La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, creó el Sistema de Retiro para los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades que incluye a Empleados del Sistema Judicial, de la Asamblea Legislativa, de las Corporaciones Públicas, del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, del Cuerpo de Bomberos y de los Municipios de Puerto Rico.

Este Sistema de Retiro se estableció con el propósito de atraer empleados idóneos para el servicio público, retener y proveer para su eventual retiro con unos medios de subsistencia dignos y razonables, una vez trascendida su vida productiva.

El Gobierno de Puerto Rico siempre ha tratado de proveer a sus empleados un sistema de retiro con los beneficios óptimos posibles. Para lograr alcanzar los objetivos de esta política pública, resulta meritorio proveer para que los servidores públicos puedan acogerse a la jubilación luego de haber prestado servicio durante un período de tiempo razonable. Al presente, para que éstos puedan acogerse a la jubilación sin reducción alguna en su beneficio se le requiere treinta (30) años acreditados bajo el Sistema de Retiro.

Como es de conocimiento general, los recursos humanos empleados por las agencias exceden, en muchos casos, el número de empleados necesarios para cumplir efectivamente con las obligaciones asignadas a éstas. Conscientes del deber de procurar la continuación de la prestación de los servicios, de una manera eficiente, rápida y confiable, así como de contar con los recursos económicos suficientes que garanticen la presentación de los mismos, resulta necesario establecer mecanismos de reducción de gastos, incluyendo la reducción del personal. Esta reducción de personal debe realizarse a través de sistemas innovadores como promoción del retiro temprano de estos servidores públicos.

La aprobación de medidas legislativas dirigidas a autorizar el establecimiento de un retiro temprano constituye una alternativa real, viable y justa para aquellos empleados que hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad o tengan veinticinco (25) años de servicios acreditables bajo el Sistema de Retiro.

Esta Ley se conocerá como la "Ley de Retiro Temprano de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico".

Los siguientes términos y frases, según se usan en esta Ley, tendrán los significados que a continuación se expresan, salvo cuando el contexto indique claramente otro significado:

Toda persona que en o antes del 31 de marzo de 1998 haya cumplido veinticinco (25) años de Servicios Acreditables o cincuenta y cinco (55) años de edad o más tendrá derecho a elegir acogerse al Programa, voluntariamente, previa certificación por parte de la Agencia para la cual trabaja esa persona de que el puesto que ocupa no es necesario.

También tendrán derecho a elegir acogerse, bajo una fórmula de cómputo distinta, aquéllos que hayan cumplido veinticuatro (24) años de Servicios Acreditables al 31 de marzo de 1998, pero que no llegan a los veinticinco (25), y tengan sesenta y cinco (65) años de edad o más.

Las Agencias que se acojan al Programa deberán emitir una certificación de los puestos que excedan sus necesidades.

Al hacer su Elección de Retiro, cada Participante que no hubiere recibido el reembolso de sus Aportaciones Acumuladas tendrá derecho a percibir la anualidad por retiro indicada en este Artículo. Dicha anualidad por retiro comenzará a devengarse en la Fecha de Efectividad.

Tan pronto como los Participantes hayan cumplido sesenta y cinco (65) o más años de edad y sean elegibles a recibir beneficios bajo el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social su pensión se recomputará y el importe de la anualidad por retiro será el uno y medio por ciento (1.5%) de la Retribución Promedio hasta seis mil seiscientos (6,600) dólares, multiplicado por el número de años de Servicios Acreditables, más el por ciento correspondiente, según dispuesto en el Artículo 5 de esta Ley, de la Retribución Promedio en exceso de seis mil seiscientos (6,600) dólares anuales. Disponiéndose, sin embargo, que la anualidad por retiro de aquellos Participantes que con anterioridad a la vigencia de esta Ley se hayan acogido al plan de completa suplementación del Sistema de Retiro y que hayan efectuado todas las aportaciones requeridas no será recomputada al cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad.

Toda anualidad por retiro, o cualquier otra anualidad que disponga esta Ley, tendrá carácter vitalicio y será pagadera por plazos mensuales, y la misma no podrá disminuirse, revocarse o derogarse, salvo cuando hubiese sido concedida por error, o cuando en forma explícita se dispone de otro modo en la Ley. Estas anualidades solamente podrán ser aumentadas mediante ley.

Con relación a cualquier deuda contraída por un Participante en que sus Aportaciones Acumuladas estuvieren sirviendo de garantía se dispone que los beneficios dispuestos por esta Ley responderán en primer lugar de las obligaciones que hubiere contraído el Participante con el Sistema de Retiro y que estuvieren en descubierto. El Sistema de Retiro requerirá el pago de dichas deudas mediante plazos mensuales que le serán descontados al Participante de la anualidad por retiro bajo el Programa por el Administrador para el pago al Sistema de Retiro.

El Programa será administrado por el Sistema de Retiro para los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades.

Toda aportación de dinero hecha por un Participante al Sistema de Retiro estará exenta del pago de toda clase de contribuciones al serle distribuidos los beneficios del Programa.

El derecho a anualidades por retiro, a beneficios por defunción y a cualesquiera otros beneficios, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, sea cual fuere su denominación, es derecho personal del recipiente de los mismos, y el traspaso o transferencia de dichos beneficios y reembolsos, o de parte de los mismos, será nulo; salvo disposición contraria en esta Ley. Ninguna de dichas pensiones o beneficios podrá reclamarse para el pago de deudas contraídas por las personas que las reciben, con excepción de los préstamos contraídos por los participantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, los cuales obligarán hasta un veinticinco (25) por ciento de la pensión o beneficio del, y exceptuando, además, lo dispuesto en el Artículo 11 de esta Ley, ni podrán embargarse ni afectarse por ningún procedimiento judicial.

Cualquier suma que tenga derecho a recibir un Participante como liquidación final por concepto de licencia por vacaciones, licencia por enfermedad u otras bonificaciones acumuladas que le adeude la agencia le será pagada en plazos mensuales iguales durante un período de meses equivalentes al período que le faltaría al Participante para acogerse a la jubilación bajo el Sistema de Retiro.

Si la cantidad adeudada a un Participante en concepto de licencia por vacaciones, licencia por enfermedad u otras bonificaciones no excediera la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, la agencia podrá disponer para el pago de dichas cantidades en plazos menores a los especificados arriba.

De existir un convenio colectivo entre una agencia y un representante exclusivo de todos los empleados incluido en la unidad apropiada definida en el convenio colectivo, que disponga un período para pagar la licencia por vacaciones, licencia por enfermedad u otras bonificaciones, que esté en conflicto con lo antes dispuesto, la agencia tendrá que negociar con el representante exclusivo de los empleados el período para el pago de ese beneficio.

(a) Las agencias cuyas nóminas totales excedan el veinticinco (25) por ciento de la nómina del número de Participantes acogidos a retiro temprano bajo el Programa, no podrán reclutar o contratar personal por un término de diez (10) años contados a partir de la Fecha de Efectividad, salvo disposición en contrario mediante Orden Ejecutiva del Gobernador previa asesoría del Banco Gubernamental de Fomento Para Puerto Rico o de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno, según sea el caso.

(b) Ninguna agencia que se acoja a un Plan de Retiro Temprano conforme a esta Ley podrá implantar el Plan de Aumento por Productividad dispuesto en la Sección 4 de la Resolución Conjunta Núm. 95 de 27 de junio de 1997 del Presupuesto General.

Toda persona que cumpla con los requisitos mínimos establecidos a continuación se le acreditará el servicio que disponga siempre y cuando la acreditación de dichos años no resulte en que el Sistema de Retiro sea considerado un plan al cual le son aplicables las disposiciones de la ley federal Employee Retirement Income Security Act of 1974, según enmendada:

Esta Ley no aplicará a los maestros, policías, jueces ni a funcionarios o empleados de los municipios de Puerto Rico; tampoco aplicará a quienes pudiendo acogerse a los beneficios de esta Ley no lo hagan dentro del período de elección dispuesto en esta Ley.

Todo lo relativo a procedimientos sobre vistas administrativas, procedimientos adjudicativos, reconsideraciones y revisión de decisiones emitidas por el Administrador, según sea el caso, se regirá según lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y cualquier reglamento promulgado al amparo de la misma.

Toda ley o parte de ella que se oponga a la presente queda por ésta derogada.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

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