La Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", ha sido objeto de varias enmiendas con el fin de equiparar las necesidades actuales de la realidad social de Puerto Rico.

La Ley Núm. 74 de 20 de junio de 1977, incluyó a los alguaciles y alguaciles auxiliares entre las personas autorizadas a tener, poseer y transportar un arma de fuego. Luego se aprobó la Ley Núm. 25 de 28 de mayo de 1994 la cual otorgó facultad al Superintendente de la Policía a los fines de que los miembros de la Policía de Puerto Rico se acogieran de retiro por años de servicio, autorizándolos a tener y poseer un arma de fuego. Posteriormente, a través de la Ley Núm. 27 de 8 de junio de 1994 se facultó a los ex-agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia que tuvieren diez (10) años o más de servicio o retirados y cuya renuncia o retiro hubiere sido honorable, a poseer y portar arma de fuego.

La Asamblea Legislativa reconoce la necesidad de incluir entre los funcionarios del orden público facultados por la Ley de Armas de Puerto Rico a poseer y portar un arma de fuego, a los ex-agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, y los ex-alguaciles y a los ex-alguaciles auxiliares. Dichos funcionarios han trabajado con esmero y dedicación durante varios años por mantener la disciplina y el orden en los tribunales. Al retirarse o renunciar, luego de servir por diez (10) años o más, anhelan disfrutar de la paz del hogar que les brinda el retiro. Sin embargo, en muchas ocasiones se encuentran desprovistos de protección por parte del Estado, ya que son víctimas de amenazas y venganzas injustificadas por delincuentes y transgresores.

Por otra parte la medida adiciona el Artículo 20-A a la Ley Núm. 17 supra. El mismo proveerá para que a aquellos ex-agentes de Rentas Internas, ex-alguaciles, ex-alguaciles auxiliares, ex-fiscales y ex-agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia que se retiren o renuncien con diez (10) años o más de servicio previamente autorizados por la Ley a poseer y portar un arma, puedan adquirir a valor depreciado su arma de reglamento u otra disponible en el depósito de armas de las respectivas dependencias. Además, se les concederá a todos los citados funcionarios una exención en lo sucesivo de los derechos correspondientes por dichas armas. Esta medida logrará satisfacer la ausencia actual de protección que sufren dichos ex-funcionarios del orden público y concederles la tranquilidad deseada.

"Artículo 20.-Personas que pueden portar armas legalmente.

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1. Los ex-policías, ex-agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, los agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, ex-alguaciles y ex-alguaciles auxiliares de los Tribunales de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los ex-agentes federales con poderes de investigación y arresto bajo el Código Criminal de los Estados Unidos incluyendo a Alguaciles Federales y sus auxiliares (U.S. Marshals and Deputy U.S. Marshals), agentes especiales del Negociado Federal De Investigaciones (FBI), Administración Federal Anti-Drogas (DEA), Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), Patrulla Fronteriza (Border Patrol), Servicio Secreto de los Estados Unidos (U.S. Secret Service), Servicio de Aduanas (U.S. Customs Service) y el Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), con diez (10) años o más de servicio y que su retiro o renuncia haya sido honorable. En los casos de ex-policías y ex-agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, ex-agentes de Rentas Internas ex-alguaciles y ex-alguaciles auxiliares con menos de diez (10) años de servicio, previa la aprobación del Superintendente de la Policía a tenor con la reglamentación que se adopte al efecto."

"Artículo 20-A.-Adquisición de armas gubernamentales por ex-funcionarios públicos.

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