La isla de Puerto Rico ha tenido un desarrollo vertiginoso desde comienzos de siglo. Los servicios públicos esenciales que ofrecen el Gobierno de Puerto Rico y la empresa privada, tales como: energía eléctrica, telefonía, acueductos y alcantarillados, se proveen en gran medida a través de instalaciones soterradas. También se instalan bajo tierra, tuberías y otros aditamentos para la transportación de combustible, gas, y vapor, así como los sistemas de cables para servicios de distribución de televisión, de sistema de computadora y de fibra óptica para servicios de telecomunicaciones. De estos servicios, los de energía eléctrica, combustible y gas, por su propia naturaleza, son particularmente peligrosos.

La industria de la construcción en Puerto Rico, en su constante desarrollo, interviene directamente con todas estas instalaciones soterradas. Igualmente intervienen los organismos gubernamentales y entidades privadas que proveen servicios públicos, al llevar a cabo sus programas de mantenimiento, expansión, mejoras o relocalización de instalaciones. Por lo general, estas actividades conllevan la realización de excavaciones o demoliciones y, en ocasiones, se causan daños a las instalaciones soterradas por carecer de una coordinación efectiva entre operadores y excavadores, que permita obtener información confiable sobre la ubicación de esas instalaciones.

El 21 de noviembre de 1996, Puerto Rico se enfrentó a un evento trágico al ocurrir una explosión en el área de Río Piedras que cobró la vida de treinta y tres (33) personas, destruyó estructuras y ocasionó daños económicos y físicos cuantiosos.

La Junta Nacional para la Seguridad en la Transportación (NTSB) y el Departamento de Transportación de los Estados Unidos (DOT) han identificado los daños por excavación como la causa principal de accidentes en tuberías soterradas y, por consiguiente, promueven los programas para minimizar esos daños. El propósito de estos programas es lograr mayor seguridad pública al minimizar el número de eventos que causan daños y las consecuencias de los mismos en las instalaciones soterradas. En los Estados Unidos, prácticamente todos los estados cuentan con Centros de Llamadas Unica para la coordinación de excavaciones, con una experiencia previa de éxitos en el cumplimiento por sus participantes, que ha redundado en la disminución de accidentes y, por ende, en salvar vidas humanas y proteger la propiedad.

A estos fines, por la presente Ley, se establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico par la coordinación de los trabajos de excavación y demolición, con el propósito de proteger las instalaciones soterradas. Para ello, se adopta un sistema de notificación previo a la realización de una excavación o demolición. Para poner en ejecución esta política pública, se crea un organismo que se denominará "Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones". El Sistema de Llamada Única será parte integral del mismo. La función principal de este Centro será recibir avisos sobre excavaciones o demoliciones y notificar a los operadores, tanto del sector público como del privado, para que éstos, en protección de sus instalaciones provean la información necesaria y pertinente para identificar y marcar las mismas. El Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones implantará un programa uniforme para la identificación y demarcación de la infraestructura soterrada, mediante reglamento a promulgarse. La Comisión de Servicio Público estará facultada para imponer penalidades por violaciones a las disposiciones de esta Ley o su Reglamento.

La Asamblea Legislativa, en su interés de proteger la seguridad de los ciudadanos y de garantizar que éstos disfruten de los servicios ininterrumpidamente, hasta donde sea posible, aprueba esta Ley.

Para fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán el siguiente significado:

Al momento de que un excavador o demoledor notifique al Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones sus planes de llevar a cabo determinada excavación o demolición, el Centro deberá notificar no más tarde de cuatro (4) horas laborables después del recibo de la notificación, a cada operador de instalaciones o estructuras soterradas, la información que le fuera suministrada por el excavador o demoledor según establecida en el Artículo 6 de esta Ley o por reglamento; disponiéndose que este término no aplicará en casos de caso fortuito o fuerza mayor.

El Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones deberá:

j) en el caso de que un proyecto requiera excavaciones múltiples o continuas, el Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones notificará a los operadores de tal solicitud. Los excavadores deberán hacer un esfuerzo razonable para coordinar una reunión con los operadores que, luego de haber inspeccionado el área de la obra, tengan instalaciones en el área demarcada. El propósito será coordinar los trabajos de excavaciones y/o demoliciones a realizarse durante dicho proyecto o segmento del proyecto. Los acuerdos de trabajo que se establezcan deberán cumplir con la intención y propósito de esta Ley y el requerimiento de notificación inicial del excavador, siempre deberá ser cumplido. En estos casos, la vigencia de la notificación inicial por el excavador o demoledor será de sesenta (60) días, aunque el excavador o demoledor podrá notificar al Centro de la necesidad de una extensión del término, en caso de ser el mismo proyecto. Además, podrá solicitar, de ser necesario, un nuevo marcaje por los operadores. En ningún caso se podrá autorizar más de dos (2) extensiones de término, viniendo obligado el excavador o demoledor a cumplir con lo dispuesto en el Artículo 6 de esta Ley.

Al recibo de la información, los operadores que tengan instalaciones o estructuras soterradas en el lugar a excavarse o donde tendrá lugar la demolición, marcarán la localización actual de las estructuras, así como la profundidad aproximada de las mismas, antes de la hora pautada para el inicio de la excavación o demolición. La identificación de la localización por donde discurren las instalaciones o estructuras de los operadores, en lo relativo a colores o mecanismos de identificación, será según disponga el Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones por reglamento, con excepción de lo dispuesto expresamente por esta Ley.

Si un operador desea tener un representante presente durante la excavación o demolición, deberá contactar al excavador o demoledor y confirmar la fecha y hora de la excavación o demolición.

La notificación requerida por este Artículo incluirá lo siguiente:

h) horario de excavación por día;

El Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones emitirá un número de control, por escrito, al excavador o demoledor como evidencia del cumplimiento de la obligación de notificación que impone este Artículo. El excavador o demoledor marcará el área a excavarse o demolerse según disponga el Centro mediante reglamento. El excavador o demoledor guardará los márgenes de tolerancia y seguirá los mecanismos de acercamiento a las instalaciones que sean aceptables y razonables, según disponga el Centro por reglamento. El excavador o demoledor deberá notificar de inmediato al Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones de cualquier instalación soterrada encontrada durante una excavación o demolición que no estuviese marcada o identificadas o que estuviese fuera del corredor identificado por el operador, quien a su vez notificará a los operadores. Los excavadores deberán informar al Departamento de Bomberos, cuando se entienda que en la excavación o demolición se puede indentificar algún material inflamable, ya sea por tanques o líneas soterradas.

Si el excavador o demoledor desea cambiar la fecha u hora del inicio de la excavación o demolición, éste deberá notificar al Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones, que habrá de notificar a los operadores de los cambios presentados, así como la nueva fecha y hora de la excavación o demolición, si lo hubiera indicado el excavador o demoledor. En el caso que el excavador o demoledor excediera de los términos dispuestos en esta Ley para comenzar su excavación o demolición múltiple o continua, éste vendrá obligado a cumplir con los requisitos dispuestos en el Artículo 6, con excepción de lo dispuesto en el inciso (j) del Artículo 4 de esta Ley.

En caso de circunstancias extraordinarias, el operador deberá notificar al Centro de Coordinación de Excavaciones o Demoliciones lo siguiente:

El Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones tendrá la responsabilidad de notificar a cada excavador o demoledor con intención de excavar o demoler, sobre el hecho de que el operador está experimentando una circunstancia extraordinaria, y el tiempo aproximado en el cual el operador marcará el lugar de la propuesta excavación o demolición.

El excavador o demoledor podrá seguir con la excavación o demolición, según programada, tomando las precauciones razonables para proteger las personas y las estructuras o instalaciones soterradas del operador que está experimentando la circunstancia extraordinaria. Una situación de emergencia, así como una donde medien circunstancias extraordinarias, no exime de responsabilidad económica, civil o penal al excavador o demoledor, si dañara o rompiera una estructura o instalación soterrada.

Si el excavador o demoledor no tiene certeza de quién es el operador, así se le debe informar al Centro, quien informará inmediatamente a cada operador que tenga estructuras o instalaciones soterradas en o cerca del área en el cual ocurrió el daño.

Sólo el operador o la persona autorizada por éste puede llevar a cabo tareas de reparación.

En caso de daño a la estructura o instalación soterrada, el excavador o demoledor, luego de transcurrir un tiempo razonable a partir de la notificación al Centro, podrá seguir con sus tareas y asegurará el área donde ocurrió el daño con las protecciones y medidas necesarias hasta que el operador repare los daños o acuerden una agenda de trabajo para tal reparación.

Cuando el daño a la estructura o instalación soterrada ponga en peligro la vida, la salud, o la propiedad debido a la presencia de material inflamable, o que por su propia naturaleza sea peligroso, el excavador o demoledor mantendrá toda posible fuente de ignición lejos del área en la cual ocurrió el daño y tomará todas las medidas necesarias para la protección de la ciudadanía.

Está distribución será la siguiente:

1) Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados - treinta mil dólares ($30,000)

2) Autoridad de Energía Eléctrica - treinta mil dólares ($30,000)

3) Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico - treinta mil dólares ($30,000)

4) Departamento de Transportación y Obras Públicas - treinta mil dólares ($30,000)

5) Autoridad de Carreteras - treinta mil dólares ($30,000)

6) Cable TV of Greater San Juan - veinte mil dólares ($20,000)

7) San Juan Gas - veinte mil dólares ($20,000)

8) Lambda Communications - veinte mil dólares ($20,000)

9) Century Cable TV - veinte mil dólares ($20,000)

10) TCI Cablevision of Puerto Rico, Inc. - veinte mil dólares ($20,000)

11) Centennial de Puerto Rico, Inc. - veinte mil dólares ($20,000)

12) Municipio de San Juan - veinticinco mil dólares ($25,000)

13) Municipio de Bayamón - veinte mil dólares ($20,000)

14) Municipio de Caguas - veinte mil dólares ($20,000)

15) Municipio de Carolina - veinte mil dólares ($20,000)

16) Municipio de Guaynabo - veinte mil dólares ($20,000)

17) Municipio de Cataño - diez mil dólares ($10,000)

18) Municipio de Toa Alta - diez mil dólares ($10,000)

19) Municipio de Toa Baja - diez mil dólares ($10,000)

20) Municipio de Trujillo Alto - diez mil dólares ($10,000)

Esta tarifa no será prorrateada. Todo nuevo operador de instalaciones soterradas en Puerto Rico, que comience operaciones luego de promulgada esta Ley, vendrá obligado a cumplir con el cargo único de aportación inicial dispuesto en este Artículo, según los disponga la Comisión de Servicio Público por reglamento.

La Comisión de Servicio Público tendrá la facultad de establecer mediante reglamento un canon por los servicios brindados a los operadores, excavadores o demoledores.

Los dineros recogidos bajo este Artículo serán ingresados a un fondo especial en la Comisión de Servicio Público, y usados exclusivamente para los gastos operacionales y funcionales del Centro de Coordinación de Excavaciones y Demoliciones.

El Secretario de Justicia, por iniciativa propia, o a solicitud del (la) Presidente (a) de la Comisión de Servicio Público, podrá tramitar ante el Tribunal la acción correspondiente por violaciones a esta Ley.

Lo dispuesto en este Artículo no se entenderá de forma que menoscabe la responsabilidad civil, administrativa y penal del excavador o demoledor conforme a las leyes vigentes.

Cualquier persona que intencionalmente remueva o de cualquier forma elimine cualquier señal, marca, bandera, cinta, pintura, letrero, o medio análogo, que identifique cualquier instalación soterrada, antes de que culmine la excavación o demolición que la origine, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión por un término no menor de un (1) mes, ni mayor de seis (6) meses, o multa no menor de doscientos (200) dólares, ni mayor de quinientos (500) dólares, o ambas penas, a discreción del Tribunal.

En caso de verificarse el incumplimiento del excavador o demoledor por los representantes del orden público, se le referirá al Centro, que habrá de emitir una notificación dirigida a la Comisión de Servicio Público, que a su vez, habrá de disponer de la situación conforme a la Ley y reglamento vigente.

El Presidente de la Comisión de Servicio Público tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes facultades:

La Comisión de Servicio Público tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes facultades:

c) emitir órdenes de cese y desista por violaciones al Artículo 6 de esta Ley.

La Comisión de Servicio Público desarrollará y pondrá en ejecución un programa educativo y de orientación para las empresas de servicios públicos ( públicas o privadas), los excavadores o demoledores y el público en general para orientar sobre la prevención de daños por excavación o demolición, las funciones del Centro y deberes y responsabilidades impuestas por esta Ley o por Reglamento al efecto.

En o antes del 28 de febrero de cada año, comenzado en el año 1999, el Presidente de la Comisión de Servicio Público rendirá un Informe Anual a la Asamblea Legislativa sobre las acciones que han puesto en ejecución para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. Dicho Informe cubrirá el año natural inmediatamente precedente al de radicación e incluirá, entre otros asuntos, la cantidad de avisos de excavación o demolición radicados en el Centro, una relación de informes sobre accidentes y daños, y una relación detallada de las medidas tomadas para el cumplimiento efectivo de esta Ley.

Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como que exime a la persona, agencia pública, cuasi-pública, municipal, excavador o demoledor, u otro, de cumplir con otras leyes, reglamentos u ordenanzas que requieran permisos o autorizaciones, previo a realizar las actividades aquí cubiertas. Esta Ley tampoco se interpretará como que concede otros derechos que no sean los aquí dispuestos. El incumplimiento con las obligaciones establecidas por esta Ley será responsabilidad exclusiva de la persona que incumple y no la eximirá de obtener cualquier permiso requerido por ley.

La Comisión de Servicio Público deberá desarrollar un plan modelo, el que deberá ser implantado inicialmente en el área metropolitana, y cuando lo estime necesario, en toda o parte de la jurisdicción de Puerto Rico.

Si cualquier párrafo, artículo o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un tribunal con competencia y juridicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará el resto de esta Ley, y su efecto se limitará al párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional.

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