Las cooperativas concederán préstamos según las normas prestatarias que establezca su Junta, las cuales no podrán ser incompatibles con las prácticas utilizadas en la administración de instituciones financieras, que se reconocen como prácticas sanas y en protección del interés público.

En toda solicitud de préstamo se deberá expresar aquella información que sea necesaria y pertinente para la adecuada evaluación de la misma. Asimismo, se deberán incluir, sin que se entienda como una limitación, datos suficientes que faciliten la gestión de verificar las fuentes de ingreso y el empleo o trabajo, si alguno, del solicitante y de los garantizadores o codeudores, así como las garantías que se ofrezcan.

Los préstamos que conceden las cooperativas quedarán evidenciados por un pagaré legítimo y por todos aquellos otros documentos que la cooperativa requiera, los cuales deberán cumplir con los requisitos y formalidades que exijan el Asegurador y el Comisionado por reglamento. Los firmantes de tales pagarés, sean o no socios de la cooperativa, se considerarán a todos los efectos legales como deudores principales y solidarios.

Las acciones de capital, depósitos y demás haberes que tales deudores principales o solidarios posean en la cooperativa quedarán gravados hasta el límite de la deuda, mientras ésta subsista en todo o en parte. Disponiéndose que dichas acciones de capital, depósitos y demás haberes no estarán sujetos a embargo para satisfacer una deuda distinta a la contraída con la cooperativa hasta el monto de la obligación contraída con la cooperativa al momento de la sentencia. Cualquier cantidad de dinero que adeude un socio o no socio a una cooperativa se considerará una deuda reconocida y como tal será recobrable por la cooperativa de que se trate en cualquier tribunal con jurisdicción competente.

Sujeto a las normas que a tales efectos establezcan el Asegurador y el Comisionado, las cooperativas podrán aceptar otras garantías de préstamo, prendas y obligaciones hipotecarias. Independientemente de las garantías y colaterales que se ofrezcan, ninguna cooperativa concederá un préstamo a persona alguna, a menos que ésta demuestre su capacidad económica para el repago del mismo en la forma pactada y dentro de los parámetros que establezcan las leyes y reglamentos aplicables.

Sujeto a la reglamentación del Comisionado, la Junta de cada cooperativa establecerá la política institucional que regirá, respecto de la forma, el término y las condiciones, para la concesión de préstamos a los miembros de su Junta de Directores, de los comités y a los funcionarios ejecutivos y empleados de la misma. Igualmente, establecerá los procedimientos para el control y fiscalización de los préstamos que se concedan a éstos.

Tanto dicha política institucional como los procedimientos para su implantación deberán establecer controles adecuados para que tales miembros de la Junta, comités, funcionarios y empleados no participen del proceso de aprobación, control y fiscalización de sus propios préstamos, ni reciban privilegios en virtud de la posición que ocupen en la cooperativa y fijará las sanciones a imponerse por cualquier violación a dicha política institucional.