La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, mejor conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", establece las clases de penas que se le pueden imponer a las personas convictas de delito. Sin embargo, en la gran mayoría de los delitos, la pena que establece la Ley es de reclusión, lo que ha contribuido a crear un problema de hacinamiento en las cárceles de Puerto Rico. Para controlar este problema, el Gobierno de Puerto Rico ha establecido una política pública orientada a reservar los espacios carcelarios a los delincuentes habituales o peligrosos que necesiten un plan de rehabilitación bajo custodia.

A tono con dicha política pública, la enmienda propuesta tiene el propósito de ampliar el margen de discreción de los Tribunales para imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad, como alternativa a la reclusión, en todos los casos de delito menos grave.

La pena de prestación de servicios en la comunidad opera a solicitud de la persona convicta y consiste en la obligación impuesta a la persona convicta de, por un término no mayor de treinta (30) días, y bajo las condiciones que determine el Tribunal, prestar servicios a una corporación, asociación benéfica con fines no pecuniarios o a una institución o agencia pública con fines no pecuniarios. Las condiciones del servicio y el término de duración deberán ser aceptados por la persona convicta previo al acto de sentencia y será deber del Tribunal, en el uso de su discreción, asegurarse de que el término y las condiciones del servicio propendan al beneficio de la comunidad y al reconocimiento por parte de la persona convicta de las consecuencias de su conducta.

Esta Asamblea Legislativa considera necesario fomentar la imposición de otras penas como alternativa a la pena de reclusión. Por tal razón, recomienda enmendar el Artículo 49B de la Ley Núm. 115, supra, a fin de extender la imposición de la pena de prestación de servicios en la comunidad a todo convicto de delito menos grave. En la actualidad el Artículo 49B, supra, establece que el Tribunal solo puede imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad, en los casos de primera convicción por delito menos grave. El hacer extensiva esta opción a todos los casos de convicciones por delito menos grave contribuirá a mejorar el problema de hacinamiento carcelario. Además, fomentará la rehabilitación de la persona convicta debido a que le permitirá la libertad de emplearse o conservar su empleo y relacionarse con sus familiares.

"Artículo 49B.-Prestación de Servicios en la Comunidad

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