, así como las recomendaciones
sobre los asuntos bajo su jurisdicción.
Artículo 9.- Presupuesto
La Comisión para Combatir
la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social solicitará a la Oficina de Gerencia
y Presupuesto los fondos necesarios para cumplir con los fines que se crea esta
Comisión. La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá solicitar cada año
fiscal una partida presupuestaria para cumplir con los fines de esta Ley y será
el encargado de custodiarlos. La Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y
la Desigualdad Social podrá solicitar los fondos que se encuentren disponibles
dentro de la asignación presupuestaria en la Resolución Conjunta Núm. 8-2021
para crear un Programa Piloto contra la Pobreza Infantil para desarrollar la
estructura de información y políticas para la creación de una Comisión Asesora
de Pobreza.
Artículo 10.-
Separabilidad
Si cualquier cláusula,
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, Artículo, disposición, Artículo,
inciso o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la
resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará,
ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará
limitado a la parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada
inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de
cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, Artículo,
disposición, Artículo, inciso o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no
afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas
personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente.
Es la voluntad expresa e
inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las
disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se
deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna
de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare
inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancias.
Artículo 11.- Vigencia
Esta Ley comenzará a regir
inmediatamente después de su aprobación.
Notas Importantes:
1. Este
documento es una copia de la ley original cuando fue aprobada, no incluye
enmiendas posteriores.
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